Gran paso adelante: por fin se ha completado en Brasil la demarcación física del territorio de los kawahivas, uno de los pueblos indígenas en aislamiento más amenazados de la Amazonia.
Más de 27 años después de que se confirmara la existencia de indígenas en aislamiento en el Territorio Indígena Kawahiva do Rio Pardo, se ha completado la demarcación física de su tierra en el estado brasileño de Mato Grosso.
Ahora solo falta la firma del presidente Lula para que se homologue y reconozca oficialmente este territorio indígena.
La selva de los indígenas kawahivas en aislamiento es blanco de acaparadores de tierras y madereros, que presionan para acceder a su territorio. Se oponen con agresividad al reconocimiento de sus tierras, a menudo recurriendo a la violencia, a incendios provocados y a presiones políticas.
Los kawahivas son cazadores-recolectores nómadas que dependen por completo de su selva para sobrevivir y prosperar. Son los supervivientes de ataques genocidas y enfermedades que acabaron con la vida de sus familiares y hoy resisten en su tierra, rechazando el contacto con el exterior.
Cuando invasores entran en su territorio, los kawahivas se ven obligados a vivir huyendo de madereros armados y poderosos terratenientes ganaderos. Imagen captada durante una grabación inédita, durante un encuentro fortuito con funcionarios.
Jair Candor, el reconocido indigenista de la FUNAI que lleva trabajando por la protección de este territorio desde la década de los 90, declaró a Survival: “Desde el momento en que se lleva a cabo la demarcación física, esta aporta más seguridad porque así es como la gente empezará a comprender que esto es real: los postes y las señales ya están ahí. Es un paso adelante más que hemos superado, pero la lucha continúa porque ahora viene la homologación. Y eso es muy importante para la supervivencia de los kawahivas. Para mí es una cuestión de honor comenzar y terminar este trabajo que garantizará el futuro de estos indígenas en aislamiento”.
Para Caroline Pearce, directora de Survival International: “Los kawahivas en aislamiento viven desde hace décadas amenazados en su propia selva, cuando lo único que intentan es ejercer su derecho a vivir como ellos elijan, sin contacto con el exterior. Ahora, por fin, estamos a solo un paso de que su territorio sea reconocido y protegido. Es fundamental que el presidente Lula dé rápidamente el paso definitivo hacia el pleno reconocimiento legal; esta es la única forma de garantizar el futuro de los kawahivas”.
Y añadió que “el hecho de haber llegado hasta aquí es un reconocimiento al firme compromiso de los aliados de los kawahivas, tanto dentro como fuera de Brasil, frente a la violenta oposición de los acaparadores de tierras colonizadores y sus aliados políticos. Ahora las autoridades brasileñas deben llevar esto hasta el final”.
Durante más de dos meses, Candor y su equipo han recorrido el territorio de los kawahivas y han clavado postes en el suelo a lo largo de sus fronteras e instalado carteles para disuadir a los intrusos. Ahora que la demarcación del territorio ha concluido, un decreto presidencial es el último paso del proceso para crear el territorio indígena.
Sin embargo, la demarcación por sí sola no protegerá la tierra indígena. Debe ir acompañada de la presencia constante de equipos gubernamentales en el lugar para monitorear el territorio e impedir invasiones y apropiaciones ilegales de tierras.
Survival lleva décadas haciendo campaña a favor de los derechos territoriales de los kawahivas, junto con organizaciones indígenas como COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), FEPOIMT (Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso) e Indian Law Resource Center, así como con sus aliados OPAN (Operação Amazônia Nativa) y Opi (Observatório dos Povos Indígenas Isolados).
“Cada territorio que avanza en el proceso de demarcación es motivo de alegría para nuestra institución, que busca garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas del estado de Mato Grosso”, afirmó Silvano Chue, presidente interino de la FEPOIMT. “Los pueblos indígenas son los verdaderos dueños de estos territorios” (leer la declaración completa aquí).
“Opi recibe con gran alegría la noticia de que se ha dado otro paso fundamental hacia la protección del Pueblo Indígena Kawahiva, que aún no ha tenido contacto con el mundo exterior”, manifestó en un comunicado el grupo de defensa de los derechos indígenas (leer la declaración completa aquí).
Información complementaria:
– La FUNAI confirmó la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en este territorio en 1999. Posteriormente, en 2013, este organismo gubernamental publicó unas imágenes inéditas de nueve miembros no contactados del Pueblo Kawahiva caminando por la selva amazónica.
– En 2016, después de que miles de simpatizantes de Survival, junto con organizaciones indígenas de Brasil, presionaran al Gobierno, el Ministerio de Justicia declaró la selva de los kawahivas como territorio indígena, un paso importante previo a la demarcación física sobre el terreno.
– En 2018, se expulsó a ganaderos y madereros que ocupaban el territorio. Desde entonces, el proceso de demarcación se ha estancado en gran medida, ya que el sector agroindustrial y otros intereses han intentado impedir que avance.
– El nuevo informe de Survival “Resistir para existir: la lucha global de los pueblos indígenas en aislamiento” revela que hay al menos 196 pueblos y grupos indígenas no contactados que viven en 10 países. Son autosuficientes, resilientes y viven de forma independiente en sus selvas y bosques, y prosperan cuando se respetan sus derechos. Más del 96 % de los pueblos indígenas en aislamiento se ven amenazados por las industrias extractivas y la exploración.
– Expertos de Survival y aliados, que llevan años trabajando en esta campaña, tienen disponibilidad para entrevistas.
La Fundación Teko Kavi impulsa la iniciativa dentro del proyecto Conservación del Gato Andino en Bolivia y Perú, que se desarrolla con financiación del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y apoyo del Gobierno de Canadá.
Los recientes avistamientos de gatos andinos en un área protegida en el noroeste de Bolivia darán pie a un plan de acción para preservar a esos esquivos felinos, considerados “mensajeros de los achachilas”, que se encuentran en "peligro crítico" en el país.
La Fundación Teko Kavi impulsa la iniciativa dentro del proyecto Conservación del Gato Andino en Bolivia y Perú, que se desarrolla con financiación del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF, en inglés) y apoyo del Gobierno de Canadá.
La fundación trabaja en Bolivia en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, en el norte del departamento de La Paz.
"Nuestro objetivo es tener un plan de acción de conservación del gato andino del área protegida de Apolobamba (...) Todas nuestras acciones las realizamos con los guardaparques del área protegida y trabajamos con las comunidades", explicó a EFE el coordinador del proyecto, el biólogo Josef Rechberger.
Para lograrlo, se instalaron 40 cámaras trampa que estuvieron activas entre mayo y agosto en las markas, o conjuntos de comunidades, de Apacheta, Suni Alpaqueros y Cañuhuma y en minas abandonadas en el sur de Apolobamba, precisó a EFE la bióloga Oriana Prado.
Según Prado, en ese periodo se tuvieron registros, aunque no se sabe "exactamente de cuántos individuos" porque no se les puede identificar "a detalle".
Por la distancia entre las cámaras, se piensa que podrían ser unos tres, aunque "podrían ser más o quizás alguno se ha movido mucho", indicó.
Estos avistamientos complementan otros registros obtenidos en la primera fase del proyecto realizada en 2023 también en Apolobamba, pero en los territorios de la Nación Puquina, en el norte del área protegida.
La bióloga precisó que con estos datos, se hará "el plan de acción para la conservación" del gato andino en Apolobamba.
Gato “mensajero”
El gato andino (leopardus jacobita) habita en Argentina, Bolivia, Chile y Perú y se calcula que en la región existen entre 2.400 y 2.500 individuos, un "número muy pequeño", según Rechberger.
Estos animales llegan a pesar hasta siete kilos y se caracterizan por sus orejas grandes y ligeramente redondas, nariz negra, pelaje con manchas y una gruesa cola con anillos oscuros.
