Las tierras raras contra el campo de Don Quijote

Manifestación en Torrenueva, Ciudad Real, contra el proyecto de extracción minera de Quantum. /MARÍA JOSÉ VALLE

Un plan minero ha roto la tranquilidad de los pueblos manchegos que un día recorrieran plácidamente don Quijote y Sancho. Un total de 27.500 hectáreas están afectadas por el proyecto que pretende llevar a cabo Quantum Minería SL, radicada en Madrid. La minera quiere horadar cuatro de las cinco comarcas que forman la provincia de Ciudad Real: La Mancha, los Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, la más afectada.

Los empresarios que han aterrizado en la zona aseguran que estos campos son elnuevo dorado. Que las tierras que dan de comer a sus habitantes contienen unmineral más valioso que el oro y más que los cereales, el vino o el queso. Contienentierras raras, un grupo de 17 de compuestos químicos que van asociados a una serie de minerales, entre ellos la monacita que se emplea en la fabricación de móviles, ordenadores, led y aerogeneradores, e incluso armas. La monacita contiene elementos radiactivos: uranio y torio.

Los municipios de Valdepeñas (30.000 habitantes), Moral de Calatrava (5.400), San Carlos del Valle (1.211), Membrilla (6.200) Man­zanares (18.900), Santa Cruz de Mudela (4.400), Navas de Estena (279) y, sobre todo, Torrenueva (3.200 habitantes) y Torre de Juan Abad (1.100) verían arrasadas sus tierras si el proyecto sale adelante.

"Hemos pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que archive el plan minero tal y como le solicitaron todos los grupos políticos en las cortes regionales el 19 de mayo", explica a Diagonal Luis Manuel Ginés, vecino de Torre de Juan Abad y portavoz de la Plataforma Sí a la Tierra Viva.

Paisaje del Campo de Montiel.

Los planes mineros han sembrado de incertidumbre estos pueblos. "Nos enteramos a finales del año pasado de lo que quieren hacer", dice Ginés. Un par de meses después crearon la plataforma.

En 2013, el Gobierno de Dolores de Cospedal dio los primeros permisos a Quantum. "Pero después  el Gobierno socialista no retiró esos permisos y otorgó dos más"

Ginés es cartero y asegura que nunca se había parado a pensar "el vínculo tan fuerte que tienen estos hombres y mujeres con la tierra". Pero cuando la noticia llegó a los agricultores y ganaderos, los empresarios de Madrid ya tenían todo atado. En noviembre, la minera presentó el informe inicial.

Antes, en 2013, el Gobierno de Dolores de Cospedal dio los primeros permisos a Quantum para la explotación de ocho proyectos a cielo abierto de tierras raras.

Sin acceso a información

"Pero después, el nuevo Gobierno socialista no retiró los permisos y otorgó dos más", denuncia la plataforma. Además, el Ejecutivo sigue negando los expedientes del proyecto, y por eso la plataforma ciudadana llevó el asunto hasta la Defensora del Pueblo, que le dio la razón.

Esta organización ciudadana acusa a la Junta de tener contactos con la empresa minera: "Mientras que a nosotros, que somos los afectados, se nos niega la información. Porque esto no es una simple mina, sino un plan minero contra el medio ambiente, nuestras gentes y nuestra economía", recalca  el portavoz de la Plataforma Sí a la Tierra Viva.

En esa lucha han presentado más de 6.000 alegaciones, muchas de asociaciones de amas de casa, jubilados, Ampas, colectivos senderistas, ciclistas y ecologistas.

Manifestación en Torrenueva en mayo pasado. Foto María José Valle.

Los municipios más afectados son Torrenueva y Torre de Juan Abad, donde se encuentran los proyectos más avanzados en las zonas de Mulas, Matamulas y Rematamulas y donde se explotarán 1.460 hectáreas.

