Monsanto desempolva los archivos de las tabacaleras

Algunos científicos de universidades públicas e industria biotecnológica unidos para manipular la opinión pública en relación a los OGM

Dave Murphy

Ecowatch

¿Qué pasa cuando una empresa privada con un largo historial de producción de algunos de los productos químicos más tóxicos utilizados en el planeta y ahora produce nuestros alimentos se encuentra frente a la presión pública ejercida por un movimiento de base para que etiquete sus productos en conformidad con principios elementales de democracia y transparencia?
Bueno, si la empresa en cuestión es Monsanto, todo lo que debería hacer es coger una página del guión de la Gran Industria del Tabaco y urdir un plan secreto para reclutar a científicos de universidades públicas para que echen tierra sobre el potencial de daño de sus cultivos genéticamente modificados mediante el encubrimiento de los estudios negativos y la demonización sistemática de sus adversarios en los medios, de modo de engañar a los funcionarios electos y al público estadounidense respecto de la seguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) y los tóxicos pesticidas que les acompañan.

He aquí una pequeña lección de la historia. En los años cuarenta del siglo pasado, las empresas tabacaleras publicaron anuncios en los que unos médicos proclamaban que fumar cigarrillos era algo totalmente inocuo. En 1946, la tabacalera Reynolds RJ lanzó la campaña ahora tristemente famosa llamada ‘Más médicos recomiendan Camel’ después de haber realizado una “encuesta” con 113.597 médicos de “todas las especialidades de la medicina”. En realidad, los empleados de la agencia publicitaria preguntaron a doctores en congresos médicos o en su despacho y utilizaron esas falsas respuestas para engañar a toda una generación de fumadores.
En estos momentos, Monsanto y la industria de la bioingeniería están copiando las mismas tácticas, esta vez escondidas detrás de la fachada de algunos científicos de la universidad pública y acudiendo a las más importantes firmas de Relaciones Públicas para promover los organismos genéticamente modificados y el desmalezador tóxico glifosato, principal ingrediente químico del Roundup, que algunos científicos están invitando a beber en Twitter o en aulas ante los estudiantes para que “prueben” su inocuidad y escondiendo el hecho de que es dañino para los seres humanos y el medio ambiente.
La semana pasada*, New York Times publicó una sensacional nota sobre el modo en que Monsanto y la industria de la biotecnología reclutaban a supuestos científicos de la universidad pública en una campaña engañosa destinada a presionar a legisladores del estado de Pennsylvania, inmiscuirse en votaciones en Oregon y Colorado y ocultar riesgos presentes en el empleo de pesticidas en la isla de Kauai, del archipiélago hawaiano.
Según Eric Lipton, periodista de investigación de New York Times, a medida que ha ido calentándose el debate sobre la rotulación de los OGM en Estados Unidos en los últimos tres años, Monsanto y sus “socios industriales han reorganizado sus estrategias de grupos de presión y de relaciones públicas para destacar a un escaso grupo de defensores: académicos presentados por el barniz de imparcialidad y autoridad que conlleva el historial de profesor”.
¿Por qué querría hacer esto Monsanto? Porque los científicos independientes provenientes de la universidad pública llegan con halo importante, algo que los principales lobbistas de Monsanto mencionan una y otra vez en los mensajes electrónicos –publicados recientemente– que envían a los científicos independientes graduados en la universidad pública.
Encender una luz sobre Monsanto y la corrupción de algunos científicos de universidades públicas
La nota de Lipton describe la forma en que Bruce Chassy, profesor de la Universidad de Illinois y promotor durante mucho tiempo de los OGM, utilizó su conexión con Monsanto para presionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) con el fin de que abandonara sus acciones en favor del reforzamiento de las regulaciones relacionadas con las semillas de OGM tratadas con insecticidas. Si se examinan los correos de Chassy es posible comprobar el reclutamiento de una ex asesora de George W. Bush y Hilary Clinton, Nina Federoff, en sus intentos de influir en las políticas de la EPA.
En sus correos electrónicos, las acciones de Chassy para presionar a la EPA con el fin de conseguir normas de regulación más laxas fueron alentadas por un lobbista de Monsanto incluso mientras estaba negociando el final de su colaboración con la empresa.
Para tener un antecedente de la forma en que se inició esta historia actual es necesario remontarse al pasado 6 de agosto, cuando la publicación científica internacional Nature informó de que más de 4.600 páginas de mensajes electrónicos del científico Kevin Folta, de la Universidad de Florida, “revelan su estrecha vinculación con el gigante del agronegocio Monsanto... y con otros intereses de la industria biotecnológica”.
