jueves, 26 de abril de 2018

La tala ilegal, crimen organizado que acaba con los bosques latinoamericanos



Milton López Tarabochia
Noticias aliadas

El tráfico de madera ilegal alienta otros crímenes como deforestación, explotación laboral, tráfico e invasión de tierras, evasión tributaria, falsificación de documentos y corrupción estatal.


Deforestación en la selva central del Perú causada por clan familiar dedicado a la tala y tráfico de madera ilegal. / Ministerio del Interior del Perú 
La tala ilegal de madera es el delito contra los recursos naturales que más ganancias genera en el mundo y el tercer crimen mundial más grande, de acuerdo con el informe titulado “Crimen trasnacional y el mundo en desarrollo”, publicado en marzo del 2017 por Global Financial Integrity, organización estadounidense que investiga los flujos financieros ilícitos.
El valor de ganancias que genera este crimen trasnacional a nivel mundial es calculado entre US$52 mil millones a US$157 mil millones al año, según la citada investigación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo es ilegal.
Insight Crimen, centro de investigación sobre crimen organizado considera que la Amazonia es el ojo de la tormenta de la tala ilegal de madera. La tala, junto a la minería ilegal y el narcotráfico, son los crímenes más investigados en Latinoamérica.
Los bosques latinoamericanos son los segundos en ser afectados por la tala ilegal después de los bosques asiáticos, según el PNUMA. Sólo en el 2014, el valor total de la exportación de madera ilegal en bruto y aserrada desde Sudamérica alcanzó los US$387 millones en promedio, de acuerdo con la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO).
Rolando Navarro, investigador del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), quien ha analizado de cerca el tráfico de madera ilegal a nivel sudamericano reveló a Noticias Aliadas que “más del 75% de la madera que se comercia en América del Sur, tanto a nivel interno como para exportación, no es legal”.
La dimensión de los volúmenes de madera que se comercializan de manera ilegal en América Latina es increíble. A fines del 2012 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confiscó más de 50,000 m³ de madera ilegal, estimados en alrededor de US$8 millones, como resultado del Proyecto LEAF (Asistencia de las Fuerzas del Orden en Materia Forestal) realizado en 12 países latinoamericanos.
El tráfico ilegal de madera es un crimen organizado complejo y tiene muchos delitos que se suceden unos a otros como los anillos de crecimiento de un árbol.
Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú, comentó a Noticias Aliadas que el tráfico de madera está vinculado con crímenes como la deforestación, la explotación laboral, el tráfico e invasión de tierras, la evasión tributaria, la falsificación de documentos, la corrupción estatal y hasta el asesinato de líderes protectores del bosque.
“Dichos crímenes también persisten en el resto de países latinoamericanos y del Caribe, aunque con mayor incidencia en la Amazonía por la gran cobertura forestal que existe”, precisó Abanto. “Una situación común es que el tráfico ilegal de madera comience con la tala por parte de campesinos o indígenas que han sido contratados por un empresario maderero. Muchas veces ellos no saben que lo que hacen es ilegal y los empresarios se aprovechan de ello”.
Ganancias multimillonariasEl secreto de la rentabilidad de la tala y el tráfico ilegal de madera es el costo-beneficio. Veamos la dimensión monetaria de este negocio criminal en todo el ciclo de producción de la madera hasta su exportación: un talador gana en promedio US$70 por m³ de caoba peruana; sin embargo, el exportador de la misma madera gana US$1,804 por pie cúbico (0.028 m³), por otro lado, los importadores ganan hasta US$3,170 por m³, según Insight Crime.
“En medio de toda la circulación de la madera ilegal se está evadiendo impuestos”, afirmó Abanto.
Navarro, por su parte, precisó que a partir de las especies maderables más comercializadas en el Perú se puede deducir las especies más solicitadas por el comercio ilegal a nivel sudamericano. La falta de información sobre el circuito del tráfico ilegal de madera es uno de los obstáculos para enfrentar al crimen en cuestión.
Entre las especies más comercializadas se incluyen a las siguientes: cumala (Virola sp.), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), capinuri chimicua (Clarisia biflora), lupuna (Chorisia integrifolia), capirona(Calycophyllum spruceanum), shihuahuaco (Coumarouna odorata), cachimbo(Cariniana domesticata), copaiba (Copaifera reticulata); cumala (Virola sebifera) y catahua(Hura crepitans).
Las modalidades e impactos del tráfico de madera ilegal también están presentes en América Central y el Caribe.
La investigación “A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America” (“Análisis espacio-temporal de la pérdida forestal relacionada al tráfico de cocaína en América Central”), publicada en el mayo del 2017 por el portal científico IOPscience, hace referencia a la pérdida de bosques centroamericanos impulsada por el tráfico de cocaína. Debido a esta actividad ilícita Guatemala, Honduras y Nicaragua han perdido anualmente entre 15% y 30% de sus bosques en la última década, indica la investigación. Entre otros países cuyos bosques son afectados por el tráfico de cocaína están Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá y República Dominicana.
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su sigla en inglés), organización estadounidense que se dedica a estudiar el tráfico de madera ilegal, compartió información con Noticias Aliadas de algunos alcances para entender la dimensión del tráfico ilegal en América Latina.
México es uno de los países latinoamericanos que adquiere grandes cantidades de madera “con riesgo de ilegalidad forestal en su cadena de valor”, según información compartida por Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA. Casi la totalidad de la madera que México importa proviene de Brasil y Perú.
De acuerdo con información publicada por IUFRO, basada en datos del Banco Mundial del año 2006, los porcentajes estimados de tala ilegal de madera en los países latinoamericanos son: Bolivia (80%), Amazonía de Brasil (20%-47%), Colombia (42%), Ecuador (70%).
Si bien en el caso del Perú la cifra fue de 80% en el 2006. Navarro señaló que este porcentaje ya se incrementó. “Me atrevería a decir que más del 90% de la madera que se comercia en Perú es de condición ilegal”, resaltó el investigador de CIEL.
Fórmula para el lavado de madera ilegalEl más reciente estudio de EIA titulado “El Momento de la Verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”, publicado en enero del 2018, brinda algunas luces sobre el escenario del lavado de madera ilegal.
En dicha investigación se analizaron solo las exportaciones de madera del Perú que salieron en el 2015 por el Callao, el principal puerto del país, y se determinó que el 17% de los puntos de extracción de madera son de origen ilegal; 16% de origen legal y el 67% de origen impreciso, pero se tiene indicios de que también es ilegal, según Julia Urrunaga, directora de EIA en el Perú.
La investigación también determinó que los países hacia donde el Perú exporta su madera, incluso la de procedencia ilegal, son China, República Dominicana, EEUU, México, Francia, Cuba, Corea del Sur, Bélgica, Puerto Rico, Australia, Taiwán, España, Chile, Ecuador, Uruguay, Canadá, Israel y Japón.
La fórmula para lavar madera en el Perú, y que también se reproduce en otros países latinoamericanos, es presentando información falsa, es decir, frente a la autoridad forestal se muestran listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de madera que no existe en la concesión, se explica en la investigación “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques de Perú” de EIA, publicada en el 2012, respecto a cómo se encubre el origen de la madera ilegal en Perú.
“Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país –áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales”, se precisa en el estudio.
Entre las medidas que deben promover los estados latinoamericanos, señaló Abanto, “es la promoción de la titulación colectiva de tierras indígenas para detener el tráfico de tierras, que muchas veces está vinculada a la tala ilegal de madera”.
En el caso peruano, uno de los más graves de América Latina, “el Estado debe honrar el acuerdo forestal precisado en el Tratado de Libre Comercio con EEUU para que toda la madera que se exporte a EEUU sea legal”, afirmó Abanto.
Incluso, el gobierno estadounidense envió el 26 de febrero una carta a Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio y Turismo del Perú, para que verifique el cargamento de tres compañías que exportaron madera a EEUU a lo largo del 2017.
No es la primera vez que sucede, comentó Abanto. Las cartas oficiales de EEUU se deben a antecedentes de compañías peruanas vinculadas a la exportación de madera ilegal. El caso más famoso se reveló en el 2015 con la Operación Amazonas cuando se intervino al buque Yacu Kallpa. Se determinó por pesquisas posteriores a la operación policial que más del 91% de su carga era de origen ilegal.
De acuerdo con Navarro, entre los países que menores restricciones ponen para el ingreso de madera ilegal son China, México y República Dominicana, justo las naciones que encabezan la lista de los países importadores de madera peruana.
“Se necesita una coordinación regional de países para enfrentar con efectividad al tráfico ilegal de madera. No se puede si no hay acción frente a las mafias y una debilidad gubernamental”, exhortó Abanto.



