viernes, 27 de agosto de 2010

Bolivia, entre el proceso de cambio y el poder de las multinacionales españolas


Revista Pueblos


Bolivia empezó a ser rentable para la Inversión Extranjera Directa cuando se pusieron a la venta las grandes empresas estatales del país. Fue entonces cuando los capitales foráneos iniciaron su control sobre prácticamente todos los ámbitos económicos. En este proceso, las multinacionales españolas han estado presentes en sectores tan estratégicos como el agua, la electricidad, la banca, los hidrocarburos, etc. A través de la actividad y los impactos pasados y actuales de dos de estas empresas, BBVA y Repsol, se puede deducir por qué la población se rebeló contra las compañías transnacionales a principios del siglo XXI.

La introducción de Bolivia en el neoliberalismo estuvo marcada por la aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 que suponía el fin del protagonismo del Estado en la gestión económica, establecido tras la Revolución de 1952. A partir de la década de los 80 se implementaron las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de diversas modificaciones legislativas cuyo objetivo no era otro que la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es entonces cuando se privatizan numerosas empresas estatales, pero no aquéllas que eran estratégicas. En la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo el llamado “proceso de capitalización” que significó la venta a las multinacionales extranjeras de estas empresas estatales claves. Entre los países emisores de IED, España cumple un papel significativo llegando a ser el tercer mayor inversor en términos de capital acumulado desde finales de los noventa.

En el presente artículo analizaremos el contexto en el cual la IED española aterriza en el país, sus implicaciones, el papel que han desarrollado las transnacionales españolas, y en concreto, el caso del BBVA y Repsol.

La Ley de Capitalización y la IED española

En el inicio del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003) ve la luz la Ley de Capitalización que da paso a la entrada de inversión extranjera en las empresas estatales más importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entre otras. Aunque se intenta diferenciar de una privatización para evitar la protesta social, éste es precisamente el objetivo. Con el agravante de la sucesión de irregularidades en la venta [1] y de los cambios fiscales a favor de las empresas transnacionales y en detrimento del Tesoro General de la Nación.

Bolivia no ha sido uno de los destinos principales de la inversión extranjera de España, pero el capital español sí ha sido importante en este país. Además, para España, las inversiones realizadas durante este período en Bolivia han resultado estratégicas. Multinacionales como Repsol, BBVA o PRISA han obtenido, gracias a las reformas neoliberales y el acompañamiento de las políticas y la diplomacia de los sucesivos gobiernos españoles, grandes beneficios que les han permitido continuar con sus actividades y expandirse por el continente. Actualmente, en términos de capital acumulado, España es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil [2].

La gran mayoría de las multinacionales españolas que operan o han operado en Bolivia lo hacen en sectores estratégicos para la economía tales como la gestión del agua y de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros y los medios de comunicación. Hablamos de Repsol YPF, Iberdrola, BBVA, Aena, Abertis, Mapfre, Prisa (Santillana) y de otras compañías que ya se han ido del país como Unión Fenosa, Abengoa y el Banco Santander. Para ver el papel que han tenido estas multinacionales en el desarrollo del país se tomarán como ejemplo dos compañías españolas: Repsol y BBVA.

Las pensiones de jubilación, el negocio para el BBVA

El desembarco de las entidades financieras españolas en suelo boliviano se enmarca en un proceso de bancarización progresiva que se vive en la región latinoamericana a partir de la década de los noventa y en el cual las entidades extranjeras verán su número en aumento. A finales de los noventa, el BBVAy el grupo Santander iniciaron su actividad en Bolivia.

El banco que hoy continúa en el país es el BBVA y centra su actividad en la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión (AFP Previsión). En el caso de Bolivia, la AFP es algo más que la compañía que gestiona el sistema de pensiones privado. La capitalización de las empresas estatales establecía que cerca del 50% de las acciones de estas empresas debían pasar a ser propiedad de los bolivianos y bolivianas. Pero el Gobierno de Sánchez de Lozada decidió que quien debía gestionarlo eran las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Así, en 1997 se crearon dos AFP: Previsión que fue adjudicada al BBV y Futuro que fue adjudicada a Argentaria. En el contrato se estableció un periodo de exclusividad de 5 años en el que se prohibía la entrada de otras compañías. Pero hay más, en 1999 se fusionan ambos bancos y se crea un monopolio privado, a cargo del BBVA, que administró el 100% de las pensiones y todas las acciones de la población boliviana. Hasta el año 2001 cuando el Gobierno boliviano obligó a romper dicho monopolio.

Para el Estado la gestión privada de las pensiones no supuso ningún alivio, debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007 llegó al 60%.

La nueva Ley de Pensiones proyectada por el Gobierno de Evo Morales prevé la creación de una entidad estatal denominada Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, ofreciendo la posibilidad de optar por una entidad pública para gestionar la jubilación. Ante la posibilidad de ver mermados sus beneficios, la multinacional financiera ha anunciado que pondrá sobre la mesa el Tratado Recíproco de Inversiones entre España y Bolivia que blinda los derechos de la compañía frente a las decisiones soberanas de un Estado como el boliviano.

Repsol en el lobby petrolero contra el proceso de cambio

En 1999, Repsol inició su actividad en Bolivia de forma indirecta ya que a través de su compra de YPF se convirtió también en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y su negocio actual continúa a través de las filiales Maxus Bolivia, Andina, y Repsol YPF Gas de Bolivia que produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país. Si tenemos en cuenta las cifras que manejaba la compañía en 2007, el total de sus activos era el equivalente a seis veces el Producto Interior Bruto (PIB) boliviano.

El daño que han hecho las multinacionales del petróleo, y entre ellas Repsol YPF, al patrimonio de la población boliviana, a su soberanía, a su derecho a la energía, a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha estado muy bien documentado en numerosas publicaciones [3] y ha sido denunciado en actos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos de Viena (Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008) [4]. Es más, la Guerra del Gas de 2003 fue la respuesta de la población a esta situación y, en ella, Repsol YPF tuvo un papel protagonista porque fue una de las impulsoras del proyecto Pacific GLP, que representaba el expolio histórico al que había sido sometido Bolivia en el sector de los hidrocarburos. A la multinacional española del petróleo le han atribuido el establecimiento de sobreprecios, el pago a proveedores no identificados, a compañías del mismo grupo corporativo, etc. para sobredimensionar los gastos [5].

Es importante señalar aquí el papel de transnacionales como Repsol en el proceso de cambio de Bolivia, iniciado con el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006. Desde su promulgación, la reacción de las multinacionales del petróleo ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En este contexto ha sido destacable la defensa a ultranza de los intereses económicos de Repsol por el Gobierno español. Todo ello con el fin de frenar cualquier medida que disminuya sus elevados beneficios.

