El poder y la urgencia en la crisis ecológica

La situación no admite matices: estamos al borde de un desastre climático irreversible 1. En 2025 se estimó que ya se han traspasado siete de los nueve límites planetarios 2. Básicamente eso hace que toda la crisis ecológica se acelere y empeore. Las emisiones globales de CO2 y su concentración en la atmósfera superan año a año los máximos históricos. Mientras no se cierre el grifo, el desagüe no reduce su tamaño. Recientemente se ha observado que los océanos están reduciendo su capacidad de absorber emisiones de CO2 3. Lo mismo sucede con los bosques: en 2023 y 2024 la deforestación y los grandes incendios forestales redujeron al mínimo las absorciones de carbono de los bosques 4. En Finlandia, los bosques han dejado de ser un sumidero y se han convertido en un emisor de carbono 5.

Al mismo tiempo, la pérdida de biodiversidad alcanza cifras catastróficas. Desde 1970, la población de animales salvajes se ha reducido en un 73 % 6. Casi un millón de especies están en peligro de extinción. El descenso en la población de insectos ya está reduciendo la producción alimentaria. Junto a ello, el uso masivo de fertilizantes químicos en la agroindustria está agotando la fertilidad del suelo cultivable.

Además, no podemos analizar la urgencia ecológica de forma aislada: esta se produce en un contexto socioeconómico y geopolítico global inestable. La invasión de Ucrania, el genocidio en Palestina, las intervenciones militares de EE UU en América Latina, las tensiones en el Mar de la China Meridional, las revueltas, los golpes de Estado y las guerras por recursos en África, etc., describen el desorden global. Pero también el auge de las migraciones, las desigualdades, la subida del coste de la vida, la derechización de la sociedad, la represión y la violencia (que tienen un impacto más acusado en personas racializadas, mujeres, LGTBIQ, activistas, etc.) muestran una serie de urgencias sobrepuestas, y en gran medida interconectadas, que debemos atender de forma conjunta.

Aunque dejemos de mirar, todo esto sigue ocurriendo. Cada vez más rápido, cada vez más grave, cada vez más irreversible. Pero el conocimiento detallado sobre la catástrofe no asegura ninguna transformación. La discusión real sobre la crisis ecosocial nunca fue sobre la ciencia, sino sobre el poder. Es ahí donde se sitúa la reflexión que queremos abordar en este artículo: en el poder y la urgencia.

La cuestión de la urgencia

En el actual escenario, es lógico que aumenten las dudas sobre qué estrategia política responde mejor a la urgencia de la crisis ecológica. Los plazos temporales en los que deben completarse transformaciones inmensas son de apenas una y dos décadas. Las consecuencias de la inacción son cada vez más catastróficas. En este contexto, la ausencia de certezas estratégicas está dando lugar a diferentes respuestas, que comparten el reconocimiento de la urgencia, pero que plantean enfoques dispares y a menudo contradictorios. Analizaremos los que están teniendo influencia en el contexto del Estado español.

Los intelectuales del progresismo verde español han insistido recientemente en la cuestión de los tiempos para justificar su proyecto político. Emilio Santiago afirma que ningún freno a la descarbonización es admisible y que la izquierda ya no puede permitirse ampararse en excusas ideológicas como la desigualdad o los beneficios de las grandes empresas privadas 7/. José Luis Rodríguez reivindica la importancia de establecer una alianza con la fracción verde del capital 7. Xan López considera que la izquierda debe soltar los lastres teóricos e intervenir en el capitalismo realmente existente para reforzar la democracia liberal verde 8. César Rendueles defiende que los tiempos de la crisis ecológica convierten el legado del marxismo en una fantasía mórbida y políticamente catastrófica 9.

Todos ellos insisten en el mismo punto: no es realista esperar la abolición del capitalismo para superar la crisis climática. Desde ahí apelan a un pragmatismo verde que se comprometa en la gestión verde de lo existente. Si bien hace unos años justificaban ese pragmatismo porque iba en favor del viento de los tiempos, ahora lo justifican como la única vía para enfrentarse al auge del fascismo fósil.

En el campo de los movimientos sociales, a pesar de que el auge climático pre-pandemia no se ha recuperado, vemos como sí que se ha dado una radicalización de algunos sectores. Colectivos como Extinction Rebellion o Futuro Vegetal han utilizado tácticas de desobediencia civil para llamar la atención sobre la urgencia. También hay una creciente influencia del movimiento francés Les soulèvements de la terre en los grupos ecologistas autónomos y de defensa territorial. Esto ha llevado al surgimiento de Revoltes de la Terra en Catalunya. Sin olvidar las revueltas campesinas en toda Europa, que, a pesar de que sus reivindicaciones no siempre son ecologistas, sí que evidencian uno de los síntomas de esta crisis.

Miembros del colectivo portugués Climáximo interrogan las actuales estrategias de los movimientos desde el prisma de la urgencia 10. Critican cómo la mayoría de organizaciones reproducen comportamientos escapistas y distracciones que ignoran la cuestión de los plazos climáticos. Consideran que ni la construcción gradual de poder y la organización comunitaria, ni el tacticismo de las grandes movilizaciones, ni las demandas concretas y ganables responden satisfactoriamente a la prueba de la urgencia. Junto a ello, señalan cómo a la abrumadora sensación de amenaza muchas veces se responde con una renuncia a la lucha por el poder, concentrándose en otros proyectos locales. Afirman que: “si queremos planificar el desmantelamiento del capitalismo dentro de los plazos climáticos necesitamos una teoría del cambio y un modelo organizativo en el que esta tarea pueda parecer plausible”.

Insisten en reforzar el ecosistema de movimientos y organizaciones comprometidas con la ruptura revolucionaria. Proponen interiorizar un enfoque de guerra y emergencia climática a nivel organizativo: toda estrategia, táctica y proceso interno debe probar su eficacia, debe recorrer ciclos rápidos de aprendizaje y debe ser escalable.

Si analizamos las diferentes respuestas planteadas, podemos decir que, en el caso de los progresistas verdes se adopta directamente una posición ideológica contraria a cualquier proyecto revolucionario. Ponen en la diana las posiciones anticapitalistas como obstáculo para la resolución de la crisis ecológica, mientras los resultados de su pragmatismo siguen sin llegar. Además, su utilización tramposa de la urgencia para imponer su proyecto político, recuerda demasiado a la famosa no hay alternativa, legitimando salidas antidemocráticas y olvidando que sin los sujetos más afectados por esta crisis ecosocial no podremos activar los procesos de radicalización necesarios para la transformación ambiciosa que necesitamos.

En el caso de Climáximo, aunque el esfuerzo es loable, seguramente se caiga en un exceso de voluntarismo. En su desarrollo práctico, vemos como la necesidad de escalar rápido desdibuja el contexto concreto de los movimientos y las dinámicas territoriales que les atraviesan. A pesar de que la radicalización es un buen síntoma de la urgencia, podemos decir que el panorama de los movimientos sociales sigue estando demasiado fracturado y sin capacidad de interpelar a amplias capas de la población. Vemos cómo se formulan propuestas útiles para la reorganización y fortalecimiento de los movimientos, pero sin una propuesta clara sobre cómo afrontar la cuestión del poder. 

En lo que sigue, intentaremos abocetar nuestra respuesta a la crisis ecosocial. Señalaremos algunas ausencias del pensamiento ecosocialista y desarrollaremos nuestras reflexiones sobre el poder y la urgencia ante la crisis ecosocial.

Fertilizar el pensamiento ecosocialista

Las discusiones sobre crisis ecológica en el pensamiento marxista se inician en la segunda mitad del siglo XX. Más de medio siglo de pensamiento ecosocialista ha dejado un valioso legado. Ha jugado un papel importante tanto en las organizaciones de tradición marxista como en el movimiento ecologista. Sin embargo, reconocer este legado no nos impide reconocer y señalar algunas limitaciones que ha tenido.

