El rol central de la IIRSA en el modelo de desarrollo vigente en Bolivia

EVO MORALES: "EL DESEO... ES QUE NO SOLAMENTE NOS QUEDEMOS CON UN CORREDOR BIOCEÁNICO SINO ... DOS O TRES CORREDORES". (1)

Pablo Villegas N. *

Concluyendo la Agenda 2005- 2010 de la IIRSA, Bolivia habrá invertido alrededor de $USD 690 millones (2) en el eje Interoceánico central. Hasta el momento, Bolivia ha corrido con más del 60% de los $USD 1143,7 millones del eje que favorecerá sobre todo a Chile y Brasil.

A esto debemos agregar otros gastos asumidos conjuntamente por varios países: en el Eje Interoceánico Central, $USD 1,7 millones, en el Paso de Frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro, por Bolivia y Paraguay; en el eje Andino, $USD 7,5 millones en el Centro de Frontera de Desaguadero por Bolivia y Perú y; en el eje Capricornio, $USD 10 millones, en la Construcción del Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba, de 19,2 millones. Al no contar con la distribución de gastos, si suponemos que Bolivia asumió la mitad de estos gastos, llegaríamos a la suma de 699,6 millones.

Más allá del año 2010, según autoridades de la ABC, la conclusión de 5 corredores superará los $us 2.000 millones. (3) Sin embargo, sumando las Fichas por Proyecto de la IIRSA, resulta aproximadamente $USD 4.479.050.000 de las obras que afrontará Bolivia por sí sola.

Debemos agregar la Ferrovía interoceánica anunciada en junio del año pasado, por voceros oficiales. La inversión prevista es de USD 10.000 millones.

Existe además una serie de obras a ser ejecutadas por varios países conjuntamente que suman una inversión de $USD 2.335.155.000. Entre estas tenemos en el Eje Andino, la Conexión ferroviaria Puno- El Alto; la pavimentación Porto Limão - San Matías. Esto no incluye otros proyectos de gran magnitud aún no avaluados, como ser: el Mejoramiento de la navegabilidad del río Paraguay entre Apa y Corumbá (Hidrovía Paraguay-Paraná) a ser enfrentado por Bolivia, Paraguay y Brasil; las hidrovías Ichilo - Mamoré y Madre de Dios, la navegabilidad del Río Beni, en el eje Perú - Brasil - Bolivia, a ser enfrentadas solo por Bolivia.

Para el financiamiento de la IIRSA en Bolivia, han sido esenciales los préstamos del Banco Mundial, CAF y BID. En 1996, estas entidades concentraban el 59% de la deuda externa de país y, el 2008, llegaron al 78%. Esta dependencia, desde ya peligrosa para Bolivia, como demuestra la historia reciente, se incrementará aún más con el préstamo de 10.000 millones que el Banco Mundial aprobó recientemente. Con sólo las sumas mencionadas hasta aquí, sobrepasamos fácilmente el PIB boliviano de 17.000 MUSD.

El pago de las obligaciones de la deuda externa e interna llegó al 32% de los ingresos fiscales el 2008; ingresos que se basan en la exportación de materias primas cuyas oscilaciones de mercado ya han provocado grandes crisis para el país.

Por otra parte, la IIRSA coincide con un patrón de inversión pública que está vigente desde la liquidación de las empresas estatales, el 1996-1997. El año 2000, el 35% (4) del presupuesto general de la nación se invirtió en infraestructura; el año 2009, fue el 47%; lo que obviamente quiere decir que, por una parte, la estructura de inversiones del neoliberalismo no ha cambiado y por otra que está íntimamente ligada a la IIRSA.

IIRSA y el modelo brasileño de explotación de los recursos naturales

De los 10 ejes de la IIRSA, 6 comprometen el territorio boliviano, son los ejes: Andino; Andino Sur; Capricornio; Interoceánico central; Perú- Brasil-Bolivia y el de la Hidrovía Paraguay- Paraná. De estos, se han venido priorizan- do los ejes "Interoceánico Central" y "Perú-Brasil-Bolivia".

El eje Interoceánico Central unirá el Atlántico con el Pacífico, desde Brasil hasta Chile, atravesando Bolivia. Este ha sido fuertemente impulsado por el gobierno actual a con el acuerdo llamado "Declaración de La Paz, Construyendo la Integración de la Infraestructura para Nuestros Pueblos Corredor Interoceánico Bolivia, Brasil, Chile".

Este acuerdo fue firmado el 16- 12-2007 por Morales, Bachelet y Lula. Brasil y Chile invertirán $USD 254 millones y Bolivia, la mayor parte, 415 millones. A esto se sumarán los $USD 10 mil millones que el gobierno se halla buscando para construir la Ferrovía Interoceánica. (5)Esta ferrovía que atravesará Bolivia de este a oeste, de acuerdo al viceministro de Transportes, José Kinn, "...significaría el emprendimiento más grande en términos económicos." Parte de este proyecto es la interconexión entre los sistemas ferrocarrileros oriental y occidental. (6)El 16 de junio, los extrabajadores de ENFE iniciaron el bloqueo de la vía férrea en Machacamarca exigiendo la reversión de los ferrocarriles al Estado. El bloqueo terminó el 27 debido a la intervención de la policía. (7) Para el dirigente de los trabajadores, Sanabria, esta intervención fue, "... una muestra de que el gobierno, no está junto al pueblo y le teme a la empresa chilena" (8) propietaria del ferrocarril.

Ante este bloqueo, Kin, como otros funcionarios de gobierno, declaró que el Gobierno estaba evaluando la posibilidad de revertir al Estado las empresas ferroviarias que operan en el país, las que continúan en manos de empresas estadounidense y chilenas.

Este no fue el primer bloqueo por estas causas. El 4 de julio del 2006 tuvo lugar otro similar. Para entonces, ENFE ya privatizada, estaba en manos del grupo Luksic de Chile en un 50.004% y los Fondos de Pensiones tenían el resto. (9). Ante la presión de los huelguistas varios ministros y otros funcionarios se esforzaban en aclarar que no habían planes de nacionalizar y que más bien se pensaba buscar un entendimiento con las empresas transnacionales - entre otras posibilidades- para establecer con ellas sociedades mixtas. De modo paralelo, sin embargo, se creó de acuerdo con los ex - trabajadores una comisión que analizaría la estatización propuesta por estos conjuntamente los pobladores de Machacamarca (10) que terminó en nada.

¿Cuál es la política ferrocarrilera del gobierno? Según declaraba, en aquel entonces un funcionario del servicio exterior de Bolivia a "La Nación" de Chile, la política oficial estaba orientada a "... cumplir el rol latinoamericano que nos ha definido la integración sudamericana. Bolivia sin red occidental no puede vincular el Pacífico y el Atlántico...". Estos argumentos piadosos de David para Goliat; de un David sin mar, que facilita por su territorio a dos gigantes que sí tienen mar, se ha mantenido hasta hoy, y además viene acompañado de un discurso nacionalizador.

