«La minería verde es un relato, el extractivismo sigue siendo el mismo»

Entrevista a Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

 

Panamá con Cobre Panamá. Chile y Argentina con Pascua Lama. Guatemala con Escobal. Perú con Conga y Tía María. En distintos países de América Latina, la minería y su impacto en el agua y el territorio han desencadenado protestas masivas, crisis políticas y largos conflictos sociales. Ahora, República Dominicana también se suma a esa ola regional.

Tras años de denuncias de contaminación y afectaciones a la salud de comunitarios de Cotuí por las operaciones de Barrick Gold, el recuerdo de ese precedente terminó alimentando una nueva resistencia social. Bajo la consigna “Agua sí, oro no”, miles de dominicanos lograron lo que muchos consideraban improbable: que el presidente Luis Abinader suspendiera el proyecto minero Romero, impulsado por la canadiense GoldQuest en San Juan de la Maguana, llamada el “granero del sur”, una de las provincias agrícolas más importantes y donde el agua sostiene gran parte de la vida productiva.

La decisión abrió en el país caribeño un debate que atraviesa cada vez más territorios latinoamericanos: el choque entre extractivismo, recursos naturales y legitimidad social.

Lucio Cuenca lleva décadas acompañando conflictos socioambientales vinculados a la minería en Chile y otros países de la región. Ingeniero en Geomensura y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostiene que el caso dominicano refleja el desgaste creciente del discurso minero tradicional y el surgimiento de nuevas resistencias territoriales en América Latina.

¿Cómo de representativo considera el caso Romero dentro de América Latina?

En Latinoamérica hay países que tienen una trayectoria más larga en explotaciones mineras y que acumulan experiencia e impactos que hoy están en el trasfondo de las preocupaciones que manifiestan otras comunidades.

Desde la década de los 90 hubo una expansión minera muy fuerte en la región, especialmente hacia territorios que históricamente no habían tenido tanta minería. Entonces ya existe conocimiento sobre los impactos ambientales, territoriales y sociales que genera esta actividad. Las comunidades no entran en conflicto porque sí. Hay fundamentos, hay experiencia acumulada y hay razones muy concretas para desconfiar.

GoldQuest defendía que la de Romero sería una minería subterránea, moderna y de bajo impacto ambiental. ¿Qué piensa de ese discurso?

Hay cuestiones esenciales de la minería que no se pueden cambiar. Ya sea minería a cielo abierto o subterránea, sigue necesitando enormes cantidades de agua y energía. Y todo el material que se extrae de la montaña tiene que depositarse en alguna parte.

Muchas veces se presenta la minería subterránea como si eliminara los riesgos, pero eso no es cierto. Una cosa es tener la roca confinada dentro de la montaña y otra muy distinta es triturarla y dejarla expuesta al aire libre. Ahí aparecen procesos de contaminación, erosión y lixiviación que pueden afectar el agua y los suelos.

En la llamada transición energética, América Latina continúa siendo tratada como proveedora de materias primas

¿Cree que existe una estrategia de “rebranding” de la industria minera?

Totalmente. Después de la enorme pérdida de legitimidad que sufrió la minería en América Latina, especialmente tras los conflictos de los años 2000, vino esta etapa donde la minería se “revistió de verde”.

Ahora se habla de minería responsable, minería sostenible, pero en esencia las operaciones siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue el relato. La llamada transición energética sigue respondiendo a las necesidades de los países industrializados del norte global, mientras América Latina continúa siendo tratada como proveedora de materias primas.

¿Qué papel juega el agua dentro de estos conflictos?

Hoy el agua se ha transformado en uno de los principales límites del extractivismo. Es muy difícil pensar en una convivencia de largo plazo entre una actividad minera que consume y contamina enormes cantidades de agua y una actividad agrícola que también necesita agua de buena calidad. Si el agua se contamina, se contaminan también los alimentos. Por eso creo que, tarde o temprano, minería y agricultura terminan siendo incompatibles en muchos territorios.

Usted menciona mucho el caso chileno como advertencia regional. ¿Por qué?

Porque Chile muestra hacia dónde pueden conducir estos modelos extractivos.

En Antofagasta, donde se concentra gran parte de la minería chilena, hoy la población consume agua desalinizada mientras las empresas siguen utilizando agua dulce proveniente de la cordillera.

Eso significa que las comunidades terminan dependiendo de infraestructuras artificiales para acceder al agua, mientras se prioriza el uso del recurso natural para la minería. Y el costo económico termina asumiéndolo la población.

En San Juan de la Maguana, la empresa hablaba incluso de abastecerse con agua de lluvia. ¿Ese tipo de argumentos tienen sentido?

Ahí se fragmenta artificialmente el ciclo del agua. Se presenta el agua de lluvia como si estuviera separada del resto del sistema hídrico, cuando en realidad todo forma parte del mismo ciclo: lluvia, ríos, acuíferos y aguas subterráneas están conectados. Capturar agua de lluvia también afecta el sistema hídrico del cual dependen las comunidades. Decirle a la gente que eso no tiene impacto es casi un insulto a la inteligencia colectiva.

Decirle a la gente que capturar agua de lluvia no tiene impacto es casi un insulto a la inteligencia colectiva

¿Por qué cree que el discurso del “progreso minero” ha perdido legitimidad en muchas comunidades latinoamericanas?

Porque mucha gente empezó a darse cuenta de que las promesas no siempre se traducen en bienestar real. Existe toda una mitología alrededor de la minería como motor automático de desarrollo. Pero cuando uno analiza los territorios mineros, encuentra altos niveles de contaminación, problemas sanitarios y beneficios sociales mucho más limitados de lo que se promete. En Chile, por ejemplo, la minería representa alrededor del 50% de las exportaciones, pero genera apenas cerca del 1% del empleo directo. Y gran parte del trabajo indirecto es empleo precarizado.

También ha cuestionado la distribución de la riqueza minera.

Así es. Muchas veces la gran renta minera termina fuera de nuestros países. Las empresas operan desde paraísos fiscales, utilizan mecanismos financieros complejos y logran reducir artificialmente las utilidades que declaran localmente. Eso debilita muchísimo la capacidad de fiscalización de los Estados latinoamericanos.

¿Considera que estos conflictos son más políticos que técnicos?

Sin duda. Muchas veces se presentan como discusiones exclusivamente técnicas o ambientales, pero en realidad expresan disputas mucho más profundas sobre soberanía, territorio y modelos de desarrollo. El poder corporativo que tienen estas empresas en nuestros países es enorme y afecta seriamente la capacidad de decisión democrática.

Las discusiones que se presentan como técnicas o ambientales en realidad expresan disputas más profundas sobre soberanía, territorio y desarrollo

La suspensión del proyecto Romero también abrió un debate sobre seguridad jurídica y posibles arbitrajes internacionales. ¿Cómo interpreta eso?

Muchos países latinoamericanos firmaron tratados de libre comercio o acuerdos de protección de inversiones que hoy terminan limitando su soberanía. Cuando un gobierno intenta detener un proyecto extractivo puede exponerse a demandas internacionales en tribunales de arbitraje. Por eso me parece una buena señal que un gobernante tome medidas incluso sabiendo que puede enfrentar acciones legales.

¿Cree que la suspensión de Romero significa realmente el final del conflicto?

No necesariamente. El yacimiento sigue ahí. Eso lo hemos visto muchas veces en América Latina. Cambian los gobiernos, cambian las empresas o aparecen nuevos proyectos con otro nombre. El caso Pascua Lama, de Barrick Gold, es un buen ejemplo. Fue un conflicto de casi veinte años. El proyecto terminó clausurado, pero la empresa sigue intentando volver al territorio.

¿Qué revela el caso dominicano sobre el momento que vive América Latina?

Me llama mucho la atención el nivel de adhesión social que alcanzó este conflicto. Muchas veces las empresas logran aislar estos debates a nivel local, pero en República Dominicana el tema terminó convirtiéndose en una discusión nacional. Eso habla de una conciencia social mucho más amplia sobre el agua, el territorio y el futuro de las comunidades.

Después de décadas observando conflictos mineros en la región, ¿qué sensación le deja el caso Romero?

Creo que mucha gente ya entendió que no siempre compensa poner en riesgo el agua y el territorio a cambio de promesas de desarrollo. Y también entendió que detrás de muchas empresas mineras existe una estructura política y financiera internacional muy poderosa. En el caso canadiense, por ejemplo, el respaldo estatal a las compañías mineras es enorme. Por eso estos conflictos ya no son solamente locales. Son discusiones globales sobre soberanía, recursos naturales y democracia.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260701/Politica/53856/lucio-cuenca-olca-mineria-extractivismo-america-latina-republica-dominicana.htm

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Sobre el arte de quedar bien… actuando mal

Luis E. Sabini Fernández

Rebelión

Hay algo peor que contaminar. Y es proclamar un comportamiento limpio… mientras se contamina.Hay algo peor que producir elementos cancerígenos. Y es producirlos mientras se proclama luchar contra el cáncer.
Esto que así planteado suena casi grotesco es, sin embargo, un comportamiento absolutamente generalizado en nuestro mundo empresario, institucional, público y/o privado.
La revista Noticias, un verdadero faro cultural del hipercapitalismo en el país, ha aplicado una docena de líneas a “informar” que “el campo apoya la lucha contra el cáncer”. [1]
¿Y qué es “el campo”? Si el campo fuera lo que conocimos tradicionalmente; el asiento de la producción de alimentos, nutrientes, agentes de salud para quienes los ingerimos, podríamos aceptar que desde el campo se enfrente la lucha contra una enfermedad… aunque hablando de cánceres, sabemos que no son deficiencias alimentarias o nutricionales las causantes de cáncer...
Sí sabemos, en cambio, que los cánceres provienen en abrumadora mayoría de la contaminación. Y que el mundo que vivimos, que ha visto disminuir y perder relevancia a enfermedades infecciosas (hoy controlables), se ve enfrentado a la proliferación de los más diversos casos de cánceres, así como alergias, alteraciones autoinmunes, diabetes, afecciones respiratorias, parkinson y otras alteraciones neurales, leucemias, celiaquía, obesidad, malformaciones congénitas, epilepsias e incluso enfermedades psiquiátricas; un desolador panorama sanitario fuera de control que ha coincidido con el ingreso a la posmodernidad…
Muchas de tales enfermedades, provienen directamente de los métodos de fabricación de alimentos que caracterizan nuestra “modernidad”, que reemplaza nutrientes naturales por aditivos y que “quimiquiza” todos los procesos alimentarios.
Uno de los varios pilares de la comida moderna ha sido, precisamente, la agroindustria. La agroindustria se basa en venenos, de muy variado orden, para producir alimentos. Cualquier mentalidad tradicional, la de mi abuela, por ejemplo, se horrorizaría de querer elaborar alimentos con venenos. [2]
Pero la agroindustria, junto con los reguladores públicos y el mundo empresario tecnoindustrial se valen de un recurso para poder usar venenos y sostener, a voz en cuello, la total inocuidad de tales alimentos, más aun, su carácter salutífero…: el empleo de “límites de seguridad”.
Tabulados por agencias debidamente investidas como “los que saben”, estas agencias, mejor dicho sus integrantes dirigentes, establecen que, por ejemplo, usar más de 0,8% de agar-agar en horno o 2% en merengues resulta intolerable. [3] O que hasta 100 microgramos de plomo, 50 de arsénico, 10 de cadmio o 45 mil de nitratos son aceptables en alimentos, como los de MacDonald’s. [4]