En la mayoría de casos, el pensamiento ecosocialista se ha ocupado únicamente de la parcela ecológica de la discusión. No se han abordado desde este prisma algunas preguntas centrales del marxismo: sobre el Estado, la crisis, la organización o la transición. Esto hace que sus aportaciones se deban completar con otras escuelas de pensamiento marxista. Lamentablemente, la apariencia de este puzzle no siempre genera un resultado satisfactorio y coherente. Es ahí donde debe fertilizarse el pensamiento ecosocialista. En el ámbito de los tiempos políticos ocurre algo similar. Existe un rico legado de discusiones sobre los tiempos políticos, la organización y la estrategia en el marxismo. Pero todavía falta desarrollar una relectura ecosocialista al respecto.

La reflexión sobre los tiempos políticos y la organización en el marxismo occidental se remonta a las discusiones en el seno de la II Internacional y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Eduard Bernstein defendía el parlamentarismo como una larga marcha de conquista gradual al poder. Para Karl Kautsky, la revolución consistía en un desplazamiento de las fuerzas en el Estado y el crecimiento de la masa obrera. Por eso apostaba por una acumulación pasiva de fuerzas, por “avanzar pacientemente por las rutas del poder hasta que el poder caiga como fruta madura”. Estas concepciones situaban al partido en el papel de pedagogo que cultiva y organiza a la clase trabajadora.

Esto es lo que Walter Benjamin acusó de quietismo histórico. La socialdemocracia alemana asumía un tiempo homogéneo y vacío, un tiempo de progreso mecánico sin crisis ni rupturas. Una temporalidad sin acontecimiento. Para Benjamin, esto había adormecido la vigilancia revolucionaria frente a las amenazas. En su concepción, el tiempo estratégico de la política no es lineal ni vacío: es un tiempo discontinuo, inconexo y fracturado, lleno de nudos y sucesos impregnados de significado.

La ruptura más significativa la formuló Lenin a través de dos aportaciones fundamentales: su noción de crisis revolucionaria y su concepción del partido. Para el revolucionario ruso, el partido no es un pedagogo que acumula fuerzas pacientemente, sino un operador estratégico que reacciona ágilmente a la coyuntura. Considera que la revolución debe prepararse construyendo una organización capaz de actuar en situaciones extremas, sin quedar paralizada ante los primeros retos. Por eso, el partido debe permanecer siempre disponible a la improvisación del acontecimiento y preparar todos los terrenos. Como lo describe Daniel Bensaïd, la política de Lenin es una política de la impaciencia 12/. El tiempo roto de la estrategia leninista es un tiempo ritmado por la lucha e interrumpido por la crisis. En este tiempo roto, el partido actúa como caja de cambios de la revolución.

¿Ofrecen estas discusiones respuestas satisfactorias al problema de la urgencia de la crisis ecológica? Sería tramposo decir que sí. Aunque resuene bien y sean sugerentes, no podemos aplicarlas mecánicamente al problema de los tiempos políticos de la crisis ecológica.

Poder, crisis y transición

Trataremos de abocetar nuestra respuesta con tres aproximaciones: el poder, la crisis y la transición.

En primer lugar, hablar de cómo tomar el poder nos parece fundamental en un contexto en el que los movimientos ecosociales eluden de forma constante esta pregunta. Ya sea por la influencia del autonomismo, por el miedo al reformismo, o simplemente por la impotencia e incapacidad de imaginar escenarios rupturistas, no se concibe una relación con el Estado que no se base o en una simple lógica de presión y demandas o, por lo contrario, en una lógica de confrontación que no busca transformar el poder, sino simplemente desgastarlo.

Necesitamos hablar de cómo transformar el Estado ante la urgencia. Porque la asunción de que no hay tiempo para grandes transformaciones y que, por tanto, es mejor adaptarnos y pactar nos lleva a un callejón sin salida en el que el capitalismo sigue operando con normalidad. Pero eludir este reto y centrarse exclusivamente en la construcción de espacios autónomos, también supone abandonar las herramientas de intervención en la economía que necesitamos activar de forma urgente.

Dicho esto, ¿qué significa la toma del poder para un proyecto ecosocialista en una democracia liberal occidental? La concepción de crisis revolucionaria de Lenin se basaba en la dualidad del poder y en una campaña político-militar de derrocamiento del aparato de dominación estatal. Este modelo tiene difícil aplicación en los países con una sociedad civil robusta y entrelazada, en las que el Estado ejerce una fuerte hegemonía y goza de fuerte legitimidad.

En estos terrenos, la discusión de la Internacional Comunista formuló otros modelos: el gobierno obrero y el enfoque transitorio 11. Se observaba cómo la radicalización social de la clase trabajadora se traducía primero en la aspiración reformista a un gobierno democrático que respondiera a las reivindicaciones defendidas. En esas condiciones, el acceso electoral al gobierno por fuerzas socialistas puede cumplir un papel provisional y transitorio. Sin embargo, ese gobierno deberá hacer frente a las medidas de sabotaje económico de los capitalistas, a una creciente impotencia y desilusión, y a una dinámica creciente de conflictos de clase. De ahí el enfoque transitorio: ese gobierno puede cumplir un papel de puente, pero debe desbordar la política reformista y reforzar la radicalización. 

Además, en un contexto de crisis ecosocial, el éxito de esta estrategia dependerá especialmente de la capacidad de construir instituciones de contrapoder. Estas instituciones son fundamentales para fortalecer las clases populares en un contexto de empobrecimiento y recrudecimiento de las violencias, pero también para crear autonomía y desactivar los chantajes del capital, además de construir experiencias de construcción de poder que no pasen por la delegación típica de las democracias liberales, facilitando la radicalización y el desborde de los marcos conocidos. 

La instauración de un gobierno transitorio con fuertes estructuras de contrapoder es algo que tiene una fácil traducción a los tiempos de la crisis ecológica. No hace falta tener fe en la abolición del capitalismo a escala global en la próxima década para asumir una estrategia revolucionaria. Demandas transitorias que avancen significativamente en la transición ecológica pueden desarrollarse desde un gobierno obrero –entendiendo la clase en toda su amplitud– que llegue electoralmente al poder en un momento de radicalización social. La nacionalización de las empresas energéticas, una reforma agraria agroecológica, la extensión masiva del transporte público, una reducción drástica de la jornada laboral, la regularización de las personas migrantes, la expropiación de las viviendas en manos de empresas y fondos de inversión o acabar con la sanidad privada. Esa actuación se encontrará con límites y sabotajes, que deberán responderse profundizando en la ruptura. En virtud del pragmatismo, si algo enseña el siglo XX es que un programa de reformas significativo únicamente ha sido efectivo cuando la revolución era una amenaza creíble.

En segundo lugar, ¿qué implicaciones tienen la crisis y los estallidos sociales? En el tiempo roto de la crisis ecosocial, aparecen como un acontecimiento central. Esto tiene varias caras. En su faceta económica, sabemos que durante la próxima década enfrentaremos una nueva crisis económica. La acumulación capitalista no goza de buena salud, y desde los años 70 el Norte Global ha sufrido una crisis cada década. Lejos de lecturas izquierdistas, las crisis no son una oportunidad para el estallido revolucionario. En las crisis los capitalistas restauran su tasa de beneficio y refuerzan su dominación sobre la clase trabajadora. Las crisis no son síntoma de agotamiento catastrófico, sino que revitalizan la acumulación capitalista.

Ståle Holgersen defiende que el ecosocialismo no puede ni escapar ni ignorar las crisis 12. Para evitar acabar reproduciendo recetas keynesianas en búsqueda de restaurar la competitividad y rentabilidad del capital, debemos preparar estrategias y programas socialistas contra la crisis. Debemos tener planes de acción concretos para la gestión inmediata de la crisis, para minimizar el daño social y aplicar la política de clase a los momentos de shock. La característica principal está en asumir que se acentuará la lucha de clases, y que inevitablemente entrará en conflicto con el beneficio y la propiedad privada. Las estructuras de contrapoder que sostengan a las clases populares serán claves, pero también la capacidad de articular estrategias que logren convertir los nuevos sentidos comunes generados en estos contextos en transformaciones reales.

