SENA-Fobomade *
El capital corta las principales arterias y venas del sistema hídrico de la Amazonía, el bioma más rico en biodiversidad genética de la Tierra, porque su prioridad es generar energía barata para garantizar la rentabilidad empresarial y el “desarrollo” capitalista. Así se consolida en la Amazonía el plan PAC/IIRSA, un proyecto de desarrollo sub-imperialista impulsado por el Estado brasilero.
El modelo productivo de hidroelectricidad adoptado por los países de Sudamérica intensifica la naturaleza concentradora y excluyente del actual patrón insustentable de producción y consumo capitalista, explicó el profesor de la Universidad Federal de Rondonia Luis Fernando Novoa en el Seminario trinacional sobre hidroelectricidad y desarrollo celebrado en Cochabamba con el auspicio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad de San Simón y del Centro de Información en Energías Renovables (CINER).
Novoa, también miembro de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, describió que el modelo energético alentado por Brasil es una especie de incubadora de plataformas transnacionales que buscan la expansión y el uso intensivo de materias primas y energía. Se trata de la inserción y subordinación definitiva de la Amazonía como proveedora de exportaciones basadas en recursos naturales.
En este modelo se conjugan los intereses de los oligopolios en el uso intensivo de recursos energéticos a través de la centralización del planeamiento territorial y la descentralización de la implantación, operación y licenciamiento de proyectos que agilizan la mercantilización de recursos naturales disponibles.
Todos los proyectos de infraestructura hidroeléctrica en el territorio amazónico han sido concebidos como inversiones financieras completamente subordinadas a la lógica de la rentabilidad.
En la planificación de nuevas infraestructuras en función a la proyección de la demanda de consumo de electricidad, la variable demográfica importa menos que la demanda sectorial. Todo se subordina a las perspectivas de expansión y producción de los grandes consumidores de energía y a las necesidades tarifarias de las grandes empresas.
La previsión del alto crecimiento del consumo de energía, en torno al 5% al año, solo ha servido para justificar la oferta de excedentes energéticos a cualquier costo en beneficio de la industria siderúrgica, la industria de la celulosa y del agronegocio, los sectores “dinámicos que aprovechan las ventajas comparativas disponibles”, asevera Novoa.
Esta política industrial prioriza la atracción de inversiones y la readecuación de los marcos regulatorios, y minimiza el impacto del endeudamiento público, los costos sociales y ambientales y la sobreexplotación de la mano de obra.
El plan de expansión
El Programa de Aceleración de Crecimiento 2007 – 2010 (PAC) de Brasil tiene como objetivo “estimular la eficiencia productiva de los principales sectores de la economía; impulsar la modernización tecnológica, acelerar áreas en expansión deprimidas, aumentar la competitividad e integrar a Brasil con sus vecinos y con el mundo”. Para ello se estimula a la inversión privada con la remoción de obstáculos normativos y jurídicos y con la otorgación de créditos para el financiamiento de infraestructura.
Los principales proyectos hidroeléctricos en la Amazonía son:
“La expansión de los proyectos de hidroelectricidad de Electrobras incorpora a Bolivia y Perú, lo quieran o no estos países, porque la expansión brasileña se hace en todos los ríos que cruzan estos países”, dice Luis Fernando Novoa.
Este modelo energético no resolverá los problemas estructurales de la economía regional ni mejorará la calidad de vida de la población, sino que por el contrario ocasionará graves daños sociales y ambientales.
Ocurre que las gigantescas asimetrías entre Brasil, Bolivia y Perú impiden una integración equilibrada y justa de los megaproyectos hidroeléctricos programados en los tres países, los cuales beneficiarán en gran medida a las grandes corporaciones radicadas en Brasil, dejando enormes costos sociales, ambientales y económicos a los pueblos indígenas y países receptores de las “inversiones”.Ofensiva contra la legislación ambiental
En Brasil hay una ofensiva para recortar la legislación ambiental con el argumento de que obstruye la expansión de los megaproyectos hidroeléctricos.