Después de cuatro años parecen haberse calmado las tensiones pero esto no quiere decir que las multinacionales petroleras hayan aceptado perder la capacidad de decisión en la explotación de hidrocarburos, todo lo contrario, continúan presionando al actual Gobierno para mantener su posición privilegiada. Por ejemplo, en la conferencia “Sociedades Inflamables”, realizada en julio de 2009 en La Paz, el representante de un lobby petrolero afirmaba que la nacionalización estaba mal hecha y que se iba a estar privatizando en 5 años. Frente a estas afirmaciones el Gobierno de Bolivia se posiciona diciendo que el Decreto de Nacionalización establece el marco donde las compañías son socias y no patrones. En cambio, las multinacionales tienen en su mano una elevada capacidad de presión, no sólo por la diplomacia de los países de origen de estas compañías y los tratados bilaterales de inversiones que las protegen, sino porque la ausencia de su inversión ha ocasionado, y sigue haciéndolo, el desabastecimiento energético del país. Algo que no puede ser revertido por la estatal YPFB que, de momento, tiene medios limitados para realizar la exploración y explotación directamente, aunque tenga teóricamente la administración de las compañías petroleras. De este modo, el Gobierno boliviano llama a la inversión extranjera y las multinacionales ponen sobre la mesa sus condiciones. Los resultados actuales de la IED española

El BBVA y Repsol son sólo dos ejemplos del modo de actuar de las multinacionales españolas en Bolivia y esta forma de proceder se ha repetido con Abengoa en la privatización del agua en Cochabamba, con Iberdrola en La Paz y sus impactos laborales [6], con la ausencia de inversión de Red Eléctrica de España, el sesgo informativo de los medios de Prisa en contra del Gobierno de Evo Morales y las irregularidades cometidas por la editorial Santillana [7].

Lo que ha supuesto la entrada de IED foránea en Bolivia y en concreto los impactos de las multinacionales españolas en el país se desarrollará en un libro que publicará este año el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad. Como adelanto, los dos ejemplos de este artículo reflejan cómo estas transnacionales no han contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población ni a fortalecer sus decisiones soberanas, más bien han actuado en sentido contrario. Una vez que la población se ha pronunciado eligiendo un Gobierno que ha impulsado políticas de cambio, el reto sigue estando en desmantelar el poder de estas multinacionales y someter su actividad al respeto de los derechos fundamentales de la población.

*Erika González y Tania Martínez Portugal son investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Notas
[1] Gandarillas, M.; Tahbub, M. y Rodríguez, G. (2008). La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Icaria y Paz con Dignidad. Barcelona.

[2] Datos del Banco Central de Bolivia disponibles en su web.

[3] Gavaldá, M. (2006). Viaje a Repsolandia, Tútuma Edicions, Barcelona.

[4] Los informes de los casos presentados al TPP y las sentencias de las dos sesiones están disponibles en la web www.enlazandoalternati vas.org.

[5] McGuigan C. (2007). Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia?, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.

[6] Sáez, C.; Barba, M.; Lago, J. (2009). “Análisis de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales vascas: los casos de BBVA e Iberdrola”. Lan Harremanak nº 19.

[7] Martínez Portugal, T. “Filias y fobias políticas de los medios de comunicación en Bolivia: el caso de PRISA”. Boletín OMAL nº 38, enero de 2010.

Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1945


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Advierten devastación de la flora y extinción de la fauna en cuatro departamentos




Los presidentes del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y el Foro Cochabambino de Medio Ambiente y Desarrollo (Focomade) advirtieron este jueves una devastación de la flora y la extinción de la fauna en cuatro departamentos del país a causa de los incendios forestales incontrolables hasta la fecha.

“Prácticamente son casi todas las especies que hay en estas regiones del país”, sentenció Manuel Lima, presidente del Fobomade en declaraciones a la Red Erbol, a tiempo de lamentar la falta de medidas estratégicas de prevención de desastres por parte del gobierno central y las autoridades departamentales de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Pando.

Explicó que en Pando estarían en riesgo animales como la paraba colorada, el jochi pintado y colorado, además de los monos, en sus diferentes especies, que estarían migrando al norte de La Paz.

Indicó que ante este panorama las autoridades del Estado, encargadas del área (ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras) juegan un papel importante para controlar y fiscalizar, sin embargo, esta situación no sucede, sobretodo en Pando, porque “la atención no pasa de ser spots en medios televisivos y esto es una falta de respeto muy grande contra la biodiversidad y el ecosistema”.

Asimismo, se refirió a que en Santa Cruz se juegan los grandes intereses mezquinos de políticas de Estado “lo que hemos visto es que el Estado se equivoca en la implementación de una política de desarrollo para el caso del oriente”.

Por su parte, el presidente Focomade, Johnny Zambrana, explicó que a causa de otro incendio forestal registrado en el parque Tunari en Cochabamba, que al momento devastó alrededor de 150 hectáreas, se tiene 29 especies de mamíferos, siete especies de anfibios, 10 especies de reptiles, 187 especies de aves y 331 especies de plantas, en extremo peligro. Además que los arboles de pino, eucalipto y las retamas, que estarían siendo devorados por las llamas.

Las aves endémicas en riesgo, acotó, son el picaflor negro, el torvo boliviano y la monterita cochabambina y los animales carnívoros afectados por el incendio son el puma, el gato andino, montes y pajero, también el zorro fino.

Entretanto, el Ministerio de Medioambiente y Biodiversidad, ante la consulta realizada por la Red Erbol se resistió a brindar la información que tiene sobre los incendios forestales en el país y sus estrategias de control de los mismos para evitar la extinción de la flora y fauna en cuatro departamentos del país. Uno de los conceptos que utilizó fue que la nueva viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), Cinthia Silva Maturana, estaría de viaje en Brasil.


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El gobierno admite que no tiene plan de contingencia ni capacidad técnica para apagar incendios forestales




La ABT quiere revertir tierras a propietarios que chaquean y queman sin control, y duplicar multas por desmontes ilegales


Más de 8 mil incendios dañaron aproximadamente 637 mil hectáreas de bosque en todo el país entre el 16 y el 22 de agosto. Siguen avanzando el fuego y una densa humareda que contamina los cielos de varias ciudades capitales, sobre todo Cobija, Trinidad y Santa Cruz; 29 de 38 aeropuertos de siete departamentos tuvieron que suspender labores. El Presidente Evo Morales pide a gritos ayuda internacional porque su gobierno es incapaz de contener las llamas.



