Tecnología, cadenas de valor y disputa geopolítica en la transición energética global
La transición energética no es un proceso ecológico neutro ni una evolución técnica del capitalismo global. Es una disputa abierta por el control del nuevo orden económico mundial. Bajo el discurso verde se está reconfigurando la arquitectura del poder: tecnología, infraestructura crítica, minerales estratégicos y cadenas de valor determinan quién domina la economía del siglo XXI. El hidrógeno no es una solución técnica, sino un nuevo campo de confrontación geoeconómica.
El mito de la transición “limpia”
Se repite que el mundo avanza hacia una transición energética inevitable, más eficiente y más democrática. Pero esa narrativa oculta lo esencial: no hay transición sin disputa por el poder.
El petróleo organizó el siglo XX como sistema de dominación geopolítica. Su lógica no desaparece con la transición energética: se desplaza hacia un terreno más complejo, menos visible y profundamente tecnológico.
El hidrógeno no es energía: es poder industrial
El hidrógeno se presenta como vector energético del futuro. Sin embargo, su importancia no reside únicamente en su rendimiento técnico, sino en su papel estructural dentro de la reorganización del sistema productivo global.
No es simplemente un combustible: es un eje que articula energía renovable, industria pesada, química, transporte y sistemas eléctricos.
En ese entramado se define lo central: quién controla la integración de las cadenas productivas controla el valor.
La nueva geopolítica: cadenas de valor
El poder global ya no se estructura únicamente alrededor del control de recursos naturales.
Ahora depende del dominio de:
tecnología crítica
propiedad intelectual
infraestructura energética
manufactura avanzada
financiamiento global
estándares industriales
Esto configura una geopolítica de cadenas de valor, donde la dominación es más difusa, pero no menos efectiva.
Modelos en competencia
No existe una transición energética homogénea.
China integra el hidrógeno dentro de una estrategia de planificación industrial de largo plazo orientada a la soberanía tecnológica y la integración productiva.
Estados Unidos busca preservar su hegemonía a través del control de la innovación, las patentes y los ecosistemas tecnológicos.
Europa avanza mediante regulación y objetivos climáticos, pero con crecientes dependencias tecnológicas externas.
El Sur Global, por su parte, enfrenta la persistencia histórica de una inserción subordinada en las cadenas globales de valor.
No hay transición neutral: hay competencia entre modelos de poder.
China: el hidrógeno como infraestructura del sistema
El caso chino muestra un elemento clave: el hidrógeno no se desarrolla como tecnología aislada, sino como sistema.
Se integra con:
generación renovable a gran escala
ductos y redes de transporte
industria química y pesada
movilidad energética
El resultado no es solo energía limpia, sino infraestructura industrial estratégica.
El Sur Global: oportunidad condicionada
Para América Latina, África y gran parte de Asia, la transición energética abre una ventana histórica, pero no garantiza desarrollo.
La disponibilidad de recursos naturales y potencial renovable no se traduce automáticamente en soberanía tecnológica.
Sin estrategia industrial, el riesgo es claro: exportar energía y materias primas, e importar tecnología y valor agregado.
La disputa real es por el lugar en la cadena de valor.
La ilusión de la democratización energética
Se afirma que la transición energética conducirá a un sistema más descentralizado.
Pero la realidad es más contradictoria:
la producción energética puede dispersarse
mientras el control tecnológico y financiero se concentra
El resultado es una paradoja estructural:
más distribución de la energía, pero mayor concentración del poder.
El hidrógeno como síntoma
El hidrógeno no es una solución definitiva ni una tecnología aislada.
Es un síntoma de una transformación más profunda del capitalismo global: el paso de una economía basada en recursos naturales a una economía basada en cadenas de valor tecnológicas complejas.
Conclusión
La transición energética no es una ruptura con el orden previo, sino su reconfiguración.
Del petróleo al hidrógeno no cambia la lógica del sistema: cambia el instrumento de dominación.
El poder ya no se disputa únicamente en los campos de extracción energética, sino en la arquitectura completa que convierte conocimiento, tecnología e infraestructura en control económico global.
En ese tránsito se define lo esencial del siglo XXI: quién controla la economía mundial en formación y quién queda subordinado a ella.
Héctor Hugo Riojas González. Profesor Investigador. Universidad Politécnica de Victoria. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
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En el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles y la Conferencia por Territorios Libres de Fósiles (Santa Marta, Colombia, 24–29 de abril de 2026)
Llegamos a Santa Marta con la memoria encendida. Con los ríos heridos, con los territorios que resisten, con los pueblos que no se rinden. Llegamos con la certeza de que el tiempo de la civilización petrolera debe terminar.
Saludamos este encuentro como un intento de abrir otros caminos para abordar la crisis climática y como un espacio donde participarán comunidades en lucha y organizaciones sociales, que sumarán también su voz y conocimientos. Pero también queremos decir con claridad que no basta con hablar de “transición energética”, necesitamos dar pasos decididos e inmediatos para un profundo cambio de este modelo civilizatorio basado en la depredación de la vida; necesitamos ampliar los espacios para que sean los pueblos quienes cambien el rumbo de la historia. Existe un enorme riesgo de que la transición energética sea capturada por el poder corporativo, reduciéndose a un cambio o adición de fuentes energéticas, reproduciendo el modelo extractivo, de consumo masivo, y profundizando las desigualdades históricas.
Durante décadas, a los pueblos del Sur Global se nos dijo que el petróleo era el destino a alcanzar; que sin él no había futuro. Nuestras sociedades fueron envueltas en promesas de progreso y desarrollo recurriendo a la renta petrolera. Pero esa promesa fue una trampa, nunca llegó a realizarse, y eso es palpable en las regiones petroleras y en gran parte de los países exportadores de petróleo.
La denominada “maldición de los recursos” no constituye un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que han perpetuado la dependencia y limitado las posibilidades de construcción de alternativas. La ilusión petrolera ha servido para sostener la acumulación de unos pocos, a costa del sacrificio de muchos y de todo. Nuestra dependencia no es natural, es política. Y romperla no es apenas una opción técnica, sino un acto de dignidad.
Pasar la página de la era petrolera no es una metáfora, es una urgencia ética, climática y poscivilizatoria. Es reconocer que, en menos de dos siglos, la petrodependencia contaminó todas las instancias de la vida y dejó una huella profunda de devastación, despojo y desigualdad en los territorios, a lo largo de toda la cadena del metabolismo petrolero. Esta deuda con la vida exige verdad, justicia y reparación integral, la cual implica un reconocimiento de los daños a perpetuidad, planes contextualizados a cada territorio, aportes para una diversificación productiva, restauración de ecosistemas y una perspectiva de justicia ambiental y laboral.
Sin embargo, antes que una desescalada, en la actualidad constatamos la descabellada expansión de la producción y el consumo de hidrocarburos, y una constante avanzada de energías extremas que hemos denunciado por años desde Oilwatch. Entre ellas el Pre-sal en Brasil, el fracking en Argentina y México, los crudos pesados y extrapesados en la Faja del Orinoco en Venezuela, la explotación petrolera en la Amazonía, la expansión de proyectos de extracción de hidrocarburos costas afuera, las cuales generan impactos en toda la región. Esta expansión viene de la mano de nuevos proyectos de exploración, nuevos licenciamientos y la desregulación ambiental. Vemos como consecuencias más fuertes y frecuentes sequías, inundaciones, incendios, desplazamientos: la cuenta la paga la vida.
Esta expansión no sería posible sin el respaldo de sistemas financieros que continúan subsidiando y asegurando el funcionamiento de la industria fósil, profundizando una deuda ecológica y climática que recae sobre los pueblos del Sur Global.
Luego de 30 COPS, luego de 30 años, estos han sido los resultados, producto de medidas parciales y falsas soluciones, que no van a la raíz del problema, que no tienen carácter vinculante, y que no involucran realmente las voces de los pueblos. Dichos resultados nos hablan de un modelo agotado y la urgencia de proponer nuevas estrategias de acción.
Para rematar, vemos cómo se incrementan y agravan las agresiones militares y guerras a lo largo y ancho del mundo ⎼como ha ocurrido recientemente en Venezuela e Irán⎼, junto con nuevas formas de colonialismo, donde el control de la energía fósil sigue siendo motor de violencia, dominación y reconfiguración geopolítica. No se trata de hechos aislados: los combustibles fósiles han estado históricamente en el centro de conflictos armados, disputas territoriales e intervenciones.
NUESTROS PLANTEAMIENTOS Y DEMANDAS PRIORITARIAS
En el marco de esta Conferencia, y ante estos escenarios expuestos, Oilwatch Latinoamérica expresa los siguientes planteamientos y demandas prioritarias:
– La transición fuera de los combustibles fósiles no puede limitarse a un cambio en las fuentes de energía, sino que debe abordarse desde una perspectiva estructural, que transforme las bases económicas, sociales, políticas y energéticas vigentes. Una transición debe ser justa, ecológica y social, basada en la equidad, la participación efectiva y protagónica de trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres y comunidades locales. Debe reconocer y fortalecer el papel de los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos como fundamentales en la protección de la vida y los ecosistemas.
– Se debe plantear una urgente discusión que ponga sobre la mesa las preguntas: ¿energía para qué? ¿Para quiénes? Partir del cuestionamiento de las lógicas de las sociedades de consumo y de los imperativos de crecimiento sin fin, en sistemas además profundamente desiguales.
– Exigimos el fin inmediato de los subsidios directos e indirectos (u ocultos) a las empresas de hidrocarburos, las exenciones fiscales, los regímenes aduaneros o cambiarios especiales, el financiamiento público y aseguramiento a proyectos de combustibles fósiles, y redirigir estos recursos hacia transiciones con perspectiva socioecológica, que sean justas y territorializadas.
– Advertimos sobre el riesgo de reproducir lógicas extractivistas y coloniales bajo el marco de las denominadas “energías limpias” y las “falsas soluciones”, cuando estas se imponen sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
– Por décadas, Oilwatch ha reivindicado el mantener los combustibles fósiles bajo tierra como obligación política y condición fundamental para la estabilidad climática y la justicia ambiental. Se requiere también establecer una moratoria inmediata a nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. A su vez, es necesario avanzar y fortalecer procesos de desmantelamiento progresivo de las infraestructuras existentes, con garantías fiscales, mecanismos de monitoreo y responsabilidades asumidas por parte de las empresas.
– Reconocemos, valoramos y resaltamos las múltiples experiencias impulsadas desde los territorios que día a día transitan hacia un mundo post-fósiles. Iniciativas como la moratoria a la exploración petrolera en Costa Rica, la decisión democrática de mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní en Ecuador, la lucha para legalizar la prohibición del fracking en Colombia, la propuesta de Oilwatch del ‘Anexo 0’ que agrupa las iniciativas que ya están dejando el petróleo bajo tierra, así como las diversas resistencias sociales que están enfrentando la expansión hidrocarburífera en América Latina y otras regiones del mundo, constituyen referentes concretos para avanzar hacia modelos post-extractivistas. Llamamos a “Yasunizar” el mundo, a multiplicar esas decisiones valientes que ponen la vida por encima del lucro.
– Se deben impulsar modelos de soberanía energética basados en el control comunitario, la descentralización y el respeto a los territorios.
– Respetar los derechos humanos y de la naturaleza, e implementar mecanismos de justicia climática que incluyan la reparación integral de los territorios afectados por la actividad extractiva. Proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, frente a la creciente criminalización y violencia. Rechazar la militarización de territorios energéticos y exigir la desescalada de conflictos vinculados al control de recursos fósiles.
– Subrayamos la importancia de fortalecer iniciativas internacionales orientadas a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que dialoguen con propuestas tales como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y que avancen hacia compromisos vinculantes que garanticen una reducción efectiva de la oferta y la demanda de estos recursos.
– Exigimos a los países del Norte Global y potencias emergentes a asumir su responsabilidad histórica mediante reducción acelerada, planes de cierre y desmantelamiento justos, entre otras acciones. Las iniciativas de transición no pueden implicar incrementar las presiones para la extracción de minerales críticos y la ampliación de la frontera de hidrocarburos en el Sur Global. Estos países deben también contribuir en el financiamiento de la transición en nuestros países, aportando a los procesos de restauración, reconocimiento de daños a perpetuidad, diversificación económica, alternativas laborales para los territorios dependientes de la extracción fósil; mientras que también reconocen la cancelación de la deuda climática.
– Finalmente, instamos a los Estados participantes y a la comunidad internacional a que la Conferencia de Santa Marta trascienda las declaraciones de intención y se traduzca en acciones concretas, con plazos definidos, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
La Red Oilwatch Internacional reitera, después de 30 años de existencia, su compromiso de continuar acompañando a las comunidades en primera línea y contribuir a la construcción de un horizonte común basado en la justicia, la equidad y el respeto por la vida en todas sus formas.
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Fuentes: Ecologistas en acción [Imagen: Depósitos de gas en Xixón]
La situación de tensión derivada de la guerra de Ucrania ha puesto el gas en el foco del debate político, económico y social. Un mal enfoque puede anclarnos en una mayor dependencia de este combustible fósil. Como ejemplo, en el Estado español resurgen proyectos de megainfraestructuras gasistas que habían sido ya frenados.
Durante el último semestre, el gas ha pasado a ocupar una posición preponderante en el debate mediático, político y social. Mal llamado gas “natural”, este combustible fósil está formado mayoritariamente por metano (CH4). Pero pese a sus grandes impactos medioambientales, han sido la cuestión económica y la seguridad energética las que han puesto en relevancia este asunto.
El incremento de los precios desde el pasado otoño ha generado gran preocupación social y más hogares en situación de pobreza energética al no poder hacer frente a hinchadas facturas energéticas. Y es que este combustible — tan volátil como sus precios— afecta de forma transversal a nuestra vida cotidiana. De forma directa, una parte de la población utilizamos gas fósil en nuestros hogares y comercios para calentarnos, obtener agua caliente sanitaria o para cocinar. Pero, además, impacta en nuestras vidas de manera indirecta, por ejemplo, a través del precio de la electricidad. En 2021, las centrales de ciclo combinado, las cuales queman gas para producir electricidad, supusieron el 17’2 % de la producción eléctrica. Por su parte, el sector industrial también utiliza el gas fósil directamente en las industrias termointensivas y en la producción de metales, caucho, plástico, cemento, vidrio y cerámica.
¿De dónde viene esta subida de precios?
La subida de los precios desde el pasado otoño tiene sus causas en el mercado global del gas. En un primer periodo podemos distinguir como desde agosto de 2021 se produce una subida de precios vinculada al mercado Spot del gas, es decir, a los contratos de corto plazo para suministro de Gas Natural Licuado (GNL). Este incremento se debe a los efectos de la pandemia en el desacople entre la oferta y la demanda. Por un lado, en el ámbito europeo se registra un suministro menor por parte de los países productores como el Reino Unido o Noruega. A la vez que se ha incrementado la demanda de los países asiáticos al recuperarse parte de la actividad económica tras la covid-19. A todo ello se suman efectos derivados del cambio climático. Grandes sequias en Latinoamérica han provocado que países como Brasil, cuya producción eléctrica depende un 70 % en la generación hidráulica, aumenten enormemente sus importaciones de GNL para cubrir la demanda energética.
Asimismo, la parada de la actividad industrial y de extracción de combustibles fósiles, derivada de los impactos de la covid–19, ha hecho que los países importadores no pudiesen llenar sus almacenes antes de la temporada de invierno. En el caso de Europa se estima que en diciembre del 2021 el almacenamiento de gas se situara un 22 % por debajo de la media de los últimos 10 años, según los datos de AGSI. Aunque la situación difería en función de los países.