Por otro lado, se encuentra el estallido social. Este opera independientemente de la crisis económica. De hecho, durante el último siglo la dinámica ha sido que el estallido suele preceder la crisis. Joshua Clover defiende que la forma a través de la que se expresa la lucha de clases en nuestro periodo es el disturbio 13. El disturbio es una forma de acción colectiva que lucha para “fijar el precio” de los bienes de mercado, e involucra a cada vez más poblaciones que han sido expulsadas de los circuitos del trabajo asalariado. Destaca los disturbios masivos por el precio de los combustibles y del transporte durante la última década en Francia, Brasil, México o Haití. Examinando un fenómeno similar, Vincent Bevins hace un balance amargo sobre la década de 2010-2020 de protestas masivas 14. Tras repasar los estallidos sociales en Túnez, Egipto, Turquía, Brasil, Corea del Sur y Chile, concluye que estas protestas hicieron un buen trabajo creando vacíos políticos, pero fueron incapaces de aprovechar las situaciones revolucionarias. Mientras que las protestas masivas y sin líderes no estaban en disposición de tomar el poder, las élites económicas organizadas aprovecharon el vacío de poder para reforzar su posición.

Crisis, disturbios y protestas masivas son tres fenómenos que ocurrirán en los próximos años. Son acontecimientos que fracturarán el tiempo político. La urgencia ecológica se relaciona directamente con nuestra capacidad de intervenir en estos momentos. Si nuestras organizaciones quedan bloqueadas o marginadas, habremos perdido una década que no nos podíamos permitir. Además, no podemos descartar que estos acontecimientos se desarrollen en un sentido contrarrevolucionario. Richard Seymour describe con el concepto “nacionalismo del desastre” cómo la extrema derecha está aprovechando las catástrofes reales e inventadas para ampliar y radicalizar su base social 15, organizando los deseos y emociones en una dirección reaccionaria, ofreciendo fantasías violentas como salida a la frustración social. Prepararnos para intervenir en las crisis y estallidos, requiere ampliar nuestras bases, fortalecer las alianzas, pero sobre todo tener capacidad de leer la realidad social para adelantarnos y construir salidas emancipadoras a las frustraciones.

Por último, ¿qué conquistas exige una transición ecosocialista partiendo del momento actual? Por un lado, Soulèvements de la Terre ha popularizado el concepto “desarme”, como una estrategia defensiva para desarticular y frenar las infraestructuras que nos llevan al colapso 16. Una estrategia que ha sido exitosa marcando el debate público y frenando algunos grandes megaproyectos. Aunque para extenderla deberíamos abordar algunos debates tácticos sobre las formas, el tipo de infraestructuras a atacar y las implicaciones para la clase trabajadora. Por otra parte, Kai Heron, Keir Milburn y Bertie Russell defienden la construcción de herramientas de propiedad público-comunitaria en sectores clave para la reproducción social 17. Cuidados, vivienda, energía o alimentación. Esto genera una institucionalidad que utiliza el protagonismo popular para satisfacer necesidades sociales y reducir el dominio del capital. No son el resultado de una revolución ecosocialista, sino una apuesta para construir poder popular y avanzar en la transición ecológica. Una apuesta tangible y realizable en la que se pueden concentrar fuerzas organizativas.

Las conquistas ecosocialistas deben combinar ese doble movimiento destituyente y constituyente de nuevas formas de organizar la economía y la sociedad. Mejorando las formas de combinarlos para que se retroalimenten mejor en vez de contraponerse.

En este caso, vemos de nuevo cómo una apuesta organizativa ecosocialista puede relacionarse con la urgencia de la crisis ecosocial. La consolidación y expansión de instituciones de contrapoder, junto a la capacidad de imponer demandas transitorias en el plano estatal se puede traducir en la conquista de este tipo de herramientas que resuelvan necesidades sociales al mismo tiempo que debilitan el dominio del capital. Los procesos de lucha social y de victoria electoral articulados dialécticamente pueden dar respuesta a la urgencia ecosocial. La transformación urgente y el objetivo de escalar las herramientas populares no queda pospuesto a un futuro indefinido, sino que forma parte de la acumulación de fuerzas revolucionarias.

Ecosocialismo en la barbarie

Las discusiones sobre el poder, la crisis y la transición ofrecen algunas respuestas al problema de la urgencia. Unas organizaciones revolucionarias ecosocialistas deben reaccionar ágilmente a la coyuntura, deben impulsar demandas transitorias, deben preparar programas para hacer frente a las crisis, deben intervenir en los estallidos sociales y deben construir herramientas de transición que satisfagan las necesidades sociales. También debe utilizar un gobierno obrero como puente entre las aspiraciones populares y el horizonte de ruptura. Todo ello se relaciona con los tiempos de la crisis ecológica.

Partimos de un convencimiento: no hay atajos, pero importan mucho las victorias parciales que logremos en el camino. No hay atajos en los medios ni en los fines: la toma del poder político por la clase trabajadora. Pero debemos ganar transformaciones enormes mientras tanto. Es probable que un programa ecosocialista no se complete antes de superar los plazos para una reducción drástica de emisiones de CO2. También es probable que un programa de reformismo pragmático tampoco lo cumpla. Entre otros motivos, porque ya estamos superando peligrosos puntos de no retorno.

Eso hace que la manida expresión Ecosocialismo o barbarie se deba repensar en términos de Ecosocialismo en la barbarie. O, más bien: construir el ecosocialismo a través de la barbarie. No nos enfrentamos a un escenario de todo o nada. Nos enfrentamos a un escenario volátil, cada vez más catastrófico y en el que ningún futuro está asegurado. Debemos evitar los peores desenlaces y para ello debemos fortalecer nuestro poder. Sabemos que la lucha de clases se va a intensificar y que la organización popular es la única garantía para lograr avances y evitar retrocesos.

Esta garantía es esencial. Como decíamos, la extrema derecha está logrando dirigir la frustración hacia una radicalización reaccionaria No incluir esto en nuestro análisis sería un terrible error. El contagio social de posiciones reaccionarias y racistas anula cualquier avance parcial de la transición ecológica. La respuesta popular a la Dana en el País Valencià ofrece un ejemplo. Las personas involucradas lo tienen claro: lo que marcó la capacidad de respuesta fue la existencia de estructuras populares previas. En su ausencia, la combinación de catástrofes climáticas y una extrema derecha envalentonada, se destruirán lazos de solidaridad comunitaria y el malestar se radicalizará en el peor sentido.

Al igual que las crisis y los estallidos, podemos dar por seguro que estas catástrofes y ataques de la extrema derecha ocurrirán en el futuro próximo. Por eso, una organización ecosocialista que se tome en serio la urgencia debe prepararse para responder. Aquí, de nuevo, una derrota nos hará perder años que no nos podemos permitir.

Notas:

1 William J. Ripple y colaboradores. “The 2025 state of the climate report: a planet on the brink”, BioScience, Volume 75, Issue 12, 2025, 1016–1027.

2 Planetary Boundaries Science (PBScience). 2025. Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany.

3 Müller, Jens D., Gruber, Nicolas; Schneuwly, Aline et al. “Unexpected decline in the ocean carbon sink under record-high sea surface temperatures in 2023”. Nat. Clim. Chang. 15, 978–985 (2025)

4 Nancy Harris y Melissa Rose. “World’s Forest Carbon Sink Shrank to its Lowest Point in at Least 2 Decades, Due to Fires and Persistent Deforestation”. World Resource Institute. 24 de julio de 2025

5 Natural Resources Institute Finland. 2025. “Preliminary greenhouse gas inventory results for 2023: Forest land has turned into an emission source because the carbon sink of trees no longer cover emissions from forest soil”

6 WWF. Living Planet Report 2024

7 José Luis Rodríguez (2024). “¿Qué es una alianza? Apología de la incomodidad”. Corriente Cálida.

8 Clemente Álvarez (2025). Xan López, activista: “No es realista esperar a la abolición del capitalismo para superar la crisis climática”. El País

9 Cesar Rendueles (2025). “La extinción del marxismo (el marxismo político ante la crisis ecosocial)”. Cuaderno digital de cultura.

