jueves, 24 de mayo de 2018

La mina de uranio en Salamanca entra en punto muerto



Nacho Valverde

Las causas judiciales abiertas contra Berkeley (con el beneplácito del Gobierno, la Comisión Europea y la Junta de Castilla y León) y el incumplimiento de los acuerdos con Portugal en materia de impactos ambientales transfronterizos amenazan con demorar el proyecto sine díe.





Manifestación contra la mina en la localidad salmantina de Retortillo. EFE



Desde que en octubre de 2013 se aprobara la declaración de impacto ambiental para una mina de uranio en Salamanca, los conflictos que rodean al proyecto no han dejado de crecer. El Partido Popular, que por aquel entonces mantenía el apoyo intacto de sus votantes durante más de tres décadas al frente del Gobierno regional, no calculó la oposición que generaría la posibilidad de instalar la mayor mina y planta de concentrado de Europa en torno a un mineral potencialmente radiactivo para la región y sus alrededores.
La ingenuidad de tal planteamiento contrastaba con la visión de la población afectada en la parte occidental de las tierras salmantinas, conocida por albergar uno de los balnearios más importantes de España que –según los expertos- podría remontarse a la época romana para el tratamiento de afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias crónicas. Cabe destacar que esta zona forma parte de la Red Natura 2000, por el valor único de los hábitats y especies que residen en las riberas de varios ríos afluentes del Duero, como el Yeltes.
“El PP tuvo un error de cálculo y consideró que la oposición a la mina iba a estar liderada por los activistas urbanitas. La realidad es que quienes están liderando la lucha contra la mina es gente de las comarcas afectadas, mayoritariamente ganaderos y ganaderas, conscientes de que la apertura de la mina pondrá en riesgo la economía local, acabando de forma inmediata con actividades tradicionales como la ganadería de vacuno o el turismo rural y termal", explica José Sarrión –diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León-.
No estamos ante un hecho insólito en la región, denuncia Sarrión. En los últimos tiempos, la población rural castellana se está viendo violentada por proyectos que amenazan su moda de vida y economía tradicional: macrogranjas en Soria y Zamora que obligaran a cerrar pequeñas explotaciones ganaderas; y la futura instalación de la mina de uranio en Salamanca o de feldespato en Ávila.
"Lo que estamos viviendo en Salamanca es más propio de Latinoamérica que de Europa", denuncia Barrueco
En esta lucha contra la empresa australiana Berkeley, ideóloga del proyecto, ha tomado un papel primordial la plataforma Stop Uranio. Empezaron siendo cuatro o cinco personas que levantaron la voz y han conseguido movilizar a toda la región en contra de la mina, hostigados por la empresa –reclamándoles 500.000 euros por injurias y calumnias- y nombrados personas ‘non gratas’ por el Ayuntamiento de Retortillo. “Lo que estamos viviendo en Salamanca es más propio de Latinoamérica que de Europa, están intentando amedrentarnos por todas las vías: con multas, impidiendo asambleas en el pueblo o llevando a trabajadores de la empresa al pleno del Ayuntamiento a modo de arietes”, denuncia el portavoz de la plataforma José Ramón Barrueco.


En el momento en que mantenemos una charla telefónica, Barrueco se encuentra junto a los juzgados de Salamanca apoyando a una compañera de la plataforma que fue multada por la Guardia Civil durante una concentración de protesta el año pasado.
Las revelaciones que se han ido sucediendo en los últimos tiempos no dejan a la minera australiana en muy buen lugar. Según informaba en 2015 la Cadena Ser, Berkeley contrató a Manuel Lamela como lobista –ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña durante el mandato de Aguirre- un mes después de que Arias Cañete fuera nombrado comisario de Energía de la Comisión Europea. Conscientes del pasado de Lamela como subsecretario de Agricultura durante la era Aznar, donde su inmediato superior era Cañete, Berkeley conseguía la aprobación para la mina de uranio con la rúbrica del comisario de Energía.
Según denuncia José Sarrión (IU), en una pregunta que elevó su partido político a la Comisión Europea, “desconocemos los motivos técnicos que mantuvo el departamento de Cañete para dar luz verde a la mina, dado que Berkeley no dio su consentimiento para que se publicara el informe”.
Más tarde vendría la rúbrica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Ministerio de Industria, con la oposición de la exministra Cristina Narbona a retomar una actividad que estaba parada desde el 2000, argumentando que “es precisamente en Retortillo donde se suspendió la minería porque el uranio de la zona tenía un contenido pobre y por su baja rentabilidad económica”.
Las redes de influencia que tejió la minera australiana también se extenderían a nivel local en el municipio de Retortillo. De acuerdo a una denuncia de la plataforma Stop Uranio, el exalcalde de la localidad y su equipo de gobierno -del Partido Popular- estuvieron acusados de cohecho por haber facilitado la concesión de permisos municipales a Berkeley –supuestamente- a cambio de retribuciones personales. La querella contra los cargos públicos ha sido recurrida por Stop Uranio después de ser desestimada por el juez competente.
A esta denuncia de la plataforma activista, hay que sumarle no menos de cinco causas judiciales abiertas contra Berkeley. Entre ellas se encuentran la tala masiva de encinas en la zona, la construcción de una planta de concentrado de uranio y una carretera de acceso a la mina, sin que la empresa minera tuviera las pertinentes autorizaciones y licencias urbanísticas.

Pero quizá la causa más importante, que obligaría a reanudar el proyecto desde el principio, es la abierta en la Audiencia Nacional contra la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió a la empresa Berkeley para la instalación de la mina y la declaración positiva de impacto ambiental. Esta decisión se ha visto avalada por el Procurador del Común, figura de defensor del pueblo de la comunidad autónoma, declarando ilegal la evaluación ambiental de la Junta de Castilla y León al no abarcar la localidad de Retortillo.
Desde Ecologistas en Acción aseguran que “una nueva declaración de impacto, que incorpore un estricto condicionado ambiental, llevaría a un incremento considerable del coste de explotación y un control exhaustivo de su actividad minera en caso de que se llegue a abrir”.
El rechazo de Portugal, nuevo varapalo contra Berkeley
A mediados de marzo, el parlamento portugués rechazaba por unanimidad la instalación de una mina de uranio próxima a su frontera. La fuerte oposición de la sociedad portuguesa, refrendada por la totalidad de partidos representados en la Asamblea, se encuentra motivada por los malos recuerdos que tiene el uranio para nuestro país vecino.
Abandonada la última mina del país hace 17 años, explica Pedro Soares –presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento portugués-, el uranio se convirtió en un pasivo con consecuencias enormes sobre el medio ambiente y la salud humana. “La descontaminación de los edificios de la mina y de las casas de los mineros aún no ha concluido, con especial preocupación por el surgimiento de un elevado número de neoplasias en el aparato respiratorio y un índice de mortalidad superior al de la media por la radioactividad. Portugal aprendió y no quiere repetir, justo al lado de nuestra frontera”.
Las posturas defendidas por ambos países no pueden estar más lejos de un punto de encuentro. Mientras que Portugal ha realizado una transición notoria hacia las energías renovables, superando en el mes de marzo la producción de electricidad renovable a la consumida por primera vez desde que se tienen registros, está teniendo que asumir los efectos nocivos de la política energética española basada en los combustibles fósiles y la energía nuclear.
Antes de la disconformidad con la mina en Retortillo, que afectará al tramo internacional del río Duero y al abastecimiento de dos millones de portugueses, la central nuclear de Almaraz también sembró la discordia entre ambos países. “La decisión española de construir un almacenamiento temporal de residuos nucleares en Almaraz se llevó a cabo sin evaluar el impacto ambiental transfronterizo que exige la legislación comunitaria. Ahora un accidente nuclear en la central de Almaraz tendría efectos catastróficos en Portugal, dada su proximidad al río y la cercanía con la frontera portuguesa. Mantener una central que superado hace muchos años su vida útil y que tiene problemas de seguridad recurrentes es de una irresponsabilidad enorme”, detallan a Público.es representantes de Os Verdes.
En 1991, España y Portugal firmaban el Convenio de Espoo que tenía como objetivo aplicar la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos. A pesar de que este proyecto tendrá efectos ambientales significativos para Portugal, denuncia el partido ecologista luso, “no nos han involucrado en ningún momento en la toma de decisiones”.
“Si España no puede internalizar todas las consecuencias de la apertura de una explotación de uranio, y no es factible que lo consiga, no puede imponer unilateralmente estas consecuencias a sus vecinos. El comportamiento del Gobierno español respecto a Almaraz y Retortillo no nos ofrece la confianza que debería existir entre pueblos vecinos”, concluye Pedro Soares (Bloco de Esquerda).


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Cambios personales y familiares para alimentación saludable en Costa Rica


IPS

Braiton Aguilar (derecha) y otros dos estudiantes en la huerta que cultivan en la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, en el pueblo de Frailes de Desamparados, en Costa Rica. Crédito: Felipe Rodríguez/FAO
DESAMPARADOS, Costa Rica, 21 may 2018 (IPS) - Braiton Aguilar, estudiante de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, recorre sonriente y satisfecho las eras de la huerta escolar donde crecen verdes hileras de cebollino, lechuga, cilantro, apio, espinaca y tomate, entre otras hortalizas, en el municipio de Desamparados, en Costa Rica.
En ese centro de Frailes de Desamparados, un pueblo de unos 3.000 habitantes de ese cantón (municipio), bajo una estructura metálica y una malla transparente se encuentra la floreciente huerta escolar que Braiton tanto admira.
En la entrada de la huerta hay un pequeño arbusto de mora y muy cerca se observa un cultivo de chile (pimiento).
“Me gusta estar en la huerta, porque puedo sentir la tierra en mis manos y compartir con mis compañeros de clase. Yo antes sí comía mucha cochinada, así como paquetillos (golosinas), pero ahora como más verduras y frutas”, comentó el joven, al tratar de explicar el cambio en sus gustos alimentarios.
En Costa Rica, la Zona Central y la Región Brunca poseen uno de los niveles más altos de pobreza e inseguridad alimentaria.
Por lo tanto, mediante el Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar impulsado por la cooperación internacional entre el gobierno de Costa Rica, el gobierno de Brasil y la FAO, se ha establecido una estrategia efectiva de educación alimentaria y nutricional.
Braiton y sus compañeros de la escuela, son parte de los 10.800 escolares que por medio del proyecto han logrado mejorar sus hábitos alimentarios junto a sus familias.

Huerta estudiantil como herramienta pedagógica

Todos los viernes Braiton y sus compañeros, cambian de ropa y se calzan botas para recibir lecciones en la huerta.
En la huerta hay palas, regaderas, rastrillos y diversos instrumentos que se pueden utilizar para labrar la tierra.
“A las 5:00 AM me levanto para ir a la escuela, me alisto y me despido de mi mamá y mis hermanos para llegar temprano y después poder ir a la huerta”, asegura sonriente.
Las huertas escolares son ambientes de aprendizaje que permiten que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades y conocimientos en la producción de alimentos.
“Yo no sabía cómo preparar la tierra para sembrar, ni tampoco sabía cómo sembrar las semillas, en cambio ahora sí. También, aprendí a hacer un conteo de plantas y otras actividades agrícolas”, mencionó el estudiante.
Braiton es un joven alegre, en sus ojos se refleja un inmenso deseo por aprender y rescatar las buenas prácticas agrícolas y consumir alimentos saludables producidos en su comunidad, ya que su abuelo y su padre son agricultores familiares.
El año pasado en la clase de Estudios Sociales los estudiantes de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, aprendieron sobre los principales cultivos que sembraban los primeros agricultores costarricenses.
Además, conocieron de la importancia de comer por colores para nutrirse de distintas vitaminas y minerales, pero sobre todo la necesidad de alimentarse saludablemente, no solo en la escuela también en sus hogares.
Después de esa lección Braiton y sus compañeros sembraron ansiosos, semillas de maíz y frijoles con mucho deseo de ver cómo crecían y se iban fortaleciendo esas pequeñas semillas.
“Cuando veo el plato en el comedor de la escuela con los alimentos que con mis manos sembré y que me voy a comer, me siento muy orgulloso y feliz de haberlos producido”, afirmó Braiton.

Capacitando a docentes, madres y padres de familia

Un total de 638 docentes y 2.700 madres y padres de familia han sido capacitados sobre la importancia de promover estilos de vida saludables en las escuelas y en los hogares.
Mientras que 240 productores nacionales y organizaciones de la agricultura familiar local, han mejorado sus sistemas productivos y comerciales logrando obtener más ingresos y acceso a alimentos más nutritivos.

De la huerta hasta el comedor escolar y el hogar

Así como Braiton, Irina Solís, de 11 años, y Adonis Navarro, de 12, comparten lecciones en la misma escuela. Ambos con entusiasmo y tenacidad lograron levantar su propia huerta en la casa, con el propósito de mejorar los hábitos alimentarios de sus familias.
“Primero preparé el terreno, escogí las semillas y sembré lechuga, remolacha, culantro y cebollino. Me gustó mucho porque mi familia se involucró y me ayudó en el proceso. Ahora comemos más variado y sabe delicioso”, afirmó sonriente Solís.
Ahora, estos jóvenes reconocen que se han acostumbrado a alimentarse de forma adecuada para mantenerse sanos y con suficiente energía para realizar sus deberes diarios.
Los programas de alimentación preescolar y escolar son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2017, Costa Rica es uno de los países de la región que presenta bajas cifras en los índices de subalimentación con 5,6 por ciento.

Sin embargo, el país, no puede descuidarse si quiere lograr erradicar el hambre en el 2030.
Actualmente, el Sector Agropecuario con apoyo de la FAO, trabajan en el fortalecimiento de los procesos de atención diferenciada a la agricultura familiar, la adecuación de marcos jurídicos para el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la promoción de compras públicas para la alimentación escolar y el desarrollo rural y local.

Entre tanto, con una mirada seria y serena, Braiton afirma que la agricultura debe de continuar para garantizar la disponibilidad de alimentos a la población.

A su corta edad es consciente que su abuelo y papá siembran frijol, maíz, café, plátano y banano en el campo para alimentar a su familia y generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida.

Este artículo fue publicado originalmente por laOficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO


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lunes, 14 de mayo de 2018

Una limpieza que es puro maquillaje


Gisela Marziotta
Página12

Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo

Unas 1.500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/114225-una-limpieza-que-es-puro-maquillaje


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El verdadero precio de la ropa

Por Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Ctxt

La industria textil traza un perfecto relato de la globalización; el valor a lo largo de las cadenas de producción se aumenta a base de ignorar impactos ambientales y sufrimiento humano
El comercio mundial ha sufrido una amplia expansión a lo largo de las décadas pasadas, alimentado por una rueda imparable de producción y consumo. Según el Panel Internacional de los Recursos, un organismo dependiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 1980 y 2010 el volumen comercial se duplicó, y su valor económico se multiplicó por seis. Si en lugar de fijarnos en los intercambios directos de bienes de consumo, nos fijamos en los requerimientos de materias primas, es decir, en la cara física del comercio contabilizado en toneladas, vemos que este moviliza una cantidad de materiales muy superior a lo que los intercambios comerciales directos nos indican. En 2010 para producir 10.000 millones de toneladas de productos comerciados fue necesario extraer 30.000 millones de materias primas.
Un vistazo a la balanza física del comercio, nos muestra un absoluto desequilibrio en el uso de recursos: existen grandes regiones exportadoras de materias primas y grandes regiones importadoras. Así, solo hay dos grandes regiones importadoras netas de materiales: la Unión Europea y Norteamérica.
Asia, África y Latinoamérica son exportadoras netas de materias primas. Existen contextos ambientales muy diferentes en las regiones importadoras y exportadoras, condicionados por un reparto geográfico de los distintos procesos en las cadenas de valor. El objetivo de maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costes traslada los pasos productivos más intensivos en consumo de materiales y energía –y por tanto los pasos también más contaminantes– a países del Sur, donde se puede encontrar un marco laboral y ambiental de escasa protección. Mientras tanto, los pasos de la cadena que aportan mayor valor añadido (como el diseño), que tienen un bajo impacto ambiental, se llevan a cabo en países ricos, destino de esos productos, que pueden permitirse así mantener una legislación ambiental, social y laboral relativamente alta.
Un mercado textil globalizado
La industria textil no para de crecer. En 2017 aumentó un 1,2% en ventas y un 3,1% en volumen respecto a 2016. El 65% del crecimiento proyectado en el sector textil para los próximos 5 años tendrá lugar en países BRIC –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, donde ya hoy se produce el grueso de la ropa que vestimos en los países centrales. La industria textil no es por tanto ninguna excepción a este esquema distributivo en el que el comercio traslada los problemas ambientales asociados a las actividades de producción desde los países centrales importadores a los países periféricos exportadores. Más bien lo representa a la perfección. El sector proyecta un crecimiento global de ventas hasta los dos trillones de dólares en el corto plazo, al tiempo que se ha conseguido que el precio medio por prenda baje aún más en los últimos años. Seguir ampliando esta diferencia solo puede conseguirse exprimiendo a las personas y al medio ambiente en el proceso de producción textil, con resultados auténticamente dramáticos para muchas comunidades de los países del Sur.
Wolfgang Korn, en una pequeña historia de la gran globalización titulada La vuelta al mundo de un forro polar rojo (Siruela, 2016), lo ilustra muy bien. En el relato, orientado al público juvenil, Korn recorre el ciclo de vida de un forro polar de poliéster desde la extracción del petróleo del que está fabricado hasta su destino final en unos grandes almacenes de Alemania. Y en el recorrido de la prenda se traza un perfecto relato de la desigualdad. Se habla de cómo los habitantes de un país como Bangladesh –una de las grandes potencias textiles mundiales–, con reservas de petróleo propias, sufre cortes de luz. De cómo la industria tintorera, en la que los trabajadores tienen que a menudo introducir pies y brazos desnudos en tanques de ácidos venenosos y tintes para evitar atascos de las máquinas, está provocando un desastre de contaminación del agua en un país atravesado de cursos fluviales que vierten en el golfo de Bengala, muchos de los cuales están contaminados.
Existen más de 700 industrias de lavado, teñido y acabado descargando sus aguas a los ríos en la zona de la capital de Bangladesh, Daca. Muchas de estas industrias textiles vierten sus aguas sin tratar. A pesar de su industria textil, el 70% de la población del país aún vive de la agricultura, destacando el cultivo de arroz. Las aguas contaminadas por la industria textil a menudo tiñen los ríos, inundan estos campos y acaban con las poblaciones de peces, dificultando el acceso de la población al agua potable y la alimentación.
Las condiciones laborales de las costureras de Bangladesh encuentran un patrón similar a las de las maquilas en Centroamérica o las de las fábricas textiles chinas; empleo femenino semi-esclavo en muchas ocasiones, jóvenes y niñas con salarios míseros, y con hijos y familiares que dependen en exclusiva de sus ingresos, jornadas laborales interminables, en locales atestados y mal ventilados, recibiendo a menudo tratos denigrantes por parte de sus capataces, en condiciones de inseguridad y de absoluta falta de protección y derechos laborales. En lugares como China, la gran fábrica textil del mundo –y principal proveedor de la industria textil española–, esta situación se ve agravada por la ausencia de transparencia informativa y la ausencia de sindicatos que velen por las trabajadoras, que sí han aparecido y cobrado cierta fuerza en países como Bangladesh después de incidentes trágicos como el del Rana Plaza, del que ahora se ha cumplido el quinto aniversario.
Esta tragedia, en la que el hundimiento de un edificio que albergaba fábricas textiles mató e hirió a más de 3000 personas, pareció que iba a marcar un antes y un después en las condiciones laborales de la industria textil en el Sur global. Sin embargo, al igual que ocurrió con los golpes de pecho de algunos líderes europeos prometiendo refundar el capitalismo tras la crisis financiera de 2008, todas aquellas promesas de la industria textil de establecer mecanismos de control más exigentes, de la puesta en marcha de iniciativas de certificación de buenas prácticas, etc., han quedado en buena medida en agua de borrajas. Los salarios apenas se han incrementado y los sindicatos sufren continuos acosos.
Agua contaminada
La industria textil es de las más contaminantes y también de las más consumidoras de agua. El 70% del agua mundial es consumida por la agricultura, en parte para cultivar el algodón, la fibra natural más utilizada a nivel mundial en este sector. Según WWF, fabricar una sola camiseta de algodón requiere el consumo de 2700 litros de agua, que equivale a la cantidad ingerida por una sola persona a lo largo de 900 días. Dentro de la industria textil el cultivo de algodón es el paso que más agua consume en toda la cadena de suministro del sector. Contabilizando también el poliéster y el resto de fibras sintéticas, el algodón es la materia prima usada en el 40% de las prendas fabricadas. El algodón orgánico representa sin embargo un escaso 0,5% de la producción total de algodón.
La industria textil es considerada a menudo una de las más contaminantes del mundo. Globalmente se la considera responsable del 20% de la contaminación del agua. Una cuarta parte de las sustancias químicas producidas en el mundo van a parar a la industria textil. Las críticas a la huella ambiental de los productos que vestimos han hecho proliferar las etiquetas “ecológicas” en la ropa, pero es difícil distinguir en un sector donde la transparencia informativa de los procesos de producción es bastante deficiente. Por ejemplo, huyendo de los tejidos derivados del petróleo como el poliéster, o del algodón y su criticado consumo de agua, muchos productores se han refugiado en la viscosa, un tejido obtenido a partir de fibras vegetales, que requiere sin embargo un tratamiento químico altamente contaminante. A pesar de ser presentada a menudo como una opción ecológica para los consumidores, la creciente demanda de viscosa en el sector de la moda esconde una terrible huella destrucción de la vida en países como China, India e Indonesia, como ha demostrado una reciente investigación plasmada en el informe Moda Sucia de Changing Markets Foundation.
Según el informe, el vertido de las aguas residuales sin tratar está a la orden del día, a menudo en un ambiente de corrupción y con la complicidad de los mandatarios del lugar, conduciendo a la contaminación de las fuentes de agua local, con unas consecuencias terribles para las comunidades de pescadores, agricultores y ganaderos que habitan en la zona, que no solo ven cómo desaparece su medio de sustento, sino que directamente enferman y mueren por beber un agua tóxica. Se sospecha que la fabricación de viscosa es una de las causas del aumento de los niveles de cáncer en algunas de las zonas productoras. Grandes compañías como Zara, H&M, Dockers, Levi´s, o Benetton obtienen viscosa de algunos de los lugares investigados.
Emisiones
La mochila de contaminación asociada a la producción también incluye a las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la revista Nature la industria textil es ya responsable por sí sola del 5% de emisiones mundiales de CO2.
La gran fábrica del mundo, China, es también el mayor productor global de emisiones en el sector textil. Pero es a su vez el mayor exportador de esas emisiones “incorporadas” a las prendas de ropa y calzado que viajan mayoritariamente a países como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y en menor medida al resto de Asia.
El 72% de las emisiones generadas por la industria textil china se producen para satisfacer prendas para la exportación. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el mayor importador de emisiones del mundo considerando todo el sector textil global. La foto de las responsabilidades per cápita reafirma este desequilibrio: un ciudadano chino genera al vestirse 9 veces menos CO2 del que genera un europeo y 12 veces menos del que genera un estadounidense. La diferencia se agranda aún muchísimo más si miramos a África o a India. En el caso de nuestro país, si a las emisiones producidas por la industria textil española le añadiéramos las emisiones realmente producidas (en otros países) para satisfacer nuestra demanda de ropa, las emisiones correspondientes a este sector en España serían un 80% mayores.
Podemos decir, por tanto, que el hecho de que la producción y el consumo de ropa se concentren en diferentes países provoca “flujos virtuales” de emisiones en el sector textil, esto es, emisiones que viajan “incorporadas” en la ropa.
El consumidor final
La espiral de crecimiento del mundo de la moda es de todo punto insostenible. El crecimiento en los beneficios de las grandes marcas requiere que hoy compremos un 60% más de ropa de lo que se compraba en el año 2000. Casi el 60% de toda la ropa acaba incinerada o en un vertedero (apenas un 1% se recicla) antes de transcurrido un año desde su producción. Sin ir más lejos, los españoles nos desprendamos de 160 toneladas de ropa usada cada año.
La obsolescencia programada también se ha instalado en la industria textil y hoy día las prendas no son de buena calidad, tienen malos acabados, aguantan poco los lavados y se estropean o rompen mucho antes. La rueda gira sin parar: las prendas no duran a veces ni semanas en las perchas de las tiendas de moda. En el sector de la moda el grado de obsolescencia percibida es también altísimo; lo cool cambia a una velocidad de vértigo.
Por eso es importante visibilizar que el producir ropa en unas condiciones ambientales y sociales pésimas en terceros países es precisamente lo que posibilita que muchos (no todos) puedan renovar el armario por pocos euros. Al comprar una prenda de ropa, no se ve la cantidad de energía, agua, tierra y materiales, que han sido necesarios para producirla. Tampoco se ve la mochila de explotación y sufrimiento humano que lleva asociada. Las auténticas fashion victims son esas costureras de Bangladesh, de China o de Centroamérica. Hay pocas alternativas. Y aunque existen algunas iniciativas que promueven la moda sostenible, la slow fashion, o la compra de segunda mano, como en todo, en lo que atañe a la ropa, comprar mejor es comprar menos.
Samuel Martín-Sosa Rodríguez es Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.
ctxt.es/es/20180502/Politica/19420/medioambiente-ropa-textil-Samuel-Martin-Sosa-Rodriguez-medioambiente-produccion.htm



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domingo, 13 de mayo de 2018

Chile. Documental “La otra cordillera”: Constatando el impacto de la industria forestal en Nahuelbuta

