Megaproyectos: ofensiva corporativa global en tiempos de transición ecosocial

Los cuatro autores y autoras de esta publicación son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad y colaboradores habituales de viento sur, de cuyo Consejo Asesor forma parte Erika González. El objetivo de la misma es responder a la cuestión de cuánto hay de cierto en la narrativa conforme a la cual la versión verde y digital del capitalismo podría alcanzar la cuadratura del círculo de lograr un crecimiento estable y generalizado y un consumo eficiente, doblegar el cambio climático y apuntalar las principales señas de identidad del capitalismo. El mecanismo para lograrlo sería el desarrollo de nuevos megaproyectos corporativos en materias tales como, entre otros, minería e hidrocarburos, polígonos eólicos y fotovoltaicos compraventa de bonos de carbono, macrogranjas, fábricas de baterías y grandes infraestructuras. A esa cuestión general se añaden las siguientes: “¿Son los megaproyectos un fenómeno indispensable para enfrentar los retos globales actuales? ¿Representa la versión verde y digital del capitalismo un horizonte real de transición? ¿Qué claves alternativas podrían priorizarse a la hora de impulsar un cambio de rumbo ecosocial? ¿Podrían algunos proyectos de cierta escala y volumen de inversión jugar un papel significativo en dicha transición? ¿Bajo qué parámetros y condiciones?”.

Para responder a estas cuestiones los autores y autoras forman un verdadero equipo, tanto para la investigación teórica sobre los diversos aspectos concernidos como en la realización de trabajos de campo sobre el impacto de las empresas transnacionales en el Sur Global (especialmente América Latina), en el Estado español y en la Comunidad Autónoma Vasca. Es una obra de madurez, densa y basada en un dominio de las principales características de la actual fase del capitalismo desde una diversidad de puntos de vista, que incluyen tanto sus contradicciones y crisis derivadas de la caída tendencial de la productividad del trabajo en las últimas décadas, del progresivo agotamiento de los recursos fósiles y de minerales básicos y del calentamiento climático. Para su análisis se examinan un gran número de importantes investigaciones de las últimas décadas en todos los terrenos, así como los trabajos empíricos de diversas instituciones internacionales. La amplitud y diversidad de los temas tratados y la densidad de las interpretaciones dificultan un resumen valorativo de la obra, por lo que solo se expondrán algunas de las cuestiones que permitan apreciar su gran interés para comprender no solo la dinámica actual del capitalismo, sino como hacerla frente en una dinámica emancipadora.

Los megaproyectos y sus impactos

Para acotar el tema central del trabajo definen a los megaproyectos como iniciativas corporativas de un significativo tamaño y volumen de inversión, que expropian y/o mercantilizan territorios y bienes naturales con el objetivo fundamental de insertarlos en dinámicas de acumulación de capital a cualquier escala –desde lo local a lo global- y en cualquier etapa de la cadena de valor –de la extracción al consumo-, reconfigurando y produciendo espacio a tal efecto.

Aunque son las grandes empresas transnacionales quienes lideran las iniciativas de estos megaproyectos, se señala la práctica generalizada de colaboración público-privada, con participación de diferentes instituciones en su promoción, tanto mediante el apoyo financiero a las inversiones, como a la facilitación de los permisos y licencias y la concesión de todo tipo de ventajas. Como muestra una experiencia muy repetida, cuando las transnacionales cierran o deslocalizan sus establecimientos en busca de mayores tasas de beneficio, las instituciones públicas se muestran incapaces de hacer reintegrar las ayudas concedidas, incluso cuando hayan estado condicionadas a la permanencia de la actividad.

Los megaproyectos se sitúan en todas las fases de la cadena de valor: desde la extracción, hasta la producción, el transporte, la logística y el consumo, aunque se concentran especialmente en los sectores minero-energético, industrial y de construcción de infraestructuras, y su radio de acción no se limita a las periferias y semiperiferias del planeta, sino que cada vez más se expanden en los centros del sistema. Como otra característica básica se precisa su influencia sistemáticas de todos sus impactos, nocivos todos ellos, sobre las mayorías populares: económicos, ambientales, políticos y culturales.

La segunda parte del libro empieza por un análisis del papel de los megaproyectos en el capitalismo, del que se precisa que se basa a la vez en la explotación de trabajadores y trabajadoras en el ámbito mercantil y de la expropiación de los territorios y bienes naturales y del trabajo de cuidados realizado por las mujeres en régimen de gratuidad. Para el examen de la actual fase del capitalismo se parte de la teoría de las ondas largas, para concluir en un diagnóstico muy completo de la actual fase del capitalismo que incluye el estancamiento de la acumulación de capital, el aumento del protagonismo del poder corporativo, la progresión vertiginosa del cambio climático, la crisis creciente de la reproducción social, el resquebrajamiento del orden mundial y la deslegitimación progresiva de la democracia liberal.

Para contrarrestar estos elementos problemáticos, la salida de emergencia promovida por algunas élites económicas, políticas e intelectuales para favorecer un crecimiento económico estable, controlar las emisiones contaminantes que generan el cambio climático y conseguir un marco de mayor inclusión social, sería una versión verde y digital del capitalismo, que permitiría transformar las cuestiones problemáticas del desarrollo capitalista en nichos de mercado y oportunidades de negocio. La digitalización sería el instrumento clave. Sobre la dimensión económica se detalla la enorme magnitud de los megaproyectos de energías renovables necesarios para alcanzar los objetivos climáticos de emisiones cero en el 2050, más aún en un contexto de apuntalamiento del crecimiento de la producción material y energética. Se apunta que el objetivo que se pretende autosuficiencia energética exige un control de los minerales fundamentales que se encuentran localizados en su mayor fuera de los Estados centrales, tal como se recoge de forma muy detallada para cada fuente de energía y materiales críticos, lo que conduce a proyectos neocoloniales. En relación con los aspectos jurídico-normativos, tras exponer que el neoliberalismo no abandona las reglas, sino que apuntala las que promueven el sistema, se realiza un detallado examen de los principales acuerdos y normas internacionales, en el marco de la nueva reordenación de los bloques económicos y geopolíticos.

El militarismo y la guerra de Ucrania

En esta publicación se aborda de forma más puntual el militarismo y la guerra. A pesar de ello, dada la importancia del tema en el actual contexto internacional y de la posibilidad que la invasión de Ucrania pueda acabar de forma muy negativa para la población ucraniana como resultado del pacto de los regímenes neofascistas de Trump y Putin 1, me he creído obligado a puntualizar algunos elementos de crítica sobre algunas ideas y expresiones –u omisiones- de la publicación en relación con el militarismo, y en particular sobre la guerra de Ucrania. En la publicación se hace referencia al “régimen de guerra azuzado por EE UU”. Tras la Segunda Guerra Mundial, en paralelo a su constitución como Estado capitalista dominante global, Estados Unidos ha realizado y patrocinado el mayor número de intervenciones militares contrarrevolucionarias y sigue teniendo un papel clave en el genocidio sionista contra el pueblo palestino.

Pero en los últimos años, en paralelo al desplazamiento territorial del interés de los Estados Unidos hacia el Pacífico debido a  la competencia mundial por la hegemonía  con China, Rusia se le ha unido en las intervenciones militares y en las amenazas de las mismas para apoyar regímenes despóticos y plutocráticos como el apoyo a la dinastía de Sadat el Asar.  El rearme continuo de Rusia ha dado lugar a que el gasto militar representaría en el 2025 al menos el 40% de su presupuesto. Además, aunque en cifras globales el gasto militar ruso es muy inferior al de EE UU, es el principal poseedor de armas nucleares y utiliza la amenaza de su utilización para conseguir sus objetivos geopolíticos.

Aunque previamente se estaban desarrollando tensiones entre el bloque occidental y Rusia, la razón fundamental de la invasión de Ucrania no fue la respuesta a la proximidad en sus fronteras de Estados asociados a la OTAN ni la de impedir la integración de Ucrania en la misma, sino la voluntad de instalar en Ucrania un régimen vasallo integrado en la Rusia secular a la que pertenecería desde el siglo IX 2 y el control de la mayoría de la industria pesada ucrania instalada en el Donbass.

En relación con la intervención militar más importante que ha tenido lugar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial se atribuye en la publicación reseñada a la OTAN el papel de azuzar la “guerra” en Ucrania y de atribuir a la ayuda militar a Ucrania como un elemento importante para la evolución reaccionaria global en curso, sin mencionar a mi entender el elemento clave en ese conflicto: la invasión del ejército ruso que ha causado centenares de miles de muertos y millones de personas exiliadas y una enorme destrucción de las infraestructuras de todo tipo. Esa presentación de la invasión se corresponde con una posición muy extendida en el Estado español en la izquierda de la izquierda, tanto la estatal como la de las nacionalidades, que presentan la guerra como una guerra interimperialista entre Estados Unidos y la UE por un lado y Rusia por otro, para la que hay que proponer una solución diplomática a la guerra, dejando en segundo lugar la oposición de la gran mayoría de la población ucraniana a la invasión, es decir, la consideración de Ucrania como sujeto político diferenciado 3.

Esa oposición ha ido acompañada del rechazo a la ayuda militar a Ucrania, sin la cual la hipótesis más probable es que Rusia habría conseguido controlar una parte más importante aún de su territorio y habría ocasionado más muerte y destrucción. Aunque el objetivo de esa ayuda militar ha sido debilitar a Rusia, ha resultado insuficiente para que Ucrania pudiese acabar con la invasión y ocupación de una parte importante de sus territorios. Es posible, aunque es difícil saberlo, que si el gobierno ucraniano hubiera aceptado una oferta de negociación que, al parecer, tuvo lugar a finales de 2022, hubiera conseguido un fin de la invasión menos perjudicial que la que se prevé que tendrá que aceptar tras los acuerdos de reparto de Ucrania de Putin y Trump.

Pero ese posible error no justifica que, además de rechazar la ayuda militar, esa izquierda haya permanecido pasiva, con honrosas excepciones, en la necesaria solidaridad internacionalista, material y política, con Ucrania y su izquierda social y política, que se ha movilizado contra la invasión no solo en las trincheras sino en garantizar el difícil mantenimiento de la vida frente a las políticas neoliberales de Zelensky en un contexto de destrucción generalizada 4. En estos momentos se está viendo el límite de las soluciones diplomáticas y negociadas cuando no van acompañadas de una mejora en las relaciones de fuerzas en todas las escalas, estatales e internacionales, para las movilizaciones de denuncia, boicot y ayuda material. Para que el rechazo a la guerra no suponga un abandono de la población ucraniana contra un enemigo mucho más fuerte en recursos militares y población, hubiera hecho falta que la izquierda opuesta a la guerra y al militarismo hubiese llevado a cabo acciones coordinadas a todos los niveles de boicot al régimen putinista, de forma similar a la campaña contra el sionismo –que debe ir acompañada con la denuncia de la hipocresía de la UE en el diferente trato a Palestina y Ucrania–, y de apoyo resuelto, tanto a la reprimida oposición interna rusa contraria a la invasión como a la población ucraniana que ha resistido heroicamente.

Dicho lo anterior, no está justificado el plan de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa en 800 000 millones para contener las posibles intervenciones militares de Rusia destinadas a la conquista de nuevos territorios europeos además de Ucrania, ya que no dispone del potencial económico ni militar para ello. En este sentido está plenamente justificado el rechazo a ese aumento del gasto que iría unido a una reducción del gasto social en los Estados de la UE y que en absoluto es necesario para mantener la ayuda a Ucrania. La oposición al rearme, debiera empezar por las armas nucleares, exigiendo simultáneamente, de forma coordinada, a todos los bloques militares, es decir, en primer lugar a Estados Unidos, la UE y la OTAN y también a Rusia y China; y, posteriormente, al conjunto de los Estados. Solo de esta forma podrá aspirar a conseguir el apoyo de todas las poblaciones de los Estados afectados por la carrera armamentista y así facilitar la oposición al aumento del apoyo a la creación de un ejército europeo y del gasto militar en los Estados de la UE 5.

El marco para una transición social justa

La última parte del libro está dedicado al concepto de la transición ecosocial justa basada en agendas anticapitalistas(AA) y que se delimita en polémica con el nuevo pacto verde, el green new deal (GND), que defiende políticas reformistas impulsadas por gobiernos progresistas como punto de partida para medidas alternativas posteriores. Esta parte pretende aclarar los puntos de fricción entre GND y AA, situándose claramente en este último paradigma, pero recogiendo aportes importantes del GND en lo que se refiere a escala de la transición, rol de lo público y alertas para no plantear agendas que supongan saltos antropológicos muy grandes. Y que además trata de aportar a los debates dentro de las AA en función de una línea ecosocialista o ecomarxista, que creemos debe también ser parte de la construcción urgente del modelo social de transición ecosocial justa. Para ello desmarcándose de una orientación hacia las clases medias, de se apuesta por una política de clase que sitúe en el centro el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones políticas, sindicales y sociales de masas para lograr objetivos desmercantilizadores y emancipadores en materias como, entre otros, condiciones y jornada de trabajo, reparto de los cuidados, pobreza energética, propiedad y control de los sectores estratégicos.

La crítica del GND se realiza de forma radical pero diferenciada según las versiones de las y los diferentes autores y temas. la valoración de los proyectos concretos tiene en cuenta la relación de fuerzas entre los movimientos alternativos y los reformistas y en el acercamiento de estos últimos a las AA. Es un tema complicado, pero que se trata de forma muy interesante y propone criterios para definir una posición al respecto. Entre ellos figura que los proyectos se realicen en el marco de planificaciones vinculantes y democráticas 6 y que sean de propiedad, control y gestión público-comunitaria.

En resumen, una obra de extraordinario interés que no solo permite entender uno de los principales instrumentos de la reacción capitalista en curso, sino que también proporciona importantes elementos para configurar una alternativa ecosocial justa y emancipadora.

Notas:

1. Una exposición sobre las razones teóricas y políticas para la utilización de esta caracterización en Gilbert Achcar, “La era del neofascismo y sus rasgos distintivos”, viento sur, 5/2/2023.

2. Véase un análisis de la concepción de Putin sobre la ligazón de Ucrania (y Bielorrusia) con Rusia como explicación de la invasión en Iñigo Sáenz de Ugarte, “Siete mil palabras para entender la visión imperial de Putin”, diario.es, 24/02/2022. En el artículo se reproduce un artículo de Putin de julio de 2021 “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”, que fue enviado a todos los miembros de las Fuerzas Armadas rusas, en un aviso de que en algún momento tendrían que defender esa interpretación de la historia. En el mismo artículo Putin responsabiliza a la revolución “bolchevique y comunista” de 1917 de haber creado la Ucrania moderna y con ello una estructura estatal “falsa”.

3. Un interesante resumen del debate sobre la realidad imperialista del Estado ruso y del carácter imperialista de su invasión a Ucrania, partiendo de una actualización de los análisis de Lenin, en Anatoly Kropivnitskyi, La Rusia de Putin y el imperialismo periférico”, viento sur 

4. Sobre la solidaridad con Ucrania, ver Jean-François Collin, “Acabar con las mentiras y la barbarie: ¡Apoyar a Ucrania!”

5. Un resumen de encuestas sobre estos temas, que muestran un apoyo comprendido entre el 43% y el 63% a un ejército europeo en cinco Estados europeos (en el español del 62% frente a un 23% en contra), en Kiko Llaneras, Javier García y Montserrat Hidalgo, “¿Qué dicen los europeos? Temen a Putin, desconfían de Trump y quieren crear un ejército común”, El País, 11/3/2025

6. Sería interesante que en el futuro lo autores de esta obra desarrollen la concreción de la responsabilidad de la planificación según el tipo de megaproyecto y su escala territorial, tema tratado por Alexis Cukier en Revolución ecológica y social”, viento sur, 20/8/2020

Fuente: https://vientosur.info/megaproyectos-ofensiva-corporativa-global-en-tiempos-de-transicion-ecosocial/

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Amazonia, ¿un bioma amenazado de extinción?

Fuentes: IPS [Imagen: Un lago de Tefé, municipio en el centro del estado de Amazonas, en la orilla del río en su tramo medio, como quedó por la sequía en septiembre. El evento extremo afectó al agua potable para la población, la producción agrícola y pesquera y el transporte fluvial, determinante para la movilidad en esa localidad. Foto: Alcaldía de Tefé]

RÍO DE JANEIRO – Los paisajes son apocalípticos. Ríos exuberantes reducidos a hilos de agua y sus cauces desnudados como playas inmensas, donde a veces “aparcan” embarcaciones variadas, incluso las grandes, de tres o más pisos, típicas del transporte de pasajeros en la Amazonia de Brasil.

“El río se volvió igarapé”, resumió Yolaide Gonçalves, una lideresa del pueblo indígena tikuna, asentado en São Paulo de Olivença, un municipio de 33 000 habitantes en el oeste del estado brasileño del Amazonas, cerca de la frontera con Colombia y Perú.

Igarapé, una palabra indígena de uso común en la Amazonia, significa el “camino de la canoa” y designa un arroyo o brazo de río, que son cursos de agua relativamente pequeños en la región amazónica, en el norte brasileño.

Tikuna era el pueblo indígena más numeroso de Brasil, según el censo nacional de 2010, con 46 100 miembros. Pero los datos se alteraron mucho en el censo de 2022, que identificó un total de 1,69 millones de indígenas brasileños, 88,8 % más que en 2010 y 0,83 % de la población nacional de 203 millones. Aún no se conocen datos detallados  de los 266 pueblos originarios identificados en el nuevo censo.

“Es la peor sequía que he vivido desde mi infancia. Nunca murieron tantos peces como ahora en las sequías anteriores”, destacó Gonçalves, de 39 años, a IPS este viernes 6 desde Tabatinga, donde participaba en una reunión de líderes indígenas y ribereños para acordar acciones que mitiguen el actual desastre climático y social en sus poblaciones.

La novedad y muestra de la letalidad de esta sequía es la mortandad de delfines, un símbolo de la Amazonia. Más de 120 de esos cetáceos aparecieron muertos, la mayoría en el lago Tefé, cuyas aguas bajaron mucho y se calentaron, en de la cuenca del río Solimões, un nombre que recibe en su tramo medio el Amazonas en Brasil.

Pero en términos hidrológicos, esa sequía es hasta ahora “similar a la de 2010”, aunque resulte más visible por afectar grandes ciudades, como Manaus, la capital del estado de Amazonas, evaluó Naziano Filizola, profesor de la Universidad Federal del Amazonas con doctorado en hidrología y geología.

“En los últimos 20 años ocurrieron en la Amazonia eventos extremos con más intensidad y mayor frecuencia que en todo el siglo XX, es un hecho sin lugar a dudas”: Naziano Filizola.

Los efectos son “asustadores”, debido a que “la coincidencia de varios factores en el mismo periodo de tiempo, originan los eventos extremos”. Esta vez se adelantó el estiaje amazónico, que suele ser más intenso de septiembre a noviembre, con el fenómeno El Niño también “fuera del tiempo normal” y el avance del cambio climático, explicó en entrevista con IPS desde Manaus.

El río Solimões en su tramo final, en Iranduba, cerca de su encuentro con el río Negro y conformar el río Amazonas, en el norte de Brasil. Una playa alargada, debido a la sequía, alejó sus aguas de la ciudad, que habitualmente la bordean. Imagen: Cadu Gomes / VPR-FotosPúblicas

Repetición más rápida

Además “en los últimos 20 años ocurrieron en la Amazonia eventos extremos con más intensidad y mayor frecuencia que en todo el siglo XX, es un hecho sin lugar a dudas”, acotó.

La llamada Amazonia Legal brasileña, que engloba a ocho estados y 38 millones de habitantes, sufrió sequías severas en 2005, 2010 y 2015. El calentamiento del océano  Atlántico Tropical Norte fue un factor común en las tres ocasiones y El Niño, que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial, en las dos últimas. Ahora se repite la asociación de esos dos fenómenos.

Las sequías se alternan con años de lluvias extremas, como en 2017, cuando el río Juruá, un afluente del Solimões en su tramo central, antes de pasar a llamarse Amazonas, registró su mayor crecida. Hubo municipios en sus orillas que tuvieron 90 % del territorio bajo el agua, casi todos vividos en la Amazonia, recordó el profesor de 56 años.

“Pero las sequías son más catastróficas que las inundaciones”, razonó Filizola, al amenazar toda la población de sed y hambre, además de dejar muchas comunidades aisladas en una región donde muchos asentamientos dependen del transporte fluvial. Además afecta las mentes de una población acostumbrada a la abundancia hídrica.

Pérdidas variadas

La gran mortandad de peces afecta la alimentación de una población que tiene en el pescado su principal fuente de proteína. El futuro suena peor, ya que la sequía reduce drásticamente la reproducción de la fauna acuática.

“En las aldeas tikunas se acabó el agua para beber”, señaló Gonçalves. Menos mal, dijo, que la Secretaria Nacional de Salud Indígena distribuyó tanques de 500 y 1000 litros a cada familia, lo que permitió acopiar el agua de la poca lluvia que cayó esa semana. Pero medidas como estas no pasan de ser “un pequeño alivio”, remarcó.

Ahora se busca perforar pozos artesianos para asegurar el agua potable si esta sequía se prolonga más allá de diciembre, cuando inicia la estación lluviosa en la Amazonia, y también para el futuro.

“La sequía en São Paulo de Olivença empezó en agosto y se agravó desde entonces. Los peces mueren por falta de agua y también porque el agua se calentó mucho. En tierra firme los animales también están muriendo sin agua y por el calor.

La caída del caudal en los ríos dificulta el transporte fluvial, el más usado en el estado del Amazonas. Un viaje de São Paulo de Olivença a Manaus, una distancia de 1360 kilómetros, se hacía en tres o cuatro días, ahora exige dos semanas, según la lideresa indígena.

Para Joed Pereira de Melo, campesino de 40 años, las crecidas extremas de los ríos son peores para los agricultores de tierra inundables. “La pérdida es total”, se lamentó.

En Iranduba, donde siempre vivió Melo, esos productores son la mayoría entre los cerca de 6000 agricultores del municipio de 49 000 habitantes. La actividad es atractiva porque abastece a la vecina Manaus, la mayor ciudad amazónica, con 2,06 millones de habitantes, separada solo por el río Negro, obstáculo superado desde 2011 por un puente de 3595 metros.

Melo escapa a los peores daños de la sequía porque posee dos hectáreas en tierra firme donde un pozo le permite irrigar sus hortalizas y las siembras de frijoles y mandioca (yuca). Pero también sufre graves pérdidas, por la alta temperatura, que alcanza 42 grados centígrados en su finca.

Además tiene también 0,8 hectáreas en tierras inundables, done solo podrá sembrar cuando vuelvan las lluvias. La escasez de alimentos se acentuará en los próximos meses, hasta ahora se cosechó lo sembrado en el inicio de la sequía, hace tres meses, cuando el suelo en las orillas de los ríos aún se mantenía húmedo.

La producción agroecológica que practica también le ayuda a resistir mejor las sequías, al considerar todo el ecosistema, no solo la agricultura en sí misma, sostuvo Melo a IPS desde Iranduba.

En un brazo del río Solimões, las casas que antes eran flotantes se han posado en su lecho casi seco. La población de muchas localidades ribereñas amazónicas de Brasil ya no puede desplazarse ni transportar sus productos o bienes en las pequeñas embarcaciones que son su principal medio de transporte, porque no hay agua suficiente para navegar. Imagen: Cadu Gomes / VPR-FotosPúblicas

Agravantes

Un problema adicional, por ejemplo, es la sedimentación que es muy intensa en los ríos amazónicos, especialmente el Solimões, donde se siente más duramente la sequía actual, matizó el agricultor.

Las tierras caídas, un fenómeno de derrumbes de las orillas de tierras por la erosión que suele ocurrir durante las sequías, contribuyen a esa sedimentación, observó Eder Mileno, profesor de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Pará, en Belém, otra gran capital, de 1,3 millones de habitantes, en la entrada oriental de la Amazonia, la más cercana al océano Atlántico.

El derrumbe de un barranco en el río Purus, afluente del Solimões, provocó la muerte de dos personas y provocó el desalojo y la pérdida de sus viviendas a otras 200, el 30 de septiembre, por ejemplo.

Los eventos climáticos “que estamos viviendo pueden alterar de forma permanente las dinámicas de los ríos”, que son afectadas por actividades meteorológicas distintas, así como por las humanas, explicó a IPS desde Belém.

“La actual sequía amazónica se distingue de las anteriores por la mayor influencia del hombre en el clima global, intensificando los eventos extremos y su repetición”, señaló.

La sequía actual puede debilitarse próximamente por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema meteorológico que hace llover en la Amazonia al juntar vientos húmedos de los hemisferios Norte y Sur, espera el geógrafo.

Este año la sequía, que ocurre de formas e intensidades distintas en partes de la Amazonia, empezó en el oeste y avanza hacia el este, afectando hasta ahora principalmente los afluentes de la orilla sur del Amazonas, en general con nacientes en  Perú y Bolivia, destacó el profesor Filizola.

En São Paulo de Olivença, en oeste del estado de Amazonas, inició en agosto, corroboró Gonçalves, la lideresa tikuna.

Luego pasó a afectar a los ríos Juruá, Purus y Madeira. En este último el caudal reducido llevó la central hidroeléctrica Santo Antônio a suspender su generación el 2 de septiembre. La ausencia temporal de sus 3568 megavatios de potencia afectan el sistema eléctrico nacional, con una capacidad total de 190 gigavatios.

El avance de la sequía extrema alcanzó ahora el río Tapajós, ya en el estado de Pará. Si prosigue será la vez del rio Xingu donde se instaló la segunda mayor central hidroeléctrica americana, Belo Monte, con 11 233 megavatios de potencia.

ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2023/10/amazonia-un-bioma-amenazado-de-extincion/

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Preocupante neonegacionismo «verde»

Fuentes: Suelo solar

Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y gas.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) -el organismo de la ONU responsable de evaluar el estado del conocimiento sobre el cambio climático, sus causas e impactos- publicó, el pasado 9 de agosto, la primera de las tres partes de su nuevo informe de evaluación, dedicado a la evidencia científica de la relación entre las emisiones humanas y el clima extremo.

Las conclusiones clave del informe las resume muy bien Greenpeace: nuestro sistema climático está cambiando rápidamente y sin duda es debido a la actividad humana; los cambios son de una naturaleza sin precedentes en toda la historia de la humanidad y algunos de ellos ya son irreversibles.

Nuestra huella ya está en todas partes y hemos dejado un legado que durará cientos y miles de años, con el derretimiento de la capa de hielo en los polos, el aumento del nivel del mar y cambios en los océanos. Estamos haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más extremos y más frecuentes y, sin embargo, esto es solo el comienzo si seguimos sumando carbono a la atmósfera. Cada tonelada de carbono añadida está empeorando la situación. La temperatura en la tierra podría aumentar cuatro grados poniendo en riesgo la vida en el planeta tal y como la conocemos, poniendo en riesgo a la humanidad.

También la coincidencia sobre la interpretación acerca de las medidas a adoptar para revertir algunas de las consecuencias son unánimes en el mundo científico y conservacionista: cumplir con el nivel de calentamiento del Acuerdo de París de no permitir que las temperaturas aumenten más de 1,5 °C haría que todos los cambios futuros fueran menores y más manejables.

Cuanto más rápido lleguemos a cero emisiones y menores sean las emisiones totales para entonces, menores serán el calentamiento futuro y los impactos relacionados. El camino para no ir más allá de 1,5 °C es muy estrecho, pero aún existe, aunque no nos queda mucho tiempo si los recortes de emisiones no se aceleran de manera decidida.

Como si la naturaleza se quisiera hacer notar de manera especial para llamar nuestra atención y reafirmar las tesis del IPPC, en este verano el azote de los incendios, las inundaciones y las temperaturas extremas está siendo especialmente virulento en Europa y en todo  el mundo. En distintos países africanos, el más cercano Argelia, en Canadá, en EEUU, en Europa (en Siberia, Italia o Grecia) se han quemado millones de hectáreas y producido miles de muertes. Las temperaturas han llegado hasta a los 60 grados en algunas zonas de Siberia y a más de 50 en EEUU y Canadá. Y se han acercado a esta cifra en muchos lugares de Europa. Las lluvias torrenciales y las inundaciones como las de Alemania, la peor sequía en EEUU desde el siglo XVI o la penetración de los anticiclones africanos en el Mediterráneo, nos dejan claro también que ya no estamos ante un problema que afecta solo a los países pobres sino también a los ricos.

En un trabajo firmado por Raúl Rejón en elDiario.es, comprobamos cómo las sequías, las inundaciones y los calores extremos son los impactos climáticos que más cuestan en vidas y pérdidas económicas. Según el adelanto del Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, entre los diez peores desastres del último medio siglo, las sequías han provocado 650.000 muertes, las tormentas, más de 577.000 y las inundaciones, más de 58.000. Según la revista Nature, el incremento de la mortalidad es evidente en todos los continentes. Solo en Europa los desastres climáticos registrados entre 1970 y 2019 han producido unas pérdidas de 400.000 millones de euros. Y no nos olvidemos de los millones de muertes prematuras por la contaminación. O la pérdida brutal de biodiversidad.

El estudio del IPPC deja muy claro, también, que la incidencia del cambio climático en territorios insulares como el nuestro será aún mayor. Y los efectos empiezan a ser notables. Llevo insistiendo en ello desde hace muchos años y en la necesidad de combatirlo. Y se pueden conseguir avances extraordinarios: en tres décadas, la capa de ozono se ha recuperado, evitando que se precipite la catástrofe del calentamiento global.