10 Mariana Rodrigues y Sinan Eden (2025). All In: a revolutionary theory to stop climate collapse. Now.

11 Martín Mosquera (2023). “Lecciones desde lejos: frente único y gobierno obrero en la Internacional Comunista”, viento sur 186.

12 Ståle Holgersen (2025). Against the Crisis: Economy and Ecology in a Burning World. Verso.

13 Joshua Clover (2025). Disturbio. Huelga. Disturbio. La nueva era de los levantamientos. Traficantes de Sueños.

14 Vincent Bevins (2025). Si ardemos. La década de las protestas masivas y la revolución que no fue. Capitán Swing.

15 Richard Seymour (2024). Disaster Nationalism: The Downfall of Liberal Civilization. Verso.

16 Stathis Kouvelakis (2023). “Sublevaciones de la Tierra: composición y estrategia de la acción de masas”. viento sur

17 025). Radical Abundance. How to Win a Green Democratic Future. Pluto

Júlia Martí es activista ecofeminista y forma parte de la redacción
de viento sur. Martín Lallana es sindicalista y miembro de la redacción de viento sur.

Fuente: https://vientosur.info/el-poder-y-la-urgencia-en-la-crisis-ecologica/

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Gobernación cruceña prepara declaratoria de emergencia departamental por incendios forestales

La Gobernación de Santa Cruz anunció que se prepara para emitir la declaratoria de emergencia departamental debido al incremento de incendios forestales que afectan a distintos municipios, particularmente en la Chiquitania.

La Gobernación de Santa Cruz anunció que se prepara para emitir la declaratoria de emergencia departamental debido al incremento de incendios forestales que afectan a distintos municipios, particularmente en la Chiquitania.

El gobernador Luis Fernando Camacho explicó que la medida permitirá disponer de recursos económicos, logísticos y humanos para reforzar la atención de los focos de calor, varios de los cuales se encuentran en comunidades de difícil acceso. “He instruido que se active la declaratoria para poder contar con los recursos necesarios y atender esta crisis”, señaló.

Camacho realizó un recorrido terrestre por municipios afectados, entre ellos San Ignacio de Velasco, que ya declaró desastre municipal. En el lugar entregó ayuda humanitaria a familias damnificadas y reconoció que en algunas zonas solo es posible llegar con apoyo aéreo. Asimismo, lamentó que este año el fuego incluso alcanzara áreas protegidas como el parque Noel Kempff Mercado, lo que motivó investigaciones para establecer el origen de los incendios.

A nivel nacional, el Gobierno central declaró emergencia por incendios forestales el 21 de agosto, a través de un Decreto Supremo que busca proteger la salud de la población, la biodiversidad y las actividades productivas.

En el ámbito departamental, la Gobernación ya había declarado alerta roja el lunes, en aplicación de la Ley 602 de Gestión de Riesgo, con el objetivo de activar planes de prevención y respuesta. Según explicó Paulo Viruez, director de Recursos Naturales, esta medida obliga a los municipios a activar sus Comités de Operaciones de Emergencia (COEM) y movilizar recursos locales. “Recomendamos que cada gobierno municipal, según su situación, declare emergencia o desastre para responder con mayor rapidez”, añadió.

Actualmente, 26 municipios de Santa Cruz se encuentran en riesgo alto o extremo de incendios forestales, lo que ha intensificado la preocupación de las autoridades. En este contexto, la Gobernación insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y ejecutar de manera inmediata los planes de contingencia para reducir los impactos ambientales y sociales de la emergencia.

Fuente: https://brujuladigital.net/sociedad/2025/09/10/gobernacion-crucena-prepara-declaratoria-de-emergencia-departamental-por-incendios-forestales-50944?fbclid=IwY2xjawMu-KZleHRuA2FlbQIxMQABHt-c0sw7C-jI-rUeVy6Oi_WMXsuBV1KHW28n3akobE5V8vp6WrPkaN8RpP1X_aem_gala_IziCFA2Sagfw1u0zQ

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Naciones indígenas: de la conquista jurídica al olvido político

Leonardo Tamburini, director de ORE, advierte que las grandes victorias históricas de los pueblos indígenas están en riesgo de ser revertidas en un país que, tras haberlos incluido en la Constitución, ahora los margina y divide.

Los pueblos indígenas de tierras bajas conquistaron derechos históricos que transformaron a Bolivia: el reconocimiento de sus territorios, el autogobierno y su inclusión en los cuatro órganos del Estado. Sin embargo, a más de tres décadas de la marcha de 1990 y tras la dura fractura del TIPNIS, esa agenda aparece debilitada, fragmentada y bajo amenaza en el actual escenario político.

“Se conquistaron muchos derechos, pero no se ejercieron plenamente”. Con esa frase, Leonardo Tamburini, director ejecutivo de la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), resume la paradoja que viven los pueblos indígenas, que no tienen una potestad plena sobre sus propias atribuciones que están contempladas en la propia Constitución Política del Estado (CPE) y observa que se trata de una suspicacia político partidaria. “¿Cuál es el temor de cederle esos derechos? (10:37) El temor es el que pierdas poder”, sentencia.

En entrevista con la Hora Pico, recuerda que la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 fue el punto de inflexión ya que, por primera vez, los pueblos de tierras bajas irrumpieron en el escenario político nacional para exigir el reconocimiento de sus derechos. Aquella movilización abrió la puerta a la titulación de más de 26 millones de hectáreas como territorios indígenas y sentó las bases de un nuevo mapa político-administrativo que, décadas después, desembocaría en la CPE de 2009.

Tamburini subraya que esos avances transformaron el país en dos dimensiones. Primero, en lo territorial: “Antes los indígenas eran invisibles, no se les reconocía ni cultura ni tierra. Hoy tienen territorios reconocidos, la posibilidad de autogobernarse y estructuras políticas propias”. Y segundo, en lo institucional: lograron representación en los cuatro órganos del Estado, desde diputados plurinominales hasta asambleístas departamentales, pasando por magistrados y vocales en el Órgano Electoral.

Pero esa aparente victoria histórica pronto mostró sus límites. El analista recuerda que, tras el conflicto del TIPNIS en 2011, el gobierno optó por una estrategia de división y desgaste de las organizaciones. “Ahí se quebró todo. El poder político bajó una línea dura y no pudieron resistir. Desde entonces, la agenda indígena prácticamente desapareció”, señala. “No tienes el apellido de una obra pública del MAS, como le han puesto, para el vivir bien, lo plurinacional. No tienes la posibilidad de que esos pueblos puedan definir su propio destino de acuerdo a sus usos y costumbres”, acota.

Ese proceso, asegura, coincidió con el relevo generacional: las dirigencias históricas, que habían encabezado las luchas de los 80 y 90, se replegaron o envejecieron, mientras que las nuevas camadas asumieron estilos de liderazgo que no estuvieron a la altura del momento político. Resultado: la fragmentación orgánica, el debilitamiento de la CIDOB y un desvío hacia relaciones directas con gobernaciones o municipios, sin articulación nacional.

A pesar de ello, la agenda indígena sigue teniendo tres pilares fundamentales:

• Conservar y fortalecer sus territorios. Las autonomías indígenas representan un espacio de autogobierno que busca funcionar sin la tutela de los partidos políticos.
• Garantizar condiciones de vida digna. Salud, educación, caminos e infraestructura deben gestionarse desde su propia lógica territorial, no desde municipios lejanos y ajenos a sus realidades.
• Proteger la cultura y el medio ambiente. La cosmovisión indígena mantiene aún áreas de conservación y economías locales que se contraponen al modelo extractivista y a las lógicas capitalistas convencionales.

Sin embargo, Tamburini advierte que estos pilares enfrentan amenazas crecientes. El riesgo más evidente, afirma, viene desde el discurso electoral. Algunos candidatos han planteado la revisión de la propiedad colectiva de la tierra, un núcleo duro de las conquistas sociales de los últimos 30 años. “No se trata solo de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), también está en juego la base de las comunidades campesinas. Si se toca eso, se desmorona todo el pacto social alcanzado tras décadas de lucha”, advierte.

