En toda América Latina, los debates sobre cuestiones ambientales conducen a los llamados «extractivismos», como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones petroleras o los monocultivos intensivos. Esta problemática alimenta movilizaciones ciudadanas y generó nuevos abordajes teóricos y diagnósticos más precisos, que a su vez desbordaron al terreno político. Por ello es importante examinar las relaciones y la mutua alimentación que existe entre posiciones ambientales, izquierdas y prácticas extractivistas, con sus principales manifestaciones, actores, posibilidades y límites.
Aunque no es raro que se diga que hoy en día se vive una expansión de los debates ambientales y que una de sus expresiones son las críticas a los extractivismos, en realidad los antecedentes se remontan por lo menos a la década de 1970. En consonancia con el debate internacional, se instalaron discusiones sobre cuestiones como los límites ecológicos al crecimiento económico o el deterioro de la fauna y la flora silvestres. Asimismo, se crearon los primeros grupos ambientalistas en América Latina, asomaron investigaciones pioneras en ecología y conservación, y se lanzaron diálogos con el mundo político. El ambientalismo se tornó un campo plural, con posiciones tanto reformistas como radicales, unas más tecnocráticas y otras más politizadas. Entre ellas se pueden encontrar las primeras denuncias por contaminación en sitios mineros y petroleros.
De manera muy similar a los debates actuales, las alertas que en los años 70 se plantearon sobre los límites ecológicos al crecimiento económico fueron resistidas por gobiernos, políticos, académicos y empresas. Esos actores defendían el crecimiento económico como meta central del desarrollo y minimizaban los aspectos ambientales.
Un nuevo empuje en la cuestión ambiental se inició a mediados de la década de 1980 y alcanzó un pico a inicios de la década de 1990. La cobertura temática se amplió mucho más (se sumaron, por ejemplo, la economía ecológica o la ética ambiental), se extendieron las articulaciones ciudadanas y estaban en marcha los experimentos de los partidos verdes (1). Se planteaban más denuncias sobre los efectos de emprendimientos mineros o petroleros, pero el extractivismo como estrategia no era necesariamente una cuestión central para los ambientalistas, sino que era entendido solo como causa de distintos impactos ecológicos.
A medida que avanzaba la década de 1990, ese empuje languideció. Prevaleció un contexto político conservador, proliferaron reformas enfocadas en el mercado y en el ambientalismo se extendieron posiciones funcionales al crecimiento económico. Estas, a su vez, apostaron a la autorregulación del empresariado extractivista por medio de la denominada «responsabilidad social empresarial» y la mitigación de algunos de sus efectos ambientales.
Eclosión extractivista y nueva crítica ambiental
A inicios del siglo xxi la situación comenzó a cambiar sustantivamente. A pesar de las evidencias de graves deterioros ambientales y de las alertas por cambios ecológicos planetarios (especialmente el cambio climático), se fortalecieron todos los extractivismos en todos los países. Proliferaron proyectos de megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera avanzaba sobre todo en áreas tropicales, se aceptó el fracking (fracturación hidráulica) y se disparó la superficie dedicada a monocultivos.Al mismo tiempo, se precisó el concepto: se definieron los extractivismos como modos de apropiación de grandes volúmenes o con alta intensidad de recursos naturales, para ser en su mayoría exportados como materias primas (2). Su expansión respondía a la particular situación global de altos precios de las materias primas, a la disponibilidad de capital que llegaba como inversiones a esos sectores y a una sostenida demanda, especialmente desde China.
Es importante subrayar que los volúmenes extraídos, especialmente de minerales, hidrocarburos y granos, son enormes. El déficit comercial físico (exportaciones de recursos naturales menos importaciones, medidos en unidades físicas como toneladas de minerales o granos) creció desde 1980 y alcanzó el nivel de 700 millones de toneladas en 2005 para toda América Latina. El mayor extractivista es Brasil: se estima que exportó unos 500 millones de toneladas de recursos naturales hacia el año 2010 (3).