En este proceso, el rol del Brasil es muy importante y no se limita solo a la IIRSA. Yendo hacia el norte del país, la carretera La Paz-Guayaramerín o "Corredor Norte", parte del eje Perú-Brasil- Bolivia, fue favorecida el 18 de julio del 2008, por un financiamiento del Brasil por $USD300 millones (11); en el 2009 este mismo país asignó un préstamo de 332 millones de dólares para la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos -parte del mismo eje- de 307 km. Como suele ocurrir con los créditos brasileños, será ejecutado por una empresa de Brasil. Es de mucha importancia notar que aparte del acuerdo de financiamiento de la carretera figuraba en la agenda la suscripción de un memorando de cooperación científica y tecnológica con Brasil para el uso de los recursos del Salar de Uyuni. (12)

En el mismo eje se encuentran las represas del río Madera. El 2006, se inició la resistencia social boliviano-brasilera a estas represas, especialmente en las áreas que serían directamente afectadas. El gobierno boliviano, por su parte, tomó posesión declarando que no se oponía al proyecto (13) y que comprendía las necesidades del Brasil, y, aunque en adelante, continuó planteando ciertas observaciones, queda claro que no lo hizo con sinceridad, pues de una forsuma paralela, tan pronto como febrero del 2007, ya había acordado con Brasil la construcción de un puente binacional sobre el río Mamoré, parte de la IIRSA. Así, con el tiempo y los acuerdos que se fueron sumando, las críticas de Bolivia a la IIRSA, publicitadas en la Cumbre Social del 2006, -hoy UNASUR- cambiaron por una abierta campaña a favor de la construcción de corredores, hidrovías, hidroeléctricas y grandes proyectos de exportación de energía.

Sorprendentemente, resurgió entre estos, el disparatado proyecto de la represa del Bala con el D.S. N° 29191, del 14 de julio del 2007 que determina la realización de estudios correspondientes y el diseño final. Hasta ese momento esta represa había sido patrocinada por políticos simbólicos del neoliberalismo, como, Jaime Paz, Hugo Banzer que promulgó la ley 1887 declarando de prioridad nacional ese proyecto, Walter Guiteras y Hormando Vaca Diez; y otros que se convirtieron en iconos de la corrupción como el prófugo, exprefecto de La Paz, Chito Valle.

El proyecto original del Bala, como recuerda Marco O. Rivera en "¿Mega- Proyecto para Destruir la Madre Tierra?", implicaba la construcción de una presa que formaría un lago artificial de 2.505 kilómetro2 (250.000 hectáreas). Una segunda opción planteada posteriormente comprendía la construcción de dos presas menores, una en El Bala y otra en Chepite, que juntas sumaban 854 kilómetros2 (85.000 hectáreas).

Según la misma fuente, el proyecto del Bala inundará una enorme proporción de dos de las áreas protegidas más importantes de Bolivia: el Parque Nacional Madidi y la Reserva Pilón Lajas. La región subandina amazónica del Madidi - Pilón Lajas (Ríos Tuichi, Beni y Quiquibey) es la de mayor biodiversidad de Bolivia, con más de 7.000 especies de plantas, más de 800 especies de aves y 200 especies de mamíferos y en en granparte gracias a ellas, Bolivia se encuentra entre los 12 países biológicamente más ricos del mundo.

Otro de los proyectos es la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza. Su último impulsor fue Guillermo Bedregal, canciller del gobierno de Paz Estensoro que a partir de 1985 impuso el neoliberalismo. Paradójicamente, a Bedregal le antecedió en su esfuerzos, José Ortíz Mercado canciller del gobierno anterior; lo que muestra que este tipo2009. No obstante, el EEIA recién sería entregado a ENDE en diciembre o enero y el representante de TECSULT, que realizó el EEIA, declaraba el 25 de noviembre: "No hay que mentir a la gente, habrá impactos ...". Según el mismo, entre los efectos más nocivos sobre el medio ambiente y la biodiversidad en la zona están la alteración y pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y p é r d i - da de aves.

También se tendría que soportar impactos en la economía, el hábitat y la forma de vida de los pobladores de la región cercana al río Madera. Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas, pérdidas de recursos utilizados por la población, además, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras. (15)Otro de los proyectos energéticos de la IIRSA, es la geotermia de la Laguna Colorada, de 120 MW, cerca del Salar de Uyuni. LIDEMA en "120 Megawatas por una Joya de la Naturaleza", relata que el año 1989, el Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral (CEEDI) elaboró el EEIA con financiamiento del PNUD, y estableció que los volúmenes de materiales sólidos, líquidos y gaseosos que emergen junto con los flujos de vapor a altas temperaturas y que incluyen sulfuros (SH2), sustancias amoniacales, metales como arsénico, litio, rubidio, estroncio, bario, cesio y gases radiactivos como radón y ácidobórico, entre otros, pueden llegar a ser muy altos; que los niveles de contaminación, aun con procesos de mitigación a través de la costosa reinyección, pueden llegar a ser muy elevados. A diferencia de otras regiones del mundo, dice la fuente, las fuentes geotérmicas de Sud Lípez, emanan bastante menos vapor que agua en estado líquido, lo cual implica que el riesgo de arrastre de contaminantes al exterior es mucho mayor.

¿Cuál es la razón de este proyecto? Según nuestra fuente, la Superintendencia de Electricidad había previsto la posibilidad de una crisis energética debido sobre todo al crecimiento de la demanda de proyectos mineros y, a la falta de previsión para ampliar la capacidad de generación, lo que quiere decir que las empresas capitalizadas (privatizadas) no realizaron inversiones excepto Guarachi que invirtió en una turbina de 70 MW el 2007.

Parecería dice nuestra fuente, que es más fácil apelar a la geotermia de la laguna Colorada y destruir un patrimonio irremplazable, parte del área turística del Salar de Uyuni, antes que exigir a las compañías privadas que inviertan las ganancias que salieron del país todos estos años.

La IIRSA ha dispuesto de los recursos naturales de acuerdo a la perspectiva de mercado de las transnacionales sin importar a quien le pertenecen. En julio del 2007, el ministro de Energía de Chile, Marcelo Tokman sugirió a su homólogo boliviano Villegas, establecer una relación entre la ENAP de Chile y la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) para prospección y exploración geotérmica transfronteriza y para un programa de cooperación técnica en materia de hidrocarburos entre ENAP y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). "...en una perspectiva de largo plazo, -declaró Tokman- Chile necesariamente tiene que tomar en cuenta el aprovechamiento de las potencialidades de la región. (16)

Este tipo de proyectos al igual que las hidroeléctricas son publicitados como energía limpia y segura. Ya vimos la composición de los sólidos, líquidos y gaseosos que reveló el EEIA del proyecto de laguna Colorada. La reciente experiencia del Tatio en el norte de Chile mostró otro aspecto más de este peligro, cuando se produjo un reventón de un geiser que llegó a formar una columna de sesenta metros de altura que no pudo ser controlada sino 26 días después, generando una gran contaminación en los alrededores y comprometiendo la economía del turismo que florece en el lugar.

De lo visto hasta aquí, es evidente que la IIRSA ha sido definido como la columna vertebral del libre comercio en Sudamérica, ha adquirido una importancia central en la política del gobierno, y lo mismo ocurre con el financiamiento del Banco Mundial, BID, CAF y Brasil.

Bolivia ha adoptado el modelo brasilero de explotación de los recursos naturales, con la particularidad de que no lo hace de manera autónoma sino accesoria a la de ese país.