Por Resumen.cl
Un grupo de exploración en kayak se lanzó por el río Carampangue desde lo alto de la cordillera hasta el Golfo de Arauco. En su recorrido constataron que en muchas zonas, unos pocos metros más lejos del curso de agua, la escasa cobertura de plantas nativas como quilas, helechos y plantas arbustivas desaparece y las plantaciones de monocultivos forestales de pino y eucalipto dominan el paisaje.
La cordillera de Nahuelbuta se localiza entre las cuencas del río Biobío y del río Imperial, entre las regiones del Biobío y La Araucanía. Los cerros se extienden por cerca de 200 kilómetros en sentido norte-sur, y su altura máxima alcanza los 1.530 metros sobre el nivel del mar.
El río Carampangue recorre unos 70 km en dirección hacia el oeste, atravesando las comunas de Curanilahue y Arauco, desembocando en el Golfo de Arauco.
Los cerros de Nahuelbuta son considerados como un área de alto valor de conservación y reserva mundial de la biodiversidad. Esto por sus altos niveles de diversidad de especies y de endemismo, concepto que implica que  solo es posible estas especies de forma natural en esa zona. Además, las características físicas del cordón de cerros han favorecido históricamente la persistencia de algunas especies, incluso durante la última glaciación.
La alta riqueza de especies y endemismo de la Cordillera de Nahuelbuta es atribuida a que actúa como una zona de convergencia entre los bosques templados caducifolios y los matorrales que caracterizan la zona mediterránea del centro sur de Chile, y la vegetación siempre verde de los bosques valdivianos. Esto conforma un ecosistema de transición o ecotono, que presenta especies remanentes desde el periodo Mesozoico de origen Gondwanico, y especies del periodo Terciario de origen tropical.
Las principales amenazas para el ecosistema de la Cordillera de Nahuelbuta son: la sustitución de bosque nativo por plantaciones de monocultivos forestales, los incendios forestales, agricultura intensiva y también la extracción de leña y la sobreexplotación de especies nativas.
Algunas especies de flora y fauna endémicas de Chile y presentes en Nahuelbuta, que se están amenazadas y en riesgo de extinción, son: el árbol Queule (Gomortega keule), el Pitao (Pitavia punctata), la ranita de Darwin (Rhinoderma darwini) y sapo de Contulmo (Eupsohus contulmoensis), el zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes) y el marsupial (Dromiciops gliroides) entre otras.
En su recorrido por el río Carampangue, el grupo de exploración percibe la escasa abundancia de aves en torno al río, mientras algunos obstáculos en el curso de agua les obligan a adentrarse por caminos forestales para poder retomar el río en su descenso. Junto a esto, abordan relatos de los habitantes de ese territorio sobre los trastornos socioambientales en la zona en las últimas décadas.
En 2007, según el Censo forestal y agropecuario de la propia CONAF un 82% de la superficie total de la comuna de Curanilahue (100.572 hectáreas) 82.056 hectáreas corresponden a plantaciones de monocultivos forestales.
Según concluyó un informe publicado en mayo de 2015, en la provincia de Arauco, la actividad de la industria de monocultivos forestales de pino y eucalipto, y producción de pulpa de celulosa y papel para exportaciones, contribuye directamente en la escasez hídrica que se sufre en la mayor parte de la provincia.
El informe señala que la principal cobertura de suelo en la provincia de Arauco corresponde a plantaciones de monocultivos forestales, con una superficie de 315.331 hectáreas según el censo forestal y agropecuario de 2007. En 2008, se reportó que la especie más representada en la provincia era el Pinus radiata, con un 63% de la superficie total de plantaciones, siendo lo demás Eucalyptus globulus (33%), Eucalyptus nitens (3%) y otras (0,8%). Además, se indica que en el periodo 1998-2008 la superficie de plantaciones forestales aumentó en 36.824 hectáreas, mientras que la de bosque nativo habría aumentado sólo 300 hectáreas.
El documental “La Otra Cordillera” es una producción de MVMT junto al colectivo Bestias del Sur Salvaje. La pieza audiovisual fue dirigida por por Nicole Ellena y Erick Vigouroux y producida por Jens Benöhr y Nicole Ellena. El guión fue desarrollado por Nicole Ellena y Jens Benöhr; las cámaras por: Cristóbal Croxatto, Javier Sanhueza, Paulo Urrutia, Claudio Vicuña y Erick Vigouroux. El montaje y la edición fue realizado por Nicole Ellena y Erick Vigouroux, narrado por Andrea Serrano y con música de Benjamín Villaseca. El grupo de exploración en kayak estuvo compuesto por: Canela Astorga, Jens Benöhr, Gabriel Ceballos y Paulo Urrutia.
resumen.cl/articulos/documental-otra-cordillera-constatando-impacto-industria-forestal-nahuelbuta


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Colombia. Hidroituango, una bomba de tiempo

