El Asombrario&Co
Marismas en el Parque Nacional de Doñana. Foto: Creative Commons
Una nueva amenaza se cierne sobre Doñana después de que el Gobierno en funciones del PP haya empezado la expropiación de terrenos para el almacenamiento de gas en el subsuelo del parque nacional.Corría el año 1969 cuando se creó el Parque Nacional de Doñana. Este enclave único cuenta con más de 100.000 hectáreas que se reparten entre la figura de Parque Nacional y Parque Natural. Aunque es mundialmente conocido por su símbolo más emblemático, el lince, lo cierto es que son muchos los valores que hacen de este espacio una garantía para la conservación de la biodiversidad de nuestra tierra y de Europa. Lo avala una gran extensión de marismas que acogen en invierno a numerosas especies acuáticas, llegando a los 200.000 individuos, al tiempo que por su situación geográfica es zona de paso de más de 300 especies diferentes de aves al año. Es la mayor reserva ecológica de Europa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994.
Sin embargo, son muchas las presiones que ha recibido Doñana desde hace décadas, y demasiadas las luchas para evitar que se consumaran. Así se consiguió, no sin esfuerzos, acabar con el proyecto Costa Doñana, que pretendía urbanizar toda la zona de los acantilados del Asperillo. Detrás estaba la especulación y de nuevo el riesgo, siempre inherente a Doñana, de la disponibilidad y mal uso del agua. También se pretendió plantar eucaliptos en muchas de sus zonas o desecar marismas para su transformación en tierras agrícolas.
El agua siempre ha estado en el punto de mira de todos estos fallidos proyectos, porque el agua en Doñana es la clave para la conservación de su riqueza faunística y paisajística: los cultivos ilegales de la fresa, más de 6.000 hectáreas de terrenos de cultivos bajo plástico sin autorización, casi 3.000 pozos ilegales que sobreexplotan el acuífero en detrimento de la marisma, así como las presiones de las comunidades de regantes a la Junta de Andalucía para amnistiar los pozos ilegales posteriores al año 2004, año límite acordado en el Plan de la Corona Norte para establecer un antes y un después en el procedimiento de autorización de los pozos para riego, y controlar el uso del agua. Esta presión sobre el entorno de Doñana está logrando que la gran coalición de facto PP-PSOE proponga desde Andalucía al gobierno central cambiar la Ley de Aguas para que se autorice un trasvase de 15 Hm3 que no respeta la Directiva de Aguas, ni por supuesto el interés general.
Ni las instituciones españolas ni las andaluzas han puesto freno a la política de hechos consumados generada por el sector de la agricultura intensiva. Lejos de esto, le han hecho el juego a sus intereses y trabajan para favorecer cambios legislativos y planes que ponen en serio riesgo la conservación de Doñana. Incluso han llegado a poner en cuestión los “intereses” que puede tener la Comisión Europea cuando pregunta por la situación de Doñana a nuestras autoridades, argumentando que detrás de esta preocupación se encuentran grupos de presión europeos que compiten con nuestros productos agrícolas, frutos rojos, etc… Es indignante que los representantes públicos que elegimos en las urnas defiendan estos argumentos mientras siguen esquilmando el acuífero y amnistiando pozos ilegales.
Pero al perro flaco todo son pulgas y la siguiente agresión viene de la mano de uno de los grupos de presión más potentes a nivel nacional, el energético. Durante varios años ha planeado la sombra de un oleoducto que atravesaría la provincia de Huelva y Doñana para abastecer una refinería en Badajoz, aunque el proyecto finalmente no fue autorizado gracias a las presiones de varias plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas.
Lo último es el proyecto de almacenamiento y extracción de gas que Gas Natural está tramitando por fases en connivencia con el gobierno en funciones del Partido Popular, y cuya primera fase de expropiación ya se ha iniciado. Cuatro hectáreas y media para beneficio de la “causa fósil”.
La Comisión Europea ha pedido recientemente aclaraciones al gobierno de España sobre la autorización al primero de los cuatro proyectos gasísticos, el denominado Marisma Occidental que dicho gobierno “en funciones” autorizó. Del conjunto de proyectos gasísticos relacionados es necesario requerir un estudio de impacto ambiental completo y no por fases, dada la magnitud del mismo y la importancia de preservar el medio receptor.
No es de recibo que la Comisión Europea tenga que venir a proteger lo que nuestros gobiernos central y autonómico no son capaces de hacer. La actividad turística y el regadío, y ahora el sector de los combustibles fósiles, han motivado un dictamen europeo que advirtió que en dos meses, que vencen en estos días, hay que corregir la situación de Doñana o pondrá el caso en manos del Tribunal de Justicia Europeo.
No bastan medidas como la improvisada por la Junta de ampliar en 14.000 hectáreas el Parque, porque si no somos capaces de preservar la biodiversidad y el agua de las más de 100.000 hectáreas actuales, las que se incorporen difícilmente van a gestionarse con criterios de sostenibilidad. No se conserva un espacio cambiando las leyes o ampliando las hectáreas de las cuales no se conoce su valor en términos de biodiversidad, sino haciendo una gestión que permita mantener el equilibrio entre la conservación y las actividades humanas que se desarrollan, y siempre a lo largo del tiempo para garantizar su disfrute por las generaciones venideras.
Actuar a golpe de denuncias, manifestaciones, acciones políticas improvisadas o decisiones judiciales demuestra que la política medioambiental necesita un balón de oxígeno que permita priorizar la conservación de nuestro patrimonio natural y la calidad de vida por encima de la especulación, el cortoplacismo, el trabajo precario generado por la agricultura intensiva o el turismo de masas.
No se puede aprovechar la situación de crisis económica para dar pasos atrás en las políticas de conservación que tantos beneficios, y no sólo económicos, nos han brindado: oxígeno, agua de calidad, sumideros de carbono, mitigadores del cambio climático y generadores de empleos verdes y de calidad. “Que los árboles nos dejen ver el bosque y no nos vendan a los lobby a cambio de migajas”. Nuestro territorio es lo más valioso que tenemos y nuestras instituciones están obligadas a defenderlo. Si no, seguirán sin representarnos y nos verán en la calle flanqueando Doñana.
Isabel Btito es coportavoz de EQUO Andalucía
Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario