Los desechos son imparables. Se acumulan, se queman, se separan, pero los problemas ambientales y sociales ligados a las basuras no desaparecen. El debate de lo público y lo privado también llega al modelo de gestión de residuos.
Un operario observa parte de los residuos prensados en una planta de reciclaje. /AFP
Detrás de la basura hay dinero. De una forma metafórica, la gestión de residuos ilustra los principios existenciales del sistema económico imperante; la preeminencia del negocio. Tras los camiones que recogen desechos, las montañas de desperdicios y las plantas de clasificación o triaje subyace un debate difícil de abordar sobre lo público y lo privado. Sobre quién gestiona tanta inmundicia y, en definitiva, a qué precio.
Tras la catástrofe del vertedero industrial de Zaldibar, el modelo de gestión y el papel de las empresas que, a través de concesiones y convenios con los poderes municipales, desempeñan el servicio de gestionar desperdicios ha quedado en entredicho. Si bien es cierto que el caso de este vertedero vasco es un hecho puntual debido a que se trata de residuos privados, la realidad es que la administración de la inmundicia urbana queda, en la mayoría de los casos, en manos de compañías privadas que reciben un dinero de los ayuntamientos.
«En España, la mayor parte de los vertederos son públicos, porque deben ser servicios públicos. Sin embargo, la gestión de los residuos que se acumulan la suele llevar a cabo una empresa privada», resume Carlos Arribas, responsable del área de Residuos de Ecologistas en Acción. ¿Quiénes son esas corporaciones? La respuesta no es sencilla.
Según el Ministerio de Transición Ecológica, los 22 millones de toneladas de residuos urbanos que se generan al año en todo el Estado se reparten en un total de 362 instalaciones de tratamiento (incineradoras, plantas de clasificación, centros de biometanizaión, compostaje, etc), de las cuales 116 son vertederos donde los desechos, de diversa índole, se acumulan antes de ser gestionados. Aunque el inventario oficial realizado por el Gobierno año tras año no detalla qué porcentaje de los servicios de gestión son llevados a cabo por empresas públicas, la realidad es que en España existen pocos ayuntamientos que administren los desechos en todas las fases; recogida, separación, recuperación, etc.
«Si dejamos en manos privadas la recogida, gestión y eliminación de los residuos, las empresas no querrán reducir la cantidad de basura porque tendrán un mayor volumen de negocio», opina Marian Lorenzo, portavoz de la organización medioambientalista Amigos de la Tierra, que señala que las principales compañías concesionarias –Urbaser, Sacyr, OHL o Ferrovial, entre otras– en tratamiento de desechos funcionan como una especie de grupo de cabildeo que dificulta que se impulsen medidas llamadas a reducir la basura local.
«Ellos obtienen el dinero por presentar un servicio público, porque hay que tener en cuenta que las leyes disponen que son los ayuntamientos quienes tienen la propiedad de los desechos», explica Julio Barea, portavoz de Greenpeace. Pero, ¿cuánto dinero puede llegar a recibir una de estas grandes compañías por llevar tareas de gestión? Sólo en recogida y limpieza, a modo de ejemplo, Barcelona sacó a concurso un contrato de ocho años por más de 3.000 millones de euros. Por lo que las cifras no son pequeñas.
Barea, que recalca que no existen datos que permitan afirmar de una forma académica que el modelo de gestión privada es más deficiente ambiental y económicamente, resalta que al convertir el servicio en un negocio se abren riesgos a la corrupción. «Es algo que genera mucho dinero», advierte. Tanto es así, que en España se han dado entramados delictivos que recuerdan al contenido serietelevisivo de Los Soprano, cuyo protagonista se dedicaba, precisamente, a la administración de basuras. El caso Brugal –que hace referencia al acrónimo Basuras Rurales Gestión Alicante– es un ejemplo de cómo en España la gestión de residuos puede desembocar en prácticas delictivas como el soborno o el tráfico de influencias.
Más allá los riesgos delictivos del sistema de concesiones, existen otros riesgos que afectan al medio ambiente y que tienen que ver con la concepción económica de un servicio público. Así lo entiende Lorenzo: «Si nos están pidiendo desde Europa que reduzcamos los desechos, la solución simple y barata siempre va a ser esconder o incinerar, lo que deriva en contaminación y en riesgos para la salud». La experta en residuos se refiere, en parte, a cómo el modelo imperante de tratamiento de desechos, al abrir la puerta de las ganancias privadas a costa de la basura, es incompatible con alcanzar un escenario de cero residuos.
Basura opaca
El debate, en cualquier caso, no versa únicamente en la titularidad de la gestión de los residuos. También existen otras aristas que reflejan un modelo deficiente donde los conflictos ambientales y sociales están a la orden del día. La opacidad es uno de los elementos más característicos, según denuncian las organizaciones ecologistas. «Normalmente, las memorias de gestión se encuentran escondidas en las webs de los ayuntamientos y no se informa al ciudadano del coste real que tiene el servicio de gestión ambiental y económicamente«, opina Arribas.
Lo mismo ocurre con las cifras, que cambian de manera notable, según la fuente a la que se recurra. Por ejemplo, mientras Ecoembes –organización que agrupa a 12.000 empresas de productos envasados y que promueve y gestiona la mayoría del reciclaje en España– sitúa el porcentaje de residuos plásticos recuperados en un 76%, los datos del Gobierno hablan del 47%. Los datos, no obstante, son más bajos si se acude a los informes realizados por Greenpeace, donde la cifra de plástico recuperado en España no supera el 25%.
Desde las principales organizaciones ecologistas recalcan que existe un debate que trasciende al modelo de gestión y tratamiento de los residuos, que tiene que ver con cómo conseguir producir menos basura urbana. El decrecimiento, es decir, la reducción del consumo, es una de las formas más populares entre los sectores verdes. Pero además existe una fase previa centrada en la educación y las tareas de concienciación que permitan que las capas populares puedan ver con buenos ojos otras formas de vida basadas en la economía circular, la reparación y la adopción de un sistema de retorno, que permita disminuir el uso de plásticos. Algo que resulta difícil de alcanzar si la basura se sigue considerando un negocio.
«La mejor solución no puede ser generar un residuo y que me devuelvan una fianza para seguir consumiendo sin freno; la mejor solución pasa, necesariamente, por no generar el residuo. Y a partir de ahí, si se genera el residuo, reciclarlo. Pero sin fomentar el consumismo», explican desde Ecoembes. Esta organización, con intereses vinculados a la recuperación de residuos tras su tratamiento, no ve con buenos ojos alcanzar un modelo de retorno que permita que los envases no se destruyan sino que, gracias al uso de otros materiales como el vidrio, se devuelvan vacíos para volver a ser usados por otro consumidor.
El debate, con todo ello, está plagado de alternativas de gestión que, pese a los vertederos desbordados, no llegan a los parlamentos. «Parece que el sector público ha decidido abandonar la gestión de los residuos», zanja Barea.
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