Los megaproyectos contra la "Madre Tierra" La IIRSA ha dispuesto de los recursos naturales de acuerdo a la perspectiva de mercado de las transnacionales sin importar a quien le pertenecen, por ejemplo, las represas del río Madera en el Brasil, el disparatado proyecto de la represa del Bala, la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, la geotermia de la Laguna Colorada, cerca del Salar de Uyuni, estas últimas en Bolivia, son publicitados como energía limpia y segura. Ya vimos la composición de los sólidos, líquidos y gaseosos que reveló el EEIA del proyecto de laguna Colorada. La reciente experiencia del Tatio en el norte de Chile mostró otro aspecto más de este peligro, cuando se produjo un reventón de un geiser que llegó a formar una columna de sesenta metros de altura que no pudo ser controlada sino 26 días después, generando una gran contaminación en los alrededores y comprometiendo la economía del turismo que florece en el lugar. De lo visto hasta aquí, es evidente que este proyecto que ha sido definido como la columna vertebral del libre comercio en Sudamérica, la IIRSA, ha adquirido una importancia central en la política del gobierno, y lo mismo ocurre con el financiamiento del Banco Mundial, BID, CAF y Brasil.

Notas:1. Discurso de Morales, ante Lula y Bachelet, el 16-12-07. 2. Quinto Informe de Avance de la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010. www.sige.iirsa.org 3. "Aceleran corredores viales". Hilton Heredia García. El Deber, 15 de julio, 2008. 4. "Plan Estratégico Institucional Administradora Boliviana De Carreteras 2007 " 2011. Sergio Caro Hinojosa. La Paz, Bolivia, agosto, 2007. 5. "Buscan $us 10 mil millones para construir la ferrovía bioceánica" CAMBIO 24-06-09 6. "Buscan $us 10 mil millones para construir la ferrovía bioceánica" CAMBIO 24 - 06 - 09 7. "Pedido de ex ferroviarios: Hasta el 2010 gobierno debe revertir ferrocarriles a dominio del Estado". Oruro LA PATRIA, 19 de diciembre de 2009. 8. "Policía interviene bloqueo y la línea férrea al sur está expedita". AHM, 28 de junio de 2009. 9. "Trabajadores bloquean ferrocarril de Luksic en Bolivia". La tercera. 10. LaNación. Chile, 12 de Julio del año 2006 11. "Lula y Chávez impulsan corredor vial y energía". El Deber, 19, JULIO 2008. 12. "Gas, infraestructuras y narcotráfico marcan cita de Lula y Morales en Bolivia". EFE, 21-08-2009. 13. "El río Madera y la diplomacia agachada de Bolivia". Pablo Villegas. www.bolpress.com. 14. Bolivia TV Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza. 02/09/2009 15. "Tecsult: cachuela esperanza es rentable, pero hay impacto ambiental". OBIE. Plataformaenergetica.org. La Paz, 25/11/09. 16. "Tokman negocia "a largo plazo" acuerdo sobre hidrocarburos con su par boliviano". La Nación 31/julio/2007.

* Tomado de Petropress del CEDIB.

Represan ríos y desplazan pueblos enteros porque las transnacionales precisan "energía barata" La biodiversidad de la Amazonía a merced del “desarrollo” y la rentabilidad del capital

SENA-Fobomade *

El capital corta las principales arterias y venas del sistema hídrico de la Amazonía, el bioma más rico en biodiversidad genética de la Tierra, porque su prioridad es generar energía barata para garantizar la rentabilidad empresarial y el “desarrollo” capitalista. Así se consolida en la Amazonía el plan PAC/IIRSA, un proyecto de desarrollo sub-imperialista impulsado por el Estado brasilero.


El modelo productivo de hidroelectricidad adoptado por los países de Sudamérica intensifica la naturaleza concentradora y excluyente del actual patrón insustentable de producción y consumo capitalista, explicó el profesor de la Universidad Federal de Rondonia Luis Fernando Novoa en el Seminario trinacional sobre hidroelectricidad y desarrollo celebrado en Cochabamba con el auspicio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad de San Simón y del Centro de Información en Energías Renovables (CINER).

Novoa, también miembro de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, describió que el modelo energético alentado por Brasil es una especie de incubadora de plataformas transnacionales que buscan la expansión y el uso intensivo de materias primas y energía. Se trata de la inserción y subordinación definitiva de la Amazonía como proveedora de exportaciones basadas en recursos naturales.

En este modelo se conjugan los intereses de los oligopolios en el uso intensivo de recursos energéticos a través de la centralización del planeamiento territorial y la descentralización de la implantación, operación y licenciamiento de proyectos que agilizan la mercantilización de recursos naturales disponibles.

Todos los proyectos de infraestructura hidroeléctrica en el territorio amazónico han sido concebidos como inversiones financieras completamente subordinadas a la lógica de la rentabilidad.

En la planificación de nuevas infraestructuras en función a la proyección de la demanda de consumo de electricidad, la variable demográfica importa menos que la demanda sectorial. Todo se subordina a las perspectivas de expansión y producción de los grandes consumidores de energía y a las necesidades tarifarias de las grandes empresas.

La previsión del alto crecimiento del consumo de energía, en torno al 5% al año, solo ha servido para justificar la oferta de excedentes energéticos a cualquier costo en beneficio de la industria siderúrgica, la industria de la celulosa y del agronegocio, los sectores “dinámicos que aprovechan las ventajas comparativas disponibles”, asevera Novoa.

Esta política industrial prioriza la atracción de inversiones y la readecuación de los marcos regulatorios, y minimiza el impacto del endeudamiento público, los costos sociales y ambientales y la sobreexplotación de la mano de obra.

El plan de expansión

El Programa de Aceleración de Crecimiento 2007 – 2010 (PAC) de Brasil tiene como objetivo “estimular la eficiencia productiva de los principales sectores de la economía; impulsar la modernización tecnológica, acelerar áreas en expansión deprimidas, aumentar la competitividad e integrar a Brasil con sus vecinos y con el mundo”. Para ello se estimula a la inversión privada con la remoción de obstáculos normativos y jurídicos y con la otorgación de créditos para el financiamiento de infraestructura.
Los principales proyectos hidroeléctricos en la Amazonía son:

UHE de Santo Antonio, rio Madera (3.170 MW) –2012

UHE de Jirau, rio Madeia (3.320 MW) – 2012

UHE de São Salvador, rio Tocantins (243 MW) – dec/09

UHE de Estreito, rio Tocantins (1.087 MW) – ago/10

UHE de Dardanelos, rio Aripuanã (261 MW) – dec/10

UHE de Belo Monte (5.680 MW), previsión jun/14

UHE de Tupirantins, rio Tocantins (620 MW) – jun/17

Inventario del potencial hidroeléctrico de Tapajós (11.000 MW) – abr/08

Inventario en el río Juruena (5.000 MW) – dec/08

Viabilidad de Teles Pires (1.820 MW) – may/08

Viabilidad de Ji-Paraná (350 MW) – jun/09

Usinas de agua y Usinas Plataforma:

Belo Monte: reservorio de 516 km²

São Luiz de Tapajós: 722 km²

Santo Antonio: 271 Km²

Jirau: 258 km²

“La expansión de los proyectos de hidroelectricidad de Electrobras incorpora a Bolivia y Perú, lo quieran o no estos países, porque la expansión brasileña se hace en todos los ríos que cruzan estos países”, dice Luis Fernando Novoa.

Este modelo energético no resolverá los problemas estructurales de la economía regional ni mejorará la calidad de vida de la población, sino que por el contrario ocasionará graves daños sociales y ambientales.

