Un matutino nacional interrogaba hace pocos días, refiriéndose a la carretera que quebraría el núcleo boscoso del TIPNIS, ¿por qué insiste el Gobierno en reanimar un proyecto tan costoso, en términos de imagen y prestigio, y tan doloroso e inaceptable para los pueblos del bosque?
La respuesta no es, como trata de inculcar la pertinaz propaganda, el "progreso” de los departamentos que se vincularían al unir San Ignacio de Moxos y Villa Tunari por medio de una carretera de unos 400 kilómetros de extensión, que suponen una distancia de 560 km entre San Ignacio y la ciudad de Cochabamba, porque el proyecto no cuenta con estudios de factibilidad económica y social, ni sobre sus impactos ambientales. San Ignacio se vincula con La Paz por una carretera de 500 km construida hace décadas, pero que no termina de ser asfaltada.
Tampoco se justifica por "presión” de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana o los cuales intereses de Brasil, porque el trazado de norte a sur de esta carretera no es parte de los corredores bioceánicos que ya existen en el país y que tienen dirección este-oeste.
El proyecto para anular la Ley 180, arrasando con toda consideración legal, se encubre con una falsa consulta póstuma (no previa), carente de buena fe y fundada en la coerción, la prebenda y el clientelismo.
La explicación según la cual esta carretera, que terminaría por liquidar un área boscosa fundamental y favorecería la contaminación de un nudo hidrológico fundamental del país, tendría como motivación central ampliar los cultivos de coca, no toma en cuenta que los más grandes y ricos cocaleros, no son favorables a ampliar las más de 23.000 hectáreas de hoy a ¡un millón doscientos mil hectáreas! que es el área del Parque Nacional y Territorio Indígena al que nos referimos.
Lejos de las falsas justificaciones de integración, desarrollo o de las interpretaciones inclinadas a lo conspirativo, es fácil distinguir poderosos impulsos económicos y políticos que empujan a la dirigencia del MAS, a pesar de que percibe los acumulados riesgos políticos y electorales en un período en que carece de los superingresos del pasado, y en el que ya conoció la derrota electoral en febrero del año pasado.
La presión de los grandes cocaleros es fundamental, pero no para expandir sus actuales cultivos, porque con los que tienen consiguen vender su coca a un precio cinco a ocho veces mayor a la coca peruana, sino para diversificar sus ingresos e inversiones: se trata de lucrar con la madera y especies animales del bosque y, por encima de todo, expandir la frontera agrícola y el mercado especulativo de la tierra para cultivos de exportación, así como para alquilarla y venderla a soyeros y ganaderos ya instalados.
Claro que para esos designios importa poco o nada que, dadas las características de la zona, la ampliación de la frontera agrícola que promete la agenda 2025 (el programa del MAS para reelegir al actual presidente) signifique la esterilización de esa tierra en pocos años.
El impulso político se halla en entregar el TIPNIS a la "soberanía” colonizadora (como quiere hacerse con el bosque Chimán) para equilibrar el incumplimiento de algunas principales promesas al sector, como la industrialización de la coca o la capacidad de garantizar la circulación permanente y segura de la principal carretera del país que atraviesa esa zona cocalera. Ni el aeropuerto de Chimoré, ni la planta de urea satisfacen sus expectativas y, lo mismo que con las inversiones de 500 millones programadas para reconciliarse con los cooperativistas, quiere reanimar el proyecto de carretera para remachar la lealtad de sus principales bases políticas y electorales de esta manera consolidar la nueva ofensiva reeleccionista.
El TIPNIS contiene, como todos nuestros parques nacionales y reservas naturales, las principales riquezas estratégicas de nuestro país, las fuentes de vida que son el oxígeno, generado por el bosque, agua apta para el consumo y biodiversidad, en un mundo que las pierde aceleradamente.
Por ello, cada centímetro cuadrado del TIPNIS es más valioso para todos los bolivianos, los latinoamericanos y el planeta, que la ampliación del mercado especulativo y depredador y, ciertamente, el deseo de un régimen que al tratar de eternizarse, transita de conservador a reaccionario.
Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.
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