Dos empresas estatales administrarán los recursos forestales y el transporte fluvial; el capital privado participará en el negocio del oro
El gobierno creará en el primer trimestre de 2011 la Empresa Boliviana Forestal (EBF) encargada de “estatizar” los bosques amazónicos, y una empresa de transporte fluvial que convertirá a los ríos de la Amazonía en “autopistas naturales”, informó el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) Juan Ramón Quintana.
Quintana detalló este domingo en el programa El Pueblo es Noticia de la cadena radial Patria Nueva algunos de los proyectos del plan nacional de diversificación y promoción productiva de la Amazonía boliviana, que el gobierno pretende consolidar hasta 2013.
La ADEMAF fue creada en junio de 2010 con el objetivo de garantizar el ejercicio soberano del Estado en zonas fronterizas de Pando, Beni y Santa Cruz. Una de sus prioridades es promover el desarrollo económico de la región amazónica, que según Quintana es la “despensa” de alimentos y recursos naturales de los bolivianos.
El director de la ADEMAF explicó que los ríos Iténez, Mamoré, Beni y Madre de Dios, las cuatro cuencas hidrográficas de la región amazónica, serán la “columna vertebral” del desarrollo y de la diversificación económica de esa extensa y rica región.
Quintana anunció la creación de una empresa de transporte fluvial que comenzará a operar en la Amazonía el 3 de febrero de 2011 al mando de la Armada Boliviana. Su principal tarea será transformar los ríos en “autopistas naturales” para el transporte de pescado, yuca, maíz, frejol, maní, miel de abeja, chocolate y otros bienes producidos por cientos de comunidades que viven a orillas de estos ríos.
Las Fuerzas Armadas presentaron hace poco un anteproyecto de Ley Orgánica de intereses marítimos, fluviales y lacustres, que tiene por objeto establecer el marco legal y administrativo del ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control Estatal sobre los espacios acuáticos y ribereños y actividades relacionadas. La finalidad de la norma es incorporar los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres a la estructura política, económica y social del Estado Plurinacional de Bolivia.
El anteproyecto prevé la creación de una Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre del Estado Boliviano (AMFL) y una Jurisdicción Acuática que comprende los espejos de agua, cuerpos de agua, fondo y subsuelo de los espacios acuáticos del Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo la superficie, suelo y subsuelo de los espacios ribereños.
La máxima autoridad la AMFL será el Comandante General de la Armada Boliviana, responsable de la ordenación y la explotación sustentable de los recursos hídricos y de la biodiversidad asociada, y también del “fortalecimiento del Poder Naval, con capacidad de constituirse en la Expresión del Poder Marítimo del Estado”.
La AMFL promoverá el uso del transporte acuático de personas y bienes; y el desarrollo de la industria turística acuática y subacuática y de la investigación científica. Reprimirá toda actividad ilícita en los espacios acuáticos, y ejecutará planes y medidas relacionadas con la seguridad de los bienes transportados por agua. Todas las empresas estatales y privadas relacionadas con la explotación de los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres estarán bajo su dependencia.
La AMFL operará a través de órganos especializados como las direcciones de Marina Mercante, de Capitanías de Puerto, de Pesca, Acuicultura y Biodiversidad Acuática, de Puertos y Vías Navegables, de Recursos Energéticos y Mineros del Medio Acuático y Espacio Ribereño, y un Servicio de Hidrografía y Navegación.
La Dirección de Puertos y Vías Navegables planificará el desarrollo portuario y de vías navegables. Será responsable de la administración del ordenamiento portuario y de la navegación, de la clasificación de los espejos de agua para fines de navegación, y de la habilitación de vías navegables. Se ocupará también del mantenimiento y mejoramiento de las vías navegables y apoyará emprendimientos privados de desarrollo de la industria portuaria.
El Servicio de Hidrografía y Navegación elaborará la cartografía náutica y el mapa hidrográfico del país, y un registro estadístico de información hidrométrica correspondiente a las masas de aguas en el territorio boliviano. Se encargará también de la señalización de vías acuáticas y de la Instalación y mantenimiento de dispositivos de separación de tráfico acuático.
“Estatizarán” los bosques
El director de la ADEMAF anunció además la creación de la Empresa Boliviana Forestal (EBF) en el primer trimestre de 2011, una vez que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas termine de auditar a todas las concesiones forestales del país. Se calcula que más de 55 millones de hectáreas de bosques fueron concesionadas a privados, de las cuales 3,2 millones son concesiones forestales, algunas de más de 250 mil hectáreas de extensión.
“Lo que hemos visto los últimos 20 años es la liberalización y la privatización de los bosques, y por eso 25 personas tienen 2 y 3 millones de (hectáreas en) concesiones forestales… La política neoliberal ha terminado privatizando los bosques, y en estos cuatro o cinco años se ha operado con las leyes de libre mercado”, admitió Quintana.
En Pando hay más de tres millones de hectáreas de bosques en manos de privados que no pagan ni un centavo al Estado; “lo paradójico es que se trata del departamento más pobre de Bolivia”, comentó Quintana.
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) aseguró que el sector paga cada año aproximadamente ocho millones de dólares por concepto de impuestos (IVA, IT e IUE), sin contar las divisas que percibe el Estado por las exportaciones forestales. Las recaudaciones por concepto de Patente Forestal sumaron 86 millones de dólares en el período 1997-2008, según la ABT.
Quintana adelantó que la EFB, proyectada por el Ministerio de Medio Ambiente, la autoridad de bosques y la ADEMAF, tomará el control de la actividad forestal y “estatizará” los bosques del país.
La nueva entidad renovará contratos de explotación con empresas que respetaron sus concesiones y con las que estén dispuestas a pagar patentes, “la manera más efectiva para reproducir el bosque”, según Quintana.
El Estado y privados explotarán oro
Por otro lado, Quintana propuso que la recién creada Empresa Boliviana del Oro (EBO) se financie con capitales estatales y privados del país y del extranjero.
“Ya tenemos la empresa que comercializará el oro y nos falta involucrarnos en la explotación. Para eso nos hará falta constituir la empresa de explotación, y eso significa innovación tecnológica para no contaminar el medio ambiente, lo que implica mucha inversión”.
El director de la ADEMAF reconoció que “la actividad aurífera es depredadora”, y por ello es preciso que el Estado se asocie “con empresarios privados nacionales o extranjeros de una gran musculatura tecnológica, para que se beneficien el Estado y los bolivianos”.
Quintana dijo que el negocio del oro no será exclusivo del Estado, y prometió que los mineros privados y los cooperativistas obtendrán una tajada de la torta.
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