Ocurre que las gigantescas asimetrías entre Brasil, Bolivia y Perú impiden una integración equilibrada y justa de los megaproyectos hidroeléctricos programados en los tres países, los cuales beneficiarán en gran medida a las grandes corporaciones radicadas en Brasil, dejando enormes costos sociales, ambientales y económicos a los pueblos indígenas y países receptores de las “inversiones”.Ofensiva contra la legislación ambiental

En Brasil hay una ofensiva para recortar la legislación ambiental con el argumento de que obstruye la expansión de los megaproyectos hidroeléctricos.

Ahora los estudios ambientales y los procesos de licenciamiento ambiental son considerados "una dificultad adicional para que Brasil aproveche completamente el potencial hidroeléctrico de la región amazónica". En este caso, “completamente" quiere decir transformar todos los afluentes de las márgenes izquierda y derecha del Amazonas en una sucesión de reservorios de aguas estancadas e insalubres, en detrimento de la mayor reserva de biodiversidad del planeta y del modo de vida singular de sus poblaciones.

La Asociación Brasilera de Concesionarias de Energía Eléctrica (ABCE) intenta consolidar un mecanismo legislativo que armonice los dictámenes constituciones que asignan al Estado la responsabilidad de aplicar un régimen de protección del medio ambiente. El objetivo es flexibilizar las normas de uso de tierras indígenas para proyectos energéticos; evitar la creación de nuevas áreas de preservación ambiental en la Amazonía, y anular las normas que impiden la instalación de gasoductos.

En la actualidad se revisa el Código Forestal y se flexibilizan las regulaciones del IBAMA referidas al uso de territorios de poblaciones tradicionales, a las concesiones forestales y a los recursos hídricos. Por ejemplo, se promueven leyes reglamentarias del artículo 23 de la Constitución Federal referido al licenciamiento de proyectos, que ayuden a reducir la judicialización de proceso de licenciamiento ambiental. Una de ellas es la ley PAC que hasta ahora no fue aprobada.

Por otro lado, se promueve la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para que comprendan la importancia de los proyectos energéticos de fuentes renovables. Se pretende crear consciencia en todas las esferas del gobierno sobre la necesidad de acciones que viabilicen los emprendimientos de interés para la población, es decir proyectos de generación hídrica más baratos y limpios que cualquier otra fuente de energía.

Hay premura por instalar hidroeléctricas sin un necesario debate público que considere los costos y daños. El Plan Plurianual (PPA) enumera los proyectos hidráulicos “considerados estratégicos” que el IBAMA debe aprobar de inmediato para que sean implementados.

En el licenciamiento de las represas del Madera los estudios de impacto ambiental fueron realizados con metodologías y criterios de certificación que ocultan los daños potenciales y la consideración mínima de las áreas de impacto directo e indirecto.

No se prevén los efectos de la sedimentación, sobreinundación, las alteraciones para la pesca y las culturas locales. Las indemnizaciones son subvaluadas y se procede a la relocalización de los afectados en condiciones incompatibles con su modo de vida original. Se acelerar el flujo demográfico hacia el Municipio de Porto Velho, sin la correspondiente expansión de los servicios y la infraestructura social.

La represión política también se agrava. El 15 de noviembre de 2009, Osmar dos Santos Lima de 54 años fue asesinado brutalmente en Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho (RO). Osmar era un líder de la región donde se construye la Usina Hidroeléctrica de Jirau que organizaba a los afectados por la represa.Todo por un negocio que no es rentable

Es irreal e injustificable criticar la generación de hidroelectricidad, la energía más barata y la base futura del desarrollo de Brasil para los próximos 20 años, afirma Nivalde J de Castro, coordinador del Grupo de estudios del sector eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“No habrá inundación en territorio boliviano por la construcción de las AHEs de Jirau y Santo Antonio”, afirma la diplomacia brasilera, pese a que comunidades bolivianas y brasileras íntegras quedarán a merced de inundaciones, endemias, cambios climáticos, pérdida de biodiversidady declinación de las economías agroextractivistas locales.

De Castro admite que los impactos ambientales de las enormes represas son irreversibles, pero cualquier actividad humana tiene impactos ambientales. Entonces, el gran dilema es que si Brasil descarta la hidroelectricidad se verá obligado a comprar otras energías no renovables más contaminantes.

Para el investigador brasilero todo se reduce a la ecuación costo beneficio: “La represa de Jirau afectará a 6 mil personas, pero beneficiará a 10 millones de habitantes de las ciudades (...) Sacar a los peces y a la gente será costoso, pero no será problemático porque contamos con asesores con capacidad para solucionar problemas técnicos”, asegura De Castro.

“Todos los países necesitan energía eléctrica para su desarrollo y los datos indican que la hidroelectricidad es la más barata; esa es la base de nuestra argumentación”, afirma De Castro y sentencia que su país continuará construyendo centrales hidroeléctricas en el Amazonas por razones económicas.

Pero la sociedad pregunta: ¿Cuándo vamos a debatir sobre los intereses del modelo económico y sobre el perfil productivo? ¿Si sólo se nos permite discutir sobre lo que está constituido como poder hegemónico y si la máxima aspiración es perfeccionar el modelo, entonces en qué queda la democracia?, cuestiona Novoa.

La sociedad civil tiene muchas dudas y exige respuestas: ¿cómo y para quién generar energía, cómo utilizarla? ¿Por qué los Estados están dispuestos a pagar altos costos ambientales e inclusive a subvencionar la generación de la hidroelectricidad, un negocio que no es rentable?

En un Taller Internacional sobre hidrogeneración en Bolivia organizado por el Viceministerio de Electricidad de Bolivia, representantes del sector empresarial advirtieron que los proyectos hidroeléctricos previstos no se concretarán ni serán rentables mientras el Estado no otorgue mayores ventajas al sector privado.

Los nuevos proyectos hidroeléctricos estatales y privados en Bolivia no son rentables en las actuales condiciones, asegura el ex ministro de Energía e Hidrocarburos y fundador de la compañía Hidroeléctrica Boliviana Angel Zannier.

En su criterio, es altamente improbable que se ejecuten 1.111 millones de dólares de inversión privada en los proyectos de Sakhahuaya, San José, Palillada, Molineros, Pilaya, Miguillas, Taquesi, que en conjunto generarían 826 MW, equivalentes a dos tercios de la producción nacional actual.

Según Zannier, lo mismo ocurre con Cachuela Esperanza, El Bala, Misicuni y Rositas, en los que se estimaba invertir poco más de 5.000 millones de dólares para generar 3.290 MW, casi el triple de la oferta nacional actual.

El experto considera que los principales factores que perjudican la rentabilidad son la subvención del gas natural para la generación de termoelectricidad (1,3 dólares por millar de pies cúbicos); las bajas remuneraciones de las empresas generadoras; los altos costos de operación y mantenimiento no reconocidos por el Estado y los crecientes riesgos para los inversionistas.

Según Zannier, el Estado calcula que los costos de operación y mantenimiento son de 1,5 por ciento, cuando en realidad se acercan al 10 por ciento. Por tanto, para viabilizar los proyectos hidroeléctricos será preciso “eliminar la subvención al gas natural; el precio de gas económicamente sensato para la generación de termoelectricidad debería ser de 3,37 dólares el millar de pies cúbicos”.

