viernes, 30 de julio de 2010

Morales agradece apoyo a la declaración del agua como un derecho humano

Trinidad, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el jueves a los países que apoyaron la iniciativa boliviana para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declare al agua como un derecho humano.




Durante su participación en un acto público en esta ciudad amazónica, capital del departamento del Beni, el Jefe de Estado expresó su complacencia porque ahora la comunidad internacional considera plenamente que "el agua es un derecho humano y no un negocio privado".

"Una vez que la comunidad internacional reconoce que el servicio del agua es un derecho humano, debe ser administrado por las Alcaldías, Gobernaciones, el Gobierno nacional y no por empresas privadas", dijo.

Agregó que la aprobación internacional de esta iniciativa "no es un triunfo de Evo Morales, ni de Bolivia, sino de los pueblos del mundo".

El Mandatario señaló que las iniciativas bolivianas son admiradas en diversas naciones. Puso como ejemplo el Bono Juancito Pinto, que beneficia a millones de niños bolivianos, que en la actualidad es replicado en otras naciones.

Aclaró que pasa lo mismo pasa con la Renta Dignidad, y destacó los elogios a esa iniciativa de representantes de varias naciones que estudiaron sus alcances y la forma de aplicar ese beneficio en sus respectivas naciones. El Presidente ha ratificado en diversas oportunidades que el agua debe ser un derecho humano con libre acceso a todos los ciudadanos.

"El agua potable es un servicio y no debe ser objeto de acciones mercantilistas", dijo Morales, al resaltar que este servicio debe estar a cargo de los Estados y no de los consorcios privados.

De acuerdo con estudios realizados por la ONU, por lo menos 884 millones de personas carecen en el mundo totalmente de agua limpia y 2.500 millones sólo pueden acceder a este recurso vital a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares.

Los estudios señalan, además, que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.

El proyecto de resolución presentado por Bolivia sobre el agua y que ya cuenta con el aval internacional reafirmó la necesidad de proteger y promocionar todos los derechos humanos bajo la responsabilidad del Estado, aunque resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y el saneamiento.

Sin embargo, existen algunos países que tienen sus cuestionamientos para que derecho al agua sea considerado un derecho humano. Por ejemplo, en Inglaterra, la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha manifestado que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable del acceso al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano.

Igualmente en Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua, mientras que en Canadá el primer ministro Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

Bolivia ya ha consagrado en su nueva Constitución Política del Estado que el agua es un derecho humano. Así lo establece en sus artículos 16 y 20 donde resalta que el acceso al agua potable, el alcantarillado y el saneamiento "es un derecho universal del hombre que no puede estar sujeto al comercio".

Desde hace 10 años, Bolivia y sus movimientos sociales han entablado una lucha para evitar que empresas privadas tengan a su cargo el tratamiento y distribución del agua, al punto que ganaron la batalla.

Esa batalla para que el agua sea declarada un derecho humano ha sido llevada ante la ONU en busca del aval que consagre al agua como un derecho humano universal,

De acuerdo con los estudios realizados por la propia ONU, si es que las naciones no asumen medidas en defensa de la sobrevivencia del planeta, se corre el riesgo que hasta el año 2030 el mundo no cuente con el agua suficiente para sobrevivir debido al calentamiento global del planeta.

Solamente en Latinoamérica se teme que unas 77 millones de personas se vean ante la carencia del líquido elemento.

El presidente boliviano ha denunciado ante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrado en Copenhague, Dinamarca, en diciembre pasado, que si el mundo no toma sus previsiones en defensa de la tierra como fuente de vida, al igual que del agua, el mundo avanza a pasos agigantados hacia su destrucción.

El fracaso de la Cumbre de Copenhague, donde no se lograron acuerdos ni entre propias naciones desarrolladas, hizo que Morales convocará a los representantes de organismos internacionales, Gobiernos, movimientos sociales e indígenas a reunirse en abril pasado en la localidad de Tiquipaya, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Tierra a adoptar decisiones.

En ese encuentro, al que asistieron más de tres millares de delegados de los cuatro continentes, fue aprobado un conjunto de recomendaciones entregadas por el propio mandatario boliviano al secretario ejecutivo de la ONU, Ban Ki-moon para que sean incluidas en los debates de la próxima cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en Cancún. México, en diciembre.

Entre esas recomendaciones está la necesidad de que el mundo y sus líderes tomen cartas en el asunto en defensa de la vida, de la tierra y del agua como recursos esenciales para que la humanidad sobreviva.

Morales hizo patente su convencimiento de que los cambios climáticos que sufre el planeta los últimos tiempos se originan en las acciones de los países ricos que están inmersos en una carrera industrializadora irracional que solamente busca fines mercantilistas sin importarles la vida de la humanidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el miércoles el proyecto de Resolución presentado por Bolivia para que el agua y el saneamiento sean declarados como un derecho humano, informó el embajador ante ese organismo internacional, Pablo Solón.

"El proyecto de Resolución fue aprobado por 122 naciones votaron a favor de la iniciativa boliviana, contra 41 abstenciones y ninguna que se haya opuesto a la misma", dijo.

Agregó que entre las naciones que se abstuvieron de votar estaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

Solón anotó que, a partir del visto bueno de las naciones integrantes de la ONU para que el agua sea considerado un derecho humano, deben actuar en consecuencia para apoyar financieramente los programas que permitan dotar a la humanidad de este elemento, por ser vital para la vida.

El diplomático expresó su satisfacción por la decisión de la ONU, que hace varios años, en la década de los años 40, declaró como un derecho humano el acceso a la educación y al trabajo.

"No pudo ser menos que ese organismo internacional declare al agua en la misma categoría porque los seres humanos necesitan de ese elemento para sobrevivir y la tierra para producir".



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miércoles, 28 de julio de 2010

Pachamama es el 1º de agosto





Si bien el homenaje a nuestra amada Pachamama es el 1º de agosto, les hacemos una propuesta para que comencemos ahora en julio a prepararnos para ese día tan especial.

Nosotros proponemos: que hoy mismo se consigan una botella de aguardiente, caña o grapa y le introduzcan una ramita de Ruda fresca o si no tienen, consigan en una herboristería un puñado de ruda seca.

Y el primero de agosto, apenas amanezca, beban en ayunas una copita de esa bebida, para agradecer tantos beneficios recibidos y sumarse a la plegaria que hacemos en toda América para homenajear y comprometernos a preservar a Nuestra madre Naturaleza.

Tributo a la Madre Tierra


El primero de agosto los pueblos de América realizan un milenario homenaje a la Madre Naturaleza.

Popularmente sólo se la vincula a la tierra, aunque en realidad en la Pachamama se venera a toda la naturaleza.

Pacha significa espacio y tiempo; la tierra que habitamos y el tiempo que transcurre, necesario para el cultivo y para la vida.



La veneración de la Pachamama entre los pueblos andinos, tiene origen mítico en la ciudad de Tiwanaku, centro de la cultura preincaica Tiwanakota entre los siglos VI y IX d.C., los incas ahí asentados continuaron con el culto que luego se extendió a toda la región.

En la ceremonia de la Pachamama se le pide "permiso" a la naturaleza para iniciar los cultivos. Para ello se la venera en sus tres estadios, Janaj-Pacha (espacio cósmico), Kay-Pacha (suelo) y Ukhu-Pacha (centro de la tierra).

Como agosto en nuestras pampas es un mes de vientos bravos y fríos intensos, ellos también preparaban el cuerpo para hacerle frente a esas inclemencias.

En cada región se emplearon las bebidas de uso corriente: el aguardiente, la caña y nuestros gringos la grapa.

En un momento en que nuestra madre Tierra sufre tantas agresiones, se taaln masivamente los bosques, se destruye el equilibrio natural, se contamina despiadadamente, creemos importante recuperar este primero de agosto el saludo a nuestra madre, que nos provee el sustento, que nos cobija y permite la continuidad de la vida.

Y así el 1º de agosto rendirle tributo de agradecimiento y desagravio.

Marta Millicay
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¿Cuánto gana y qué es lo que pierde y arriesga Bolivia con las hidroeléctricas?

Hay fiebre de construcción de represas en el lado brasileño y planes para impulsarlas en la Amazonía. En Bolivia, hay quienes creen que es hora de cosechar millones exportando electricidad, aunque hay temas para la alarma. Un seminario trinacional analizará todo ello


La construcción de grandes represas y el despegue a gran escala de la hidroelectricidad está ya en la agenda inmediata de los gobiernos de Brasil, Perú y Bolivia. Hay planes en marcha, acuerdos bilaterales ya firmados y mucha expectativa en la región, no exenta, sin embargo, de crecientes advertencias de que los riesgos e impactos negativos de esta expansión puedan pesar mucho más que sus potenciales beneficios, especialmente en Bolivia.