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lunes, 23 de abril de 2018

La trinchera del petróleo y el buque del capitalismo fósil

Por Francisco Aguayo
Como un gigantesco buque-tanque que enfrenta un mar plagado de icebergs, el sistema energético global parece haber comenzado a cambiar el rumbo. Pero la inercia en contra es enorme y en el cuarto de máquinas se resisten a reducir la velocidad. ¿Conseguirá el sistema transformarse, girar a tiempo y evitar la catástrofe? Mientras la burocracia […]
Como un gigantesco buque-tanque que enfrenta un mar plagado de icebergs, el sistema energético global parece haber comenzado a cambiar el rumbo. Pero la inercia en contra es enorme y en el cuarto de máquinas se resisten a reducir la velocidad. ¿Conseguirá el sistema transformarse, girar a tiempo y evitar la catástrofe?
Mientras la burocracia internacional del clima se prepara para iniciar a finales de abril las sesiones preparatorias de la Conferencia de Cambio Climático de Bonn en el marco del Acuerdo de Paris firmado en 2016, el consumo de combustibles fósiles en el mundo continúa su imparable tendencia ascendente. Para evitar un daño irreversible al clima del planeta la economía global debe transitar a una matriz energética distinta, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A pesar del notable avance de las energías renovables y la eficiencia energética en algunos países, esa transformación enfrenta enormes resistencias. Lo más importante es que la industria petrolera mantiene su posición hegemónica en el sector energético desde la inexpugnable trinchera tecnológica, política y financiera que ha cavado en el cuarto de máquinas del sistema capitalista desde hace más un siglo.
Aunque existe gran incertidumbre sobre el volumen real de emisiones de GEI y de la capacidad de absorción de los mismos en bosques y océanos, hay certeza sobre ciertos umbrales de acción. Algunas estimaciones indican que la cantidad de GEI que puede emitirse sin producir cambios irreversibles en el sistema climático ronda los 1.000 giga toneladas de carbono. Las reservas conocidas de combustibles fósiles exceden varias veces ese “presupuesto de carbono” que podría inyectarse todavía a la atmósfera. Esto significa que entre 40 y 60% de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben quedarse en el subsuelo. Los “mecanismos de mercado” consagrados desde el Protocolo de Kioto (1998) y conservados con diferentes modalidades en cada uno de los sucesivos acuerdos climáticos incluido el de Paris, así como el sistema voluntario de cuotas han sido totalmente ineficaces para acercarnos a este objetivo y avanzar hacia una transición energética profunda que reduzca efectivamente el riesgo climático.
Las transiciones energéticas son procesos de largo plazo (de 80 a 100 años) en los que cambia no sólo la combinación de fuentes de energía, sino los tipos de combustible y todo el abanico de tecnologías de conversión, transporte y aplicación final de la energía. Las transiciones energéticas expresan también cambios en la base socio-técnica y económica de las sociedades, desde la base de conocimiento científico y los estándares técnicos hasta las prácticas de uso y los sistemas de regulación. El sistema capitalista impulsó una larga transición de casi 200 años hacia el actual sistema basado en energías fósiles, primero dominado por el carbón y luego por el petróleo. Esta transición combinada es el sustrato que sostiene lo que conocemos como Revolución Industrial, que aumentó de forma exponencial el consumo energético y la explotación de recursos y materiales de todo tipo. La aplicación progresiva, creciente y diversificada de combustibles fósiles a los sistemas de producción, transporte y comunicaciones permitió al sistema capitalista erguirse como mecanismo industrial sobre el entramado comercial y político del sistema-mundo, ampliando la capacidad productiva y acelerando los procesos de circulación de forma funcional a la acumulación de capital. La energía fósil cumple así una función básica para un sistema que sólo puede vivir en continua expansión. Actualmente, el sistema energético mundial parece estar transitando a una nueva estructura al aumentar la importancia relativa del gas natural (mediante su uso en la generación de electricidad en crecimiento desde los años 1990) y las nuevas energías renovables. Pero lo más grave es que el consumo de petróleo, no sólo no se ha reducido en forma significativa en lo que va del siglo sino que sigue creciendo, y lo seguirá haciendo si el marco regulatorio no se transforma radicalmente.
La narrativa hegemónica de la diplomacia del clima no se cansa de celebrar el avance de las tecnologías “limpias”. Es cierto que la inversión en generación de electricidad con tecnologías solar y eólica está en franca expansión, con tasas de crecimiento anual de 12 y 14% en la última década y que existen importantes avances en la innovación y difusión de vehículos eléctricos, sistemas de calefacción y enfriamiento, ahorro de energía, etc. Pero es necesario hacer un balance realista. El desarrollo de estas tecnologías no ha sido un producto de los “mecanismos de mercado” contra el cambio climático, sino de estrategias de desarrollo tecnológico e industrial específicamente dirigidas a ganar posiciones en industrias estratégicas emergentes y a aumentar la seguridad energética. Estas estrategias han permitido reducir los costos de estas tecnologías a niveles competitivos con las fuentes de energía fósil (principalmente, el gas y el carbón en la generación eléctrica). Más aún, a pesar del crecimiento reciente la contribución de estas nuevas energías renovables en el consumo global alcanza apenas el 3,2% de la energía primaria total consumida en 2016. En todo caso, la transición energética se encontraría en una primera e incipiente fase de expansión. En el otro lado de la ecuación, la industria de energías fósiles y del petróleo en particular se resiste a abandonar su posición de mando.
El petróleo es un recurso clave para el sistema militar y político hegemónico, actualmente en proceso de desintegración. Siendo el producto de mayor volumen en el mercado mundial de mercancías, es también un puntal del sistema monetario global basado en el dólar estadounidense. Alrededor del petróleo se concentra además un conjunto de fuerzas que igual contienen y perturban la operación del sistema financiero global y que involucran enormes volúmenes de capital financiero, incluyendo fondos de pensión, presupuestos gubernamentales y fondos de infraestructura. No es casual que las principales potencias petroleras, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, hayan aumentado la extracción de petróleo en lo que va del siglo XXI más aceleradamente que el resto de los países productores. Estados Unidos, de forma sobresaliente, prácticamente duplicó su producción de 300 millones de toneladas (mmtt) en 2007 a 565 millones en 2015. Entre el año 2000 y 2016, Rusia aumentó su producción de 326 a 554 mmtt y Arabia Saudita de 456 a 585 mmtt. En total, el consumo de petróleo a lo largo del siglo XXI ha continuado creciendo a un ritmo de entre 1 y 2% anual, muy cercano al ritmo de crecimiento del consumo de energía primaria total.
Esta expansión se refuerza por el hecho de que las fuentes de energía renovable en realidad no desafían al petróleo en su principal trinchera tecnológica: el transporte y los materiales. Entre 2005 y 2016, la utilización de vehículos de motor creció 4% anual (pasando de 892 a 1.282 millones de vehículos), el transporte aéreo lo hizo a tasas anuales de 3,3% (pasando de 24 a 34,5 millones de viajes al año), mientras que el consumo de plásticos derivados de los petroquímicos también creció al 3% anual en lo que va del siglo, pasando de 200 a 335 millones de toneladas métricas. Esta gigantesca masa de motores y productos se alimenta de una extendida red de abastecimiento de combustible contra la que ninguna opción técnica puede competir en el actualidad.
Desmontar la trinchera en la que se protege la industria de energía fósil requiere un proceso de cambio simultáneo en muchos puntos del actual sistema energético. Es incierto que el buque-tanque del sistema capitalista global, en su fase actual de desorganización y crisis, sea capaz de reconfigurar su base técnica al ritmo necesario, reducir la velocidad y girar a tiempo para evitar una catástrofe climática durante las siguientes dos o tres décadas. Es todavía más incierto que esa base técnica pueda ser desmontada bajo los principios dominantes de la acumulación de capital y reconstruida a partir de otros principios, basados en la protección al medio ambiente, el control social de la tecnología y la planeación democrática. Una verdadera transición energética exige nada más, pero nada menos.
Francisco Aguayo es economista mexicano
Fuente: www.sinpermiso.info, 22-4-18