Ahora los estudios ambientales y los procesos de licenciamiento ambiental son considerados "una dificultad adicional para que Brasil aproveche completamente el potencial hidroeléctrico de la región amazónica". En este caso, “completamente" quiere decir transformar todos los afluentes de las márgenes izquierda y derecha del Amazonas en una sucesión de reservorios de aguas estancadas e insalubres, en detrimento de la mayor reserva de biodiversidad del planeta y del modo de vida singular de sus poblaciones.
La Asociación Brasilera de Concesionarias de Energía Eléctrica (ABCE) intenta consolidar un mecanismo legislativo que armonice los dictámenes constituciones que asignan al Estado la responsabilidad de aplicar un régimen de protección del medio ambiente. El objetivo es flexibilizar las normas de uso de tierras indígenas para proyectos energéticos; evitar la creación de nuevas áreas de preservación ambiental en la Amazonía, y anular las normas que impiden la instalación de gasoductos.
En la actualidad se revisa el Código Forestal y se flexibilizan las regulaciones del IBAMA referidas al uso de territorios de poblaciones tradicionales, a las concesiones forestales y a los recursos hídricos. Por ejemplo, se promueven leyes reglamentarias del artículo 23 de la Constitución Federal referido al licenciamiento de proyectos, que ayuden a reducir la judicialización de proceso de licenciamiento ambiental. Una de ellas es la ley PAC que hasta ahora no fue aprobada.
Por otro lado, se promueve la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para que comprendan la importancia de los proyectos energéticos de fuentes renovables. Se pretende crear consciencia en todas las esferas del gobierno sobre la necesidad de acciones que viabilicen los emprendimientos de interés para la población, es decir proyectos de generación hídrica más baratos y limpios que cualquier otra fuente de energía.
Hay premura por instalar hidroeléctricas sin un necesario debate público que considere los costos y daños. El Plan Plurianual (PPA) enumera los proyectos hidráulicos “considerados estratégicos” que el IBAMA debe aprobar de inmediato para que sean implementados.
En el licenciamiento de las represas del Madera los estudios de impacto ambiental fueron realizados con metodologías y criterios de certificación que ocultan los daños potenciales y la consideración mínima de las áreas de impacto directo e indirecto.
No se prevén los efectos de la sedimentación, sobreinundación, las alteraciones para la pesca y las culturas locales. Las indemnizaciones son subvaluadas y se procede a la relocalización de los afectados en condiciones incompatibles con su modo de vida original. Se acelerar el flujo demográfico hacia el Municipio de Porto Velho, sin la correspondiente expansión de los servicios y la infraestructura social.
La represión política también se agrava. El 15 de noviembre de 2009, Osmar dos Santos Lima de 54 años fue asesinado brutalmente en Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho (RO). Osmar era un líder de la región donde se construye la Usina Hidroeléctrica de Jirau que organizaba a los afectados por la represa.Todo por un negocio que no es rentable
Es irreal e injustificable criticar la generación de hidroelectricidad, la energía más barata y la base futura del desarrollo de Brasil para los próximos 20 años, afirma Nivalde J de Castro, coordinador del Grupo de estudios del sector eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
“No habrá inundación en territorio boliviano por la construcción de las AHEs de Jirau y Santo Antonio”, afirma la diplomacia brasilera, pese a que comunidades bolivianas y brasileras íntegras quedarán a merced de inundaciones, endemias, cambios climáticos, pérdida de biodiversidady declinación de las economías agroextractivistas locales.
De Castro admite que los impactos ambientales de las enormes represas son irreversibles, pero cualquier actividad humana tiene impactos ambientales. Entonces, el gran dilema es que si Brasil descarta la hidroelectricidad se verá obligado a comprar otras energías no renovables más contaminantes.
Para el investigador brasilero todo se reduce a la ecuación costo beneficio: “La represa de Jirau afectará a 6 mil personas, pero beneficiará a 10 millones de habitantes de las ciudades (...) Sacar a los peces y a la gente será costoso, pero no será problemático porque contamos con asesores con capacidad para solucionar problemas técnicos”, asegura De Castro.
“Todos los países necesitan energía eléctrica para su desarrollo y los datos indican que la hidroelectricidad es la más barata; esa es la base de nuestra argumentación”, afirma De Castro y sentencia que su país continuará construyendo centrales hidroeléctricas en el Amazonas por razones económicas.
Pero la sociedad pregunta: ¿Cuándo vamos a debatir sobre los intereses del modelo económico y sobre el perfil productivo? ¿Si sólo se nos permite discutir sobre lo que está constituido como poder hegemónico y si la máxima aspiración es perfeccionar el modelo, entonces en qué queda la democracia?, cuestiona Novoa.
La sociedad civil tiene muchas dudas y exige respuestas: ¿cómo y para quién generar energía, cómo utilizarla? ¿Por qué los Estados están dispuestos a pagar altos costos ambientales e inclusive a subvencionar la generación de la hidroelectricidad, un negocio que no es rentable?
En un Taller Internacional sobre hidrogeneración en Bolivia organizado por el Viceministerio de Electricidad de Bolivia, representantes del sector empresarial advirtieron que los proyectos hidroeléctricos previstos no se concretarán ni serán rentables mientras el Estado no otorgue mayores ventajas al sector privado.
Los nuevos proyectos hidroeléctricos estatales y privados en Bolivia no son rentables en las actuales condiciones, asegura el ex ministro de Energía e Hidrocarburos y fundador de la compañía Hidroeléctrica Boliviana Angel Zannier.
En su criterio, es altamente improbable que se ejecuten 1.111 millones de dólares de inversión privada en los proyectos de Sakhahuaya, San José, Palillada, Molineros, Pilaya, Miguillas, Taquesi, que en conjunto generarían 826 MW, equivalentes a dos tercios de la producción nacional actual.
Según Zannier, lo mismo ocurre con Cachuela Esperanza, El Bala, Misicuni y Rositas, en los que se estimaba invertir poco más de 5.000 millones de dólares para generar 3.290 MW, casi el triple de la oferta nacional actual.
El experto considera que los principales factores que perjudican la rentabilidad son la subvención del gas natural para la generación de termoelectricidad (1,3 dólares por millar de pies cúbicos); las bajas remuneraciones de las empresas generadoras; los altos costos de operación y mantenimiento no reconocidos por el Estado y los crecientes riesgos para los inversionistas.
Según Zannier, el Estado calcula que los costos de operación y mantenimiento son de 1,5 por ciento, cuando en realidad se acercan al 10 por ciento. Por tanto, para viabilizar los proyectos hidroeléctricos será preciso “eliminar la subvención al gas natural; el precio de gas económicamente sensato para la generación de termoelectricidad debería ser de 3,37 dólares el millar de pies cúbicos”.
Además, Zannier propone reducir la participación del Estado en los ingresos del sector eléctrico del 35 por ciento a entre 5 a 8 por ciento, el nivel aceptado internacionalmente.
El gerente de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) José Antonio Ramírez piensa que la expansión de la hidroelectricidad en Bolivia sólo será posible si se avanza en los mercados de exportación, si se aumentan los precios en el mercado eléctrico mayorista, si se revisa la subvención al gas natural, si se mejora el marco normativo y si se otorgan incentivos fiscales a las empresas.
Según Ramírez, los proyectos de expansión y exportación de electricidad serían viables si se contara con “un marco jurídico claro, una remuneración que cubra los costos de desarrollo y precios al menos entre 60% y 80% mayores a los esperados en el mercado eléctrico mayorista (...) Estamos a la expectativa de la nueva ley de electricidad para tener un panorama claro y tomar decisiones de inversión”.
En el reciente seminario internacional de hidroelectricidad organizado por la Plataforma Energética, el especialista Enrique Gómez presentó la investigación “Tendencias y desafíos para el desarrollo del sector eléctrico boliviano”. Según ese estudio, con las tarifas eléctricas vigentes en el mercado mayorista, los ingresos no cubrirán los costos de operación y de pago de la deuda contraída para los proyectos hidroeléctricos cuya ejecución está prevista en los próximos años de acuerdo con las recomendaciones del Plan de Expansión 2010-2020.
El estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética demuestra que los proyectos bolivianos requerirán cuantiosos subsidios para su ejecución y funcionamiento, especialmente el proyecto hidroeléctrico sobre el río Madera.