La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) contabilizó más de 34 mil incendios en todo el país hasta agosto de 2010, que comprometen aproximadamente a dos millones de hectáreas de bosques. Entre el 16 y el 22 de agosto el fuego dañó 637.391 hectáreas, de las cuales 535.132 (84%) se concentran en 12 municipios de Santa Cruz y 12 de Beni.
El 88% de los focos de calor registrados del 16 al 22 de agosto en estos 24 municipios. Santa Cruz: San Ignacio de Velasco (1.875 focos), San Matías (1.208), San Rafael de Velasco (817), Concepción (317), San Miguel de Velasco (315), San José de Chuiquitos (306), Puerto Suárez (176), Roboré (172), Pailón (149), San Javier (121), El Puente (108), y San Antonio del Lomerío (104). Beni: Santa Ana de Yacuma (500), Exaltación (440), Santa Rosa (267), Baures (201), Reyes (195), San Ignacio de Mojos (164), San Ramón (163), Magdalena (145), San Javier (142 focos), Huacaraje (140), San Andrés (110), y San Joaquín (104).
Los incendios afectaron a las reservas naturales Parque Nacional Tunari en Cochabamba, Parque Nacional y Área de Manejo Integrado de San Matías en Santa Cruz y la Cordillera de Sama en Tarija, y amenazan también a la reserva Manuripi-Heath en Pando. El fuego iniciado el 14 de agosto afectó entre 100 y 150 hectáreas de bosque en el Parque Tunari, y un estimado de 40 hectáreas en la Cordillera de Sama, informó a Enlared-Onda Local el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Adrián Nogales.
La intensa humareda que enrarece el aire de varias ciudades capitales podría provocar irritaciones oculares e infecciones respiratorias en infantes, personas de la tercera edad y enfermos con asma, advirtió el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en Bolivia Christian Darras.
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó que las infecciones respiratorias y los casos de conjuntivitis aumentaron en varias poblaciones, sobre todo en Ixiamas, San Buenaventura, Caranavi, Guanay, Tipuani y Palos Blancos. El Ministerio de Salud verificó que los niveles de contaminación del aire superan los parámetros recomendados por la OMS, y sugirió a la población abstenerse de realizar actividades físicas intensas.
El plan del gobierno contra los incendios
El Presidente Morales y el Vicepresidente Alvaro García Linera reconocieron que, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, las acciones del gobierno no fueron suficientes para contener el avance del fuego y la humareda. García Linera admite que el gobierno es incapaz de enfrentar la contingencia por sí solo y espera que varios países de Latinoamérica ayuden a apagar los incendios en Bolivia. Este jueves llega al país una misión de la Coordinadora Nacional Forestal (Conaf) de Chille.
Nos faltan equipos y un plan de contingencia, confesó García Linera y anunció que el gobierno comprará helicópteros y aviones para encarar este tipo de desastres en el futuro. Entre tanto, quiere al menos sancionar a los responsables del desastre. La ABT inició procesos legales contra 10 personas acusadas de provocar incendios para habilitar tierras de cultivo en Santa Cruz y Beni y tiene en la mira a otros 69 sospechosos.
“Vamos a denunciar la reversión de tierras porque así manda la normativa legal agraria en el sentido de que cuando se cambia la cobertura forestal por usos agrícolas, hay un incumplimiento de la función económica social y por lo tanto corresponde la reversión de la propiedad", explicó el director de la ABT Cliver Rocha.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. (Art. 349). Los bosques naturales y suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. (Art. 386).
Por mandato constitucional, el Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. (Art. 387). Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados. (Art. 389 Parágrafo III).
Por otro lado, la Ley Forestal 1700 dispone que para desmontar un área es preciso pedir permiso a la ABT (Art. 35), y pagar una patente equivalente a quince veces el valor de la patente mínima. Adicionalmente, hay que pagar un equivalente al 15% del valor de la madera aprovechada en estado primario del área desmontada. (Art. 37, Par III)
En caso de infracción, la Ley Forestal 1700 norma una escala de multas basada en porcentajes incrementales del monto de las patentes de aprovechamiento forestal o de desmonte, según corresponda, de acuerdo a la gravedad de la contravención o grado de reincidencia. El incremento no podrá exceder del 100% de la patente respectiva. (Art. 41 Par. II)
El Art. 43 del Reglamento forestal señala que la unidad de referencia del sistema será igual al equivalente en Bolivianos (Bs.) de entre cinco veinte centavos de dólar de Estados Unidos por hectárea (US$ 0.05 y 0.20/ha), según la gravedad de la contravención, aplicado sobre la extensión total del predio, que se irá incrementando sucesivamente en un cien por ciento sobre la base de multa anterior.
Si luego de la aplicación de 10 multas progresivas y acumulativas el obligado no cumpliera con las prestaciones que le correspondan, la autoridad lo conminará, expresamente y mediante resolución motivada, a satisfacerlas dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento de reversión o expropiación, según corresponda conforme a ley (Art. 43 Parágrafo V del Reglamento Forestal).
El director de la ABT propone revertir las tierras de propietarios que chaquean de forma indiscriminada con el fin de cambiar arbitrariamente terrenos forestales en áreas agrícolas, y castigar con fuertes multas a los responsables de desmontes ilegales.
El desmonte ilegal es la corta y tala de recursos del bosque sin autorización y con la finalidad de comercializarlos, o de limpiar una superficie de tierra para usos agropecuarios, producción de carbón, infraestructura caminera, petrolera y otros usos diversos no autorizados.
Según su propuesta, se impondrían multas de $us020/ha de la superficie del predio en caso de infracciones de Primer grado: quemas en sabanas y pastizales que no cuenten con la autorización de la ABT; en servidumbres ecológicas; en terrenos no aptos para uso agrícola ni pecuario y en áreas con cobertura boscosa, según POP y PLUS; en tierras de protección, y en concesiones forestales.
Se impondrían multas de $us 010/ha de la superficie del predio en caso de infracciones de segundo grado y leves: Quemas en sabanas y pastizales que no tengan las medidas de prevención de expansión de incendios y/o no cumplan las normas técnicas; y quemas autorizadas en sabanas y pastizales que incumplan las normas especificas para Quemas Controladas de Pastizales. Una quema controlada en un área determinada está perfectamente aislada para reducir el riesgo de expansión del incendio.
Además, el director de la ABT propone revertir o expropiar tierras si el propietario no paga las multas, como establece el Art. 43 del Reglamento de la Ley Forestal. En su criterio, el seguimiento a las autorizaciones de Quemas Controladas de Pastizales coadyuvará a la verificación de la FES.
Por otro lado, quien ocasione un incendio que se propague y produzca prejuicios a propiedad ajena sería sancionado con 2 a 4 años de prisión, en cumplimiento del Art. 206 del Código Penal. El que destruya, deteriore o exporte un bien de perteneciente al dominio público, una fuente de riquezas, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional incurrirá en privación de libertad de uno a seis años, complementa el Art. 223 del Código Penal.