Rechberger precisó que en Sudamérica, el gato andino se encuentra en peligro y en Bolivia "tiene una categoría más avanzada", pues según el Libro Rojo de Vertebrados del país, está "en peligro crítico".
Los gatos andinos viven en lugares altos y rocosos, una de las razones por las que su población es reducida, pues estos sitios no son continuos, lo que también los vuelve vulnerables al cambio climático y a algunas enfermedades.
Su alimento principal son las vizcachas. Con esto, los felinos contribuyen a evitar la sobrepoblación de esos animales que se alimentan de las plantas de los bofedales, actuando también en el ciclo del agua en estas zonas.
La Nación Puquina lo considera "sagrado" y lo llama el “mensajero de los achachilas”, un portador de buenos presagios, mientras que los pobladores del sur de Apolobamba lo evitan porque creen que si lo hieren o molestan, "se van a enfermar, o les puede hasta caer el rayo", señaló Rechberger.
Amenazas y acciones
Según Rechberger, una de las "amenazas más terribles para el gato" es la minería, que le afecta indirectamente por la contaminación de los cuerpos de agua en los lugares donde habita este animal.
Con el proyecto también se detectó que los perros y gatos domésticos de las comunidades aledañas en ocasiones llegan hasta el hábitat del gato andino en busca de alimento, lo que supone otra amenaza por las enfermedades que podrían transmitir a los felinos silvestres.
Ante esto, Teko Kavi trabaja con las escuelas en Apolobamba para explicar sobre el rol ecológico del gato y busca concienciar a los pobladores sobre la tenencia responsable de mascotas.
Además la entidad realizó talleres de sensibilización sobre la minería responsable para evitar la contaminación del agua y prevén apoyar una iniciativa para que las indígenas de la zona hagan artesanías tejidas con la imagen del gato andino, algo que les genere ingresos y, a la vez, apoye a la conservación de estos animales.
Entrevista a Mónica Chuji Gualinga, exasambleísta ecuatoriana
14 años después, la ex asambleísta ecuatoriana reflexiona acerca de su participación en la Asamblea Constituyente, el origen de la declaratoria de la Pachamama como sujeto de derechos y los retos de su implementación.
Mónica es Kichwa amazónica. De padre de ascendencia Achuar. Es directora adjunta para América Latina y el Caribe de la organización indígena global Indigenous Peoples Rights International con la cual desarrolla un trabajo de acompañamiento y asesoría con distintos pueblos.
FSJ: ¿Qué significa ser kichwa y cómo es su relación con su pueblo?
MCH: Los Sarayaku somos oriundos de la provincia de Pastaza (Ecuador). De ahí, hemos viajado desde hace 40-50 años buscando tierras fértiles al norte de Sucumbíos. El término territorio lo propusimos porque para nosotros la tierra, con la noción territorio, engloba las dimensiones de la vida articuladas y dependientes, donde hemos vivido, sentido, construido y deconstruido la vida con nuestras prácticas culturales ancestrales, no todas buenas, y otras que hemos renovado e inventado. El territorio como concepto aglutina todas las dimensiones para los pueblos indígenas, los sueños, la vida, espiritualidad, allí están todas nuestras energías, el agua, la biodiversidad y todos son interdependientes. Una alteración tiene consecuencias. Los seres vivos de todas las especies dependemos del territorio y, por eso, es super sagrado para los pueblos indígenas.
FSJ: ¿Cómo conciben ustedes a la tierra: un sujeto, una persona, ¿etc.?
MCH: en muchos idiomas se le nombra de diversas formas. La concebimos como la madre tierra, la madre naturaleza, como un ser vivo. Es obvio, si una planta da frutos es porque está viva, si se seca es porque murió. El principio fundamental es que todo lo que está en el planeta está vivo. Los bosques están vivos, son bosques muy espirituales que están interconectados profundamente con todas nuestras energías. Una forma de sintetizar eso, en el caso ecuatoriano, fueron los derechos de la naturaleza que significa que está viva.
FSJ: ¿Qué retos enfrento al ser miembro de la Asamblea Constituyente en 2008?
MCH: Yo fui elegida para la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución para Ecuador. Presidí la Mesa de recursos naturales y biodiversidad. La tensión fue muy alta, poniendo de manifiesto el coraje y la contradicción del presidente de la República y de todo su gobierno pese a que yo fui asambleísta de la bancada oficialista; sin embargo, la voz que primaba allí y las bases en las que me sostenía para hacer las demandas históricas eran precisamente las de donde yo vengo: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), trabajo en comunidades y organizaciones regionales, etc.
Fue una mesa tensa donde la gente que participó como asambleísta carecía del mínimo conocimiento sobre la temática que se debatía. No sabían lo que significaba biodiversidad como tal, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas. Era un espacio donde, además de presidir, debía educar a la gente para que hubiera un nivel de debate y eso complicaba mucho más llegar a acuerdos porque ellos desconocían qué era el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, qué contemplaba, el derecho a la consulta libre, previa e informada, no podían decidir y dependían del gobierno, del oficialismo, para decidir qué decir. Ese fue un punto de conflicto en la mesa.
Cuando se trataba de revisar la territorialidad indígena y los asentamientos tradicionales, dónde estaban ubicadas las principales concesiones petroleras y mineras hubo tensiones: se debatía, especialmente, la consulta previa que el Estado debe cumplir para extraer los recursos naturales excepto en zonas intangibles donde está prohibida su explotación. Eso generó muchísima tensión porque había también asambleístas vinculados -de una u otra forma- con empresas mineras y petroleras que alguna vez habían pasado por allí o simplemente porque algunos creían, en ese momento, que la opción era extraer todos los recursos naturales para la inversión, que también era la postura del presidente Correa en ese momento.
La tensión también nacía de las grandes diferencias entre la visión moderna, oficial que tiene la sociedad mestiza respecto a los pueblos indígenas, y la visión de los pueblos indígenas que es una concepción diferente desarrollada milenariamente. Hemos sido sociedades que no escribíamos, orales, por eso no hay libros escritos donde se teorice sobre cómo concebimos la relación con la madre naturaleza, con los territorios, como quiera llamarse y con todos los seres vivos. Esa es la concepción que yo defendía.
Había entonces confrontaciones entre dos formas de ver, dos vivencias, eso no solamente se visibilizó en la mesa, sino en el pleno de la Asamblea donde 130 asambleístas teníamos que opinar y había gente políticamente de izquierda que tampoco entendía y se sumaba, a los partidos tradicionales, conservadores, cuando se trataba de derechos indígenas, de nuestras propuestas y reivindicaciones, no hubo diferencia entre la izquierda y la derecha al menos, en ese punto. Ahora, diría yo que hay una apertura mental para incorporar la dimensión ambiental territorial y el tema de derechos indígenas y comprender otras lógicas de vida.
FSJ: En la academia, especialmente, blanca, norteamericana y eurocéntrica se ha negado que el origen de los derechos de la naturaleza esté en los pueblos originarios. ¿Qué piensa al respecto?
MCH: Ciertas ONG se han vanagloriado, han hecho una campaña internacional diciendo que son los inventores de los derechos de la naturaleza, que esos derechos se los venía pensando y repensando desde otras latitudes, en otros momentos de la historia y que nada tienen que ver los pueblos indígenas con su incorporación en la nueva constitución. No obstante, lo cierto es que desde que los pueblos indígenas hemos estado activos en la vida política organizativa una de las posturas históricas -basadas en la vivencia, en la experiencia y en el tiempo- ha sido precisamente cómo nosotros concebimos a los seres vivos con los que convivimos, sabemos quiénes son y la razón de su existencia.
Esa ha sido una enseñanza, que la hemos vivido y aprendido, reaprendiendo y desaprendiendo, pero es mediante la experiencia práctica hemos sabido que todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida, tiene derecho a seguir existiendo y no somos nadie para coartar su ciclo de vida. Cuando hemos tenido que hacer nuestras chacras, huertas, hemos prescindido de ciertos espacios, tumbado árboles y montes, son prácticas de la agricultura y somos conscientes que hacemos eso con un bosque está vivo, pero lo hicimos porque necesitamos cultivar, pero no en lugares sagrado, sino donde considerábamos que no hacíamos mucho daño. Para nosotros hasta los seres considerados inertes tienen una energía, tienen vida.