Actividades como la megaminería a cielo abierto son una «amputación» ecológica (por ejemplo, la mina Yanacocha, en el norte de Perú, remueve 180 millones de toneladas por año). Además, se utiliza todo tipo de contaminantes (distintas sustancias peligrosas en la minería, fugas y derrames de hidrocarburos y aplicaciones de agrotóxicos en los monocultivos). Por lo tanto, los extractivismos envuelven impactos ambientales muy graves, que cubren amplias superficies, con muy pocas opciones de ser amortiguados o remediados, y muy difíciles de gestionar al estar anclados en los mercados globales (4).
Paralelamente, se imponen severas reconfiguraciones territoriales, como las concesiones de explotación o los permisos de ampliación de la frontera agropecuaria, y no menos importante, las obras de infraestructura y provisión de energía (es el caso de grandes represas hidroeléctricas en la Amazonia). Como no podía ser de otra manera, esto generó todo tipo de alertas y cuestionamientos desde los ambientalismos y reacciones de muchísimas comunidades locales en todos los países latinoamericanos sin excepción. Muy rápidamente se acumuló un abrumador volumen de información sobre la pérdida de biodiversidad, efectos de la contaminación en suelos, agua y sobre la salud de las personas, y crecientes niveles de violencia. El ambientalismo también colaboró en identificar impactos sociales, especialmente en comunidades campesinas o indígenas, en un amplio abanico de cuestiones, como los efectos en la salud o la destrucción de prácticas económicas tradicionales.
A partir de esta tríada de efectos locales (ambientales, territoriales y sociales), se avanzó en reconocer los llamados «efectos derrame» sobre otras dimensiones sociales, económicas y políticas (y que iban más allá de los casos de emprendimientos extractivistas específicos). Entre ellos se cuentan, por ejemplo, efectos económicos (como los cambios en los sistemas tributarios, los controles a los flujos de capital en esos sectores, etc.), comerciales (la inserción exportadora de cada país o las incapacidades de coordinación regional en la oferta de commodities) y así sucesivamente para otros sectores (5).
Esas discusiones obligaban a repensar categorías básicas, como las de justicia o democracia. En el primer caso, muchos subrayaron una y otra vez que no podía haber una verdadera justicia social sin una justicia ambiental: de nada servía dar bonos en dinero a los sectores más pobres si ellos continuaban viviendo en lugares contaminados. En el segundo caso se apuntó a las restricciones democráticas para poder imponer los extractivismos, desde trabas al acceso a la información o la consulta ciudadana hasta la tolerancia de la violencia contra militantes locales.
En los planos político y económico, los extractivismos se organizaron de distinto modo: por un lado, bajo los gobiernos conservadores persistió una importante liberalización en favor del mercado y un Estado subsidiario; por otro lado, bajo los gobiernos progresistas tuvieron lugar intentos de un mayor control estatal (lo que se discutirá más abajo). En pocos años, el término «extractivismo» se popularizó y se lo aplicó a toda clase de situaciones (tales como extractivismos urbanos, financieros, epistémicos, etc.). Aunque eso reforzó la difusión de la problemática, a la vez se perdió precisión en las discusiones. Sin embargo, el debate con gobiernos y empresas requería precisar el concepto, ya que desde esos espacios se insistía con que todo uso de los recursos naturales era una forma de extractivismo. El ambientalismo respondía, por ejemplo, que no es lo mismo ni tienen los mismos impactos un agricultor que provee al mercado nacional que los monocultivos de exportación.
Algo similar ha ocurrido con el concepto de neoextractivismo. En su sentido original hacía referencia a un «nuevo extractivismo progresista», diferente de aquellos propios de los gobiernos conservadores. Pero la palabra también se popularizó, y no faltan los casos en que incorrectamente se supone que ese prefijo «neo» refiere a cualquier extractivismo reciente. También es importante advertir que la crítica ambientalista no puede ser descripta como antiminera o antipetrolera. El calificativo «anti», con toda su carga peyorativa, es muy usado por gobiernos, empresas y académicos que defienden esos emprendimientos pero no por los grupos ciudadanos. La rigurosidad de la definición es otra vez clave, ya que los cuestionamientos ciudadanos son, por ejemplo, contra los extractivismos , y esto no es necesariamente un sinónimo de minería o agricultura.
Finalmente, otra particularidad es que la crítica a los extractivismos en muchos sitios maduró en propuestas de alternativas de salida a ese tipo de desarrollo (conocidas como postextractivismo). Esto ha tenido un gran desarrollo especialmente en Perú, donde se discuten transiciones postextractivistas desde hace una década.
Los extractivismos y la divergencia izquierda/progresismo
Como se adelantó arriba, en algunos países el cuestionamiento ambiental a los extractivismos ocurrió bajo el tránsito político desde gobiernos conservadores hacia una nueva izquierda. Es importante recordar que algunos sectores del ambientalismo apoyaron y participaron de esos cambios (6). Muchos militantes verdes ocuparon posiciones en los nuevos gobiernos, se fortaleció la atención política a algunos problemas ambientales e incluso se lograron innovaciones. Entre las más destacadas están la aprobación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador o la apelación a otra lógica al denunciar el cambio climático que esbozó el gobierno boliviano; también hubo gestos emblemáticos, como el nombramiento de Marina Silva, una mujer militante y mestiza, como ministra del Ambiente en Brasil.
Sin embargo, rápidamente asomaron dificultades en el frente ambiental. Los nuevos gobiernos no solo mantuvieron los extractivismos, sino que los reforzaron, la institucionalidad y gestión ambiental quedaron relegadas, y se repetían conocidos problemas (como débiles evaluaciones ambientales o incumplimientos de las consultas ciudadanas). Incluso se pusieron en entredicho los avances ambientales que la izquierda había anunciado. Por ejemplo, en Ecuador el propio gobierno pasó a sostener que los derechos de la naturaleza eran «derechos supuestos», para así permitir la explotación petrolera en sitios amazónicos; en Bolivia, el gobierno tenía posiciones muy radicales sobre el cambio climático, pero sus medidas en el ámbito nacional seguían alimentando la emisión de gases de efecto invernadero; y en Argentina, Brasil y Uruguay se liberaron las semillas transgénicas para promover los monocultivos. En todos esos países se seguían acumulando casos e información sobre los impactos locales de los extractivismos y, en especial, sobre la afectación de aguas y suelos, y como ocurría en la década de 1970, desde los gobiernos se minimizaba la evidencia del deterioro ambiental y se insistía en pretendidas soluciones tecnológicas.
Puede argumentarse que aquella izquierda que apostaba inicialmente por la justicia ambiental, junto con otras ideas como la radicalización de la democracia o la profundización de los derechos humanos, una vez en el gobierno abandonó varios de sus objetivos originarios para mantenerse dentro de un desarrollismo basado en el crecimiento económico a cualquier costo, y para ello, las exportaciones extractivistas eran el combustible. Quedó en evidencia que izquierda y progresismo son proyectos políticos diferentes, y el ambientalismo jugó un papel importante en poner en claro esa divergencia.Esa distinción es uno de los resultados de una renovación entre algunos ambientalistas, ya que muchas críticas convencionales no eran efectivas ante los progresismos. No se podía denunciar que los extractivismos progresistas eran, por ejemplo, dependientes de empresas transnacionales, ya que bajo esos gobiernos las compañías estatales cobraron un enorme papel en algunos sectores. Es más, los progresismos insistían en que los extractivismos eran indispensables para poder revertir la pobreza. Este tipo de discursos simplistas tienen un fuerte apoyo ciudadano, especialmente en las grandes ciudades, donde no se padecen los impactos locales de los extractivismos.
Todo esto obligó a que la crítica ambientalista se adentrara más en sus revisiones sobre las estrategias de desarrollo, el papel del Estado y sus implicancias políticas. Aunque las aristas de los debates más recientes no pueden detallarse aquí, sí debe señalarse que quedaron en evidencia distintas limitaciones en las estrategias estatales progresistas; que el desempeño social y ambiental de las empresas estatales casi siempre era negativo; que, salvo excepciones, no existía un nexo directo entre exportaciones de recursos naturales y asistencia social; y que los impactos ambientales, territoriales y sociales eran muy graves, especialmente en los grandes proyectos. Por si fuera poco, se desnudó el papel del Estado en recortar la participación ciudadana y en tolerar, o incluso promover, violaciones a los derechos de las personas. Más recientemente se sumó el desenmascaramiento de casos de corrupción en marcos legales o en proyectos extractivistas. De esta manera, la crítica ambientalista a los extractivismos tuvo efectos multiplicadores, y no solo ante cuestiones ecológicas, ya que dejó en claro que, aunque con otras justificaciones, los progresismos volvieron a caer en roles subordinados como proveedores de materias primas y externalizaron sus impactos ambientales y sociales.