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domingo, 22 de abril de 2018

Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo: Hasta siempre a Gonzalo, el pionero del ambientali...

Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo: Hasta siempre a Gonzalo, el pionero del ambientali...:





Por  José Ledesman Diaz / El Salmón A Gonzalo Palomino le debemos la gestación del PRIMER GRUPO ECOLÓGICO de Colombia, colectivo qu...



A Gonzalo Palomino le debemos la gestación del PRIMER GRUPO ECOLÓGICO de Colombia, colectivo que en los años setenta articulaba a amplios sectores universitarios y diversas expresiones ambientales, sociales y políticas.


Comunicamos con dolor que en la madrugada del miércoles 18 de abril en la ciudad de Ibagué, Tolima, falleció por causas naturales Gonzalo Palomino Ortiz, profesor pensionado de la U del Tolima, agrónomo consciente, ecólogo consecuente, militante de la vida, amante de la naturaleza, defensor del agua, combatiente antiminero y uno de los pioneros en las justas luchas ecológicas de Colombia y América Latina.
A Gonzalo Palomino le debemos la formación ambiental de varias generaciones de jóvenes de la Universidad del Tolima. A comienzos de la década del setenta, su gesta ecológica tuvo epicentro en los escenarios académicos de la UT, pero también sembró semillas de resistencia ciudadana en contra de la revolución verde y la minería del oro en la zona de Ataco en el departamento del Tolima y, en general, en contra del nocivo “desarrollo” que señalaba el proceso por el cual un país debía transitar por los senderos universales de la modernización capitalista.
A Gonzalo Palomino le debemos la gestación del PRIMER GRUPO ECOLÓGICO de Colombia, colectivo que en los años setenta articulaba a amplios sectores universitarios y diversas expresiones ambientales, sociales y políticas. El objetivo del grupo ecológico era luchar por un planeta alejado del desastre consumista y sensibilizar a la ciudadanía para que un día y noche cualquiera asumiera la necesidad de parir un nuevo estilo de vida, un estilo de vida de militante. De ahí surge otro gran espacio de articulación social y ambiental, la publicación S.O.S. ECOLÓGICO, una hoja amarilla de circulación mensual que también buscaba sintonizar al lector con los ritmos de la madre tierra.
El profesor Palomino además  lideró  las reflexiones ambientales que dieron origen a los cascarones organizativos del movimiento ambiental del Tolima. A mediados del año 2008, jóvenes universitarios y activistas culturales, cada semana se encontraban en cercanías del Parque Ducuara para luego ir al viejo salón del bloque 15 y tomar notas de las enseñanzas del ecologista militante. En estos encuentros temáticos, surge la idea de crear un espacio llamado “LA REVERSA”, en honor a las célebres sentencias de Palomino, quien afirmaba que la única opción para frenar el cambio climático era LA GRAN RETIRADA, es decir, “cambiar el estilo de vida del crecimiento económico acelerado”.
Justamente La Reversa se configuró como el primer escenario de articulación social para liderar la resistencia a cielo abierto en contra de la explotación minera en el municipio de Cajamarca Tolima; tiempo después, La Reversa se transforma en espacios organizativos como el COMITÉ AMBIENTAL en Defensa de la Vida y la Red de Comités Ambientales del Tolima y campañas ciudadanas como las movilizaciones denominadas MARCHAS CARNAVALES, cuerpos, corazones y mentes que en últimas terminaron configurando un poderoso movimiento ambiental que fue determinante para detener a la multinacional Anglo Gold Ashanti y frenar los proyectos mineros en el departamento del Tolima.
Es por ello que hoy despedimos al gran campeón, al ecologista militante, como amante de la vida y defensor de la naturaleza, pero sobre todas las cosas, como GONZALO SEMILLAS no sólo por su tendencia a liderar la siembra de árboles cada 5 de junio, sino también porque sembró las semillas de resistencia en las generaciones de ayer, de hoy y de siempre, semillas que jamás podrán ser arrancadas por la soberbia del capitalismo, semillas que dieron sus mejores frutos en las movilizaciones ciudadanas y consultas populares que hicieron del Tolima el departamento antiminero de Colombia.
Hasta siempre, campeón, a vos te debemos los primeros escarceos ecologistas en el Tolima y Colombia. A vos te debemos el amor a la vida y la enemistad con la muerte.






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Nneka - Africans


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Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo: Colombia. San Lorenzo, Nariño, libre de transgénic...

Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo: Colombia. San Lorenzo, Nariño, libre de transgénic...: Por  Kaos Chile Después de la declaración en San Lorenzo, los campesinos y campesinas buscarán la vía para que esto se convierta en ...


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jueves, 19 de abril de 2018

México: Mayas peninsulares amparan la vida de su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan

Por EDUCE A.C.
Somos mayas, somos defensores del agua, de las semillas nativas, de nuestro territorio, de nuestra participación como mujeres en la toma de decisiones comunitarias, de nuestra autonomía, de la naturaleza, del aire, del sol.