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miércoles, 25 de agosto de 2010

Historia del cambio climático


Ramón Rocha Monroy

¿Por qué el hombre depreda la naturaleza? ¿Qué procesos mentales le inducen a enfrentarse con ella y a dominarla? Esa es la herencia que recibimos de Occidente con el colonialismo. Para Occidente, el hombre es el centro del universo, es la medida de todas las cosas, es el sujeto que conoce y obra para dominar a la naturaleza, transformarla, usarla y abusarla. Para las culturas andinas, el cosmos es el centro del universo, la Pachamama es la medida de todas las cosas, y el ser humano es apenas una partícula de ese gran Todo, con el cual debe vivir en armonía. El hombre occidental, como sujeto, es el hombre blanco, letrado, constructor de una cultura, propietario, elector, heterosexual; los seres humanos que tienen atributos contrarios no son sujetos, son objetos de conocimiento: la mujer, los hombres de color, los analfabetos, la naturaleza, los hombres que no han transformado a la naturaleza, los desposeídos, los no electores, los homosexuales y lesbianas.



Este proceso mental comenzó con el filósofo francés Renato Descartes. Él estableció esta diferencia sujeto/objeto, que es la base del pensamiento de Occidente, de la depredación de la naturaleza, del colonialismo y del sometimiento del otro, el hombre y la mujer de color, los iletrados, los desposeídos, las minorías sexuales.
Esta semilla mental ha sido la gran impulsora de la inteligencia técnica antes que de la inteligencia social; en ella hay que buscar la transformación agresiva de la naturaleza propia de la Revolución Industrial, del capitalismo, del colonialismo y del imperialismo, los excesos de la modernidad y postmodernidad; pero esa semilla mental está también presente en el pensamiento liberador occidental. Marx, Engels, Lenin son tributarios de ella porque para ellos lo más importante para la liberación de la humanidad era el desarrollo de las fuerzas productivas, el mito de la productividad común al capitalismo y al socialismo. Por esta razón, uno no sabe cuál de los sistemas fue más depredador de la naturaleza, si el capitalismo salvaje que se ensañó con las colonias, o el socialismo, que subordinó las economías locales, tradicionales, a la industrialización forzosa.
El resultado salta a la vista con el calentamiento global, que es producto del excesivo dominio y explotación del hombre sobre la naturaleza; y el remedio también es claro: es la restitución de la vieja concepción andina, para volver cada elemento a su sitio: el cosmos, la Pachamama, como centro del universo, y el ser humano como su tributario.
Para Bolivia y, especialmente, para Cochabamba, es un privilegio histórico propagar este principio en un evento planetario; hacer ver que no se necesita ser comunista o socialista para percibir que el actual depredador más grande de la naturaleza es el capitalismo salvaje; no el emprendimiento del capitalista productor de mercancías útiles, de alimentos, de valores de uso, sino del especulador financiero, del especulador alimentario que compra tierras para sembrar productos transgénicos, pero no para aliviar el hambre de la humanidad, sino para venderlos como materia prima de biocombustibles o para alimento del ganado, que produce más ganancias frente a la necesidad de dar alimento a los hambrientos.
Lo que se gesta este mes de abril en Cochabamba es la verdadera gran revolución liberadora de la humanidad: la restitución del concepto de vivir bien, con el cosmos en su lugar y el hombre en su lugar viviendo ambos en plena armonía, que es la base de la armonía entre las culturas. Es la superación del mito de la productividad occidental, que produce y produce sólo para especular y concentrar la riqueza, y no para producir valores de uso. Es la verdadera liberación del ser humano que crea condiciones para vivir y no para acumular, para distribuir y no para acaparar, para intercambiar con solidaridad, complementariedad y reciprocidad, y no con el sordo sentido de competencia del mercado occidental. Estos temas tendrán un peso sustancial en la agenda electoral de todos los pueblos y gobiernos del mundo.



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La FAO vaticina una crisis alimentaria en Bolivia


Fenómenos climáticos extremos mermaron la producción agropecuaria en el primer semestre de 2010


Las sequías, heladas e inundaciones que afectan a un área aproximada de 250 mil kilómetros, la quinta parte del territorio boliviano, podrían desatar una crisis alimentaria en Bolivia, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En las últimas semanas, aumentaron entre 30 y 40 por ciento los precios de las verduras, frutas, carnes y tubérculos, como previno semanas atrás el Banco Central de Bolivia (BCB).



Un informe de la CEPAL estimó que América Latina disponía de unos 720 millones de hectáreas agrícolas en 2007, y registró una expansión de las oleaginosas, especialmente soya, el estancamiento de algunos cereales y la reducción de productos tradicionales como el café y el cacao. El énfasis en las exportaciones agropecuarias provocó cambios en el uso del suelo.
Según la FAO, América Latina y El Caribe registró una de las mayores tasas de deforestación y pérdida de hábitat del mundo: alrededor del 64% de la pérdida global de bosques entre 2000 y 2005.
La producción creciente de cereales, azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales para fabricar sustitutos de combustibles fósiles como etanol y biodiesel conllevó a la expansión de la frontera agropecuaria sobre áreas silvestres, con secuelas de contaminación por agroquímicos, alteraciones en el ciclo del agua, uso intensivo de recursos hídricos, pérdida de calidad de suelos y aguas y procesos de desertificación.
Según el informe Perspectivas del medio ambiente: América Latina y el Caribe del PNUMA (http://www.pnuma.org), la producción destinada a agrocombustibles tuvo impactos directos en el incremento del precio de alimentos básicos, y de manera indirecta en el encarecimiento de los productos ganaderos.
Para la FAO, otras causas importantes de las emergencias alimentarias fueron los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático: “La sequía es la más frecuente causa natural específica de aguda escasez de alimentos en los países en desarrollo”, señala la hoja informativa Cambio Climático, Agua y Seguridad Alimentaria 2009 de la FAO.
El PNUD y la FAO prevén que la agricultura de secano, que abarca el 87 por ciento de la superficie agrícola en América del Sur, será la más afectada por las alteraciones del ciclo hidrológico, sobre todo los pequeños cultivos de maíz que son sumamente sensibles al clima.
Todo indica que el índice de precios de alimentos de la FAO, que recoge los cambios mensuales de los precios internacionales de una canasta de materias primas alimentarias, será más alto en agosto que en julio, cuando marcó un máximo en cinco meses.
Daños en Bolivia
Se estima que de las aproximadamente dos millones de hectáreas cultivadas en Bolivia, sólo 11 por ciento cuenta con sistemas de riego y la mayor parte se concentra en pequeños productores expuestos a los vaivenes del clima. En el último estudio del Programa Nacional de Cambio Climático en Bolivia prevé que la agricultura será afectada por el incremento de la temperatura, la variación de la precipitación pluvial y otros fenómenos climáticos extremos.
Bolivia se ha visto afectada por eventos climáticos extremos como lluvias intensas, inundaciones, sequías y heladas. Las más vulnerables son las zonas andinas, del Chaco sur y vastas áreas del este, aseguró el coordinador de la FAO Einstein Tejada en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua de China.
El gobierno boliviano estimó que la sequía afectó a más de 16 mil cabezas de ganado y a más de 24 mil hectáreas de cultivos de trigo, frijol, maíz y otros productos propios de esas zonas. El sector agropecuario se desaceleró a una tasa de 0,5 por ciento en el primer semestre de 2010, informó a Xinhua el investigador Luis Ballivián.
Las pérdidas económicas son cuantiosas y los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro y La Paz corren riesgo de padecer un incremento de precios de la canasta familiar en las próximas semanas. Un sondeo reciente confirmó un aumento de precios de entre 30 y 40 por ciento de los alimentos de primera necesidad como las verduras, frutas, carnes, pescado y tubérculos.
El Banco Central de Bolivia (BCB) señaló que el fuerte impacto de la sequía y las heladas en la producción de alimentos elevará la tasa de la inflación. “En nuestro balance ponemos a la sequía como posible riesgo por el impacto que tiene en el nivel de producción de alimentos", dijo a Xinhua el presidente del BCB Gabriel Loza.
Las perspectivas para los últimos seis meses de 2010 apuntan a una estabilización gradual de la inflación a largo plazo, que es de cuatro por ciento, aunque ésta puede dispararse hasta seis por ciento a finales de año debido al aumento de precios de los alimentos.
La ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo dijo que todos los países están expuestos a los efectos climáticos, sobre todo cuando se trata de alimentos, pero descartó una posible crisis alimentaria en Bolivia. “La situación no es para alarmarse, no existe riesgo de crisis alimentaria en Bolivia”, aseguró el viceministro de Desarrollo Agropecuario Víctor Hugo Vásquez.
Vásquez destacó el aumento de la producción de trigo hasta 273 mil toneladas en los últimos cinco años, abasteciendo el 43 por ciento del consumo interno, y un superávit de más de 180 mil toneladas de azúcar y 30 mil toneladas de arroz.
La autoridad dijo que el gobierno pondrá en marcha varios programas para garantizar la provisión de alimentos, como por ejemplo el Programa Nacional de Fomento al Desarrollo Pecuario de Carne y Leche que comenzará en septiembre con una inversión de 10 millones de dólares con el objetivo de aumentar la población ganadera.
Bolivia cuenta con una población ganadera de aproximadamente ocho millones de cabezas; produce aproximadamente 181 millones de toneladas de carne y 399 mil litros de leche al año. Ahora el gobierno se propone comprar 12 mil cabezas de ganado mejorado y 24 sementales, e instalar tres laboratorios para la fertilización in vitro.
La FAO donó al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 751 mil dólares para financiar un programa de inmunización de al menos 170 mil cabezas de ganado vacuno, y de esta forma erradicar la fiebre aftosa hasta 2011.
La FAO ejecuta varios proyectos para potenciar la producción de semillas de calidad en beneficio miles de familias de pequeños agricultores en Perú, Bolivia y Ecuador. Según esa agencia, la falta de acceso físico y económico a simientes de calidad es una de las principales causas de los bajos rendimientos de los cultivos en la agricultura familiar.
El representante de la FAO para América Latina y el Caribe José Graziano da Silva dijo que a fines de julio se inició un proyecto en las zonas altoandinas de Perú, Bolivia y Ecuador para generar mayores rendimientos y producción de tubérculos y granos básicos a partir de semillas de especies nativas.
La representante del PMA en Bolivia Vitória Ginja destacó los esfuerzos del gobierno para aumentar la producción de alimentos y fomentar el consumo de cereales andinos. La oficina de la FAO en Bolivia también destacó las iniciativas gubernamentales para mitigar los efectos climáticos sobre la producción agrícola y ganadera, pero advirtió que a pesar de ello el impacto en la seguridad alimentaria se hará sentir en el país.
* Con datos de las agencias Xinhua, Prensa Latina y ABI.


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FAO: Fortalecer la agricultura familiar para eliminar el hambre en América


SENA-Fobomade

Es preciso apoyar y fomentar a la agricultura familiar para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, planteó la 31 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrada entre el 26 y el 30 de abril en Panamá.