De esa reflexión, parte esa ONG que dice mejor démosle un nombre: digámosle que es el derecho de la naturaleza, parte de la razón, la reflexión propia y profunda de la práctica y la vida misma, de los pueblos indígenas. De allí que, en la asamblea, alguna otra gente, compañeros de otras ONG vinieron a plasmar a escribir, a buena hora, en torno a esa reflexión. Yo más bien asumo la postura de que los derechos de la naturaleza fueron construidos con base en el pensamiento, la lógica y la vivencia de los pueblos indígenas, con el apoyo de ciertas personas de ciertas organizaciones, lo cual me parece super bien. Esto significó que esas instituciones se han sensibilizado y se logró materializar y poner en papel aquello que, teórica y verbalmente, los pueblos indígenas habíamos sostenido, madurado y construido.
De la teoría a la práctica
FSJ: ¿Cómo se vive la plurinacionalidad que dio origen a la Constitución ecuatoriana de 2008?
MCH: es un planteamiento político, jurídico y sistémico, relacionado con una construcción diferente de la arquitectura de nuestros Estados porque era vertical y los pueblos originarios eran vistos como pueblos de segundo, como subcultura, y bajo esa lógica se desarrolló la política pública. La plurinacionalidad ha implicado cuestionar al Estado y plantear uno que reconozca a los pueblos milenarios que han habitado estos territorios desde antes de la Conquista europea. Es una justicia histórica, con un valor político y simbólico profundo que tiene como propósito una redistribución del poder político y de la riqueza para todos. La pluralidad política no es solo un concepto que nace de los indígenas para los indígenas; al contrario, reta todo el sistema y tiene qué ver con la inclusión de todos los sectores sociales: mujeres, jóvenes, hombres, campesinos porque al final de las personas que no hacen parte de la élite capitalista son explotadas y no son tratadas como sujetos de derechos. De eso se trata la plurinacionalidad, como todo proceso se sigue realizando poco a poco. Nos sirve lo que está en la Constitución para exigir, asumirlo y pedir su implementación.
Usted ha dicho que el término Sumak Kawsay ha sido utilizado a conveniencia: ¿Cómo ha ocurrido esto?
MCH: Ese concepto surge en el pensamiento amazónico ecuatoriano. Una de las primeras personas que teoriza este concepto es Carlos Viteri Gualinga, de la provincia de Paztasa. Él profundizó este concepto en su tesis de antropología y, a partir de ahí, se ha ido desarrollando el pensamiento indígena Kichwa particularmente. En el marco del proceso de la Constitución, creo que hubo una apropiación de este concepto, por parte del partido oficial, cuando gobernaba Rafael Correa. Empezó a ponerse de moda, esta palabra, esta frase, que la gente sabía que significaba Buen vivir y nada más, pero no conocían las implicaciones espirituales, lingüísticas, culturales, cosmogónicas y de la dimensión de la vida. Se usa, por un lado, como propaganda política, como gancho para atraer gente con una posición progresista, alternativa y, por otro lado, se le vacía de contenido y es utilizada como un cliché para decir que el gobierno, en ese momento, la revolución ciudadana, caminaba con el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas. Fue utilizado como una frase política vacía que sirvió para justificar la violencia en los territorios, el ingreso a zonas intangibles y sin hacer un proceso real de consulta, pues creo que la consulta es un mecanismo democrático y es paso fundamental para obtener el consentimiento.
Con el Sumak Kawsay se pretendió fue decir: vamos a explotar los territorios indígenas para darles un Sumak Kawsay a todos los ecuatorianos. Hubo realmente una manipulación terrible, un desprestigio del concepto que los pueblos indígenas construyeron a partir de la práctica milenaria y creo que eso es lo que vivimos actualmente, esa herencia de vaciamiento que le dio a una práctica milenaria teorizada por los amazónicos.
FSJ: ¿Qué tan eficaz, en la práctica, ha sido la consagración de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana?
MCH: Como todo derecho escrito es una herramienta que sirve para sumar a una resistencia que vienen haciendo los pueblos. Ninguna Constitución ni ningún derecho ha sido, por buena voluntad, implementado desde el Estado ni desde los gobiernos. La Constitución nos da la garantía de poder exigir, eso es lo que pasa con los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en la práctica te puedo decir que no, no es un derecho que se ha respetado por parte del Estado ni de los gobiernos locales ni de las corporaciones, pero ha servido para protestar, defender y dar una batalla jurídica por parte de los pueblos. Hay una batalla desigual, pero al menos ha servido simbólicamente porque la Constitución ecuatoriana reconoce que la Pachamama es un ser viviente, un conjunto de seres vivientes diversos que han existido siempre y a los que no se les puede impedir el curso de su vida y por eso cuando hay un abuso, hay que pararlo. ¿Y quién debe pararlo si no nosotros mismos?
Pero de la teoría a la práctica, si esto ha significado una disminución del abuso a la Pachamama, no podría decir tajantemente ni sí ni no, más bien no que sí. Pero es un instrumento que permite profundizar el debate, sensibilizar y hacer que la gente sepa que vivimos en un planeta vivo y del cual vivimos que, si atentamos contra ella, lo hacemos contra nuestra propia vida. Los derechos de la naturaleza tienen un valor político y ético de vanguardia que sirve para exigir el cumplimiento de lo que se reconoció en la Constitución.
FSJ: ¿Pero la protección es efectiva?
MCH: Hay varias sentencias que no se cumplen. Hace falta la voluntad política de los gobiernos de turno. El problema es que nos gobierna gente capitalista a ultranza, que ve a la Pachamama en términos de dólares, que piensa que todo tiene un valor comercial y solo piensan en su existencia. Hace falta una concientización global y un compromiso de todos los Estados y todos los actores claves que tienen gran incidencia en el mundo. Las sentencias no se cumplen o se cumplen a medias.
FSJ: ¿Qué les hace falta a los movimientos sociales, incluido el movimiento de los pueblos originarios, para consolidar los derechos de la naturaleza?
MCH: Lo primero es desprendernos de la idea de que solamente a ciertos grupos o movimientos les corresponde la defensa del planeta. El Jahua pacha, kay pacha y uku pacha, los mundos diversos. Creo que es injusto que ciertos sectores estén defendiendo la Pachamama, quienes deben asumir la responsabilidad deben ser las grandes corporaciones. Debe masificarse su defensa porque si seguimos creyendo que solo estos grupos deben defenderla, solo ellos hacen el trabajo y además se les estigmatiza. La academia comete ese mismo error colonizador: ver a la gente que está conectada con la naturaleza, considerarla como primitiva, salvaje, no modernos, y que deben ser salvados. Hay que superar esto y plantearlo como una cuestión de vida que nos atañe a todos los ecuatorianos. Hace falta un cambio del sistema, que los Estados y los gobiernos asuman una posición firme y también falta un remezón a nivel planetario que evidencie que estamos en un punto de no retorno del planeta…
Mónica Chuji Gualinga creció en una familia de dirigentes comunitarios y provinciales, durante los años 70 y 80. Ha participado en movilizaciones y defensa del territorio desde siempre, pero en los últimos años se ha dedicado a la reflexión y a otros trabajos. “Reflexionar a partir de la experiencia -y los cambios y la relación con la madre naturaleza- ya que el caos actual amerita aportar con reflexión”, dice Mónica. Esta entrevista es parte de esas reflexiones 14 años después de pertenecer a la Asamblea Constituyente ecuatoriana, que consagró a la Pachamama como sujeto de derechos en la Constitución.
