¿Qué trama política hay detrás de los 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca que el periódico alemán Süddeutshe Zeitung dice poseer? ¿Qué importancia tienen las 120 mil empresas de papel creadas por Mossak Fonseca en 40 años al lado de más de 10 millones que existen en EEUU y Europa?
Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
Hay que aclarar, en primer lugar, que los documentos electrónicos de la firma panameña no fueron filtrados (leaked). Fueron 'hackeados'. En otras palabras, el sistema fue penetrado y la información fue robada por agentes profesionales cuya identidad, por el momento, se desconoce. Según la Gazeta del Sur de Alemania, “la información provino de una fuente anónima”. Pero el diario agrega que “se supone que algunas computadoras del despacho Mossack Fonseca fueron intervenidas por hackers a fin de obtener correos electrónicos, certificados, estados de cuenta y otros muchos documentos”.
La entidad que se hace responsable del 'hackeo', el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, DC, EEUU, es financiada por los Think Tanks más reconocidos del establishment conservador de EEUU y Europa. El periódico alemán, Süddeutshe Zeitung, asumió el liderazgo en el reportaje sobre la firma panameña que maneja Ramón Fonseca Mora.
Curiosamente, entre los millones de documentos que le fueron hackeados a Fonseca, muy pocos se refieren a los negocios que la firma realiza con sus contrapartes en EEUU, Gran Bretaña o Europa occidental. Son en estos países donde se realizan las transacciones más grandes. Las revelaciones se detienen con detalle en Rusia, Islandia, México, Brasil, Argentina y España. Países importantes, pero con economías enanas comparadas con EEUU y Europa occidental.
Fonseca señala que entre sus socios más importantes se encuentran bancos y abogados en Miami (Florida) y el estado de Nevada en EEUU. Este último, junto con Delaware, son las 'lavadoras' más grandes del mundo. Compiten con sus contrapartes en el Canal de la Mancha (Gran Bretaña). Estas lavadoras, sin embargo, no son consideradas 'off-shore' (extranjeras) y pueden operar debido a la protección que reciben de sus respectivos gobiernos (Washington y Londres, respectivamente).
Panamá tiene una tradición oscura de prestar servicios a los grandes capitales financieros mundiales que se remonta a la década de 1920. En aquel entonces se creó en Panamá la 'sociedad anónima' para empresas británicas y norteamericanas sin dar a conocer sus propietarios. Poco después apareció el sistema para abanderar barcos de los grandes países con flotas marítimas. Estas operaciones no son 'ilegales' pero son inmorales. Les permite a los grandes propietarios de esos países lavar su dinero mal habido y evadir compromisos con sus respectivos fiscos. En la actualidad, los gobiernos de Washington y Londres toleran el llamado 'blanqueo' siempre y cuando se haga dentro de sus fronteras, no en lo que llaman los 'paraísos fiscales' de otros países.
Las rendijas que le permitían a los abogados y bancos ‘off-shore’ prestarle servicios a las grandes empresas de EEUU y Gran Bretaña para lavar dinero parecen haber sido cerradas por el FMI. La OCDE sigue persiguiendo a las firmas ‘off-shore’ que le prestan servicios a los multimillonarios que no quieren pagar impuestos en sus países de origen. Esta persecución no afecta a los bancos y abogados en EEUU y Gran Bretaña (que no son - por definición - 'off-shore').
En conclusión, los abogados panameños que prestan servicios a empresas norteamericanas, británicas y de otros países se encuentran bajo la mira de los gobiernos que quieren que el negocio regrese a casa. Estos gobiernos han atacado formalmente a los 'blanqueadores' panameños y de otros países 'off-shore' a través del FMI y de la OCDE. Ahora han dado un segundo paso. EEUU y Gran Bretaña quieren introducir otro elemento al ataque frontal contra las operaciones de bancos y abogados fuera de sus respectivas jurisdicciones. Bajo el manto de supuestas investigaciones periodísticas, han descubierto el mundo tenebroso de las transacciones financieras internacionales de países, gobernantes y otras personalidades que son descartables (Putin, Lula, Peña Nieto, Kirchner, el primer ministro de Islandia y otros). Han ignorado las operaciones de los jefes de gobierno de los países 'buenos' y de sus camarillas.
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