La movilización fue masiva el pasado 21 de mayo, cuando la plataforma convocó una manifestación en la que participaron más de 3.000 personas y 300 tractores

La movilización fue masiva el pasado 21 de mayo, cuando la plataforma convocó una manifestación en la que participaron más de 3.000 personas y 300 tractores, que recorrieron las calles de Torrenueva.

Para Vicente Luchena, de Ecologistas en Acción de Ciudad Real, "nunca se había vivido una marcha tan multitudinaria en la zona". Y aclara que "ésta no es una zona desfavorecida. La gente vive de sus viñas, sus olivas y sus ovejas, con una economía modesta, pero dignamente".

Por su parte, el naturalista Joaquín Araujo dijo en la lectura del manifiesto en la protesta: "Estamos representando lo que entendemos como vida frente al estilo económico que es la rentabilidad especulativa".

En esta línea, más de 50 científicos y profesores de universidad alertan de los graves impactos del proyecto minero. Sin embargo, la Junta ha declarado a este medio que "no hay que alarmar". El director general de Energía y Minas de la Junta, José Luis Cabezas, mantiene que "lo que queremos para la región es progreso y serán los técnicos los que tengan la última palabra".

Cabezas acudió junto a representantes de Quantum a una reunión informativa en el municipio de Castellar. Allí, el representante de la Junta y Miguel Ángel Remón(antiguo alto cargo de Repsol), portavoz de la minera, trataron de convencer a los agricultores de las bonanzas del proyecto. Remón mantiene que "los terrenos serán más productivos porque devolverá [la empresa] la tierra oxigenada y húmeda".

La agricultura y la ganadería se verán muy afectas por la mina. Foto María José Valle.

Para Miguel Ángel Hernández, responsable de protección de especies de Ecologistas en Acción, el procedimiento de extracción de la monacita es muy agresivo: "Como abrir una gravera de muchos metros. Aunque se supone que lo restaurarán, pero no se hace porque es muy costoso".

Por ello, la Plataforma Sí a la Tierra Viva acaba de denunciar que "el capital social de la empresa no es suficiente para afrontar el daño ambiental y económico que puede causar". Carmen Magallón, abogada de este colectivo, ahonda en la insolvencia de Quantum: "El informe inicial de la empresa contempla 0,62 euros en restauración de terrenos por tonelada de tierra".

Estudio de Impacto ambiental

Hernández espera que se tumbe el estudio de impacto ambiental que tiene que presentar la minera ahora para continuar con los proyectos más avanzados, que "están rozando zona de la protección Red Natura 2000".

Para Óscar Pueyo, geólogo de la Universidad de Zaragoza, el procedimiento de extracción de monacita "se inicia con la retirada de las tierras con la excavadora, con una profundidad de unos cinco metros, aunque no sabemos los detalles de la longitud y anchura de los frentes" porque la empresa no los ha facilitado.

La empresa minera ya ha realizado catas en campos de cultivo, miles de hectáreas serán arrasadas. Foto Greenpeace.

"Las tierras raras –continúa– se trasladan a una planta (prevista en Torre de Juan Abad) donde las tolvas separan la tierra. Después, por un sistema de flotación, se decanta el mineral con químicos", dice Pueyo, y añade que los residuos finales "son altamente contaminantes tanto para las aguas como para su arrastre por el viento de la zona", señala.

El procesamiento final, el tercer paso, es el más contaminante y el más peligroso. Por ello, "el Consejo de Seguridad Nuclear ha alertado ya sobre este proyecto", dice Pueyo.

Los agricultores y ganaderos se oponen a la mina. Uno de sus portavoces, Pablo Vidal, declara: "Hemos podido dar carreras a nuestros hijos con estas tierras, nos gusta trabajarlas y no queremos abandonarlas".

Sin embargo, la Ley 22/1973 de Minas, se mantiene intacta desde su redacción en el Franquismo. Esta norma permite hoy que cualquier empresa privada pueda conseguir concesiones mineras de explotación por encima de los propietarios de los terrenos, por razones "de utilidad pública", con la expropiación inmediata.