J. Fernanda Sánchez Jaramillo, comunicadora social y periodista, magister en relaciones internacionales, abogada, candidata a doctora en derecho. Escribe sobre los derechos de la madre tierra, los demás animales y los pueblos originarios.
@fresearchs
Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com
Fuentes: Mongobay [XI Gran Marcha de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia. Foto: Facebook Nación Cambas.]
Numerosos ataques contra la vida de líderes indígenas y sus comunidades marcaron el transcurso del 2021. Sin embargo, las luchas y movilizaciones de los pueblos se tradujeron en logros importantes.
Un año más, el 2021, fue un año marcado por la violencia para los pueblos indígenas de Latinoamérica. A la pandemia de COVID-19 y sus efectos, se sumaron las desapariciones, la criminalización, persecuciones y asesinatos a líderes, así como las presiones sobre sus territorios de proyectos extractivos como la minería y la tala indiscriminada, la construcción de carreteras, incendios forestales y derrames petroleros, unidos a la constante presencia del crimen organizado en sus tierras.
Aun así, las comunidades indígenas resistieron y encabezaron luchas diversas para frenar la devastación de la tierra, sus recursos naturales y defender su derecho a la vida. Incluso fueron nuevamente reconocidas por gobiernos del mundo y organismos internacionales como los mejores protectores de la naturaleza. En Mongabay Latam te ofrecemos un recorrido por los grandes temas que marcaron el 2021 para los pueblos indígenas.
1. Líderes indígenas amenazados, desaparecidos y asesinados
En países como Perú, Colombia y México los pueblos indígenas han vivido bajo amenaza constante. Desde inicios del 2021, líderes Cacataibo y Asháninka fueron asesinados en la Amazonía peruana en un contexto relacionado a los cultivos ilegales de hoja de coca y al narcotráfico. Al noroeste de México, en el estado de Sonora, siete defensores del territorio ancestral yaqui fueron desaparecidos: las autoridades tradicionales señalaron que la escalada de violencia en su región tiene que ver con la presencia de grupos del crimen organizado, pero también con los intereses de empresas detrás de la actividad minera. En el suroccidente de Colombia, al menos 30 personas indígenas fueron heridas con ráfagas de fusil mientras protestaban —erradicando cultivos ilegales de coca— por el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Pero estos no son casos aislados: de acuerdo con el informe anual más reciente de Global Witness, tres de cada cuatro personas defensoras asesinadas perdieron la vida en Latinoamérica. Fueron 227 asesinatos durante 2020 y más de un tercio de los casos fueron contra pobladores indígenas.
Familiares de los desaparecidos en territorio yaqui, en el noroeste de México. Foto: Tribu yaqui de la Loma de Bacúm, Sonora.
2. Narcotráfico y deforestación
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana han sido un blanco particular del narcotráfico y de la deforestación de sus territorios. Las amenazas van desde la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas, carreteras ilegales y conflictos territoriales, hasta los cultivos ilegales de hoja de coca y miles de hectáreas deforestadas e invadidas. Estos problemas han afectado, principalmente, a los pueblos Cacataibo, Kichwa, Asháninka y Shipibo conibo, los mismos que han hecho frente a estas amenazas desde la organización comunitaria, valiéndose de la tecnología y con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales.
Chozas que resguardaban químicos para laboratorios de droga, ubicados en Flor de Ucayali, fueron destruidos por la policía en julio de 2021. Foto: Fema Ucayali.
3. Territorios indígenas asediados
Ha pasado más de un año desde el peor derrame petrolero de los últimos 15 años en Ecuador, y más de 100 comunidades Kichwa afectadas por la contaminación del río Coca siguen exigiendo justicia y la reparación de los daños. En Bolivia, mientras tanto, los territorios indígenas una vez más fueron afectados por los incendios forestales. Según el libro “Incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia”, que reúne los impactos del fuego en estos territorios entre 2010 y 2020, la superficie quemada superó las 5 millones de hectáreas dentro de 58 territorios indígenas titulados. En Colombia, por otro lado, comunidades indígenas detectaron embarcaciones de mineros ilegales operando en el río Caquetá y el pueblo sikuani denunció la afectación de sus territorios ancestrales por la palma y la presencia de una colonia menonita. En Perú, este grupo religioso ha continuado ampliando sus territorios en medio de la protesta de comunidades indígenas de la Amazonía que señalan la superposición con sus territorios.
Los bosques en la carretera Masisea Imiría son ahora campos de cultivo en manos de la colonia menonita de Masisea. Foto: Sebastián Castañeda.
Los líderes indígenas Tuntiak Katan (Ecuador), Sônia Guajajara (Brasil) y Gregorio Mirabal (Ecuador) en la movilización por el Día de Acción Global por la Justicia Climática, durante la COP26 en Glasgow, Escocia. Foto: Alianza Global de Comunidades Territoriales (AGCT).
5. Luchas, movilizaciones y avances del movimiento indígena
Entre los grandes logros para los pueblos indígenas, estuvo la elección de la activista mapuche, Elisa Loncón, para presidir la Convención Constitucional que tiene como misión escribir la nueva Constitución de Chile. Ocupar este cargo, sostiene Loncón, sienta un precedente para la defensa de los derechos de las comunidades, la naturaleza, las mujeres y las infancias. En los últimos meses, además, ocurrieron distintas marchas y protestas por la defensa de los territorios. En Ecuador, por ejemplo, integrantes de la comunidad kichwa El Edén iniciaron un paro y bloqueo de caminos por el incumplimiento de convenios de la estatal petrolera Petroecuador, que concluyó 47 días después, con la suscripción de un acta que incluye la participación de la empresa y del gobierno para cumplir con el financiamiento de agua potable para la parroquia, un proyecto de energía eléctrica y adecuar el Subcentro de Salud. Algo similar ocurrió en Perú: durante 74 días, más de 200 indígenas amazónicos tomaron la Estación 5 de Petroperú, en la región Loreto. Su exigencia es el cumplimiento de acuerdos con el gobierno, entre los que se incluye la inversión de 6000 millones de soles en la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales ocasionados por las actividades petroleras, reclamos que concluyeron en diciembre pasado con el anuncio de instalación de una mesa de trabajo entre los actores.
En Ecuador, indígenas siekopai exigieron el desalojo de colonos que han invadido su territorio durante 13 años Foto: Diego Cazar Baquero.
En Perú también se demostró que los pueblos indígenas son los mejores para proteger la biodiversidad cuando tradujeron sus acciones en beneficios para la gente: con la pandemia de COVID-19, en el distrito amazónico de Pebas y sus alrededores, la escasez de recursos y alimentos fue resistida gracias al buen estado de los ecosistemas. La existencia del Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, así como la propia organización de las comunidades indígenas, lograron que a diferencia de otros puntos de la Amazonía se pudiera sobrevivir. Además, ocurrió un hecho histórico para las mujeres indígenas peruanas: reconocida por su lucha contra la tala y la pesca ilegal durante más de 20 años, además de ser pionera en la creación del Parque Nacional Yaguas, Liz Chicaje Churay, lideresa del pueblo bora, fue la tercera mujer peruana en recibir el Premio Ambiental Goldman 2021 para el Sur y Centro América, considerado el ‘Nobel Verde’, un galardón que reconoce el trabajo de los activistas ambientales del mundo. “Me siento más comprometida para seguir trabajando. El trabajo que hacemos cuando somos dirigentes lo hacemos porque nos nace, porque estamos comprometidos con el bosque”, dice la activista.
Liz Chicaje Churay navega en un río en la Amazonía peruana. Foto: Goldman Environmental Prize.
Así lo confirmó a la agencia EFE Julio Fuentes, coordinador del programa Manejo de Fuego de la Gobernación de Santa Cruz, quien agregó que los incendios activos están en la localidad de Roboré y otro en San Matías, cerca de la frontera con Brasil. La zona afectada es la misma que más padeció los fuegos forestales en 2019.