Declaración de Jo´

Reunidos en la ciudad de Mérida,en el antiguo pueblo maya llamado Ich Kan Sihó, los representantes de los pueblos y organizaciones que luchamos por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, que luchamos por nuestra autonomía, que luchamos para seguir viviendo a pesar de las políticas públicas privatizadoras y empresariales, que luchamos sobre todo por la justicia que se nos ha negado históricamente; nosotros y nosotras, hombres y mujeres Mayas de Mérida, Homún,Ticul, Buctzotz, Chablekal, Ebtún, San José Tipcéh, Muna y Bacalar decimos que nonos rendimos ni nos vendemos, hemos venido para compartir nuestra lucha y denunciar los falsos proyectos de desarrollo que en nombre de la prosperidad están invadiendo nuestras comunidades despojándonos de nuestra vida, de nuestros territorios, de nuestras semillas, de nuestra agua, de nuestro viento,de nuestro sol, de nuestros montes.
Los aquí reunidos, hombres y mujeres mayas comprometidos conla justicia y la dignidad, comprometidos con la reivindicación de nuestrosderechos como pueblo,
DENUNCIAMOS
  •  Que la construcción de una Mega-granja de 49 mil cerdos en la población de Homún, lugar que se encuentra dentro de la reserva de agua de la península por la gran cantidad de cenotes que se ubican en su área,este megaproyecto que está desarrollando la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) en una extensión de 120 Hectáreas, impactará negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turismo local que  desarrollamos los habitantes en los cenotes. Este proyecto de Cerdos ha sido autorizado por la SEDUMA(Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente)  siendo su titular el Dr. Eduardo Batllori Sampedro, aprobando  la manifestación de Impacto Ambiental elaborado por una Odontóloga.
  • Que el Acuerdo de Sustentabilidad de laPenínsula de Yucatán (ASPY) se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya y sólo con la inclusión de la opinión y deseos de las empresas y autoridades de universidades y escuelas privadas y públicas de la península,también participaron en la construcción del ASPY, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a él.
  • Que el principal objetivo del ASPY es fomentar la economía verde que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en beneficio de las empresas y en perjuicio de las comunidades.Que sin nuestro consentimiento, quieren convertir en corredores turísticos, reservas y espacios para megaproyectos de energías alternativas, los territorios que históricamente han pertenecido al pueblo maya y que han sido conservados por él. Que una de las estrategias que las autoridades utilizan para no respetar nuestros derechos es la de negar nuestra pertenencia al pueblo maya.
  • Denunciamos que las inmobiliaria y losempresarios, en contubernio con las autoridades agrarias, entre ellas lospropios ejidatarios, en Chablekal han excluido al pueblo de la toma dedecisiones sobre el destino y uso de nuestro territorio.
  • Que en el territorio de Chablekal la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra,el Territorio y los Recursos Naturales estamos preservando en el ejercicio pleno de nuestro derecho a seguir siendo pueblo y que nuestros hijos e hijas, continúen conservando nuestra cultura y nuestro territorio .
  • Que las autoridades han dicho que Chablekal no es un pueblo maya, negando nuestra pertenencia a este pueblo que vivimos diariamente a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones culturales.
  • Denunciamos que nuestro territorio está siendo amenazado desde que el gobierno federal otorgó el permiso a la transnacional Monsanto para sembrar y comercializar sus semillas de soya transgénica.
  • Denunciamos que a pesar de  que el permiso está detenido por elSENASICA,  no deja de causarnos perjuicio ya que las autoridades intentan, con engaños, realizar una consulta que en este momento, por el estado del permiso, no tiene sentido y que no está tomando en consideración, al Consejo Indígena Maya de Bacalar, autoridad tradicional a quien compete el tema.
POR LO TANTO,
NOSOTROS NO VENIMOS A PEDIR, NI A SOLICITAR FAVORES.SINO A EXIGIR:
  •  El respeto pleno a nuestra identidad como miembros del pueblo maya al que han pertenecido nuestros abuelos, pertenecemos nosotros y pertenecen nuestros hijos, ya que esta ha sido una estrategia con la que, sistemáticamente, las autoridades nos niegan los derechos que como  pueblo originario tenemos reconocidos en leyes y acuerdos internacionales emitidos y firmados por las mismas autoridades.
  • El respeto de nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestros territorios, es decir, el respeto a nuestra autonomía y a nuestra libre determinación como pueblos originarios, derecho que es intrínseco a nuestra calidad de miembros del pueblo maya.
  • El reconocimiento pleno de la trascendencia que el pueblo maya tiene en la Península en todas esferas de la vida, cultural, económica, espiritual y política, ya que somos uno de los pueblos más numerosos y que ocupa uno de los territorios continuo más grande del país y el continente.
  • Que las diferentes instancias gubernamentales municipales, estatales, federales,  realicen sus funciones como servidores públicos, sirviendo a los pueblos y no  buscando  perjudicarlos en complicidad con quienes quieren despojarnos de nuestros territorios para enriquecerse con ellos.
  • Un alto a las políticas públicas que, suplantando nuestra palabra, en claro perjuicio de nuestras comunidades y nuestros modos de vida y en beneficio de las grandes empresas, deciden atropellar nuestros derechos, al mismo tiempo que en un marco de ilegalidad, violan leyes,decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido.
  • El cese a la simulación del cuidado al medio ambiente y la naturaleza a través de proyectos que dicen ser ecológicos porque son promovidos por las instancias que deben  respetar los recursos naturales, pero que en realidad sólo están vendiendo nuestros territorios y haciendo negocios con él,sin respetar a los dueños originales de él, y además, mintiendo con la supuesta política ambiental y el disfraz de la economía verde.
  • El fin del falso enaltecimiento de la cultura maya ancestral a través de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales mal llamados mayas y la folklorización de nuestro pueblo atendiendo únicamente al mercado turístico, a la vez que a los mayas de hoy, a los mayas vivos, se nos niega nuestro reconocimiento como tales, se niega sistemáticamente nuestra pertenencia al pueblo en el que nacimos, nos obligan a identificarnos como mayas cuando lo somos por el hecho de vivir en el territorio peninsular y vivir en nuestras comunidades y conservar y respetar nuestra cultura y nuestra lengua ¡Respeto a los mayas vivos de la misma manera en que se respeta a los mayas ancestrales!
Somos mayas, somos defensores del agua, de las semillas nativas, de nuestro territorio, de nuestra participación como mujeres en la toma de decisiones comunitarias, de nuestra autonomía,  de la naturaleza, del aire, del sol. Nos encontramos, conversamos, tomamos acuerdo y decidimos seguir luchando juntos por la vida de nuestro territorio y en contra de las políticas públicas que la mercantilizan.
 Jo’, Yucatán.
16 de abril de 2018
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http://educe.org.mx/?p=648




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Argentina. Aprobaron la prohibición del uso de glifosato en Gualeguaychú