En la cuenta de los beneficios algunos ya inscriben millonarios ingresos por la exportación de electricidad a los países vecinos, el aumento de la cobertura eléctrica, el impulso al desarrollo regional y la necesaria diversificación de la matriz energética.

En el lado de los daños, otros apuntan a la destrucción/inundación de vastos territorios con gran riqueza natural y biodiversidad, desplazamiento de poblaciones, alteraciones severas en la vida silvestre de la región y, beneficios económicos menores a los esperados que no alcanzarían para cubrir los costos socioambientales de estos megaproyectos, según el recuento de la Plataforma Energética.

Por todas sus implicaciones, el tema ya está en la agenda regional y Cochabamba será, el miércoles 21 y jueves 22 de julio, la sede del debate trinacional sobre las hidroeléctricas y su impacto en Bolivia, un evento organizado por la Plataforma Energética.

Uno de los expertos brasileños que asistirá a este Seminario, el profesor Luis Novoa, de la Universidad Federal de Rondonia, asegura que los grandes proyectos hidroeléctricos, que Brasil está construyendo en la Amazonía, ocasionarán un enorme costo social y ambiental en países vecinos como Bolivia.

“Las construcciones brasileras ponen a las poblaciones bolivianas del norte amazónico a merced de las inundaciones, de las epidemias, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la decadencia de la economía agroextractivista local”, dice.

Otros expertos brasileños, como los de la Universidad Federal de Río de Janeiro, creen sin embargo lo contrario. Así, el profesor Nivalde de Castro, que también estará presente en el Seminario organizado por la Plataforma Energética, dice que la construcción de represas se da “con el máximo respeto y adecuación a la legislación ambiental”, acogiendo las demandas de los movimientos sociales y ambientales.

Según Nivalde de Castro, la apuesta brasileña por la hidroelectricidad y las energías renovables reforzarán el “carácter verde” de su economía y configurarán una matriz energética más sana y mucho más sostenible. Los beneficios son múltiples, asegura.

Estos factores también pesan en el ánimo de las autoridades bolivianas, junto a la necesidad de cristalizar los planes de exportación de electricidad. Los planes del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cuyos principales representantes estarán presentes en el Seminario, dan cuenta, por ejemplo, de inversiones por encima de los 5.000 millones de dólares para impulsar más de una decena de proyectos hidroeléctricos en todo el país, según la Plataforma Energética.

En el seminario también participará el experto boliviano de la UMSA, Jorge Molina, quién disertará sobre la viabilidad del proyecto Cachuela Esperanza, uno de los más importantes del país. Asimismo, uno de los más connotados especialistas del sector, Enrique Gómez, presentará en el primer día del Seminario la investigación “Tendencias y desafíos del sector eléctrico boliviano”, un estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética para generar conocimiento y promover el debate público.

Un día después, el jueves 22, el tema central de análisis, con la participación de las principales instituciones del Departamento, será la potencialidad y perspectivas energéticas del departamento de Cochabamba y la conformación de una plataforma regional de conocimiento y debate energético.

Estos dos días de reflexión y debate, que se desarrollarán en el Hotel Cochabamba, son organizados por la Plataforma Energética, con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) y el Centro de Información en Energías Renovables (CINER).


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Evo Morales anuncia la nacionalización de las hidroeléctricas

Rebelión.org, 29-Sep-09


El mandatario boliviano Evo Morales ratificó su decisión de nacionalizar las plantas hidroeléctricas de Corani, administrada por un grupo francés, y Santa Isabel, ambas en la localidad Colomi-Cochabamba, con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica a la población.

"El gobierno busca garantizar un derecho humano en Bolivia (...) Por lo tanto, compañeros y compañeros, las plantas hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel van tener que pasar al control del Estado boliviano.

"El Estado va ser dueño de esas plantas hidroeléctricas que han sido privatizadas en gobiernos neoliberales", afirmó durante un acto político de proclamación en Oruro realizado el viernes. 

Estas dos recuperaciones forman parte de la política de nacionalización que ejecuta la administración de Evo Morales, que comenzó con hidrocarburos y les planteó nuevas reglas para que los ingresos sean compartidos equitativamente y que la transnacional no se lleve la mayor parte, como sucedía con otros gobiernos de derecha.