Existe oposición social también entre los alcaldes y las organizaciones agrarias. La comarca de Campo de Montiel cuenta con cinco denominaciones de origen, que se verían afectadas. Pero desde el punto de vista ambiental, la minera tampoco lo tiene fácil. En el Campo de Montiel existen dos zonas de especial protección de aves y es lugar de campeo del águila imperial (protegida) y zona de lince ibérico.

Grandes cantidades de agua

Por si esto fuera poco, la mina va a necesitar ingentes cantidades de agua en una región sobreexplotada. Entre 300 y 500 millones de litros por cada explotación cada año. La Confederación Hidrógráfica del Guadiana ya ha dicho que no hay agua. La plataforma también ha solicitado un estudio de vientos "porque los elementos radiactivos de esta minería po­drían depositarse en el pantano de la Cabezuela, que abastece a más de 36.000 personas".

Pero ¿quién es Quantum Minería? Los Papeles de Panamá han revelado que Javier Merino (representante de Quantum que ha estado imputado en varios delitos, el último contra Hacienda)  y el millonario iraní Farsad Zandi (íntimo amigo de Felipe González y Juan Luis Cebrián) mantienen negocios conjuntos. Según diversas fuentes, Farsad Zandi estaría detrás del proyecto minero de tierras raras en Ciudad Real. Esas mismas fuentes aseguran que este nudo de amistades podría justificar que la Junta de Castilla-La Mancha no rechace la mina.

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Dos fallos históricos en el periodismo

Claudia Espinoza I.

Rebelión

En la dura batalla de las ideas, algunos medios de comunicación y periodistas hacen uso y abuso de la libre expresión para mentir, desinformar y difamar. En la última década, acelerada por las nuevas tecnologías, esa práctica ha sido una constante, que sólo ahora encuentra un freno legal y moral: dos fallos, uno de la justicia ordinaria y otro del Tribunal Nacional de Ética Periodística, obligaron a tres periodistas a retractarse de sus infundadas aseveraciones.

Autoregulación

Sin duda, fueron dos fallos inéditos en la historia del periodismo boliviano. Si bien ambos siguieron caminos distintos, la luz al fondo del túnel alumbró la autoregulación de quienes se dieron el arbitrario derecho de acusar al Presidente Evo Morales de participar en la muerte de dos personas, cuando ejercía el sindicalismo, y de inventar un supuesto embarazo de una Ministra de Estado.

En diferentes momentos, los autores de tales infamias tuvieron que retractarse de cara a sus audiencias. Un poco a regañadientes admitieron las faltas cometidas en la realización de un tipo de periodismo que hoy en día permite ese grado de superficialidad y falsedad, en el que no existen pruebas, documentos ni fuentes verificables. En suma, carecen de toda credibilidad.

Si la credibilidad constituye el bien mayor, el capital simbólico del o la periodista y de un medio de comunicación, pues a partir de estos fallos el público en general puede respirar aliviado al saber que la impunidad no campea libre en los micrófonos. Habrá de saber el periodista o el medio que para alzar la voz con oscuras intenciones de dañar la dignidad de las personas, así sean o no autoridad, cuentan con tribunos que vigilan la ética en el hacer periodístico.

¿Opinión sin ética?

Queda por reflexionar y/o revisar el límite entre la información y la opinión que se emiten desde un soporte comunicacional. Está claro que la información vacía de verdad fundamentada no es válida en la construcción del sentido social, de la noticia, pero ¿en qué queda la columna de opinión admitida y hecha pública con la venia del medio? ¿Qué filtros se aplican en expresiones solapadas de comentario o análisis?

Días después de la histórica retractación, uno de los periodistas involucrados publicó este tipo de afirmaciones en un diario de amplia circulación nacional: “Los cocaleros movilizados no llegan a ser una guerrilla. Son solo comandos de ajusticiamiento, pero que operan con la táctica de los guerrilleros, de golpear y replegarse”. ¿Es plausible dejar pasar una opinión con esa intencionalidad discursiva?