Actores, voces, tendencias
Existe una amplia diversidad de actores enfocados en las intersecciones entre ambientalismo y extractivismos. Su base descansa en una gran diversidad de grupos locales, con distintos niveles de organización, que van desde comunidades indígenas o campesinas a los militantes por el ambiente, los derechos humanos, la salud y muchos otros temas. Es notable además el creciente papel del liderazgo de las mujeres en las movilizaciones ante los extractivismos; además, las mujeres son más resistentes a aceptar las compensaciones económicas para tolerar la contaminación. También es muy visible un enorme conjunto de organizaciones ciudadanas que articulan campañas con análisis. Muchas son ONG ambientalistas (como Acción Ecológica en Ecuador), otras son centros de información y análisis (se destaca el Centro de Documentación e Información Bolivia –CEDIB–), y hay otras que han logrado una impactante especialización en la evaluación de los extractivismos (el mejor ejemplo es CooperAcción en Perú) (7). Estas organizaciones se articulan a su vez en redes que son nacionales en unos casos y continentales en otros; como ejemplos nacionales se cuentan la Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema) o la peruana red Muqui sobre minería, ambiente y comunidades, y a escala continental se destacan el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivista Minero (M4) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)(8). En otros casos se han conformado redes temáticas o sectoriales que han abordado los extractivismos como un tema central: ejemplos ilustrativos son la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales y la red Iglesias y Minería, que es un espacio religioso ecuménico (9).
En ese entramado colectivo hay aportes individuales que contribuyen a fortalecer estas discusiones y que a la vez muestran la diversidad de orígenes y recorridos. Es oportuno compartir algunos ejemplos. El ecuatoriano Alberto Acosta es un economista que asumió posiciones ambientalistas, acompañó a varios movimientos ciudadanos, desempeñó un papel clave como presidente de la Asamblea Constituyente al dar un decisivo apoyo a los derechos de la naturaleza y fortalecer la perspectiva del «buen vivir», y desde ese lugar se volvió un importante animador de estos debates. El peruano Marco Arana viene de un ámbito muy diferente, como sacerdote católico que luego se sumó a la resistencia ciudadana frente a proyectos megamineros, superó un duro hostigamiento desde empresas y gobierno y avanzó en una práctica social, ambiental y política. En Colombia, Manuel Rodríguez Becerra se inició en la universidad, luego fue el primer ministro de Medio Ambiente para después regresar a la academia, y desde allí, poco a poco, se vinculó con organizaciones ciudadanas para ser una voz independiente y respetada de alerta ante los extractivismos. No puede dejar de olvidarse el papel de muchos líderes locales que en su resistencia a los extractivismos terminan convertidos en iconos respetados internacionalmente (como Máxima Acuña en Perú). Otros han perdido la vida debido a la violencia generada por los extractivismos, como le ocurrió a Berta Cáceres, una líder indígena lenca de Honduras, feminista y ambientalista, asesinada en 2016.
También se cuenta un número cada vez mayor de intelectuales que reflexionan sobre estos temas y a la vez acompañan las movilizaciones ciudadanas (10). De todos modos, se deben reconocer tensiones en esos espacios académicos, ya que hay otros universitarios que priorizan un debate que en realidad discurre en inglés, en journals y en polémicas con la bibliografía más que con la política local. La situación se complica un poco más por la presencia de investigadores del Norte que abordan la situación latinoamericana pero minimizan el debate conceptual autóctono, para ubicarse en una actitud de superioridad epistémica como si con sus aportes, por fin, comenzara un serio abordaje de estos asuntos.
La situación del debate muestra que es más intenso, con más movilizaciones y presencia ciudadana en los países andinos, mientras que la situación opuesta, donde el cuestionamiento ambiental a los extractivismos es más débil y está más acotado localmente, se da en Brasil. Entre esos dos extremos, en distintos niveles, se ubican los países de América Central y el Cono Sur.