Después se recuperaron las concesiones mineras de Huanuni para que sean administradas bajo la tutela de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Luego fue la empresa de telecomunicaciones Entel, que estaba en manos de capitales italianos.

Se prevé la recuperación de los ferrocarriles y plantas hidroeléctricas.

Corani forma parte, junto a Valle Hermoso y Guaracachi, del sistema central de generación de energía eléctrica que fue privatizado en el periodo 1993-1997, durante la administración del presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por vía de un decreto supremo expedido a principios de septiembre, la recientemente reconstituida Empresa Nacional de Energía (ENDE), asumirá el 47,2 por ciento de las acciones de Corani, el 48,8 por ciento de Guaracachi (Santa Cruz) y el 49,8 por ciento de Valle Hermoso (Cochabamba).

Inversiones Ecoenergy Bolivia SA, subsidiaria del francés GDF Suez, controla Corani, enclavada en el central Chapare, en tanto que la británica Rurelec PCL gerencia Guaracachi, lo mismo que la compañía nacional The Bolivian Generatings Group, filial de Panamerican Bolivia, Valle Hermoso.

Morales anunció también que con las futuras plantas hidroeléctricas que su administración proyecta construir en Cachuela Esperanza (La Paz-Pando), Misicuni (Cochabamba), El Bala (Beni) o en Tahuamanu (Pando), Bolivia se convertirá en el centro energético de la región con un fuerte perfil exportador.

Por lo tanto, la energía eléctrica va ser "barata", y generará más ingresos para el Estado, ya que se podrá exportar tal recurso. 

"Miren, entre Cachuela Esperanza y El Bala (...) por lo menos ahí tenemos 2.500 megavatios, si en Bolivia consumimos en este momento 1.000 megawatios, realmente tenemos para exportar.

"Con razón algunos expertos en energía me dicen, ustedes podrían estar exportando energía mejor que el petróleo, mejor que el gas", indicó. 

Morales explicó que como presidente está obligado a pensar de dónde el Estado puede obtener más ingresos económicos para atender las demandas del pueblo boliviano. 

"Es una tarea como cualquier padre de familia, de dónde va a tener que ganar plata para atender al hijo", subrayó.


Fecha: 29-Sep-09
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92353


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¿Es viable el proyecto Cachuela Esperanza?



Jorge Molina Carpio

En un taller organizado en noviembre del pasado año por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Viceministerio de Energía, se presentó por primera vez en La Paz el estudio a diseño final del nuevo proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza. La información presentada fue pobre, debido tanto a las características del Simposio (no se permitía preguntas a los expositores ni debate), como a las características de la exposición realizada por el consultor canadiense de la empresa Tecsult.

Con esa información, que aunque escasa, es la única disponible públicamente hasta el momento, se analiza a continuación la viabilidad técnica, ambiental y económica del proyecto.

El estudio del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en la versión actual, fue encargado a la consultora canadiense Tecsult, bajo contrato firmado en agosto de 2008 por un monto de 8.2 millones de dólares, con un plazo de 11 meses para la entrega del diseño final y del estudio de evaluación de impacto ambiental correspondiente. El diseño presentado por Tecsult muestra una central hidroeléctrica de 990 MW de potencia instalada, que utiliza un caudal medio de 8900 m3/s del río Beni y una caída bruta media de 10.8 m para generar 5.5 TWh de energía media anual. El embalse inundará 690 km2, sin considerar el efecto de remanso. Para fines de comparación, actualmente la demanda máxima en el Sistema Interconectado Nacional es ligeramente superior a 1000 MW y el consumo combinado de las tres ciudades del norte amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija) es inferior a los 20 MW.




Desde el punto de vista técnico, es muy probable que el proyecto Cachuela Esperanza sea incompatible con la hidroeléctrica que se ha propuesto construir en el tramo binacional del río Madera y a la que los brasileños dan el nombre de Ribeirao. El Complejo Hidroeléctrico del río Madera, en la visión brasileña, comprende la construcción de cuatro represas hidroeléctricas que aprovechan el desnivel existente en el tramo de cachuelas de los ríos Madera, Mamoré y Beni. Empezando desde el extremo aguas abajo, ellas son: Santo Antonio (3150 MW), Jirau (3300 MW), Ribeirao (3000 MW) y Cachuela Esperanza (800 MW según los brasileños). Las dos primeras están actualmente en construcción en territorio brasileño y, junto con la de Ribeirao, se ubican sobre curso del río Madera. La de Cachuela Esperanza se ubica en territorio boliviano y aprovecha las aguas del río Beni, uno de los dos formadores del Madera.