El Cabildo de Gran Canarias elabora en estos momentos la Estrategia de Actuación ante el Cambio Climático. Los alisios se desvían hacia el este y el aumento del nivel del mar y la pérdida de metros en las playas se hacen cada día más visibles. Igualmente están aumentando los periodos de sequías y los momentos de precipitaciones intensas. El océano se calienta y en algunas épocas del año se están acercando hasta nosotros  huracanes y tormentas tropicales.

Nuestro mar se acidifica y emergen también en él peces de otras latitudes y toxinas, como la ciguatera, producidas por microorganismos antes inexistentes en nuestras aguas. La calima aparece cada vez con mayor frecuencia e intensidad. En algunas ocasiones nos han empezado a rondar enfermedades tropicales. Aumentan las temperaturas medias y avanza la desertificación. Los riesgos de incendios de sexta generación son cada vez mayores. Los fenómenos costeros adversos serán cada vez más frecuentes…

Durante las últimas décadas el capitalismo y las doctrinas económicas conservadoras han negado el cambio climático, sus consecuencias y que  el ser humano lo haya provocado. Este negacionismo se ha acentuado desde los años setenta hasta la actualidad de la mano del neoliberalismo y las doctrinas económicas y políticas ultraconservadoras y de extrema derecha. Durante todo este tiempo las grandes multinacionales de la industria o la energía ( fundamentalmente las grandes productoras de combustibles fósiles), entre otras, han empleado una ingente cantidad de recursos económicos para negar la evidencia.

Miles de millones de euros o de dólares se han destinado, a través de universidades o centros de pensamiento creados expresamente para la causa, a financiar investigaciones fraudulentas, publicaciones “científicas” o medios de comunicación, para combatir la evidencia científica del cambio climático y sostener un modelo suicida de crecimiento y consumismo voraz. Un capitalismo insostenible, como dice el propio IPPC.

La evidencia del calentamiento global y sus causas están derivando todo este movimiento negacionista hacia un neonegacionismo que no cuestiona directamente el cambio climático pero que lo achaca a causas naturales y defiende que la humanidad no lo puede combatir. Retrasan entonces los compromisos del Acuerdo de París, lanzan mensajes ecopopulistas, se agarran a propuestas tecnológicas fraudulentas como la captura y el almacenamiento de carbono o los derechos de emisión, plantean acciones climáticas de baja intensidad y proponen el gas o el hidrógeno azul como alternativa blanda o hablan de movilidad eléctrica sin sustituir las fuentes de generación fósiles… O poniendo todas las pegas del mundo, cuando ejercen de monopolios energéticos, para impedir la implantación de las energías alternativas. Y tiene que ver con esto, y bastante, el que los trámites administrativos puedan durar hasta media docena de años para instalar una planta renovable.

Pero no es este solamente el negacionismo que me preocupa. Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y del gas, les da alas para su continuidad.

Mientras la ONU, la comunidad científica, las agencias internacionales de la energía y el propio IPPC, defienden la necesidad de poner fin de manera inmediata al consumo de los combustibles fósiles y avanzar en su reemplazo total por las energías renovables, una parte considerable de las organizaciones sociales y ecologistas, que defendieron durante décadas la sustitución de los combustibles fósiles por las energías limpias, respaldan ahora una suerte de moratoria suicida a las instalaciones de plantas eólicas y fotovoltaicas.

No pongo en duda el que muchas de las infraestructuras previstas adolecen de las medidas correctoras necesarias, de la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, de una mayor democratización en la gestión y los beneficios… Y hay que hacer todo el esfuerzo del mundo para hacerlo posible. Pero no hay más opción que la penetración de las renovables para frenar el calentamiento global. Y no son suficientes las comunidades energéticas, ni las plantas de autoconsumo, ni la eficiencia y el ahorro, ni el decrecimiento económico (esta es la más importante de las alternativas, sin duda)…

En Canarias se están sucediendo situaciones similares desde algunos movimientos medioambientalistas y también desde los ámbitos técnicos encargados en último lugar de dar el visto bueno a las plantas eólicas o fotovoltaicas a instalar. Algunos técnicos – que defienden en sus informes una moratoria- ya no se ocultan para afirmar que las islas son apenas una “cagadita de mosca” (sic) en el planeta y que sean otros territorios entonces los que se impliquen.  Es el mismo argumento que se está utilizando por este neonegacionismo rampante.

Y se olvidan que las dos plantas de generación de energía de Canarias están entre las siete industrias del estado español más contaminantes. Que nos cuesta casi ochocientos millones más cada año producir electricidad en las islas. Y da lo mismo que sea un parque eólico, una planta fotovoltaica, un salto hidroeléctrico, un observatorio astronómico para hacer un seguimiento de las consecuencias del cambio climático o una antena para protegernos de los incendios forestales… Hay que oponerse a todo y da lo mismo el fin que se persiga.

Es lo mismo que sostiene VOX. Tal y como nos cuenta Miguel González en El País, Abascal mantiene el discurso “de que no hay fronteras para el medio ambiente y no tiene sentido que España limite la emisión de gases de efecto invernadero o la producción de energía nuclear mientras importa electricidad de origen atómico de Francia o productos fabricados sin respetar las normas”.  VOX, Trump, Bolsonaro…

Estoy a favor de que una parte importante del aprovechamiento de los recursos naturales debe ser público, de que se debe financiar, potenciar y avanzar en el autoconsumo y las comunidades energéticas ( en el Cabildo de Gran Canaria estamos muy implicados en ello), de que se debe caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo, de que no podemos seguir sosteniendo el desarrollo en el crecimiento y el consumismo sin límites…

¿Pero debemos parar la penetración de las energías limpias hasta que esto suceda no se sabe cuando?

Vuelvo a defender que hoy por hoy son necesarias todas aquellas instalaciones que cumplan con las exigencias de las leyes medioambientales y territoriales de las que nos hemos dotado y las infraestructuras necesarias para su almacenamiento y que no caben moratorias encubiertas utilizando torticeramente posiciones técnicas de privilegio para imponer suspensiones, ni neonegacionismos cortoplacistas que frenen la lucha contra el cambio climático y que abaraten el recibo de la luz, fraudulentamente elevado cada vez más.

No nos podemos olvidar de que las renovables fueron la fuente de energía más barata del mundo en 2020.

Fuente: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=13646&lct=28458&ejm=804

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Los intereses de EEUU en la Bolivia del MAS

Por Tamara Lajtman y Axel Arias Jordán, Celag

EEUU tiene importantes intereses en Bolivia que debe cuidar en un escenario en el que la histórica influencia estadounidense en diversos ámbitos del sector público y el privado ha sido rechazada por la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).

La candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2019, avalada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia el año pasado, ha sido impugnada en reiteradas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos (EEUU). Desde el Departamento de Estado, se ha expresado una profunda preocupación por la decisión de dicho Tribunal al “declarar inaplicables las disposiciones de la Constitución del país que prohíben a los funcionarios electos, incluido el presidente, cumplir más de dos mandatos consecutivos”. En el Congreso, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, manifestó la necesidad de que las naciones envíen un mensaje claro a Bolivia sobre el afán de Morales de perpetuarse en el poder; además, indicó que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”, haciendo un llamado “a prestar atención a lo que está sucediendo” en el hemisferio. En la misma línea se manifestó la embajadora en las Naciones Unidas, Nikky Haley, cuando visitó Colombia, en agosto pasado, al indicar “que Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos”.