El artículo de Nature provocó una pequeña tormenta en las redes sociales cuando los correos del profesor de la Universidad de Florida y promotor de Monsanto Kevin Folta fueron filtrados a Keith Kloor –de Nature– para controlar los daños.
Si bien es cierto que Folta todavía no ha sido acusado por falta de ética científica ni por mala conducta, esos correos electrónicos revelan y hacen públicas por primera vez una estrecha relación y una vinculación económica con Monsanto. La reciente información sobre la vinculación económica y la comunicación regular de Folta con ejecutivos y lobbistas de Monsanto se contradice con los insistentes desmentidos anteriores de Folta respecto de cualquier relación con el gigante de la biotecnología y la producción de semillas con sede en Saint Louis, Missouri, responsable de la producción de productos químicos tóxicos causantes de cáncer como el PCB, el agente naranja, la dioxina y, últimamente, del 80 por ciento de los cultivos genéticamente modificados que forman parte de nuestro abastecimiento alimentario.
“Los documentos demuestran que Monsanto pagó los viajes hechos por Folta para hablar ante estudiantes, granjeros, políticos y medios de prensa”, según señala Keith Kloor, de Nature. Tal como se informó, en 2014 Folta percibió una ayuda económica de libre disponibilidad pagada por Monsato por un monto de 25.000 dólares; un representante de la empresa declaró que ese dinero podía ser utilizado por Folta “a discreción para financiar sus investigaciones y proyectos”.
La información sobre la donación de 25.000 dólares hecha por Monsanto solo se hizo pública gracias una solicitud del grupo de defensoría pública U.S. Right to Know, hechas en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). USRK presentó la solicitud después de enterarse de las frecuentes respuestas de Folta en un sitio web pro-industria OGM financiada por miembros del Consejo para la Información Biotecnológica (CBI, por sus siglas en inglés), integrado por las empresas BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Dupont, Monsanto y Syngenta.
Según los correos publicados por New York Times, Kevin Folta parece ansioso por complacer a los ejecutivos de Monsanto diciéndoles “Me alegra colaborar en lo que pueda, o escribir lo que gusten”; para obtener su cheque de 25.000 dólares, Folta sostiene claramente que “les agradezco esta oportunidad; les prometo corresponder con solidez su inversión”. ¿Qué inversión estaba haciendo en realidad Monsanto?
Dos días más tarde, Monsanto confirmó el pago a Kevin Folta en una carta oficial.
Por otra parte, los correos electrónicos revelan una comunicación casi constante entre Kevin Folta, los principales lobbistas de Monsanto, la firma Ketchum –de relaciones públicas en situaciones críticas– y un puñado de científicos estadounidenses que trabajan entre bambalinas para manipular la percepción pública respecto de la seguridad de los organismos genéticamente modificados y Roundup, el emblemático herbicida de Monsanto, al menos desde 2013.
Los correos intercambiados por Folta, Monsanto y Ketchum PR son especialmente condenatorios ya que indican que los empleados de la firma neoyorkina de relaciones públicas para el manejo de la crisis redactaron respuestas destinadas específicamente a Folta, respuestas que él editaba después (mediante el procedimiento de cortar y pegar) para subir al sitio web GMO Answers firmadas con su propio nombre. Un examen rápido de las respuestas públicas de Folta en el sitio web administrado por la industria biotecnológica demuestra que él empezó en julio de 2013 a responder preguntas relacionadas con los OGM.
En el sitio web GMO Answers, Folta figura como “experto independiente” y como profesor y director de departamento de Ciencias de la Horticultura de la Universidad de Florida. Uno se pregunta qué haría el profesor Folta o la Universidad de Florida si sorprendieran a Monsanto y a los empleados de Ketchum PR escribiendo documentos o estudios científicos para sus estudiantes que luego los presentan con su propio nombre. En la mayor parte de los casos, esto se resolvería con acusaciones de plagio contra los estudiantes y su posible expulsión de la universidad, pero el resultado para las respuestas enlatadas de Kevin Folta es un cheque por 25.000 dólares librado por Monsanto que, según declara el mismo Folta, son para pagar sus “viajes científicos” personales.
En los últimos años, Kevin Folta ha sostenido repetidamente que no está vinculado, de ningún modo, con Monsanto y ataca ferozmente a quienquiera que insinúe lo contario en las redes sociales. No obstante, lo que revelan los correos electrónicos conocidos es otra cosa.
Los engañosos reclamos de Folta que niegan toda relación con Monsanto no cuadran
El pasado 4 de junio, el actor y comediante Joe Rogan entrevistó a Folta, quien fue categórico: “No tengo nada que ver con Monsanto” y “No soy un mercachifle”**, lo que hizo reír a Rogan y sonreír al propio Folta. Para entonces, Folta ya llevaba tres años de estrecha comunicación con los principales lobbistas y ejecutivos de Monsanto y había empezado a gastar los 25.000 dólares de “libre disponibilidad” recibidos de Monsanto. Entonces, ¿por qué ocultarlo?
Por qué el disimulado conflicto de intereses de Monsanto y los científicos de universidades públicas hace daño a la ciencia y a la transparencia
Mientras Folta proclama su independencia, sus comentarios públicos reflejan con exactitud los temas de Monsanto. La pasada primavera, cuando la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, declaró el glifosato –principal ingrediente químico del herbicida Roundup, de Monsanto– como “probable carcinógeno para los seres humanos”, la respuesta de Monsanto fue inmediata y dijo que el informe de la IARC-OMS era un “cachivache científico”.
En lugar de observar objetivamente el nuevo informe, Kevin Folta lo desestimó desdeñosamente y después se ofreció para beber medio litro de glifosato frente a sus alumnos en la Universidad del estado de Iowa en la que supuestamente transmite su maestría en “ciencias de la comunicación”. Como nacido en el estado de Iowa, estoy del todo seguro que los estudiantes de la universidad son demasiado listos para caer en un truco tan idiota como ese.
Según la organización inglesa de control GMWatch, que ha documentado los repetidos ataques contra los críticos de los OGM y las declaraciones falsas, sus dichos sobre la inocuidad del glifosato están sencillamente equivocados.
Esto no tendría demasiada importancia si Folta fuese solo un fanfarrón autopromocionado presente en Internet, pero teniendo el respaldo de Monsanto y estrechos vínculos con una firma de relaciones públicas como Ketchum, los científicos de universidades públicas como él tienen acceso a los grandes medios de comunicación y algunos son utilizados como peones para promocionar la inocuidad de los productos de Monsanto y sus pares de la industria biotecnológica.
Por primera vez ahora, con las peticiones públicas, los estadounidenses preocupados por la forma en que se producen nuestros alimentos empiezan a tener información de primera mano de las tácticas secretas utilizadas por corporaciones como Monsanto en unión con firmas de relaciones públicas y algunos científicos de universidades públicas para crear un engaño sobre los temas de la seguridad potencial de los OGM y los pesticidas.
En realidad, esta recientemente desvelada colusión entre Monsanto y algunos científicos de universidades públicas envenena el diálogo público y pone en riesgo la salud y la seguridad de los estadounidenses mediante el empleo de tácticas ya empleadas por la industria tabacalera.
En 1994, siete ejecutivos de esta industria testificaron ante las cámaras del Congreso negando que manipularan la fórmula de su marca para hacer que los cigarrillos fuesen más adictivos y engañaron a los congresistas sobre las pruebas científicas que asociaban su producto con el cáncer. Exactamente 20 años más tarde, el 10 de diciembre de 2014, un grupo de apologistas de la industria biotecnológica siguió el mismo guión mientras prestaba declaración en el Congreso para tratar de bloquear la aprobación de leyes del todo razonables y dictadas por el sentido común con la finalidad de regular el etiquetado de los organismos genéticamente modificados, una leyes apoyadas periódicamente por más del 90 por ciento de los estadounidenses en sondeos de opinión pública.
No cabe la menor duda; los esfuerzos actuales de Monsanto para reclutar a científicos de la universidad pública no tienen nada que ver con la divulgación de la ciencia sino con la manipulación de la opinión pública tal como en su día lo hizo la industria tabacalera.
Lo trágico de este escenario es que, indirectamente, los contribuyentes están ayudando a financiar una campaña de desinformación pública que en última instancia trata de negar a la gente su derecho fundamental de saber qué hay en los alimentos que consume y desbaratar el movimiento nacional que trabaja por la rotulación de los alimentos genéticamente modificados. Es lícito preguntarse durante cuánto tiempo más las Grandes Tabacaleras podrán seguir engañando al Congreso y al público estadounidense en general reclutando a algunos “científicos independientes” más que encuentren disponibles, que es el caso de Chassy y Folta.
Notas:
* La fecha de publicación del original en ingles de esta nota es 12 de septiembre de 2015. (N. del T.)
** Cualquier interesado en la entrevista –en inglés– puede verla en https://youtu.be/SD1J6KiGAWU (N. del T.)
Fuente: http://ecowatch.com/2015/09/12/scientists-conspire-monsanto-gmos/