Por María Pérez
Con la presencia de vecinos y asociaciones ambientalistas, el Concejo Deliberante de la localidad entrerriana vetó el uso de este herbicida, a pesar del voto negativo de los representantes de Cambiemos.
Con nueve votos a favor y tres en contra se aprobó esta ordenanza presentada en diciembre pasado por el intendente Martín Piaggio. Desde Cambiemos criticaron la iniciativa al asegurar que la prohibición le quita una herramienta de trabajo a los productores.
Cabe recordar que el glifosato cuenta con uno de los principios activos que “se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”, según la Organización Mundial de la Salud.
La ordenanza prohíbe en todo el ejido de la localidad de San José de Gualeguaychú el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general “Glifosato” y aquellas formulaciones que lo contengan.
También establece que los órganos encargados de la aplicación y control de esta norma serán las direcciones de Ambiente, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud; de Inspección General; y de Tránsito, dependientes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.
A su vez, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para que conforme “una Comisión ad hoc, que tenga por objeto el estudio y seguimiento de la temática de esta Ordenanza, donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas integrantes del Honorable Concejo Deliberante, como así también las áreas competentes del Poder Ejecutivo; pudiendo ser invitadas participar por el Departamento Ejecutivo las instituciones y organizaciones intermedias que desarrollen actividades vinculadas a la defensa del ambiente y de la salud”.
La ordenanza además especifica que “la prohibición no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores de ninguna índole y, más allá de las penas que correspondan por el Código de Faltas Municipal, establece sanciones específicas para quien o quienes incumplan con lo establecido.
Finalmente, en el texto se invita al otros Concejos Deliberantes de ciudades y comunas de Entre Ríos a llevar adelante medidas semejantes.
Tras la aprobación por mayoría de esta iniciativa se abre ahora un plazo de 60 días para alcanzar su reglamentación y promulgación.
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http://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/23759-aprobaron-la-prohibición-del-uso-de-glifosato-en-gualeguaychú




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miércoles, 18 de abril de 2018

¿Por qué debe importarnos tanto Tariquía?