No se trata de mera retórica: EEUU tiene importantes intereses en Bolivia que debe cuidar en un escenario en el que la histórica influencia estadounidense en diversos ámbitos del sector público y el privado ha sido rechazada por la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Entre los sectores de máximo interés para EEUU, destacan el de la asistencia para el desarrollo y los recursos naturales. El primero es uno de los canales de influencia más aceitados de EEUU en el país; el segundo es vital en términos de acceso a materiales estratégicos para la “seguridad nacional” y define, en cierta forma, el orden geopolítico regional. Un seguimiento de la presencia de EEUU en ambos espacios parece clave a un año de elecciones presidenciales.

Asistencia para el desarrollo, presencia de fundaciones y financiamiento a ONG

EEUU comenzó a otorgar asistencia económica y militar a Bolivia en 1946. Desde entonces -y hasta ahora- dicha asistencia superó los 5 mil millones de dólares y fue canalizada a través de diversas agencias para la ejecución de un amplio conjunto de programas, siendo la única constante el cumplimiento de los objetivos de la política exterior estadounidense (incluso en el marco del Gobierno de Donald Trump, que ha intentado recortar todo el aparato y presupuesto de ayuda internacional). La Estrategia de Seguridad Nacional (2017) aclara que “la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos debe respaldar los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Durante el siglo XXI, la ayuda registró importantes incrementos, pendulando Bolivia entre el tercer y cuarto mayor receptor de asistencia en el continente americano, incluso después de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Sin embargo, después del frustrado golpe cívico-prefectural que derivó en la expulsión del embajador Philip Goldberg —acusado de conspiración— y de la DEA en 2008, el 2009 marcó el punto de descenso, llegando la asistencia a uno de los niveles históricos más bajos (2.979.682 dólares) tras la expulsión de la USAID en 2013 —acusada de conspiración y de inmiscuirse en asuntos internos—, lo que hizo que Bolivia pasara a ocupar el puesto 22 como receptor regional.

A partir de 2014, la asistencia no sólo se canalizó a través de otras agencias sino que se incrementó vertiginosamente hasta superar los 56 millones en 2015 —año previo a la realización del referéndum constitucional de febrero de 2016— para descender drásticamente en los siguientes años.

Al igual que en 2008, actualmente Bolivia está viviendo un creciente proceso de conflictividad política y social, en un contexto que tiene en el horizonte próximo las elecciones presidenciales en 2019. Marcando el 2013 como punto de partida, en esta coyuntura resulta pertinente observar la asistencia estadounidense, especialmente la destinada a la ejecución de programas de carácter político.

Durante el periodo 2013-2018, el Gobierno estadounidense destinó un total de 70.349.728 dólares en asistencia económica a Bolivia. Se ejecutó a partir de siete programas, resaltando el de “gobernanza” no sólo por concentrar algo más de 68 millones de dólares, sino porque fue el único programa ejecutado sin interrupciones durante el periodo indicado.

El siguiente cuadro detalla las agencias y sub-agencias que canalizaron recursos al programa “gobernanza”, así como el destino del financiamiento y el número de ONG o empresas (canales) que tuvieron la responsabilidad de ejecutar los diversos proyectos.

Del conjunto sobresale como agencia el Departamento de Estado, y Asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley y la Fundación Nacional para el Desarrollo (NED), como sub-agencia, concentrando la mayor cantidad de recursos para el periodo 2013-2018. En cuanto a la primera sub-agencia, por un lado, canalizó recursos al proyecto “Otra infraestructura y servicios sociales”, siendo su actividad la “Iniciativa Andina Antidrogas: Programa de País” y, por el otro, al proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”.

Por su parte, la NED ejecuta sus programas a través de 30 ONG bolivianas y 3 canales estadounidenses [Instituto Republicano Internacional (IRI), Centro para la Empresa Privada Internacional y la propia NED] y financia el proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”, con las siguientes actividades: i) Descentralización y soporte a gobiernos sub-nacionales; ii) Participación democrática y sociedad civil; iii) Legislatura y Partidos Políticos; iv) Política del sector público y gestión administrativa; v) Elecciones; vi) Derechos Humanos; vii) Desarrollo legal y judicial; viii); Medios y flujo libre de información; y xix) Organizaciones e instituciones para la igualdad de las mujeres.

Comparativamente, al igual que entre 2007-2008, EEUU ha concentrado la mayor cantidad de recursos en las primeras cuatro actividades descritas previamente para el periodo 2013-2018. De los 29.778.237 de dólares destinados al proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”, algo más de 19 millones se concentraron en dichas actividades en 2007 y 2008, mientras que de los 5.044.835 de dólares considerados para el 2013-2018, 3.232.138 dólares fueron concentrados en las mismas actividades. Esto demuestra el persistente interés de EEUU por continuar “fortaleciendo” a los gobiernos sub-nacionales (departamentales y municipales), al igual que hizo entre 2004 y 2008, por ejemplo, a través del programa “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas” (FIDEM) o de la “Oficina de Iniciativas Transitorias” (OTI) de la USAID, además de seguir “estimulando” la participación democrática.

Recursos naturales

El Mineral Commodity Summaries 2018, publicado en enero por el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de EEUU, permite visualizar la importancia de las reservas de minerales estratégicos de América Latina en relación al total de las reservas mundiales. Los datos sobre importación, brindados por el informe, muestran la vulnerabilidad de EEUU y la centralidad de América Latina como fuente de abastecimiento. Bolivia está entre los principales exportadores de antimonio, estaño, tungsteno y boro, de los cuales EEUU muestra una alta carencia.

Si bien en 2015 EEUU fue el principal destino de las exportaciones mineras de Bolivia, con una participación del 28%, para 2017 ocupó el quinto lugar (10,7%), después de India (17,8%), Japón (16,1%), Corea del Sur (13,2%) y China (11%). A pesar de este descenso, EEUU es el principal comprador del estaño, tungsteno, hierro y antimonio boliviano, y es un importante destino para las exportaciones de cobre, plata, oro y zinc. Asimismo, aquel país es el principal comprador de minerales refinados y aleaciones de bismuto, plata, antimonio, cobre, estaño y oro metálico.

Por otro lado, hasta 2016, según el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, alrededor del 75% de la producción de minerales concentrados salía de Bolivia para ser procesado en fundidoras estadounidenses, españolas o asiáticas y comercializado posteriormente. Esta histórica dependencia pretende ser progresivamente anulada por el Gobierno boliviano, por ejemplo, a través de la instalación de plantas de fundición y refinación de zinc, del que se extrae un mineral altamente estratégico como el indio, con una inversión de 77 millones de dólares estadounidenses.

En relación al litio, mineral fundamental para la economía y tecnología en las próximas décadas y del cual EEUU posee alta vulnerabilidad, las importaciones se hacen desde Argentina, Chile y China. No obstante, Bolivia es el país con las principales reservas de este evaporítico, estimadas en más de más de 10 millones de toneladas. Según el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, en la cuantificación realizada hace años por una agencia francesa, solamente se hizo el estudio de la primera capa del salar. El Gobierno contrató una empresa estadounidense para realizar un nuevo estudio y certificación de las reservas, que será presentado antes de fin del año.

Luego de las fallidas negociaciones políticas y conflictos sociales que impidieron la explotación del Salar de Uyuni en Bolivia, en 1992, la estadounidense FMC Lithium y su subsidiaria argentina Minera del Altiplano S.A. activaron el proyecto de extracción de litio en Salar del Hombre Muerto en 1997. En Chile, la compañía estadounidense Albemarle (ex Rockwood Lithium), que opera en el país hace más de 30 años, renovó un contrato para extraer 262 mil toneladas hasta 2044. Por su parte, Ensorcia Metals de EEUU tiene una inversión proyectada de 400 millones de dólares para la construcción y operación de dos plantas industriales de litio, una en Argentina y otra en Chile. En abril del año pasado la empresa firmó un acuerdo con el Gobierno chileno para empezar la producción en 2021 y, en el pasado mes de agosto, un representante de la empresa visitó Argentina con el objetivo de definir la mejor locación para la planta. El panorama geopolítico se complejiza aún más con el reciente descubrimiento de grandes reservas de litio en el Perú.

Bolivia, a diferencia de los proyectos de países vecinos que abarcan la explotación primaria, a través de una política soberana —que involucra la industrialización del litio en toda la cadena productiva— pretende llegar a las baterías como primer gran objetivo, adquiriendo tecnología de punta. Para este fin, con una inversión de  900 millones de dólares, se construyeron inicialmente plantas piloto (primera fase), siendo prevista la inauguración de la planta industrial de cloruro de potasio para el próximo 30 de septiembre y la construcción de la planta industrial de carbonato de litio (segunda fase), que será construida por la empresa China Maison Engineering. Ambas plantas son de propiedad enteramente estatal. Por su parte, la industria de baterías de ion litio se realizará en sociedad (51% Estado boliviano–49% socio alemán) junto al grupo alemán ACI Systems.

En lo que se refiere a hidrocarburos, Bolivia cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 240,9 millones de barriles de líquidos, volúmenes que fueron cuantificados y certificados por la empresa canadiense Sproule International Limited y se dieron a conocer a fines de agosto, garantizando que el país podrá mantener los actuales volúmenes de producción y exportación de gas durante los próximos 14 años, al ritmo de explotación actual. En conferencia de prensa, el representante de la empresa explicó que las reservas probadas más las probables suman 12,5 TCF, mientras que el volumen de reservas probadas, más probables y posibles son de 14,7 TCF.

Conclusiones

La contienda electoral del próximo año se perfila como uno de los grandes desafíos para el proceso de cambio en Bolivia, por lo que hay que estar atentos sobre cómo el sector público-privado estadounidense observa este proceso y actúa en función de determinados intereses políticos y económicos en el país andino. Además de los aspectos analizados en este informe —asistencia para el desarrollo y los recursos naturales— otros intereses fundamentales son, por ejemplo, los relacionados a seguridad y defensa, vínculos comerciales y la relación entre Bolivia y China.

En definitiva, sin perder el foco en Venezuela, es muy probable que se endurezcan las distintas formas de presión sobre el Gobierno boliviano.

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celag.org/intereses-eeuu-bolivia-mas/

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La hidroeléctrica Ivirizu afecta la biodiversidad del parque Carrasco

Las obras, adjudicadas por 172 millones de dólares, despejarán 500 hectáreas de bosque dentro del área protegida, que cuenta con regiones de alta sensibilidad ecológica.

La tranquilidad de Monte Punku se altera todos los días al promediar el mediodía. Esa es la hora en la que vehículos y decenas de obreros irrumpen en este centro poblado de Bolivia, ubicado a 118 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, para almorzar. Una hora después, abandonan el lugar para sumergirse nuevamente dentro del Parque Nacional Carrasco, allí donde se desarrollan las obras civiles que culminarán en la construcción de la hidroeléctrica Ivirizu.

Este movimiento es nuevo para los habitantes de Monte Punku, poblado situado en el municipio de Pocona. Comenzó en los últimos meses del pasado año, justo cuando la empresa china Sinohydro empezó a levantar un campamento en el área, a trabajar en la ampliación de una vía y a limpiar la zona boscosa donde se edificará una represa. Estas obras, que fueron adjudicadas en septiembre de 2017 por el monto de 172 millones de dólares, despejarán 500 hectáreas de bosque dentro del área protegida, como confirmó a Mongabay Latam, el alcalde de Pocona, Juan Carlos Rodríguez.

El biólogo Donovan Osorio criticó que se vaya a producir energía dentro de un parque nacional como el Carrasco, “un área de tanta fragilidad ecológica, nada menos que para exportarla”, dijo. Y nace la pregunta de ¿cómo se logró la aprobación de un proyecto tan grande dentro de un área protegida? Lo que hizo el Gobierno boliviano fue declarar de interés y prioridad nacional la ejecución del proyecto en el 2016, mediante la Ley 819. El mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Licencia Ambiental otorgándole la Categoría I. Esto implicaba la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral (EEIA), que por el grado de incidencia en el ecosistema incluía en sus estudios un análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental.

El Gobierno boliviano espera que los 290 megavatios de la hidroeléctrica Ivirizu ayuden a cumplir con sus planes de exportación de energía a países vecinos como Brasil y Argentina, a partir del 2022.

Para los expertos ambientales consultados por Mongabay Latam para este reportaje, la producción de esa energía tendrá un costo muy alto para la biodiversidad de la zona, tomando en cuenta que se trata de un ecosistema frágil y con alta presencia de flora y fauna.

La preocupación de los pobladores de Monte Punku gira alrededor de los puestos de trabajo y que la ubicación de las torres para las líneas de transmisión de energía no sea dentro de sus parcelas. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) insiste en que los planes de mitigación reducirán “al mínimo” el impacto a la biodiversidad.

Árboles tumbados en la vía

Es la primera semana de junio y la vía que une Monte Punku con el sur del Parque Nacional Carrasco, que existe desde antes de la creación del área protegida en 1991, está cerrada. El acceso es ahora por una vía paralela, más angosta y accidentada, que conduce hasta el campamento de los trabajadores de la empresa Sinohydro.

Mongabay Latam ha podido recorrer una parte de esta antigua vía para recoger las versiones de los trabajadores y autoridades locales, y buscar una respuesta a una pregunta que muchos se hacen por estos días en Bolivia: ¿Cuál será el impacto de la construcción de esta nueva hidroeléctrica en el ecosistema del Parque Nacional Carrasco?

Mientras nos adentramos en la zona boscosa del área protegida, lo primero que salta a la vista es el invariable trajín de camiones que entran y salen con material, levantando polvo y haciendo mucho ruido. En algunos tramos se ven troncos y ramas amontonados en ambos lados del camino, también tractores y grupos de obreros removiendo la tierra, una faena que –según el contrato con Sinohydro– debe concluir con el mejoramiento y la ampliación de esta vía, que conducirá al espacio donde se emplazará la represa que forma parte del proyecto hidroeléctrico.

Luego de pasar el primer puente, las montañas verdes introducen al visitante dentro de la impresionante vegetación que forma parte del parque. Se siente más calor y humedad. El sonido del agua es más fuerte y también el de la avifauna. Según el Atlas de Áreas Protegidas del SERNAP, el Parque Nacional Carrasco alberga 247 especies de aves, aunque los expertos del estiman que el número bordea las 700, sólo que aún no han sido identificadas.

Los cambios en este espacio natural siguen apareciendo a lo largo del camino que debe ser ampliado a seis metros de ancho en los primeros 20 kilómetros y terminará con 3,5 metros en el kilómetro 30. Detrás de un letrero, donde se lee “Zona de acopio 3”, se observan troncos apilados en orden en un espacio que parece recién despejado. Más adelante, una enorme pala mecánica remueve una y otra vez la tierra para depositarla en un camión. Una actividad que les tomará todo el día, según los trabajadores.