El problema de la incompatibilidad entre Ribeirao y Cachuela Esperanza fue planteado hace varios años (Molina, 2005) y está relacionado con la topografía. El nivel normal del agua en el futuro embalse de Ribeirao sumergiría la casa de máquinas del proyecto Cachuela Esperanza y eliminaría la mayor parte de la caída disponible para generar energía. El análisis para definir cuales aprovechamientos hidroeléctricos son complementarios y cuales son excluyentes en el Norte Amazónico, forma parte de uno de los componentes del contrato firmado entre ENDE y Tecsult, denominado "Estudio de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni". A este estudio se le otorgó un plazo de 6 meses, por lo que debió concluirse antes del diseño de Cachuela Esperanza. Pero el contrato especifica que ese componente se iniciará "una vez que ENDE entregue al consultor (Tecsult) la información de topografía levantada para la zona de estudio". Esta irregularidad, una de las varias del contrato, ha tenido serias consecuencias: en la fecha del Taller (noviembre de 2009) y 15 meses después de la firma del contrato, ENDE no había concluido el estudio topográfico y por tanto oficialmente no se había dado inicio a ese componente clave.




Si los proyectos de Cachuela Esperanza y Ribeirao son excluyentes entre sí, ¿cuál es el que se debería escoger? Si tomamos en cuenta la visión brasileña y los argumentos expuestos por uno de los expositores del Taller de noviembre, no cabe duda que el proyecto a seleccionar sería el de Ribeirao. De los muchos argumentos existentes, se mencionan tres puramente técnicos: a) la potencia instalada de Ribeirao sería tres veces más grande que la de Cachuela Esperanza (3000 frente a 990 MW), b) solamente la construcción de Ribeirao haría posible la navegación en el tramo de cachuelas del río Madera, c) al aprovechar las caídas naturales que representan las cachuelas, el tramo de río que será inundado es mucho menor que si el proyecto se construyese en un río sin cachuelas. Ribeirao comparte esta ventaja con Jirau y Santo Antonio.

Una de las sorpresas del diseño presentado por Tecsult es que no aprovecha ni siquiera la caída natural de la cachuela Esperanza, la única existente en ese tramo del río Beni. Esto al parecer para no afectar el poblado histórico del mismo nombre. La caída necesaria para la central se obtiene por tanto de la pendiente natural del río Beni, que es muy baja. Entre las múltiples consecuencias de esta decisión se mencionan dos: la gran longitud del tramo río arriba a ser afectado por la represa y el área inundada por el embalse (690 km2), que será proporcionalmente mucho más grande que los proyectos brasileños (271 km2 en el caso de Jirau y 258 km2 en Santo Antonio, también sin efecto de remanso). Considerando las características de cada proyecto, Cachuela Esperanza inundaría una superficie diez veces mayor por unidad de potencia instalada.

Con lo anterior cabe también esperar que los impactos socio-ambientales de Cachuela Esperanza sean proporcionalmente mayores a los proyectos brasileños, que ya son proyectos que provocarán impactos ambientales de gran magnitud, incluso en Bolivia. De hecho, tanto la longitud como la superficie del tramo de río a inundar son dos de los criterios clave para evaluar preliminarmente la magnitud de los impactos y la viabilidad ambiental de una represa, según el Banco Mundial (Ledec et al, 1999). El listado preliminar de impactos presentado en el Taller ya es alarmante, aunque no se presentó una evaluación de su magnitud.

Las represas sobre los grandes ríos de la Amazonía provocan impactos ambientales negativos no solamente en el entorno cercano, sino a nivel de la cuenca de aporte, que es también muy grande. Así los efectos de la represa de Santo Antonio o la de Cachuela Esperanza se sentirán a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare o en Rurrenabaque, sobre los peces migratorios y los pescadores comerciales y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento. Esta es una diferencia importante con las plantas hidroeléctricas existentes, localizadas en la zona andina, que aprovechan el caudal de afluentes mucho más pequeños y han sido reconocidas internacionalmente por su eficiencia, bajo impacto ambiental y tamaño adecuado a las necesidades del país, es decir lo opuesto a lo que cabe esperar de los megaproyectos.

