Por Prensa Latina
Una encuesta encargada por el Gobierno verificó que la gran mayoría de los pobladores del entorno del proyecto minero Tía María lo rechazan y echó así por tierra versiones empresariales contrarias.
El sondeo, cuyos resultados fueron difundidos por el diario La República, comprobó que el 70 por ciento de los pobladores y agricultores de las cercanías del área del proyecto se oponen por temor a la contaminación, que creen causaría la actividad minera.
La encuesta fue realizada a fines de 2018, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, por las universidades privadas Católica y San Pablo de la ciudad de Arequipa, capital de la región del mismo nombre y de la que forma parte la provincia de Islay, donde se ubica Tía María.
Los resultados desmintieron las afirmaciones de la empresa del proyecto, la transnacional Southern Copper Corporation, y de sectores neoliberales mediáticos, políticos y empresariales, de que una protesta que lleva casi cinco semanas, es obra de solo un grupo violentista minoritario.
El sondeo, realizado en las zonas de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón -que mantienen la huelga- indicó que el 70 por ciento de los lugareños creen que el proyecto minero obstaculiza el desarrollo de Islay y es más bien una amenaza a la provisión de agua y al agro.
Señala que Southern cuestionó los resultados y alegó que los válidos son los de un sondeo previo de la empresa Ipsos, contratado por la transnacional, que arrojó que el proyecto lo aprobaba el 58 por ciento de los encuestados.
La diferencia entre ambas encuestas se debe, apunta La República, a que Ipsos lo realizó en ciudades más alejadas donde había opiniones favorables a Tía María, como el puerto de Mollendo, y no en la zona de influencia directa del proyecto.
Southern usó el sondeo a su favor para apurar el otorgamiento de la licencia de construcción, aprobada en julio pasado, lo que detonó la protesta, ante la cual el consultivo Consejo Nacional de Minería la suspendió la semana pasada y abrió la posibilidad de anularla.
El conflicto y lo que se considera vacilaciones del Gobierno son usados por el sector neoliberal gubernamental, que apoya el proyecto Tía María, para cuestionar la coherencia política del Ejecutivo.
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