Depósitos de gas en Xixón
Por si fuera poco, a esta situación de partida se le suman los efectos que ha tenido la guerra de Ucrania en la desestabilización de los mercados. Han contribuido la dependencia de algunos países europeos del gas ruso, las sanciones de la Unión Europea a Rusia y el corte del suministro de gas a algunos países (al cierre de esta edición: Polonia, Bulgaria y Finlandia). A un ambiente, ya de por sí complejo, se suman las declaraciones del Gobierno español sobre el Sáhara que han puesto en tensión la importación de gas desde Argelia, además de suponer una vulneración de derechos para el pueblo Saharaui.
Todo ello genera un caldo de cultivo perfecto para que las propuestas de reactivación de megainfraestructuras, como las regasificadoras o los gasoductos se presenten como soluciones mágicas ante la coyuntura en la que nos encontramos. Paradójicamente, dichas “soluciones” no hacen más que anclarnos durante las próximas décadas a la utilización de un combustible fósil, caro y altamente contaminante. Invirtiendo para ello miles de millones de euros que deberían destinarse a la resiliencia energética.
¿Qué está pasando en Europa?
Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa. Olvidando a menudo los compromisos alcanzados durante la COP26 sobre la eliminación de los combustibles fósiles, especialmente en lo que respecta al gas fósil.
Las medidas energéticas que están tomando las instituciones públicas europeas pretenden afrontar problemáticas que no se han abordado anteriormente de forma adecuada por una falta de previsión y planificación. Las conversaciones sobre la diversificación del suministro de gas están en la agenda de la UE desde hace años, precisamente tras las crisis del gas entre Ucrania y Rusia de 2006, 2009 y la anexión de Crimea en 2014. En ese año, la UE ya aprobó su Estrategia Europea para la Seguridad Energética con la misma finalidad: dejar de depender del gas ruso. Sin embargo, a pesar de que se han invertido miles de millones de euros en más gasoductos y terminales de importación de GNL para permitir los flujos de gas no ruso a Europa, la Estrategia ha fracasado. El porcentaje de gas ruso en la mezcla de gas de la UE en realidad ha aumentado del 40 % al 43,6 %, alcanzando los 152 miles de millones de metros cúbicos (bcm) en 2021.
Actualmente la UE se está dotando de nuevos instrumentos para la misma tarea. Como la hoja de ruta REPowerEU que marca el camino para salir de la dependencia rusa en 2027. Para ello disminuir en dos tercios la dependencia del gas ruso para 2023. También obliga a los países a comenzar el invierno con los almacenes subterráneos al 80 %. Durante los próximos meses, la compra de gas para almacenamiento puede conllevar precios similares o mayores para el próximo año.
El Plan de acción publicado por la Comisión Europea el pasado 18 de mayo, entre otras cuestiones, destina una dotación de 10.000 millones de euros a proyectos de infraestructuras de gas y GNL que van más allá de la actual lista de Proyectos de Interés Comunitario (5º PCI). Este sería el caso de un nuevo gasoducto submarino entre España e Italia (ver línea morada en el mapa). Una semana antes de la publicación, el 11 de mayo, Enagás y Snam, las compañías propietarias de la mayor parte de las redes de transporte de gas en España e Italia, firmaban un acuerdo de estudio de su viabilidad técnica. Por lo que el proyecto, que ni si quiera se tiene seguridad de que sea factible todavía ni las repercusiones ambientales que puede conllevar, podría llegar a recibir financiación europea. Asimismo, el Europe Gas Crisis Tracker identifica 26 terminales de GNL, proyectos de ampliación de terminales y unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) en diez países europeos; 22 de los cuales se han anunciado, propuesto o reactivado desde febrero de 2022. A pesar de algunas lagunas en la información sobre los proyectos, éstos aumentarían la capacidad de importación en torno a 152 bcm, con un coste de, al menos, 6.000 millones de euros. Todo ello a pesar de que estudios de organizaciones sin ánimo de lucro, o el publicado por la consultora Artelys, coinciden en que no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025. Dos años antes de lo estipulado por la RePowerEU.
Mapa europeo de infraestructuras proyectadas de gas. Proyectos de Interés Comunitario (PCI) y proyectos adicionales identificados en el REPowerEU, incluyendo los corredores de hidrógeno. Fuente: Comunicación Plan RePowerEU
También establece que se movilizarán fondos para proyectos de importación de hidrógeno “verde” (renovable), al haberse duplicado el objetivo de importaciones hasta los 10 millones de toneladas anuales en 2030. A parte de los elevados precios. Ello podría conllevar una perdida energética importante y un freno para la transición ecológica de los posibles países exportadores en el norte de África. Una nueva práctica de neocolonialismo energético.
Cada euro invertido en gas fósil, significa un euro menos para políticas de reducción de la demanda, implementación de la eficiencia energética o facilitar la transición a las energías renovables. Cada porcentaje de ahorro energético conseguido puede ayudar a reducir las importaciones de gas de la UE en un 2,6 %. Este será un gas que la UE nunca más tendrá que importar.
Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa.
Por otro lado, la Comisión quiere ampliar la producción de biometano a 35 bcm para 2030. Como ha demostrado un reciente informe del IFEU, no es realista aumentar la producción de biogás a 35 bcm, ya que solo se pueden producir 17 bcm de forma sostenible. Al fijar un objetivo de 35 bcm se corre el riesgo de que los cultivos alimentarios se utilicen para la producción de biometano, lo que provocaría una mayor subida de los precios de los alimentos y podría empujar a más personas a la pobreza alimentaria.
El GNL: Al caos climático por la vida líquida
Al mismo tiempo, los países europeos están buscando acuerdos y contratos con otros proveedores, especialmente para Gas Natural Licuado (GNL). Ya que el mercado de GNL tiene más flexibilidad que las importaciones a través de gasoductos. En 2021, las importaciones de este combustible representaron el 20,5 % del consumo de gas fósil de Europa.
Estados Unidos es actualmente el principal proveedor de GNL de Europa. Recientemente, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente de los EE UU confirmaron en una declaración conjunta (Task Force on Energy Security) su intención de suministrar otros 50 bcm de GNL a Europa para 2030. Cabe resaltar que el GNL estadounidense exportado a Europa es casi en su totalidad gas de esquisto 1, producido por la técnica de la fractura hidráulica, más comúnmente conocido como “fracking”.
El fracking es un método de extracción altamente contaminante y destructivo que consiste en inyectar grandes cantidades de agua mezclada con productos químicos en formaciones geológicas. Las investigaciones demuestran que el fracking contamina el agua y el aire, amenaza la salud pública, provoca terremotos, perjudica a las economías locales y disminuye el valor de la propiedad en las comunidades en las inmediaciones de los pozos de extracción. En EE UU, al menos 17,6 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un pozo activo. La fracturación y la infraestructura de gas afectan de forma desproporcionada a las comunidades con menores ingresos, así como a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
Otros países como Nigeria, Catar, Argelia o Senegal se sugieren como proveedores clave de gas fósil para Europa. Sin embargo, el aumento de la dependencia energética respecto a otros países simplemente hace que el continente se enganche a otros proveedores de energía fósil, en lugar de aportar autonomía energética a Europa.
Por otro lado, se vuelve real la amenaza de que Europa exporte su inseguridad energética a otros países. Los países europeos tendrán que superar la oferta de otros para obtener contratos de suministro de gas, lo que supone que los países y colocarlos en la precariedad energética en su lugar. El GNL originalmente destinado a las economías asiáticas emergentes se está desviando hacia Europa, y los altos precios están exprimiendo los mercados nacionales en India, Pakistán y Bangladesh, entre otros.
El gas fósil en el Estado español
En este contexto, en España se están reavivando los debates sobre los proyectos de ampliación de las infraestructuras de gas que quedaron en suspenso hace años. Mientras algunos sostienen que la península ibérica debe ser el centro europeo del gas, España intenta posicionarse como un centro de suministro de hidrógeno verde para el norte de Europa en las próximas décadas.