Según Tecsult, el proyecto requerirá una inversión de 2000 millones de dólares, monto que muy probablemente no incluye los costos ambientales ni de líneas de trasmisión, ya que el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aún no fue concluido. El expositor indicó que la central hidroeléctrica generaría energía a un costo de 6.5 centavos de dólar por Kwh (kilovatio-hora), es decir 65 U$ por megavatio-hora (MWh) y que el proyecto sería rentable con la condición de que más del 95% de la energía generada se exporte a Brasil.

Según otro expositor del mismo Taller, actualmente las empresas generadoras venden energía al Sistema Interconectado Nacional a un precio inferior a 20 U$ por MWh, que bajo las condiciones actuales hace inviables aún a los mejores proyectos hidroeléctricos que se han propuesto, todos ellos ubicados en la región andina de Bolivia. Esos proyectos tienen un costo por unidad de potencia muy inferior al del proyecto Cachuela Esperanza.




Como el único mercado al que la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza podría exportar energía es el de Brasil, es conveniente analizar los precios de la energía en ese país. La referencia inmediata y más útil son los precios a que se venderá la energía generada por los proyectos de Jirau y Santo Antonio, situados sobre el tramo brasileño del río Madera. La construcción y operación de ambos proyectos fue adjudicada por el Gobierno brasileño a consorcios privados bajo un criterio: ganaba el que ofrecía el precio de venta de la energía más bajo. Jirau, que es la hidroeléctrica más próxima a la frontera boliviana y a Cachuela Esperanza, fue adjudicada al consorcio ESBR en mayo de 2008, que ofreció un precio de 43 U$ por MWh, a la tasa de cambio monetario de ese entonces.

¿Tiene sentido suponer que Brasil estará dispuesto a pagar por la energía generada en Cachuela Esperanza un 50% más (65 frente a 43 U$ por MWh) de lo que pagará por la energía de las hidroeléctricas situadas en su propio territorio? Ante la probable respuesta negativa a esa pregunta, el expositor de Tecsult en el Taller se permitió una sugerencia: negociar con Brasil el precio de venta de la energía de Cachuela Esperanza tomando en cuenta "los muy probables impactos ambientales negativos que los proyectos brasileños de Jirau y Santo Antonio tendrán en Bolivia". Cabe preguntarse qué piensa el Gobierno boliviano sobre esa sugerencia, que afecta a la Política Internacional del país y que pone en juego las tierras y el bienestar de muchos pobladores bolivianos. 

¿Existe la posibilidad de que Bolivia venda energía a Brasil a un precio menor de lo que costaría al país generarla, subvencionando de hecho al consumidor brasileño? Seguramente que no, pero aquí surge otra pregunta, ¿se justificaría llevar a cabo el proyecto por un objetivo de política nacional y de desarrollo regional, como es el de satisfacer las necesidades de energía del Norte amazónico? De hecho el Estado ya subvenciona la producción de electricidad en la región, al proporcionar diesel a un precio muy por debajo del precio nacional y más aún, del internacional.

Pero cuando la justificación principal para seguir adelante con un proyecto es política, se deben estudiar diversas alternativas y escoger la de menor costo y mejor tasa de retorno. Nada de eso se ha llevado a cabo, a pesar de que esas alternativas existen y merecen un análisis serio. Esas alternativas van desde las pequeñas centrales hidroeléctricas (Yata, Tahuamanu, etc.), que aprovechan las cachuelas de algunos afluentes mucho más pequeños, hasta el mismo proyecto Cachuela Esperanza, pero en la versión estudiada a nivel de factibilidad por ENDE en 1989. Ese estudio propuso una central de 45 MW, más que suficiente para las necesidades de la región, que además utilizaría solamente el 10% del caudal medio del río Beni. Con un costo e impacto ambiental mucho menores, esa alternativa se adecua mejor a las necesidades y posibilidades del país que el megaproyecto presentado por Tecsult.

Con toda probabilidad la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, en la versión presentada en el taller de noviembre, no es viable técnica, económica y ambientalmente. Más aún, todo el proceso revela una falta de planificación energética en todos los niveles, incluso el más básico: el de proyecto. Esto es especialmente alarmante si se toma en cuenta que en el programa del actual Gobierno se han incluido varios megaproyectos hidroeléctricos, como El Bala, cuya viabilidad es al menos tan dudosa como Cachuela Esperanza. 