Además, Zannier propone reducir la participación del Estado en los ingresos del sector eléctrico del 35 por ciento a entre 5 a 8 por ciento, el nivel aceptado internacionalmente.

El gerente de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) José Antonio Ramírez piensa que la expansión de la hidroelectricidad en Bolivia sólo será posible si se avanza en los mercados de exportación, si se aumentan los precios en el mercado eléctrico mayorista, si se revisa la subvención al gas natural, si se mejora el marco normativo y si se otorgan incentivos fiscales a las empresas.

Según Ramírez, los proyectos de expansión y exportación de electricidad serían viables si se contara con “un marco jurídico claro, una remuneración que cubra los costos de desarrollo y precios al menos entre 60% y 80% mayores a los esperados en el mercado eléctrico mayorista (...) Estamos a la expectativa de la nueva ley de electricidad para tener un panorama claro y tomar decisiones de inversión”.

En el reciente seminario internacional de hidroelectricidad organizado por la Plataforma Energética, el especialista Enrique Gómez presentó la investigación “Tendencias y desafíos para el desarrollo del sector eléctrico boliviano”. Según ese estudio, con las tarifas eléctricas vigentes en el mercado mayorista, los ingresos no cubrirán los costos de operación y de pago de la deuda contraída para los proyectos hidroeléctricos cuya ejecución está prevista en los próximos años de acuerdo con las recomendaciones del Plan de Expansión 2010-2020.

El estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética demuestra que los proyectos bolivianos requerirán cuantiosos subsidios para su ejecución y funcionamiento, especialmente el proyecto hidroeléctrico sobre el río Madera.

Gómez asegura que el sector eléctrico boliviano requerirá inversiones importantes en los próximos años para lograr un despegue económico. Una de las condiciones que se requiere para lograr eficiencia en el uso de los recursos es eliminar las distorsiones de precios del gas natural.

“El precio del gas natural que se entrega para la generación de electricidad está subsidiado y es inferior al precio de exportación. Una elevación del precio del gas natural elevaría el precio que perciben las empresas generadoras por la energía eléctrica”, dijo Gómez.

Tanto las empresas públicas como las privadas deben obtener retornos razonables a sus inversiones para continuar con la expansión del servicio eléctrico y posibilitar la exportación de electricidad. Para ello, Bolivia debe generar electricidad a un costo inferior al de los países vecinos. El mercado geográficamente más próximo es el SING-Chile.

Uno de los objetivos del plan de desarrollo del sector eléctrico del gobierno boliviano es incluir en la nueva ley sectorial “una compensación a favor de las inversiones en hidrogeneración de manera tal que el costo final de la producción energética sea equitativa a las de la termoelectricidad”.

Pero los movimientos populares no están dispuestos a olvidar sus proyectos colectivos históricos sólo porque algunos dicen que no existe otro modelo de desarrollo. Y es que la cuenca del río Madera es transfronteriza, y corresponde a los gobiernos de los Estados establecer criterios para el uso equitativo antes de iniciar proyectos a gran escala. Por eso el objetivo prioritario es defender a la Amazonía como patrimonio socio biodiverso y fuente de un proyecto alternativo de desarrollo basado en el uso común de los recursos naturales.* Fuente: Boletín 72 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA).



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EVO NO RESPETA LA PACHAMAMA

Los dirigentes del Consejo de Ayllus y Markas del Qullauyo (CONAMAQ) dicen que el gobierno de Evo Morales tiene un doble discurso, o doble moral, frente a la pachamama.
Cuando se trata de condenar a los países desarrollados es una moral la que aplica Morales, pero cuando se trata de una empresa petrolera venezolana, la moral de Morales es otra.
El problema es que la pachamama es una sola.
Los dirigentes del CONAMAQ aluden al hecho de que el gobierno ha decidido quitar de la agenda de la Conferencia Mundial sobre el cambio climático, de esta semana, los temas nacionales, porque no quiere que se conozcan sus denuncias.
Es decir que en esa conferencia (Dios quiera que haya sido bien organizada por David Choquehuanca), se protestará contra lo que hacen otros países para afectar al planeta, pero no se dirá una palabra sobre lo que ocurre en Bolivia. La paja en el ojo ajeno.
El CONAMAQ, de la región andina, reclama por las violaciones al medio ambiente que hacen empresas amigas del gobierno, como la coreana Kores, en Corocoro, pero también de Petroandina (PDVSA-YPFB), que daña a la pachamama en el norte de La Paz y ahora también en el chaco tarijeño. Los pueblos originarios de esas regiones agradecen a CONAMAQ y se han sumado a la protesta.
La protesta contra la política del gobierno que afecta a la pachamama será paralela a la cumbre de Cochabamba. Una mesa no autorizada, proscrita, será instalada para analizar las violaciones del gobierno del MAS a la madre tierra.
La pachamama está sufriendo con este gobierno. En pocos años (cuatro), Bolivia pasó de ser el mejor país del mundo en manejo de los bosques y que era premiado por ello, a ser el país del descontrol total. Con el criterio de que las prácticas de protección de los bosques eran impuestas por el imperio, se las eliminó. Las empresas que estaban a cargo de la explotación de la madera están aterrorizadas, no se les facilita el acceso al combustible ni se les reconoce los títulos, y así esos bosques han quedado a merced de saqueadores de madera.
Bandas de “colonizadores” avanzan sobre los bosques, incluso de los parques naturales, explotan la madera y detrás de ellos llegan los cocaleros. Así se explica que la extensión dedicada a la coca se haya duplicado.
En suma, si vamos a ser defensores de la pachamama hagámoslo de manera honesta. No importa que nos vistamos con disfraces recién improvisados. Tampoco importan los discursos. Lo que valen son las actitudes ante la pachamama.
Los benianos denuncian que las represas que proyecta Brasil en el río Madera crearán pronto el gran lago Beni, pero el gobierno boliviano no ha reaccionado. Los agricultores sufren en Potosí por la contaminación de las aguas por la minería y en Cochabamba sufren por las aguas de la industria de la cocaína.
El presidente Morales dice que el capitalismo está destruyendo el planeta. En la mesa 18 de Tiquipaya se demostrará que las malas políticas, los dobles discursos, las actitudes ladinas no solamente están destruyendo a la pachamama: la están violando.

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Evo: “Los derechos humanos no serán posibles si la humanidad no reconoce el derecho humano al agua”

La Asamblea General de la ONU evalúa mañana la declaración del derecho humano al agua propuesta por Bolivia con el apoyo de 31 países

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido los derechos a la alimentación, a la salud y al desarrollo, pero hasta la fecha no reconoció el derecho humano al agua potable. Por esa razón, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia propuso a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para declarar el derecho humano universal al agua y al saneamiento.

La Asamblea General de la ONU debe considerar mañana miércoles 28 de julio el proyecto de resolución presentado por el embajador de Bolivia Pablo Solón, el cual reafirma la responsabilidad de los Estados de proteger y promocionar el derecho humano al agua y a los servicios de saneamiento.

“Los derechos humanos no pueden ser posibles si la humanidad no cuenta con el agua como un derecho”, declaró el Presidente Evo Morales en repetidas oportunidades, y pidió a los Presidentes y a los Jefes de Estado de los cinco continentes cumplir con la séptima meta de los Objetivos del Milenio que se refiere a la reducción a la mitad del porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento hasta el año 2015.