Uno de sus argumentos es que la capacidad de regasificación de nuestro país es muy elevada. Con seis plantas de regasificación en funcionamiento (y una séptima que no llegó a entrar en funcionamiento), España cuenta con cerca del 30 % de la capacidad de regasificación de la UE. Sin embargo, en 2021 estas plantas solo operaban al 27 % de su capacidad y el almacenamiento se mantuvo en el 52 % de media. Durante el inicio de 2022, debido al cierre el pasado otoño del gasoducto Megadaz que conectaba Argelia con España a través de Marruecos, Estados Unidos se ha posicionado como el mayor exportador de gas fósil en forma de Gas Natural Licuado (GNL) a España.
Estados Unidos exporta el 35 % del gas que llega a España, en su mayoría gas procedente del fracking, seguido de Argelia, con un 25 %, la mayor parte del cual se transporta por gasoducto, Nigeria, con cerca de un 15 % (GNL), y Rusia, con un 7 % (GNL).
A pesar del evidente sobredimensionamiento de la capacidad de regasificación española, el operador gasista español, Enagás, relanza el debate sobre la apertura de la planta de regasificación de El Musel en Xixón (Asturies). En 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) reconoció que esta planta no era necesaria para el suministro. Fue declarada ilegal, en 2013, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al construirse a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia tres años después, pero la empresa adjudicataria, Enagás, actualmente está tramitando de nuevo su legalización y que pueda entrar en funcionamiento.
Sin embargo, por un lado, su puesta en marcha aporta muy poco a la sobredimensionada capacidad de regasificación ya existente. Por otro lado, en cuanto a su posible utilización como almacén de GNL, con una capacidad de 300.000 m³ solo aumentaría en un 10 % el almacenamiento de GNL en los tanques de regasificación en el Estado español. Esto solo supondría mejorar dicha capacidad en cinco puntos porcentuales si, como propone la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalmente se permite que este gas licuado almacenado en los tanques de la regasificadora se contabilice como parte del gas acumulado en el almacenamiento subterráneo. Tampoco tendría sentido como punto de carga y descarga intermedio para buques metaneros con destino Europa, debido al incremento de costes de operación, pérdida de tiempo y aumento de kilómetros recorridos.
Otro proyecto controvertido que se está reconsiderando es el gasoducto MidCat. Paralizado en el 2019 por el rechazo de los reguladores energéticos español y francés. Su desarrollo no supondría una ayuda en el corto, medio ni largo plazo para la crisis energética europea. Aún en el plazo improbable de terminarse en tres años, lo que conllevaría un gran incremento de costos, solo podría transportar el 2,2 % de la demanda europea de gas en 2021. También se está relacionando con un futuro uso del transporte de hidrógeno verde, pero no hay garantía de la viabilidad energética y económica de su producción.
Durante la primera década de los 2000, se produjo en España un boom de la infraestructura gasística que pretendía dar respuesta a un aumento de la demanda doméstica que nunca se produjo. El mismo deseo frustrado de convertir España en un hub (centro de conexión) de gas natural para toda la Unión Europea reaparece unido a la fiebre del hidrógeno verde. Corremos ahora el mismo riesgo de desarrollar megainfraestructuras gasistas que nos anclen aún más a la dependencia de los combustibles fósiles que entonces. En su lugar, hace falta una planificación que se base en los usos energéticos socialmente necesarios. Para salir de los combustibles fósiles y poder desarrollar una vida digna dentro de los límites del planeta.
Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y gas.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) -el organismo de la ONU responsable de evaluar el estado del conocimiento sobre el cambio climático, sus causas e impactos- publicó, el pasado 9 de agosto, la primera de las tres partes de su nuevo informe de evaluación, dedicado a la evidencia científica de la relación entre las emisiones humanas y el clima extremo.
Las conclusiones clave del informe las resume muy bien Greenpeace: nuestro sistema climático está cambiando rápidamente y sin duda es debido a la actividad humana; los cambios son de una naturaleza sin precedentes en toda la historia de la humanidad y algunos de ellos ya son irreversibles.
Nuestra huella ya está en todas partes y hemos dejado un legado que durará cientos y miles de años, con el derretimiento de la capa de hielo en los polos, el aumento del nivel del mar y cambios en los océanos. Estamos haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más extremos y más frecuentes y, sin embargo, esto es solo el comienzo si seguimos sumando carbono a la atmósfera. Cada tonelada de carbono añadida está empeorando la situación. La temperatura en la tierra podría aumentar cuatro grados poniendo en riesgo la vida en el planeta tal y como la conocemos, poniendo en riesgo a la humanidad.
También la coincidencia sobre la interpretación acerca de las medidas a adoptar para revertir algunas de las consecuencias son unánimes en el mundo científico y conservacionista: cumplir con el nivel de calentamiento del Acuerdo de París de no permitir que las temperaturas aumenten más de 1,5 °C haría que todos los cambios futuros fueran menores y más manejables.
Cuanto más rápido lleguemos a cero emisiones y menores sean las emisiones totales para entonces, menores serán el calentamiento futuro y los impactos relacionados. El camino para no ir más allá de 1,5 °C es muy estrecho, pero aún existe, aunque no nos queda mucho tiempo si los recortes de emisiones no se aceleran de manera decidida.
Como si la naturaleza se quisiera hacer notar de manera especial para llamar nuestra atención y reafirmar las tesis del IPPC, en este verano el azote de los incendios, las inundaciones y las temperaturas extremas está siendo especialmente virulento en Europa y en todo el mundo. En distintos países africanos, el más cercano Argelia, en Canadá, en EEUU, en Europa (en Siberia, Italia o Grecia) se han quemado millones de hectáreas y producido miles de muertes. Las temperaturas han llegado hasta a los 60 grados en algunas zonas de Siberia y a más de 50 en EEUU y Canadá. Y se han acercado a esta cifra en muchos lugares de Europa. Las lluvias torrenciales y las inundaciones como las de Alemania, la peor sequía en EEUU desde el siglo XVI o la penetración de los anticiclones africanos en el Mediterráneo, nos dejan claro también que ya no estamos ante un problema que afecta solo a los países pobres sino también a los ricos.
En un trabajo firmado por Raúl Rejón en elDiario.es, comprobamos cómo las sequías, las inundaciones y los calores extremos son los impactos climáticos que más cuestan en vidas y pérdidas económicas. Según el adelanto del Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, entre los diez peores desastres del último medio siglo, las sequías han provocado 650.000 muertes, las tormentas, más de 577.000 y las inundaciones, más de 58.000. Según la revista Nature, el incremento de la mortalidad es evidente en todos los continentes. Solo en Europa los desastres climáticos registrados entre 1970 y 2019 han producido unas pérdidas de 400.000 millones de euros. Y no nos olvidemos de los millones de muertes prematuras por la contaminación. O la pérdida brutal de biodiversidad.
El estudio del IPPC deja muy claro, también, que la incidencia del cambio climático en territorios insulares como el nuestro será aún mayor. Y los efectos empiezan a ser notables. Llevo insistiendo en ello desde hace muchos años y en la necesidad de combatirlo. Y se pueden conseguir avances extraordinarios: en tres décadas, la capa de ozono se ha recuperado, evitando que se precipite la catástrofe del calentamiento global.
El Cabildo de Gran Canarias elabora en estos momentos la Estrategia de Actuación ante el Cambio Climático. Los alisios se desvían hacia el este y el aumento del nivel del mar y la pérdida de metros en las playas se hacen cada día más visibles. Igualmente están aumentando los periodos de sequías y los momentos de precipitaciones intensas. El océano se calienta y en algunas épocas del año se están acercando hasta nosotros huracanes y tormentas tropicales.
Nuestro mar se acidifica y emergen también en él peces de otras latitudes y toxinas, como la ciguatera, producidas por microorganismos antes inexistentes en nuestras aguas. La calima aparece cada vez con mayor frecuencia e intensidad. En algunas ocasiones nos han empezado a rondar enfermedades tropicales. Aumentan las temperaturas medias y avanza la desertificación. Los riesgos de incendios de sexta generación son cada vez mayores. Los fenómenos costeros adversos serán cada vez más frecuentes…
Durante las últimas décadas el capitalismo y las doctrinas económicas conservadoras han negado el cambio climático, sus consecuencias y que el ser humano lo haya provocado. Este negacionismo se ha acentuado desde los años setenta hasta la actualidad de la mano del neoliberalismo y las doctrinas económicas y políticas ultraconservadoras y de extrema derecha. Durante todo este tiempo las grandes multinacionales de la industria o la energía ( fundamentalmente las grandes productoras de combustibles fósiles), entre otras, han empleado una ingente cantidad de recursos económicos para negar la evidencia.
