Por Magali Zevallos / Iara Urbina
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La caída de los ingresos por el gas impulsa al gobierno de Evo Morales a abrir sus reservas en áreas naturales protegidas, se proyecta explorar 11 de las 22 áreas protegidas, y acelerar el proceso de consulta previa –en 45 días- para las actividades de extracción de hidrocarburos. La economía de Bolivia es dependiente del gas, y las rentas que ella genera dan sostenibilidad a diversos programas sociales que le dan popularidad al presidente Morales.
El agotamiento de las reservas gasíferas y el impacto de la caída del crudo en los precios del gas natural arrastran al Estado boliviano a cruzar las fronteras de sus áreas naturales protegidas. Dos decretos supremos son una amenaza para la biodiversidad y el territorio de los pueblos indígenas. Por un lado, el Decreto Supremo N° 2366 hace viable el desarrollo de actividades de hidrocarburos en 11 de las 22 áreas protegidas; por otro lado, el Decreto Supremo N° 2298 acelera el proceso de consulta previa para las actividades de extracción de hidrocarburos, reduciéndolo a 45 días, y sí los pueblos indígenas originarios no responden al pedido de consulta en el plazo establecido, la norma permite prescindir de la misma y continuar con el trámite de licencia mediante una resolución administrativa.
Frente a los cuestionamientos de diversas asociaciones indígenas y ecologistas, el presidente Evo Morales ha salido a defender sus medidas y amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier organización que se oponga al desarrollo de la actividad extractiva. “Evidentemente tenemos todo el derecho, es nuestro derecho hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas y lo vamos hacer con mucha fuerza”, añadió.
“El principal problema es que el presupuesto boliviano es muy dependiente de la venta del gas, entonces quieren compensar esa baja explotando áreas protegidas, dejando en segundo plano la conservación de la biodiversidad y de los espacios de vida de los pueblos indígenas”, señala el antropólogo Carlos Monge, coordinador Regional de América Latina del Revenue Watch Institute.
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| Indígena durante protesta en La Paz. Crédito: Danielle Pereira/Flickr/Creative Commons |
Diversos especialistas coinciden en señalar que explorar las áreas naturales protegidas para las industrias extractivas significa un grave retroceso en políticas ambientales. “Abrir los espacios naturales más ricos, más biodiversos y mejor conservados del país es un retroceso en términos políticos y de protección ambiental, tanto las actividades de exploración como de explotación de hidrocarburos pueden ocasionar daños irreversibles”, sostiene Ariel Pérez Castellón, abogado boliviano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
“Las líneas sísmicas que se instalan para la exploración de los hidrocarburos, pueden abarcar cientos de kilómetros e implican explosiones que podrían poner en peligro la fauna y flora de la zona, manantiales y fuentes de agua; ello, sin hablar de los impactos severos que pueden ocasionar los pozos de exploración de hidrocarburos, como la construcción de caminos, la contaminación generada por lodos de perforación, otros.”, añade Pérez.
Reservas probadas para suscribir convenio con Brasil
En marzo del presente año, Morales señalaba a los medios de comunicación que Bolivia exportaría a Uruguay y Brasil, y que inicialmente se vendería 1,000 toneladas métricas por día, y que paulatinamente se prevé incrementar ese volumen a 3,000 toneladas métricas por día de exportación de gas licuado de petróleo-GLP. Con la publicación de los decretos en cuestión se abre el telón para la firma de un acuerdo de exportación de GLP a Brasil a precio internacional. “Bolivia necesita de reservas probadas para la firma de dicho convenio”, señala Monge.
Para Ariel Pérez este tema se debe analizar en conjunto con la sociedad boliviana: “Hay una necesidad impostergable en el país de debatir estos temas, esta decisión de explotar o no en áreas protegidas debería merecer un referéndum nacional. De acuerdo a nuestra constitución, los bolivianos somos titulares soberanos de nuestros recursos naturales, entonces cada uno de nosotros tenemos una parte indivisibles de estos derechos, y el deber de resguardar los derechos de las futuras generaciones”.
Cambios en consulta previa
Bolivia ha sido el primer país que ratificó con rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en junio del 2008, dicha declaración es de aplicación preferente; por ende, “en términos legales, un Decreto Supremo no puede ir encima de una ley, ni sobre la constitución que reconoce el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas y el derecho al ambiente sano y equilibrado de todos los bolivianos; en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidad contra tales decretos”, manifiesta Pérez.
El presidente Morales para justificar el Decreto Supremo N° 2298 que reduce plazos a 45 días y/o exime del proceso de consulta previa a falta de respuestas de las poblaciones indígenas, sostuvo que: “No es posible que en las llamadas consultas se pierda tanto tiempo, esa es la gran debilidad que tiene nuestro Estado; ahora evidentemente modificamos algunas normas con el único objetivo de acelerar la inversión y de obtener más recursos naturales, y eso beneficie al pueblo boliviano”.
“Están imponiendo la consulta intercultural indígena en plazos imposibles, no se puede hacer una consulta seria en plazos ridículos, con procedimientos administrativos mediante fax o internet, así no funcionan las cosas en el mundo indígena. Esto es la desesperación típica de un gobierno adicto a la renta de las industrias extractivas”, señala Monge.
