TERRORISMO PSICOLÒGICO PARA DOBLEGAR A LOS CAMINANTES
(Comisión de Comunicación de la Marcha).- “Queremos decirle al pueblo boliviano que mañana partimos a primera hora, (hoy) de acuerdo a las conclusiones de la Asamblea Nacional que hemos hecho ahora. Invitamos a todos los medios de comunicación, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Iglesia Católica, a la Defensoría del Pueblo, para que sean testigos de lo que pueda suceder con el primer frente que tenemos, que es la Policía boliviana, la cual utiliza el gobierno nacional para frenar la marcha.
Consideramos nosotros que es una forma cobarde de actuar. Estamos todos ya listos para partir mañana, los mil marchistas”, dijo el presidente de la Subcentral de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el mojeño Fernando Vargas Mosúa.
“En el bloqueo de Yucumo fue secuestrado un vehículo que se brindó para traernos donaciones recolectadas en La Paz. Les agradecemos muchísimo al pueblo de La Paz, sin embargo esta movilidad no ha llegado y nos informaron que esos medicamentos, esos alimentos y el agua ya han sido distribuidos entre los bloqueadores”, dijo Vargas.
La Octava Marcha Indígena no es acosada solamente por los bloqueadores en Yucumo. También es espiada por los agentes de “Inteligencia” del Estado Plurinacional, más invitados internacionales. “El director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas (quien persigue a la marcha), estaría acompañado por dos agentes de la Inteligencia venezolana. Yo creo que tenemos un país libre, independiente y soberano. Cuando decimos soberano, quiere decir que el pueblo se gobierna por sí solo. Y no estamos en condiciones de pedir agentes de Inteligencia de otro país. Venezuela nos podrá ayudar, muchas gracias, pero esa ayuda no es gratis: son préstamos que los bolivianos tenemos que pagar. No quisiéramos nosotros que Venezuela se meta en los problemas de este país. Si existen ahora marchas, es porque este gobierno no ha sabido responder a la lucha y a la propia política de los pueblos y de los movimientos sociales que han llevado a un indígena a ser Presidente de Bolivia. Ahora, todo lo que pueda suceder es responsabilidad del gobierno de Bolivia, a la cabeza del presidente, don Juan Evo Morales Ayma”, dijo.
Esta mañana, desde la comunidad Limoncito, donde se encuentra la marcha, enviaron una carta al gobierno nacional. “Estamos ofreciendo una reinstalación del diálogo, pero no podemos dialogar aquí, bajo presión. La condición para reanudar el diálogo es que el gobierno desplace el atrincheramiento de los policías para evitar todo tipo de confrontación. Segundo, el gobierno debe evitar también que nos bloqueen el camino, así podremos avanzar con nuestra marcha pacífica hasta Quiquibey, que está a 42 kilómetros de Yucumo”, dijo Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), una de las 12 regionales de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Esta organización lidera la marcha junto al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Una movilidad
Ayer, la Policía Nacional que –según ella- está para garantizar la vida de los marchistas, aprovechó un rato libre en el cumplimiento de su deber para secuestrar una movilidad de la APG. Además, detuvieron al chofer, el guaraní Pablo Ibáñez, y a Magalí Barba Montero, a quienes llevaron inmediatamente a la ciudad de La Paz junto a la camioneta en cuestión.
“Dicen ellos (la Policía) que la movilidad ha sido robada de una plaza de Camiri en 2010, que el hermano Pablo la había robado. Pero los verdaderos ladrones son los mismos del Gabinete, porque el dinero para comprar esa movilidad salió de un proyecto del gobierno de 2.300.000 Bolivianos, para proyectos de reconstitución territorial del pueblo Guaraní, para dar tierra a las familias cautivas, pero ni a eso se llegó. Además, esa plata con que se ha adquirido la movilidad fue manejada por seis ministerios, con dinero del Fondo Indígena. La APG no manejó ni un solo centavo para la compra de esa movilidad, quienes la manejaron fueron ellos: seis ministerios, a la cabeza de la ministra Nemesia Achacollo. Aquí los verdaderos ladrones son ellos. Hace un año y nueve meses que ha concluido ese proyecto y hasta ahora el gobierno no rinde cuentas. Ahorita vamos a pedirles el informe económico”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB, la guaraní Nelly Romero.
“Hemos hecho todas las gestiones con el Defensor del Pueblo, las organizaciones de Derechos Humanos, y hasta la una y 15 de la mañana de hoy han sido liberados. Ahorita ellos se tienen que presentar ante la Fiscalía”, agregó.