Miles de millones de euros o de dólares se han destinado, a través de universidades o centros de pensamiento creados expresamente para la causa, a financiar investigaciones fraudulentas, publicaciones “científicas” o medios de comunicación, para combatir la evidencia científica del cambio climático y sostener un modelo suicida de crecimiento y consumismo voraz. Un capitalismo insostenible, como dice el propio IPPC.
La evidencia del calentamiento global y sus causas están derivando todo este movimiento negacionista hacia un neonegacionismo que no cuestiona directamente el cambio climático pero que lo achaca a causas naturales y defiende que la humanidad no lo puede combatir. Retrasan entonces los compromisos del Acuerdo de París, lanzan mensajes ecopopulistas, se agarran a propuestas tecnológicas fraudulentas como la captura y el almacenamiento de carbono o los derechos de emisión, plantean acciones climáticas de baja intensidad y proponen el gas o el hidrógeno azul como alternativa blanda o hablan de movilidad eléctrica sin sustituir las fuentes de generación fósiles… O poniendo todas las pegas del mundo, cuando ejercen de monopolios energéticos, para impedir la implantación de las energías alternativas. Y tiene que ver con esto, y bastante, el que los trámites administrativos puedan durar hasta media docena de años para instalar una planta renovable.
Pero no es este solamente el negacionismo que me preocupa. Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y del gas, les da alas para su continuidad.
Mientras la ONU, la comunidad científica, las agencias internacionales de la energía y el propio IPPC, defienden la necesidad de poner fin de manera inmediata al consumo de los combustibles fósiles y avanzar en su reemplazo total por las energías renovables, una parte considerable de las organizaciones sociales y ecologistas, que defendieron durante décadas la sustitución de los combustibles fósiles por las energías limpias, respaldan ahora una suerte de moratoria suicida a las instalaciones de plantas eólicas y fotovoltaicas.
No pongo en duda el que muchas de las infraestructuras previstas adolecen de las medidas correctoras necesarias, de la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, de una mayor democratización en la gestión y los beneficios… Y hay que hacer todo el esfuerzo del mundo para hacerlo posible. Pero no hay más opción que la penetración de las renovables para frenar el calentamiento global. Y no son suficientes las comunidades energéticas, ni las plantas de autoconsumo, ni la eficiencia y el ahorro, ni el decrecimiento económico (esta es la más importante de las alternativas, sin duda)…
En Canarias se están sucediendo situaciones similares desde algunos movimientos medioambientalistas y también desde los ámbitos técnicos encargados en último lugar de dar el visto bueno a las plantas eólicas o fotovoltaicas a instalar. Algunos técnicos – que defienden en sus informes una moratoria- ya no se ocultan para afirmar que las islas son apenas una “cagadita de mosca” (sic) en el planeta y que sean otros territorios entonces los que se impliquen. Es el mismo argumento que se está utilizando por este neonegacionismo rampante.
Y se olvidan que las dos plantas de generación de energía de Canarias están entre las siete industrias del estado español más contaminantes. Que nos cuesta casi ochocientos millones más cada año producir electricidad en las islas. Y da lo mismo que sea un parque eólico, una planta fotovoltaica, un salto hidroeléctrico, un observatorio astronómico para hacer un seguimiento de las consecuencias del cambio climático o una antena para protegernos de los incendios forestales… Hay que oponerse a todo y da lo mismo el fin que se persiga.
Es lo mismo que sostiene VOX. Tal y como nos cuenta Miguel González en El País, Abascal mantiene el discurso “de que no hay fronteras para el medio ambiente y no tiene sentido que España limite la emisión de gases de efecto invernadero o la producción de energía nuclear mientras importa electricidad de origen atómico de Francia o productos fabricados sin respetar las normas”. VOX, Trump, Bolsonaro…
Estoy a favor de que una parte importante del aprovechamiento de los recursos naturales debe ser público, de que se debe financiar, potenciar y avanzar en el autoconsumo y las comunidades energéticas ( en el Cabildo de Gran Canaria estamos muy implicados en ello), de que se debe caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo, de que no podemos seguir sosteniendo el desarrollo en el crecimiento y el consumismo sin límites…
¿Pero debemos parar la penetración de las energías limpias hasta que esto suceda no se sabe cuando?
Vuelvo a defender que hoy por hoy son necesarias todas aquellas instalaciones que cumplan con las exigencias de las leyes medioambientales y territoriales de las que nos hemos dotado y las infraestructuras necesarias para su almacenamiento y que no caben moratorias encubiertas utilizando torticeramente posiciones técnicas de privilegio para imponer suspensiones, ni neonegacionismos cortoplacistas que frenen la lucha contra el cambio climático y que abaraten el recibo de la luz, fraudulentamente elevado cada vez más.
No nos podemos olvidar de que las renovables fueron la fuente de energía más barata del mundo en 2020.
La próxima salida a bolsa de alrededor de un 2% de Aramco , que permitiría a la compañía levantar unos cuarenta mil millones de dólares y valoraría la totalidad de la empresa en unos dos billones de dólares, la mayor salida a bolsa de la historia, pone de manifiesto todo lo que le queda al mundo para lograr la necesaria descarbonización de la economía, un requisito imperativo y fundamental para plantearnos superar la emergencia climática que vivimos.
Un artículo en The Guardian traza una línea temporal de cómo, a lo largo del último medio siglo, las empresas petroleras han entendido perfectamente las consecuencias de sus operaciones, y a pesar de ello, lo han negado persistentemente, han protagonizado campañas de desinformación a todos los niveles, y sobre todo, como bien afirma George Monbiot , consiguieron echar la culpa del problema a los usuarios y absolverse a sí mismas de toda responsabilidad . No creas absolutamente nada sobre los supuestos planes de la industria petrolera para invertir en su mejora: todo lo que pretenden es ganar tiempo y poder seguir extrayendo petróleo del suelo.
En la imagen de esta entrada, la refinería de petróleo de La Coruña, donde mi padre trabajó toda su vida profesional. Literalmente comí de ese lugar hasta los veintipocos años, por mucho que obviamente, ni fuese mi voluntad, ni supiese las cosas que ahora sé sobre esa industria. Hace alrededor de un año, esa misma compañía, la propietaria de esa refinería, me llamó para participar en un proceso de reflexión sobre transformación digital, y me vi obligado a decirles claramente que cuanto mejor le fuese a su compañía, peor nos iría a todos, y que la mejor transformación que podría experimentar sería su cierre, su desaparición. Y realmente es lo que pienso: la industria del petróleo es la principal responsable de la crisis medioambiental, y cuanto antes logremos darnos cuenta de la radical importancia que tiene acabar con ella y con todo lo que representa, antes podremos empezar a pensar en construir un sistema genuinamente viable, en lugar de uno que nos aboque a la catástrofe medioambiental.
Las emisiones provocadas por la quema de hidrocarburos son el problema más importante al que nos enfrentamos, por mucho que algunos pretendan tozudamente seguir negándolo y por muchos importantes intereses económicos que sigan financiando el movimiento negacionista . Mira bien con qué colaboras cuando niegas el cambio climático, cuando te crees y utilizas en tus argumentaciones todas esas estupideces y basura sobre manchas solares, sobre supuestos efectos geológicos imparables, sobre coches eléctricos que supuestamente contaminan más que los diesel, o sobre el catastrofismo del «no podemos hacer nada». Si eres negacionista, ya sabes con qué estás colaborando.