Por Contagio Radio
La crisis en el Bajo Cauca Antioqueño continúa producto del taponamiento de uno de los túneles de llenado del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Las comunidades han denunciado que viven en zozobra constante y EPM se ha limitado a decir que tiene la situación controlada. Contagio Radio recopiló el proceso que ha tenido el proyecto, sus afectaciones a las comunidades, la búsqueda de desaparecidos y la crisis actual que vive la población.
¿Qué es Hidroituago?
El proyecto hidroeléctrico Hidroituango es la obra de infraestructura más grande que se haya construido en el país. Busca generar energía y comercializarla a nivel nacional e internacional ,y está situada al noroccidente del departamento de Antioquia. El proyecto se localiza sobre el río Cauca, específicamente sobre el Cañón entre las cordilleras central y occidental por lo que tiene una afectación directa sobre 12 municipios.
De acuerdo con el proyecto mismo, se tiene pensado que empiece a funcionar a partir de diciembre de 2018 generando 13.939 gigavatios por hora de energía media anual. Para esto, han tenido que desviar el cauce de uno de los ríos más importantes del país y han construido una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen.
Debido a la magnitud de proyecto, los encargados de la obra que son Empresas Públicas de Medellín, han realizado la tala de árboles que comprende por lo menos 4.500 hectáreas de bosque seco tropical afectando diferentes especies de flora y fauna. De acuerdo con el libro Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander Von Humboldt, sólo queda el 8% de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema.
Esto ha afectado también a las comunidades que utilizan los árboles como georreferenciación para encontrar los cuerpos de cerca de 2 mil personas que se cree que fueron asesinadas y enterradas en el bosque en el marco del conflicto armado en Colombia. Cuerpos que finalmente no serán encontrados pues, como lo hizo saber el Estado colombiano en el periodo 168 de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay una certeza ni una cifra consolidada sobre el número de personas que puede haber en la zona de influencia del proyecto.
¿CUÁLES HAN SIDO LAS AFECTACIONES PARA LAS COMUNIDADES?
Si bien el proyecto contempla una forma de producción de energía limpia, su construcción ha generado múltiples afectaciones para las comunidades que no han sido tenidas en cuenta por parte de EPM. El Movimiento Ríos Vivos, ha venido denunciando desalojos forzados, amenazas, persecuciones y asesinatos de sus integrantes.
Desde el momento de su construcción, cerca de 500 familias han sido desalojadas de sus territorios sin las garantías de reubicación y muchas perdieron sus enseres. A esto se suma que sus actividades ancestrales también se han visto en riesgo como lo es la pesca y la barequería, debido al desvío del caudal del río. Los pescadores han tenido que trasladarse o simplemente buscar una alternativa para su trabajo.
De acuerdo con Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, a la empresa EPM y a las autoridades regionales y nacionales, “no les interesa qué pasa con los medios de vida de las comunidades. EPM le ha dicho que no son de aquí por el hecho de haber sido desplazados y que son unos avivatos”. Esto ha terminado por generar persecuciones y hostigamientos por parte de la Policía Nacional que en reiteradas ocasiones ha utilizado el ESMAD para desalojar por la fuerza a las comunidades.
COMUNIDADES TEMEN NO ENCONTRAR LOS CUERPOS DE SUS SERES QUERIDOS
A estas afectaciones se suma el hecho de que, para realizar la hidroeléctrica, la empresa deberá generar una inundación de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical a lo largo de 70 kilómetros donde las comunidades han denunciado que se encuentras fosas comunes con por lo menos 2 mil cuerpos de personas desaparecidas.
Sin embargo, no ha habido un esfuerzo institucional por hacer un registro de las personas desaparecidas en la zona de influencia Hidroituango. Por una parte, el Centro de Memoria Histórica ha manifestado que en la zona se encuentran alrededor de 643 víctimas de desaparición forzada. Por otra, el Registro Único de Víctimas ha contabilizado 622 víctimas mientras que Registro Nacional de Desaparecidos ha manifestado que tiene el dato de 343 desaparecidos allí.
En el marco del periodo 168 de audiencias ante la CIDH, el Movimiento Ríos Vivos cuestionó la labor de entidades como la Fiscalía, quien argumentó que las labores de búsqueda de los desaparecidos están planeadas para desarrollarse entre los meses de mayo y junio de 2018. Esto para Ríos Vivos y las comunidades es difícil de comprender, puesto que “la inundación ya comenzó de manera ilegal”. Se espera que el proyecto comience a andar en diciembre del mismo año y no hay certeza de la cantidad de cuerpos que puede haber ni sobre su ubicación.
Desde la organización denunciaron que “no es posible realizar un proceso de búsqueda que incluya a las víctimas y las comunidades en tan sólo dos meses en la totalidad de los 12 municipios afectados”. Sobre esto, han sido reiterativos y han denunciado que las víctimas no han sido tenidas en cuenta en los procesos de búsqueda que se han desarrollado. Razón por la cual los comisionados de la CIDH cuestionaron la forma en la que ha participado la sociedad civil y la manera cómo han funcionado los planes de búsqueda.
Según Ríos Vivos, en los 12 municipios que abarca la obra, durante el conflicto armado se presentaron 62 masacres que dejaron un total de 372 asesinatos distribuidas de la siguiente manera: Valdivia (6 masacres y 68 víctimas), Ituango (11 masacres y 71 víctimas), Yarumal (6 masacres y 38 víctimas), San Andrés de Cuerquia (5 masacres y 32 víctimas), Santa Fe de Antioquia (5 masacres y 23 víctimas), Briceño (5 masacres y 22 víctimas), Peque (4 masacres y 31 víctimas), Buriticá (5 masacres y 22 víctimas), Sabana Larga (4 masacres y 26 víctimas), Toledo (4 masacres y 23 víctimas) y Liborna (3 masacre y 19 víctimas).
Como una forma de resistencia y protesta, las comunidades afectadas han realizado en varias ocasiones diferentes actividades como la siembra de “Cuerpos Gramaticales”, en donde se reunieron en el puente Pescadero, que comunica a Ituango con Toledo, para hacer duelo por las víctimas arrojadas y desaparecidas en el Río Cauca. Allí denunciaron que la inundación de Hidroituango va a dejar las puertas cerradas para continuar con la búsqueda de sus seres queridos, ahogando la posibilidad de un encuentro con la verdad, y además, va a transformar sus actividades culturales y desarrollo económico que siempre han dependido del río.
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN ESTE MOMENTO CON LA REPRESA HIDROITUANGO?
La emergencia se presentó el 28 de abril de 2018 cuando el taponamiento de uno de los túneles de llenado y desvío de la presa ocasionó una inundación en la parte alta de la misma. Esto provocó que en la parte baja, el caudal del río disminuyera y alertara a las comunidades que temen que ocurra una avalancha.
EPM afirmó que la emergencia se presentó producto de una falla geológica inesperada, mientras que Ríos Vivos informó que el taponamiento lo ocasionó la gran cantidad de material vegetal que fue lanzado al río y no fue desechado de la manera correcta por parte de la empresa.
Si bien desde las autoridades afirmaron que la situación estaba controlada, en reiteradas oportunidades las comunidades manifestaron que la empresa no ha sido clara al explicar lo que ha sucedido y tampoco hay un plan de contingencia que garantice la seguridad de las comunidades que habitan en las riveras del río Cauca. Desde Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta manifestó que “es indignante que EPM siga diciendo que tiene bajo control la situación”. Adicionalmente, denunciaron que la empresa debió haber previsto que “en el Cañón las montañas y laderas se derrumban con mucha frecuencia”. Zuleta recordó que la empresa ha negado la existencia de comunidades en las riveras del río por lo que no les han dicho qué acciones se van a realizar, como lo es el llenado prioritario, que para Ríos Vivos es “absurdo” si se tiene en cuenta que para esto se debe llenar la totalidad de la presa.
RÍOS VIVOS HA SIDO VÍCTIMA DE HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIONES
A esta situación se suma la descalificación y hostigamiento que se ha hecho contra el Movimiento Ríos Vivos, que se opone al desarrollo del proyecto. En entrevista para Contagio Radio, Isabel Cristina Zuleta manifestó que desde la Gobernación de Antioquia los líderes y lideresas de diferentes comunidades han recibido amenazas contra su vida.
Cabe recordar que en el tiempo que se ha presentado la emergencia, han ocurrido dos asesinatos de líderes sociales que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos. Se trata de Hugo Albeiro Georgio Pérez y Alberto Torres, de quien la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez descalificó su pertenencia a la organización y que además, manifestó que Ríos Vivos carece de personería jurídica.
Frente a esto, Zuleta indicó que no hace falta tener personería jurídica, pues en la Constitución colombiana está avalada la libre asociación “más cuando se trata de un movimiento que lucha por las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición”. Dijo además que, “las descalificaciones contra Ríos Vivos ponen en riesgo a sus integrantes teniendo en cuenta que han dicho que somos unos mentirosos”.
Zuleta informó que en la CIDH los comisionados pudieron evidenciar la preocupación de la sociedad civil y la gravedad de los acontecimientos, que fueron descritos en referencia a las afectaciones a los derechos humanos de las poblaciones. Allí, los comisionados le pidieron al Estado colombiano realizar una reunión “con carácter urgente” que integre a la sociedad civil “para trabajar el tema de protección y avanzar en la identificación de los sitios donde hay posibles cuerpos”.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, pidió que se active el Comité Nacional para el Manejo de Desastre y garantizar la ejecución de funciones de prevención y asesoría en lo que tiene que ver con el represamiento del río Cauca. Medios de comunicación nacionales informaron que, a través de una carta, el procurador delegado, Gilberto Augusto Blanco, le solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la necesidad de planear y hacer seguimiento a la emergencia.
www.contagioradio.com/hidroituango-una-bomba-de-tiempo-articulo-53309/


