domingo, 31 de julio de 2016

Lamentable avance de la represa de El Bala

El Gobierno ha dado un paso más en su polémica idea de construir el megaproyecto hidroeléctrico de El Bala en la zona de influencia del río Beni. 

Pese a todas las observaciones, críticas y sugerencias que han realizado especialistas y activistas, el presidente Evo Morales y su entorno no desisten del intento de llevar adelante estas obras, que según expertos tendrán graves consecuencias en el medioambiente y dudosos resultados económicos.
Habría que poner como ejemplo una reciente iniciativa gubernamental, también fuertemente criticada, como la instalación de una fábrica de azúcar en San Buenaventura en el norte de La Paz. Los especialistas señalaron que la obra era inviable porque la tierra de la zona no tiene vocación agrícola y, por lo tanto, la caña se produce de manera insuficiente. El presidente Morales, después de haber gastado 265 millones de dólares del erario público y haber desoído estas críticas para construir el ingenio, acaba de admitir que, justamente, no existe caña suficiente para ponerlo a andar.
Dentro de unos años seguramente estaremos lamentando, si es que se construyen los anunciados proyectos de El Bala y Chepete, una situación mucho más grave: un gasto de decenas de veces mayor -se pretende disponer 6.000 millones de dólares-, una afectación al medioambiente de enorme  impacto (se habla de un verdadero ecocidio) y escasos beneficios económicos.
Un país como Bolivia, que tiene gas natural, no debería involucrarse en proyectos tan faraónicos y controvertidos  como estos para generar electricidad. Además, la eficiencia de los paneles solares y molinos de viento para producir energía ha crecido exponencialmente en los últimos años y Bolivia tiene amplias regiones que reciben radiación solar o son ventosas, ideales para este tipo de iniciativas. También está la posibilidad de realizar pequeñas represas hidroeléctricas, algo que es favorecido por la geografía nacional, en vez de hacer dos grandes proyectos, que duplicarían todo lo que Bolivia produce hasta ahora.
El Gobierno ha tomado decisiones igualmente polémicas en algunos de sus megaproyectos; por ejemplo, construir una planta de urea en el lugar menos apropiado (el Chapare) y que no cuenta con un ferrocarril para sacar la futura producción; o construir estadios cuya capacidad excede la población de los municipios que los acogen. Con estos antecedentes, es difícil esperar que en este tema dé el  brazo a torcer.
Es así que, por lo que se informa en estos días, ha decidido volver a contratar a la empresa italiana Geodata, para que por 11,8 millones de dólares haga un proyecto final para las  mencionadas represas. Antes, la misma compañía recibió 22 millones para hacer el estudio inicial. Y en 15 meses, ha anunciado el Presidente, podría iniciarse el proyecto de crear una represa en El Bala (río Beni, en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura), para producir 424 megavatios de electricidad, y otra en Chepete (río Quendeque, 70 kilómetros hacia la cordillera de La Paz desde San Buenaventura).
La "buena noticia”, han señalado las autoridades, es que la de El Bala ya no generará una laguna que tenga un espejo de agua de 2.000 kilómetros cuadrados, como se previó en los 50, sino "sólo” uno de 700, y que no implicará la interrupción de la navegabilidad del río Beni. La otra represa también generará un espejo de agua de unos 700 kilómetros cuadrados.
Decimos que hay dudas sobre la viabilidad económica del proyecto porque la energía producida deberá exportarse, pero no existen los sistemas de interconexión para enviar esa supuesta electricidad generada hacia Perú, Argentina o Brasil.
 Los costos de transmisión, además de la pérdida de electricidad que implica su traslado a grandes distancias y los mercados inciertos, hacen que esta idea deba seguir siendo analizada. 



Para no hablar de las decenas de proyectos  que se podrían realizar, en cuanto a generación eléctrica, con 6.000 millones de dólares. Probablemente será el proyecto más caro de la historia boliviana.


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http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/7/31/lamentable-avance-represa-bala-104565.html

Gobierno y Geodata firman contrato para diseño de Hidroeléctrica El Bala


El proyecto hidroeléctrico El Bala es un ansiado proyecto iniciado en la década de los 50, que fue postergado, pero que está recibiendo el impulso necesario en la gestión del presidente Evo Morales, con el fin de aprovechar el enorme potencial hídrico que tiene el departamento de La Paz. Este proyecto se suma al proyecto Miguillas con los que se busca convertir a La Paz en un centro energético que aporte a la consolidación de Bolivia Corazón Energético de Sudamérica.
La imagen muestra la ubicación en la que será instalado el proyecto sobre el Río Beni, considerado uno de los más grandes del país y de Sudamérica.
Nuevo Sur.-
Gracias a las gestiones del Presidente Evo Morales, el proyecto hidroeléctrico El Bala se va haciendo realidad. El miércoles en Palacio de Gobierno, se firmó con la empresa Geodata el “Contrato de Estudio de Diseño Técnico de Inversión del proyecto Hidroeléctrico El Bala”, del departamento de La Paz, considerado el proyecto hidroeléctrico más grande de Bolivia, que generará 3.676 megavatios (MW).
Declaración
“Hoy con esta firma estamos garantizando estudio a Diseño Final (…) Tenemos que garantizar estas inversiones para que La Paz sea un centro energético”, manifestó el presidente Evo Morales, durante el acto de firma.
El Presidente explicó que un anterior estudio realizado en 1958 establecía que el proyecto tendría una potencia de 1.600 MW con un impacto ambiental del 18%; otro estudio del año 1995, arrojaba que el proyecto generaría 2.300 MW con un impacto ambiental del 12%. Sin embargo, la empresa Geodata, que se adjudicó el año pasado el Estudio de Identificación, garantizó la generación de 3.676 MW.
Asimismo, el Jefe de Estado recordó que cuando entró al gobierno eran muchas las demandas y reivindicaciones del departamento de La Paz, entre ellas el proyecto El Bala, que actualmente dejó de ser un proyecto estancado.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, manifestó: “La empresa Geodata nos ha dado información de que tendrá una potencia de generación de 3.676 megavatios (MW), con una inversión de $us6.000 millones. Esta sería la cuarta hidroeléctrica más grande de Sudamérica. Con esta potencia vamos a duplicar la capacidad de generación que tenemos hoy”.
El Ministro señaló los beneficios que conlleva el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Bala, que permitirá la regulación del caudal del río Beni, el control de inundaciones, navegabilidad, eco-turismo y el desarrollo regional integral sostenible.
En este sentido, Sánchez destacó las millonarias inversiones que el actual gobierno ha realizado y realiza en el sector energético.
“Hemos empezado el 2007, 2008 con la planta Separadora de Líquidos de Río Grande con un costo de $us200 millones; después la planta de Gas Natural Licuado con $us258 millones; las Termoeléctricas Warnes, Entre Ríos y Del Sur que en la primera etapa son casi $us6.000 millones; en las hidroeléctricas Misicuni, San José, Miguillas son $us829 millones; hoy estamos a punto de adjudicar $us1.000 con Rositas; las ampliaciones de las Termoeléctricas son más $us1.200 millones; la planta Propileno y Polipropileno con $us2.200 millones”.
DATOS TÉCNICOS
El proyecto hidroeléctrico El Bala está localizado sobre el río Beni. A partir del Estudio de Identificación, el proyecto se divide en dos componentes. Componente 1: Chepete, ubicado a 70 km aguas arriba de Rurrenabaque, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz; generará 3.251 MW de potencia instalada. El Componente 2: El Bala, ubicado en las proximidades del tramo conocido como estrecho angosto de El Bala sobre el río Beni a 13.5 Km. aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, pertenecientes a las provincias Abel Alurralde (La Paz y Gral. Ballivián (Beni) respectivamente; generará 425 MW. Sus centrales hidroeléctricas aprovecharán los grandes caudales de agua del Río Beni. Una vez construidas serán una de las fuentes de energía más grande del país.
LA NOTA
Sánchez: El impacto ambiental del proyecto será del 1.9%
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, informó que la afectación ambiental derivada del proyecto hidroeléctrico El Bala será del 1.9%, que es inferior a la revelada por estudios anteriores.
“En 1958 se ha hecho un primer estudio de El Bala que señalaba una generación de 1.600 megavatios (MW) y tendría una afectación del 18%. En 1995, se hace otro estudio que señalaba una generación de 2.460 MW y afectación del 6%. El último Estudio de Identificación con la empresa Geodata, culminado recientemente, nos señala que el proyecto generará 3.676 MW y tendrá una afectación del 1.9 %, es decir más generación y menos afectación”.
La autoridad manifestó que incluso la afectación ambiental podría ser mucho menor. “El Estudio a Diseño Final que fue firmado la pasada jornada, es un estudio más detallado, por el que estamos poniendo todos los esfuerzos para que el impacto ambiental del proyecto sea el menor posible, a fin de tener los cuidados respectivos con la Madre Tierra”.
El Ministro refirió que El Bala es un proyecto multipropósito que además de generar electricidad, beneficiará también en el control de aguas, “vamos a controlar todas las inundaciones en Rurrenabaque y San Buenaventura, ahorrando como $us56 millones que cuesta anualmente”; en la navegabilidad entre Rurrenabaque y Cachuela Esperanza; “aportamos al Eco – Turismo sin afectar el lago Chalalán, y creamos otro lago que sería para el turismo aventura”; además del desarrollo regional integral sostenible.

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sábado, 30 de julio de 2016

Declaratoria final del Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo

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Miacatlán, Morelos, México a 30 de julio 2016
Convocados por el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto de Metales y por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), nos reunimos diversos colectivos en resistencia integrados por comunidades indígenas y campesinas, organizaciones civiles, académicos e instituciones de educación superior, quienes defendemos el agua, la tierra, el aire y la vida de todo México construyendo conjuntamente estrategias articuladas en contra de las distintas expresiones con las que el Modelo Extractivo y sus megaproyectos buscan apropiarse de nuestros bienes naturales y territorios, dañando al tejido comunitario, debilitando los procesos identitarios y nuestra cultura, así como generando irreparables daños a la salud y a la Madre Tierra.
Tenemos conciencia de vivir en un mundo donde los gobiernos han decidido anular el bienestar social, para dejar a merced de las corporaciones un nuevo orden global y financiero, fincando su poder en la creación de leyes a modo, que les garantizan la impunidad y la falta de procuración de justicia. Esto ha permitido un modelo económico que se basa en la violencia y la violación de los derechos humanos fundamentales.
Este nuevo orden de la nación/corporación global, pretende consolidar un sistema político económico a través de la imposición de los tratados de libre comercio, y colocar a todo el planeta bajo el yugo de la especulación del dinero, entregando al mejor postor los bienes naturales, sin importar el despojo y desplazamiento forzado de los pueblos.
Los grandes capitales que hoy mueven al mundo y los gobiernos están creando graves contradicciones para la continuidad de la existencia de las comunidades, afectando sus modos de vida y atentando contra la naturaleza. Esa es la realidad en la que vivimos y no estamos dispuestos a que se vuelva eterna. Por ello estamos decididas/os y obligadas/os a fortalecer nuestro proceso organizativo a través de una lucha social cada vez más articulada e incluyente.
Hemos constatado en nuestro Encuentro que el territorio es el principal eje articulador de nuestras resistencias; también compartimos los retos, las formas y los logros alcanzados por cientos de comunidades en contra de los megaproyectos de muerte, refrendando que organizados/as somos capaces de imponernos al más poderoso.
Reafirmamos nuestra convicción de continuar rechazando contundentemente todos los proyectos del mal llamado “progreso” y “desarrollo”, porque lo único que garantizan es la muerte de nuestra Madre Tierra. No consentiremos el establecimiento de minería tóxica, presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD, “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de gas y petróleo, o cualquier otra barbaridad que intenten imponernos. En los pueblos y las comunidades indígenas queremos seguir siendo campesinas y campesinos; en las ciudades y zonas conurbadas queremos consumir alimentos sanos y cultivados desde las comunidades mexicanas. En todas nuestras comunidades queremos vivir con dignidad.
Está muy claro y presente que la lucha de la resistencia y la defensa del territorio la encabezamos las mujeres. Nuestra capacidad de amor por la vida, nuestra fortaleza y energía y nuestra pertinencia para abrir espacios de participación y respeto, hace que hoy seamos las protagonistas de las resistencias a nivel internacional, a tal grado que no es casualidad que seamos las más agraviadas, violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio.
Nuestro encuentro abre nuevos e interesantes retos para todas y todos nosotros, por lo tanto, vamos de regreso a nuestras tierras con la convicción renovada y con nuevos aprendizajes en nuestras cabezas y corazones. También regresamos con la necesidad de platicar, dialogar y compartir lo aprendido, de tal manera que inicie ya esta nueva estrategia articuladora para la defensa del territorio contra los proyectos relacionados al modelo extractivo.
No dejaremos de denunciar a las empresas y a los diferentes actores políticos de los niveles del gobierno que están a su servicio. No dejaremos de evidenciar la destrucción del ambiente que ocasionan este tipo de proyectos extractivos. Es una vergüenza para México, que después del mayor desastre ambiental de los últimos años ocasionado por Grupo México, éste sea premiado con el certificado de “industria limpia”, cuando la población afectada sufre de daños a la salud y ha perdido su río por varias decenas de años.
Exigimos al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Economía, la cancelación inmediata y permanente de todas las concesiones mineras que de forma arbitraria y al margen de nuestro Pueblo ha entregado por todo el territorio nacional, violando todos los derechos humanos.
Hacemos un fuerte llamado para que seamos los pueblos quienes realicemos el ejercicio libre y pleno de nuestros propios procesos de consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es nuestro derecho y no un mecanismo de aplicación de los gobiernos o de las empresas. Declaramos que en nuestras comunidades hemos reflexionado el tema, y hemos llegado a una conclusión contundente: NO QUEREMOS PROYECTOS DE MUERTE. No necesitamos ser consultados para que intenten convencernos de lo contrario, nuestra decisión es sólida y firme.
En este Encuentro todas y todos los presentes refrendamos nuestra solidaridad con los diferentes movimientos, que a nivel nacional han salido a la calle a defender sus derechos. En ese contexto nos solidarizamos con la CNTE en su lucha contra la mal llamada “reforma educativa”Rechazamos todas las reformas estructurales porque van en contra de la nación, son anticonstitucionales y amenazan la vida de los pueblos. Recordamos con dolor y manifestamos nuestra total solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y también tenemos presentes a los 120,000 desaparecidos en el país.
Recordamos también a nuestros compañeros y compañeras que nos han sido arrebatados por las empresas y los gobiernos coludidos. Todas las luchas por la justicia son nuestras luchas, sin importar el lugar del mundo en donde se den. Desde aquí hacemos un fuerte reclamo y exigimos el esclarecimiento del asesinato de nuestros compañeros Bertha Cáceres, Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Exigimos una comisión de investigación independiente para el esclarecimiento de estos asesinatos, así como la cancelación de todos los proyectos en el Río Blanco en Honduras. Nos hermanamos con todas y todos nuestros compañeros quienes por defender la vida han tenido que dejar su casa por persecución, hostigamiento y amenazas de muerte. Celebramos la reciente liberación de los 7 compañeros injustamente detenidos de la lucha de Barillas en Guatemala. Nos solidarizamos y hermanamos con todas las luchas en defensa del territorio en estos países y en toda América Latina.
Los cientos de personas, representantes agrarios, académicos, medios libres y organizaciones sociales de 18 estados (Morelos, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México), así como los representantes de resistencias tanto de Canadá como de Guatemala, hacemos un llamado a los medios de comunicación y a nuestros hermanos y hermanas campesinos, obreros, académicos, estudiantes y artistas, así como a la sociedad en general, para hacer un frente común por la defensa de nuestros territorios, la Madre Tierra y en contra de todas las formas de despojo y opresión.
¡TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS!
¡NO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO Y PLATA EN LA TIERRA DE ZAPATA!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!
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Los derechos de los indígenas son clave contra el cambio climático

Pastores masai venden sus animales en un mercado de Narok, Kenia. Crédito: FAO

IPS


ROMA, 25 jul 2016 (IPS) - Ya no se trata de restablecer los derechos legítimos de los más de 370 pueblos indígenas en 70 países, muchos de los cuales viven en condiciones precarias, sino de su papel clave en la lucha contra el cambio climático, subraya la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Muy pocos países han asumido un compromiso claro con un requisito del Acuerdo de París sobre Cambio Climático que (estipula) que los países que emprenden actividades contra el cambio climático deben asegurar los derechos de los pueblos indígenas” dice la relatora Victoria Tauli Corpuz, ella misma una dirigente indígena del pueblo kankanaey igorot de Filipinas.

"A menos que ayudemos a los pueblos indígenas a lograr una tenencia segura de la tierra y un mejor gobierno, será muy difícil alcanzar soluciones a largo plazo. Nos estamos quedando atrás, y tenemos que hacer más": René Castro Salazar.

La relatora recuerda “la gran cantidad de muertes violentas de personas que protegían sus bosques y derechos a la tierra en 2015 – el año más mortal para los defensores del ambiente que se registre”, afirmó.

“Es una situación grave en términos de respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, declaró ante los participantes del Comité Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que sesionó en la capital italiana del 18 al 22 de este mes.

“Los pueblos indígenas de todo el mundo experimentan las consecuencias de la colonización y la invasión históricas de sus territorios, y son objeto de discriminación debido a sus distintas culturas, identidades y formas de vida”, expresó Tauli Corpuz.

“Los gobiernos deben hacer mucho más para ofrecer las condiciones propicias necesarias para que los pueblos indígenas, las comunidades locales, los pequeños productores y sus organizaciones recuperen los paisajes degradados y logren la mitigación y la adaptación al cambio climático en la práctica”, recomendó la FAO.

En concreto, René Castro Salazar, subdirector general de la FAO, advirtió que el tema de los derechos indígenas a la tierra y los territorios es “fundamental” para el éxito de las iniciativas frente al cambio climático.

“A menos que ayudemos a los pueblos indígenas a lograr una tenencia segura de la tierra y un mejor gobierno, será muy difícil alcanzar soluciones a largo plazo. Nos estamos quedando atrás, y tenemos que hacer más”, exhortó.


Vastas reservas de carbono

Un tercio de los bosques del planeta son gestionados de alguna manera por familias, pequeños agricultores, comunidades locales y pueblos indígenas, y representan algunas de las mayores reservas de carbono, informó la FAO informó durante la reunión.

Solo los bosques comunitarios reconocidos por los Estados albergan aproximadamente 37.700 millones de toneladas de reservas de carbono.

“Los pequeños productores familiares, las comunidades locales y los pueblos indígenas tienen un papel clave que desempeñar en la preservación de estas reservas de carbono mediante la reducción de la deforestación, la gestión sostenible de los bosques y la recuperación de la cubierta de árboles como parte de las economías rurales productivas, particularmente cuando pertenecen a las organizaciones de productores fuertes”, según la agencia de la ONU.
Además, unos 1.500 millones de hectáreas de tierra tienen el potencial para que los pequeños agricultores combinen la agricultura con árboles.

“Pero si no se encuentra la mejor manera de interactuar con los actores locales y alinear sus intereses con la conservación forestal se puede comprometer significativamente las posibilidades de lograr las metas de captura de carbono y de mitigación”, advirtió.


Una mayor propiedad

En una declaración final emitida al término de la reunión de Roma, los participantes instaron a los gobiernos a establecer las condiciones propicias necesarias para que las comunidades locales, los pueblos indígenas y los productores locales “gestionen territorios más grandes, de asegurar y hacer cumplir los derechos de tenencia a la creación de incentivos comerciales favorables y ofrecer servicios de extensión técnica, financiera y empresarial”.

También pidieron a los mecanismos de financiación globales, las políticas estatales y los inversores privados que dirijan la inversión y el apoyo a las comunidades locales, los pueblos indígenas, los pequeños productores y las organizaciones de productores.

Por último, solicitaron que las iniciativas de cambio climático le den “una mayor propiedad a las comunidades locales, los pueblos indígenas, los pequeños productores y las organizaciones de productores, para que participen en la evaluación… cualitativa de la cubierta forestal y los árboles en las explotaciones agrícolas que gestionan”.


Precarios medios de vida de millones de personas

Con motivo de la reunión de Roma, la FAO publicó un nuevo estudio que ayuda a llenar un vacío de conocimiento sobre la presencia y la extensión de los bosques y los árboles en las zonas áridas del mundo, donde la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas, de por sí precarios, se ven cada vez más amenazados por el cambio climático.
Los resultados preliminares del estudio señalan que los árboles están presentes con enormes diferencias de densidad en casi un tercio de los 6.100 millones de hectáreas de zonas áridas del planeta, lo que abarca un área más de dos veces superior al tamaño de África. Casi 18 por ciento de esa zona contiene bosques.

Se calcula que 2.000 millones de personas – 90 por ciento de ellas en el Sur en desarrollo – viven en zonas áridas. Estudios recientes han indicado la necesidad de recuperar estas tierras para lidiar con los efectos de la sequía, la desertificación y la degradación de la tierra.
En particular, se espera que la disponibilidad de agua en las tierras áridas disminuya aun más debido a los cambios en el clima y el uso del suelo, advierte el nuevo estudio.

“Las personas pobres que viven en zonas rurales remotas serán las más vulnerables a la escasez de alimentos, lo que combinado con la violencia y la agitación social ya son factores importantes que llevan a la migración forzada en las regiones áridas de África y Asia occidental”, pronostica.

Hasta ahora, ha habido poco conocimiento de base estadística en los árboles de secano – en particular los que crecen fuera de los bosques – a pesar de su importancia vital para los seres humanos y el ambiente, según el estudio.

Las hojas y los frutos de los árboles son fuente de alimentos para los seres humanos y forraje para los animales. Su madera proporciona el combustible para cocinar y calentar la vivienda y puede ser una fuente de ingresos para los hogares pobres.

Los árboles protegen los suelos, los cultivos y los animales contra el sol y el viento, mientras que los bosques son a menudo ricos en biodiversidad.

Las tierras áridas se dividen en cuatro zonas, como se aprecia en este mapa. La zona subhúmeda es la menos árida de las cuatro y consiste sobre todo en la sabana sudanesa, los bosques y pastizales de América del Sur, las estepas de Europa oriental y el sur de Siberia y la pradera canadiense.

La mayoría de los bosques áridos se encuentran en esta zona, al igual que grandes superficies de agricultura intensiva sometida a regadío, a lo largo de los ríos perennes. En el otro extremo, la zona hiperárida es la más seca y está dominada por el desierto. El Sahara solo representa 45 por ciento del total, y el desierto de Arabia es otro componente de gran tamaño.



Traducido por Álvaro Queiruga

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El Bala y los millones de dólares de inversión



Es una buena noticia saber que no se construirá una represa en el estrecho de El Bala, ubicado en el norte paceño, en la región del Parque Nacional Madidi. Bueno, al menos eso es lo que explicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en una entrevista con ATB. Es palabra oficial.
Entonces, ¿se puede decir que el Gobierno hizo caso a las alertas de los científicos y ambientalistas sobre los grandes impactos ambientales y sociales de una megarrepresa? No tengo la respuesta porque no conozco el resultado de la consultoría realizada por Geodata, por la cual el Gobierno pagó más de 20 millones de dólares. No se hizo conocer ni el documento ni su síntesis. ¿Por qué será?
Lo cierto es que se construirá una hidroeléctrica sin un embalse en el estrecho de El Bala, para generar 425 megavatios (MW); y en el Chepete, para producir 3.251 MW. Claro está que, en este último lugar, se edificará una megarrepresa. Esta será la cuarta obra de este tipo más grande de la región, según el Ministro de Hidrocarburos.
Hasta ahora, según la investigación que realicé sobre el tema para el reportaje que publiqué el pasado año, todos los estudios y proyecciones se centraron en los efectos que produciría una represa en el estrecho de El Bala. Ninguna investigación fue tan exhaustiva como la que se encomendó a Geodata, empresa italiana contratada ahora de manera directa y a la cual el Gobierno pagará (según el contrato firmado el 27 de julio) 11.8 millones de dólares por el estudio a diseño final del proyecto.
Lo cierto es que se requerirá una obra monumental, puesto que la construcción de las dos fases (El Bala y Chepete) requerirá 6 mil millones de dólares. ¡Cuánto dinero! Entonces, no, no es una buena noticia, puesto que el impacto se traslada unos kilómetros y, de todas maneras, se compromete a parte del Madidi.
¿Qué cantidad de habitantes (indígenas e interculturales) serán afectados? ¿Cuántos árboles se tumbarán liberando C02? ¿Cuánto metano se producirá con el embalse? Seguro que el informe de Geodata tiene las respuestas. Es trascendental conocer los argumentos de la empresa italiana que eligió esa alternativa de entre 20, sobre todo porque el presidente Morales dijo que será el pueblo paceño el que definirá.
El negocio del que habla el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, implica una inversión de 6 mil millones de dólares, para generar un ingreso de 1.250 millones de dólares por la exportación de 3.700 megavatios, se proyecta que a Brasil.
Dejando de lado el impacto ambiental y social en la región amazónica del departamento deLa Paz, donde se prevé construir las dos hidroeléctricas, existen otros aspectos a ser considerados, como señala la ambientalista Cecilia Requena. Tomando en cuenta que el estudio a diseño final estará listo en octubre de 2017 y que la construcción podría tomar unos cinco años, las hidroeléctricas estarían funcionando y generando energía después de 2020. Es decir, cuando el mundo esté en plena implementación del Acuerdo de París. Lo más probable es que Brasil (el potencial comprador) ya tenga instalados parques eólicos o solares para cubrir sus necesidades energéticas con tecnologías más limpias y económicas. Entonces, parece razonable preguntarse: ¿Para qué gastar tantos miles de millones? Ensayemos respuestas.

MIRIAM JEMIO F. COMUNICADORA, SOCIAL MEDIA, DOCENTE Y EXPERTA EN PERIODISMO AMBIENTAL Y DIGITAL TELMAJEMIO@GMAIL.COM | 30/07/2016 | ED. IMP.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0730/noticias.php?id=196175

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La aplicación de las resoluciones históricas de las Naciones Unidas para la protección de las aguas profundas es insuficiente

En los últimos diez años se ha avanzado mucho, pero no podemos abandonar hasta que se logren los objetivos

Deepsea


Hoy (29 de Julio de 2016) se publica un nuevo informe que repasa los diez últimos años de compromisos internacionales para la conservación de la biodiversidad en las aguas profundas. Dicho informe refleja avances significativos en nuestra capacidad de evitar el daño que producían las prácticas pesqueras destructivas a lo largo de la última década, pero llega a la conclusión de que la aplicación de las resoluciones históricas de la Asamblea General de las Naciones Unidas se queda corta y deja amplias zonas del océano desprotegidas frente a la destrucción causada por la pesca de arrastre.

El análisis realizado por la Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) se ha compartido con científicos del Congreso Internacional de Conservación Marina (International Marine Conservation Congress) celebrado en Canadá esta semana. Su publicación coincide con la Revisión formal sobre el progreso en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) y 66/68 (2011) de la Asamblea General en Nueva York los días 1 y 2 de agosto. Estas Resoluciones cuentan con una serie de acciones concretas que comprometen a las naciones que realizan actividades de pesca en alta mar a evitar dañar los ecosistemas marinos.

El informe, que ofrece un análisis detallado por regiones de las acciones requeridas y de las adoptadas por los Estados, destaca una serie de importantes acontecimientos que, sin lugar a dudas, se han producido gracias a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se incluirían en este apartado los tres nuevos acuerdos que establecen la creación de organizaciones regionales de ordenación de la pesca (OROP) con la tarea de gestionar las pesquerías en aguas profundas en el Pacífico Norte, Pacífico Sur y en el sur del océano Índico, así como las medidas adoptadas por algunas de estas organizaciones para restringir el uso de algunos aparejos de pesca de fondo especialmente destructivos y/o proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

Sin embargo, el análisis también demuestra que existen zonas muy significativas donde los requisitos de las Resoluciones siguen sin cumplirse parcial o totalmente, dejando grandes zonas del océano sin proteger. La mayoría de las evaluaciones de impacto que se han llevado a cabo en las pesquerías de aguas profundas en alta mar no cumplen con los criterios establecidos por la FAO, y no se han llevado a cabo evaluaciones de impacto acumulativas en ninguna región. Es posible realizar pesca de arrastre en zonas donde hay ecosistemas marinos vulnerables, y este tipo de pesca sigue siendo el más utilizado en la pesca de aguas profundas en alta mar. Todo ello a pesar de las preocupaciones manifestadas una y otra vez por la comunidad científica y que hacen referencia al impacto destructivo de estas prácticas en las especies, los ecosistemas, la biodiversidad y, más recientemente, la capacidad de estas especies y ecosistemas sedimentarios de retener y almacenar carbono.

Matthew Gianni, principal autor del informe, afirmó: “se ha progresado en la protección de los ecosistemas de aguas profundas frente a los impactos de la pesca, pero todavía queda mucho por hacer. Hace diez años que se adoptó la primera de las resoluciones históricas de las Naciones Unidas y ocho años que la ONU instó a los Estados y a las organizaciones regionales de ordenación de la pesca (OROP) a que adoptasen y aplicasen las medidas incluidas en dichas resoluciones o a prohibir la pesca de arrastre en aguas profundas de alta mar. Sin embargo, también decimos “no se rindan”, porque tenemos que realizar este trabajo. En la mayoría de los casos, los problemas a la hora de aplicar totalmente estas medidas se deben a que no existe la voluntad política necesaria para aplicar el enfoque conservador requerido por la legislación internacional en la gestión de las pesquerías de aguas profundas frente a la incertidumbre científica. Todos reconocemos que las aguas profundas son un territorio que todavía no se ha estudiado suficientemente pero son una reserva global de biodiversidad y es importante que protejamos los océanos ante esta destrucción innecesaria.

El informe hace una serie de recomendaciones a los Estados y a las OROP, como, por ejemplo, prestar más atención a las evaluaciones de impacto y adoptar un enfoque más cuidadoso en el caso de los ecosistemas marinos vulnerables donde no se han tomado las medidas de protección necesarias.

Según Susanna Fuller, coautora del informe y miembro del Ecology Action Centre, “en la revisión de las acciones adoptadas para proteger los ecosistemas y las pesquerías de aguas profundas de los impactos de la pesca, abogaremos por el compromiso de los Estados para que apliquen totalmente estas resoluciones y establezcan límites claros para el trabajo y su finalización.”

Duncan Currie, asesor jurídico de DSCC y coautor del informe, añade: “todos los Estados, independientemente de que pesquen en alta mar, deben desempeñar un papel importante para garantizar que las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas se aplican totalmente, ya que dichas resoluciones representan los intereses de la comunidad internacional en general. Instamos a los delegados a que demuestren que siguen preocupándose por aplicar estas Resoluciones y que están comprometidos con otra Revisión. Pase lo que pase en Nueva York esta semana, necesitamos un acuerdo para acabar con el daño que se está causando a los ecosistemas marinos vulnerables en aguas profundas.”



FIN


Notas


El informe titulado ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar? Un análisis de diez años de aplicación de las disposiciones de las resoluciones 61/105, 64/72, y 66/68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la ordenación de la pesca en aguas profundas de zonas que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales, y su resumen ejecutivo se encuentran en la página web de DSCC (www.savethehighseas.org)
El informe fue presentado por su coautora, Susanna Fuller, durante el International Marine Conservation Congress (30 julio- 3 agosto de 2016 – St John's, Newfoundland y Labrador (Canadá) en el pre-IMCC Group on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction y será presentado en las Naciones Unidas el 1 de agosto por Matthew Gianni.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunirá en Nueva York los días 1 y 2 de agosto para revisar la aplicación de una serie de resoluciones históricas adoptadas por dicha Asamblea en las que se instaba a los Estados a adoptar medidas para evitar daños a los ecosistemas de aguas profundas y protegerlos frente a prácticas pesqueras destructivas.



Para más información, por favor pónganse en contacto con:
Matthew Gianni (matthewgianni@gmail.com) +31 646 16 88 99
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Con el glifosato en casa




Página 12/Rebelión


La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo 10 metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) en detrimento de la población.El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció pocos días después de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresariales: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (largos periodos de tiempo, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a fumigaciones continuas, cuando los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija 500 metros para la fumigación aérea y la reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y 10 metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta en la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1.000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de 100 trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias del uso de agrotóxicos en la población.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido en las comunidades afectadas por la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocio”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-305409-2016-07-28.html

Fallos judiciales
Darío Aranda
Fallos judiciales en Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1.500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares y prohibición de las aspersiones aéreas (como sucede en la Comunidad Europea). En 2013, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que proponía fumigar a 100 metros de las viviendas. Había sido realizado junto con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Aapresid (empresas de siembra directa) y los dueños de aviones fumigadores. El documento llamado “Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en zonas periurbanas” no cita ninguna bibliografía científica independiente que respalde los 100 metros y mereció el rechazo de organizaciones sociales. Tres años después, de la mano de un ministro con pasado en Monsanto (Leonardo Sarquís), Buenos Aires ha ido por más: intenta reducir a sólo 10 metros las fumigaciones con los cuestionados agrotóxicos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/305409-78549-2016-07-28.html

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El Acuerdo de la Junta de Andalucía sobre el desamiantado de todos los colegios de la Comunidad, a examen





El pasado 12 de julio se publicó en el número 132 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el “Acuerdo de 5 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la planificación de la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas”. [i]  Como en el mismo se expone, es una respuesta del gobierno de Andalucía a una demanda social, derivada de la preocupación de la comunidad educativa, especialmente de las AMPAS, por la presencia de materiales con amianto en los centros educativos.
Una preocupación por el riesgo que ello representa tanto para la salud futura de los niños y niñas, como de las personas que desarrollan su trabajo cotidiano en dichos centros (profesores/as y personal no docente, como conserjes, ordenanzas, mantenimiento, etc.).
Debemos congratularnos de que la administración regional, de acuerdo con sus competencias, asuma las correspondientes responsabilidades y actúe consecuentemente: “La Consejería de Educación, consciente de la importancia de que la actividad educativa se desarrolle bajo condiciones de seguridad y salud idóneas, considera como principio prioritario y objetivo fundamental garantizar las mismas en todas sus instalaciones”.
¿En qué consiste la planificación acordada por el Consejo de Gobierno andaluz? En un conjunto de actuaciones destinadas a identificar e inventariar las infraestructuras educativas públicas con materiales que contengan amianto, evaluar el estado de dichos materiales, y proceder, en su caso, a su retiradagradual, de aquí al 2022.
La retirada de los materiales con amianto seguirá un orden de prioridades, comenzando con los considerados como friables, para proseguir después con losno friables, estableciendo unos plazos y recursos para éstos en función de una serie de criterios: estado de conservación, antigüedad, dimensiones, accesibilidad, etc.
Quedan cuestiones importantes aún por concretar y perfilar, de modo que en el Acuerdo el Consejo de Gobierno faculta a la Consejera de Educación para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución. Y también premisas y consideraciones, contenidas en el propio Acuerdo, que resultan contradictorias con ese principio prioritario y objetivo fundamental antes aludido, garantizar que la actividad educativa se desarrolle bajo condiciones de seguridad y salud idóneas.
Pasamos a continuación a indicar esas contradicciones, y los motivos que justifican la necesidad de su aclaración, por parte de la Junta de Andalucía, en esta fase inicial del plan de eliminación del amianto instalado en los centros e infraestructuras educativas.
1º. ¿No existe legislación obligatoria que fundamente este plan?
Se indica en el Acuerdo que no existe actualmente “legislación o planificación nacional, ni internacional, que obligue a la retirada inmediata de este elemento de las construcciones educativas”. Sin embargo, se menciona que la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la se prohibía definitivamente la comercialización y uso del amianto en España, señalaba que “El uso de productos que contengan las fibras de amianto, que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil”.
Por tanto, sí existe una legislación nacional que establece la necesidad de retirar los materiales con amianto que hayan llegado al fin de su vida útil. Además, la Directiva 1999/77/CE de la Comisión, cuya trasposición a nuestro derecho interno se realizó a través de la citada Orden de 2001, añadía que “Sin embargo, los Estados miembros podrán prohibir en su territorio, por razones de protección de la salud, el uso de tales productos antes de su eliminación o el fin de su vida útil”.
El hecho de que efectivamente no haya un plan de acción nacional para la gestión, control y eliminación definitiva del amianto en el entorno laboral y social es un problema grave al que el Estado español debe dar solución, porque la Directiva europea de 1999 ya apuntaba esa posibilidad, y porque la Orden de 2001 establecía una obligación que supone implícitamente desarrollan una política específica al respecto.
Y como se menciona en el Acuerdo, la Conferencia Europea sobre el amianto de 2003 y la resolución del Parlamento Europeo de 2013 instan a los gobiernos europeos a elaborar esos planes de acción. La alternativa, que es la situación en la que ahora nos encontramos, y que en Andalucía podría corregirse a través de este Acuerdo, es mucho peor, actuar sin criterios ni regulaciones conllevará en el futuro más afectados por el amianto; es lo que en otros países han denominado la tercera oleada de víctimas del asbesto.
Al mismo tiempo, los centros educativos son centros de trabajo, donde desempeñan su actividad profesional personal docente y no docente. Están, por tanto, afectados por la normativa de prevención de riesgos laborales.
La Ley 31/1995 constituye el marco de referencia en nuestro país de esta normativa, estableciendo los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, y la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. Dentro de estos principios generales de la acción preventiva se encuentran evitar los riesgos, y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Es evidente que este mandato legal es plenamente aplicable al caso: la exposición a fibras de amianto o asbesto es un riesgo conocido para la salud en el ámbito laboral, como en el propio Acuerdo se indica. Antes que evaluar ese riesgo, con mediciones o criterios poco o nada concluyentes, se antepone la urgente necesidad de eliminarlo. Retirando estos materiales, se cumple con ese mandato legal.
2º. ¿Una acción específica, o integrada en la programación ordinaria de mejora de infraestructuras educativas?
El Acuerdo contempla la retirada de los materiales con amianto como una “acción específica”, para dar respuesta a la preocupación de la comunidad educativa. Sin embargo, insiste en que ya se venían realizando actuaciones de este tipo dentro de la actividad ordinaria de mejora de infraestructuras de los centros educativos, y que las nuevas actuaciones propuestas darán continuidad a las incluidas en la programación ordinaria de la Agencia Pública Andaluza de Educación, “con el objeto de continuar e intensificar su paulatina retirada de los centros educativos”.
Estas actuaciones ordinarias, programadas, a las que se hace referencia en el Acuerdo, no han resultado suficientes para dar respuesta a la demanda social de las AMPAS y sindicatos de enseñanza, demanda que no es puntual, ni novedosa, si no que ya lleva tiempo produciéndose, tanto en Andalucía como en otras CCAA. Casos como el colegio José Calderón de Campanillas (Málaga), que viene reclamando la retirada de materiales con amianto desde 2008, o el colegio Reggio de Puerto Real (Cádiz) son ejemplos evidentes de que las actividades ordinarias programadas aludidas por la gobierno andaluz no han sido efectivas hasta la fecha.
3º. La gravedad de los efectos nocivos del amianto.
Si por una parte en el Acuerdo se especifica que “la exposición a fibras de amianto o asbesto es un riesgo conocido para la salud en el ámbito laboral”, por otra se tiende a minimizar la gravedad que comporta dicho riesgo para las personas, y parece sugerirse en las últimas declaraciones aparecidas en prensa de responsables de la Consejería de Educación que la preocupación por el amianto es infundada (“la mera presencia de fibrocemento no debe ser motivo de alarma para la comunidad educativa. Solo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto” [ii] ), que si se retira este material es para tranquilizar a los padres y madres, no porque el amianto sea nocivo por su simple existencia, llegando a calificar el fibrocemento con amianto como un material “de los más seguros” y “no contaminante en absoluto a no ser que se manipule” [iii] .
En el Acuerdo del Consejo de Gobierno se expone que “De los estudios existentes no queda patente, ni determinados, sus efectos inmediatos en la población general”. No, evidentemente; no pueden existir estudios que establezcan “efectos inmediatos” en la salud de la población general, porque el amianto actúa a largo plazo. Las personas expuestas hoy, podrán enfermar dentro de 30, 40 o 50 años. De cáncer de pulmón, de laringe, o del terrible y letal mesotelioma; particularmente, de esta gravísima patología, para la que no existen dosis o exposiciones mínimas.
Por supuesto que en el caso del amianto, como cualquiera otra sustancia cancerígena, la probabilidad de padecer un cáncer dependerá de la dosis, duración, vía de exposición, etc. Como se menciona en el Acuerdo. Pero no es el caso del mesotelioma; solo el amianto puede originar esta enfermedad mortal, aún con exposiciones breves o esporádicas, incluso de baja intensidad, pudiendo afectar tanto al sistema respiratorio (pleura) como a otras partes del cuerpo: pericardio, peritoneo, túnica vaginal, etc.
Como se afirma en la Guía de Buenas Prácticas del SLIC [iv] (pág. 10) aludida en el Acuerdo, “Se considera que el riesgo de contraer mesotelioma a lo largo de la vida es más elevado para alguien que haya estado expuesto a una edad temprana que para alguien que haya estado expuesto en una etapa posterior de la vida”.
Afirmar, entonces, que en un centro educativo donde aún se encuentran instalados materiales con amianto, sean placas de cubierta o conducciones de fibrocemento, o cualquier otra aplicación de las llamadas no friables, “su mera existencia no supone un peligro” es una absoluta falta de rigor, que debería ser subsanada. Si de lo que se está tratando, insistimos, es de garantizar que la actividad educativa se desarrolle bajo condiciones óptimas de seguridad y salud, es preciso ser totalmente escrupulosos.
4º. Amianto ¿friable o no friable?
En el Acuerdo se expone, por un lado, que “Las fibras de asbesto pueden liberarse al aire al friccionar materiales que lo contienen durante el uso del producto, demoliciones, mantenimiento, reparación y renovación de edificios o viviendas, así como a causa de la degradación de depósitos naturales o deproductos de asbesto manufacturados, como podrían ser las planchas de uralita dispuestas a la intemperie por largo tiempo.”
Y sin embargo, de deslizan afirmaciones que sugieren algo diferente, cuando no lo contrario, generando una confusión que entendemos debe igualmente clarificarse: “si no se manipula friccionándolo o por su degradación por exposición ambiental, no se liberan las fibras de asbesto”. O ésta otra “los trabajos que conllevan la manipulación de este material sí son susceptibles de producir riesgo de inhalación, especialmente para los trabajadores que efectúan estas tareas o para las personas que se encuentren en el entorno inmediato mientras se llevan a cabo las mismas”. Y ésta última: “el 77% del amianto generalmente utilizado entre los años 1960-1980 estaba presente en elementos de fibrocemento –material no friable– en un 10-20% de su composición, por lo cual no es fácil que emita polvo o fibras que suponen el mayor riesgo, ya que están fuertemente retenidas en la matriz y no puede ser disgregado manualmente, necesitando para ello la intervención de herramientas. A su vez no todos los fibrocementos contienen amianto”.
El amianto es por definición una sustancia friable, esta característica es intrínseca a su naturaleza. La clasificación entre materiales con amianto friables y no friables tiene su razón de ser, que la industria del amianto y los países que la apoyan y sustentan han aprovechado y aprovechan muy eficazmente: unos materiales son peligrosos, y los otros no (si no se manipulan, rompen, taladran, etc.). A partir de esa falsa premisa, se llega a la argumentación de que el fibrocemento y otros materiales no friables son totalmente seguros, para, finalmente, concluir que es mejor no retirarlos, porque su manipulación generará más riesgos que mantenerlos instalados.
Estas consideraciones sobre la no friabilidad de los materiales con amianto no deben ser empleadas por la administración si no es para priorizar la retirada de los mismos, como así se hace en el acuerdo (primero los materiales friables, luego los no friables, y entre éstos, por un orden que se establezca en función de su antigüedad y estado, dimensiones, accesibilidad, etc.; cualquier otra consideración es una trampa en la que no se debe caer). Todo material con amianto es susceptible de desprender fibras al ambiente, como se indica inicialmente, y debe ser retirado. Antes o después, según se prioricen los trabajos con criterios razonables.
5º. La vida útil del amianto instalado
Se señalaba anteriormente, y así se especifica en el Acuerdo, que la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de diciembre de 2001 establecía que el uso de productos con amianto, que ya estaban instalados o en servicio antes de su entrada en vigor, seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil, por lo que sería fundamental definir cuál es la vida útil de este producto.
Sin embargo, se elude esta definición en el Acuerdo, aduciendo que “no existe una definición”, y que es además “un tema complejo y difícil de caracterizar”, dependiendo de diversos factores.
Si, como indica la Resolución del Parlamento Europeo de 2013, que en el Acuerdo se cita, la vida útil de los materiales con amianto está entre 30 y 50 años, por tanto en un promedio de 40 años, y además se expone en el propio Acuerdo que “la antigüedad de los edificios en los que persista la presencia de estos materiales estará en el entorno de los 45 años” cuando finalice el plazo previsto en el mismo para la retirada de los mismos, 2022, es obvio que no pueden existir alternativas en la política a desarrollar ahora y hasta esa fecha. Todo el amianto instalado va a llegar al fin de su vida útil y es preceptivo retirarlo.
6º. ¿Qué materiales o aplicaciones con amianto pueden encontrarse en las infraestructuras educativas?
Según se indica en el contenido del Acuerdo que venimos analizando, “el 77% del amianto generalmente utilizado entre los años 1960-1980 estaba presente en elementos de fibrocemento”. Sin embargo, se expone que de los materiales con amianto existentes en los centros educativos de Andalucía, objeto del Acuerdo, “se considera que prácticamente el 95% son elementos de fibrocemento utilizado en las cubiertas de las edificaciones”.
¿A qué responde esta diferencia tan acusada? Cuando se habla de ese porcentaje estimado del 95%, nótese que no se está haciendo referencia a elementos de fibrocemento en general, si no que exclusivamente se cita a las cubiertas de edificaciones, que es precisamente la aplicación más común, pero también la que generalmente es más reconocible por la población.
Es razonable pensar que una buena parte de los materiales con amianto que no formaban parte de ese porcentaje del 77% de elementos de fibrocemento ya no se encontrarán instalados: nos referimos especialmente a los categorizados convencionalmente como “friables”, entre los que podemos citar, según la Guía de Buenas Prácticas del SLIC iv iv (págs. 12 a 18) aludida en el Acuerdo, los calorifugados y empaquetaduras, tableros, cartones y papeles aislantes, cordones e hilaturas, tejidos, masillas, sellantes y adhesivos, pinturas etc. Los motivos de que estos elementos o aplicaciones ya no se encuentren instalados es su mayor obsolescencia (a mayor friabilidad, menor durabilidad), y su sustitución progresiva para la adecuación de los centros e instalaciones a normas relativas a las instalaciones eléctricas, de calefacción, protección contra el fuego, etc. En la mayoría de los casos, sin haber considerado los peligros a los que se exponían las personas encargadas de estas labores de mantenimiento o sustitución.
Pero existirán otras múltiples aplicaciones que aún pueden continuar instaladas, y que no consisten exclusivamente en las conocidas como “uralitas”: otros materiales de fibrocemento como bajantes y conducciones, paneles o revestimientos, pizarras para las aulas [v] , cisternas y depósitos, conductos de evacuación de humos, conductos para protección de cableado, etc; revestimientos proyectados de amianto en estructuras metálicas; impermeabilizaciones mezclado con betún en azoteas y canales de desagüe; y suelos de vinilo-amianto, que se emplearon asiduamente en los colegios y que podrían estar presentes [vi] en las aulas, pasillos, gimnasios, baños, laboratorios, etc. etc.
Una de las actuaciones fundamentales acordadas en el Consejo de Gobierno es la de identificar e inventariar las infraestructuras educativas públicas con materiales que contengan amianto. Es preciso que esta identificación e inventario tenga en cuenta todas las aplicaciones y materiales susceptibles de contener amianto, por parte de técnicos con competencia y sin planteamientos previos o ideas preconcebidas. Y, desde luego, sin limitar este estudio a “los centros de los que se tiene conocimiento, por las diferentes fuentes de información existentes, de la presencia de materiales de este tipo”.
7º. La evaluación del riesgo: las mediciones ambientales.
Uno de los criterios que, según el Acuerdo que ahora analizamos, se emplearán para valorar el riesgo de exposición al amianto en los centros e infraestructuras educativas, será el resultado de mediciones ambientales, en el caso de materiales “no friables con deterioro manifiesto”, es decir, de los niveles de fibras de amianto en el aire. Según los resultados que se obtengan de estas mediciones, se realizará una “propuesta de actuación”.
Es necesario recalcar que desde el punto de vista preventivo debe primar el principio general de evitar los riesgos, y de sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Este principio, la ausencia del riesgo, es el único que permitirá garantizar el objetivo primordial que, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno, se persigue con las actuaciones programadas, garantizar unas condiciones de seguridad y salud idóneas.
La toma de decisiones a partir de unas mediciones ambientales no permitirá garantizar ese objetivo fundamental e irrenunciable.
En primer lugar porque los valores límites de referencia existentes actualmente en nuestra legislación laboral no pueden “considerarse como un valor que garantice la protección de la salud, ya que no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña ningún riesgo de cáncer”, como afirma el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [vii] . Del mismo modo se expresa en la Resolución del Parlamento Europeo [viii]aludida en el Acuerdo: ya en 1977, un grupo de expertos encargado por la Comisión Europea concluyó que «no existen pruebas teóricas de que exista un límite de exposición por debajo del cual no haya riesgo de desarrollar un cáncer» y que «no se ha establecido un nivel seguro de exposición al amianto», y considerando que esta opinión ha sido confirmada a lo largo de los años por todos los organismos científicos consultivos, y que los tribunales aceptan, por lo general, que no se conoce un límite de exposición al amianto por debajo del cual no existan riesgos”.
En segundo lugar, porque no existe un valor límite en la legislación española aplicable a las concentraciones de fibras de amianto en el aire en las mediciones de control e índice de descontaminación, y es preciso establecer previamente estos valores para las mediciones a efectuar, que en este caso requeriría el consenso con la comunidad educativa, incluida AMPAS, lo que no se ha producido.
Y por último, porque las técnicas habituales para la determinación de fibras de amianto en el aire (microscopía óptica) no permiten obtener con certeza la totalidad de las fibras presentes en ambiente.
En definitiva, que los resultados de unas mediciones ambientales, con nuestra regulación actual, y con los métodos empleados para su determinación y recuento de fibras, no van a ajustarse a la realidad: existirán fibras que no se van a ver o no se contabilizarán [ix] . Un ejemplo evidente de todo esto lo tenemos en el reciente caso del CEIP Reggio de Puerto Real: se efectuaron mediciones ambientales cuyos resultados estaban por debajo del valor de referencia, por lo que se concluyó diciendo “que no existe riesgo de exposición a amianto”. Pero en un segundo informe, correspondiente a la determinación cualitativa de la arenilla situada bajo la cubierta de fibrocemento se concluía que “se ha detectado la presencia de amianto, de variedad crisotilo”.
Insistir en esta opción de realizar mediciones ambientales, cuando el nivel de tolerancia ante la existencia de fibras de amianto en el aire ha de ser 0, precisamente para garantizar la salud de los niños y niñas, y de las personas que trabajan y acceden a los centros educativos, carece totalmente de sentido. Existen otros elementos de juicio, si lo que se pretende es establecer el orden de prioridades para la retirada de materiales con amianto.
8º. La identificación de las infraestructuras educativas con amianto y el inventario para la retirada programada .
Estas actuaciones son claves en el plan de retirada de amianto de los centros educativos, y debe abarcar el conjunto de centros e infraestructuras educativas de Andalucía, todas ellas. Así se establece en el Acuerdo, en su ámbito de actuación, especificado en el Anexo, apartado II.b) “El ámbito de actuación comprende sobre la base del principio de cooperación interadministrativa, todos los edificios, tanto de titularidad municipal como los de titularidad de la Comunidad Autónoma, destinados a escuelas infantiles, colegios de educación infantil y primaria, institutos de educación secundaria, centros de educación especial, así como las escuelas oficiales de idiomas y centros que imparten las enseñanzas artísticas y las residencias escolares, del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No obstante, en otros apartados del Acuerdo se introducen acotaciones que podrían generan dudas sobre el alcance final del mismo. Son éstos:
  • “El punto de partida estará constituido por los centros de los que se tiene conocimiento, por las diferentes fuentes de información existentes, de la presencia de materiales de este tipo”.
  • “Las actuaciones que requieran la intervención sobre elementos constructivos que contengan amianto deben tener un alcance ejecutable en época no lectiva, dada la imposibilidad técnica y legal de trabajar sobre los mismos en época escolar”.
  • “se estima que el 3% de los centros pueden tener materiales con contenido de amianto. De estos elementos, se considera que prácticamente el 95% son elementos de fibrocemento utilizado en las cubiertas de las edificaciones”.
    De los tres párrafos, es el último el que más llama la atención. Se dispone de estimaciones sobre los centros que pueden tener instalados materiales con amianto, que se estima en un 3% de los casos.
    Sin realizar un inventario exhaustivo, en todos los centros educativos, como se indica en el ámbito de actuación antes aludido, y para todos aquellos materiales y aplicaciones susceptibles de contener amianto (no solo cubiertas de fibrocemento), a las que ya nos hemos referido en el apartado 6º, no se podrá garantizar que el plan de actuaciones acordado cumplirá con los objetivos y principios fundamentales que lo motivan y deben perseguirse.
    Por poner algún ejemplo, en el Reino Unido se publicó en 2012 un informe por parte del Grupo Parlamentario de Seguridad y Salud Ocupacional, titulado “Asbestos in schools. The need to action” [x] , que afirmaba que “de los 29.000 colegios en Gran Bretaña, más del 75 por ciento contienen amianto. Catorce mil colegios fueron construidos después de la segunda guerra mundial, y casi todos aquellos construidos antes de 1975 contienen amianto. La mayoría del resto de los colegios que fueron reformados durante este periodo también contienen amianto”.
    Más recientemente, otro informe del mismo Grupo Parlamentario, con el contundente título “The asbestos crisis. Why Britain needs an asbestos eradication law” [xi] iba aún más allá: “Un número desconocido de personas pueden haber desarrollado mesotelioma como resultado de su exposición en la edad escolar. Esto es debido a que el amianto está presente en alrededor del 75% de los colegios”.
    En Andalucía, según los registros actualizados a 18-07-2016 de la Consejería de Educación [xii] , hay un total de 5.231 centros e infraestructuras educativas. En la provincia de Málaga, 876. Si se aplicara el porcentaje de un 3% estimado, antes aludido, resultarían un total de 26 centros, aproximadamente.
    Recientemente, la Sindicato de Enseñanza de la CGT en Málaga ha publicado un trabajo con el título “Amianto en la escuela” [xiii] , en el que muestran los resultados de un trabajo de campo, en el que se visitaron 80 centros educativos, previamente seleccionados por sospechar o conocer que tenían cubiertas de fibrocemento, constatando que 24 tenían efectivamente este tipo de material en la cubrición de una o varias edificaciones. Un 30 por ciento, aproximadamente. Y una cifra muy aproximada a los 26 centros antes calculados, aplicando el porcentaje del 3%, estimado en el Acuerdo que estamos estudiando.
    Esta simple comparación nos puede dar una idea de cuál podría ser el sentido de los tres párrafos antes destacados.
    9º. Retirar o no retirar los materiales con amianto.
    Llegados a este punto, es preciso saber con certeza si el Acuerdo de 5 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la planificación de la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas, va a consistir precisamente en eso, o si se plantean alternativas a la retirada de los materiales con amianto.
    Las dudas surgen en una detenida lectura del propio Acuerdo, cuando se dice que se va a “proceder, en su caso, a su retirada gradual, de aquí al 2022”. ¿”En su caso”? ¿A qué casos se está haciendo referencia?
    En otro apartado del Acuerdo se indica que “El desmontaje en sí mismo también entraña un riesgo potencial, siendo en ocasiones más adecuado confinar o estabilizar los elementos que proceder a su retirada, ya que es en esta tarea en la que se puede producir el desprendimiento de fibras”.
    Por último, se argumenta que “el planteamiento de los distintos países de la Unión Europea en relación con el amianto difiere, así mientras que en Alemania se recomienda la retirada cuando es posible, en Reino Unido se aconseja mantenerlos «in situ» siempre que se encuentren en buen estado de conservación”.
    ¿Se está entonces proponiendo que los materiales con amianto que se considere que se encuentran “en buen estado de conservación” se mantengan instalados, para lo cual se propone “confinar o estabilizar” dichos elementos, como mejor alternativa que su retirada?
    Nos hemos referido anteriormente al caso del Reino Unido, citando dos relevantes informes del Grupo Parlamentario de Seguridad y Salud Ocupacional. En el segundo de ellos, “The asbestos crisis. Why Britain needs and asbestos eradication law” xi , se expone lo siguiente: “Pese a nuestras regulaciones, la práctica generalizada ha sido gestionar los materiales instalados sin retirarlos, si se encontraban en buenas condiciones y no era previsible que fueran dañados”; “Tras 15 años de la prohibición del amianto, la mayor parte aún se encuentra instalado y supone un grave riesgo para trabajadores y ciudadanos en general”; “Es imposible saber con certeza el número de personas expuestas hoy al amianto, o los niveles a los que están expuestos”. “Ha llegado el momento de adecuar nuestras regulaciones para la eliminación del amianto que aún queda instalado en Bretaña”. “Solo de esta manera podemos asegurarnos de que futuras generaciones no van a experimentar la misma epidemia mortal de enfermedades del amianto, que hoy padecemos nosotros”.
    En el Reino Unido, según cifras oficiales, 5.000 personas al año fallecen prematuramente a consecuencia de la exposición al amianto. Tres veces más víctimas que las producidas por accidentes de circulación. Las cifras pueden mantenerse en estos abrumadores niveles hasta 2.020, pero, según este informe, no existen motivos para creer que la exposición al amianto va a reducirse considerablemente las próximas décadas, si no se llevan a cabo acciones para eliminar la causa de las enfermedades provocadas por el asbesto: la presencia de materiales con amianto.
    No hay opción alternativa. El mantenimiento de los materiales con amianto, aplicando técnicas de “encapsulamiento”, no eliminan el riesgo. Para llevarlas a cabo, es preciso previamente preparar las superficies a revestir (placas de fibrocemento con amianto), cepillándolas o rascándolas para eliminar adherencias, o mediante la aplicación de sustancias desincrustantes y posteriormente chorro de agua a presión, lo que generará desprendimiento y dispersión de fibras de amianto. La vida útil del amianto instalado no puede prolongarse: hasta su eliminación o fin de su vida útil; la solución es la retirada del material

    10º. La contratación y ejecución de la retirada de los materiales con amianto en las infraestructuras educativas. Por un desamiantado seguro.
    El proceso de retirada de materiales con amianto no es nada sencillo. Requiere un conocimiento profundo de los materiales a manipular, unas prácticas y procedimientos de trabajo muy especializados, equipos profesionales de personas capacitadas. Es un trabajo muy peligroso y extraordinariamente exigente, al tener que realizar sus tareas equipados con prendas especiales de protección, equipos de protección respiratoria, sistemas anticaídas para trabajos en altura, etc., normalmente en verano, cuando los centros educativos permanecerán cerrados durante un mayor tiempo.
    La normativa que regula este tipo de trabajos exige, como se indica en el Acuerdo, que las empresas estén inscritas en un registro específico (RERA), y que se elaboren planes de trabajo, que deberán ser previamente revisados y autorizados por la autoridad laboral. Pero estos dos requisitos se han demostrado, en la práctica cotidiana, y muy frecuentemente, insuficientes. Insuficientes para garantizar la salud y seguridad de los propios trabajadores, encargados de llevar a cabo estos procesos de retirada de materiales con amianto, y también para terceras personas que pueden verse afectadas por la exposición al amianto, si no se llevan cabo dichas labores con el rigor y profesionalidad requeribles.
    Por estos mismos motivos, y ante un caso que recientemente se ha dado a conocer en los medios de comunicación, la Asociación Nacional de Empresas de Desamiantado, que aglutina algunas de las principales empresas del sector, hizo público a través de su página web [xiv] en abril de este año un comunicado en el que denunciaba el caso del Teatro de la Maestranza de Sevilla no era una situación aislada, que en nuestro país existen casi 4000 empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), cuando en Francia son menos de 800, lo que hace imposible su control por parte de la administración competente, que el sistema de aprobación de planes de trabajo es insuficiente y que la actual normativa no garantiza, en absoluto, la correcta ejecución de los trabajos de retirada de amianto, a pesar de que se cuente con todos los permisos.
    Ante esta situación, y puesto que el Acuerdo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 05 de julio está pendiente de desarrollo y ejecución, por parte de la Consejería de Educación, a través de la publicación de las correspondientes disposiciones legales, se hace preciso contemplar aquellas medidas y condiciones que primen la especialización, capacitación y experiencia de las empresas que concurran a la ejecución de los trabajos de retirada de materiales con amianto, propiciando con ello que se asegure la calidad, eficiencia y control de los trabajos, por encima de cualesquiera otras consideraciones. De esta forma podrá, finalmente, desarrollarse este plan de actuaciones con las garantías necesarias para asegurar el objetivo fundamental que hemos reiterado, y que se concreta en el Acuerdo: garantizar que la actividad educativa se desarrolle bajo condiciones de seguridad y salud idóneas, y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajos de retirada de materiales con amianto se realice en idénticas condiciones. 

Notas:
[i] http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/132/BOJA16-132-00006-12551-01_00095031.pdf
[ii] http://www.elplural.com/2016/07/05/andaluc-destinar-60-millones-de-euros-la-retirada-del-amianto-de-colegios-e-institutos
[iii] http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-calle-recuerda-actuaciones-retirada-amianto-son-verano-20160711132943.html 
[iv] http://www.istas.ccoo.es/descargas/asbestoguide.pdf 
[v] Ver artículo “El amianto estaba en las aulas” http://www.eldiario.es/norte/euskadi/amianto-aulas_0_458804344.html 
[vi] http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/3657/4143
[vii]http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20Exposici%C3%B3n%20al%20Amianto.pdf
[viii] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0093+0+DOC+XML+V0//ES 
[ix] http://www.rebelion.org/docs/213890.pdf 
[x] https://www.ucu.org.uk/media/4999/Asbestos-in-schools---all-party-parliamentary-report-Feb-2012/pdf/asbestos_in_schools_booklet_lo_res.pdf 
[xi] https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/asbestoseradication.pdf 
[xii] http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/ 
[xiii] https://issuu.com/sindicatomalaga/docs/amianto_en_la_escuela  
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