Por Carmelo Ruiz Marrero,* Agencia Ecologista de Información, 19 de mayo de 2015
En Estados Unidos se ha desatado una gran lucha en torno al etiquetado de alimentos transgénicos. Esta lucha se ha dado a nivel estatal y nacional, en referendos al igual que en los ámbitos legislativo y judicial.
De los 50 estados del país el que más se ha distinguido en afirmar el derecho del consumidor a estar informado es seguramente Vermont.
En abril de 2014 el senado de Vermont aprobó- por un abrumador margen de 28 a 2- la ley 112, la primera legislación a nivel nacional que requiere del etiquetado de todo alimento con contenido transgénico- la cámara baja había aprobado legislación de etiquetado el año anterior. El gobernador del estado, Peter Shumlin, firmó la ley el 8 de mayo de 2014.
Los estados de Connecticut y Maine ya han aprobado legislación en pro del etiquetado, pero con cláusulas al efecto de que el etiquetado entraría en efecto sólo cuando otros estados hayan aprobado legislación similar. La ley 112 de Vermont no contiene tal condicionalidad.
Es necesario subrayar que esta victoria fue posible gracias al trabajo de base de Vermont Right to Know GMO, coalición multisectorial dirigida por la finca orgánica Cedar Circle, la asociación de productores orgánicos NOFA-VT, y las organizaciones Rural Vermont y Vermont Public Interest Research Group (VPIRG). (1)
La industria alimentaria, representada por el poderoso gremio detallista Grocery Manufacturers Association (GMA), demandó a Vermont, alegando que la ley 112 viola la constitución nacional, particularmente la primera enmienda y la cláusula de comercio interestatal. (2)
La GMA, que representa a más de 300 corporaciones que venden productos de supermercado, ha movilizado millones de dólares para financiar campañas de cabildeo y publicidad en contra del etiquetado de transgénicos, y en 2014 demandó a la isla hawaiana de Maui después que sus ciudadanos votaran en un referendo a favor de prohibir el cultivo de transgénicos. (3)
Pero la industria sufrió un duro revés en abril de 2015 cuando la juez Christina Reiss desestimó el caso presentado por la GMA contra Vermont, y en su decisión de 84 páginas despachó como inválidos sus argumentos legales y constitucionales.“Los gigantes de los alimentos transgénicos no están acostumbrados a perder, pero acaban de recibir una patada en el trasero de parte del estado de Vermont,” comentó Paul Burns, de VPIRG. “Esta decisión judicial aporta un apoyo poderoso a la idea de que los ciudadanos de Vermont tienen un interés legítimo y sustantivo en saber si su comida ha sido genéticamente alterada.” (4)
La defensa en este caso fue asumida por la Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de Vermont, con la asistencia de VPIRG y el Center for Food Safety (CFS) como amigos de la corte.
“Esta importante decisión afirma la constitucionalidad del etiquetado de alimentos genéticamente alterados, al igual que los derechos de los ciudadanos de Vermont y Estados Unidos”, declaró el abogado George Kimbrell, del CFS.
“Los estadounidenses exigen saber si su comida es producida mediante ingeniería genética por razones de salud, ambientales y muchas otras. Esta decisión es crucial para proteger esos derechos.” (5)
La ley entrará en efecto el 1 de julio de 2016.
*Ruiz Marrero es periodista puertorriqueño residente en Ecuador. Es director del Blog de Bioseguridad y autor de El Gran Juego de Ajedrez Botánico: Escritos sobre Biotecnología y Agroecología (Editorial Tiempo Nuevo, 2015).
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