“Es contradictorio que la ONU apruebe como una de las metas del milenio la necesidad de que la humanidad tenga agua y ahora no quiera declarar al agua como un derecho humano”, comentó el Presidente Morales.

El derecho humano al agua y al saneamiento

El proyecto de resolución que se debatirá este miércoles en la Asamblea General recuerda que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2,600 millones de personas no acceden a servicios de saneamiento básico. Cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento,

El proyecto presentado por Bolivia recuerda que la Asamblea General aprobó varias resoluciones referidas al agua, entre ellas la 54/175 sobre el derecho al desarrollo (17 de diciembre de 1999); 55/196 que proclamó el 2003 Año Internacional del Agua Dulce (20 de diciembre de 2000); 58/217 que proclamó el Decenio Internacional para la Acción “El Agua, Fuente de Vida” (2005-2015) (23 de diciembre de 2003); 59/228 y 61/192 ((22 de diciembre de 2004 y 20 de diciembre de 2006 respectivamente) proclamando el Año Internacional del Saneamiento en 2008, y la resolución 64/198 sobre el examen amplio de mitad de período de las actividades del Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente de Vida”, el 21 de diciembre de 2009.

Además, se aprobaron el Programa de Hábitat de 1996, el Plan de Acción de Mar del Plata de 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992.

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó resoluciones sobre “los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento”, y las resoluciones 7/22 de 28 de marzo de 2008 y 12/8 de 1 de octubre de 2009, relativas al derecho humano al agua potable y el saneamiento.

También se aprobó el Comentario General 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos; y un reciente informe de una experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento.

En ese marco, el proyecto de resolución boliviano insta a reconocer la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos, y a reafirmar la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención.

El documento boliviano recuerda el compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir plenamente el objetivos de desarrollo del Milenio de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos de saneamiento, según lo convenido en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social

En ese sentido, Bolivia plantea declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, y exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

Además, Bolivia acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a una experta independiente que presente un informe anual a la Asamblea General, y alienta a la experta a que siga trabajando en todos los aspectos de su mandato y, en consulta con todos los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que presente a la Asamblea en su sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades relacionadas con la realización del derecho humano al agua salubre y potable y el saneamiento, y el efecto de estas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El proyecto de resolución de Bolivia ya tiene el apoyo de 31 países, pero algunos se niegan a reconocer el acceso a servicios de saneamiento básico como un derecho humano básico, entre ellos Inglaterra y Australia.

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Peruanos alteraron límites para explotar oro

Hitos. Cauce del río Suches, límite natural de frontera, fue desviado
Miguel A. Melendres - La Paz

El Gobierno denunció que peruanos dedicados a la extracción ilegal de oro modificaron los límites fronterizos con Bolivia al alterar el curso del río Suches. Con esta acción ampliaron el área de explotación del mineral, que mueve anualmente al menos 150 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que la alteración de los límites fronterizos fue comprobada en un operativo militar que, precisamente, estuvo orientado a ejercer control sobre esa región boliviana donde cooperativas peruanas y bolivianas explotan oro.

“Hay un desvío que se realizó del río Suches con la intención deliberada de modificar la línea fronteriza entre Bolivia y Perú”, aseguró.

En enero de este año, el entonces director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la hoy Gobernación de La Paz, Donato Capia, ya denunció que cooperativistas peruanos desviaron el cauce del río Suches y así consiguieron adentrarse “1.000 metros en territorio boliviano, entre los hitos 19 y 20”.

El viernes pasado, el Comando Conjunto Andino, integrado por uniformados de la Fuerza Aérea Boliviana, la Armada y el Ejército, desalojó a 400 mineros peruanos que explotaban oro ilegalmente en territorio boliviano. Se retuvo la maquinaria con la que operaban.

“El 95 por ciento de la maquinaria usada era del Perú. Más de 120 retroexcavadoras trabajaban las 24 horas del día y entre 300 a 400 peruanos ingresaban a territorio boliviano sin ningún control, para trabajar en esos lugares. Toda la producción va hacia el Perú y el Estado no se beneficia en nada”, denunció Saavedra.

Se calcula que la capacidad de producción fluctuaba entre 14 a 20 kilos de oro al día. Cada año se generaba 150 millones de dólares, dijo.

El cónsul de Perú en La Paz, Jaime Cacho-Sousa, sostuvo que su gobierno se pronunciará sobre este caso, si fuera necesario. “La frontera, como todos conocemos, es una línea imaginaria; no es una construcción de ladrillos, ni mucho menos. Hay que ver cómo se de- sarrollan las cosas, cuál es el ánimo y hay que trabajar en positivo para la hermandad y el vínculo entre los dos pueblos”, expresó a Unitel.

Saavedra señaló que una comisión bilateral evalúa el problema limítrofe y el daño medioambiental provocado en la zona.

El presidente Evo Morales destacó el resultado de las operaciones militares y explicó que los operativos son parte de las labores constitucionales de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa no supo explicar desde cuándo se explota ilegalmente oro en el norte de La Paz e informó que se instalarán dos puestos de avanzada militar en la zona.

Acciones contra lo ilegal

En la zona operan 10 cooperativas de forma legal, mientras que 50 son ilegales. Demandan 72 mil litros de diesel para la actividad que realizan. Las Fuerzas Armadas también intervinieron en los ríos Orthon, Beni y Madre de Dios, donde igualmente se explota oro.

Se teme daño ambiental irreparable

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, teme que la explotación ilegal de oro en el río Suches provoque “un daño ambiental irreparable” con consecuencias directas para los comunarios del lugar. Hizo notar que la constante remoción de tierra para buscar el preciado mineral, puso en peligro las lagunas que se forman con las aguas del río Suches.

“Esto generaría problemas sociales porque dejaría sin posibilidades de trabajo agrícola a los comunarios del lugar”, advirtió. Además, las tierras productivas están quedando desérticas por el uso de contaminantes para la obtención del oro, fundamentalmente mercurio.

Saavedra informó que la arena extraída de las riberas del río es depositada sobre los bofedales, poniendo en riesgo la alimentación de alpacas y vicuñas. Una comisión peruano-boliviana analiza, precisamente, el problema medioambiental derivado de la explotación ilegal e irracional del preciado mineral.

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Se alista decreto para auditar concesiones forestales

Decisión. El Director de la ABT anunció que se lo redacta con fines de fiscalización
Wilma Pérez - La Paz


La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) redacta un proyecto de decreto para realizar auditorías a las concesiones forestales otorgadas a privados y revertirlas al Estado, en caso de que incumplan la Ley Forestal.

El director de la ABT, Clíver Rocha, informó ayer que son 57 las concesiones forestales que hay en todo el país, las mismas que tienen alrededor de 3,5 millones de hectáreas y que “nunca se realizaron las auditorías”.

“No se verificó si los planes y el manejo de derecho forestal se cumplieron. No sabemos cómo se están manejando los recursos forestales al interior de las concesiones. Ni siquiera hay una evaluación preliminar. Para efectivizar eso, se elabora un proyecto de decreto a fin de que el Estado sepa cuál es el nivel del valor forestal del territorio nacional”, manifestó el Director de la ABT.

El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (Ademaf), Juan Ramón Quintana, anunció la promulgación inmediata de un decreto supremo con el objetivo de revisar a la brevedad las concesiones forestales, debido a las irregularidades que habría en las mismas, según un reporte difundido ayer por la red Erbol.

