Por Tamara Lajtman y Axel Arias Jordán, Celag
EEUU tiene importantes intereses en Bolivia que debe cuidar en un escenario en el que la histórica influencia estadounidense en diversos ámbitos del sector público y el privado ha sido rechazada por la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
La candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2019, avalada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia el año pasado, ha sido impugnada en reiteradas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos (EEUU). Desde el Departamento de Estado, se ha expresado una profunda preocupación por la decisión de dicho Tribunal al “declarar inaplicables las disposiciones de la Constitución del país que prohíben a los funcionarios electos, incluido el presidente, cumplir más de dos mandatos consecutivos”. En el Congreso, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, manifestó la necesidad de que las naciones envíen un mensaje claro a Bolivia sobre el afán de Morales de perpetuarse en el poder; además, indicó que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”, haciendo un llamado “a prestar atención a lo que está sucediendo” en el hemisferio. En la misma línea se manifestó la embajadora en las Naciones Unidas, Nikky Haley, cuando visitó Colombia, en agosto pasado, al indicar “que Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos”.
No se trata de mera retórica: EEUU tiene importantes intereses en Bolivia que debe cuidar en un escenario en el que la histórica influencia estadounidense en diversos ámbitos del sector público y el privado ha sido rechazada por la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Entre los sectores de máximo interés para EEUU, destacan el de la asistencia para el desarrollo y los recursos naturales. El primero es uno de los canales de influencia más aceitados de EEUU en el país; el segundo es vital en términos de acceso a materiales estratégicos para la “seguridad nacional” y define, en cierta forma, el orden geopolítico regional. Un seguimiento de la presencia de EEUU en ambos espacios parece clave a un año de elecciones presidenciales.
Asistencia para el desarrollo, presencia de fundaciones y financiamiento a ONG
EEUU comenzó a otorgar asistencia económica y militar a Bolivia en 1946. Desde entonces -y hasta ahora- dicha asistencia superó los 5 mil millones de dólares y fue canalizada a través de diversas agencias para la ejecución de un amplio conjunto de programas, siendo la única constante el cumplimiento de los objetivos de la política exterior estadounidense (incluso en el marco del Gobierno de Donald Trump, que ha intentado recortar todo el aparato y presupuesto de ayuda internacional). La Estrategia de Seguridad Nacional (2017) aclara que “la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos debe respaldar los intereses nacionales de Estados Unidos”.
Durante el siglo XXI, la ayuda registró importantes incrementos, pendulando Bolivia entre el tercer y cuarto mayor receptor de asistencia en el continente americano, incluso después de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Sin embargo, después del frustrado golpe cívico-prefectural que derivó en la expulsión del embajador Philip Goldberg —acusado de conspiración— y de la DEA en 2008, el 2009 marcó el punto de descenso, llegando la asistencia a uno de los niveles históricos más bajos (2.979.682 dólares) tras la expulsión de la USAID en 2013 —acusada de conspiración y de inmiscuirse en asuntos internos—, lo que hizo que Bolivia pasara a ocupar el puesto 22 como receptor regional.
A partir de 2014, la asistencia no sólo se canalizó a través de otras agencias sino que se incrementó vertiginosamente hasta superar los 56 millones en 2015 —año previo a la realización del referéndum constitucional de febrero de 2016— para descender drásticamente en los siguientes años.
Al igual que en 2008, actualmente Bolivia está viviendo un creciente proceso de conflictividad política y social, en un contexto que tiene en el horizonte próximo las elecciones presidenciales en 2019. Marcando el 2013 como punto de partida, en esta coyuntura resulta pertinente observar la asistencia estadounidense, especialmente la destinada a la ejecución de programas de carácter político.
Durante el periodo 2013-2018, el Gobierno estadounidense destinó un total de 70.349.728 dólares en asistencia económica a Bolivia. Se ejecutó a partir de siete programas, resaltando el de “gobernanza” no sólo por concentrar algo más de 68 millones de dólares, sino porque fue el único programa ejecutado sin interrupciones durante el periodo indicado.
El siguiente cuadro detalla las agencias y sub-agencias que canalizaron recursos al programa “gobernanza”, así como el destino del financiamiento y el número de ONG o empresas (canales) que tuvieron la responsabilidad de ejecutar los diversos proyectos.
Del conjunto sobresale como agencia el Departamento de Estado, y Asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley y la Fundación Nacional para el Desarrollo (NED), como sub-agencia, concentrando la mayor cantidad de recursos para el periodo 2013-2018. En cuanto a la primera sub-agencia, por un lado, canalizó recursos al proyecto “Otra infraestructura y servicios sociales”, siendo su actividad la “Iniciativa Andina Antidrogas: Programa de País” y, por el otro, al proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”.
Por su parte, la NED ejecuta sus programas a través de 30 ONG bolivianas y 3 canales estadounidenses [Instituto Republicano Internacional (IRI), Centro para la Empresa Privada Internacional y la propia NED] y financia el proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”, con las siguientes actividades: i) Descentralización y soporte a gobiernos sub-nacionales; ii) Participación democrática y sociedad civil; iii) Legislatura y Partidos Políticos; iv) Política del sector público y gestión administrativa; v) Elecciones; vi) Derechos Humanos; vii) Desarrollo legal y judicial; viii); Medios y flujo libre de información; y xix) Organizaciones e instituciones para la igualdad de las mujeres.