Juan Pablo Chumacero, investigador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica e integrante del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio en Bolivia sostiene que “hasta el 2009, la aplicación y el diseño de políticas públicas a favor del sector indígena, en términos de reconocimientos de derechos territoriales, autonomía y jurisdicción indígena, y su reconocimiento como un actor político clave en Bolivia, ha sido muy evidente”. Sin embargo, “una vez que Evo Morales se consolida en el poder y dejan de existir amenazas de la oposición de derecha en el país (hasta el 2009), se diseñan una serie de leyes en las cuales se va recortando los derechos hasta el ámbito de la Constitución, y como no hay quien se le oponga, al final el gobierno boliviano está abandonando a la población indígena”.
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| Mujer indígena de la región andina. Crédito: Geraint Rowland/Flickr/Creative Commons |
Chumacero enfatiza que la política que Morales está aplicando se contradice con sus discursos sobre la tierra y el vivir en armonía con ella, ya que ahora se favorece al sector capitalista. “Los grupos de centro y de derecha que todavía siguen en el país, encuentran en el gobierno de Morales un aliado más para mantener sus estructuras de poder a nivel local, basados en la tenencia de tierra”.
Sostenibilidad de los programas sociales
A pesar de la implementación de políticas públicas a favor del extractivismo, Evo Morales tiene el 75% de aprobación, según la empresa Ipsos Bolivia. La fortaleza de la gestión de Evo es su economía, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia ha sido el país de Sudamérica con mayor crecimiento económico durante el 2014, su PBI se expandió en 5,5%. En los últimos nueve años la pobreza extrema en Bolivia bajó de 38.2% a 18.8%; ya no es más el país más pobre de la región y logró mejorar la distribución de sus riquezas.
Por sus logros económicos ha recibido el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional (2012) y destacó que el país logró mejorar la inclusión social y la distribución del ingreso. Ese mismo año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) declaró que Bolivia se encuentra entre los siete países que registró aumentos significativos en su lucha en contra de la pobreza.
El Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno boliviano fundamenta que entre las medidas gubernamentales que contribuyeron al descenso de la pobreza en el país están los programas, como: Tarifa Dignidad, que consiste en el descuento del 25% en las facturas de familias con un consumo de energía eléctrica que no supera los 70 KWh en el área urbana y 30 KWh en el área rural. Otras medidas tienen que ver con el aumento salarial anual por encima de la tasa de inflación y la entrega de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad, entre otros.
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| Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia |
“Esto se debe a que Morales ha dirigido un proceso de recuperación de soberanía nacional; antes de Evo, el control del negocio de los hidrocarburos estaba totalmente en manos de empresas extranjeras que se lo llevaban todo en baldes y no le dejaban nada a Bolivia. Esos recursos han permitido al gobierno impulsar programas sociales como nunca antes lo hubo. El enorme nivel de popularidad y respaldo vienen de las políticas implementadas, y todo es financiado con la renta del gas, por eso hay que encontrar más gas, donde sea y a costa de los derechos de los pueblos indígenas y de las áreas naturales protegidas, sino los programas sociales caen”, puntualiza Monge.
Pérez alega que es innegable el mérito del actual gobierno, “se ha mejorado cualitativamente la redistribución de la renta generada por los recursos no renovables, lo cual contribuyó a la reducción de la pobreza en el país; no obstante, es una política de patas de barro porque estamos apostando nuestro desarrollo en recursos no renovables que en algún momento se acabarán”.
“El gobierno de Morales sigue siendo progresista, pero lamentablemente está construido sobre un modelo primario exportador, toda la riqueza es sobre la base del gas”, cuestiona Monge.
Sobre la alta aprobación del presidente Morales, Chumacero dice que “el campesinado, después de muchos años, tiene a alguien de su sector en el gobierno, y esas lealtades se mantienen porque más allá de lo productivo, hay temas de orden simbólico, de representación y participación política en la sociedad y en otros espacios que hacen que la alianza se mantenga, a pesar de que en términos de políticas públicas ligadas a desarrollo y producción de tierras, no haya mucho futuro”.
Incentivos a las empresas petroleras
A las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que se oponen a las últimas medidas del Ejecutivo, les preocupa la posible eliminación de la consulta previa, ya que se presume sustituir dicho procedimiento que tomaba en cuenta a las comunidades indígenas, por el pago del 1% de la inversión de las empresas hacia los grupos étnicos originarios de las zonas protegidas.
En la nueva Ley de Hidrocarburos que se está elaborando en el país vecino –donde operan una docena de trasnacionales en la exploración y explotación de hidrocarburos: la española Repsol, la brasileña Petrobras, la argentina Pluspetrol, la franco-belga TotalFinalElf, la británica British Gas y la rusa Gazprom, otros- se están contemplando incentivos a las empresas petroleras, los cuales serían de tipo impositivo.
Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), señala que es una situación terrible, “se exonera por un tiempo el pago de impuestos a las empresas petroleras que hacen exploración; pero sí se supone que la gran ventaja de tener petróleo es cobrar muchos impuestos. Estamos hablando de un retroceso estatal en aplicación de normas y fortalecimiento de la estructura ambiental”.
Agrega que si se hubieran aplicado con rigurosidad las normas de evaluación que ya tienen, los proyectos extractivistas no serían autorizados, por eso los gobiernos se ven obligados a implementar decretos de excepción, como los dos polémicos decretos bolivianos.
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