Pero, ¿dónde radica la verdad que un merengue con 1% de agar-agar sea sano y otro con 3% tóxico? O que una hamburguesa con 30 microgramos de arsénico sea saludable y otra con 60 microgramos de la misma sustancia sea tóxica?
Entendemos que la mera formulación denota su arbitrariedad. Y muy poca ciencia.
Y bien. Tenemos, según Noticias, a “el campo” luchando contra el cáncer…
¿Qué campo? Precisemos un poco. Noticias nos dice que se trata de una empresa “del campo argentino”: IPESA. IPESA es la gran fábrica productora de artículos plásticos, desde las celebradas silobolsas hasta sachets para leche y diversos envases, generalmente de polietileno (expandido).
IPESA es por lo tanto un agente protagónico de la plastificación de los campos y de los alimentos.
Cooperar en la lucha contra el cáncer parece plausible. Pero que la pretendan llevar adelante empresarios que basan su rentabilidad en un producto, el plástico, tan sospechado de estar en el origen de una serie atroz de enfermedades de origen ambiental, incluidos los cánceres más diversos, parece un poco demasiado. Hay algo grotesco en semejante gesto.
Hay una creciente conciencia sobre el daño que ha causado y está causando a la naturaleza la llegada de desechos plásticos en los más variados tipos, dimensiones, intensidad. Cualquier observador, profano, advierte los restos de bolsas de plástico entreveradas en ramas de árboles, a lo largo de rutas, por ejemplo; las islas “continentales” de basura plástica en todos los mares del planeta y el daño consiguiente a animales que ingieren plásticos (tortugas lo confunden con medusas, pelícanos lo confunden con semillas) son materia periódica de información masiva.
Lo que tal vez no se dice tan a menudo es que el plástico es material no biodegradable. El idioma hasta carece de una palabra para aludir a esa condición. Su no biodegradabilidad plantea un verdadero nudo problemático a la humanidad: porque la erosión, el viento, el agua (a veces el fuego) “pulveriza” los objetos plásticos, pero persisten partículas que al no ser biodegradables siguen girando en nuestro medio físico. Y así, diminutas, microscópicas, se van alojando en cualquier sitio; incluidos nuestros tejidos corporales y los de animales. Desde hace años, algunos investigadores (no, por cierto, los empleados por Monsanto, Bayer, Syngenta) han ido comprobando el atroz papel de tales micropartículas de plásticos en el origen de una serie espeluznante de enfermedades y alteraciones. [5]
Nos suena más bien a coartada: seguir envenenando los campos y, Relaciones Públicas mediante, “quedar bien” con una contribución monetaria a FUNDALEU. Tampoco es cuestión de exagerar: Noticiasnos cuenta que se trata otorgar a dicha fundación 10 dólares por bolsa; las silobolsas cotizan en el mercado a varios cientos de dólares cada una. Si estimamos una de 400 dólares, se trataría de un 2,5%. Lo que se dice quedar bien con poco.
Es significativo el destinatario elegido por IPESA. FUNDALEU es una fundación dedicada a combatir la leucemia. Este tipo de cáncer es, precisamente, uno de los más asociados con intoxicaciones de origen ambiental.
Leyendo la noticia de Noticias, uno se pregunta acerca de la calidad ética e incluso intelectual de pretender cultivar la “imagen” que acabamos de analizar, pero también acerca de la frivolidad del “periodismo” que transmite “noticias” sin el menor recaudo sobre su legitimidad, sentido o finalidad.

Notas

[1] Contra el cáncer”, p. 138, Buenos Aires, 27 abr 2018.
[2] Lo podía hacer, pero por ignorancia, nunca deliberadamente.
[3] Code of Federal Regulations (CFR), norma federal sobre alimentos en EE.UU.
[4] Tolerancias máximas admitidas por la OMS.
[5] Véase Our Stolen Future, 1996, una investigaciòn de tres biólogos estadounidenses, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers y Theo Colborn, que han rastreado, por ejemplo, la presencia de policarbonato, poliestireno y PVC en casos de feminización de peces, aves y mamíferos machos, disfunciones tiroideas, disminución de fertilidad y un largo, atroz etcétera.