a Conferencia Regional es la principal reunión que organiza la FAO para América Latina y el Caribe. La versión 31 de la Conferencia tuvo como principal objetivo revisar la labor realizada durante el bienio 2008-2009, y fijar prioridades hasta 2011 para cada una de las subregiones.
Asistieron al evento al menos 150 delegados de 33 países, entre ellos varios ministros y representantes de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y del Programa Diálogo Regional Rural de Centroamérica.
El 28 de abril hubo una reunión sobre un proyecto de la FAO de alimentación escolar en la región, que cuenta con el financiamiento del gobierno brasileño a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE).
En la jornada final de la Conferencia hubo un encuentro de seguimiento sobre políticas de apoyo a la agricultura familiar con la participación de ministros de Agricultura de todos los países que tienen programas específicos para el sector.
Se contemplaron citas de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre con organismos de integración regional y proyectos de seguridad alimentaria en el Caribe. El objetivo del intercambio fue fomentar la discusión sobre las formas de articular y coordinar el trabajo realizado.
También participaron en condición de observadores representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, quienes se reunieron en la II Conferencia Especial sobre Soberanía Alimentaria con vistas a consensuar un documento común que sea tomado en cuenta por la Conferencia oficial.
Los temas de la Conferencia
De la agricultura depende el bienestar económico y social de los países de América Latina y el Caribe y "las posibilidades de hacer frente a los desafíos socio-económicos que prevalecen en el campo", afirmó el director general de la FAO Jacques Diouf.
En ese marco, la 31 Conferencia de la FAO se concentró en el análisis del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en la región; en el estudio de políticas de fomento a la agricultura familiar, y en la gestión de riesgos y emergencias provocadas el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores agrícola, forestal y pesquero de Latinoamérica.
La agricultura se encuentra bajo presión por la creciente demanda de alimentos asociada al aumento de la población, a la conversión de la tierra y a la degradación áreas de cultivo. Augurios bien fundados suponen un futuro de guerras internas e internacionales a causa de la escasez de agua y alimentos, conflictos que ya ocurren en países muy vulnerables de África.
Las temperaturas más altas podrían reducir de manera considerable la producción de trigo, arroz y maíz, ingredientes básicos en la dieta de millones de personas que subsisten con un ingreso menor a un dólar diario, advierte una investigación presentada en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS en inglés), en San Diego, California.
La escasez resultante de esas cosechas probablemente empuje al alza los precios de los alimentos y aumente la pobreza de amplios sectores, concluye el estudio en 15 países en desarrollo de América Latina, Asia y África, realizado por científicos del Programa de Seguridad Alimentaria y Ambiente de la Universidad de Stanford.
En un escenario como el planteado por el Panel Internacional sobre Cambio Climático, que pronosticó para 2030 un aumento de un grado centígrado en la temperatura global, el modelo proyecta un cambio relativamente bajo en la producción alimentaria, los precios y la pobreza. Pero si el aumento de la temperatura es de 1,5 grados, se estima una baja en la productividad agrícola de entre 10 y 20 por ciento. Eso significaría un incremento del 10 al 60% en los precios del arroz, el trigo y el maíz.
Los retos impuestos por el cambio climático a la alimentación, derecho humano vital y objetivo del Milenio primordial de Naciones Unidas, son enormes. El Instituto Internacional de Política Alimentaria estimó que en 2050 habrá 25 millones de niños hambrientos a consecuencia del cambio climático, y que en 2100 la mitad de la población mundial se verá afectada.
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PNUMA) enfatizan en la importancia de ayudar con recursos financieros e inversiones a los países pobres, diezmados luego de varios siglos de colonialismo, saqueo y dependencia.
Según el director General de la FAO, la actividad agrícola requiere más inversiones públicas destinadas a la creación de capacidades y al desarrollo institucional, con vistas a responder a la demanda de alimentos de la población. Existe entre un 70 y 80 por ciento de pobres en zonas rurales, pero la agricultura recibe sólo del tres al cuatro por ciento de los presupuestos nacionales.
El segundo tema de debate en la 31 Conferencia de la FAO fue la evaluación del potencial productivo por áreas geográficas, todas ellas impactadas por la crisis económica y el aumento de los precios de los alimentos, pero cada una con desafíos particulares.
El oficial principal de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Salomón Salcedo consideró que la identificación de los retos principales en las subregiones ayudará a definir las prioridades de trabajo de la FAO en América del Sur, América Central y el Caribe para los próximos dos años, con acciones complementarias a las ejecutadas por los gobiernos de cada país.
En tercer lugar, la FAO instó a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a prestar especial atención a la agricultura familiar, un sector que contribuye al crecimiento del producto interno bruto (PIB), que dinamiza las exportaciones y genera empleos, además de ser fuente de nutrientes para el consumo y factor clave en la seguridad alimentaria.
Estado de la producción de alimentos en la región
A fines de 2009, la ONU confirmó la existencia de más de mil millones de personas flageladas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, casi todas en los países más pobres o en vías de desarrollo.
En el mundo hay 1.017 millones de hambrientos, 640 millones en Asia y el Pacífico, 265 millones en Africa, 53 millones en América Latina y el Caribe, y 15 millones en los países desarrollados. Esto significa que una de cada seis personas padece hambre en el mundo. Los países más afectados son República Democrática del Congo y Eritrea, donde 75% y 66% de sus habitantes, respectivamente, pasa hambre.
Hasta 2006, América del Sur logró reducir entre ocho y 12 por ciento la tasa de desnutrición, uno de sus mayores avances, pero después de ese año registró un retroceso en la lucha contra el hambre debido principalmente al alza de los precios de los alimentos y a la crisis financiera.
La FAO estima que más de 53 millones de personas sufren desnutrición en América Latina y el Caribe, cantidad similar a la contabilizada en el periodo 1990-1992. Ello significa un retroceso con respecto a mediados de la década de 2000, cuando el indicador se situó en 45 millones de personas.
La sucesión de catástrofes naturales, el impulso a los llamados biocombustibles como opción al costoso petróleo, el alza en el costo de los productos agroalimentarios, la elevada dependencia de alimentos importados, y la reducción de las inversiones en el sector fueron las principales causas del retroceso.
"La gravedad de la actual crisis alimentaria es el resultado de 20 años de inversión insuficiente en agricultura y abandono del sector", señala un reciente estudio de FAO. “Los recursos destinados a la agricultura han disminuido de un 19% en 1989 hasta un 3% en 2006, aunque ahora ha vuelto a aumentar al 6%. Naturalmente, si no hay inversión en un sector, éste no se desarrolla”, advirtió Diouf en la apertura de la 31 Conferencia de la FAO.
Según la FAO, el Caribe es la única subregión de América Latina y el Caribe en la que el número total de personas sub nutridas aumentó durante el período 1990-2005, pasando de 7,5 a 7,6 millones.
América Central es cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos. En el caso del maíz, en 2006, los habitantes de esa subregión consumían 5,6 millones de toneladas métricas, pero solamente producían 2,8 millones. Por otro lado, Venezuela es un país rico, pero aún depende de las importaciones de alimentos. En tanto que en 2008, el 80% de la producción de alimentos en Bolivia estaba en manos de los medianos y grandes agroindustriales del departamento de Santa Cruz.
Bolivia es el primer productor mundial de quinua. El pasado año el país produjo 29.500 toneladas del llamado grano de oro, de las cuales exportó 14.500 a países de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica. El cultivo intensivo está provocando graves impactos socioambientales en el altiplano boliviano como por ejemplo el desplazamiento de la ganadería de camélidos y ovinos, y un fuerte proceso de desertificación de suelos en Oruro y Potosí.
Agricultura familiar
Durante décadas se promovió la importación de alimentos básicos baratos en vez de producirlos porque se suponía que siempre estarían disponibles y a bajos precios; sin embargo, los hechos recientes desmintieron esa política agroalimentaria.
“La crisis ha generado un cambio en el enfoque con que los gobiernos enfrentan la agricultura en la región”, considera Fernando Soto Baquero, jefe de la Subdirección de Asistencia para las Políticas de la Oficina Regional de la FAO.
El elevado costo de los productos básicos ha llevado a los gobiernos a impulsar políticas de incentivo al sector nacional para de esta forma sustituir las importaciones de rubros agrícolas, utilizando capacidades productivas ociosas en el campo e impulsando la producción de alimentos autóctonos y tradicionales, señala un documento de la FAO presentado en la 31 Conferencia Regional.
El representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe José Graziano resaltó que en Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Panamá se facilitaron diálogos nacionales sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural. De esta forma, se incrementó la producción local y el peso de la agricultura familiar en las naciones del área adquirió mayor relevancia.
La FAO señala que “muchas de las medidas relacionadas con la agricultura familiar que han impulsado los gobiernos de la región, a pesar de haber sido pensadas inicialmente en función de la emergencia, han dado paso al establecimiento de programas que apuntan a dinamizar la pequeña producción”.
Según Soto Baquero, este conjunto de medidas articula un nuevo programa de políticas en el que la agricultura familiar tiene un rol fundamental. Ahora los Estados intentan definir de manera soberana sus políticas agrícolas, alimentarias y de administración de tierras, y reconstruyen los mercados de alimentos y ciclos locales de producción y consumo.
Sin embargo, la Red de Derechos Humanos de Panamá (Rdh-Panamá) advirtió que prevalecen prácticas que influyen directamente en el abandono de la actividad tradicional campesina, lo cual pone en peligro el patrimonio genético de la humanidad.
Los gobiernos de la Alianza ALBA y casi todas las organizaciones sociales de la región consideran que la principal amenaza es el sistema de producción agroindustrial monopólico y concentrado a nivel global.
Según un proyecto de negociación presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es esencial revisar el sistema global de comercio agrícola, las provisiones de acuerdos de comercio, las condicionantes de ayuda, los regímenes de propiedad intelectual y las tecnologías agrícolas.
Entre las tecnologías que deberían ser revisadas críticamente, Bolivia menciona a la agricultura industrial (con su dependencia en agro-químicos, semillas controladas por cooperaciones y el intensivo uso de agua), la ingeniería genética, la Tecnología Terminator, los biocombustibles, la nanotecnología y geo ingeniería.
El nuevo modelo
Para garantizar el derecho a la alimentación de toda la población de América del Sur, la FAO plantea fortalecer la agricultura familiar y rescatar los cultivos tradicionales y la pesca artesanal, cuya participación en la economía es superior al 50 por ciento en países como Brasil, Chile y Colombia.
Ya en el 2007, un análisis del organismo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en seis países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua) resaltó la importancia de esa modalidad de producción agrícola, con énfasis en el empleo y utilización de los recursos naturales.
Las estadísticas revelan que la agricultura familiar aporta la totalidad del maíz, tubérculos, frijoles y buena parte de la ganadería para consumo humano en Centroamérica. En Brasil, le corresponde hasta 52 por ciento de la producción de leche y 67 por ciento en el caso del frijol.
La Iglesia Católica, la FAO, expertos de la ONU, entes privados como el Deutsche Bank y hasta la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama proponen recuperar técnicas agrícolas tradicionales y revitalizar los huertos familiares y las granjas pequeñas y medianas porque son más eficientes en el uso de agua y energía, y sobre todo más justas desde el punto de vista social.
Según la FAO, para reforzar la agricultura familiar es necesario dinamizar el mercado interno de alimentos básicos, e incentivar la organización de los pequeños y medianos agricultores, buscar mercados agroalimentarios más competitivos, y desarrollar instrumentos para la gestión y el manejo de riesgos y programas de sanidad vegetal.
La RDH-Panamá asevera que "las políticas agrícolas estatales deben apoyar una agricultura sostenible para asegurar el ejercicio pleno y eficaz del Derecho a Alimentación, sin el cual es imposible garantizar condiciones dignas de existencia para las personas”.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que la promoción de la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población son dos de los objetivos más importantes de las empresas y entidades económicas de propiedad estatal (Artículo 309); y que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. (Artículo 255)
La Carta Magna dispone que la política del desarrollo rural integral sustentable, fundamental en las políticas económicas del Estado boliviano, debe priorizar la producción de alimentos en el territorio nacional y otras acciones que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. (Artículos 405 y 407)
En ese sentido, la Constitución boliviana manda fortalecer la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento. (Artículos 405 y 406)
Son obligaciones del Estado aplicar políticas de fomento y apoyo a sectores agropecuarios con debilidad estructural natural (Artículo 407); determinar estímulos para compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía (Artículo 408); facilitar financiamiento a organizaciones de economía comunitaria (Artículo 336); y acceso a capacitación técnica, tecnología, créditos, mercados, procesos productivos y preferencias en las compras del Estado. (Artículos 334 y 255)
En resumen, los fines supremos del nuevo modelo agrícola en gestación son la autosuficiencia y garantizar alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para sustentar una vida digna.
En la nueva lógica, la salud, la educación, el agua y especialmente los alimentos no son mercancías que se transan en el mercado, sino derechos humanos fundamentales para asegurar otros derechos, especialmente el derecho primario a la vida.
Con datos de la FAO, Prensa Latina y Aporrea.


