La situación de tensión derivada de la guerra de Ucrania ha puesto el gas en el foco del debate político, económico y social. Un mal enfoque puede anclarnos en una mayor dependencia de este combustible fósil. Como ejemplo, en el Estado español resurgen proyectos de megainfraestructuras gasistas que habían sido ya frenados.
Durante el último semestre, el gas ha pasado a ocupar una posición preponderante en el debate mediático, político y social. Mal llamado gas “natural”, este combustible fósil está formado mayoritariamente por metano (CH4). Pero pese a sus grandes impactos medioambientales, han sido la cuestión económica y la seguridad energética las que han puesto en relevancia este asunto.
El incremento de los precios desde el pasado otoño ha generado gran preocupación social y más hogares en situación de pobreza energética al no poder hacer frente a hinchadas facturas energéticas. Y es que este combustible — tan volátil como sus precios— afecta de forma transversal a nuestra vida cotidiana. De forma directa, una parte de la población utilizamos gas fósil en nuestros hogares y comercios para calentarnos, obtener agua caliente sanitaria o para cocinar. Pero, además, impacta en nuestras vidas de manera indirecta, por ejemplo, a través del precio de la electricidad. En 2021, las centrales de ciclo combinado, las cuales queman gas para producir electricidad, supusieron el 17’2 % de la producción eléctrica. Por su parte, el sector industrial también utiliza el gas fósil directamente en las industrias termointensivas y en la producción de metales, caucho, plástico, cemento, vidrio y cerámica.
¿De dónde viene esta subida de precios?
La subida de los precios desde el pasado otoño tiene sus causas en el mercado global del gas. En un primer periodo podemos distinguir como desde agosto de 2021 se produce una subida de precios vinculada al mercado Spot del gas, es decir, a los contratos de corto plazo para suministro de Gas Natural Licuado (GNL). Este incremento se debe a los efectos de la pandemia en el desacople entre la oferta y la demanda. Por un lado, en el ámbito europeo se registra un suministro menor por parte de los países productores como el Reino Unido o Noruega. A la vez que se ha incrementado la demanda de los países asiáticos al recuperarse parte de la actividad económica tras la covid-19. A todo ello se suman efectos derivados del cambio climático. Grandes sequias en Latinoamérica han provocado que países como Brasil, cuya producción eléctrica depende un 70 % en la generación hidráulica, aumenten enormemente sus importaciones de GNL para cubrir la demanda energética.
Asimismo, la parada de la actividad industrial y de extracción de combustibles fósiles, derivada de los impactos de la covid–19, ha hecho que los países importadores no pudiesen llenar sus almacenes antes de la temporada de invierno. En el caso de Europa se estima que en diciembre del 2021 el almacenamiento de gas se situara un 22 % por debajo de la media de los últimos 10 años, según los datos de AGSI. Aunque la situación difería en función de los países.
Depósitos de gas en Xixón
Por si fuera poco, a esta situación de partida se le suman los efectos que ha tenido la guerra de Ucrania en la desestabilización de los mercados. Han contribuido la dependencia de algunos países europeos del gas ruso, las sanciones de la Unión Europea a Rusia y el corte del suministro de gas a algunos países (al cierre de esta edición: Polonia, Bulgaria y Finlandia). A un ambiente, ya de por sí complejo, se suman las declaraciones del Gobierno español sobre el Sáhara que han puesto en tensión la importación de gas desde Argelia, además de suponer una vulneración de derechos para el pueblo Saharaui.
Todo ello genera un caldo de cultivo perfecto para que las propuestas de reactivación de megainfraestructuras, como las regasificadoras o los gasoductos se presenten como soluciones mágicas ante la coyuntura en la que nos encontramos. Paradójicamente, dichas “soluciones” no hacen más que anclarnos durante las próximas décadas a la utilización de un combustible fósil, caro y altamente contaminante. Invirtiendo para ello miles de millones de euros que deberían destinarse a la resiliencia energética.
¿Qué está pasando en Europa?
Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa. Olvidando a menudo los compromisos alcanzados durante la COP26 sobre la eliminación de los combustibles fósiles, especialmente en lo que respecta al gas fósil.
Las medidas energéticas que están tomando las instituciones públicas europeas pretenden afrontar problemáticas que no se han abordado anteriormente de forma adecuada por una falta de previsión y planificación. Las conversaciones sobre la diversificación del suministro de gas están en la agenda de la UE desde hace años, precisamente tras las crisis del gas entre Ucrania y Rusia de 2006, 2009 y la anexión de Crimea en 2014. En ese año, la UE ya aprobó su Estrategia Europea para la Seguridad Energética con la misma finalidad: dejar de depender del gas ruso. Sin embargo, a pesar de que se han invertido miles de millones de euros en más gasoductos y terminales de importación de GNL para permitir los flujos de gas no ruso a Europa, la Estrategia ha fracasado. El porcentaje de gas ruso en la mezcla de gas de la UE en realidad ha aumentado del 40 % al 43,6 %, alcanzando los 152 miles de millones de metros cúbicos (bcm) en 2021.
Actualmente la UE se está dotando de nuevos instrumentos para la misma tarea. Como la hoja de ruta REPowerEU que marca el camino para salir de la dependencia rusa en 2027. Para ello disminuir en dos tercios la dependencia del gas ruso para 2023. También obliga a los países a comenzar el invierno con los almacenes subterráneos al 80 %. Durante los próximos meses, la compra de gas para almacenamiento puede conllevar precios similares o mayores para el próximo año.
El Plan de acción publicado por la Comisión Europea el pasado 18 de mayo, entre otras cuestiones, destina una dotación de 10.000 millones de euros a proyectos de infraestructuras de gas y GNL que van más allá de la actual lista de Proyectos de Interés Comunitario (5º PCI). Este sería el caso de un nuevo gasoducto submarino entre España e Italia (ver línea morada en el mapa). Una semana antes de la publicación, el 11 de mayo, Enagás y Snam, las compañías propietarias de la mayor parte de las redes de transporte de gas en España e Italia, firmaban un acuerdo de estudio de su viabilidad técnica. Por lo que el proyecto, que ni si quiera se tiene seguridad de que sea factible todavía ni las repercusiones ambientales que puede conllevar, podría llegar a recibir financiación europea. Asimismo, el Europe Gas Crisis Tracker identifica 26 terminales de GNL, proyectos de ampliación de terminales y unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) en diez países europeos; 22 de los cuales se han anunciado, propuesto o reactivado desde febrero de 2022. A pesar de algunas lagunas en la información sobre los proyectos, éstos aumentarían la capacidad de importación en torno a 152 bcm, con un coste de, al menos, 6.000 millones de euros. Todo ello a pesar de que estudios de organizaciones sin ánimo de lucro, o el publicado por la consultora Artelys, coinciden en que no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025. Dos años antes de lo estipulado por la RePowerEU.
También establece que se movilizarán fondos para proyectos de importación de hidrógeno “verde” (renovable), al haberse duplicado el objetivo de importaciones hasta los 10 millones de toneladas anuales en 2030. A parte de los elevados precios. Ello podría conllevar una perdida energética importante y un freno para la transición ecológica de los posibles países exportadores en el norte de África. Una nueva práctica de neocolonialismo energético.
Cada euro invertido en gas fósil, significa un euro menos para políticas de reducción de la demanda, implementación de la eficiencia energética o facilitar la transición a las energías renovables. Cada porcentaje de ahorro energético conseguido puede ayudar a reducir las importaciones de gas de la UE en un 2,6 %. Este será un gas que la UE nunca más tendrá que importar.
Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa.
Por otro lado, la Comisión quiere ampliar la producción de biometano a 35 bcm para 2030. Como ha demostrado un reciente informe del IFEU, no es realista aumentar la producción de biogás a 35 bcm, ya que solo se pueden producir 17 bcm de forma sostenible. Al fijar un objetivo de 35 bcm se corre el riesgo de que los cultivos alimentarios se utilicen para la producción de biometano, lo que provocaría una mayor subida de los precios de los alimentos y podría empujar a más personas a la pobreza alimentaria.
El GNL: Al caos climático por la vida líquida
Al mismo tiempo, los países europeos están buscando acuerdos y contratos con otros proveedores, especialmente para Gas Natural Licuado (GNL). Ya que el mercado de GNL tiene más flexibilidad que las importaciones a través de gasoductos. En 2021, las importaciones de este combustible representaron el 20,5 % del consumo de gas fósil de Europa.
Estados Unidos es actualmente el principal proveedor de GNL de Europa. Recientemente, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente de los EE UU confirmaron en una declaración conjunta (Task Force on Energy Security) su intención de suministrar otros 50 bcm de GNL a Europa para 2030. Cabe resaltar que el GNL estadounidense exportado a Europa es casi en su totalidad gas de esquisto 1, producido por la técnica de la fractura hidráulica, más comúnmente conocido como “fracking”.
El fracking es un método de extracción altamente contaminante y destructivo que consiste en inyectar grandes cantidades de agua mezclada con productos químicos en formaciones geológicas. Las investigaciones demuestran que el fracking contamina el agua y el aire, amenaza la salud pública, provoca terremotos, perjudica a las economías locales y disminuye el valor de la propiedad en las comunidades en las inmediaciones de los pozos de extracción. En EE UU, al menos 17,6 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un pozo activo. La fracturación y la infraestructura de gas afectan de forma desproporcionada a las comunidades con menores ingresos, así como a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
Otros países como Nigeria, Catar, Argelia o Senegal se sugieren como proveedores clave de gas fósil para Europa. Sin embargo, el aumento de la dependencia energética respecto a otros países simplemente hace que el continente se enganche a otros proveedores de energía fósil, en lugar de aportar autonomía energética a Europa.