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Post- extractivismos: transiciones en alternativas al Desarrollo

Entrevista a Eduardo Gudynas.

La plataforma, la agenda, los ensayos del post-extractivismo no pretenden presentar una receta acabada, sino que es un llamado de alerta para indicar que hay alternativas. Tenemos que comenzar a pensarlas y tienen que ser democráticas, consensuadas con amplios sectores ciudadanos. Hay muchos ejemplos locales que muestran que es posible otros tipos de relación con la naturaleza, otros tipos de vinculaciones entre la gente que aseguren la calidad de vida. ¿Por qué no ampliar esos ensayos locales a escalas mayores a nivel de los países?

Entrevista a Eduardo Gudynas.

Palabras al Margen: Usted se ha dedicado durante un largo tiempo a la promoción de estrategias post-extractivistas en varios países sudamericanos. ¿Por qué hablar hoy de post-extractivismo?

Eduardo Gudynas: Bueno, tenemos que hablar de post-extractivismo por varias razones. Primero, porque aproximadamente desde hace 500 años nuestras economías dependen de la exportación de materias primas y debemos preguntarnos ¿vamos a seguir con lo mismo? Segundo, los extractivismos de tercera y cuarta generación generan una serie de impactos ambientales y territoriales de una escala enorme a nivel continental. Hay, pues, una necesidad ecológica, pues la situación ambiental del continente ya no es la del siglo pasado y se están poniendo en riesgo ecosistemas mayores, cuencas mayores y la posibilidad de poder hacer otros usos productivos de la tierra y del agua que pueden quedar vedados o impedidos por contaminación. Tercero, es urgente porque no podemos seguir teniendo el desempeño económico atado a los vaivenes de subida y de bajada de los precios internacionales de las materias primas. Cuarto, es indispensable porque este tipo de desarrollo no nos ha sacado de los grandes problemas que enfrentamos: pobreza, violencia, concentración urbana, problemas en el acceso de alimento sano, crisis de vida en las grandes ciudades. Seguir apostando con lo mismo sería entonces seguir repitiendo errores y riesgos del pasado.

Ahora, la plataforma, la agenda, los ensayos del post-extractivismo no pretenden presentar una receta acabada, sino que es un llamado de alerta para indicar que hay alternativas. Tenemos que comenzar a pensarlas y tienen que ser democráticas, consensuadas con amplios sectores ciudadanos. Hay muchos ejemplos locales que muestran que es posible otros tipos de relación con la naturaleza, otros tipos de vinculaciones entre la gente que aseguren la calidad de vida. ¿Por qué no ampliar esos ensayos locales a escalas mayores a nivel de los países?

PaM.: Una de las cuestiones importantes es la relacionada con el papel de los Estados latinoamericanos y las élites locales en la continuación de economías extractivas. ¿Cómo podemos entender esta relación y qué alternativas políticas plantear al respecto?

Eduardo Gudynas: Los extractivismos -en plural- tienen una particularidad y es que se han repetido bajo muy diferentes regímenes políticos y bajo distintas ideologías políticas. Entonces, si bien hay muchas diferencias entre los gobiernos conservadores —como Perú o Colombia— y los gobiernos progresistas —como Mujica en Uruguay o Correa en Ecuador—, llama la atención que todos estos países han seguido estrategias extractivistas. Así las cosas, es necesario preguntarse ¿por qué desde diferentes regímenes políticos apuestan al mismo tipo de estrategia de desarrollo basado en recursos naturales?, ¿por qué en todos los casos intentan minimizar los impactos sociales y ambientales? y ¿por qué terminan en conflicto con las comunidades locales? Esa evidencia muestra, por lo tanto, que hay una condición pre política/partidaria, que es más profunda que las ideologías políticas convencionales, y que hace, sostiene o reproduce un modo de aprovechar y de entender la naturaleza. Las alternativas sustantivas implican de alguna manera romper con el mito de “salí de los extractivismos por cambiar de régimen político”, ya que eso no es necesariamente así. Es necesario cambiar una cultura, una sensibilidad con respecto a la naturaleza para poder abandonar los extractivismos.