Por ejemplo, en Bolivia, Ecuador y Perú han tenido lugar movilizaciones ciudadanas de gran envergadura contra emprendimientos extractivistas o proyectos asociados, se han lanzado marchas nacionales en defensa de recursos naturales (y en particular del agua), y se mantiene un fuerte debate que regularmente se ventila en los principales medios de prensa. Se articulan demandas de grupos ambientalistas con otro tipo de organizaciones, tales como las que defienden los derechos humanos o federaciones de pueblos indígenas. El aporte de académicos es más visible, un puñado de ONG son muy activas y hay cierta receptividad en la prensa. En Argentina, Chile y Uruguay han tenido lugar importantes movilizaciones contra emprendimientos extractivos, tanto localmente como en algunos casos a escala nacional, sea frente a emprendimientos específicos o ante políticas generales. Asimismo, está instalada una discusión ciudadana, que de tanto en tanto se articula con debates políticos más amplios y logra así una mayor difusión. En México, Colombia y varios países centroamericanos, las movilizaciones involucran además la defensa de los derechos humanos y la denuncia de asesinatos y otras formas de violencia sobre ambientalistas.
En cambio, en Brasil, la protesta y la resistencia de los últimos años han sido sobre todo locales y no se han logrado establecer coordinaciones nacionales estables. Mientras que en Bolivia, Ecuador y Perú tuvieron lugar marchas en defensa de los recursos naturales que partieron desde remotos lugares del país hasta llegar a la capital, eso no ha ocurrido en Brasil. A su vez, mientras en las naciones andinas se disecaban los componentes económicos y políticos de los extractivismos progresistas, en Brasil ni las grandes ONG ni muchos académicos lograron la independencia necesaria frente a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (pt) para potenciar esa crítica. De la misma manera, en los países andinos se instaló un debate sobre moratorias mineras o petroleras, mientras que en Brasil se discutían diferentes niveles de regalías en la reforma del Código Minero o en la explotación del petróleo marino. Esta situación parece haber cambiado con la crisis del gobierno de Dilma Rousseff y el desastre de la ruptura de la represa minera en Mariana (Minas Gerais) en 2015 (11). De todos modos, la enorme relevancia que ha logrado la crítica ambiental a los extractivismos queda en evidencia por la intensidad de las reacciones que provoca. Desde el sector empresarial de los países andinos se reconoce que la crítica al extractivismo y las alternativas postextractivistas son la mayor amenaza que vive, por ejemplo, el sector minero (12). La presión política es tan intensa que los políticos deben responder. En los países bajo gobiernos conservadores, como Perú, los ministros tildan a los ambientalistas de radicales de izquierda que impedirían la inversión y el crecimiento económico, mientras que en las naciones progresistas a menudo se los califica de «izquierda infantil» o de «funcionales a la derecha» y se ha buscado clausurar sus organizaciones. En Bolivia el debate ha sido tan potente que el propio vicepresidente responde regularmente en la prensa e incluso realizó una gira con conferencias en al menos cinco países en la que sostuvo que el cuestionamiento extractivista es parte de una «pseudoizquierda de cafetín» (13).
Un debate en marcha
Los cuestionamientos ambientales a los extractivismos están en pleno proceso. Es un flanco que no ha decaído, sino que, por el contrario, se ha fortalecido y ampliado. Se hermana con otros cuestionamientos a los entendimientos y prácticas de la política en la región y a las concepciones del desarrollo. Teje nuevos diálogos, tanto con movimientos de base urbanos, como en especial con organizaciones campesinas o indígenas en los espacios rurales.
Pero también hay cuestiones no resueltas, y varias orbitan alrededor de la problemática del valor. Muchos persisten en entender que solo los humanos son sujetos de valor y la naturaleza es un cúmulo de objetos, aunque entienden que es necesario un cambio radical en las estrategias de desarrollo para no destruir el entramado ecológico. Esa postura lleva a aceptar a los extractivismos, incluyendo las variedades progresistas. Otros consideran que una alternativa postextractivista comulga con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por lo cual se reconocen valores intrínsecos en lo no humano, y esta es una ruptura con toda la tradición de la modernidad. Este postextractivismo alimenta alternativas que simultáneamente son poscapitalistas y postsocialistas.
Con esto queda en evidencia que es en el campo de la crítica ambiental a los extractivismos donde están teniendo lugar, en América Latina, reflexiones esenciales sobre otros modos de entender la sociedad, la política y la naturaleza.
