Naciones indígenas: de la conquista jurídica al olvido político

Leonardo Tamburini, director de ORE, advierte que las grandes victorias históricas de los pueblos indígenas están en riesgo de ser revertidas en un país que, tras haberlos incluido en la Constitución, ahora los margina y divide.

Los pueblos indígenas de tierras bajas conquistaron derechos históricos que transformaron a Bolivia: el reconocimiento de sus territorios, el autogobierno y su inclusión en los cuatro órganos del Estado. Sin embargo, a más de tres décadas de la marcha de 1990 y tras la dura fractura del TIPNIS, esa agenda aparece debilitada, fragmentada y bajo amenaza en el actual escenario político.

“Se conquistaron muchos derechos, pero no se ejercieron plenamente”. Con esa frase, Leonardo Tamburini, director ejecutivo de la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), resume la paradoja que viven los pueblos indígenas, que no tienen una potestad plena sobre sus propias atribuciones que están contempladas en la propia Constitución Política del Estado (CPE) y observa que se trata de una suspicacia político partidaria. “¿Cuál es el temor de cederle esos derechos? (10:37) El temor es el que pierdas poder”, sentencia.

En entrevista con la Hora Pico, recuerda que la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 fue el punto de inflexión ya que, por primera vez, los pueblos de tierras bajas irrumpieron en el escenario político nacional para exigir el reconocimiento de sus derechos. Aquella movilización abrió la puerta a la titulación de más de 26 millones de hectáreas como territorios indígenas y sentó las bases de un nuevo mapa político-administrativo que, décadas después, desembocaría en la CPE de 2009.

Tamburini subraya que esos avances transformaron el país en dos dimensiones. Primero, en lo territorial: “Antes los indígenas eran invisibles, no se les reconocía ni cultura ni tierra. Hoy tienen territorios reconocidos, la posibilidad de autogobernarse y estructuras políticas propias”. Y segundo, en lo institucional: lograron representación en los cuatro órganos del Estado, desde diputados plurinominales hasta asambleístas departamentales, pasando por magistrados y vocales en el Órgano Electoral.

Pero esa aparente victoria histórica pronto mostró sus límites. El analista recuerda que, tras el conflicto del TIPNIS en 2011, el gobierno optó por una estrategia de división y desgaste de las organizaciones. “Ahí se quebró todo. El poder político bajó una línea dura y no pudieron resistir. Desde entonces, la agenda indígena prácticamente desapareció”, señala. “No tienes el apellido de una obra pública del MAS, como le han puesto, para el vivir bien, lo plurinacional. No tienes la posibilidad de que esos pueblos puedan definir su propio destino de acuerdo a sus usos y costumbres”, acota.

Ese proceso, asegura, coincidió con el relevo generacional: las dirigencias históricas, que habían encabezado las luchas de los 80 y 90, se replegaron o envejecieron, mientras que las nuevas camadas asumieron estilos de liderazgo que no estuvieron a la altura del momento político. Resultado: la fragmentación orgánica, el debilitamiento de la CIDOB y un desvío hacia relaciones directas con gobernaciones o municipios, sin articulación nacional.

A pesar de ello, la agenda indígena sigue teniendo tres pilares fundamentales:

• Conservar y fortalecer sus territorios. Las autonomías indígenas representan un espacio de autogobierno que busca funcionar sin la tutela de los partidos políticos.
• Garantizar condiciones de vida digna. Salud, educación, caminos e infraestructura deben gestionarse desde su propia lógica territorial, no desde municipios lejanos y ajenos a sus realidades.
• Proteger la cultura y el medio ambiente. La cosmovisión indígena mantiene aún áreas de conservación y economías locales que se contraponen al modelo extractivista y a las lógicas capitalistas convencionales.

Sin embargo, Tamburini advierte que estos pilares enfrentan amenazas crecientes. El riesgo más evidente, afirma, viene desde el discurso electoral. Algunos candidatos han planteado la revisión de la propiedad colectiva de la tierra, un núcleo duro de las conquistas sociales de los últimos 30 años. “No se trata solo de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), también está en juego la base de las comunidades campesinas. Si se toca eso, se desmorona todo el pacto social alcanzado tras décadas de lucha”, advierte.

En el actual escenario electoral, donde las campañas han estado dominadas por el racismo, la polarización y la disputa de élites, la causa indígena aparece relegada a un segundo plano. Sin embargo, su peso histórico es innegable: la inclusión del Estado Plurinacional, uno de los mayores cambios políticos de Bolivia en el siglo XXI, nació de aquellas demandas.

Tamburini es categórico: “La gran conquista no fue jurídica, fue política. Los pueblos indígenas lograron que el Estado se reconozca como plurinacional. Pero si esos derechos no se ejercen, si solo quedan escritos en la Constitución, entonces serán un trofeo vacío, un auto guardado en el garaje que nadie maneja”.

Treinta años después de irrumpir en la historia nacional, los pueblos indígenas enfrentan una encrucijada: consolidar sus conquistas o verlas desmoronarse bajo la presión de los partidos y la indiferencia del poder. En tiempos en que las promesas electorales apuntan a revisar incluso la propiedad colectiva, la advertencia es clara: si Bolivia olvida a sus pueblos indígenas, no solo traicionará su historia reciente, sino que pondrá en riesgo la propia esencia del Estado Plurinacional.

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