Acabar con la industria del petróleo es una de las tareas más importantes y fundamentales con las que podemos colaborar como personas. Descarbonizar nuestras actividades todo lo que podamos, evitar en la medida de lo posible el consumo de hidrocarburos, no invertir en ellas, no financiarlas, situarlas como lo que realmente son: el cáncer del planeta. Políticas de descarbonización agresivas planteadas no para dentro de veinte o treinta años, sino ahora, cuando aún pueden significar una diferencia, y cuando el mercado nos demuestra cada día más que las energías renovables no solo son buenas para el planeta, sino que son, además, un muy buen negocio . En crear una conciencia clara en torno a ese tema, en promover la descarbonización como el cambio tecnológico más importante en la historia, es donde nos jugamos, en gran medida, el futuro de la humanidad.
Las petroleras admitieron más de 4.000 "incidentes ambientales" desde 2015
Darío Aranda
Página12
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que, además del desastre ambiental, los habitantes de la zona ven violados sus derechos por la militarización del territorio decidida por la ministra Patricia Bullrich.
Violación de derechos, desastre ambiental y militarización. Son tres los efectos que se producen en Vaca Muerta, según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén. Fue luego de un nuevo incendio en un pozo de YPF (iniciado hace una semana y que aún no pueden apagar) y de que la ministra Patricia Bullrich ordenara que Gendarmería Nacional "custodie" a las petroleras. "El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. Es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente", denunció Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. En 2013, cuando se inició la explotación en Vaca Muerta, el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, había prometido "cero impacto ecológico".
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de "fractura hidráulica" ("fracking"). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP),Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
Las secuelas del fracking
El fracking en Argentina acumula derrames, explosiones de pozos y "pérdidas" de pastillas radioactivas (se utilizan para "perfilajes", radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo "algunas hectáreas". YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) afirmaron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente provincial en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 "incidentes ambientales". En 2018 hubo 934 hechos.
La fuga que derivó en incendio
El sábado 14 de septiembre, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendio en un pozo de fracking de YPF. La Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de las petroleras.
El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
"El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este 'accidente' lo demuestra una vez más", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el publicitado "fracking seguro": explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Silencio y militarización
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los grandes medios de comunicación. "Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las "bondades" de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta.
Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural", denunció la Confederación Mapuche.
Hace años que anticipamos desde este blog el desafío que supone la llegada de la crisis energética más grave que tendrá que afrontar la Humanidad seguramente en su Historia. Hace años que intentamos explicar que esta crisis comenzará con el descenso de la producción de petróleo, porque de todas las materias primas energéticas es ésta la más comprometida, aunque el resto de materias primas energéticas no renovables (carbón, gas natural y uranio) le seguirán en un plazo de pocos años. En todos estos años hubo momentos (como el período de 2011 a 2014, cuando el precio medio del petróleo fue el más alto de su historia) en los que había mayor receptividad a los problemas que aquí se explican. Pero los últimos años de relativa y pasajera bonanza han hecho olvidar cuán grave es la situación de base, y justo ahora, cuando estamos a las puertas de un descenso energético que será muy rápido por culpa de nuestra falta de anticipación, es cuando menos preparados estamos para hacer frente a lo que viene. ¿Y cuál es la situación de base? Básicamente la que ilustra la Agencia Internacional de la Energía en su último informe anual.
La AIE está estimando que en los próximos 6 años la producción de hidrocarburos líquidos (a veces denominados "todos los líquidos del petróleo", porque incluye todas las sustancias más o menos asimilables a petróleo) va a descender de manera muy acusada, de manera que si bien ahora mismo estamos en una producción media de unos 93 millones de barriles diarios (Mb/d), hacia el año 2025 la producción estará en torno a los 66 Mb/d, cuando la demanda que se espera para tal fecha es de 100 Mb/d. Es decir, que la producción prevista sería un 34% inferior a la demanda esperada.
Por supuesto esta previsión se basa en determinadas hipótesis y tiene ciertas componentes especulativas. La propia AIE se encarga de matizar su propia previsión haciendo notar que si EE.UU. hiciera el milagro de multiplicar por 3 su producción de petróleo de fracking y además se hicieran otros progresos hoy día impensables en otros países, entonces el déficit en 2025 sería de "solo" del 14% (lo cual aún sería bastante terrible, desde el punto de vista económico). En todo caso, la previsión de la AIE no es una mera charada sin sentido: su proyección se basa en el hecho constatado de la fuerte desinversión de las compañías petroleras durante los últimos años y cómo se va a reflejar en la producción que podrá entrar en línea en los años más inmediatos. Y por desgracia ninguna de las hipótesis de base han cambiado durante los últimos meses: la AIE ha advertido repetidamente en las últimas semanas de que vamos a una situación de mucha tensión en el mercado petrolero, con diversos picos de precio en sucesión. Cabe recordar que la AIE es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo que reúne a los países más desarrollados del mundo, y que la función de la AIE es la de asesorar en materia de energía a los gobiernos de los países miembros. No solo eso: en los órganos directivos y los grupos de trabajo de la AIE participan representantes de las principales instituciones y empresas de los países de la OCDE. Por ejemplo, en el último informe anual figuran como revisores personas de todos los países de la OCDE, representantes de ministerios, de la Comisión Europea, del Banco Mundial, del Departamento de Energía de los EE.UU. y de muchísimas grandes empresas; y concretamente de España encontramos a Carlos Guascó, Francisco Laverón (ambos de Iberdrola), Pedro Antonio Merino (Repsol), Eduardo Roquero (Siemens Gamesa), María Sicilia (Enagas) y Luiz Augusto (Universidad Pontificia de Comillas). En definitiva: no solo no se deben tomar a la ligera las advertencias de la AIE, sino que en realidad sus observaciones y recomendaciones son la referencia en las que se basa (o debe basar) la política energética de nuestro país y nuestras empresas. Una cosa es que no se quiera hablar en voz alta de las malas previsiones para los próximos años y otra muy diferente es que estas previsiones no sean conocidas: lo primero es evidente, lo segundo es necesariamente falso, teniendo en cuenta quién participa en la elaboración de estos informes. Pero a pesar de ello, aparentemente nuestros representantes políticos no se hacen una idea clara de cuál es nuestra situación real y qué se debe hacer. En parte por la estrategia de silencio que imponen los grandes poderes económicos por miedo a que la difusión de estas malas noticias deprima la economía; en parte porque aún se espera que sobrevenga un milagro que resuelva el día. Aún no se acepta en los altos cenáculos que nos rigen que esta vez hay que hacer una reforma de la sociedad y del sistema productivo que vaya mucho más allá de lo estético. Justo en el momento más crítico, en el que nos tendríamos que estar preparando para lo no ya inevitable sino inminente, simplemente no tenemos nada. Nada oficialmente, y probablemente tampoco nada o poca cosa extraoficialmente. Con la intención de como mínimo comenzar la discusión sobre estos temas, en este post haré el ejercicio de describir cómo hacer frente a una situación de eventual crisis petrolera permanente. Comentaré las medidas que yo creo que se deberían de tomar y las compararé con las que creo que se van a tomar. Este ejercicio tiene muchas limitaciones. La primera es la imprecisión temporal. Es difícil saber en qué momento comenzarán a manifestarse los problemas de los que voy a hablar porque es bastante evidente que la carestía petrolera no se va a distribuir por igual según los países. Yo voy a pensar en el caso concreto de España, que probablemente llegará más tarde a los problemas que describiré justamente por formar parte de la aún bastante poderosa Unión Europea. No solo los problemas causados por la escasez de petróleo se retrasarán unos años en el caso de España, sino que probablemente su evolución será algo más lenta aquí que en otros lugares menos protegidos, lo cual dará un poco más de margen para tomar las medidas de adaptación.
Otra limitación importante de este ejercicio es que es imposible de saber cómo van a reaccionar exactamente los diferentes sectores económicos y sociales delante de esta escasez, así que hay una cierta componente de especulación (más o menos razonable, pero especulación) en lo que diré. Añádase que, como es lógico, yo tengo un conocimiento limitado (tanto en datos como en conceptos) de los mecanismos que gobiernan nuestro sistema económico y social, con lo que como mucho puedo dar recomendaciones generales, sin entrar en los detalles, y no siempre estarán correctamente orientadas, por lo que todo lo que se comente tiene que ser revisado críticamente si quisiera implementarse. Por último, hay una cierta componente inverificable en estas medidas: dado que probablemente muchas de las cosas no se van a hacer, ni aquí ni en ningún lado, no vamos a poder comprobar si hubieran sido más eficaces que las cosas que realmente vamos a hacer.