Notas
1. Un buen ejemplo de esas discusiones lo ofrecen dos números de Nueva Sociedad dedicados al ambientalismo. En 1987, el número 87 se enfocó en «lo político y lo social de lo ecológico», con críticas al capitalismo desde el ambientalismo latinoamericano. Más tarde, al tiempo de la Eco 92, el número 122 abordó «el desafío político del medio ambiente», lo que deja en claro una ampliación aún mayor de la temática. Ambos números están disponibles en www.nuso.org.
2. La definición se discute en E. Gudynas: Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, CEDIB / CLAES, Cochabamba, 2015. En esa formulación se continúa con los antecedentes históricos del concepto, se enfoca en el modo de apropiación y, por lo tanto, se aplica a emprendimientos que pueden estar en manos de agentes económicos estatales, mixtos o privados, y queda en claro su vinculación con la globalización. Bajo esta perspectiva, los extractivismos no son una industria y son plurales, incluyendo los conocidos casos minero y petrolero, pero también algunos sectores agrícolas, forestales, pesqueros, etc.
3. Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y Joan Martínez-Alier: «Commercial and Biophysical Deficits in South America, 1990-2013» en Ecological Economics vol. 133, 3/2017.
4. E. Gudynas: Extractivismos, cit.
5. Ejemplos de aportes recientes para distintos países se encuentran en William Sacher y Alberto Acosta: La minería a gran escala en Ecuador. Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador, Abya Yala / Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2012; José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati: Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América, Herramienta, Buenos Aires, 2013; Emiliano Terán Mantovani: El fantasma de la Gran Venezuela. Un estudio del mito del desarrollo y los dilemas del petro-Estado en la Revolución Bolivariana, Celarg, Caracas, 2014; Pablo Villegas N.: Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales, cedib, Cochabamba, 2013; Gian Carlo Delgado-Ramos: Ecología política de la minería en América Latina, UNAM / CIICH, Ciudad de México, 2010; Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli (eds.): Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires, 2009; Catalina Toro Pérez, Julio Fierro Morales, Sergio Coronado Delgado y Tatiana Roa Avendaño (eds.): Minería, territorio y conflicto en Colombia, Universidad Nacional, Censat, Bogotá, 2012; Andréa Zhouri, Paola Bolados y Edna Castro (eds.): Mineração na América do Sul. Neoextrativismo e lutas territoriais, Annablume, San Pablo, 2016. Una biblioteca con distintos textos digitales está disponible en www.extractivismo.com/.
6. Distintas figuras del ambientalismo apoyaron a Alianza País de Ecuador, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio (FA) de Uruguay y el presidente Fernando Lugo en Paraguay.
7. Puede encontrarse más información en los sitios www.accionecologica.org; www.cedib.org; http://cooperaccion.org.pe.
8. Puede encontrarse más información en los sitios www.remamx.org; www.muqui.org; http://m4.mayfirst.org; www.conflictosmineros.net.
9. Puede encontrarse más información en los sitios www.redlatinoamericanademujeres.org; http://iglesiasymineria.org.
10. Además de los ya mencionados, se pueden destacar los aportes de Maristella Svampa, Horacio Machado, Mirta Antonelli, Gabriela Merlinsky y José Seoane en Argentina; Oscar Campanini, Marco Gandarillas, Georgina Jiménez, Cecilia Requena y Pablo Villegas en Bolivia; los brasileños Andréa Zhouri y Bruno Milanez; Camila Toro en Colombia; José de Echave, Carlos Monge o Martin Scurrah en Perú; Emiliano Terán Mantovani y Edgardo Lander en Venezuela; y Gian Carlo Delgado en México. También hay aportes que se originan fuera del continente pero que dialogan estrechamente con los actores latinoamericanos y son solidarios con las movilizaciones ciudadanas; un ejemplo destacado es el de Joan Martínez Alier, profesor emérito en la Universidad de Barcelona.
11. A. Zhouri, P. Bolados y E. Castro (eds.): ob. cit.
12. Álvaro Ponce Muriel: Minería moderna para el progreso de Colombia, Cámara Asomineros andi / Cámara Colombiana de Minería / Federación Nacional de Productores de Carbón, Bogotá, 2014.
13. Puede verse la conferencia en www.youtube.com/watch?v=dez7xtbjt8u.
Autor:
E. Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas.
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