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Una alcahueta, llamada «alarma social»

Francisco Báez Baquet

Rebelión

El pasado 11 de septiembre de 2015, se celebró en Sevilla, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de su Universidad, la «I Jornada sobre Amianto en Andalucía», en apoyo a la campaña «Amianto Cero en Europa y Justicia para las Víctimas».
El amianto sigue siendo un tema de plena vigencia, por cuatro motivos, como mínimo:

• Por el dilatado tiempo de latencia de sus patologías asociadas, que hace que actualmente estén aflorando continuamente casos de mesotelioma, asbestosis, etc., que corresponden a exposiciones correspondientes a fechas anteriores a la de prohibición en España, de todas las variedades de asbesto.
• Por la ubicua presencia de amianto instalado, en condiciones ya de franca obsolescencia, de final de su vida útil, en el caso del amianto-cemento, con toda una serie de problemas medioambientales ligados a esa situación, tales como son, por ejemplo, los casos de desamiantado “salvaje”, de vertidos incontrolados e ilegales, o de indiferencia ante palmarias situaciones de roturas accidentales, entre las que cabe incluir la creciente inclemencia de los meteoros, como consecuencia del cambio climático antropógeno, que a nivel mundial estamos actualmente empezando a padecer, con creciente intensidad. Véase al respecto: [1]
• Porque no existe una universal prohibición del amianto, por la que decididamente hay abogar, y porque ello representa toda una fuente de problemas medioambientales, también para los países en los que sí rige ya esa prohibición, derivados de la presencia de amianto en productos importados desde naciones en las que el uso del asbesto está todavía permitido. Por citar sólo un caso notable y relativamente reciente, recuérdese la importación de automóviles chinos que se hizo en Australia, con sorpresa non grata incluida.
• Porque sus víctimas, tanto ocupacionales como no, aunque especialmente por lo que respecta a estas últimas, están muy lejos de poder alcanzar una justa compensación por el daño sufrido, en todos los casos. Y, potencialmente, víctimas no ocupacionales podemos serlo todos, en un momento determinado, dada la amplia difusión que ha tenido el uso del amianto, que resta sin haber sido retirado de nuestro medio ambiente, tanto urbano como rural, con remarcada presencia en determinadas zonas.
  Por tanto, el amianto sigue siendo un asunto de capital relevancia social y de salud pública, para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que en un futuro próximo habrán de asumir responsabilidades como dirigentes empresariales, como es el caso, evidentemente, de los alumnos correspondientes al centro docente que ha tenido la amabilidad, la responsabilidad social, y la honestidad de comportamiento, de acoger en sus instalaciones, al referido evento sobre asbesto.
  Sin embargo, todo ello no ha sido óbice para que la presencia de tales alumnos en cualquiera de las «Mesas de trabajo» que han integrado el acto, no haya podido ser advertida, al menos según lo que por nuestra parte recordamos del desarrollo del acto, ni, por lo tanto, si eso ha sido así, tampoco cabe atribuirles ninguna suerte de intervención, pregunta, etc., por parte de ningún integrante del alumnado constituido por quienes, en su momento, habrán de acceder, previsiblemente, en puestos de responsabilidad en el organigrama de nuestras empresas, y a los que, en nuestra opinión, la problemática del amianto no debiera de resultarles indiferente, habida cuenta de que, por desgracia, hay amianto todavía para rato, si se nos permite la elocuente expresión coloquial, y al propio tiempo, el futuro rol social de esos alumnos no será ajeno, por supuesto, a esa situación, presente y futura, hasta un horizonte temporal, de muy luenga data. Eventualmente, con intervención en decisiones empresariales que habrán quizás que tener que asumir, en relación con dicho asunto.
  Incidimos, con ello, en una carencia, que por lo que respecta, al menos, a lo que percibimos a través de nuestra personal vivencia, se viene repitiendo en situaciones similares, y así, por ejemplo, en nuestro caso podríamos citar a nuestra pasada presentación de nuestro libro «Amianto: un genocidio impune», en el ámbito de la Universidad Pompeu Fabra. Algo, por consiguiente, está fallando en todo esto, cuando no conseguimos interesar a nuestra juventud estudiantil, en un tema que por desgracia nos afecta y nos va seguir afectando a todos vitalmente, como colectivo humano que es y ha de ser obligado sujeto pasivo de esta situación de potencial afectación por la toxicidad del asbesto.