Rocha aclaró que el cumplimiento de la normativa forestal no debe generar ninguna incertidumbre. “Se va a aplicar de acuerdo a la Ley Forestal que existe, el decreto no puede perforar lo que establece la ley”.

Explicó que una vez que se apruebe la normativa, lo primero que realizará la ABT es verificar el estado de las concesiones a través de las auditorías forestales, es decir, se establecerá si los propietarios temporales de las áreas al talar especies de árboles volvieron a plantar según los parámetros establecidos por la entidad.

Según la ABT, por año se pierden alrededor de 300.000 hectáreas de bosques, sea por chaqueos, desmonte, expansión de la frontera agrícola o porque hay redes de traficantes de madera.

Rocha indicó que las concesiones forestales datan de antes de que se emita la Ley Forestal (1996). “Fueron entregadas desde la década del 70, pero en este momento no sabemos cuál la suerte de las mismas y si realmente se reforestó”, manifestó.

La ABT regional Tarija denunció en mayo de este año que una comunidad menonita deforestó 1.000 hectáreas en una región del municipio de Yacuiba.

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Renuncian el Viceministro y el Director de Medioambiente

Intentaron obligarles a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos


El viceministro de Medioambiente Juan Pablo Ramos y el director de Medioambiente Luis Beltrán presentaron renuncia irrevocable a sus cargos el viernes de la semana pasada, luego de que autoridades de gobierno intentaron obligarles a firmar una licencia ambiental para la construcción de una carretera en el Chapare de Cochabamba.


Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretende construir el gobierno por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure creado por Decreto Ley 07401 de 22 de noviembre de 1965, y que adquirió la categoría “Territorio Indígena y Parque Nacional” por Decreto Supremo 22610 en septiembre de 1990.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS) ha sido reconocido por el Estado como un asentamiento ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, en el que se ha demarcado una “línea roja” para evitar nuevas intervenciones y asentamientos humanos.

Sin embargo, contrariando las disposiciones proteccionistas en vigencia, los productores de coca del trópico cochabambino invaden paulatinamente el TIPNIS y ahora el gobierno de Evo Morales pretende construir una carretera que atraviesa el corazón de ese territorio indígena.

En 2007 el área colonizada del TIPNIS alcanzó a 101 mil hectáreas, habitadas por 14 comunidades indígenas y 67 sindicatos cocaleros que se dedican a talar bosques para convertirlos en áreas de cultivo de coca.

En repetidas oportunidades, Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos porque la construcción de esa vía desintegraría el territorio indígena y el Área Protegida.

Bolpress

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Bolivia-Ecuador: El Estado contra los pueblos indios

Raúl Zibechi *

(IRC Américas).-“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”[2].


Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

* Fuente: http://mariategui.blogspot.com/2010/07/bolivia-ecuador-el-estado-contra-los.html

Calentamiento Global

Calentamiento global: La preocupación de que una acumulación de los gases de “efecto invernadero” en la atmósfera (por encima de los niveles requeridos para sostener las temperaturas que hacen posible la vida en el planeta) resultará en cambios catastróficos a los patrones del clima en la Tierra.

Efecto Invernadero: Cuando la radiación solar penetra la Tierra, gran parte del calor sería devuelto al espacio si no fuera porque la acumulación de algunos gases en la atmósfera, principalmente el vapor de agua, crea una capa que impide que ese calor sea rebotado al exterior y, por el contrario, lo refleja hacia el suelo terrestre. Este fenómeno natural se conoce como efecto invernadero, gracias al cual la Tierra no es hoy una bola de nieve. El problema llega cuando este efecto se potencia por una concentración excesiva de ciertos gases, principalmente el dióxido de carbono —por este motivo llamados gases de efecto invernadero—, que provocan un aumento adicional de temperaturas.

Cambio climático: El término puede referirse a todas las formas de inconsistencia climática, pero ya que el clima de la Tierra nunca es estático, se utiliza más propiamente para referirse a un cambio significativo de una condición climática a otra. El “calentamiento global”, que a menudo se intercambia con este término, se refiere a la pregunta de si una acumulación de los gases de “efecto invernadero” en la atmósfera resultará en cambios catastróficos a los patrones del clima en la Tierra.

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HISTORIAS DE LAS FALSAS SOLUCIONES CLIMATICAS

Un vídeo que nos muestra y demuestra las falsas soluciones climanticas.

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Falta de lluvia afecta al altiplano

En el altiplano de La Paz los pozos de agua que están en las comunidades empiezan a secarse. Por falta de la helada los campesinos hicieron chuño sólo para su consumo


Ríos secos, pozos que se volvieron basureros, además de la aridez de la tierra que se niega a dar sus frutos para que se alimenten los animales, es el panorama que se observa por todo el altiplano paceño, donde las vacas y ovejas pelean con los campesinos por el agua turbia y estancada en pequeños reservorios.

En un recorrido realizado por este medio por comunidades de las provincias Ingavi y Los Andes, se evidenció que los reservorios disminuyeron su caudal de agua, lo que afecta al ganado lechero.

Según los campesinos, la producción de leche disminuyó de 20 a 10 litros por día. A ello se suma la falta de helada para elaborar el chuño, por ello las familias sólo elaboran el producto para su consumo. Las autoridades municipales se reunirán con el Gobernador paceño el próximo lunes para coordinar tareas.


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Gobierno dice que no atenderá pedidos de la CIDOB para no violentar la Constitución

(ABI).- El Gobierno reiteró su voluntad de dialogar para buscar soluciones a las demandas presentadas por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), pero "en ningún caso violará los mandatos de la Constitución", dijo el jueves el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

En una conferencia de prensa en el palacio de Gobierno, Romero junto a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, hizo una amplia explicación sobre las medidas que adoptó el Ejecutivo para el saneamiento de tierras y viabilizar adecuadamente las autonomías indígenas.

Hizo una relación punto por punto con explicaciones a las 13 demandas del CIDOB al respecto sobre el saneamiento de tierras, la definición de Territorios Comunitarios de Origen y de las representaciones de las circunscripciones especiales indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Anotó que al analizar punto por punto las demandas del CIDOB y las medidas adoptadas por el Ejecutivo "se han logrado avances sustanciales".

El Ministro agregó que en los temas administrativos, el Ejecutivo puede adoptar decisiones, pero "no cuando se pretenda forzar a las autoridades a introducir medidas que contradigan a los mandatos de la Carta Magna".

Romero anotó que todas las decisiones al respecto "deben tener legalidad y legitimidad" para que tengan fuerza. "Ello significa que deben cumplir con los mandatos de las leyes y sean beneficiosos parta todos los bolivianos y no solamente a sectores específicos".

Sobre la demanda de la CIDOB para que los pueblos indígenas de las tierras bajas y de circunscripciones especiales accedan a 18 diputaciones y no solamente siete como en la actualidad, Romero explicó que no se puede ir más allá de la real representación que tienen tomando en cuenta su población.

Dijo que de 130 curules en la Cámara de Diputados se ha destinado 7 diputaciones para este sector, una vez que se estableció que su población representa el 7 por ciento del total.

Explicó que, al comparar lo que sucede en estos casos en otros países, como Colombia y Venezuela, en Bolivia se ha dado mayores espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional a los pueblos indígenas de circunscripciones especiales.

