Por Rodrigo Bernardo Ortega
Con la soberbia característica de una clase de individuos que ostentan el conocimiento y el poder como supuesto derecho adquirido y de manera monopólica, la llamada comisión de expertos “independientes” convocada por el gobierno de Colombia para analizar las consecuencias del fracking en el país, produjo un cuestionable informe.
La comisión, compuesta por once académicos nacionales y dos extranjeros dio vía libre a las pruebas piloto para la explotación no convencional de hidrocarburos que se lleva a cabo en el norte del país (https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/02/14/WhatsApp%20Image%20201914%20at%204.31.57%20PM%20-2-convertido.pdf). Según el informe, el fracking no representa una amenaza ambiental siempre y cuando se sigan ciertos protocolos que deben cumplirse con rigurosidad. Por una parte, existen una serie de requisitos previos a los ensayos piloto como el cumplimiento de la ley de transparencia, la capacitación de personal, la atención de riesgos de salud y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Por otra parte, las conclusiones de la comisión se centraron en las recomendaciones en torno a la ejecución de los pilotos a propósito de garantizar la participación comunitaria y la clarificación de los medios de transferencia de utilidades a las comunidades que dejará esta actividad. Según puede leerse entre líneas, los expertos otorgaron el visto bueno al gobierno para que inicie con la explotación y contaminación de recursos aún en detrimento de poblaciones enteras.
En efecto, las pruebas iniciarán en el norte del país en una superficie total de 33.915 km. Los departamentos más afectados por la iniciativa serán Santander cuya cuenca de hidrocarburos representa el 56%, seguido por Cesar con el 28%, Bolívar con el 8% y finalmente Antioquia con el 7% (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-es-como-ecopetrol-planea-hacer-fracking-en-colombia-327390). De acuerdo con la comisión “independiente”, el rechazo al fracking en municipios como San Martín (Cesar), Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander) obedece a la ausencia de información por parte de los pobladores y a la desconfianza en torno a la extracción de riqueza en los territorios y la consecuente generación de pobreza. Sin embargo, el tono del informe deja ver que el rechazo vehemente por parte de las comunidades obedece a la “ignorancia y desconocimiento”, a mitos y rumores sobre el fracking más que a evidencia empírica. Esta forma de invalidar los discursos de los campesinos y trabajadores es una muestra de cómo el gobierno busca a toda costa la explotación de recursos amparado en una máscara de tecnicismos. En pocas palabras, todo aquel que contravenga las supuestas evidencias y estudios, es un “ignorante que detiene el progreso de la economía naranja”. Qué bajeza.
De acuerdo con las recomendaciones de los expertos se tendrán que seguir al menos cinco pasos para la explotación de hidrocarburos de manera no convencional. Primero, se construirá una línea de base ambiental, posteriormente se harán los respectivos estudios hidrológicos (para analizar las consecuencias de contaminación de acuíferos); a continuación, se dará el levantamiento de la línea de base de sismicidad, luego la perforación del pozo y finalmente el análisis de las aguas de retorno. Todo este es el protocolo que aplicará Ecopetrol para utilizar esta polémica técnica que tiene férreos defensores como Julio Cesar Vera, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Según Vera, el hecho de que el fracking produzca sismos es “técnicamente una mentira” porque la profundidad a la que se llega es de 3 a 5 kilómetros por lo que cualquier fracturamiento que se haga va a generar un efecto de 200 metros y una sismicidad asociada como si se tirara una botella de agua al piso (https://www.eltiempo.com/economia/sectores/recomendaciones-de-expertos-para-hacer-fracking-en-colombia-327126). Toda esta colección de argumentos a favor de la fracturación hidráulica demuestra el afán que tiene el gobierno por demostrar la “inocencia” de esta técnica. Habrá que recordarle a Vera y de paso a todos los funcionarios del gobierno que en 2014 la compañía Aruba Petroleum Inc., tuvo que pagar una multa de 2,9 millones de dólares a una familia en Texas por daños causados a la salud (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/tribunal-favorece-familia-afectada-fracking/31177). Por tanto, no es tan cierto que el fracking no causa daños ambientales y sociales cuando -ahí sí- las evidencias muestran lo contrario. ¿Por qué la palabra de los expertos pesa más en algunos casos que en otros? La respuesta es una: por el dinero y el poder.
A pesar de que las recomendaciones hechas por la comisión de expertos “independientes” presenta algunos limitantes en la ejecución de las pruebas piloto, la realidad es que el gobierno y en concreto la ministra de minas, María Fernanda Suárez, sólo se quedará con lo que le conviene: el visto bueno para el inicio de las exploraciones en busca de hidrocarburos (https://www.semana.com/nacion/articulo/fracking-en-colombia-comision-de-expertos-dijo-que-si/601668). Por esta razón, es necesario establecer algunas razones por las cuales los sectores ambientalistas y alternativos en Colombia deben resistir a la andanada promovida por el gobierno colombiano. En primera instancia, como lo manifestó Óscar Sampayo, activista de la Alianza Colombia Libre contra el fracking, es poca la información a la que tienen acceso las comunidades en el país. De esa manera, el Estado busca ocultar las verdaderas consecuencias de la fractura hidráulica con el fin de reducirlo a un asunto técnico. No existe claridad ni transparencia en el procedimiento y aunque los defensores del fracking han dicho que “entre mayor conocimiento, menores son los riesgos”, la verdad es que entre más se conozca sobre esta técnica mayores serán los sectores que se le opongan. Por ese motivo, quien tiene el conocimiento, tiene el poder de decisión.