Gómez asegura que el sector eléctrico boliviano requerirá inversiones importantes en los próximos años para lograr un despegue económico. Una de las condiciones que se requiere para lograr eficiencia en el uso de los recursos es eliminar las distorsiones de precios del gas natural.
“El precio del gas natural que se entrega para la generación de electricidad está subsidiado y es inferior al precio de exportación. Una elevación del precio del gas natural elevaría el precio que perciben las empresas generadoras por la energía eléctrica”, dijo Gómez.
Tanto las empresas públicas como las privadas deben obtener retornos razonables a sus inversiones para continuar con la expansión del servicio eléctrico y posibilitar la exportación de electricidad. Para ello, Bolivia debe generar electricidad a un costo inferior al de los países vecinos. El mercado geográficamente más próximo es el SING-Chile.
Uno de los objetivos del plan de desarrollo del sector eléctrico del gobierno boliviano es incluir en la nueva ley sectorial “una compensación a favor de las inversiones en hidrogeneración de manera tal que el costo final de la producción energética sea equitativa a las de la termoelectricidad”.
Pero los movimientos populares no están dispuestos a olvidar sus proyectos colectivos históricos sólo porque algunos dicen que no existe otro modelo de desarrollo. Y es que la cuenca del río Madera es transfronteriza, y corresponde a los gobiernos de los Estados establecer criterios para el uso equitativo antes de iniciar proyectos a gran escala. Por eso el objetivo prioritario es defender a la Amazonía como patrimonio socio biodiverso y fuente de un proyecto alternativo de desarrollo basado en el uso común de los recursos naturales.* Fuente: Boletín 72 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA).
MadalBo@web.de
Fundacion_MadalBo@web.de
El capital corta las principales arterias y venas del sistema hídrico de la Amazonía, el bioma más rico en biodiversidad genética de la Tierra, porque su prioridad es generar energía barata para garantizar la rentabilidad empresarial y el “desarrollo” capitalista. Así se consolida en la Amazonía el plan PAC/IIRSA, un proyecto de desarrollo sub-imperialista impulsado por el Estado brasilero.
El modelo productivo de hidroelectricidad adoptado por los países de Sudamérica intensifica la naturaleza concentradora y excluyente del actual patrón insustentable de producción y consumo capitalista, explicó el profesor de la Universidad Federal de Rondonia Luis Fernando Novoa en el Seminario trinacional sobre hidroelectricidad y desarrollo celebrado en Cochabamba con el auspicio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad de San Simón y del Centro de Información en Energías Renovables (CINER).
Novoa, también miembro de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, describió que el modelo energético alentado por Brasil es una especie de incubadora de plataformas transnacionales que buscan la expansión y el uso intensivo de materias primas y energía. Se trata de la inserción y subordinación definitiva de la Amazonía como proveedora de exportaciones basadas en recursos naturales.
En este modelo se conjugan los intereses de los oligopolios en el uso intensivo de recursos energéticos a través de la centralización del planeamiento territorial y la descentralización de la implantación, operación y licenciamiento de proyectos que agilizan la mercantilización de recursos naturales disponibles.
Todos los proyectos de infraestructura hidroeléctrica en el territorio amazónico han sido concebidos como inversiones financieras completamente subordinadas a la lógica de la rentabilidad.
En la planificación de nuevas infraestructuras en función a la proyección de la demanda de consumo de electricidad, la variable demográfica importa menos que la demanda sectorial. Todo se subordina a las perspectivas de expansión y producción de los grandes consumidores de energía y a las necesidades tarifarias de las grandes empresas.
La previsión del alto crecimiento del consumo de energía, en torno al 5% al año, solo ha servido para justificar la oferta de excedentes energéticos a cualquier costo en beneficio de la industria siderúrgica, la industria de la celulosa y del agronegocio, los sectores “dinámicos que aprovechan las ventajas comparativas disponibles”, asevera Novoa.
Esta política industrial prioriza la atracción de inversiones y la readecuación de los marcos regulatorios, y minimiza el impacto del endeudamiento público, los costos sociales y ambientales y la sobreexplotación de la mano de obra.