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Colombia. Hidroituango “quiere ocultar la crisis humanitaria y ambiental”

Por Camilo Alzate, Colombia Plural
Hemos querido saber qué está pasando realmente en la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango. Isabel Zuleta es una de las voces más reconocibles del Movimiento Ríos Vivos Antioquia y ella explica con detalle el drama humano y ambiental desde la zona.
El taponamiento de los túneles de desviación del cauce del río Cauca de la megarrepresa de Hidroituango se está transmitiendo por algunos medios como un problema técnico o como un asunto de negocios, pero lo que oculta es un drama humano y ambiental sin precedentes. Las personas que habitan el cañón del río llevan años advirtiendo que esto podía ocurrir pero la soberbia de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la inacción del Estado han puesto a la región al borde del colapso total. Hablamos con Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia desde Sabanalarga.
— Desde la última semana de abril colapsaron las obras de desviación del caudal del río Cauca que hacen parte del megaproyecto de Hidroituango, el río ha inundado todo el cañón de manera descontrolada y ahora hay una catástrofe en ciernes ¿Cómo está el panorama en el terreno? ¿Cómo está la gente?
Para las comunidades es aterrador ver que un río tan caudaloso se está devolviendo. Hay una crisis emocional, la gente no lo creía, abandonaron todas sus cosas, sus herramientas de trabajo, los pescadores dejaron sus atarrayas, los barequeros sus molinos, sus picas, sus palas. Hay gente que permanecía en sus tierras, en fincas que no fueron compradas. No es cierto lo que dice Empresas Públicas de Medellín (EPM), que habían comprado todos los predios, el gerente le está mintiendo al país, hay fincas que no han sido compensadas. También hay muchos pescadores y barequeros de la parte de arriba que no alcanzaron a salir. En Ituango hay un censo de damnificados que supera las 120 personas, algunos están apostados en la carretera y otros en el coliseo del pueblo, sin ningún tipo de apoyo o ayuda humanitaria, sólo ha ido la Defensoría del Pueblo. El rescate fue aterrador porque dejaron a la gente aislada… ayer llegó una familia al municipio de Sabanalarga desde un sitio conocido como Brazuelos, vereda Membrillal, llegaron con niños, con todos sus enseres, no los habían rescatado y estaban completamente rodeados por el agua porque no tenían como salir por la montaña. Aquí a Sabanalarga han llegado más de cien personas, sólo hasta este momento se está haciendo el censo de damnificados. EPM dice que la gente no tenía porque estar allá, pero ellos han vivido ahí toda su vida y no entendían por qué el río estaba subiendo. Hoy la empresa dice que el río está bajando, que ya abrieron el túnel, pero aquí el agua no ha bajado y la gente sigue llegando al casco urbano de Sabanalarga. La administración nos contesta que no hay apoyo, EPM tampoco ha dado apoyo y la gente hizo sus tendidos para acostarse en la puerta de la alcaldía porque no tienen otro sitio a donde ir.
— ¿Ha habido muertos o heridos por los deslizamientos o la inundación? ¿Qué se sabe de los trabajadores en la represa?
Se reportaron cinco personas heridas acá en Sabanalarga porque durante el rescate se montaron en un vehículo de la empresa, iban con todas sus herramientas y se cayeron del vehículo, era de noche y, por ejemplo, una señora se partió una mano. Hay mucha angustia, la gente está llorando mucho, no hay atención psicosocial, se perdieron los cultivos de la ribera del río. No hay ningún tipo de atención, ni de la empresa, ni del Estado. De los obreros lo único que sabemos es lo que dicen sus familiares: que en caso de que suceda algo allá no pueden salir, les están prohibiendo tomar videos y fotografías, eso angustia mucho más a las familias porque quienes están dentro les dicen que no hablen con nadie, que no reporten nada, que si se enteran de cualquiera que mande fotos o videos lo van a despedir. No se sabe realmente lo que está sucediendo, es muy sospechoso, hay cosas muy turbias pasando allá y no quieren decir la verdad. Es muy sospechoso que después de hablar de varios túneles ahora digan que es sólo uno y justamente sea ese el taponado.
— Ustedes llevan una década oponiéndose y denunciando este proyecto. De alguna manera anticiparon la catástrofe y ahora la naturaleza les da la razón. ¿Qué balance hacen?
Para nosotros es lamentable que en Colombia no se escuche a las comunidades y su saber ancestral. Los cañoneros (habitantes del cañón del río) narraron una y otra vez lo que podía pasar con las laderas del Cauca, lo que aquí llaman “volcanes”, que son esos desprendimientos de tierra y roca, precisamente por las fallas geológicas sobre las cuales está el río Cauca, por las altas pendientes, por la dinámica del cañón. La gente narraba esas situaciones con mucho temor. Los mismos especialistas nos dijeron que la falla de Romeral y otras fallas sobre el cañón eran muy peligrosas, pero EPM con su prepotencia quiso anular esas voces de alarma de la comunidad y de algunos científicos que se atrevieron a hablar y a decir la verdad. Es indignante que, a pesar de todo esto, no se esté atendiendo la situación humanitaria y aún no se escuche lo que puede pasar, el agua está llegando ya a la falla de Romeral en este momento y todavía no hay claridad sobre lo que puede suceder con la presión del agua sobre esta falla y las laderas del río. Se han visto situaciones aterradoras, hay muchos desprendimientos de tierra y roca, no sólo uno, los que muestran de la zona de la presa son los más evidentes, pero en todo el cañón no han parado los desprendimientos y la gente que los ve está aterrada con la mortandad de peces y animales aguas abajo y aguas arriba. EPM muestra en unos videos de cómo rescata unas serpientes, pero son miles de especies las que están quedando muertas en la zona y eso entristece muchísimo a la comunidad. Es un gran dolor que en Colombia no se escuche a las voces que tienen el conocimiento ancestral de cómo se comporta la naturaleza en los territorios, es una lección para el país pero también para el Gobierno y los empresarios, que no sean tan tercos y humilladores como ha sido EPM.
— ¿Usted cree que la presa pueda colapsar y arrasar las poblaciones aguas abajo? Eso provocaría una catástrofe de magnitudes imprevistas.
La primera posibilidad es la crisis emocional de la gente. Hay mucha desinformación por parte de la prensa y falta de claridad, cuando el río disminuye a una velocidad tan impresionante y vuelve a aumentar pues se desmoronan sus orillas. Toda la información que nos dan es como si nosotros no conociéramos el río. Le dicen a la gente que salga de los alrededores del río, eso es desconocer la dinámica de todos los pueblos aguas abajo: Puerto Valdivia tiene absolutamente todo alrededor del río: la escuela, el cementerio, la iglesia, los billares, los sitios de recreación, no le pueden decir a la gente que se salga del río ¿Para dónde se van a ir? Eso es insultar a la gente. Por lo menos, ahora estamos en una crisis emocional, la gente no aguanta esta situación, todo el mundo está llorando.
Ahora, si bien el muro de la presa está bien estructurado y nos han dicho y nos han mostrado que es antisísmico, no creemos que el muro vaya a fallar, pero esas montañas ellos no las diseñaron y no las conocen como la gente del cañón. Ellos no saben cómo se comportan esas montañas, subestimaron la fuerza de la naturaleza y el río, eso sí puede ocasionar una gran tragedia, porque el muro no se sostiene solo.
— Ahí podríamos hablar no ya de una crisis emocional sino de una crisis humanitaria con miles de muertos…
Ya hay una crisis humanitaria que la quieren ocultar, precisamente para que no se entienda la magnitud del problema. Ya hay una crisis de mucha gente que lo ha perdido todo: su vivienda, su trabajo, su alimentación, y esto está ocurriendo con personas de los municipios de Ituango, de Toledo, de Sabanalarga, de Briceño, de Buriticá, de Peque, de Liborina, porque le dijeron a la gente que estuviera tranquila… ¿Cómo que estén tranquilos? Entonces la gente no va y no saca sus cosas, no protege a sus niños. Le mienten a la gente de esa manera. Para nosotros ya hay una crisis social y humanitaria, y también un desastre ambiental. Ellos sabían lo que pasaría con los osos perezosos, con las guacamayas que están en vías de extinción, con el jaguar que se encontró en la zona ¿Dónde están esos jaguares hoy con la inundación? Hay una crisis humanitaria y ambiental que EPM en su prepotencia se niega a aceptar.
— Además está lo que ha pasado con quienes se han opuesto al proyecto: hace menos de una semana fueron asesinados en Ituango y Puerto Valdivia dos líderes locales vinculados al movimiento Ríos Vivos.
Nosotros lamentablemente lo advertimos. En el año 2013, cuando asesinaron a dos integrantes de Ríos Vivos, hicimos un análisis para la seguridad de los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales. Le dijimos al Gobierno que estábamos en riesgo por el contexto: la violencia que se da en la zona es abrumadora, hay muchos grupos armados ilegales, hay minas antipersonales, ha habido más de 60 masacres, todas en la impunidad, tenemos muchos desaparecidos, una situación de dolor muy grande. Pero, además de eso, hemos advertido un riesgo asociado a la oposición de la represa de Hidroituango, sabemos que en los momentos más críticos de la obra estamos en grave riesgo, y así se lo dijimos a todas las autoridades, les dijimos que cuando llegara el llenado de la obra íbamos a estar en mayor riesgo y no nos hicieron caso, porque cuando nos asesinaron a los dos integrantes en el 2013 fue en el marco de una protesta por los desalojos forzosos y la desviación del caudal a través de cinco túneles. En ese momento asesinaron a dos compañeros. Hoy ocurren nuevamente cuatro asesinatos, dos integrantes del movimiento y dos familiares que se encontraban con ellos en ese momento, en sólo seis días asesinaron esas cuatro personas. Pero ya habíamos tenido un intento de asesinato de la hija de otro líder en Puerto Valdivia, por eso sabíamos que también los familiares estaban en riesgo. Hemos tenido más de cincuenta amenazas, muchas de ellas colectivas, pero nadie nos presta atención.
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jueves, 10 de mayo de 2018