Hechas todas estas salvedades, comencemos por diseñar nuestro escenario. Como sabemos, en los próximos 6 años se va a producir una cierta caída de la oferta de petróleo. La AIE dice que puede ser de hasta 27 Mb/d respecto a la producción actual, cifra que rebaja a 7 Mb/d si se producen una serie de mejoras. Mejoras portentosas que son poco verosímiles; pero tampoco es mucho más creíble a caída de 27 Mb/d, que solo tiene sentido si no se toma ninguna medida correctora, cosa poco verosímil. En particular durante el último año se ha observado un ligero repunte de la inversión en exploración y desarrollo; insuficiente, sí, pero como mínimo algo remonta. Por tanto, como escenario de referencia, voy a tomar un valor intermedio de una caída de 15 Mb/d de aquí a 2025, es decir, pasaríamos de los 93 Mb/d actuales a 78 Mb/d. Estoy por supuesto descartando que haya una guerra importante en Oriente Medio o algún otro evento disruptivo de escala global, aunque admito que haya problemas graves a escalas más locales. Una caída de 15 Mb/d representa un descenso de la producción de petróleo del 16% con respecto a los niveles actuales, disminución que se tendría que dar entre ahora y 2025. Pensemos que, a pesar del papel que tuvo la llegada del peak oil del petróleo crudo convencional en 2005sobre la crisis de 2008, hasta ahora la producción de petróleo (todos los líquidos) ha crecido siempre. Como comenta el profesor James Hamilton, en la Gran Depresión de 2008 y en la Gran Recesión de 2011 el petróleo tuvo un gran papel, pero en esos dos casos no fue porque su producción de todos los líquidos bajara, ni siquiera que se estancara: es que no creció lo suficientemente deprisa. Imagínense por tanto el impacto que va a tener una caída del 16% en 6 años. Dada la magnitud de la caída, y de su gran impacto global, es de suponer que el consumo de petróleo en España va a caer drásticamente. Durante la crisis de 2008 el consumo de petróleo de España cayó más de un 25%, y aún hoy está lejos de recuperar los niveles de antes de la crisis.
Por tanto, en una situación de caída de disponibilidad del petróleo a escala global del 16% en los próximos 6 años no sería de extrañar ver una contracción del consumo de petróleo en España aún más fuerte que el que empezó en 2008. Sin embargo, es cierto que de 2008 a 2014 el consumo de petróleo que se ha perdido es el más crematístico, el que aportaba menos valor añadido a la economía. También es cierto que la tensión que va a originar la caída global de esos 15 Mb/d (unas 12 veces el consumo de España) puede a forzar a nuestro país a bajar aún más su consumo.¿Cuánta será, pues, la caída del consumo en España de aquí a 2025? Difícil de saber. En lo que sigue considero que será muy importante y que tendrá un impacto económico profundo en nuestro país.
Y después de todas estas consideraciones iniciales, esbocemos por fin nuestro escenario. Lo que describo no tiene porqué tener lugar en 5 años; bien podrían ser 10 o 20, pero probablemente es lo que acabará pasando si no reaccionamos adecuadamente.
Fase 1: Primer shock de precios.
Síntomas:
El precio del petróleo comienza a subir aceleradamente, y en cuestión de meses supera los 120 $/barril. La actividad económica se ralentiza a escala global, y particularmente en España. Se disparan las cifras de paro. Reacción estándar:
Se considera que es una crisis económica más, reconociendo, eso sí, que los altos precios del petróleo son un ingrediente importante en ella, pero solamente uno más. Se toman nuevas medidas para estimular la transición a la "economía post carbono", pero en la práctica las necesidades presupuestarias y el día a día hacen que no se haga nada realmente efectivo a ese respecto.
El Gobierno toma medidas clásicas para estimular la actividad económica: rebajas de impuestos a las empresas, incentivos a la contratación, líneas de crédito públicas... Como consecuencia del incremento de gasto que suponen estas medidas y de la caída de ingresos se reducen las prestaciones sociales. Se vuelve al discurso de "vivíamos por encima de nuestras posibilidades" y de la austeridad.
A pesar de todo cierran muchas fábricas y bajan las exportaciones. El paro sube al 20%, y el PIB cae un 10%.
La crisis dura entre un año y dos años. Tras la crisis, los ingresos fiscales no se recuperan y eso hace que no se retiren la mayoría de medidas de austeridad. Reacción más apropiada: Se reconoce públicamente que la crisis energética es la mayor componente de esta crisis, y que durante los próximos años se sucederán más crisis como ésta. Se discute abiertamente la situación entre todos los partidos, hasta que se consigue un consenso político sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una reacción concertada delante de la crisis energética. Se introducen cambios legislativos para reconocer un nuevo estado de emergencia nacional, en el que las condiciones de necesidad son permanentemente graves y requieren ajustes y sacrificios por la parte de todos. Se declara el estado de emergencia nacional por la crisis energética.
Se crea una mesa de diálogo con las empresas, para que comprendan la gravedad de la situación y lo drástico de las medidas que se tienen que tomar por su propio interés a medio y largo plazo. Se toman medidas taxativas para reducir el consumo de petróleo. Se limita la velocidad de los coches en ciudad a 30 km/h y en carretera a los 80 km/h. Eso incluye las autopistas; los concesionarios no reciben compensación debido a la emergencia nacional. Se crean diversas tablas sectoriales para la adopción de medidas urgentes para el ahorro energético. Por ejemplo, se propone reducir el volumen de mercancías transportadas por carretera a un 25% del actual y el de los barcos a un 10%, en un plazo de 10 años. Se fomenta la relocalización de actividades. Se toman medidas estratégicas para garantizar el suministro de recursos básicos y estratégicos. Se toman medidas para incrementar la soberanía alimentaria. Se obliga a la disminución y reutilización de envases. Se plantean planes para la reconversión industrial de muchos sectores que verán su demanda bajar drásticamente en los siguientes años, comenzando por el turismo.
A pesar de todas las precauciones tomadas y todos los consensos conseguidos, las medidas despiertan un gran rechazo y oposición entre la ciudadanía y muchas de las empresas, así que se requiere muchísima pedagogía y repetir numerosas veces el trasfondo del mensaje: o hacemos esto juntos o nos vamos al garete juntos.
A consecuencia de todas estas medidas, el PIB se contrae un 20%. Hay bastante descontento pero al final del período de crisis (que dura entre un año y dos) se relajan ligeramente algunas de las restricciones. La gente comienza a acostumbrarse a vivir de otra manera y modifica expectativas.
Fase 2: Segundo shock de precios.
Síntomas:
Tras uno o dos años de relativa tranquilidad (precio del barril relativamente alto pero asequible) el precio del petróleo se vuelve a disparar. Esta vez supera los 150$/barril en muy poco tiempo, y encima se mantiene en esos niveles durante meses (esto es debido a que no se destruye demanda tan rápidamente porque ya no quedan tantos sectores de bajo valor añadido). Reacción estándar: El Gobierno comienza una reacción al estilo de la anterior, pero pronto se ve que esta crisis es más grave que la anterior y que hay que tomar medidas más drásticas. Después de muchos nervios y rumores sobre la caída del Gobierno, al final se aprueba un paquete de medidas urgentes para la contención del gasto en petróleo y el impulso de la energía renovable. Se limita la circulación de vehículos (por ejemplo, por el número de matrícula) y se penaliza a los coches en los que viaja solo el conductor. Se mejoran ostensiblemente la bonificaciones a la producción renovable; desde el sector eléctrico se avisa que están saturados de producción y que esa nueva producción agravará los problemas existentes sin resolver ningún problema, pero el Gobierno los ignora.