En esas condiciones, cabe preguntarse sobre el sentido de gastar miles de millones de dólares de fondos públicos en la construcción de megaproyectos que no responden a las necesidades del país. La situación se agrava si se considera las irregularidades y falta de transparencia que han rodeado hasta el momento al proyecto de Cachuela Esperanza. ¿Podrán el país y la actual gestión de Gobierno asumir el enorme costo económico, ambiental, social y político que supondrá incluso uno solo de esos megaproyectos, mal concebido y planificado? Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero para eso se necesitan análisis serios y una discusión abierta sobre proyectos y políticas.

Referencias

Molina, J. (2005). El megaproyecto hidroeléctrico y de navegación del río Madera. Publicación FOBOMADE, La Paz.

Ledec, G., Quintero, J., Mejía M. (1999): "Good Dams and Bad Dams: Environmental and Social Criteria for Choosing Project Sites". The World Bank, Environment Unit. Mayo 1999
Instituto de Hidráulica e Hidrología, UMSA

Fuente: BOLPRESS


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Alternativas al proyecto de las megarepresas en la Amazonia



El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera afirma que existen alternativas interesantes para generar energía y descartar la construcción de megarepresas, un proyecto vigente, pese a las advertencias sobre las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente.

Brasil está impulsando la construcción de dos megarepresas (Jirau y San Antonio), sobre el río Madera, que comparte con Bolivia. Según el Foro Boliviano del Medio Ambiente (FOBOMADE), esto se hace a pesar de que la autoridad competente ambiental brasileña, el IBAMA, ha establecido en mayo de 2007 riesgos transfronterizos y ha recomendado una ampliación de estudios ambientales para Bolivia e incluso el Perú.


Foto: Río Bermejo

Los estudios que existen actualmente en torno al tema han sido impulsados principalmente por la cooperación internacional o instituciones privadas.

En ese marco se encuentra el diagnóstico de Ribera, que fue hecho con el impulso del Observatorio Ambiental de Lidema, y cuyas conclusiones advierten que la figura es más crítica en el caso boliviano.
En este momento hay cuatro proyectos de construcción de represas: Cachuela Esperanza, El Bala (con afectación al Parque Nacional Madidi y la Reserva de Pilón Lajas), Río Grande-Rositas y Cambarí sobre el río Bermejo. El justificativo es que generarían 800 megawats de energía sólo en Cachuela Esperanza.
No existe la seguridad de que, “generando 800 megawats en Cachuela Esperanza, vamos a aumentar el desarrollo de la Amazonía y del país. Las minirepresas o microrepresas que pueden generar 17 a 20 megawats son suficientes para dar energía a Guayaramerín, Riberalta, Yata, Chorro, Puerto Rico, Riberalta, Trinidad, etcétera”, dice el investigador.

A diferencia de estos planes, países vecinos como Chile, Argentina y Brasil están empezando a generar parques eólicos. Esta alternativa sería interesante en Bolivia, que tiene un territorio cubierto de vientos en la altura y en los llanos orientales.

El biólogo Ribera dice que las energías fotovoltaica y eólica tienen como mínimo 30 años de desarrollo, y a estas alturas ya han superado dificultades para su aplicación en industrias y a nivel doméstico. Actualmente es energía accesible y resulta más ventajosa que construir una megarepresa.

Levantar una megaestructura tampoco redunda en un mayor empleo o desarrollo para la región porque todo el control del funcionamiento se hace a través de sistemas computarizados. El proyecto de la represa Rositas, por ejemplo, sobre los ríos Grande y Abapó tiene la finalidad de generar 400 megawats de energía y proveer de riego a extensas zonas cultivadas con soya, en Masicurí.

Ribera dice que la construcción de grandes infraestructuras no se hace tanto por la necesidad energética, como por ganar réditos políticos. Y es que Brasil tiene centenas de pequeñas y antiguas represas que, según otros estudiosos, podrían generar la misma o mayor cantidad de energía que Jirau y San Antonio si funcionaran en toda su capacidad.

La situación mejoraría todavía más si ese país aplicara un plan de ahorro energético doméstico e industrial. El gran problema es que, como sucede con los comodity, puede que la energía que aún no generan ambas megarepresas ya esté vendida a empresas transportadoras de la energía, asegura el investigador.

La construcción de represas es un tema, dentro de ocho estudios de caso, en el que trabajó el Observatorio Ambiental de Lidema en 2008.

Datos de contacto: El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera puede ser contactado en el correo: marcor@lidema.org.bo

Bolivia-Ecuador: El Estado contra los pueblos indios

Bolivia-Ecuador: El Estado contra los pueblos indios
Raúl Zibechi *
(IRC Américas).-“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”[2].


Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

* Fuente: 
http://mariategui.blogspot.com/2010/07/bolivia-ecuador-el-estado-contra-los.html

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Las represas hidroeléctricas afectan irreversiblemente a poblaciones locales y ecosistemas ¡No a Cachuela Esperanza y El Bala!



El gobierno boliviano ha decidido construir en el corto plazo los megaproyectos hidroeléctricos de El Bala y Cachuela Esperanza, a pesar de las críticas y oposición de comunidades locales, poblaciones indígenas, académicos y activistas.


Igual que en Bolivia, más allá de la ideología que tengan, los estados americanos han decidido apostar por las presas como solución a la adicción energética global del capital En la actualidad existen más de trecientos proyectos de grandes represas en construcción o planeados en la región.

En un informe reciente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en colaboración con International Rivers[1], y basados en cinco estudios de caso representativos en el continente (Yacyretá -Argentina y Paraguay; Río Madeira -entre Bolivia y Brasil; Baba –Ecuador; Chan-75 –Panamá; La Parota –México), se han encontrado los siguientes problemas comunes, y que se repetirán en el caso boliviano.

A. Impactos ambientales de las grandes represas

• Empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas. Bloquear el flujo natural causa aumentos en la sedimentación, con acumulación de nutrientes y organismos que incitan la proliferación de algas, pudiendo cubrir la superficie del embalse e inutilizar su agua para el consumo doméstico e industrial. Los grandes embalses pueden también producir contaminación con sustancias o bacterias tóxicas que amenacen la salud pública.

• Degradación de los ecosistemas acuáticos, Al menos 400,000 km2 de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo, se han perdido al ser inundados para crear represas.

• Impactos a la biodiversidad, por ejemplo especies de peces migratorios, debido a que estas especies requieren una fuente de agua dulce fluida y no obstruida para poder procrear y desovar.

• Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra.

• Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.

B. Violaciones al derecho internacional ambiental y de los DDHH humanos

Afectaciones a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales: las presas destruyen ecosistemas estratégicos esenciales para la biodiversidad y para las poblaciones humanas, incluyendo bosques, humedales y zonas fértiles cultivables.

Tales impactos pueden acumular sedimentos tóxicos como los metales pesados en las aguas de los embalses y en aguas subterráneas, aumento de enfermedades transmitidas por agua e insectos, daños irreversibles de los ciclos de reproducción y migración de los peces, y la reducción del agua disponible para el riego. De esta manera, las represas afectan la calidad de vida, la salud, el acceso a fuentes de alimentación y las formas de vida tradicionales.

Desplazamientos forzados de personas y comunidades enteras. Estos desplazamientos continúan ocurriendo sin la implementación de las medidas necesarias para evitar estas consecuencias, entre ellas la realización de estudios previos, procesos efectivos de consulta y participación pública oportuna y efectiva, y planes de indemnización y compensación adecuados.

Evaluaciones de impacto ambiental y social integrales: Falta de evaluaciones de impacto ambiental y social (EIA), según normas y estándares internacionales.

Consulta y participación pública. No existe en los proyectos de represas; más aún son cuestionados por las mismas autoridades competentes, como obstáculos al desarrollo.

Acceso a la información: En general no se aplica en estos proyectos; amparados en clausulas de confidencialidad.

Derechos de los pueblos indígenas y tribales: Se les niega a las comunidades la posibilidad de una consulta y participación adecuada; la construcción de grandes represas implica afectaciones a comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, en sus territorios tradicionales y formas de vida.

Criminalización de la protesta social: Ha habido hostigamiento de las personas y comunidades que defiende sus derechos, incluyendo iniciación de procesos judiciales, uso de fuerza en protestas pacíficas y amenazas e incluso ataques a líderes y personas de las comunidades.

Notas: [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (2009) Grandes enfermedades en América, peor que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas; www.aida-americas.org; 124 pp


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