Colombia. Asesinan a dos integrantes de Ríos Vivos en menos de una semana


Por Colombia Informa
La tarde del 8 de mayo asesinaron en la Vereda El Pescado, en Puerto Valdivia (Antioquia), a Duvián Andrés Correa Sánchez y a su hermano Luis Alberto Torres Montoya; este último miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia -AMPA-, articulada al movimiento de defensa de los territorios y afectados por […]
La tarde del 8 de mayo asesinaron en la Vereda El Pescado, en Puerto Valdivia (Antioquia), a Duvián Andrés Correa Sánchez y a su hermano Luis Alberto Torres Montoya; este último miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia -AMPA-, articulada al movimiento de defensa de los territorios y afectados por las represas, Ríos Vivos.
Este doble homicidio se llevó a cabo mientras el líder y su hermano realizaban labores de barequeo. Además, en estos momentos las comunidades de esta zona del Bajo Cauca (afectadas por la construcción del proyecto de represa Hidroituango) preparan una nueva jornada de movilizaciones para exigir que Empresas Públicas de Medellín -EPM- reconozca las afectaciones que el megaproyecto ha traído a la zona.
En las últimas semanas se ha reducido drásticamente el nivel del agua abajo del muro de la represa y se han dado derrumbes que han impedido el paso del agua, afectando las actividades productivas de la zona y la seguridad de la población.
Asimismo, el pasado 2 de mayo asesinaron a Hugo Albeiro George Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos -ASVAM-, articulada también al Movimiento Ríos Vivos. Ninguno de los dos líderes ha sido reconocido como afectado por Hidroituango, ni obtenido una indemnización socioeconómica.
El Movimiento Ríos Vivos exigió en un comunicado sobre el asesinato que la Gobernación de Antioquia cumpla con los pactos realizados en el marco de la Mesa para Solución de Conflictos Minero-Energéticos.
También pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- que se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango, tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto.
Por otro lado, instó a la Procuraduría Ambiental a que investigue con celeridad los hechos ocurridos en torno a los derrumbes, desecación de caudal y planes de contingencia que han dado lugar a la emergencia social, económica y ambiental en el área de afectación de Hidroituango.
Llamaron a la Policía de Antioquia para que atienda la situación de violencia contra los defensores de la tierra y la vida en el Bajo Cauca y otras regiones de Antioquia.
CI ND/PC/09/05/18/18:00



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