Comparativamente, al igual que entre 2007-2008, EEUU ha concentrado la mayor cantidad de recursos en las primeras cuatro actividades descritas previamente para el periodo 2013-2018. De los 29.778.237 de dólares destinados al proyecto “Gobierno y Sociedad Civil”, algo más de 19 millones se concentraron en dichas actividades en 2007 y 2008, mientras que de los 5.044.835 de dólares considerados para el 2013-2018, 3.232.138 dólares fueron concentrados en las mismas actividades. Esto demuestra el persistente interés de EEUU por continuar “fortaleciendo” a los gobiernos sub-nacionales (departamentales y municipales), al igual que hizo entre 2004 y 2008, por ejemplo, a través del programa “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas” (FIDEM) o de la “Oficina de Iniciativas Transitorias” (OTI) de la USAID, además de seguir “estimulando” la participación democrática.
Recursos naturales
El Mineral Commodity Summaries 2018, publicado en enero por el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de EEUU, permite visualizar la importancia de las reservas de minerales estratégicos de América Latina en relación al total de las reservas mundiales. Los datos sobre importación, brindados por el informe, muestran la vulnerabilidad de EEUU y la centralidad de América Latina como fuente de abastecimiento. Bolivia está entre los principales exportadores de antimonio, estaño, tungsteno y boro, de los cuales EEUU muestra una alta carencia.
Si bien en 2015 EEUU fue el principal destino de las exportaciones mineras de Bolivia, con una participación del 28%, para 2017 ocupó el quinto lugar (10,7%), después de India (17,8%), Japón (16,1%), Corea del Sur (13,2%) y China (11%). A pesar de este descenso, EEUU es el principal comprador del estaño, tungsteno, hierro y antimonio boliviano, y es un importante destino para las exportaciones de cobre, plata, oro y zinc. Asimismo, aquel país es el principal comprador de minerales refinados y aleaciones de bismuto, plata, antimonio, cobre, estaño y oro metálico.
Por otro lado, hasta 2016, según el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, alrededor del 75% de la producción de minerales concentrados salía de Bolivia para ser procesado en fundidoras estadounidenses, españolas o asiáticas y comercializado posteriormente. Esta histórica dependencia pretende ser progresivamente anulada por el Gobierno boliviano, por ejemplo, a través de la instalación de plantas de fundición y refinación de zinc, del que se extrae un mineral altamente estratégico como el indio, con una inversión de 77 millones de dólares estadounidenses.
En relación al litio, mineral fundamental para la economía y tecnología en las próximas décadas y del cual EEUU posee alta vulnerabilidad, las importaciones se hacen desde Argentina, Chile y China. No obstante, Bolivia es el país con las principales reservas de este evaporítico, estimadas en más de más de 10 millones de toneladas. Según el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, en la cuantificación realizada hace años por una agencia francesa, solamente se hizo el estudio de la primera capa del salar. El Gobierno contrató una empresa estadounidense para realizar un nuevo estudio y certificación de las reservas, que será presentado antes de fin del año.
Luego de las fallidas negociaciones políticas y conflictos sociales que impidieron la explotación del Salar de Uyuni en Bolivia, en 1992, la estadounidense FMC Lithium y su subsidiaria argentina Minera del Altiplano S.A. activaron el proyecto de extracción de litio en Salar del Hombre Muerto en 1997. En Chile, la compañía estadounidense Albemarle (ex Rockwood Lithium), que opera en el país hace más de 30 años, renovó un contrato para extraer 262 mil toneladas hasta 2044. Por su parte, Ensorcia Metals de EEUU tiene una inversión proyectada de 400 millones de dólares para la construcción y operación de dos plantas industriales de litio, una en Argentina y otra en Chile. En abril del año pasado la empresa firmó un acuerdo con el Gobierno chileno para empezar la producción en 2021 y, en el pasado mes de agosto, un representante de la empresa visitó Argentina con el objetivo de definir la mejor locación para la planta. El panorama geopolítico se complejiza aún más con el reciente descubrimiento de grandes reservas de litio en el Perú.
Bolivia, a diferencia de los proyectos de países vecinos que abarcan la explotación primaria, a través de una política soberana —que involucra la industrialización del litio en toda la cadena productiva— pretende llegar a las baterías como primer gran objetivo, adquiriendo tecnología de punta. Para este fin, con una inversión de 900 millones de dólares, se construyeron inicialmente plantas piloto (primera fase), siendo prevista la inauguración de la planta industrial de cloruro de potasio para el próximo 30 de septiembre y la construcción de la planta industrial de carbonato de litio (segunda fase), que será construida por la empresa China Maison Engineering. Ambas plantas son de propiedad enteramente estatal. Por su parte, la industria de baterías de ion litio se realizará en sociedad (51% Estado boliviano–49% socio alemán) junto al grupo alemán ACI Systems.
En lo que se refiere a hidrocarburos, Bolivia cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 240,9 millones de barriles de líquidos, volúmenes que fueron cuantificados y certificados por la empresa canadiense Sproule International Limited y se dieron a conocer a fines de agosto, garantizando que el país podrá mantener los actuales volúmenes de producción y exportación de gas durante los próximos 14 años, al ritmo de explotación actual. En conferencia de prensa, el representante de la empresa explicó que las reservas probadas más las probables suman 12,5 TCF, mientras que el volumen de reservas probadas, más probables y posibles son de 14,7 TCF.
Conclusiones
La contienda electoral del próximo año se perfila como uno de los grandes desafíos para el proceso de cambio en Bolivia, por lo que hay que estar atentos sobre cómo el sector público-privado estadounidense observa este proceso y actúa en función de determinados intereses políticos y económicos en el país andino. Además de los aspectos analizados en este informe —asistencia para el desarrollo y los recursos naturales— otros intereses fundamentales son, por ejemplo, los relacionados a seguridad y defensa, vínculos comerciales y la relación entre Bolivia y China.
En definitiva, sin perder el foco en Venezuela, es muy probable que se endurezcan las distintas formas de presión sobre el Gobierno boliviano.
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