Si la autoregulación aplica a la información, por qué no a la opinión, si ambas parten de la misma base subjetiva. Algunos analistas plantean que la autoregulación —incluida en la Constitución Política del Estado— tendrá vida en la medida que los actores involucrados la ejerzan. El precedente está echado, los fallos históricos cumplieron su doble objetivo: restituir la verdad y la “fe” en otro tipo de periodismo.

Claudia Espinoza I. es comunicadora

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El destino nos alcanzó: 70% del agua en humedales, ríos y lagos de México está contaminada

El proyecto impulsado por universidades, sindicatos, ejidos y organizaciones civiles (Greenpeace, en especial), implica reunir 120 mil firmas para que el Congreso apruebe una ley que reconozca el acceso al agua como un derecho humano de todos los mexicanos. La idea es que la nueva ley también resuelva de una vez por todas el grave problema de la contaminación de las fuentes de agua en el país, 70 por ciento de las cuales presentan diferentes grados de polución, y determine una nueva autoridad para la gestión de los recursos hídricos, entre otras medidas. Se requieren aún 30 mil firmas para que el Congreso tome en cuenta la iniciativa.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Si es cierto que el agua es vida, México está en problemas. Hasta un 70 por ciento de los cuerpos de agua en el país, entre los que se incluyen ríos, lagos y humedales están contaminados en diferentes grados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Aguas.

La contaminación del agua, ocasionada especialmente por el vertido de químicos y aguas residuales a esos cuerpos de agua, ha reducido de maneraIMPORTANTE la disponibilidad y acceso a ese líquido esencial en el país.

Cada mexicano podía disponer de 11 mil 500 metros cúbicos de agua en 1955. En 2011, hace cinco años, la disponibilidad per cápita en México era ya de apenas 4 mil 263 metros cúbicos. Es decir, en 56 años cada mexicano perdió 7 mil 237 metros cúbicos del vital líquido disponible.

Con esta crisis de telón de fondo, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), proyecto impulsado desde 2012 por comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civilesBUSCA garantizar el derecho humano al agua y terminar con la contaminación de ríos y lagos, obligando al Congreso a legislar en la materia y que genere una ley que asegure esos objetivos.

“Es una ley que busca terminar con la contaminación y poner nuevasAUTORIDADES a cargo de la distribución y los permisos de descarga de agua y que no sea necesariamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua), porque la Conagua ya ha demostrado desde su fundación que no ha hecho bien la tarea, ha hecho más bien el trabajo muy mal. Tan es así que nuestras aguas están contaminadas”, dijo Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace México, en entrevista para SinEmbargo.

Por eso hizo un llamado a la sociedad a sumarse para lograr “el buen manejo del vital líquido en el país a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones en la materia”, ya que dicho movimientoBUSCA reunir al menos 120 mil firmas físicas de ciudadanos mexicanos, con el fin de “obligar” a los representantes a tomarla en cuenta y a discutirla en el Congreso, sin embargo, hasta el momento se han recabado sólo 90 mil.

“EsIMPORTANTE hacer el llamado a que las personas de la sociedad civil, los tomadores de decisiones, las celebridades, todos se involucren en el desarrollo de esta Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas y en el apoyo específico de la colecta de firmas, necesitamos 30 mil. Ayúdenos, nos conviene a todos”, urgió.

Las firmas deben presentarse físicamente, por esa razón los interesados en participar deben llenar un formulario muy simple que pueden encontrar en la siguiente liga. Una vez dentro podrán descargar el formato requerido, el cual debe ser enviado con las firmas a Greenpeace antes del 18 de noviembre. Hay domicilios receptores en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Querétaro.

La ICLGA –de acuerdo con Greenpeace– tiene, además, otros objetivos, entre los que destacan garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua e impedir el autoritarismo en su reparto, ya que establece que este es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivos territorios.

“Nuestra legislación es muy generosa con la industria”, acusó el activista.