En el actual escenario electoral, donde las campañas han estado dominadas por el racismo, la polarización y la disputa de élites, la causa indígena aparece relegada a un segundo plano. Sin embargo, su peso histórico es innegable: la inclusión del Estado Plurinacional, uno de los mayores cambios políticos de Bolivia en el siglo XXI, nació de aquellas demandas.

Tamburini es categórico: “La gran conquista no fue jurídica, fue política. Los pueblos indígenas lograron que el Estado se reconozca como plurinacional. Pero si esos derechos no se ejercen, si solo quedan escritos en la Constitución, entonces serán un trofeo vacío, un auto guardado en el garaje que nadie maneja”.

Treinta años después de irrumpir en la historia nacional, los pueblos indígenas enfrentan una encrucijada: consolidar sus conquistas o verlas desmoronarse bajo la presión de los partidos y la indiferencia del poder. En tiempos en que las promesas electorales apuntan a revisar incluso la propiedad colectiva, la advertencia es clara: si Bolivia olvida a sus pueblos indígenas, no solo traicionará su historia reciente, sino que pondrá en riesgo la propia esencia del Estado Plurinacional.

Una elaboracion para el programa de LOS PONCHOS VERDES FM  y también puedes escuchar la RADIO DE LOS PONCHOS VERDES FM

Locutoras: Cecilia Méndez y Cecilia Martínez 

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En Beni y Santa Cruz hay ocho incendios forestales; bomberos trabajan para sofocarlos

El ministro de Agua, Álvaro Ruiz, expresó su preocupación por el incendio forestal en el Parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz, debido a que el fuego se presenta en zonas de difícil acceso

En Bolivia hay actualmente ocho incendios forestales, de los que tres están el departamento de Beni y cinco en Santa Cruz, donde se moviliza un importante contingente de bomberos y voluntarios para sofocarlos, informó el ministro de Agua y Medio Ambiente, Álvaro Ruiz.

“Hasta la fecha hoy (domingo) tenemos ocho incendios activos, el viernes teníamos siete, ayer (sábado) seis. Estos incendios se han estado concentrando en los departamentos de Beni y Santa Cruz”, explicó Ruiz, según un reporte de la agencia estatal ABI.

Los incendios en el departamento de Beni se registran en los municipios de Exaltación, Loreto y San Ramón.

En el departamento de Santa Cruz, los incendios forestales se encuentran en los municipios de Asunción de Guarayos, Concepción, Carmen Rivero Torres, El Puente y San Ignacio de Velasco.

Ruiz expresó su preocupación por el incendio en el Parque Noel Kempff Mercado, debido a que el fuego se presenta en zonas de difícil acceso.

“Todos estos incendios están en combate y, específicamente, a través del Viceministerio de Defensa Civil que está movilizando bomberos de las Fuerzas Armadas y toda la logística necesaria”, declaró a Bolivia TV.

A los bomberos militares se suman los bomberos de la Policía Boliviana, voluntarios y personal de las gobernaciones, municipios, guardaparques y comunarios.

“El año pasado, a estas alturas del año, ya teníamos alrededor de cuatro a cinco millones de hectáreas quemadas, hoy no llegamos a medio millón de hectáreas”, sostuvo y recordó, según ABI, que en 2024 los incendios forestales arrasaron 12,6 millones de hectáreas en el territorio nacional, 58% en áreas forestales y 42% pastizales.

“No estamos contentos con eso, no se debería quemar ni una hectárea, pero estas situaciones pasan por el calentamiento climático que genera crisis climática y, por otro lado, por la falta de conciencia de algunas personas que no entienden que cuando se habla de chaqueo se tiene que hablar ahora de manejo integral del fuego, un control y coordinación con su municipio, con la Gobernación y con el Gobierno nacional”, dijo la autoridad.

BD/JJC

Brujula Digital

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Mineras extranjeras causan daño ambiental y molestia en comunidades indígenas de Bolivia

Empresas extranjeras que realizan trabajos de minería causan un daño medioambiental y molestia en comunidades indígenas de un municipio en la región boliviana de La Paz

Empresas extranjeras que realizan trabajos de minería causan un daño medioambiental  y molestia en comunidades indígenas de un municipio en la región boliviana de La Paz, que desde hace más de un año denunciaron problemas de salud sin recibir reparación ni soluciones, según portavoces locales.

Son 23 empresas que están asentadas en el municipio altiplánico de Viacha, ubicado a unos 31 kilómetros de la ciudad de La Paz, de las cuales la mayoría son extranjeras, entre ellas hay de propietarios chinos, informó a EFE Samanta Coronado asambleísta departamental de Alianza por el Bien Común Somos Pueblo.

“De las 23 empresas, solo seis cuentan con licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, y hay otras que tampoco cuentan con licencia de funcionamiento, no cumplen con ningún requisito y están operando normalmente”, precisó.

Coronado es parte de un comité interinstitucional de fiscalización que hace tres meses realiza inspecciones en Viacha, donde “se ha demostrado que estas empresas sin licencias están ocasionando daños ambientales en este sector”.

La asambleísta mencionó que hay empresas de China que incluso ya cuentan con construcciones de “gran tamaño” cuyos "cuidadores" amenazaron y golpearon en varias ocasiones a los pobladores que se acercaban para pedirles documentación de funcionamiento.

Sobre los recursos que recibe la Alcaldía por estas concesiones mineras, Coronado explicó que “ni siquiera” el pago de patente establecido para las empresas mineras resulta una "ganancia", pues depositan alrededor de 2.350 bolivianos (337 dólares), mientras que firmas ladrilleras pagan por la patente 20.000 bolivianos (2.873 dólares) y otras que producen leche pagan 18.000 bolivianos (2.586 dólares).

“No estamos recibiendo regalías para el departamento de La Paz porque no tienen licencia de funcionamiento ni medioambiental, no pagan al municipio, ni siquiera la patente le sirve a la Alcaldía”, dijo la asambleísta.

Por el contrario, los pobladores denuncian que desde el año pasado tienen problemas de salud y el ganado nace con deformaciones, situación que atribuyen a la contaminación.

Coronado señaló que hace un mes se iban a tomar muestras médicas a algunos habitantes con dolencias, sin embargo el día que tenían que ir a un centro médico no asistieron "alegando que recibían amenazas por gente cercana a la Alcaldía".

Por otro lado, el suelo de las comunidades se volvió "totalmente árido" y ya no se puede sembrar nada, y al mismo tiempo el agua de los ríos que cruzan el sector cambia de colores, "un día es verde, al otro es azul y al otro es negro", dijo Coronado.

EFE constató hace una semana que en la zona afectada existen riachuelos con agua turbia, y que en pocos kilómetros abundan compañías que acumulan grandes promontorios de tierra que llegan en camiones.

En varias de esas instalaciones se han colocado anuncios de compra de mineral, mientras que en otros espacios se evidencia la construcción de piscinas grandes de almacenamiento de residuos listas para funcionar con material impermeabilizante en el suelo.

Hace unas semanas se estableció mediante laboratorio que el agua estancada de los pozos improvisados de algunas empresas asentadas contenía cianuro.

"Esta confirmación ha sido el detonante para que los comunarios se pongan en alerta y reaccionen con más respaldo", añadió la asambleísta.

El lunes decenas de indígenas tomaron por la fuerza la Alcaldía de Viacha para exigir al alcalde Napoleón Yahuasi que retire a las 23 empresas asentadas en el municipio, denunciadas por contaminar las comunidades con el trabajo que realizan.

Después de la protesta que se prolongó por horas, el alcalde aprobó una ley para que las empresas mineras sean retiradas del lugar y días después algunas de ellas ya fueron notificadas con sanciones.

Pero para Coronado, el problema no termina ahí, pues esta ley tiene que incluir un reglamento para que se la puede cumplir y se llegue a identificar "responsables".

"Una ley dice que tiene que haber reparación, en este caso ya han contaminado el río, la tierra, ya no se puede sembrar, los animales están enfermos, la gente tiene problemas de salud. Esto no solucionará en 24 horas, entonces tiene que haber una reparación en todo aspecto", demandó la asambleísta.

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Empresas de Viacha admiten uso de cianuro y rechazan acusaciones de contaminación

Las empresas recicladoras de minerales de Viacha reconocieron que utilizan cianuro en sus procesos, aunque aseguran que no contaminan y que cumplen con medidas de seguridad ambiental como el uso de geomembranas y sistemas de drenaje.

Las empresas recicladoras de minerales de Viacha reconocieron que utilizan cianuro en sus procesos, aunque aseguran que no contaminan y que cumplen con medidas de seguridad ambiental como el uso de geomembranas y sistemas de drenaje.

“Sí, usamos cianuro, pero este se degrada en el proceso y contamos con diques con geomembranas que garantizan el control. No contaminamos”, sostuvo Javier Valdez, representante de la Asociación de Procesadoras Metalúrgicas de Viacha (APROMEV).

El sector salió a movilizarse en La Paz para denunciar presiones económicas y exigir la anulación de la ley municipal “Cero minería”, aprobada esta semana tras la presión de comunarios. Argumentan que la norma paraliza sus operaciones y pone en riesgo cientos de empleos. “Desde 2024 sufrimos extorsiones. Nos pedían aportes de 20.000 a 30.000 dólares y ahora, incluso, hasta 100.000 dólares a algunas empresas”, denunció Javier Mayta, dirigente del sector.

El abogado Jorge Nina anunció que impugnarán la ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Se van a tomar acciones legales la siguiente semana porque aquí se vulnera un derecho fundamental: el derecho al trabajo. No pueden acusarnos de contaminación sin mostrar pruebas”, señaló.

Sin embargo, estudios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) confirmaron la presencia de cianuro en el agua utilizada por al menos dos compañías mineras. En Dinamyco se hallaron niveles de 35,2 miligramos por litro y en Rupaymin 0,9, ambos por encima del valor máximo permitido de 0,07 mg/l recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ante esos resultados, el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, anunció que más de 15 ingenios mineros serán notificados para cerrar operaciones y que se exigirá a las empresas un resarcimiento por los daños ambientales. “Estamos dando cumplimiento a la ley Cero minería, que declara al municipio libre de contaminación minera”, afirmó.

BD/RED

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El poder del plástico: cómo esta industria se infiltra en las negociaciones de un tratado mundial decisivo para la humanidad

Fuentes: El diario [Imagen: la profesora e investigadora en ecotoxicología y zoofisiología Bethanie Carney Almroth]

Los Estados petroleros y los grupos de presión sabotean con su dinero e influencia las negociaciones para reducir la producción de plásticos y salvar a las personas y al planeta

En unas negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, ninguna experta debería estar rodeada de personas que la hostigan y la acusan de “tergiversar la realidad”. Sin embargo, esto es exactamente lo que le sucedió a la profesora Bethanie Carney Almroth durante las conversaciones en torno a un tratado mundial para reducir la contaminación por plásticos que se celebraron en Ottawa, Canadá. Según su relato, los empleados de una gran empresa química estadounidense “formaron un círculo” a su alrededor. En otro acto celebrado en Ottawa, la experta fue “acosada e intimidada” por un representante del sector de los envases de plástico, que irrumpió en la sala y le gritó que con sus explicaciones estaba sembrando el miedo y difundiendo información errónea. Se trataba de un acto oficial organizado por la ONU. “Así que presenté una queja por acoso ante la ONU”, explica Carney Almroth. “El hombre tuvo que disculparse y abandonó la sala. En la siguiente sesión volvía a estar presente”.

 “En esa ocasión presenté una queja formal”, cuenta Carney Almroth, ecotoxicóloga de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. “Pero he sido acosada e intimidada muchas otras veces, en muchos otros contextos, en reuniones fuera de las instalaciones, en eventos paralelos, también en conferencias científicas, por correo electrónico, y en muchos otros contextos”. También ha tenido que tomar medidas para evitar que personas vinculadas a la industria del plástico la espíen en las reuniones. “Tengo un protector de pantalla en mi teléfono, porque se colocan detrás de nosotros e intentan grabar lo que hay en nuestras pantallas y ver qué notas tomamos o con quién estamos hablando. Nunca abriría mi ordenador en medio de una sala sin saber quién está detrás de mí. Es un entorno de mucha vigilancia y mucho estrés”.

Estos son ejemplos de lo que numerosas fuentes denominan una “infiltración total” de la industria del plástico y los grupos de presión que trabajan para esta industria en las negociaciones del tratado sobre los plásticos. La principal preocupación de seis fuentes con información privilegiada que han hablado con The Guardian es que los tentáculos del sector son demasiado alargados, no solo en las negociaciones, sino también en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que supervisa las negociaciones. Una fuente afirma que están “horrorizados” por la influencia que tiene la industria sobre la política y por el hecho de que no se están buscando soluciones reales a la contaminación por plásticos. Califica la situación de “captura” por parte de la industria del plástico.

Distorsión del conocimiento

Las negociaciones sobre el tratado sobre los plásticos se reanudarán en agosto en Ginebra (Suiza), tras no haber alcanzado un acuerdo en la quinta ronda de conversaciones celebrada en diciembre. Está en juego la posibilidad de frenar el torrente de contaminación plástica tóxica que se vierte al medio ambiente. Hacerlo no solo es vital para salvar a la humanidad y al planeta, sino también para frenar la crisis climática y la pérdida masiva de biodiversidad a nivel mundial.

Sin embargo, una avalancha de grupos de presión y organizaciones de la industria se han sumado a las conversaciones, superando con creces a las delegaciones nacionales y a los científicos. Ayudan a un grupo de Estados petroleros, liderados por Arabia Saudí, a bloquear los avances que muchos países quieren impulsar y forman parte de un “bloque petroquímico” más amplio que, según un estudio reciente, “está impulsando la producción de plásticos, externalizando los costes de la contaminación, distorsionando los informes científicos y presionando para descarrilar las negociaciones”.

La magnitud del problema del plástico es abrumadora. Cada año se producen alrededor de 450 millones de toneladas de plástico nuevo y, si se mantienen las tasas de crecimiento actuales, para 2060 la producción se triplicará, lo que dañará todos los aspectos de un medio ambiente seguro.

Casi todo el plástico se fabrica a partir de petróleo y gas fósil, y las emisiones de su producción impulsan la crisis climática. El plástico y los productos químicos tóxicos que contiene también dañan los suelos, los ecosistemas y la salud humana, y están presentes en todo el mundo, desde la cima del Everest hasta las profundidades del océano, desde el cerebro humano hasta la leche materna.

Toda la comunidad internacional participa en las negociaciones de un tratado para limitar los plásticos que es crucial, bajo los auspicios del PNUMA. Las negociaciones comenzaron en 2022 y las conversaciones que se celebrarán el próximo mes en Ginebra serán la sexta reunión importante. Pero desde el principio, las conversaciones se han visto entorpecidas por un desacuerdo fundamental. Más de 100 países, respaldados por más de 1100 científicos, afirman que es esencial limitar la creciente producción de plástico para reducir todos los daños que causa. Sin embargo, los Estados petroleros y los fabricantes de plástico rechazan esta medida y afirman que el foco de las negociaciones tiene que estar en una mejor gestión y reciclaje de los residuos. Las medidas climáticas globales para reducir las emisiones de carbono también están presionando a los Estados productores de combustibles fósiles para que aumenten otros usos del petróleo y del gas.

“La cantidad de plástico que producimos en la actualidad es imposible de gestionar”, sostiene David Azoulay, abogado del Centro de Derecho Ambiental Internacional (Ciel), que ha asistido a las negociaciones. “No hay forma, ni técnica ni política, de que podamos gestionarlo. Pero el objetivo del sector es producir más y, al mismo tiempo y milagrosamente, reducir de alguna manera el impacto”. En su opinión, las costosas tecnologías de reciclaje propuestas por los productores son “pensamiento mágico” e imposibles de cumplir. Según un informe de la OCDE de 2022, solo se recicla el 9 % del plástico.

