En febrero pasado la compañía alemana había alcanzado un principio de acuerdo por 2000 millones de dólares para evitar futuras demandas por el uso del Roundup. Un juez desestimó la medida por considerarla «no razonable». Bayer-Monsanto insiste en la seguridad del uso del glifosato, a pesar de la evidencia científica y los fallos judiciales.
Un juez de Estados Unidos canceló un acuerdo que permitía a Bayer-Monsanto saldar futuras demandas relacionadas con el uso del herbicida Roundup, basado en el glifosato, y la afectación en la salud de las personas, en particular por casos de cáncer. La propuesta de la farmacéutica alemana —que adquirió la empresa Monsanto en 2018— fue presentada en febrero pasado y pretendía cancelar próximos litigios con la creación de un fondo de 2000 millones de dólares.
El principio de acuerdo había sido sellado entre Bayer-Monsanto y los abogados querellantes de los afectados por el uso de Roundup, pero tenía que ser validado por el juez de San Francisco Vince Chhabria. El magistrado consideró que el convenio era “claramente no razonable” para algunos denunciantes y sostuvo que «no protegía suficientemente los intereses de las personas que usaron el herbicida Roundup antes de febrero de 2021, pero que aún no han sido diagnosticadas con linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático».
Chhabria señaló que el acuerdo judicial sí era beneficioso para la empresa porque limitaba sus futuros riesgos legales, algo que el propio juez buscó evitar al solicitar este acuerdo para futuras demandas. El convenio rechazado por 2000 millones de dólares es un desprendimiento del acuerdo aprobado por el juez de San Francisco en junio de 2020, en el que Bayer-Monsanto alcanzó un acuerdo de más de 10.000 millones de dólares para poner fin a unas 125.000 denuncias. Pero que Chhabria desestimó en parte por no contemplar las demandas futuras.
Tras ver cancelada la oportunidad de anular futuras demandas judiciales, Bayer manifestó, a través de un comunicado, que continuará explorando las opciones legales y comerciales para lograr «un resultado similar en la mitigación del riesgo de litigios futuros» y sostuvieron que la empresa las tomará «lo más rápido posible».
Roundup, la evidencia y la negación de Bayer-Monsanto
En ese tono, Bayer-Monsanto continúa defendiendo la inocuidad del Roundup y argumentó que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de ese país en el que afirma que el glifosato «no presenta riesgos de preocupación para la salud humana». A pesar de la propia documentación interna que reconoce lo contrario y fue revelada en los Monsanto Papers y la declaración de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, en 2015, cuando calificó a ese activo como «presuntamente cancerígeno».
El laboratorio alemán —que desembolsó 63 mil millones de dólares en 2018 por la compra de Monsanto— insiste su línea argumentativa y propuso la creación de un panel asesor científico «independiente» para revisar la información sobre la seguridad de su producto. Además, la empresa informó la creación de un sitio web dedicado a «estudios científicos» sobre la seguridad del Rounup y solicitó a la EPA que apruebe la redacción de las etiquetas con un enlace de referencia. También indicó la posibilidad de reducir el uso de la sustancia química en césped y jardín, aunque no en prácticas agrícolas.
Sin embargo, la Justicia continúa rechazando los argumentos de Bayer-Monsanto. Semanas antes de la decisión del juez Chhabria, la Corte de Apelaciones rechazó el pedido de la firma propietaria de Roundup de revisar la sentencia de la causa Edwin Hardeman —que no ingresó en el acuerdo de junio 2020— y confirmó la condena a Bayer-Monsanto por 25 millones de dólares, por daños e intereses contra Haderman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2015, tras años de usar el producto en base a glifosato. «La evidencia mostró que el riesgo cancerígeno del glifosato era conocido al momento de la exposición de Hardeman», sostuvo la Corte de Apelaciones de California.
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