En segunda instancia, existe algo que podemos denominar “desconocimiento programado”, es decir, que no hay en la actualidad un inventario de los recursos hídricos, las plantas, los animales y demás especies, como también se desconoce el potencial de las aguas subterráneas (y no importa conocerlo). Dicho de otro modo, no se tiene una valoración de las posibles consecuencias que el fracturamiento hidráulico traería. Supuestamente la comisión de expertos realizó una serie de trabajos de terreno para analizar las posibles consecuencias, pero no se presentaron ningunos resultados al respecto. Sencillamente se dio una aprobación sin tomar en cuenta los bienes y recursos que podrían afectarse. Este desconocimiento programado tiene como propósito subvalorar los peligros, convertirlo en simples “reclamos de ambientalistas”. No obstante, la cuestión de fondo es que se genera un ocultamiento estratégico por parte del gobierno y sus instituciones para evitar que más gente se movilice en contra del fracking.
La tercera razón para oponerse y resistir es la mitomanía a propósito del “fracking responsable”, pues no existe tal disparate. Como lo ha manifestado continuamente la Alianza Colombia Libre contra el fracking, no hay en el mundo una tecnología capaz de realizar la perforación y producción de pozos sin extraer consigo material radioactivo y tóxico (http://www.uniminutoradio.com.co/es-conveniente-o-no-el-fracking-en-colombia/). Si así fuera, países que se consideran a la vanguardia de la industrialización como Alemania o Francia, no tendrían prohibida esta técnica. El gobierno colombiano siguiendo (como es su tradición) las órdenes impuestas desde la Casa Blanca, pretende crear un aura de “neutralidad y responsabilidad” en torno al fracking que está lejos de la realidad. Por el contrario, el visto bueno de la comisión de expertos fue un duro golpe para aquellos sectores independientes y soberanos que sí entienden los peligros que se traerían consigo. La ilusión que quiere crear el gobierno de Iván Duque es que la producción de 5.000 nuevos barriles de petróleo es un éxito de su plan de gobierno, pero al tiempo busca ocultar las terribles consecuencias ambientales ocasionadas por la fractura de rocas.
Por último, es oportuno preguntarse ¿quién toma en consideración las demandas democráticas de las poblaciones? Existe una clara tendencia autoritaria por parte de la actual administración a negar las opiniones y reparos de los opositores a tales proyectos. La comisión resolvió este asunto tildando a estas comunidades de “desconocedoras” de los procedimientos, pero al margen de esta muestra de desprecio y elitismo, ¿no es Colombia una supuesta democracia? Ejemplos como Jericó (Antioquia), Fusagasugá (Cundinamarca), Curumal (Meta), Plata (Huila) y Cajamarca (Tolima) son la muestra fehaciente de que la participación es la piedra angular de todo proceso democrático, razón por la cual, las pruebas piloto también tienen que pasar el tamiz de un mecanismo participativo, de lo contrario se estaría desconociendo la soberanía de las poblaciones (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/municipios-en-colombia-que-le-han-dicho-no-al-fracking-298502). Sin embargo, para nadie es un secreto que el gobierno Duque es autoritario, antidemocrático y violento con los desposeídos.
La muestra de lo anterior es el discurso desarrollista de la economía naranja bajo el cual se busca ocultar los graves peligros ambientales al que estarán sometidas miles de personas. Para la ministra de Minas y Energía, las recomendaciones de la comisión son “integrales porque incluyen una variable social y no sólo técnica”. Tanta hipocresía para validar algo que a todas luces no se respetará. En efecto, el gobierno es el primero en criticar las consultas populares como mecanismos de soberanía porque impide que se desarrollen proyectos minero-energéticos que se consideran fundamentales para el “desarrollo” del país. En otras palabras, ni a la ministra ni al presidente le importa la protección de las comunidades, si así fuera se prohibiría de inmediato el fracking.
Detrás de la noción de desarrollo hay un asunto mayor y más grave: la profundización del imperialismo económico. Las mismas empresas que han explotado el petróleo históricamente en el país ya manifestaron su interés de hacerse con los pozos no convencionales. Y no es una sorpresa que dichas compañías sean de origen norteamericano. La Exxon Mobile y la Conoco Phillips quieren hacerse con el control de los recursos encontrados en el Magdalena Medio (http://caracol.com.co/radio/2019/02/15/economia/1550250155_611304.html). En ese sentido, los acuerdos comerciales con el magnate-presidente, Donald Trump, incluyen la entrega de la soberanía nacional a favor del imperialismo trasnacional. Esto quiere decir que el fracking no sólo trae consecuencias socioambientales sino también económicas, de ahí el porqué de la resistencia.
A manera de epítome puede decirse que el fracturamiento hidráulico trae daños irreversibles al medio ambiente y por ende a los pobladores de una región específica. Por esa razón, el anuncio de la comisión de expertos resultó ser un baldado de agua fría para las comunidades que se resisten a la explotación de sus territorios. El riesgo a la salud por la contaminación de aguas subterráneas es alto pero la comisión ha querido pasarlo por alto. Más allá de los estudios técnicos y de tratar a los pobladores como “ignorantes” y desprovistos de capacidad de decisión, los académicos deberían limitar aún más el uso de esta técnica con el fin de proteger las especies animales y vegetales en un mundo que camina hacia la autodestrucción. Por eso, la resistencia al fracking es un asunto de vital importancia.
Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com
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