Neocolonización extractivista y resistencia comunitaria en el sur de Bolivia

Pavel López y Gaya Makaran


Tariquía[1], en la geografía boliviana parecía un lugar recóndito, alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, ni céntrico ni estratégico en los mapas geopolíticos del continente, y de repente emerge, gracias a la lucha de las comunidades que lo habitan, como un nuevo referente de resistencia al extractivismo y al autoritarismo estatal que pretende imponerse en nombre de un interés general, “nacional” abstracto por sobre la opinión, voluntad y autodeterminación social de quienes allá reproducen sus vidas. Los planes estatales de explotación petrolera en esta reserva natural, presentados como “necesarios”, son muy claramente concebidos en el brutal, maquiavélico y ya evidente tablero neocolonial del despojo territorial promovido por un gobierno que hace rato ya se muestra en contubernio y genuflexo ante las fauces de la actual fase de acumulación capitalista con su cara neoextractivista en la región. Pero ¿por qué debería importarnos Tariquía, más allá de una simple solidaridad o identificación con la lucha de los/las comunarios de este territorio otrora área protegida? ¿Qué pertinencia tiene aquel puntito en las cartografías sociopolíticas de Bolivia y de América Latina?Es que Tariquía no es la única, forma parte de una extensa red de resistencias y defensas comunitarias que tienen lugar en Bolivia y en toda Latinoamérica, resistencias ante un enemigo común que, independientemente de las banderas partidarias y los colores ideológicos, acosa a los territorios, pueblos, comunidades y formas de vida, las que, precisamente se resisten a la voracidad de la acumulación capitalista y sus proyectos de muerte.
Podríamos decir, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, que el colonizador retorna, montado en un buldócer, sembrando carreteras, represas y torres petroleras o desquiciadas tuberías para el fracking. Su bandera es la del “progreso”, “desarrollo” y “combate a la pobreza”, su cruz es la del capital transnacional que en alianza con el Estado arremete contra las últimas fronteras que le puso la naturaleza a la acumulación capitalista.
Esta nueva conquista, en la última década y media ha sido impulsada por los gobiernos “progresistas” o autodenominados “de izquierda”, los que en nombre del bienestar social y la soberanía nacional han emprendido proyectos de “desarrollo” y “modernización” capitalista, aunque lo que se ha evidenciado haya resultado, en la realidad de sus alcances y bestialidad de sus efectos, en “proyectos de muerte” para los territorios y para sus poblaciones y ecosistemas, en una inocultable reprimarización de modelos económicos con base extractivista, en contra principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas que desde los años 80 han resistido el embate neoliberal y han ido recuperando y resguardando sus territorios y sus modos de vida en un esfuerzo por su r-existencia (Porto Gonçalves) y autodeterminación social.
Este retorno del colonizador se inscribe en una larga historia de conquista y colonización de las tierras y poblaciones de América Latina, Abya Yala, que según las épocas, cambiaba de discurso legitimador, pero siempre respondía al proyecto de acumulación originaria del capital unido a la homogeneización cultural que tenía como objetivo asegurar la hegemonía plena de la empresa colonizadora. Se trata de someter la tierra y al ser humano que la habita para que sea “útil” y “productivo”; combatir lo otro y al otro como incompatible con el propósito de un monopolio epistémico planetario del capitalismo en tanto orden civilizatorio; quemar la selva “salvaje” con el fuego de la civilización, puesto que la Tierra no es madre, sino una virgen que hay que poseer, penetrar y domar violentamente; son pautas del ethos del colonizador que ha pervivido hasta nuestros días.
La colonización puede ser física y simbólica, violenta y sutil, se lleva contra los territorios y los cuerpos, contra los modos diversos de pensar el mundo y de reproducir la vida, su objetivo es su destrucción o subordinación a las lógicas “modernas” que viabilizan la acumulación del capital. La expropiación del ser humano de su capacidad multidimensional de decidir sobre su vida en colectivo, es una característica de la esclavitud moderna, donde la libertad se vuelve ilusoria: los caminos del colonizador llevan siembre al mismo lugar, no permiten el caminar libre en la selva de senderos comunitarios, clausuran espacios, trazan los límites de líneas rectas que cortan los territorios, liquidan pensamientos, compran conciencias, imponen costumbres. Nos convencen que no hay alternativas, que hay que adaptarse o morir. El espacio-tiempo del capital pretende imponerse sobre espacios-tiempos de los pueblos y comunidades y, por supuesto, a los espacios-tiempos de la naturaleza y sus ciclos bio-reproductivos con una lógica utilitarista y racionalista que de racional tiene muy poco.
La nueva empresa colonizadora se presenta hoy, sin embargo, más ambiciosa que las de antaño, puesto que esta vez pretende expandirse más allá de sus lugares tradicionales, que en el contexto latinoamericano corresponden en gran medida con enclaves extractivistas, e imponerse de manera irreversible y definitiva, imposibilitando la disputa por el espacio-tiempo, al subsumir todo el territorio y todas las formas de vida a la lógica del capital y a su espacio-tiempo único. Esta ambición totalizadora del capitalismo actual que trasciende la dimensión meramente económica y permea todos los aspectos de la vida humana, desde la organización política, reproducción cultural, relación con la naturaleza, etc., encuentra todavía resistencias que se “empeñan” a defender sus modos particulares de vida más allá, aunque difícilmente fuera, del binomio Estado-capital, apostando por la comunidad como base de una posible autonomía social. Estas luchas, aunque muchas veces invisibilizadas, criminalizadas y perseguidas por el aparato estatal, siguen siendo una importante señal de la vitalidad de los sujetos comunitarios y marcan al mismo tiempo los límites de la empresa extractivista.
El gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia revela en este y otros tantos casos su apuesta ultra-extractivista que se caracteriza por la continuidad con varias de las apuestas del modelo neoliberal y el reforzamiento de la dependencia del capital transnacional, pero esta vez con un despliegue estatal incuestionable dirigido contra la autonomía social de aquel subsuelo político rebelde que hizo posible su arribo al poder. De hecho, el “Estado Plurinacional” en manos del masismo constituye un muro de contención y un aparato de desarticulación de las resistencias de “los de abajo”, impensable siquiera en la época neoliberal y como tal es una herramienta perfecta de dominación capitalista en servicio de las oligarquías nacionales (viejas y nuevas) y mundiales. En este sentido, la actual tendencia gubernamental/estatal también apunta re-subalternizar a los sujetos políticos autónomos, al dividir y destruir las grandes organizaciones indígenas y populares, expresión de un proyecto político propio, que tanto tiempo y con tanto esfuerzo se han ido articulando en el país. De ese modo, el gobierno del MAS como fuerza política y como fuerza monopólica estatal, a pesar de sus ambiciones de presentarse como representante del proyecto indígena-popular y de una supuesta refundación plurinacional se ubica, más bien, como una fuerza, primero de contención y cooptación, y luego de desmovilización, fragmentación y represión, cuya única ambición parece ser la “modernización” capitalista del país en base a la expansión extractivista proyectada sobre el despojo y la destrucción socioterritorial, a la vez que va acentuando cada vez más sus rasgos estadocéntricos, nacionalistas, caudillistas, patriarcales y autoritarios.
De esta manera, en nombre de un proceso “revolucionario”, hace ya tiempo desmentido y desenmascarado por la contundencia de la realidad, mediante el cual se pretendía supuestamente desactivar las formas coloniales, republicanas y capitalistas del Estado y su modo de relación con la sociedad, desde hace algún tiempo en Bolivia, como vimos, se estaría asistiendo más bien a su antítesis, al afianzar en alianza con las viejas élites el modelo del Estado-nación monopolizador, capitalista, extractivista y neocolonial, que promueve una neocolonización de espacios que históricamente fueron visto como “territorios baldíos” o de conquista, y que en las últimas décadas han venido desarrollado procesos de resistencia frente a las políticas avasalladoras del Estado-capital. Por lo que l a estrategia gubernamental estaría acaso proyectada y desplegada para pacificar a los sujetos rebeldes ya sea a través de cooptación, la fragmentación o la represión, sobre todo de sujetos sociocomunitarios y de base territorial.
En ese sentido, con el conflicto entorno a la defensa comunitaria de Tariquía queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación social como derecho colectivo de decidir y definir la vida en común, a partir, por un lado, de la defensa de sus formas de producción y reproducción social y económica y, por otro lado de las formas comunitarias de relación con su entorno, es decir de eco-territorialidades frente a una asonada extractiva. Nos muestra que un horizonte contra-hegemónico en Bolivia hoy se presentaría básicamente en torno a las manifestaciones de estas resistencias comunitarias, indígenas como en el caso TIPNIS, campesinas como en Tariquía, o articuladas entre ambos actores como vemos en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Rositas en el Chaco boliviano.
Un aspecto central de estas luchas, es que están protagonizadas de manera significativa por las mujeres que destacan por su firmeza y coraje, al posicionarse como referentes de la resistencia, más allá de sus organizaciones tradicionales, ocupando espacios hasta hace poco monopolizados por dirigentes únicamente varones, como sindicatos regionales. ¿Cómo se explica este fenómeno? Ellas mismas lo explican, evocando su papel que desempeñan como mujeres en sus comunidades: son las encargadas de reproducir la vida, de cuidar y alimentar, de asegurar el agua fresca, la leña y los alimentos que les da la naturaleza, incluidos proyectos como la apicultura en Tariquía. Ellas saben que la destrucción del bosque supondrá un peligro directo para el sustento de sus hogares, el futuro de sus hijos y sobre todo su autonomía productiva. Son justo las mujeres que primeras sufren la violencia , tanto directa como estructural del ethos colonizador, derivada del capitalismo, en sí patriarcal, que históricamente ha apuntado tanto a la subordinación de la mujer a través del despojo de los medios de reproducción de vida, de sus conocimientos y del control sobre su cuerpo[2]. Así, las mujeres de Tariquía, del TIPNIS, de Rositas y de otros tantos frentes de lucha y resistencia responden con una “digna rabia”, decididas a defender su dignidad, junto con los territorios donde sustentan y reproducen la vida, a decir de Arturo Escobar los “territorios de vida”, frente a los proyectos de muerte que asedian cada vez con más brutalidad.
¿Cuál sería el desenlace de esta tensión entre el proyecto recolonizador del MAS y las resistencias comunitarias? El escenario puede parecer negro: las históricas organizaciones indígenas quedaron fragmentadas y debilitadas, los horizontes emancipatorios estrechados o incluso borrados, los márgenes de la autonomía social se vuelven cada vez menores y la penetración simbólica y física de la modernidad capitalista, por más barroca que sea, en los espacios “otros” es considerable. Sin embargo, el gobierno del MAS, aunque quiera aparentarlo, tampoco es un buldócer arrollador invencible, y actualmente parece más bien el coloso con pies de barro, sumido en una crisis aguda, multidimensional e insostenible, desde la pérdida de legitimidad y credibilidad por las inconsistencias entre la práctica y el discurso, el descontento social por el malfuncionamiento de los servicios básicos como la educación y la salud, el hastío generalizado por los groseros niveles de la corrupción, hasta la protesta contra sus ambiciones de perpetuación en el poder del Estado y sus métodos autoritarios e impositivos que sustituyeron hace tiempo ya la negociación y el diálogo, todo esto con las simultáneas dificultades con mantener el control centralizado y discrecional de excedentes, así como la consecuente red clientelar de apoyos, ante la baja de los ingresos de los commodities.
No obstante, de la tierra quemada por el proyecto neocolonizador están brotando nuevas o, más bien, renovadas formas de resistencia comunitaria que con el tiempo podrían crecer y entretejerse para hacerle frente a este panorama gris o un horizonte poco esperanzador que se avecina. Son espinas y piedras en el camino del capital y aunque muchos vean su lucha como condenada al fracaso, allá siguen como las lianas que envuelven y penetran el motor de la locomotora capitalista, frenando cuanto pueden el galopar planetario hacia el precipicio. Nos invitan a retomar el caminar milenario por los senderos inciertos, pero hermosos, donde la reproducción de la vida más allá del Estado-capital no es una utopía, sino una práctica cotidiana y necesaria para defender la vida. ¡Por eso nos debe importar Tariquía, por eso debemos defenderla!
Notas:
[1] La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra en la región suroeste de Bolivia, en el departamento de Tarija que forma parte de un corredor ecológico Tariquía-Baritú. Su ecosistema corresponde a la subregión biogeográfica de bosque húmedo montañoso. Consituye una reserva natural de una notable diversidad de recursos biogenéticos y de fuentes de agua para la región. Historicamente ha enfrentado grandes amenazas provenientes principalmente del avance de la frontera agrícola, explotación maderera, la ganadería extensiva, y ahora la explotación petrolera. Está habitada comunidades campesinas dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia, apicultura (mujeres) y aprovechamiento sustentable del bosque. Fue declarada Reserva Natural mediante Ley 1328 en 1992 a petición explícita de sus habitantes. El gobierno de Evo Morales mediante del Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 legaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas del país, incluida la Reserva de Tariquía, lo que reactivó la movilización de las comunidades en defensa de este territorio. En marzo de 2018 el MAS aprobo leyes para la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte, Astillero que son parte de la Reserva, a cargo de la petrolera Petrobras junto con la estatal YPFB (la inversión del proyecto sería de 700 millones de dólares y abarcaría una superficie de 21.093 ha). A esto se suma lo que el año pasado se conoció por parte de un estudio de CEDIB sobre el proyecto hidroeléctrico Cambarí, que sería construido en el núcleo de la Reserva. En abril de 2018 en el encuentro en Tarija entre el gobierno de Bolivia y los representantes de las petroleras, la empresa estatal YPFB declaró abrirse al fracking.