Si bien reconoció que la CIDOB ha flexibilizado su inicial posición en algunas demandas no ha cedido en algunas que requieren el cumplimiento de lo señalado por la Carta Magna.

Romero lamentó que algunas de las demandas de la CIDON "no respete los derechos de todos los bolivianos", una vez que solamente están dirigidos a lograr medidas a favor de ese sector.

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Sequía provoca incendio en frontera con Brasil y afecta parque Pantanal

Un incendio en la reserva ubicada en la frontera tripartita de Brasil, Paraguay y Bolivia se extiende. En Santa Cruz, 20 municipios piden la declaratoria de emergencia
AFP y EFE - La Paz

Un incendio que empezó hace 15 días debido a la sequía afecta al parque nacional Pantanal Otuquis, al este de Santa Cruz, en la frontera con Brasil y Paraguay, y amenaza a la fauna y flora de la zona. "El fuego es incontrolable y se llega a ver a kilómetros.

Cuando el incendio se inició hace dos semanas, constatamos que venía de Brasil y afecta también al lado paraguayo", declaró vía teléfono a la AFP, Guadalupe Montenegro, directora del parque nacional Pantanal Otuquis.

Esta área protegida se encuentra en el sureste de Bolivia, en la frontera con Brasil y Paraguay, tiene una extensión de 1.005.950 hectáreas y fue creada en 1997, según informes de la Gobernación de Santa Cruz. "Nuestra área protegida es natural, no hay haciendas y el fuego es muy difícil de controlar", dijo.

El siniestro afectaría a las poblaciones cercanas al parque, por lo cual Montenegro sostuvo que "autoridades de la zona se reúnen con ganaderos y el resto de la población para enfrentar el problema".

El jefe de protección del parque nacional Otuquis (Santa Cruz, este de Bolivia), Ronny Colombo, declaró a EFE que el fuego se propagó hasta la zona tripartita conocida como Triángulo Dionisio Foianini, que comparten los tres países, y ya ingresó al parque.

"El día 20 (de junio) comenzó a entrar el fuego a nuestro territorio y hasta la fecha el 70% del triángulo Dionisio Foianini está quemado. No tenemos ninguna posibilidad de combatir el fuego en esta época seca".

Según Colombo, algunos lagartos han muerto, en tanto que los animales más grandes han comenzado a huir del lugar, aunque por el momento no se han reportado víctimas humanas porque el área no está habitada.

El parque alberga a 1.647 especies de plantas, 700 especies de mamíferos, 400 de peces y otras 1.100 de mariposas, entre otros.

Además, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, dijo ayer a los medios que los focos de calor por incendios en el país se incrementaron en 68% en mayo con respecto al mismo mes del 2009.

Aseguró que su oficina trabaja para evitar el aumento de los focos de calor, sobre todo cuando comience la época de chaqueos, una práctica de los campesinos para ampliar las áreas de cultivo con pequeños incendios.

Hay 1.900 focos de calor

Santa Cruz
La Gobernación informó que en el departamento se detectaron 1.900 focos de calor que agravan la sequía.

Efectos
Los incendios amenazan cultivos y afectan a la salud humana.

Represas pierden hasta 80% de agua

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua informó que las represas del país perdieron entre el 20 y 80 por ciento del líquido que almacenan, debido a la escasez de lluvias en varias regiones del territorio nacional.

“Se hacen estudios de seis represas que de acuerdo con el informe estarían presentando la pérdida de agua entre el 20 y 80 por ciento; nosotros vamos a verificar”, informó ayer la autoridad del ramo, Esther Udaeta.

El problema, según Erick Sosa, responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), es la baja precipitación pluvial registrada en los últimos meses. “Es un año seco, hubo poca lluvia”, aseveró.

En el valle, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) reportó una baja considerable en el nivel de agua de la represa de Escalerani y se anticipa racionamiento. En las provincias, el municipio de Pasorapa, en el cono sur, reporta una aguda escasez.

Fernando Fernández, responsable de Gestión de Riesgos de la Gobernación, sostuvo que falta agua para riego en Pasorapa y Vila Vila, donde existe entre un 10 y 15 por ciento de escasez.


Casi 16 mil reses están en riesgo y no llega el agua

El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, informó ayer que 16.000 cabezas de ganado del Chaco boliviano se encuentran en riesgo por la falta de agua y forraje. Sin embargo, la perforación de pozos con los seis equipos que entregó el Gobierno el 1 de julio continúa sin ejecución.

Vásquez informó que este trabajo se hará una vez que se cuente con un estudio de suelos.

“En la reunión que tengamos con los representantes del Chaco (prevista para hoy) se pedirá el informe de suelos, si lo tienen se procederá a perforar la tierra de inmediato, de lo contrario se esperará unos dos o cuatro días para hacer ese trabajo”, dijo.

La autoridad especificó que la pérdida de ganado, desde que empezó la sequía, en octubre del 2009 a mayo del 2010, alcanzó 308 cabezas: 162 en Santa Cruz, 84 en Tarija y 62 en Chuquisaca.

Anunció que para evitar más perjuicios el Gobierno entrega forraje para los animales en las zonas afectadas, como las 600 toneladas que dará a Chuquisaca.

MadalBo

Ecología Política, la verdadera revolución.

Los procesos de "democratización ambiental, complementan un amplio potencial de transformación social. La gestión ambiental no es un retorno romántico de la contemplación ecológica o una utopía postmoderna desconectada del conflicto del mundo actual. El ambientalismo moviliza la participación de la población en la toma de decisiones que afectan sus condiciones de existencia, desencadenando la energía y la creatividad social, para generar una nueva cultura política de múltiples opciones de organización productiva.

En la coyuntura política actual, las autonomías cobran un rol importante en la re-configuración de nuestro estado, mucho se habla de democracia, que mal o bien es una propuesta capitalista, que ya sabemos ha tenido un rol en el desenvolvimiento de procesos de fuertes impactos socio-ambientales. La democracia aparece no solo como un principio moral y político de la modernidad.

El ambientalismo se sitúa así en una modernidad alternativa que busca desconstruir la lógica del capital y desconcentrar el poder para construir otra racionalidad social. Por ello, no es la lógica del mercado, sino la fuerza del ambientalismo la que puede frenar y revertir las tendencias de la razón económica y movilizar a la sociedad para construir una racionalidad productiva alternativa sobre bases de equidad social y sustentabilidad ecológica.

LUCHEMOS PARA CAMBIAR EL PARADIGMA DE DESARROLLO QUE SE NOS HA IMPUESTO YA QUE EL DESARROLLO PROGRESIVO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS(DESTRUCTIVAS) GUIADO POR EL OBJETIVO DE MAXIMIZAR LAS GANANCIAS EN LAS ECONOMÍAS CAPITALISTAS Y LO EXCEDENTES EN LAS ECONOMÍAS SOCIALISTAS, HAN GENERADO, JUNTO CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO, UNA DESTRUCCIÓN SIN PRECEDENTES DE LA BASE DE LOS RECURSOS DE LA HUMANIDAD, ASÍ COMO DESEQUILIBRIOS ECOLÓGICOS DE ESCALA PLANETARIA Y PROCESOS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, QUE AMENAZAN EL DESARROLLO SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y SOSTENIDO EN LA COMUNIDAD DE NACIONES, ADEMAS DE PERDER BIODIVERSIDAD.

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