El plan de expansión
El Programa de Aceleración de Crecimiento 2007 – 2010 (PAC) de Brasil tiene como objetivo “estimular la eficiencia productiva de los principales sectores de la economía; impulsar la modernización tecnológica, acelerar áreas en expansión deprimidas, aumentar la competitividad e integrar a Brasil con sus vecinos y con el mundo”. Para ello se estimula a la inversión privada con la remoción de obstáculos normativos y jurídicos y con la otorgación de créditos para el financiamiento de infraestructura.
Los principales proyectos hidroeléctricos en la Amazonía son:
UHE de Santo Antonio, rio Madera (3.170 MW) –2012
UHE de Jirau, rio Madeia (3.320 MW) – 2012
UHE de São Salvador, rio Tocantins (243 MW) – dec/09
UHE de Estreito, rio Tocantins (1.087 MW) – ago/10
UHE de Dardanelos, rio Aripuanã (261 MW) – dec/10
UHE de Belo Monte (5.680 MW), previsión jun/14
UHE de Tupirantins, rio Tocantins (620 MW) – jun/17
Inventario del potencial hidroeléctrico de Tapajós (11.000 MW) – abr/08
Inventario en el río Juruena (5.000 MW) – dec/08
Viabilidad de Teles Pires (1.820 MW) – may/08
Viabilidad de Ji-Paraná (350 MW) – jun/09
Usinas de agua y Usinas Plataforma:
Belo Monte: reservorio de 516 km²
São Luiz de Tapajós: 722 km²
Santo Antonio: 271 Km²
Jirau: 258 km²
“La expansión de los proyectos de hidroelectricidad de Electrobras incorpora a Bolivia y Perú, lo quieran o no estos países, porque la expansión brasileña se hace en todos los ríos que cruzan estos países”, dice Luis Fernando Novoa.
Este modelo energético no resolverá los problemas estructurales de la economía regional ni mejorará la calidad de vida de la población, sino que por el contrario ocasionará graves daños sociales y ambientales.
Ocurre que las gigantescas asimetrías entre Brasil, Bolivia y Perú impiden una integración equilibrada y justa de los megaproyectos hidroeléctricos programados en los tres países, los cuales beneficiarán en gran medida a las grandes corporaciones radicadas en Brasil, dejando enormes costos sociales, ambientales y económicos a los pueblos indígenas y países receptores de las “inversiones”.Ofensiva contra la legislación ambiental
En Brasil hay una ofensiva para recortar la legislación ambiental con el argumento de que obstruye la expansión de los megaproyectos hidroeléctricos.
Ahora los estudios ambientales y los procesos de licenciamiento ambiental son considerados "una dificultad adicional para que Brasil aproveche completamente el potencial hidroeléctrico de la región amazónica". En este caso, “completamente" quiere decir transformar todos los afluentes de las márgenes izquierda y derecha del Amazonas en una sucesión de reservorios de aguas estancadas e insalubres, en detrimento de la mayor reserva de biodiversidad del planeta y del modo de vida singular de sus poblaciones.
La Asociación Brasilera de Concesionarias de Energía Eléctrica (ABCE) intenta consolidar un mecanismo legislativo que armonice los dictámenes constituciones que asignan al Estado la responsabilidad de aplicar un régimen de protección del medio ambiente. El objetivo es flexibilizar las normas de uso de tierras indígenas para proyectos energéticos; evitar la creación de nuevas áreas de preservación ambiental en la Amazonía, y anular las normas que impiden la instalación de gasoductos.
En la actualidad se revisa el Código Forestal y se flexibilizan las regulaciones del IBAMA referidas al uso de territorios de poblaciones tradicionales, a las concesiones forestales y a los recursos hídricos. Por ejemplo, se promueven leyes reglamentarias del artículo 23 de la Constitución Federal referido al licenciamiento de proyectos, que ayuden a reducir la judicialización de proceso de licenciamiento ambiental. Una de ellas es la ley PAC que hasta ahora no fue aprobada.
Por otro lado, se promueve la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para que comprendan la importancia de los proyectos energéticos de fuentes renovables. Se pretende crear consciencia en todas las esferas del gobierno sobre la necesidad de acciones que viabilicen los emprendimientos de interés para la población, es decir proyectos de generación hídrica más baratos y limpios que cualquier otra fuente de energía.
Hay premura por instalar hidroeléctricas sin un necesario debate público que considere los costos y daños. El Plan Plurianual (PPA) enumera los proyectos hidráulicos “considerados estratégicos” que el IBAMA debe aprobar de inmediato para que sean implementados.
En el licenciamiento de las represas del Madera los estudios de impacto ambiental fueron realizados con metodologías y criterios de certificación que ocultan los daños potenciales y la consideración mínima de las áreas de impacto directo e indirecto.
No se prevén los efectos de la sedimentación, sobreinundación, las alteraciones para la pesca y las culturas locales. Las indemnizaciones son subvaluadas y se procede a la relocalización de los afectados en condiciones incompatibles con su modo de vida original. Se acelerar el flujo demográfico hacia el Municipio de Porto Velho, sin la correspondiente expansión de los servicios y la infraestructura social.
La represión política también se agrava. El 15 de noviembre de 2009, Osmar dos Santos Lima de 54 años fue asesinado brutalmente en Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho (RO). Osmar era un líder de la región donde se construye la Usina Hidroeléctrica de Jirau que organizaba a los afectados por la represa.Todo por un negocio que no es rentable
Es irreal e injustificable criticar la generación de hidroelectricidad, la energía más barata y la base futura del desarrollo de Brasil para los próximos 20 años, afirma Nivalde J de Castro, coordinador del Grupo de estudios del sector eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
“No habrá inundación en territorio boliviano por la construcción de las AHEs de Jirau y Santo Antonio”, afirma la diplomacia brasilera, pese a que comunidades bolivianas y brasileras íntegras quedarán a merced de inundaciones, endemias, cambios climáticos, pérdida de biodiversidady declinación de las economías agroextractivistas locales.
De Castro admite que los impactos ambientales de las enormes represas son irreversibles, pero cualquier actividad humana tiene impactos ambientales. Entonces, el gran dilema es que si Brasil descarta la hidroelectricidad se verá obligado a comprar otras energías no renovables más contaminantes.
Para el investigador brasilero todo se reduce a la ecuación costo beneficio: “La represa de Jirau afectará a 6 mil personas, pero beneficiará a 10 millones de habitantes de las ciudades (...) Sacar a los peces y a la gente será costoso, pero no será problemático porque contamos con asesores con capacidad para solucionar problemas técnicos”, asegura De Castro.
“Todos los países necesitan energía eléctrica para su desarrollo y los datos indican que la hidroelectricidad es la más barata; esa es la base de nuestra argumentación”, afirma De Castro y sentencia que su país continuará construyendo centrales hidroeléctricas en el Amazonas por razones económicas.
Pero la sociedad pregunta: ¿Cuándo vamos a debatir sobre los intereses del modelo económico y sobre el perfil productivo? ¿Si sólo se nos permite discutir sobre lo que está constituido como poder hegemónico y si la máxima aspiración es perfeccionar el modelo, entonces en qué queda la democracia?, cuestiona Novoa.
La sociedad civil tiene muchas dudas y exige respuestas: ¿cómo y para quién generar energía, cómo utilizarla? ¿Por qué los Estados están dispuestos a pagar altos costos ambientales e inclusive a subvencionar la generación de la hidroelectricidad, un negocio que no es rentable?
En un Taller Internacional sobre hidrogeneración en Bolivia organizado por el Viceministerio de Electricidad de Bolivia, representantes del sector empresarial advirtieron que los proyectos hidroeléctricos previstos no se concretarán ni serán rentables mientras el Estado no otorgue mayores ventajas al sector privado.
Los nuevos proyectos hidroeléctricos estatales y privados en Bolivia no son rentables en las actuales condiciones, asegura el ex ministro de Energía e Hidrocarburos y fundador de la compañía Hidroeléctrica Boliviana Angel Zannier.
En su criterio, es altamente improbable que se ejecuten 1.111 millones de dólares de inversión privada en los proyectos de Sakhahuaya, San José, Palillada, Molineros, Pilaya, Miguillas, Taquesi, que en conjunto generarían 826 MW, equivalentes a dos tercios de la producción nacional actual.