[2] Véase Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.

Pavel López es Investigador social y activista boliviano. Gaya Makaran es investigadora del CIALC UNAM.


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martes, 17 de abril de 2018

Post- extractivismos: transiciones en alternativas al Desarrollo


Entrevista a Eduardo Gudynas.


La plataforma, la agenda, los ensayos del post-extractivismo no pretenden presentar una receta acabada, sino que es un llamado de alerta para indicar que hay alternativas. Tenemos que comenzar a pensarlas y tienen que ser democráticas, consensuadas con amplios sectores ciudadanos. Hay muchos ejemplos locales que muestran que es posible otros tipos de relación con la naturaleza, otros tipos de vinculaciones entre la gente que aseguren la calidad de vida. ¿Por qué no ampliar esos ensayos locales a escalas mayores a nivel de los países?

Entrevista a Eduardo Gudynas.
Palabras al Margen: Usted se ha dedicado durante un largo tiempo a la promoción de estrategias post-extractivistas en varios países sudamericanos. ¿Por qué hablar hoy de post-extractivismo?
Eduardo Gudynas: Bueno, tenemos que hablar de post-extractivismo por varias razones. Primero, porque aproximadamente desde hace 500 años nuestras economías dependen de la exportación de materias primas y debemos preguntarnos ¿vamos a seguir con lo mismo? Segundo, los extractivismos de tercera y cuarta generación generan una serie de impactos ambientales y territoriales de una escala enorme a nivel continental. Hay, pues, una necesidad ecológica, pues la situación ambiental del continente ya no es la del siglo pasado y se están poniendo en riesgo ecosistemas mayores, cuencas mayores y la posibilidad de poder hacer otros usos productivos de la tierra y del agua que pueden quedar vedados o impedidos por contaminación. Tercero, es urgente porque no podemos seguir teniendo el desempeño económico atado a los vaivenes de subida y de bajada de los precios internacionales de las materias primas. Cuarto, es indispensable porque este tipo de desarrollo no nos ha sacado de los grandes problemas que enfrentamos: pobreza, violencia, concentración urbana, problemas en el acceso de alimento sano, crisis de vida en las grandes ciudades. Seguir apostando con lo mismo sería entonces seguir repitiendo errores y riesgos del pasado.
Ahora, la plataforma, la agenda, los ensayos del post-extractivismo no pretenden presentar una receta acabada, sino que es un llamado de alerta para indicar que hay alternativas. Tenemos que comenzar a pensarlas y tienen que ser democráticas, consensuadas con amplios sectores ciudadanos. Hay muchos ejemplos locales que muestran que es posible otros tipos de relación con la naturaleza, otros tipos de vinculaciones entre la gente que aseguren la calidad de vida. ¿Por qué no ampliar esos ensayos locales a escalas mayores a nivel de los países?
PaM.: Una de las cuestiones importantes es la relacionada con el papel de los Estados latinoamericanos y las élites locales en la continuación de economías extractivas. ¿Cómo podemos entender esta relación y qué alternativas políticas plantear al respecto?
Eduardo Gudynas: Los extractivismos -en plural- tienen una particularidad y es que se han repetido bajo muy diferentes regímenes políticos y bajo distintas ideologías políticas. Entonces, si bien hay muchas diferencias entre los gobiernos conservadores —como Perú o Colombia— y los gobiernos progresistas —como Mujica en Uruguay o Correa en Ecuador—, llama la atención que todos estos países han seguido estrategias extractivistas. Así las cosas, es necesario preguntarse ¿por qué desde diferentes regímenes políticos apuestan al mismo tipo de estrategia de desarrollo basado en recursos naturales?, ¿por qué en todos los casos intentan minimizar los impactos sociales y ambientales? y ¿por qué terminan en conflicto con las comunidades locales? Esa evidencia muestra, por lo tanto, que hay una condición pre política/partidaria, que es más profunda que las ideologías políticas convencionales, y que hace, sostiene o reproduce un modo de aprovechar y de entender la naturaleza. Las alternativas sustantivas implican de alguna manera romper con el mito de “salí de los extractivismos por cambiar de régimen político”, ya que eso no es necesariamente así. Es necesario cambiar una cultura, una sensibilidad con respecto a la naturaleza para poder abandonar los extractivismos.
PaM: Uno de los principales retos para materializar alternativas al extractivismo en las economías latinoamericanas es el peso de la economía global y la forma en que la división internacional de la producción sigue “confinando” a las economías del continente a la extracción y producción de materias primas (a través de distintas formas de presión económica y geopolítica de larga duración). ¿Qué decir sobre este reto “global” para el “post-extractivismo”?
EG: Sí, hay que pensarse en lo global y en lo local porque los extractivismos dependen de recursos naturales que están atados al subsuelo o a la tierra. Los extractivismos son mineros, petroleros, agrícolas, forestales, etc., y puesto que no puedo cambiar de lugar el yacimiento de petróleo o la veta de carbón, siempre están atados localmente. Ahora, a la vez son exportaciones a la globalización: no son para atender las necesidades internas de consumo de cada país, dependen de las subidas y bajadas de los precios internacionales, de la demanda global y de las condiciones del comercio internacional. Ninguno de esos factores los controla nuestros gobiernos; al contrario, están manejados por las dinámicas globales. Los extractivismos son dependientes de la globalización y por eso las alternativas pasan por distintos ejercicios o ensayos de desvinculaciones selectivas de la globalización.
PaM: ¿Como por ejemplo en sectores como la minería de oro?
EG: Lo importante de la teoría de los extractivismos es su diferenciación entre minería y extractivismo. Podemos tener una minería para atender necesidades genuinas, relacionadas con el bienestar, la calidad de vida, la salud. En América del Sur tenemos necesidades claras de ciertos minerales. Pero no tenemos por qué seguir sosteniendo demandas globales para patrones de consumo suntuarios. El ejemplo más claro de esto es el oro. El oro que se exporta es en un 90% para usos no industriales: la mitad es para joyería y la mitad es para lingotes o monedas para el sector financiero especulativo. Ninguno de esos usos es genuino ni necesario, así que ¿cuál es el sentido de tener minería de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, destinada a algo que no es una necesidad propia nuestra y que ni siquiera es fundamental para la calidad de vida? Hay que desvincularse de la globalización y de ese tipo de demandas internacionales. Eso no quiere decir aislarse de la globalización, es una desvinculación selectiva de la globalización.
PaM: Extractivismo y violencia han sido en Latinoamérica dos cuestiones estrechamente ligadas. ¿Cuál es su balance de esta relación en el presente?
EG: Los extractivismos actuales, que se denominan de tercera o cuarta generación, en su mayoría implican impactos sociales, ambientales y territoriales tan importantes que, para poder ser sacados adelante, exigen de una u otra manera ciertas formas de recortar y debilitar los derechos ciudadanos. Por ejemplo, no brindar una adecuada información a la ciudadanía, evitar las exigencias constitucionales de participación o consulta previa informada y así sucesivamente. Como todo esto además genera resistencias, las comunidades locales terminan envueltas en situaciones de violencia. Estos extractivismos de tercera o cuarta generación, como la mega minería a cielo abierto, están imbuidos en dinámicas de violencia. A veces son violencias de baja intensidad, pero que de forma alarmante se han naturalizado y aceptado, como por ejemplo el criminalizar o judicializar la protesta ciudadana. Otras veces son violencias estridentes que incluyen el asesinar a personas que están protestando en las vías o el asesinato de líderes ciudadanos.
PaM: Justamente, la participación de los habitantes y comunidades de los territorios latinoamericanos ha sido crucial para pensar, económica y políticamente, formas alternativas al extractivismo. Desde el Estado e instituciones ambientales se cuestiona frecuentemente el papel de la participación de las comunidades por “bloquear el desarrollo” o por “desconocimiento técnico y científico”. ¿Qué opina usted de esta tensión?
EG: Voy a dividir la pregunta en dos. Primero, la acusación de que [los movimientos sociales] bloquean el desarrollo es un mito. Toda la evidencia comparada demuestra que lo que se llama convencionalmente ‘desarrollo basado en extractivismo’ —esto es, en economías de bases exportadoras de materias primas— no ha sido suficiente ni adecuado para romper con el atraso y lo que comúnmente se llama ‘subdesarrollo’. Es más, evita la diversificación de las propias economías y genera dependencias económicas y productivas. Entonces esa acusación, dirigida contra aquellos que alertan sobre los efectos negativos, en el siglo XXI no es más que un eslogan publicitario político que demuestra que cada vez hay menos argumentos para defender los extractivismos. En realidad, la evidencia científica y la vivencia de las comunidades locales es abrumadora sobre sus impactos en lo social, en lo ambiental y en lo territorial.
Pasamos entonces al segundo tema: lo científico. La evidencia científica muestra de forma contundente que los extractivismos de tercera y cuarta generación tienen impactos ambientales muy severos en todas sus fases. Desde la fase de exploración —por ejemplo, con la apertura de caminos en la selva amazónica que distorsionan la dinámica de los ecosistemas tropicales— hasta las consecuencias que dejan tras de sí los predios extractivistas, los enclaves extractivistas abandonados en los pasivos ambientales, como acaba de suceder ahora en Colombia con el derrame en Santander. Es más, el derrame en Santander demuestra que una sombra que persigue a los extractivismos son los accidentes. Es una problemática inherente al sector petrolero: son emprendimientos muy riesgosos y cuando ocurren los accidentes los costos económicos, sociales y ambientales son enormes, e incluso a veces llegan a poner en jaque a la propia rentabilidad que publicitan las empresas. La evidencia científica, cuando es mirada con rigurosidad, toda ella demuestra que los extractivismos tienen enormes efectos que no pueden ser obviados ni desatendidos. La pretensión de que hay una solución técnica ingenieril suficiente para reducir a cero el riesgo y evitar todos los accidentes no tiene asidero ni en la práctica ni en la propia teoría.
PaM: En ese sentido, ¿qué opina de las medidas de mitigación y compensación que se prevén para estos proyectos extractivos?
EG: Existen relaciones directas entre las posibilidades de recuperación de la Naturaleza y la intensidad bajo la cual se remueven los recursos naturales. Los extractivismos que se llaman de tercera y cuarta generación al extraer enormes volúmenes de recursos naturales, reducen cada vez más las posibilidades de realizar una restauración o mitigación ambiental. Un ejemplo extremo es la megamineria a cielo abierto, donde se remueven millones de toneladas de roca en el año y se crea uno o más tajos abiertos que agrupados pueden sumar miles de hectáreas. Se llega a lo que es una amputación ecológica: masivas extracciones de todo un ecosistema, con todo su suelo, subsuelo, basamento rocoso, etc. Como es una amputación se vuelve imposible revertir esa situación; lo que queda tras el abandono del sitio minero es otro tipo de ambiente, una cicatriz ecológica. Un caso ilustrativo es la megaminería carbón en Colombia.
La racionalidad convencional de los extractivismos, es que se conceden las amputaciones ecológicas a cambio de los ingresos económicos, tales como el dinero de las exportaciones o las regalías. Pero lo que hay es una pérdida neta del patrimonio natural de Colombia. Y es sorprendente que se permita apuntar parte del cuerpo de la nación a precios tan bajos, porque el valor económico de la tonelada de mineral no incorpora los costos económicos de, por ejemplo, los daños ecológicos, la pérdida de agua, las afectaciones a la salud, etc. Todos esos costos económicos son transferidos a la sociedad, y sobre todo a las comunidades locales. En paralelo, muchas propuestas de mitigación ambiental en realidad no tienen mucha capacidad de mitigar nada, ya que es una amputación. Esto hace que solo manejen los efectos ecológicos secundarios que ocurren al arrancar los recursos naturales.

 
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lunes, 16 de abril de 2018

Ecologista y abogado estadounidense se prende fuego a sí mismo para denunciar desastre ambiental del planeta

Por Sputnik

David Buckel, un conocido activista ambiental y abogado defensor de los derechos LGBT+, acabó con su vida rociándose de gasolina y prendiéndose fuego en un parque de Brooklyn (EEUU) para llamar la atención sobre las consecuencias del consumo de combustibles fósiles para el medio ambiente y para las personas.
La policía encontró el cuerpo de Buckel, de 60 años, en Prospect Park. En una nota escrita poco antes de su muerte, Buckel explica que con su muerte ha pretendido poner sobre la mesa un tema que afecta a todas las personas del planeta. “La mayoría de los seres humanos del planeta respiran ahora aire insalubre debido a los combustibles fósiles y muchos mueren antes de tiempo por su culpa”, dice la nota, a la que tuvo acceso The New York Times.
Con su muerte, al rociarse con un combustible fósil como la gasolina, espera reflejar “lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos”. El defensor de los derechos LGBT+ dejó la nota en un carrito de supermercado cerca de donde se prendió fuego.
Buckel prosigue recordando en su nota que la contaminación devasta nuestro planeta haciéndolo inhabitable, emponzoñando el aire, la tierra, el agua y el clima.
El abogado se había ganado el aprecio de la sociedad estadounidense protagonizando activamente casos de matrimonios entre personas del mismo sexo en diversos tribunales de varios estados del país. “Era un abogado inteligente y metódico que conocía su trabajo. David era sobre todo un hombre que luchaba por la justicia, pero también representaba lo que realmente significa ser ‘humano’”, explicó una de sus compañeras de trabajo.
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