Alicia Tejada Soruco
Argenpress
La frontera agrícola es objeto de una disputa desigual y permanente entre las múltiples realidades y visiones de actores que concurren a ella.
El mercado de la tierra no está regulado y sin embargo en este mercado han incursionado todos los actores rurales; los campesinos disputando áreas de subsistencia; los madereros su madera; los empresarios agricultores su soya, girasol o caña; los indígenas su formas de vida; los ambientalistas globalizados sus sumideros de carbono; los mineros sus cuadrículas de minerales; el Estado sus emprendimientos macro económicos; las tierras fiscales son tierras de nadie que podrán ocupar “colonos” y capitales extranjeros:
Todos en disputa contra todos, en un modelo económico en el que hay una sola regla: La cultura comercial que pre-supone la existencia de capacidades de negociación “sin distinción de clases” y de la cual inevitablemente emergen ganadores y perdedores a su turno, pero fatalmente vinculados o al capital o las relaciones con el gobierno.
Desalojos, ocupaciones de hecho; conflictos, casas y bosques quemados; deforestación de áreas no aptas para la agricultura; migraciones rurales que ensanchan cinturones de marginalidad urbana; expresan esta disputa en la que la mano invisible de la economía informal de la tierra se encarga de definir resultados. Ninguna comunidad indígena aprendió esta cultura que excede a sus mojones custodiados y a ello se deben también gran parte de los conflictos que hoy enfrentan sin protección estatal ni resguardo de sus derechos. Una cultura Institucional-formal, funcional al mercado informal embarga las voces de la diversidad de contendores en la línea roja de la frontera agrícola.
El Primer Decreto Agrario del Libertador Simón Bolívar tuvo como objeto la redistribución de tierras concentrada en pocas manos; un modelo colonial que aún no superamos; planes y programas de redistribución sin regulación del mercado. Omisión que permite la remozada re-concentración de recursos, capital y relaciones de poder, en el que las exclusiones son evidentes.
Irrefutables datos científicos expresan que ningún proceso productivo depende de la superficie de tierra disponible, pero la tierra en Bolivia, está en el mercado informal. Los precios y el valor estratégico de la tierra y de los recursos naturales renovables son tan bajos que se constituye en el mejor incentivo a la ineficiencia de los “productores” del país.
No se trata de vincular menor acceso al mercado con relaciones más formales. Se trata de la debilidad del Estado para intervenir en este mercado. Al mercado forestal acceden en condiciones de ventaja quienes acceden al capital o a estructuras de influencia estatal para negociar. Así se explica que no exista ninguna comunidad indígena con su propio aserradero o industria forestal, ni ninguna comunidad exportadora de cacao, maní o algodón nativo. Nadie les enseño a “negociar” en esta frontera.
madalbo@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario