El racismo y el clasismo han estado presentes en Chiapas y fueron parte de las principales causas de la rebelión indígena de 1994.
El Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) y de Ernesto Zedillo (1994-2000) fomentaron el Manual de contrainsurgencia de Fort Braggs impulsando la presencia de los grupos paramilitares, los cuales financiaron y armaron, los cuales realizaron múltiples acciones contra la población civil. Tal es el caso de la que se llevó a Cabo en Acteal, municipio de Chenalho, en diciembre de 1997, la cual llevo al desplazamiento forzado de más de 50.000 indígenas del norte y altos de Chiapas.
Con los Gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y de Felipe Calderón (2006-2012) se decidió mediante programas sociales asistencialistas comprar la resistencia de las comunidades indígenas, resquebrajando el tejido social comunitario ante la negativa de cumplir los acuerdos de san Andrés y la traición a la Ley Cocopa de Derechos indígenas. Muchos pueblos indígenas optaron por el camino de la autonomía y la creación de sus Juntas de Buen Gobierno.
Los gobiernos panistas carentes de sensibilidad social generaron grupos afines en los que se desarrolló una política de cooptación basada en privilegiar lo privado y el individualismo, en que rompieron los mecanismos de solidaridad, tequio y golpear estructuras comunitarias como los principales o autoridades a nivel local. Esto ha llevado a que en algunas comunidades se persiga a la disidencia, se hostigue a los rezadores tradicionales y el Nuevo Testamento se convierta en ley suprema.
En el colmo de estos ejercicios se ha profundizado la presencia de cárteles del narcotráfico (que han diversificado sus actividades: huachicoleo, migrantes-polleros, tratantes de blancas, control de piso, extorsión, secuestro exprés) que bajo la presión de las armas atacan cualquier disidencia política. La mejor expresión del conflicto se expresa en el municipio de Chamula, en el cual fue asesinado en la plaza pública el presidente constitucional (esto se agravó en el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) y del gobernador Manuel Velasco).
En Chiapas existen múltiples conflictos en municipios indígenas por la actitud racista/clasista de los funcionarios y por la profunda división que ocasionaron en las comunidades en las que con la finalidad de obtener prebendas políticas, sin ninguna planeación, y con la finalidad de sacar votos, desarrollaron un populismo de derechas en el que actualmente la gente se moviliza para sacar algo de dinero, tinacos, domos, mangueras, lanchas, carros o lo que sea y las autoridades ceden ante auténticos procesos de extorsión social en los que amenazan con bloquear carreteras, quemar oficinas y amarrar funcionarios, algo así como el viejo oeste de la ley del más fuerte, en el que pareciera que el Gobierno tolera y fomenta dichos grupos.
Sin embargo han cambiado los actores políticos. Anteriormente la izquierda es la que encabezaba estos procesos y actualmente son grupos ligados al PRI, partido verde y grupos anti 4T.
En Chiapas, de acuerdo con el investigador Jorge López Arévalo, desde 1994 se ha presupuestado en el Estado más dinero que en el Plan Marshall de reconstrucción de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Existen mercados negros de láminas, blocs, material de agricultura, de varias cosas que son revendidas por los beneficiarios y que los mantiene en la pobreza permanente para que no los excluyan del padrón de apoyo gubernamental generando condiciones perversas.
El papel de las fundaciones y las ONG en el Estado es importante, la Kellogg’s maneja más presupuesto que la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chiapas y tiene presencia en comunidades indígenas de los Altos y Selva.
Sin embargo en muchas comunidades basados en la Biblia, y en su constitución de los pueblos elegidos de Dios, tienen un discurso fundamentalista en el que se están generando odios y amenazas. Tal es el caso de fundaciones internacionales dirigidas por fomentadores del odio que abiertamente han llamado en redes sociales a matar “a todos los comunistas, zapatistas y militantes de Morena” y que abiertamente han expresado la necesidad de crear grupos de autodefensas armados que se opongan al gobierno de AMLO. Sus intereses abiertamente fascistas y de ideología nazi que están permeando en comunidades y barrios, deberían ser una fuerte preocupación para cualquier ciudadano que crea en los principios democráticos.
El 29 de diciembre del 2020 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue atacado un grupo de ambientalistas que defienden el área natural protegida de los humedales de Montaña. La agresión se suma a la acción que realizaron 15 días antes, en la que secuestraron al director de Ecología municipal por la elaboración de las zanjas de infiltración en la salida a Comitán sobre el boulevard a plena luz del día, en el que se expresaron tácticamente como un grupo de choque paramilitar bloqueando caminos y desafiando al Estado mexicano.
No hay que ver la agresión a los ambientalistas como un caso aislado , forma parte de un proceso de desestabilización de una organización que se opone a la destrucción de la naturaleza y que ha logrado articular a las colonias de la zona norte, sur, oriente, poniente y centro y sur de la ciudad, ha puesto como punto central la defensa del agua, el bien común y el patrimonio natural, generando una fuerte simpatía de la sociedad civil y que lo hacen el movimiento social con mayor legitimidad actualmente en el Valle de Jovel.
En el centro de los humedales de montaña María Eugenia se encuentra un lugar sagrado de diálogo ecuménico en el que han confluido diversas expresiones religiosas; la vicaría social de la diócesis de San Cristóbal ha estado presente, presbiterianos, mormones, sacerdotes mayas y sociedad civil han estado juntos con la finalidad de generar un encuentro espiritual en defensa de la naturaleza. Esa posibilidad de diálogo intercultural es lo que ofende al pensamiento único que se expresa en la intolerancia y el odio que ataca ambientalistas.
Llamamos al Estado mexicano a defender los humedales, pero sobre todo la biota que ahí se genera y la vida de los ambientalistas.
Pedimos su acción urgente antes de que sea demasiado tarde.
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