De nuevo bajo el fuego. Así está una zona del sureste de Bolivia desde el 1 de agosto, cuando se presenciaron los primeros incendios forestales. Y poco a poco, la tragedia ha ido aumentando.
Julio Fuentes, coordinador del programa Manejo de Fuego de la Gobernación de Santa Cruz, le explicó a la agencia EFE que la mayor afectación ha sido en la localidad de San Matías, que pertenece al departamento de Santa Cruz y queda ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Brasil. El departamento, además, hace parte de la Amazonía boliviana.
Fuentes señala que solo allí se han quemado 100.000 hectáreas y que las autoridades locales ya llevan una semana intentando repeler el fuego con maquinaria pesada. El Viceministerio de Defensa Civil señaló la misma cifra afectada después de hacer un sobrevuelo por la zona.
Y San Matías no ha sido el único lugar afectado. La localidad de Roboré también ha padecido bajo las llamas. Además de los dos incendios activos en dichos municipios, Fuentes agrega que la Gobernación de Santa Cruz detectó este domingo unos 35 focos de quema activos.
Todo esto ha ocasionado la quema de más de 150.000 hectáreas en una zona de alto valor ambiental en Bolivia. Y es que las llamas están devorando parte de la Chiquitanía, una región de transición entre el Chaco y la Amazonía, que es además el bosque seco tropical más extenso de todo el mundo y mejor conservado.
Esta fue la misma región azotada por los incendios de 2019 que consumieron más de 6,4 millones de hectáreas de vegetación de todo el país, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). De ellas, dos millones correspondían a bosque, vegetación arbustiva y pastizales.
Una de las consecuencias de ese entonces fue que más de 2,3 millones de animales desaparecieron de áreas protegidas que quedan en el bosque de la Chiquitanía, según le dijo Sandra Quiroga, jefa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Ecológica de Santa Cruz, a la agencia AFP en 2019.
Los incendios ya alcanzan un área protegida de la Chiquitanía
Aunque hasta ahora las conflagraciones actuales no se comparan con las de hace dos años, las alarmas están prendidas porque el fuego está avanzando hacia algunas reservas naturales, como lo confirmó al canal estatal ‘Bolivia TV’ el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
A pesar de que el funcionario no precisó el nombre de las reservas afectadas, el medio internacional Mongabay Latam registró que se trata de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, ubicaba dentro de la Chiquitanía. Según el medio, los incendios ya están dentro del área protegida y están avanzando hacia las faldas de la serranía.
Los incendios forestales vuelven a generar pánico entre las comunidades aledañas a la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, en la Chiquitania boliviana. Aunque el fuego está controlado, falta logística para combatir las llamas. ⬇️ https://t.co/l1XWiu6B01
Calvimontes solo indicó que las autoridades están realizando un “cortafuegos” para evitar que el incendio se expanda, que están utilizando un helicóptero Súper Puma para realizar los trabajos necesarios en el lugar y que hay más de 200 personas trabajando para contener las llamas.
Por su parte, Alejandra Sandóval, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, explicó en un video publicado por la Gobernación de Santa Cruz, que la estrategia en la que están trabajando es crear “líneas de defensa para poder hacer un contrafuego” ya que debido al “cambio de vientos, (el fuego) ha cruzado la carretera” que va hacia la frontera con Brasil y que circunda el área protegida. El medio local El Deber publicó un video en el que se evidencia cómo las llamas consumen una parte de la reserva.
El incendio forestal en el valle de Tucabaca muestra un frente de más de 10 kilómetros. Las llamas originadas en El Naranjo se adentran en la serranía y afectan al Área Protegida. pic.twitter.com/8wWsllnULU
Al sábado 7 de agosto, la Gobernación ya había decretado una alerta naranja en todo el departamento por los incendios forestales. Y es que esta región ha sido una de las más golpeadas en esta temporada. Fuentes indicó, por ejemplo, que en lo va de agosto se han detectado mil focos de quema activos en Santa Cruz.
Aunque el viceministro Calvimontes informó que los focos de calor ya están disminuyendo. Una prueba de ello es que el sábado se registraron 520 y este domingo se redujo a 496 focos de calor.
El Gobierno boliviano dice que ya identificó a los autores de los incendios
El viceministro Calvimontes informó este domingo que ya identificaron a los propietarios y a las asociaciones de empresas de las haciendas donde supuestamente comenzó el fuego de esta semana.
“Ya tenemos absolutamente identificados el nombre de las propiedades, y de los propietarios o de las asociaciones, porque son empresas algunas, quienes componen el grupo empresarial donde se han iniciado los incendios”, señaló Calvimontes en su entrevista con el canal estatal.
Añadió que el equipo jurídico ya está trabajando para realizar los procesos administrativos pertinentes y la Fiscalía deberá complementar la investigación; pero no dio información sobre los presuntos responsables de las quemas que hoy azotan a esta región de Bolivia.
Un repaso a como ha afectado la pademia del coronavirus a algunas naciones indígenas en distintos países de Abaya Yala (no son todos, sólo los que hemos seguido y trabajado): Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Isla Tortuga (Navaho y Sioux) y Perú.
Brasil
Brasil es otro país golpeado con fuerza por el Covid-19 con 844 muertos (15 mayo).
En Manaos, Brasil, 16 indígenas fallecieron por el coronavirus. Esta nueva situación augura el incremento de la introducción de extractivismo e invasiones de tierras indígenas. El nuevo coronavirus golpea una región que recientemente ha sido afectada por uno de los peores brotes de dengue, además de zika y sarampión. En esos casos, la preocupación es que al ser vulnerable, esas personas también contraigan el coronavirus.
El pueblo guaraní es también la segunda población indígena más grande de Brasil, con 51.000 guaraníes kaiowás, habitando en el estado de Mato Grosso del Sur. El 16 de mayo en la Reserva Indígena de Dourados (RID), la reserva más poblada de Brasil con 17.300 habitantes, se confirmaron 10 casos de Coronavirus aunque se sospecha sean muchos más1. Todas las aldeas Guaraní Kaiowá están en alerta, estableciendo barreras de protección y bloqueando el acceso a sus territorios.
Las condiciones de vida en las aldeas indígenas no permiten el aislamiento doméstico, con lo que se facilita la transmisión. Por ello distintas organizaciones guaraní kaiowá2 han lanzado una campaña para recabar ayuda. El hospital de Dourados cuenta con pocas camas. Esta situación demuestra la incapacidad de los municipios para atender las necesidades de salud de los pueblos indígenas.
Ahora el plan de respuesta sanitaria indígena pasa a su segunda fase, con pruebas a gran escala y aislando a la población indígena en sus Tekohás (territorios indígenas), bloqueando los accesos a excepción de los trabajadores de la salud y la ayuda humanitaria.
La Secretaría de Salud Indígena sólo proporciona asistencia médica básica, por lo que precisan que los Servicios Estatales asuman la responsabilidad conjunta, así como una mejora de os servicios de emergencia.
Como en otros casos, por todo lo mencionado. el pueblo guaraní kiowa entiende esta situación que denominan de “racista e inhumana” como una prolongación del genocidio que han sufrido por siglos.
Colombia
En Colombia la alarma saltó cuando la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) informó de que cerca de 90 familias de Riosucio, en el Chocó tenían síntomas de coronavirus5. Después esto se desmintió, aunque sí fallecieron una señora de sesenta años y una niña de trece, según nos informó el activista colombiano Gabriel Marrugo.6Según la ONIC actualmente más de 315.000 familias indígenas se encuentran en alto riesgo de contagio (9 mayo)7. Según Marrugo “la situación evidencia que hay una necesidad urgente de mejorar el acceso a la atención para la salud en las comunidades indígenas en el Chocó, porque las condiciones sanitarias son muy precarias”.