“Por tercera vez (desde que empezó la marcha, el 15 de agosto pasado) el pueblo Guaraní ha bloqueado la carretera en el punto 9 de Yacuiba (en Tarija), donde se cruzan las carreteras hacia Santa Cruz, Tarija, Paraguay Argentina. Está bloqueado desde las 00 horas en Campo Pajoso. A las 6 y 30 de la mañana hubo una intervención de parte de los policías y los militares. Por un rato han dispersado a los hermanos, pero inmediatamente se ha masificado el bloqueo y ahora sigue bloqueado. En este momento hay por encima de 200 hermanos. Es una represalia del pueblo de Yacuiba por la detención de Pablo Ibáñez, quien es yacuibeño. El primer punto de la demanda desde este bloqueo del pueblo Guaraní dice al gobierno nacional que debe atender las demandas de los marchistas hasta agotar el diálogo. Segundo, exige la liberación de Pablo Ibáñez. Tercero, pide al gobierno que suspenda inmediatamente el bloqueo de Yucumo, realizado por campesinos traídos de otros lugares”, dijo el presidente de la APG.
Otra movilidad
“El Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE) está en una campaña de solidaridad y humanitaria para colaborar a los hermanos marchistas -yo también soy un marchista. Es así que todos los hermanos y hermanas de la ciudad de La Paz han hecho donativos de medicamentos, de vituallas, de alimentos, de agua. Lamentablemente, en Yucumo ha sido interceptada la movilidad que traía estas donaciones, han bajado a los ocupantes y han decomisado todo, se han repartido ya todo lo que se había enviado. Vamos a hacer la denuncia formal, obviamente, pero queremos hacer notar que este hecho se enmarca en la persecución que el gobierno hace a las organizaciones que defendemos los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el vicepresidente de esa organización, Johnny Cárdenas.
“En la movilidad iban dos funcionarios de FOBOMADE, a quienes los bloqueadores han intimidado. Les han dicho que iban a quemar la movilidad y también a ellos. Totalmente asustados han tenido que dejar la movilidad. Ahora mismo vamos a presentar la denuncia por robo de vehículo, además vamos a hacer responsable al gobierno nacional, porque a su tiempo hemos solicitado la libre transitabilidad, pero no lo ha hecho, además de que se están suscitando hechos que van en contra de la democracia y el estado de derecho”, dijo Cárdenas.
“Los bloqueadores no consideran que los medicamentos son un elemento fundamental para los marchistas y sobre todo para los niños. Lo que han hecho los bloqueadores es un atentado contra la salud y la vida de quienes estamos marchando. Este grupo del gobierno es manejado de una forma totalmente irresponsable, atenta contra de la vida de cualquier ciudadano y sobre todo de quienes estamos marchando”, dijo el presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS. El bloqueo de Yucumo está encabezado por la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). Y el otro bloqueo, a un kilómetro de la marcha, es encabezado por la Policía Nacional. Según el gobierno, en esta zona hay 465 uniformados cuya misión es evitar el paso de la Octava Marcha Indígena, que se dirige a La Paz.
“No queremos nosotros pensar que mañana pueda pasar algo como lo sucedido en Pando (en septiembre de 2008). Pero si eso pasara, el gobierno está demostrando que no quiere a los pueblos indígenas de la Amazonía como parte de este Estado Plurinacional. Estamos invitando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones de Derechos Humanos para que sean testigos. No queremos que nos protejan, porque no pueden protegernos. Más bien les pedimos que sean testigos de lo que pueda pasar mañana. A todas estas instituciones, a la sociedad civil y a los medios de comunicación queremos decirles fraternalmente que sigan con esta causa, porque es la única manera de que este gobierno deje de mentirle al pueblo. Ya ha dicho el Presidente que el bloqueo de Yucumo es legítimo. Con eso ha dicho al pueblo boliviano que el gobierno organizó ese bloqueo, por eso están ahí los colonizadores”, dijo Vargas.
Como otra muestra de que ese bloqueo ha sido organizado por el gobierno nacional, habla por sí sola la foto tomada al ministro del Blackberry y de Obras Públicas, Walter Delgadillo, mientras “negociaba” con los marchistas en San Borja, aunque más bien juntaba información para intentar justificar el bloqueo de cocaleros promorales en Yucumo.
Aunque el oficialismo nunca pudo demostrar que en la Octava Marcha Indígena hubiera armas de fuego, en varios medios de comunicación ha trascendido que en el bloqueo de Yucumo tienen dinamita para atacar a la marcha, integrada por niños, ancianos, mujeres y hombres. “El Ministerio Público está para investigarnos a nosotros los marchistas y no para investigar a la otra parte, que son los bloqueadores. No van a poder investigarlos jamás, porque el primer fiscal que se atreva a investigar está afuera de su cargo. No podemos tapar el sol con un dedo: lamentablemente la justicia está en manos del Poder Ejecutivo”, dijo Vargas.
“Nosotros ya lo sabemos. De frente nos han dicho los policías que han venido para proteger a los bloqueadores. Y no para evitar que haya enfrentamientos. Se ve claro que el gobierno está en contra de nosotros. Más antes les servíamos a ellos, pero ahora que no les servimos nos han declarado sus enemigos. Es doloroso, nos sentimos traicionados por nuestro propio hermano”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB.
madalbo@gmail.com
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