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Un daño irreparable al patrimonio ambiental de Bolivia causan los más de 12 mil incendios forestales que —en estos instantes— se están produciendo en Bolivia y que han destruído más de 2 millones de héctareas, al tiempo de haber ocasionado el cierre de 30 de los 37 aeropuertos que tiene el país, después de que varias regiones del Oriente y el Sur —principalmente los Departamentos de Pando, del Beni, Santa María, La Esperanza, Berlín, Candelaria, Palmira, San Juan, Alto Verde, San Ariel, Nazaret, Agua Dulce, Casarabe, Alta Gracia, El Cairo y San Francisco— quedaran cubiertas de humo.

Así lo señalaron diversas fuentes del gobierno y las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en Jefe, general Wilfredo Vargas, dijo que el ejército "está en emergencia" para ayudar a apagar los focos de incendio, que se calculan en unos 12.000 en todo el país. El fuego amenaza igualmente reservas naturales, gasoductos y campos de gas. En la foto satelital, se puede apreciar claramento el impacto en un vasto territorio del país.


El director de la Aeronáutica Civil, Javier García, confirmó en rueda de prensa el cierre de treinta aeropuertos secundarios debido a la densidad del humo en varias regiones, lo que impide la salida de aviones. Según García, actualmente sólo pueden operar los aeropuertos principales situados en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre. También, el de la localidad sureña de Yacuiba, que es una zona petrolera, y el de San Joaquín, situado en la Amazonía. No obstante, señaló que si el humo continúa incrementándose, provocando problemas de visibilidaden en las primeras tres ciudades citadas, habrá un mayor riesgo de cierre de esos aeropuertos.

Los responsables en el inicio de esta increíble cantidad de incendios son los propios bolivianos, siguiendo una vieja tradición de la región. La quema de rastrojos agrícolas, bosques y tierras forestales —una antigua práctica, conocida como"chaqueos"— es realizada por los indígenas y campesinos en esta época del año para tener más áreas de cultivo y evitarse gastos en otro tipo de programas adecuados para transformar su agricultura. El presidente Evo Morales se reunió con su gabinete para analizar esta situación, las medidas de emergencia y las sanciones que se pueden aplicar a quienes cada año recurren a esta práctica, que ya está penalizada en la normativa boliviana.

Las consecuencias de este desastre ecológico son difíciles de predecir. Sin embargo, según la OPS boliviana, desde el punto de vista la salud se han presentado casos de pacientes con cuadros de conjuntivitis principalmente por causa del humo; y gastrointestinales, que fueron tratados por los servicios locales de salud.

Las comunidades disponen de agua a través de pozos y vertientes naturales que no han sido afectadas por el momento. Se presume que podría haber efectos importantes cuando comience la época de lluvias y se contaminen con la ceniza acumulada en el ambiente, por lo que será necesario promover un proyecto de agua segura en la zona. La recuperación de suelos calcinados por el fuego para plantaciones de frutales tiene un plazo, aproximado de 5 años, mientras que la recuperación de bosques, fauna y flora es de aproximadamente 30 años. Existen datos que sugieren que en los próximos meses habrá inseguridad alimentaria para las familias que sufrieron la quema de sus sembradíos.

Las autoridades bolivianas han pedido ayuda a la comunidad internacional pues se ven sobrepasados por la tragedia que aun no ha llegado a ninguna ciudad importante. Desde el satélite, se han detectado otros siniestros fuera de Bolivia, incluyendo Brasil y Perú.

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Los incendios se extienden en 109 municipios del país



Continúan cerrados 29 aeropuertos



(Enlared y ABI).- En la semana comprendida entre el 16 y el 22 de agosto se registraron 9.367 focos de calor y un área afectada de 637.391 hectáreas. Las quemas se extendieron a 109 municipios, un tercio de los 337 que hay en el país. El 76 por ciento de los aeropuertos del país continúan inoperables por la densa humareda en casi todas las regiones del país, informó la oficina de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).

De enero hasta el 22 de agosto se han registrado 34.328 focos de calor con una superficie afectada de 2.063.365 hectáreas. El departamento más afectado es Santa Cruz, con el 67% de las quemas, según el último reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

En lo que va del año, Santa Cruz registra 18.217 focos de calor, con una superficie dañada de 1.071.638 hectáreas. Le sigue Beni con 14.826 focos de calor y una superficie afectada de 913.246 hectáreas. Las quemas alcanzaron a 109 municipios: 44 en Santa Cruz, 18 en Beni, 14 en Cochabamba, 11 en La Paz, 8 en Tarija, 6 en Chuquisaca, 4 en Pando, 2 en Potosí y 2 en Oruro.


En Santa los municipios más afectados son San Ignacio de Velasco, con 1.875 quemas, San Matías con 1.208 y San Rafael con 817. Del 16 al 22 de agosto, Beni tuvo 2.799 focos de calor (29%), y más de 186.879 hectáreas afectadas; los municipios más damnificados son Santa Ana del Yacuma, con 500 quemas, Exaltación con 440, y Santa Rosa con 267. En La Paz se detectaron 113 focos (1%) con una afectación de 8.157 hectáreas, siendo las regiones más dañadas Ixiamas, con 91 quemas, Guanay con 5 y Sorata con 4.

Municipios en emergencia

Hasta el 18 de agosto cuatro municipios del oriente del país se declararon en emergencia a causa de los incendios: Riberalta en Beni, Puerto Rico en Pando, y San Ignacio y El Puente en Santa Cruz. Informes preliminares dieron cuenta de al menos 57 viviendas destruidas por el fuego. En el municipio de Riberalta, las autoridades determinaron pasar de la alerta naranja a la alerta roja, por el incremento de las quemas y sus efectos, informó a Enlared-Onda Local la oficial mayor de Desarrollo Productivo, Anahi Llanque.

De 255 focos de calor registrados hasta el 4 de agosto, al 13 del mismo mes el número se incrementó a 850; la comunidad más afectada es Cachuela Esperanza, donde el fuego arrasó con 25 viviendas y 200 hectáreas de bosque. Similar situación se registró en el municipio de El Puente en Santa Cruz. Informes preliminares señalan la destrucción de 27 viviendas en la comunidad de La Cachuela. El concejo municipal determinó declarar como zona de desastre a la comunidad; además de decretar la emergencia municipal.

En San Ignacio de Velasco, el jefe de la Unidad Forestal, José Sturzl, informó que cinco viviendas fueron alcanzadas por las quemas. En el municipio a la fecha, registraron más de 200 focos de calor, los que amenazan con llegar a zonas pobladas. En el caso del municipio de Puerto Rico, en Pando, su alcaldesa Rita Modesta Rueda declaró la emergencia municipal, pues el incendio al momento arrasó diez mil hectáreas de tierra y estaría "cercando" la reserva Manuripi. "Este foco es el más grande que existe en este momento, la fuerza humana no es suficiente para apagar el fuego y con los vientos la cobertura se ha ampliado", remarcó.

Aeropuertos inoperables

"Por los incendios que hay en la mayor parte del país tenemos el 76 por ciento de nuestros aeropuertos inoperables por falta de visibilidad en los vuelos. Esta actividad nos está limitando las operaciones en 29 aeropuertos hasta las 9 de la mañana y solamente uno se ha habilitado hasta las 10 de la mañana", informó Roberto Catacora, responsable de Meteorología de AASANA. AASANA realiza controles permanentes en los 38 aeropuertos del país.

La situación es más crítica hasta el momento en Trinidad, que solamente tiene 800 metros de visibilidad, junto a otros 28 que se mantienen cerrados. Catacora señaló que se esperaba que un frente frío se acerque al país para despejar la visibilidad en el cielo, pero se convirtió en una masa de aire que ingresó desde el norte y que ha incrementado la humareda, lo que puede ocasionar mayores problemas de visibilidad.

Catacora dijo que desde hace una semana se mantienen restringidas las operaciones en algunos aeropuertos, la mayor parte en el oriente boliviano, y la perspectiva en los próximos días es que tienda a acrecentarse la humareda, por lo que continuarán cerradas algunas terminales aéreas. Entre los aeropuertos que tienen restringidas sus operaciones se encuentra los de Cobija, Reyes, Rurrenabaque, San Borja, Trinidad, Guayaramerín, Magdalena, Riberalta, San Joaquín, San Ramón, Baures, Santa Ana, Santa Rosa, San Ignacio de Moxos, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías, San José, Valle Grande, Roboré, Puerto Suárez, Camiri, entre otros.

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