Azoulay subraya que los Estados y la industria de los combustibles fósiles tienen que participar en las negociaciones, pero que el proceso no tiene en cuenta sus intereses creados. “El hecho de que haya un grupo considerable de empresas e industrias no es problemático, ya que son partes interesadas. Pero el hecho de que se les conceda, como mínimo, la misma posición y el mismo acceso a los procesos que a las víctimas del problema que están creando, eso sí es un problema”.

En su opinión, hay un problema de fondo en la forma de funcionar del PNUMA, ya que el organismo parece considerar que aquellos que crearon los problemas, se beneficiaron con esta situación, han mentido sobre la misma y sobre su responsabilidad durante años y décadas, son socios fiables para resolverlos“.

“No es una conversación inteligente”

Aunque serán los países negociadores quienes decidan el resultado de las conversaciones sobre el tratado, el PNUMA es el anfitrión y su directora ejecutiva, Inger Andersen, desempeña un papel orientador crítico e influyente. De hecho, ella no se ha librado de las críticas.

En abril de 2023, más de 100 organizaciones ecologistas acusaron a Andersen de “falta de ambición”. También expresaron su preocupación por la “falta de transparencia sobre quién asesora (su) trabajo y la secretaría [del tratado]”, que es el grupo de funcionarios del PNUMA que gestiona las negociaciones. Recibió críticas especialmente por una declaración que, según algunos, restaba importancia al límite en la producción de plásticos. En septiembre de 2024 afirmó: “Tenemos que mantener un debate más elevado que el simple debate sobre si hay que limitar [o no] la producción, porque no es un debate inteligente”. En su opinión, la reducción de la producción debería centrarse en los polímeros brutos para productos de un solo uso y de corta duración, no en “piezas de automóviles y alas de aviones”. Los críticos afirman que su declaración contradecía las pruebas científicas de que el impacto de los plásticos comienza con la extracción y la producción, y medioambiental no solo con su uso.

En octubre de 2024, las organizaciones medioambientales se quejaron de ella ante su responsable, el secretario general de la ONU, António Guterres, y expresaron que estaban “profundamente preocupados” por la posibilidad de que sus declaraciones públicas “redujeran el alcance” del tratado y que ella había excedido su papel como coordinadora de las negociaciones. No recibieron respuesta.

En la última ronda de negociaciones, celebrada en Busan (Corea del Sur) en diciembre, también se alegó que Andersen había presionado a los países que tienen una visión más ambiciosa sobre el alcance del tratado y que quieren limitar la producción de plástico, con el objetivo de que cedieran. Andersen respondió a esta crítica y señaló que tenía intención de reunirse con “todos en cada etapa del proceso y, por supuesto, me reuniré con los Estados miembros y escucharé sus opiniones, de todo el espectro de los 193 [países]”.

El “cabecilla” del plástico

En su papel de convocante, Andersen no puede hacer mucho para animar a los países a alcanzar un acuerdo. Todos los países tienen que llegar a un consenso, pero hay uno en particular que destaca como obstáculo para un tratado eficaz sobre los plásticos: Arabia Saudí, el segundo mayor productor de petróleo del mundo. A través de su compañía petrolera Saudi Aramco, es propietaria de Sabic, uno de los mayores productores de plástico del mundo.

El país ha desempeñado un papel cada vez más importante en las negociaciones del tratado sobre los plásticos y ha sido descrito por Politico como el “cabecilla” de un reducido grupo de países ricos en petróleo, entre los que se encuentran Rusia e Irán, que bloquearon las propuestas de limitación de la producción en diciembre.

En los últimos años ha tejido una estrecha relación con el PNUMA. En enero de 2024, Andersen hizo una visita oficial a Arabia Saudí, se reunió con ministros saudíes en la cumbre de la ONU sobre desertificación celebrada en Riad en diciembre de 2024 y solicitó una nueva reunión ministerial en Davos en 2025 para debatir el “fortalecimiento de la cooperación”. El 29 de junio volvió a Riad, donde firmó un acuerdo de cooperación para la reducción de emisiones.

Arabia Saudí pagó al PNUMA unos 853 000 euros por acoger el Día Mundial del Medio Ambiente en 2024, una suma similar a la pagada por los países anfitriones anteriores, y donó a la agencia de la ONU más de 17 millones de euros entre 2020 y 2024. Parte de esa cantidad se destinó al fondo para el medio ambiente del PNUMA y cubrió atrasos que se remontaban a 2021. Muchos países aportan dinero al PNUMA, que depende de estas contribuciones voluntarias para el 95 % de sus ingresos.

La mayor parte del resto eran pagos a cuenta de 21 millones de euros alcanzado en 2019 para que el PNUMA proporcionara conocimientos especializados para reforzar las medidas de protección medioambiental de Arabia Saudí. Tras el acuerdo, el jefe de la oficina del PNUMA en Arabia Saudí escribió un informe en el que, según ha podido saber The Guardian, expresaba su preocupación por la gestión del dinero. El PNUMA se negó a compartir el informe con The Guardian, alegando que se trataba de un mero informe de traspaso de un funcionario que dejaba su cargo y que era confidencial.

En respuesta a las críticas de Andersen y a las negociaciones del tratado sobre los plásticos, un portavoz del PNUMA ha declarado a The Guardian que “el único objetivo del PNUMA es ayudar a todos los países a alcanzar un tratado eficaz que ponga fin de una vez por todas a la contaminación por plásticos. El PNUMA sigue facilitando la participación de todas las partes interesadas en el proceso para que podamos acabar con la contaminación por plásticos para todos, en todas partes”.

En el marco de las negociaciones del tratado sobre los plásticos, en noviembre de 2024 se eligió a un funcionario del Ministerio de Energía de Arabia Saudí para formar parte de la mesa de 10 representantes nacionales que dirigen las negociaciones del tratado.

Azoulay afirma que Arabia Saudí y sus aliados estaban socavando las negociaciones del tratado sobre los plásticos. Es una negociación completamente marcada por la mala fe.

Considera que la obstrucción [por parte de Arabia Saudí] adopta muchas formas, y que se vale de sus 35 años de experiencia en descarrilar las negociaciones sobre el clima, de todas las herramientas procedimentales para impedir el progreso y de sus vastos recursos financieros para presionar e intentar influir en otros países“.

El Gobierno saudí no ha respondido a una solicitud de The Guardian para que pudiera dar su versión.

Una incidencia “abrumadora”

Si bien las delegaciones de los Estados petroleros son actores poderosos en las salas de reuniones y los pasillos de las negociaciones del tratado, hay un grupo que supera con creces a todos los países: los grupos de presión de la industria del plástico. En las conversaciones de diciembre en Busan se registró una asistencia récord de 220 grupos de presión empresariales.

Esa cifra superó con creces incluso a la delegación del país anfitrión, que era de 140 personas, y triplicó el número de científicos independientes. Según un análisis del grupo de derecho medioambiental Ciel, Dow y ExxonMobil sumaron nueve lobistas. Según Ciel, algunos lobistas fueron incluidos en las delegaciones de los países, en lugar de en las organizaciones observadoras, lo que les dio acceso a sesiones sensibles reservadas a los Estados miembros. “La abrumadora presencia de los grupos de presión de la industria sesga la dirección del tratado”, sentencia un documento que circula entre los observadores preocupados por el tratado y al que ha tenido acceso The Guardian. “Este desequilibrio arrincona las pruebas científicas en favor de los intereses corporativos, lo que socava la eficacia potencial del tratado”.

Esta advertencia no es nueva. Otra carta de organizaciones medioambientales dirigida a Andersen en abril de 2024 decía que la falta de una política sobre conflictos de intereses permitía a la industria acceder a los responsables de la toma de decisiones. Según la carta, “la participación de empresas de los sectores del petróleo, el gas y la petroquímica supone una grave amenaza para los objetivos del tratado”.