PaM: Uno de los principales retos para materializar alternativas al extractivismo en las economías latinoamericanas es el peso de la economía global y la forma en que la división internacional de la producción sigue “confinando” a las economías del continente a la extracción y producción de materias primas (a través de distintas formas de presión económica y geopolítica de larga duración). ¿Qué decir sobre este reto “global” para el “post-extractivismo”?

EG: Sí, hay que pensarse en lo global y en lo local porque los extractivismos dependen de recursos naturales que están atados al subsuelo o a la tierra. Los extractivismos son mineros, petroleros, agrícolas, forestales, etc., y puesto que no puedo cambiar de lugar el yacimiento de petróleo o la veta de carbón, siempre están atados localmente. Ahora, a la vez son exportaciones a la globalización: no son para atender las necesidades internas de consumo de cada país, dependen de las subidas y bajadas de los precios internacionales, de la demanda global y de las condiciones del comercio internacional. Ninguno de esos factores los controla nuestros gobiernos; al contrario, están manejados por las dinámicas globales. Los extractivismos son dependientes de la globalización y por eso las alternativas pasan por distintos ejercicios o ensayos de desvinculaciones selectivas de la globalización.

PaM: ¿Como por ejemplo en sectores como la minería de oro?

EG: Lo importante de la teoría de los extractivismos es su diferenciación entre minería y extractivismo. Podemos tener una minería para atender necesidades genuinas, relacionadas con el bienestar, la calidad de vida, la salud. En América del Sur tenemos necesidades claras de ciertos minerales. Pero no tenemos por qué seguir sosteniendo demandas globales para patrones de consumo suntuarios. El ejemplo más claro de esto es el oro. El oro que se exporta es en un 90% para usos no industriales: la mitad es para joyería y la mitad es para lingotes o monedas para el sector financiero especulativo. Ninguno de esos usos es genuino ni necesario, así que ¿cuál es el sentido de tener minería de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, destinada a algo que no es una necesidad propia nuestra y que ni siquiera es fundamental para la calidad de vida? Hay que desvincularse de la globalización y de ese tipo de demandas internacionales. Eso no quiere decir aislarse de la globalización, es una desvinculación selectiva de la globalización.

PaM: Extractivismo y violencia han sido en Latinoamérica dos cuestiones estrechamente ligadas. ¿Cuál es su balance de esta relación en el presente?

EG: Los extractivismos actuales, que se denominan de tercera o cuarta generación, en su mayoría implican impactos sociales, ambientales y territoriales tan importantes que, para poder ser sacados adelante, exigen de una u otra manera ciertas formas de recortar y debilitar los derechos ciudadanos. Por ejemplo, no brindar una adecuada información a la ciudadanía, evitar las exigencias constitucionales de participación o consulta previa informada y así sucesivamente. Como todo esto además genera resistencias, las comunidades locales terminan envueltas en situaciones de violencia. Estos extractivismos de tercera o cuarta generación, como la mega minería a cielo abierto, están imbuidos en dinámicas de violencia. A veces son violencias de baja intensidad, pero que de forma alarmante se han naturalizado y aceptado, como por ejemplo el criminalizar o judicializar la protesta ciudadana. Otras veces son violencias estridentes que incluyen el asesinar a personas que están protestando en las vías o el asesinato de líderes ciudadanos.

PaM: Justamente, la participación de los habitantes y comunidades de los territorios latinoamericanos ha sido crucial para pensar, económica y políticamente, formas alternativas al extractivismo. Desde el Estado e instituciones ambientales se cuestiona frecuentemente el papel de la participación de las comunidades por “bloquear el desarrollo” o por “desconocimiento técnico y científico”. ¿Qué opina usted de esta tensión?