El turismo entra en una recesión muy profunda, porque la crisis es global y los turistas no vienen. Las playas están vacías y, lo que es peor, también lo están bares y restaurantes. El paro en el sector de la hostelería se dispara.
La crisis económica se hace muy intensa. El paro supera el 25% y se acerca peligrosamente al 30%. Hay manifestaciones continuamente en las calles y menudean los robos y los hurtos. El Gobierno implanta nuevas medidas de orden público, con el incremento de la plantilla de policías; a pesar de la reducción de salarios de los funcionarios públicos, es una salida profesional para mucha gente. Al final de este período se empiezan a aplicar medidas de choque muy drásticas, con recortes sociales y de libertades individuales. Se restringe el derecho a la manifestación, se penalizan gravemente las convocatorias no autorizadas. Se empiezan a poner en marcha las primeras plantas de creación de combustibles líquidos a partir de carbón, con el objetivo de aprovechar el carbón nacional. España amenaza varias veces a Argelia por su falta de compromiso en el suministro de gas natural, y crea una comisión conjunta con Francia para seguir la crisis argelina.
La crisis dura tres largos años, con una contracción del PIB desde los niveles pre-crisis del 20%. Al final de la crisis se ve un ligero repunte de actividad y el Gobierno se felicita por la eficacia de sus buenas medidas. Acto seguido, cae el Gobierno, pero el Gobierno entrante no cambia en nada el rumbo marcado por el anterior. Reacción más apropiada: Se reconoce públicamente que la nueva crisis de precios es un síntoma del declive inevitable de la producción de petróleo. Se propone profundizar en las medidas tomadas en el período anterior. Se cambian los planes de estudios y de capacitación profesional, de manera que se aprendan nuevas técnicas que tengan en cuenta la necesidad de reparar, reutilizar y reciclar. Se introducen asignaturas obligatorias de horticultura desde la primaria. Se fomenta la extensión de huertos urbanos y de proximidad; todos los municipios deben destinar un área mínima a huertos, y se cambian las leyes para incentivar el paso de terrenos urbanos a rústicos. Se dan incentivos para la producción alimentaria nacional, y se carga con grandes aranceles la importación de alimentos del exterior, y con fuertes tasas la exportación de alimentos de los que España no es excedentaria. Se modifica la red eléctrica para hacerla más local y operar con menos pérdidas, y que pueda integrar pequeños sistemas locales. Se desincentiva la actividad industrial de alto consumo energético. Se crean planes para la recuperación de materiales útiles en vertederos. Se cierran todas las centrales nucleares, reconociendo que el coste de gestionar los residuos nucleares es muy oneroso y que no conviene hacerlo crecer. La red eléctrica está perfectamente cubierta con el resto de sistemas, y más ahora que el consumo eléctrico es mucho menor. Se fomenta la creación de economías lo más locales posible. Se establece un plan para el abandono total del coche y la disminución drástica del transporte de carretera. Los vehículos desechados se aprovechan por piezas para la reparación y mantenimiento vehículos de emergencia y maquinaria indispensable Se establecen unas cuotas para la producción de biocombustibles, que están reservadas para el uso exclusivo de los vehículos y maquinaria que se mantienen. Son años de ajustes duros, y el PIB está ya por debajo del 50% de los años pre-crisis, pero de acuerdo con la percepción social general la crisis es menos profunda de lo que se esperaba. La sensación de crisis en España dura menos de dos años y aunque el mundo en su conjunto sigue en crisis un año más, en ese último año las cosas van mejor en España: de hecho, el paro disminuye y se queda por debajo del 10%. Se abandona la medición del PIB. Francia presiona para formar un grupo de trabajo para abordar el problema argelino, pero España descarta inmiscuirse en problemas de otros países. El consumo de gas natural ha descendido con la reconversión industrial y se comienza a producir gas natural nacional en biodigestores y pequeños yacimientos. Fase 3: Tercer shock de precios.
Síntomas:
La tranquilidad dura menos de un año; el precio del petróleo empieza a dispararse de nuevo, pero esta vez muestra un comportamiento salvajemente errático: algunas semanas toca los 200$ por barril, para después caer hasta los 80$. Empieza a haber conflictos internacionales de envergadura y eso hace que las líneas de suministro dejen de ser fiables y que se origine escasez: no hay suficiente petróleo, es igual el precio que se quiera pagar. La contestación interna es muy fuerte. La contracción económica es brutal. El paro supera el 30% y avanza peligrosamente hacia el 40%. El PIB está alrededor del 40% de lo que era en los años pre-crisis. Los debates al Parlamento son muy broncos. En medio de una intensa presión al Gobierno para que reaccione a la crisis de suministro, España decide formar una fuerza aliada con Francia e Italia, e invade Argelia con la intención de "pacificar el país" (envuelto en una cruenta guerra civil entre dos facciones del ejército) y "llevar la democracia". La guerra en Argelia es un desastre, porque es un país fuertemente armado y la invasión está lejos de ser un paseo militar. España reestablece la recluta obligatoria y comienza a enviar soldados no profesionales a Argelia. En algunas ciudades, como Barcelona, la marcha de los quintos degenera en graves disturbios; hay combates con fuego real por las calles. El Gobierno tiene que destinar parte de las tropas para apaciguar el país. Empieza a haber problemas de abastecimiento de alimentos en las ciudades, lo que origina tumultos y asaltos a comercios. La población comienza a abandonar las ciudades. El Gobierno cae y le suceden otros de manera muy caótica. En algunas zonas no se pueden celebrar elecciones dado el grado de la revuelta. Cataluña se proclama independiente y el Gobierno de turno envía el ejército a sofocar la rebelión, cosa que consigue pero a un alto precio: falto de efectivos, el ejercito español en Argelia es aniquilado. Cae el Gobierno. El País Vasco amenaza con declararse independiente, pero el Gobierno no es capaz de enviar tropas y se ve forzado a aceptar ciertas imposiciones. En Cataluña, somatenes populares hostigan permanentemente al ejército. Tras meses de arduas negociaciones, sin saber quién tiene el poder realmente, acaba habiendo un acuerdo mutilateral en el que se hacen muchas concesiones al País Vasco y a Cataluña. Se comienzan a distribuir a gran escala combustible derivado de carbón, pero se limita por ley su uso; de hecho, se prohíbe el coche privado. Se estable un servicio agrario obligatorio para toda la población, para garantizar la producción de alimentos nacionales. Se nacionalizan muchas empresas y se hacen requisas de recursos indispensables. España se convierte en una humeante autarquía muy autoritaria, con pequeños oasis de libertad relativa, sobre todo en el País Vasco y Cataluña. Esta crisis se hace permanente. Nadie vuelve a mirar el precio del petróleo, ni confía en que se pueda reestablecer su mercado. Reacción más apropiada:
Se reconoce que estamos llegando a una fase terminal de la crisis del petróleo, y que el mercado internacional no puede garantizar ni siquiera el abastecimiento de lo que se produce.
Se implementa un plan de abandono total del petróleo, y de reducción drástica del carbón y gas natural (el uranio ya no se consume desde la crisis anterior).
Se profundizan las medidas de las fases anteriores. A pesar de la gravedad de la crisis internacional, España evoluciona de una manera suave porque tiene una muy baja, y decreciente, dependencia exterior. La producción se estabiliza en una valor adecuado para satisfacer las necesidades de la población. Al cabo de pocos años, para sorpresa del caótico entorno internacional, España logra prácticamente el pleno empleo.
España no está interesada en los suministros energéticos exteriores y su comercio exterior se basa en el intercambio de productos no indispensables. España rechaza implicarse en ninguna aventura militar exterior, y de hecho reduce su industria armamentística.
España ha logrado un economía de estado estacionario y la paz social interna. Su gran reto de futuro es hacer frente a las amenazas exteriores.
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Éste es el resumen de las medidas, las que probablemente se tomarán y las que se tendrían que tomar. ¿Cuáles creee Vd., querido lectores, que se adoptarán al final? En realidad, eso depende de todos nosotros.
Salu2. AMT
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