La Conagua ya ha demostrado desde su fundación que no ha hecho bien la tarea, ha hecho más bien el trabajo muy mal y tan es así que nuestras aguas están contaminadas: Greenpeace. Foto: Cuartoscuro.

Asimismo, la ONG destacó que la iniciativa no permitiría mercantilizar el recurso, ni privatizar o lucrar con su gestión, ya que se centra en la elaboración comunitaria y gubernamental de planes de ejecución obligatoria, vigilada por una contraloría ciudadana y en terminar con la contaminación de los cuerpos de agua.

Además informó que la ICLGA abarca varios ejes, entre ellos, el acceso a información y transparencia; instancias e instrumentos de planeación y gestión del territorio hídrico/cuencas y flujos subterráneos, reconocimiento y apoyo prioritario a sistemas comunitarios; desprivatización y democratización de sistemas municipales y metropolitanos; gestión de aguas pluviales, residuales urbanas y de acuíferos trasnacionales; así como instancias e instrumentos de contraloría, defensoría y procuración de justicia en torno al agua.

Otros ejes incluyen los principios y criterios para la exigibilidad del derecho humano al agua y su saneamiento; la economía del derecho humano al vital líquido; y el fin de la contaminación, este último, señala Greenpeace, “es fundamental desde el punto de vista ambiental pero también legal y de justicia social ya que parte de los siguientes principios y criterios: Principio Precautorio de Cero Descargas de Aguas Residuales, Principio de Transparencia y Principio de Cero Impunidad”.

Soto explicó que con el Principio Cero Descargas de Aguas ResidualesBUSCAN que exista una promoción de la participación de observatorios ciudadanos y la responsabilidad de las instituciones encargadas de la vigilancia de las normas ambientales y de salud para que se implemente la meta progresiva de cero descargas de aguas residuales.

“Hay incertidumbre por lo daños que pueda causar el uso de aguas con sustancias químicas que puedan estar en las aguas residuales, cuyo efecto pueda dañar irremediablemente los ecosistemas y genere problemas de salud crónico- degenerativos, por eso queremos que allí se aplique este principio, estamos peleando porque las sustancias que se descarguen ya no generen más afectaciones”, puntualizó.

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Mientras, el Principio de Transparencia, declaró, se refiere a que toda la información relativa a la emisión y transferencia de contaminantes en cuerpos de agua deba ser obligatoriamente pública, con el fin de que toda la sociedad pueda conocer el lugar, el nombre, la cantidad y el tipo de sustancia procesada y descargada por pequeñas, medianas y grandes industrias.

El Principio de Cero Impunidad, dijo, tiene que ver con que los daños ocasionados a los cuerpos de agua y los ecosistemas ya no puedan ser solamente compensados mediante el pago de multas y fianzas, sino que existan “verdaderas responsabilidades penales” para quienes realicen dichos actos, ya que “para las industrias resulta mucho más fácil pagar una multa que realmente resarcir por completo el daño que provocaron”, aseguró.

Además, el ambientalista expresó su preocupación debido a que si se publica el borrador de Ley en materia que circula en la Cámara de Diputados o “simplemente se le cambian algunas comas a la Ley Korenfield” las empresas saldrían favorecidas y los ciudadanos serían afectados. En su página oficial, Agua para Todos hizo un comparativo entre la iniciativa y dicho documento, basado en siete principales ejes: derecho humano al agua; ¿de dónde vendría el agua?, toma de decisiones; participación y contrapesos; ¿cómo se corregiría el severo sobreconcesionamiento?; ¿cómo se prevendría la contaminación?, así como la economía del vital líquido.

En el caso del derecho humano al agua, la Ley General señala que la responsabilidad gubernamental se limitaría a 50 litros por habitante al día a cambio de un pago. Mientras, la iniciativa propone cantidad, calidad y asequibilidad, así como derecho a la información y a la participación; a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano. Además contempla el derecho de los pueblos originarios a manejar sus fuentes y a la consulta, así como el derecho a la integridad física y al patrimonio.