EG: Voy a dividir la pregunta en dos. Primero, la acusación de que [los movimientos sociales] bloquean el desarrollo es un mito. Toda la evidencia comparada demuestra que lo que se llama convencionalmente ‘desarrollo basado en extractivismo’ —esto es, en economías de bases exportadoras de materias primas— no ha sido suficiente ni adecuado para romper con el atraso y lo que comúnmente se llama ‘subdesarrollo’. Es más, evita la diversificación de las propias economías y genera dependencias económicas y productivas. Entonces esa acusación, dirigida contra aquellos que alertan sobre los efectos negativos, en el siglo XXI no es más que un eslogan publicitario político que demuestra que cada vez hay menos argumentos para defender los extractivismos. En realidad, la evidencia científica y la vivencia de las comunidades locales es abrumadora sobre sus impactos en lo social, en lo ambiental y en lo territorial.

Pasamos entonces al segundo tema: lo científico. La evidencia científica muestra de forma contundente que los extractivismos de tercera y cuarta generación tienen impactos ambientales muy severos en todas sus fases. Desde la fase de exploración —por ejemplo, con la apertura de caminos en la selva amazónica que distorsionan la dinámica de los ecosistemas tropicales— hasta las consecuencias que dejan tras de sí los predios extractivistas, los enclaves extractivistas abandonados en los pasivos ambientales, como acaba de suceder ahora en Colombia con el derrame en Santander. Es más, el derrame en Santander demuestra que una sombra que persigue a los extractivismos son los accidentes. Es una problemática inherente al sector petrolero: son emprendimientos muy riesgosos y cuando ocurren los accidentes los costos económicos, sociales y ambientales son enormes, e incluso a veces llegan a poner en jaque a la propia rentabilidad que publicitan las empresas. La evidencia científica, cuando es mirada con rigurosidad, toda ella demuestra que los extractivismos tienen enormes efectos que no pueden ser obviados ni desatendidos. La pretensión de que hay una solución técnica ingenieril suficiente para reducir a cero el riesgo y evitar todos los accidentes no tiene asidero ni en la práctica ni en la propia teoría.

PaM: En ese sentido, ¿qué opina de las medidas de mitigación y compensación que se prevén para estos proyectos extractivos?

EG: Existen relaciones directas entre las posibilidades de recuperación de la Naturaleza y la intensidad bajo la cual se remueven los recursos naturales. Los extractivismos que se llaman de tercera y cuarta generación al extraer enormes volúmenes de recursos naturales, reducen cada vez más las posibilidades de realizar una restauración o mitigación ambiental. Un ejemplo extremo es la megamineria a cielo abierto, donde se remueven millones de toneladas de roca en el año y se crea uno o más tajos abiertos que agrupados pueden sumar miles de hectáreas. Se llega a lo que es una amputación ecológica: masivas extracciones de todo un ecosistema, con todo su suelo, subsuelo, basamento rocoso, etc. Como es una amputación se vuelve imposible revertir esa situación; lo que queda tras el abandono del sitio minero es otro tipo de ambiente, una cicatriz ecológica. Un caso ilustrativo es la megaminería carbón en Colombia.

La racionalidad convencional de los extractivismos, es que se conceden las amputaciones ecológicas a cambio de los ingresos económicos, tales como el dinero de las exportaciones o las regalías. Pero lo que hay es una pérdida neta del patrimonio natural de Colombia. Y es sorprendente que se permita apuntar parte del cuerpo de la nación a precios tan bajos, porque el valor económico de la tonelada de mineral no incorpora los costos económicos de, por ejemplo, los daños ecológicos, la pérdida de agua, las afectaciones a la salud, etc. Todos esos costos económicos son transferidos a la sociedad, y sobre todo a las comunidades locales. En paralelo, muchas propuestas de mitigación ambiental en realidad no tienen mucha capacidad de mitigar nada, ya que es una amputación. Esto hace que solo manejen los efectos ecológicos secundarios que ocurren al arrancar los recursos naturales.

 

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