Por otro lado, se vuelve real la amenaza de que Europa exporte su inseguridad energética a otros países. Los países europeos tendrán que superar la oferta de otros para obtener contratos de suministro de gas, lo que supone que los países y colocarlos en la precariedad energética en su lugar. El GNL originalmente destinado a las economías asiáticas emergentes se está desviando hacia Europa, y los altos precios están exprimiendo los mercados nacionales en India, Pakistán y Bangladesh, entre otros.
El gas fósil en el Estado español
En este contexto, en España se están reavivando los debates sobre los proyectos de ampliación de las infraestructuras de gas que quedaron en suspenso hace años. Mientras algunos sostienen que la península ibérica debe ser el centro europeo del gas, España intenta posicionarse como un centro de suministro de hidrógeno verde para el norte de Europa en las próximas décadas.
Uno de sus argumentos es que la capacidad de regasificación de nuestro país es muy elevada. Con seis plantas de regasificación en funcionamiento (y una séptima que no llegó a entrar en funcionamiento), España cuenta con cerca del 30 % de la capacidad de regasificación de la UE. Sin embargo, en 2021 estas plantas solo operaban al 27 % de su capacidad y el almacenamiento se mantuvo en el 52 % de media. Durante el inicio de 2022, debido al cierre el pasado otoño del gasoducto Megadaz que conectaba Argelia con España a través de Marruecos, Estados Unidos se ha posicionado como el mayor exportador de gas fósil en forma de Gas Natural Licuado (GNL) a España.
Estados Unidos exporta el 35 % del gas que llega a España, en su mayoría gas procedente del fracking, seguido de Argelia, con un 25 %, la mayor parte del cual se transporta por gasoducto, Nigeria, con cerca de un 15 % (GNL), y Rusia, con un 7 % (GNL).
A pesar del evidente sobredimensionamiento de la capacidad de regasificación española, el operador gasista español, Enagás, relanza el debate sobre la apertura de la planta de regasificación de El Musel en Xixón (Asturies). En 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) reconoció que esta planta no era necesaria para el suministro. Fue declarada ilegal, en 2013, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al construirse a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia tres años después, pero la empresa adjudicataria, Enagás, actualmente está tramitando de nuevo su legalización y que pueda entrar en funcionamiento.
Sin embargo, por un lado, su puesta en marcha aporta muy poco a la sobredimensionada capacidad de regasificación ya existente. Por otro lado, en cuanto a su posible utilización como almacén de GNL, con una capacidad de 300.000 m³ solo aumentaría en un 10 % el almacenamiento de GNL en los tanques de regasificación en el Estado español. Esto solo supondría mejorar dicha capacidad en cinco puntos porcentuales si, como propone la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalmente se permite que este gas licuado almacenado en los tanques de la regasificadora se contabilice como parte del gas acumulado en el almacenamiento subterráneo. Tampoco tendría sentido como punto de carga y descarga intermedio para buques metaneros con destino Europa, debido al incremento de costes de operación, pérdida de tiempo y aumento de kilómetros recorridos.
Otro proyecto controvertido que se está reconsiderando es el gasoducto MidCat. Paralizado en el 2019 por el rechazo de los reguladores energéticos español y francés. Su desarrollo no supondría una ayuda en el corto, medio ni largo plazo para la crisis energética europea. Aún en el plazo improbable de terminarse en tres años, lo que conllevaría un gran incremento de costos, solo podría transportar el 2,2 % de la demanda europea de gas en 2021. También se está relacionando con un futuro uso del transporte de hidrógeno verde, pero no hay garantía de la viabilidad energética y económica de su producción.
Durante la primera década de los 2000, se produjo en España un boom de la infraestructura gasística que pretendía dar respuesta a un aumento de la demanda doméstica que nunca se produjo. El mismo deseo frustrado de convertir España en un hub (centro de conexión) de gas natural para toda la Unión Europea reaparece unido a la fiebre del hidrógeno verde. Corremos ahora el mismo riesgo de desarrollar megainfraestructuras gasistas que nos anclen aún más a la dependencia de los combustibles fósiles que entonces. En su lugar, hace falta una planificación que se base en los usos energéticos socialmente necesarios. Para salir de los combustibles fósiles y poder desarrollar una vida digna dentro de los límites del planeta.
Nota:
(1) Natural gas explained. Where our natural gas comes from, US Energy Information Administration, 2022. https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
Marina Gros, Campaña de Ecologistas en Acción sobre el Gas. Revista Ecologista nº 112.
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