  Es posible, y no sabemos si realmente será así, al menos en alguno de los casos, que quizás el propio planteamiento de quienes abordan a las instituciones académicas, para platearles la petición de que cedan temporalmente el uso de sus instalaciones académicas, para la celebración de este tipo de acontecimientos, implícitamente estén omitiendo, y dejando fuera de toda consideración, la posibilidad y la conveniencia de que el propio alumnado, y el cuadro profesoral del centro académico, sean partícipes, al menos a título de público asistente e interviniente ocasional, en el acto del que cuyo cobijo se solicita.
  En la referida jornada se abordaron cuestiones de gran interés práctico, como es el caso, por ejemplo, de los avances en la inclusión de nuevas patologías, dentro de la consideración de enfermedades profesionales, cual es el caso del cáncer de laringe, según hemos podido conocer a través de los medios:
  http://www.actasanitaria.com/incluyen-el-cancer-de-laringe-por-inhalacion-de-amianto-en-la-lista-de-enfermedades-profesionales/
  Sin pretender ser exhaustivos, cabría destacar, por su relevancia, las intervenciones del Dr. D. Carlos Piñeiro Díaz, de D. Alessandro Pugno, de D. Francisco Puche Vergara, etc., etc. En el espacio aquí razonablemente disponible, sería imposible dar cumplida cuenta de todos los interesantes puntos abordados por todos los ponentes, amén de las jugosas intervenciones por parte de algunos de los presentes entre el público asistente, como ha sido el caso del Dr. D. Alfredo Menéndez Navarro, o de diversidad de activistas del ecologismo, de sindicalistas, de miembros de las asociaciones de víctimas, etc. A todos ellos cabe agradecerles su presencia e intervención.
  En el caso de la intervención del Dr. Menéndez, se señaló, por parte del mismo, la sistemática ausencia de representantes del I.N.S.S., en este tipo de eventos relativos al problema del amianto, en el que el citado organismo de la administración pública es, indudablemente, un agente esencial e imprescindible para que puedan tener remedio los múltiples defectos que la situación española de este problema tiene evidenciados de forma clamorosa, diríamos.
  También, entre las muchas situaciones abordadas en la susodicha jornada, citaría, por ejemplo, a aquella que da pábulo al título del presente trabajo. Nos referimos a la situación que se genera, cuando algunos políticos españoles, gandules, holgazanes e indolentes, para no hacer nada, le espetan la excusa ramplona de la socorrida «alarma social», a quienes, en su calidad de integrantes de alguna de las estructuras de intermediación social –asociación ecologista, sindicato, asociación de víctimas del asbesto, etc.-, ante una situación que demanda una intervención de alguno de los estamentos de la administración pública (habitualmente, la municipal), para que algún deterioro o riesgo potencial, derivado de la presencia de amianto instalado, sea remediado, y quien tiene la obligación moral y legal de preceder en consecuencia, sin embargo, para no hacer nada, saca a relucir el desgastado pretexto de la manida «alarma social», alcahueta de todas las negligencias españolas, incluidas las que conciernen al amianto.
  Acerca de esta cuestión, ya en la sexta entrevista de entre las habidas sobre nuestro libro ya antes citado, en respuesta a las preguntas formuladas por el profesor D. Salvador López Arnal, la cual se publicó en «Rebelión» en 13 de junio de 2014, ya decíamos lo siguiente: « Somos el país de los “paralíticos” aquietados por el espantajo de la “alarma social” que nadie quiere desencadenar, y que es la sempiterna alcahueta cómplice de todos los beatíficos y orondos detentadores de los poderes fáctico e institucional, empeñados en que nadie ose despertar. Un país en el que todo se trivializa, y en el que, a quienes nos pisan los juanetes, encima tenemos que darles las gracias, no sea que se vayan a incomodar».
  Es evidente que, sin dejarse chulear, quienes se ven sometidos a esta situación, deben exponerla públicamente en los medios de comunicación, movilizarse, y denunciarlo judicialmente, para que la autoridad concernida se sienta instada contundentemente, a rectificar su inapropiada actitud y pasividad.
  A crear ese clima de compromiso y de hipersensibilidad, actos como el comentado contribuyen indudablemente.
  Nuestra más sincera felicitación a todos sus organizadores y patrocinadores, aunque, como todo lo humano, siempre pueda ser susceptible de mejora.
  

Nota
(1): Francisco Báez Baquet Amianto y cambio climático: el nexo inesperado, «Rebelión»,17/08/2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202194

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