Un portavoz del PNUMA ha declarado que corresponde a los países negociadores establecer una política sobre conflictos de intereses, pero que habían decidido no hacerlo. En referencia al acoso sufrido por la profesora Carney Almroth en Ottawa, el portavoz ha indicado que el código de conducta de las Naciones Unidas para prevenir ese tipo de comportamiento se aplica estrictamente a todas las reuniones del tratado sobre los plásticos.

Otra palanca de influencia que están utilizando los intereses corporativos es el sistema mediante el cual el PNUMA concede pleno acceso a las negociaciones a sectores de la sociedad civil, como las mujeres, los agricultores, los pueblos indígenas, los niños y los científicos.

La membresía de un grupo se ha disparado recientemente: el de las empresas y la industria. Más de 30 organizaciones de incidencia de la industria química y del plástico se han sumado a las negociaciones desde principios de 2023, casi duplicando el número total.

Entre ellas se encuentran la Asociación de la Industria del Plástico de Estados Unidos, Plastics Europe y grupos nacionales de la industria del plástico del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India, Brasil, Colombia, Malasia y Corea. El grupo está copresidido por un funcionario saudí.

El problema, según las voces críticas, es que la industria tiene mucho dinero y claros intereses financieros. “Este tipo de presión e incidencia debería llamarse por lo que es, presión e incidencia. No debería llamarse ”observadores de la sociedad“, afirma una fuente cercana a las negociaciones.

Un informe de InfluenceMap de noviembre de 2024 reveló que grupos de la industria del plástico y los combustibles fósiles, entre ellos ExxonMobil, Sabic, PlasticsEurope y American Fuel and Petrochemical Manufacturers, “abogaron enérgicamente por debilitar el alcance del tratado sobre los plásticos”. El informe puntualizaba que, en cambio, “Los sectores de bienes de consumo y minoristas han apoyado firmemente un tratado ambicioso y alineado con la ciencia, pero [el sector del plástico y los combustibles fósiles] parece tener actualmente la sartén por el mango”.

Carney Almroth también señala que los costes de hotel y vuelo hacen que la asistencia a las negociaciones del tratado sea cara, por lo que los intereses industriales ricos pueden inundar las conversaciones con grupos de presión, mientras que los países más pequeños, los científicos y las ONG luchan por encontrar fondos.

“Los grupos de presión tienen mucho más poder y mucho más acceso”, subraya: “Tienen el poder económico para entrar en salas a las que yo no puedo acceder. Pueden hablar directamente con los ministros con una facilidad que yo no tengo”.

Carney Almroth dice que tiene suerte de estar en posición de poder hablar, con un puesto permanente en una universidad que la apoya en Suecia, un país seguro donde las demandas intimidatorias que han sido dirigidas contra algunos científicos son difíciles de llevar adelante para las empresas. Muchos otros investigadores del plástico tienen miedo de hacer oír su voz por temor a demandas legales, la pérdida de financiación o el daño a su carrera. “Es la misma estrategia de la industria del tabaco: cuestionar la ciencia, cuestionar al mensajero, intentar silenciar a la gente, intentar socavar la credibilidad de las personas”.

Hay un grupo empresarial que es especialmente influyente: el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), entre cuyos miembros se encuentran importantes empresas de plásticos, productos químicos y combustibles fósiles, como Sabic, BASF, BP, Chevron, DuPont, Dow, LyondellBasell y Shell. El WBCSD ha proporcionado sucesivos copresidentes al grupo empresarial e industrial.

En un comunicado, el WBCSD ha afirmado seguir las normas de procedimiento de las Naciones Unidas y ha manifestado que apoyan “el objetivo global de reducir la producción y el uso del plástico [y] creemos que la participación de las partes interesadas, incluidas las empresas, la sociedad civil, el mundo académico y otros, es fundamental para alcanzar un acuerdo duradero y eficaz”.

“En representación de empresas de todos los sectores y de toda la cadena de valor del plástico, desde los productores de materias primas hasta las marcas de consumo y la gestión de residuos, participamos como organización bien posicionada para compartir los amplios conocimientos y la experiencia del sector privado y apoyar el proceso para que se traduzca en medidas prácticas”.

Malentendidos y desinformación

Los expertos científicos, también deseosos de compartir su gran conocimiento, dicen que han tenido dificultades para corregir las declaraciones erróneas o engañosas realizadas por los grupos industriales durante las negociaciones.

No existe un panel asesor científico oficial para el tratado. En su lugar, la Coalición de Científicos para un Tratado Eficaz sobre los Plásticos (Scept), que se organiza como considera, ha intentado llenar ese vacío. Cuenta con 450 miembros, ninguno de ellos financiado por la industria, y asesora a los países más pequeños afectados por el plástico que no pueden permitirse enviar decenas de delegados a las negociaciones.

Sin embargo, en febrero de 2025, Scept escribió a la oficina que dirige las negociaciones y a Andersen, del PNUMA, para quejarse de la falta de acceso a las reuniones durante la ronda de negociaciones de diciembre.

“Como resultado, nuestra capacidad para seguir las negociaciones se vio gravemente limitada”, afirmaron los científicos. “No pudimos identificar las lagunas de conocimiento, los malentendidos o la desinformación que requieren aclaración, a menudo difundidos por actores con conflictos de intereses”.

Los científicos también han lamentado que se hayan ignorado sus críticas a un importante informe del PNUMA de 2023 sobre “cómo la comunidad internacional puede acabar con la contaminación por plásticos”. Los científicos afirman que el informe no reflejaba todo el abanico de impactos sanitarios y medioambientales de la contaminación por plásticos y era demasiado optimista sobre las soluciones técnicas para hacer frente a los residuos plásticos.

Se invitó a expertos escépticos a participar antes de la publicación del informe y estos aportaron más de 300 comentarios. El PNUMA afirmó que, debido a un “problema técnico”, no se recibió a tiempo para su publicación un correo electrónico con los comentarios de los escépticos. Afirmó que había tenido en cuenta las opiniones de otros expertos y negó que el informe minimizara los impactos del plástico.

“Amenaza para el futuro de nuestros hijos”

Algunos países se están preparando para la batalla en la próxima ronda de negociaciones que se celebrará en Ginebra en agosto. El 10 de junio, noventa y cinco países emitieron una “llamada de atención para un tratado ambicioso sobre los plásticos” en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos.

“Las montañas de plástico están asfixiando nuestro ecosistema, envenenando las cadenas alimentarias y amenazando el futuro de nuestros hijos”, afirmó el ministro de Medio Ambiente de Francia. “Este es un momento crucial. No nos rendiremos”.

Pero Carney Almroth no está segura del éxito. “¿Quién sabe? Ahora estamos planificando y elaborando estrategias para nuestros científicos y pensando cómo vamos a comunicar nuestros mensajes. Pero creo que podemos esperar un circo lleno de humo y ruido”.

Recordó otro incidente de acoso en una de las negociaciones sobre plásticos. Un hombre de la industria del plástico, que no figuraba en la lista de invitados, empezó a acosar y a gritar a los estudiantes que estaban registrando a los asistentes. “Se inclinaba sobre ellos, enfadado, fue un comportamiento muy desagradable”.

 “Todos los que me han gritado son hombres blancos del norte global, sin excepción. Es una dinámica de poder”, afirma. “Pero yo no me acobardo. No me dejo intimidar. Y no levanto la voz. Respondo con referencias, hechos y cifras. Además, soy bastante alta y, cuando voy a las reuniones, llevo tacones y soy más alta que la mayoría de ellos. Es mezquino, pero es un juego”.

“Me gusta pensar que estamos teniendo un impacto positivo, que estamos contribuyendo a que se tomen decisiones basadas en datos que nos ayuden a encontrar soluciones que realmente protejan más a las personas y al medio ambiente”.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/plastico-industria-infiltra-negociaciones-tratado-mundial-decisivo-humanidad_1_12490470.html

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