Según Zannier, lo mismo ocurre con Cachuela Esperanza, El Bala, Misicuni y Rositas, en los que se estimaba invertir poco más de 5.000 millones de dólares para generar 3.290 MW, casi el triple de la oferta nacional actual.
El experto considera que los principales factores que perjudican la rentabilidad son la subvención del gas natural para la generación de termoelectricidad (1,3 dólares por millar de pies cúbicos); las bajas remuneraciones de las empresas generadoras; los altos costos de operación y mantenimiento no reconocidos por el Estado y los crecientes riesgos para los inversionistas.
Según Zannier, el Estado calcula que los costos de operación y mantenimiento son de 1,5 por ciento, cuando en realidad se acercan al 10 por ciento. Por tanto, para viabilizar los proyectos hidroeléctricos será preciso “eliminar la subvención al gas natural; el precio de gas económicamente sensato para la generación de termoelectricidad debería ser de 3,37 dólares el millar de pies cúbicos”.
Además, Zannier propone reducir la participación del Estado en los ingresos del sector eléctrico del 35 por ciento a entre 5 a 8 por ciento, el nivel aceptado internacionalmente.
El gerente de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) José Antonio Ramírez piensa que la expansión de la hidroelectricidad en Bolivia sólo será posible si se avanza en los mercados de exportación, si se aumentan los precios en el mercado eléctrico mayorista, si se revisa la subvención al gas natural, si se mejora el marco normativo y si se otorgan incentivos fiscales a las empresas.
Según Ramírez, los proyectos de expansión y exportación de electricidad serían viables si se contara con “un marco jurídico claro, una remuneración que cubra los costos de desarrollo y precios al menos entre 60% y 80% mayores a los esperados en el mercado eléctrico mayorista (...) Estamos a la expectativa de la nueva ley de electricidad para tener un panorama claro y tomar decisiones de inversión”.
En el reciente seminario internacional de hidroelectricidad organizado por la Plataforma Energética, el especialista Enrique Gómez presentó la investigación “Tendencias y desafíos para el desarrollo del sector eléctrico boliviano”. Según ese estudio, con las tarifas eléctricas vigentes en el mercado mayorista, los ingresos no cubrirán los costos de operación y de pago de la deuda contraída para los proyectos hidroeléctricos cuya ejecución está prevista en los próximos años de acuerdo con las recomendaciones del Plan de Expansión 2010-2020.
El estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética demuestra que los proyectos bolivianos requerirán cuantiosos subsidios para su ejecución y funcionamiento, especialmente el proyecto hidroeléctrico sobre el río Madera.
Gómez asegura que el sector eléctrico boliviano requerirá inversiones importantes en los próximos años para lograr un despegue económico. Una de las condiciones que se requiere para lograr eficiencia en el uso de los recursos es eliminar las distorsiones de precios del gas natural.
“El precio del gas natural que se entrega para la generación de electricidad está subsidiado y es inferior al precio de exportación. Una elevación del precio del gas natural elevaría el precio que perciben las empresas generadoras por la energía eléctrica”, dijo Gómez.
Tanto las empresas públicas como las privadas deben obtener retornos razonables a sus inversiones para continuar con la expansión del servicio eléctrico y posibilitar la exportación de electricidad. Para ello, Bolivia debe generar electricidad a un costo inferior al de los países vecinos. El mercado geográficamente más próximo es el SING-Chile.
Uno de los objetivos del plan de desarrollo del sector eléctrico del gobierno boliviano es incluir en la nueva ley sectorial “una compensación a favor de las inversiones en hidrogeneración de manera tal que el costo final de la producción energética sea equitativa a las de la termoelectricidad”.
Pero los movimientos populares no están dispuestos a olvidar sus proyectos colectivos históricos sólo porque algunos dicen que no existe otro modelo de desarrollo. Y es que la cuenca del río Madera es transfronteriza, y corresponde a los gobiernos de los Estados establecer criterios para el uso equitativo antes de iniciar proyectos a gran escala. Por eso el objetivo prioritario es defender a la Amazonía como patrimonio socio biodiverso y fuente de un proyecto alternativo de desarrollo basado en el uso común de los recursos naturales.* Fuente: Boletín 72 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA).
MadalBo@web.de
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