A estas comunidades les sorprendió la crisis con una nueva ofensiva de los paramilitares de AUC y las guerrillas del ELN que aprovecharon la situación de la pandemia, como denunció también Marrugo: “la pandemia está sirviendo para ocultar la guerra en Colombia”.Familias del mismo municipio de Riosucio (Chocó), tuvieron que protegerse en la selva1. El 24 de abril unas 70 familias embera-eyábida de Urrao (Antioquia) también se vieron obligadas a dejar su comunidad por el mismo motivo, y otras 1000 quedaron en riesgo, como informó OIA (Organización Indígena de Antioquia).8 Nuevamente son las comunidades indígenas las más perjudicadas porque el fuego cruzado les pilló en medio. Pero además, la situación impuesta por la pandemia, les han privado de suministros, con lo que hizo a la situación más crítica si cabe.
“Tenemos necesidad de alimentación ya que no podemos sembrar mucho por la presencia de minas antipersona ya que el Gobierno, que declaró emergencia sanitaria el 16 de marzo, todavía no ha garantizado a estas comunidades ni la seguridad sanitaria ni acceso a alimentos”. Por ello CAMIZBA (Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato) inició la recolección de ayudas de para la damnificada comunidad indígena embera de Riosucio9
Por otra parte, en el departamento del Cauca, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)10 en plena pandemia, ha lanzado el “Plan de contingencia para la emergencia nacional desde el sistema territorial economico ambiental”. Este plan es parte de su Minga Hacia Dentro, el auzolan o trabajo comunitario, para poder abastecer a las personas que continuando con el confinamiento no tienen acceso a la alimentación. Para ello, el CRIC, que supera todas las capacidades de las instituciones, vuelve a incidir y a demostrar su nivel organizativo y de autogestión.
Patatas para distribuir en la minga del CRIC procedente de la zona fría.
Este plan además reafirma su autonomía alimentaria (producción, transformación, distribución, redistribución, consumo y comercialización) incidiendo en la propia economía de su gente, entendiendo el objetivo de esta propuesta como “defensa y control de la Madre Tierra y los Espacios de Vida, frente a efectos externos como el que nos atañe como lo es la emergencia causada por el COVID 19”. Para este plan, el CRIC también recauda fondos11, y también para las guardias que protegen las comunidades indígenas de la entrada de extraños, que precisan costear su bebida tradiciona, el aguapanela para mantenerlos con energía y salud (tiene mucha vitamina C, minerales y obviamente, mucha energía).
Ecuador
Ecuador ha sido uno de los países más castigado por el Covid-19, con 22.719 casos positivos de (cifras de finales de abril) y 3.600 muertos (13 marzo). Se suman en este caso muchas características particulares del país que hace difícil la protección: muchas personas en economía no oficial, falta de medios sanitarios, dificultades de abastecimiento alimentarias, etc, y su composición étnica con multitud de pueblos indígenas siempre más vulnerables por la dependencia y acoso que ejerce sobre ellos la sociedad capitalista.
Por ello la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que aglutina a las Nacionalidades indígenas, se mostró sorprendida con la decisión del Gobierno de levantar la cuarentena el 4 de mayo y por ello anunció que continuaría con la cuarentena en comunidades indígenas12. Esto implica que se mantiene la medida de aislamiento social (cuarentena) durante todo el mes de mayo, en territorios indígenas; el mantener las guardias comunitarias para controlar el acceso a territorios comunitarios, y guardar la disciplina colectiva; mantener las formas de intercambio comunitario para garantizar el abastecimiento. Abogan a la solidaridad para con las comunidades indígenas manteniendo precios justos y evitando la especulación de productos. También reclaman una vez más el uso de las lenguas originarias para informar debidamente a todas las personas.
CONAIE se muestra consciente del efecto económico que significa el confinamiento para las comunidades indígenas, pero ante eso también propone una gran minga (labor comunitaria) que levante su economía.
Entre las naciones, más afectadas, citar al pueblo Siekopai o secoya, que se mostró temeroso con el Covid-19 al entenderlo como un posible exterminio13. Según informa Jaime Plaza en Ojo Verde Ecuador (La Mula)14, entre el 14 y 21 de abril dos personas de esta nación amazónica, que habita en Ecuador y Perú, fallecieron con síntomas del coronavirus.
Siekopai – Infografía COVID-19
La Nación Siekopai fue duramente castigada por la primera explotación de petróleo en la Amazonía norte de Ecuador, en Sucumbíos, entre 1971 y 1992. Fueron unos de los primeros damnificados por la tristemente conocida explotación de Texaco-Chevron15, junto al pueblo cofán, siona, secoya, quichua y huaorani. Texaco perforó más de 350 pozos y arrojó cerca de 16.500 millones de agua contaminada en piscinas sin protección, que rebosaron y lo contaminaron todo, enfermando a la población. Actualmente sólo quedan 744 personas de este pueblo. En Ecuador, el pueblo Siekopai fue despojado de más del 95% de su territorio ancestral. Actualmente se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos, lo que en esta nueva situación de pandemia, incrementa notablemente los riesgos
La situación bajo la pandemia, es consecuencia de esos despropósitos históricos y años de abandono y desatención estatal, careciendo de infraestructura de salud, problemas de abastecimiento alimentario y agua potable. Ahora denuncian que faltó respuesta desde las autoridades locales y nacionales, por lo que gestionaron ellas mismas 50 pruebas rápidas. 44 miembros de esta nacionalidad dieron positivo, así como 3 del personal de Salud.
El pueblo Siekopai, debido al aislamiento, están viviendo una verdadera crisis de alimentos ante la imposibilidad de pescar, cultivar y moverse para recolectar. Pero también porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha cumplido todavía con la entrega de 84 kits de alimentos. Además, los derrames de petróleo y aguas de formación (altamente tóxicas) de los pozos continúan. La última contaminación ocurrió el pasado 26 de marzo en el río Shushufindi, provocando la muerte de los peces que son básicos en su dieta.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) ha elaborado protocolos y directrices para evitar más propagación y mortandad, y exigen al estado que ésta sea aplicada, así como pruebas masivas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la alta vulnerabilidad en la que los pueblos indígenas se encuentran frente a la pandemia, particularmente los pueblos en aislamiento (tagaeri y taromenane) y contacto inicial (waorani). Llamó a los diferentes Estados a tomar medidas urgentes y específicas para proteger su derecho a la salud. Pero instó a que sean acordes con su cultura, y respeto a sus territorios y a su cosmovisión.
Guatemala
El 29 abril, el Gobierno de Guatemala decretó la segunda prórroga del estado de calamidad pública a causa del coronavirus, con lo que éste continuará hasta el final de mayo. Para entonces había personas 557 contagiadas y 16 muertos. La cuarentena y la campaña “Quédate en casa” se iniciaron después que en otros países, pues el primer caso positivo de coronavirus no se detectó hasta la primera quincena del mes de marzo. Se puso en evidencia que el gobierno y el sistema de salud no estaban preparados para atender una emergencia, lo que creó la alarma en las comunidades El toque de queda fue una manera perversa de la élite para aprovecharse de la crisis, beneficiándose de los recursos que el Estado destinó para ésta y para ahondar en la privatización16. La activista maya k’iche’ Lolita Chávez denunció en entrevista a A Planeta que el gobierno emitió préstamos por más de 3.500millones de dólares de dinero publico que fue a parar a esas élites.17
Chávez denunció también que el confinamiento impidió la práctica de sanación indígena que era tan necesaria en esta situación, parte de la discriminación y represión que sus formas culturales han sufrido durante la historia.
La reclusión impidió también el desarrollo de las economías familiares, de forma que no pudieron cultivar (pese a entenderse la agriculrura como actividad esencial) ni por tanto comercializar productos pues se prohibieron los mercados locales, por lo que tampoco generaron ingresos, ni se abastecieron de alimentos. Como explican los autores de “Pueblos indígenas en el contexto del Covid-19 en Guatemala” (Clacso)18, “a dos meses de la pandemia, es común ver en orillas de carreteras o en la ciudad a personas con banderas blancas, pidiendo apoyo de alimentos para enfrentar la crisis que están viviendo. Se teme que en los próximos meses la situación de desnutrición aguda y crónica se incremente, especialmente en comunidades más empobrecidas y aquellas que se encuentran dentro del denominado “corredor seco”, que en su mayoría son comunidades indígenas”.