Esta vía es usada por los campesinos que viven en las comunidades del municipio de Pocona y llega también hasta la comunidad Yungas de Vandiola (municipio de Totora) cuyos habitantes tienen cultivos de hoja de coca en la zona de amortiguamiento del área protegida. Aunque según un reporte de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estas plantaciones han invadido 642 hectáreas de la línea roja o zona de conservación estricta del Carrasco.

Todo este movimiento existe ahora mismo dentro de una de las 22 áreas protegidas nacionales más biodiversas de Bolivia.

Deforestación en el área de la represa

El Parque Nacional Carrasco cuenta con regiones de alta sensibilidad ecológica. Su gran variedad de ecosistemas está relacionada con la gradiente altitudinal que posee que va desde los 300 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Una condición que la convierte en una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad en el país, pero es una de las menos estudiadas.

Hasta 2017 se identificaron 614 especies de plantas superiores, aunque el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) calcula que superan las 3.000. Su flora es muy diversa, destacan los bosquecillos de queñua en ambientes de páramo yungueño, el nogal y los pinos de monte.

Esta área protegida es, además, un reservorio de recursos genéticos de variedades económicamente importantes como el cedro (Cedrela odorata) y la mara (Swietenia macrophylla). Y alberga en su interior 300 especies de orquídeas, de las cuales 50 son endémicas.

El Alcalde de Pocona, Julián Rodríguez, le contó a Mongabay Latam que en la zona donde se construirá la represa –a 30 kilómetros de Monte Punku, pasando el valle de Sehuencas, en un lugar denominado Yanamayu– existen especies como las kewiñas (Polylepis spp), alisos (Alnus acuminata) y otros árboles maderables de importancia.

—¿Se van a talar 500 hectáreas de esos árboles?

—Así es. Por eso tenemos la política de mitigación y reforestación, respondió.

Sinohydro delegó el trabajo a un contratista (un microempresario) para que empiece en abril de este año el retiro de los árboles. Ingresaron 35 trabajadores armados con motosierras y machetes. “Hemos avanzado unas nueve hectáreas y el contratista se ha perdido sin pagarnos. Teníamos que hacer 140 hectáreas”, confirmó en una entrevista con Mongabay Latam uno de los trabajadores. Mongabay Latam solicitó información en dos oportunidades en oficinas de la estatal Ende en Cochabamba, pero no obtuvo ninguna respuesta hasta el cierre de este artículo.

Una de las áreas de acopio de los troncos de árboles talados.

Según el pliego de especificaciones, la represa tendrá 125 metros de altura máxima sobre cimientos, 90 metros sobre cauce y una longitud de coronación de 324 metros. Para su construcción primero se desviará el cauce del río.

Para Carmen Capriles, ingeniera agrónoma y activista ambiental, la deforestación y las obras planificadas en la zona afectarán el circuito natural de los animales. Capriles explicó que el proyecto hidroeléctrico se desarrolla en una de las regiones más biodiversas del país, donde destacan animales como el jaguar y el oso jucumari.

Es un área protegida poco investigada, por lo tanto no se sabe con exactitud qué otras especies que habitan el parque pueden verse afectadas. Los pocos estudios que se han realizado confirman la presencia de especies amenazadas o endémicas como es el caso de la famosa rana “Romeo” (Telmatobius yuracare), que enfrenta el drama de la extinción y cuyo hábitat está justamente en el valle de Sehuencas.

Ende Valle Hermoso (una de las 11 empresas filiales de la estatal Ende Corporación), en un video institucional, señala que una de las medidas de mitigación será “rescatar las bonitas orquídeas que viven sobre los árboles y los animales que viven en la zona. Después de ser rescatados serán devueltos al bosque. (…) También se plantarán nuevos árboles en sitios establecidos para recuperar los que han sido desalojados”.

Esto fue confirmado por el alcalde de Pocona, quien precisó que están controlando las obras para que “el proyecto no afecte demasiado a la flora y fauna”, aunque luego reconoció que “como cualquier proyecto de una forma u otra va a llegar a afectar”.

Para ello dijo que aplicarán las políticas de mitigación. “La biodiversidad que tenemos allí adentro, las lagartijas, ranas, sapos y todos los bichos, dentro del proyecto, se especifica que deben ser trasladados con mucho cuidado a zonas más seguras que su hábitat natural para que no sean dañados”, explicó Rodríguez.

Mongabay Latam insistió con los funcionarios de Ende Valle Hermoso sobre las medidas de mitigación, sin embargo, la única respuesta que recibimos de la responsable de Comunicación y de ingeniera Fátima Sandoval es que tienen viveros con especies de plantas y árboles que usarán para reforestar la zona intervenida. Hasta el cierre de esta edición no entregaron la información que se comprometieron a compartir.

En la oficina del Parque Nacional Carrasco, administrado por el SERNAP, el guardaparques a cargo indicó que debíamos preguntarle al Director del SERNAP, Abel Mamani, cuya sede está en la ciudad de La Paz, a donde acudimos sin éxito. Según la comunicadora del SERNAP, Mamani delegó la entrevista al director del parque Carrasco. Hasta la fecha ninguna de las dos autoridades ha respondido a nuestra solicitud. (Mongabay Latam)

Monte Punku en la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz.

¿Un plan de mitigación imposible?

Ante la incertidumbre de si existen experiencias exitosas del traslado de fauna en la construcción de proyectos hidroeléctricos, como lo planea hacer Ende Valle Hermoso, Mongabay Latam buscó a dos expertos para consultarles.

La bióloga Liliam Apaza, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, señala que en Colombia se han dado casos de traslado en los que sólo se ha hecho monitoreo con algunas especies, pero no hay documentación científica y sistemática que dé cuenta de casos “exitosos”. Se pregunta sobre qué especies de la gran biodiversidad de fauna de la zona trasladarán, tal vez sólo enfaticen en grandes mamíferos.

El biólogo Vincent Vos, investigador de CIPCA, mencionó que en Europa se trasladaron arroyos completos incluyendo peces o anfibios y que hay algunos ejemplos de relocalización de mamíferos y aves, aunque los resultados son algo cuestionables.

Vos considera poco creíble que pueda trasladar la fauna, tomando en cuenta las dificultades técnicas para atrapar los animales, los altos costos y las limitaciones ecológicas.

Otra dificultad que tanto Apaza como Vos ven es que muchas especies son territoriales y que la gran mayoría moriría al ser reintroducida en otra zona.

“Lo que evidentemente habrá es un desplazamiento de fauna, pero será un proceso de sobrevivencia de los mismos ante la destrucción de su hábitat”, puntualizó Marcelo Arce, conservacionista y experto en la elaboración de proyectos dentro de áreas protegidas.

Durante un encuentro con la prensa, Mongabay Latam le preguntó al Ministro de Energías, Rafael Alarcón, sobre las medidas de mitigación que contempla el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu. La autoridad contestó que todo está establecido en el diseño y en la licencia ambiental, sin dar más detalles. “Existe un conjunto de acciones que se están coordinando con el Servicio de Áreas Protegidas, Ende y el Ministerio de Medio Ambiente para la mitigación del impacto ambiental”, dijo a este medio.

—¿Existen medidas adicionales de mitigación al tratarse de un parque nacional?

—Insisto, la licencia ambiental contempla la aprobación de las medidas que estamos siguiendo –respondió.

FUENTE ORIGINAL:  https://www.paginasiete.bo/economia/2018/8/1/la-hidroelectrica-ivirizu-afecta-la-biodiversidad-del-parque-carrasco-189051.html




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