¿De dónde vendría el agua? Con la Ley General, de acuerdo con Agua para Todos, el vital líquido se obtendría de grandes obras hidráulicas, trasvases, desalinizadores; acuíferos sobrexplotados y ultraprofundos e incluso de ríos contaminados. En contraste, con la iniciativa ciudadana seBUSCA que exista una gestión integral de cuencas, con el aprovechamiento máximo de aguas pluviales y tratadas.

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En cuanto a la toma de decisiones, con la Ley General, la Conagua determinaría obras, contrataciones, volúmenes a confeccionar, concesionarios a beneficiar, inspecciones y sanciones sin revisión pública ni contrapesos. En cambio, de aprobarse la iniciativa, las autoridades de los tres niveles de Gobierno serían ejecutores de planes consensuados por cuenca y municipio, enBUSCAde metas nacionales.

En el tema de participación y contrapesos, la Ley General sólo tomaría en cuenta la voz de concesionarios en Consejos de Cuenca y no serían vinculantes. Además, las obras de investigación requerirían el permiso de la Conagua y esta podría utilizar la fuerza pública para lograr sus determinaciones. Si la iniciativa ciudadana logra consolidarse, existiría participación desde los comités de Microcuenca, hasta Consejo Nacional de Cuencas y en los Consejos de Administración de Agua y Saneamiento, así como en en la Contraloría Social del Agua. Además, toda gran obra requeriría de un dictamen de costo- beneficio y una consulta previa, libre e informada a nivel local y de cuenca.

¿Cómo se corregiría el severo sobreconcesionamiento? Con la Ley general, señalan, se mantendría el esquema actual, o sea, de concesiones sujetas a compra- venta excesivas otorgadas a “intereses”, así como vedas violadas. Asimismo, se abrirían acuíferos costeros y zonas geotérmicas a explotación y el uso minero no requeriría de concesión. En cambio, la iniciativa ciudadana contempla que los consejos de Cuenca en zonas sobreexplotadas reduzcan volúmenes concesionados anualmente hasta lograr el equilibrio y optar por dar prioridad al uso personal. Además, la renovación de concesiones requeriría cumplimiento con normatividad y condicionantes.

¿Cómo se prevendría la contaminación? Agua para Todos señala que la Ley General daría seguimiento al esquema actual, o sea, que sólo 19 contaminantes estarían sujetos a normatividad, ya que, agrega, sólo se inspecciona al 1 por ciento de los concesionarios al año, con aviso previo de 24 horas y únicamente el 3 por ciento derivan en multas. Aunado a ello, denuncian que no existe control de contaminación por agroquímicos.

Mientras tanto, la iniciativa ciudadana prohibiría el uso de aguas nacionales para minería tóxica, el fracking u otra actividad que ponga en riesgo el derecho humano al agua. No se permitirían las descargas industriales a sistemas municipales yBUSCARÍAN eliminar por completo las descargas industriales en los próximos 15 años. Además, de fijar un punto de descarga de acceso público.

En el tema de la economía de agua, acusan, la Ley General busca establecer tarifas para usuarios finales que cubran el costo de inversiones y de futuros proyectos de expansión para obras y sistemas concesionados, sin mecanismos obligatorios para garantizar costo- beneficio. Por su parte, la ICLGA pretende que las políticas fiscales y presupuestales garanticen la aplicación del máximo de recursos disponibles para el cumplimiento del derecho humano al agua. Que exista un dictamen costo- beneficio y un fondo nacional para sistema autosugestionado.

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http://www.sinembargo.mx/24-10-2016/3107086

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Ejecutivos de mineras acusados de homicidio por desastre ambiental en Brasil

De los 22 acusados de "homicidio calificado", 21 lo fueron con el agravante de "dolo eventual", esto supone que eran conscientes de los daños que podrían ocasionar sus actividades. Samarco, Vale y BHP Billiton son las empresas implicadas.

La Fiscalía de Brasil acusó este jueves de homicidio calificado agravado a 21 ejecutivos por el deslave minero de Mariana (Minas Gerais, sureste) que en 2015 costó la vida a 19 personas y ocasionó la mayor catástrofe ambiental del país. (Vea: El peor desatre ambiental de la historia de Brasil)

En un alegato abrumador, el Ministerio Público Federal (MPF) denunció asimismo por “crímenes ambientales” a las empresas Samarco, propietaria del embalse siniestrado, y a sus dos accionistas, la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton (BHP).

De los 22 acusados de “homicidio calificado”, 21 lo fueron con el agravante de “dolo eventual”, lo cual supone que eran conscientes de los daños que podrían ocasionar sus actividades.

Los encausados, indica el acta, "optaron por una política de priorizar los resultados económicos, en detrimento de las normas de seguridad para el medio ambiente y para las personas potencialmente afectadas, asumiendo todos los riesgos de causas de muerte".

“Con el aumento de la producción, Samarco trató de compensar la caída del valor del mineral de hierro, a fin no solo de mantener, sino también de aumentar el lucro y los dividendos de sus accionistas Vale y BHP”, subraya el informe, presentado en una conferencia de prensa en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, por el fiscal José Leite Sampaio.

Vale y BHP niegan los cargos

Vale indicó en un comunicado que “rechaza con vehemencia la denuncia”. BHP señaló igualmente que “rechaza terminantemente los cargos contra la compañía y contra las personas concernidas”, a las que promete “amplio respaldo” legal.

En la lista figuran el presidente de Samarco en el momento del desastre, Ricardo Vescovi, el director general de operaciones, Kleber Terra, así como tres gerentes de operaciones, once miembros del consejo de administración de Samarco y cinco representantes de Vale y BHP Billiton en la administración de la joint-venture.

El ingeniero que se libró del agravante de “dolo eventual” es sospechoso de haber emitido una “declaración engañosa sobre la estabilidad del embalse” de Fundao (a 35 kilómetros de Mariana) que cedió el 5 de noviembre de 2015, liberando un devastador torrente de lodo mezclado con residuos mineros.

El tsunami de barro atravesó dos estados por el cauce del río Doce y llegó hasta el mar, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes.

El deslave agitó además metales pesados que estaban decantados en el lecho del río y los elevó por encima de los parámetros máximos, por lo que las autoridades suspendieron las actividades pesqueras.

Los acusados podrían responder ante un jurado popular y son pasibles de penas de “hasta 54 años de cárcel”, sin desmedro del pago de multas y reparaciones por los daños ambientales y los perjuicios ocasionados a las víctimas, señala el acta de acusación.

Protesta en Londres

Un grupo de activistas se manifestó este jueves ante el edificio donde la empresa minera anglo-australiana BHP Billiton celebra en Londres su asamblea, denunciando la repuesta insuficiente al desastre de Samarco.

“Pedimos soluciones claras y la participación de los afectados en estas soluciones”, dijo a la AFP el monje franciscano brasileño Rodrigo Peret, que participaba en la protesta.

Sin embargo, el presidente de BHP Billiton, Jacques Nasser, dijo a la asamblea general que la empresa respondió ante la tragedia.

“En 24 horas, la gente que perdió sus casas fue reubicada en alojamientos temporales. En dos semanas, los niños habían vuelto a la escuela. En el último año ha habido más de 500 reuniones con la comunidad para asegurarse de que aquellas personas afectadas son consultadas sobre los trabajos de recuperación” de la zona, dijo Nasser, que se despedía del cargo.

Las acciones de Vale subieron más de 4% este jueves en la Bolsa de Sao Paulo, después de que la compañía reveló en su informe trimestral que produjo 92,1 millones de toneladas de mineral de hierro entre julio y septiembre de 2016, un 1,5% más que en el mismo período de 2015. 

fuente original http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ejecutivos-de-mineras-acusados-de-homicidio-por-desastre-ambiental/36332
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