Mientras, para las grandes empresas extractivistas y exportadoras, para las mineras, hidroeléctricas, monocultivos,petroleras la actividad no se ha detenido, con lo que prosigue el saqueo, y también la brecha entre ricos y pobres, en la que las personas indígenas (y entre ellas las mujeres) son perjudicadas. Y recordemos que ese extractivismo es además el que afecta a la salud de las personas, de forma que las hace vulnerables a enfermedades y virus como el que nos ocupa.
A medida que el número de muertos por el Covid-19 sigue aumentando en los EE.UU., el temor de que la propagación del virus pueda devastar las comunidades indígenas es fundado, y ellas son las primeras, utilizando su auto-organización, de plantear medidas y desarrollar la asistencia. Ya son al menos 44 las personas muertas en la comunidad indígena y más de 1.100 casos confirmados, de acuerdo con Indian Country Today. De ellos, la Nación Navajo, al ser la nación originaria más grande, es la más afectada por el brote, con casi 30 muertes y más de 830 casos confirmados. Las Naciones Pueblo, aledañas a la navajo también tienen tasas grandes de infección.
La Nación Navajo, se extiende a lo largo de unas 7 millones de hectáreas en los estados de Arizona, Nuevo México y Utah. En Arizona, por ejemplo, pese a constituir el pueblo Navajo tan sólo el 6% de la población, contabiliza el 16% de las muertes por Covid-19. El caso en los otros estados es parecido. En Oklahoma, la primera muerte relacionada con el Covid-19 fue un indígena Cherokee.
Estas cifras sólo crecerán debido a las malas condiciones de salud preexistentes en las comunidades indígenas y a los escasos recursos sanitarios en éstas. En el caso de la nación navajo, la extracción de recursos y producción energética tienen un gran efecto en su salud. Hablamos de minas a cielo abierto de uranio y carbón, así como de centrales térmicas de carbón.
El paquete de estímulo del gobierno para el coronavirus para las 574 tribus reconocidas nacionalmente destina 8.000 millones de dólares de alivio, pero muchas personas plantean que se necesita mucho más para proteger adecuadamente a estas de la propagación del virus.
El epidemiólogo y activista para la salud pública para las poblaciones indígenas, Dean Seneca de la Nación Séneca, expresó a Democracy Now! que “el virus no ha golpeado realmente a la América rural todavía” que es donde se sitúan las naciones originarias, así que los mayores efectos están por venir.
Muchos residentes todavía carecen de acceso a agua potable y otros recursos. La activista y artista navajo Emma Robbins es la directora del Proyecto de Agua Navajo, una alternativa de servicios públicos gestionada por la comunidad para suministrar agua corriente caliente y fría a los hogares sin acceso a las líneas de agua o alcantarillado. La Nación Navajo tiene una de las tasas más altas de pobreza de agua en los Estados Unidos. Los Navajos tienen 67 veces más probabilidades de no tener cañerías, agua potable y saneamiento en sus casas. Una de las cosas más difíciles en este momento es poder lavarse las manos en la Nación Navajo. Tienen que comprar el agua en comercios que quedan muy alejados de las reservas y donde muchas veces se ha agotado. Cuando la gente sale a acarrear o comprar agua, también se expone al virus.
Muchas mujeres navajo han dado un paso adelante en el liderazgo de la ayuda mutua liderándo la lucha por sus comunidades. Estos proyectos están cosechando gran éxito en la reserva. La delegada del Consejo Navajo, Amber Crotty informó también que la Nación Navajo está actualmente bloqueada.
En la Nación Navajo existen dos tipos de hospitales. Uno es el IHS, o Servicio de Salud Indígena y luego los llamados hospitales 638, que son hospitales que originalmente eran parte del gobierno federal pero que han sido tomados por el gobierno tribal. Y en la reserva, hay 16 centros de salud. Nueve de ellos son clínicas. Siete son hospitales. Hay alrededor de 400 camas de hospital y 46 camas en la UCI. Es una nación soberana. y también capaz de ayudarse a sí misma. Pero es fundamental el asegurar que se cumplen los tratados y la financiación del gobierno federal. Ahora ésta es urgente.
Séneca criticó que Trump lanzó muchos mensajes contradictorios desde el principio, y ahora está tratando de justificar en sus informes recientes. Cometió un gran error al eliminar su consejo sobre salud internacional y pandemias globales, y finalizó la financiación de la Organización Mundial de la Salud. Mientras priorizó más dinero para bombas y la construcción de un muro.
En Dakota del Sur, ha tenido lugar la afirmación de la soberanía índigena Sioux para autodefenderse del riesgo viral, rechazando la demanda de la gobernadora de eliminar los puestos de control establecidos contra el Covid-1920. Las tribus Sioux del río Cheyenne y Oglala Sioux dicen que los puestos de control son la mejor manera de protegerse contra el coronavirus que pudiera introducirse en sus comunidades, que no están equipadas para hacer frente a un brote.
El presidente de la tribu Cheyenne River Sioux, Harold Frazier
Mientras, la gobernadora de ese estado los declara ilegales y ha amenazado con llevar a su tribu a los tribunales. Porque como tantas otras veces, esta decisión es interpretada por la nación colona en los EE.UU. como un ataque a sus poderes.
Para los habitantes de la reserva sin embargo, esta afrenta legal es un nuevo ataque a su soberanía, como el arrebatarles las llamadas disposiciones “constitucionales”. El Tratado de Fort Laramie firmado en 1868 entre el pueblo sioux y el gobierno estadounidense, contempla en su artículo 16 que antes de que cualquier hombre blanco pueda viajar o residir en su tierra, debe obtener primero el consentimiento de los indígenas. Además de esos tratados, existe jurisprudencia e incluso la propia Constitución.
Entienden además esta violación de su soberanía como recientemente lo fue el permitir la construcción del Oleoducto de Acceso Dakota (DAPL) atravesando sus tierras, o antes, las licencias mineras, o hidroeléctrica en su territorio. Para el pueblo oglala, con el reto que les supone el enfrentarse a esta pandemia a nivel organizativo y comunitario, lo que menos necesita son procesos legales u otras preocupaciones adicionales.
El presidente de la tribu de la tribu Oglala Sioux, Julian Bear Runner, declaró que el continúar con el confinamiento es la forma de “proteger a nuestra gente más vulnerable del capitalismo”. “Sabemos que cuando los tiempos se ponen difíciles, todo lo que tenemos es el uno al otro”.
El presidente de la tribu Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, explicó que cuentan con nueve puntos de control de acceso en la reserva, y con la intención de establecer otro. En los puntos de control se realizan cuestionarios a los conductores (como minuto y medio). Se impide la entrada de coches que provengan de zonas calientes, de las zonas con mayores índices de coronavirus. Se permite la entrada de vehículos comerciales porque necesitan suministros, así como otros esenciales (Servicio Postal, agricultura). Frazier no considera al gobernador ni al gobierno federal como sus jefes, sino a su tribu.
El propósito principal es tratar de salvar vidas. Y el derecho número uno es el derecho a vivir. En la reserva sufren una falta de instalaciones médicas. Con una necesidad potencial de 1.200 camas de hospital, sólo cuentan con ocho camas, ninguna UCI y seis ventiladores. Sólo un terapeuta respiratorio. El centro de cuidados intensivos más cercano está en Rapid City, a unas tres horas en coche. En esta decisión miran lo que ocurre a la Nación Navajo.
El gobierno promulgó la Ley CARES para ayudar en la pandemia con 8 mil millones a las naciones indígenas, pero ellas demandaban como 20 mil millones de dólares. En su caso todavía no han recibido nada.
3 – Nación Cree (Canadá)
En Canadá también las nuevas regulaciones impuestas con la pandemia han contradicho los derechos indígenas, aunque no tenía que haber sido así dado la autonomía de que gozan estas naciones. Oficiales armados fueran enviados el 13 mayo a romper una ceremonia sagrada de la nación Cree cerca de Saskatoon3. Los powwows se han suspendido en todo el país, pero para los indígenas, sus ceremonias (danzas del sol, cabañas de sudor, ceremonias de pipa) están muy unidas a la salud pues es la forma con la que se sanan y encuentran la fuerza. Por ello ahora ahora, durante la pandemia de COVID-19, las sienten aún más importantes que antes. El líder de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, Bobby Cameron, explicó que no se pueden suspender porque están “inherentemente conectados a la Tierra”. En la ceremonia del baile del sol la gente baila, ora y ayuna. Pata ellos, la ceremonia no tenía sólo un fin personal sino que lo hacían también para que a nivel mundial se solucione este problema.
Por eso exhortaron a la policía que se mantuvieran fuera de la reserva y entendieron el intento de paralizar su ritual como una afrenta. Máxime cuando la policá montada portaba sus armas de fuego, que no están permitidas en terrenos sagrados. Las armas les recuerdan la represión sufrida durante años, y el intento de represión, como celebraban las ceremonias en clandestinidad. Algunos grupos ya han decidio celebrar sus rituales en clandestinidad. En 1884 entró en vigor una prohibición federal de las ceremonias y los potlatches4 indígenas que duró hasta los 1950.
Uno de los organizadores, Clay Sutherland, dijo que se tomaron precauciones y se siguieron las instrucciones de los líderes de la Primera Nación. A las personas que vinieron a la ceremonia desde fuera de la reserva se les revisó la temperatura y a los positivos se les aconsejó que se aislaran durante las dos semanas siguientes.
Para los indígenas este intento muestra una nueva discriminación porque hay otras reuniones religiosas y culturales que se han permitido en el país, y además, en su territorio, ellos tienen capacidad decisoria de lo que allá ocurra.
Para las comunidades amazónicas de Perú, los riesgos y efectos de la pandemia se añaden también a los de la extracción de petróleo. La actividad petrolera se redujo durante la pandemia pero no se paralizó por completo y tampoco sus impactos ambientales y sociales21. La explotación petrolera por su importancia económica fue una de las primeras en reactivarse, obviando lo que esto significa para comunidades que conviven con esta actividad, trabajadores e impactos, y excluyendo a los pueblos indígenas de la decisión. En esta zona operó la empresa de matriz holandesa, Pluspetrol (también opera en otro desastre ambiental y social como es Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina, y el complejo gasísta de Camisea, también en Perú). Después de 15 años de actividad (2000-15) ésta dejó 1.199 sitios contaminados en la zona y numerosas multas.
Las federaciones indígenas amazónicas22 de Perú, FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT que representan a 100 comunidades de la zona (Kukama, kichwa, quechua, achuar, urarina), elaboraron protocolos para el caso de contingencias ambientales para las empresas y el Estado23.
Mientras el 21 abril la comunidad Kichwa Doce de Octubre denunciaba un derrame en las instalaciones abandonadas por Frontera Energy desde mediados de febrero en el río Tigre. Esta población ha estado expuesta a numerosos derrames de oleoductos del Lote 192, actualmente administrado por la empresa Frontera Energy del Perú S.A.
Observadores de las comunidades identificaron tres puntos de fuga en la base de San Jacinto. La primera en el tanque de almacenamiento 1405 que no cuenta con un cerrado adecuado y rebosa crudo. Otra en una tubería y otra en un sump tank 1419 ocasionado también por el rebalse del hidrocarburo. La preocupación principal es que el derrame alcance las quebradas de Curayacu que alimenta a su vez a la quebrada de Piedra Negraésta al río Tigre, de las que se abascece la comunidad Doce de Octubre.
OPIKAFPE realizó la consabida denuncia a las instituciones y a Frontera Energy que se ha mostrado pasiva y no ha activado el plan de contingencia, aludiendo impedimentos por parte de las comunidades, cuando los accesos se encuentran bajo control militar.
La comunidad también ha denunciado que militares han intentado acercarse a la zona del derrame presuntamente para efectuar una limpieza, cuando el incidente aún no ha sido verificado por OEFA ni han han informado previamente a las autoridades comunales. Así las fuerzas militares sustituyen al personal especializado en limpieza y prevención de derrames. Denunciaron que esta incursión militar además de violar su autonomía, también suponía un nuevo riesgo epidemológico.
Las federaciones indígenas amazónicas exigieron también al gobierno más medidas específicas para con los pueblos indígenas. Como precisaban en su comunicado “el contexto de emergencia a causa del Covid-19 encuentra a nuestras comunidades con un acumulado de décadas de contaminación petrolera. Actualmente consumimos agua y alimentos contaminados, lo que nos ha convertido en población particularmente vulnerable. Hasta el momento el Estado no ha garantizado la remediación de estos sitios; y no existe un plan de salud que atienda y monitoree el impacto de esta contaminación en nuestra salud.
Además, existen otras enfermedades como malaria, dengue, neumonía que no son atendidos por falta de infraestructura ni equipamiento. Pero en la región no existe la capacidad logística.
Estas organizaciones exigieron más coordinación entre las instituciones y ellas u otras organizaciones indígenas, mejor comunicación (la red telefónica es deficiente, más información, e información en idiomas indígenas para que las comunidades puedan entender las recomendaciones). Demandaban también facilidades sanitarias, planes de evacuación de pacientes, acceso a mosquiteros, mascarillas y otro instrumental que asegure el aislamiento.
Aquí también, ante la falta de ingresos por no poder comercializar y de abastecimiento, exigían Canastas Básicas Complementarias para las familias (equivalentes a los bonos de cuarentena de 380 soles). Estas solamente se facilitan en enclaves urbanos con lo que se incide en la discriminación. Fieles a su principios, recordaban a las instituciones que evitaran “el aprovechamiento político e inescrupuloso para campañas electorales” y el asegurar en la entrega de Canastas “las máximas medidas de seguridad para evitar contagios”.
Exigían al gobierno que garantice el acceso a agua y saneamiento de calidad a las comunidades indígenas vulnerables por los impactos de la contaminación petrolera, finalizando las obras en marcha, proveyendo plantas provisionales de potabilización.
El 11 de mayo, la comunidad de achuar de Pucacuro (adscrita a FECONACOR) denunció una visita de la municipalidad con tripulación positiva al Covid-19, negligencia que resultó en el contagio de niños, niñas y personas adultas. En otra comunidad informaban de similar situación con 15 personas contagiadas. Denunciaron que la falta de facilidades sanitarias en sus comunidades, y sus demandas de ayuda, no se han materializado. Demandan también asistencia alimentaria, pues la laguna Cocha Antilliano es su principal fuente de alimentación, pero se encuentra contaminada con petróleo por lo que no pueden abastecerse de pesca ni agua.
1 Declaración de emergencia de los consejos guarani kaiowá ante la pandemia Covid19 (16 de mayo de 2020)
2 Consejos tradicionales de los pueblos Guaraní Kaiowá, Aty Guasu (Asamblea General de los pueblos Guaraní Kaiowá), Kuñangue Aty Guasu (Gran Asamblea de Mujeres Guaraníes Kaiowá), RAJ (Movimiento Juvenil Guaraní y Kaiowá), Aty Jeroky Guasu (Asamblea General de Chamanes Guaraníes Kaiowá)
Las organizaciones catalanas Observatori ADPI y Col·lectiu Maloka Colòmbia también recaudan fondos para los pueblos nasa y awá, para la pandemia: www.gofundme.com/f/enmingasolidaria
Indígena de Colombia) 
AUC y las guerrillas del ELN que aprovecharon la situación de la pandemia, 
