Los proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB, son también una actividad económica con una redistribución deficiente de la riqueza y con impactos negativos sobre la salud y el medioambiente.
Desde 2016 la Corte Constitucional permitió que las comunidades locales se pronunciaran por vía de participación directa, sobre la implementación de proyectos mineros. Hasta ahora se han realizado siete consultas en las que el “No” a los proyectos mineros ha ganado con una mayoría abrumadora. En todos los casos más del 90 por ciento, y en ocasiones cerca al 100 por ciento de los votantes han dicho no a la implementación de este tipo de proyectos, una respuesta contundente que poco se ve en las decisiones sometidas a votación en el país.
Tanto la sentencia como las consultas que se han realizado hasta ahora, y las que están programadas, han generado preocupación y debate en varios sentidos. Se discute sobre el alcance de la autonomía regional respecto de las competencias del gobierno nacional en cuanto al uso del subsuelo y los recursos naturales; se debate la pertinencia de someter este tipo de decisiones con impacto macroeconómico a procesos de participación directa; algunos cuestionan la forma en que se han llevado a cabo las consultas, la formulación de las preguntas y la manera en que se han insertado o no en los procesos formales establecidos para la formulación e implementación de estos proyectos; muchos temen la incertidumbre jurídica que pueden generar y sus consecuentes efectos sobre la inversión extranjera en Colombia.
También se ha invocado el posconflicto en muchos de los argumentos en contra de las consultas, afirmando que es un proceso que requerirá de recursos millonarios que de no provenir del sector minero energético en buena medida no estarán disponibles. Pero en Colombia nos pasa que caemos con facilidad en este tipo falsos dilemas que sobre simplifican y dividen en posiciones dicotómicas a los actores que están involucrados, y que tienen la posibilidad y la competencia para tomar acción. Las consultas son un mecanismo de participación fundamental y necesario en este tema que por fin empezamos a entender como intersectorial y determinante para el desarrollo en todas sus dimensiones.
os proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB que financiaría el posconflicto. Son también una actividad económica con una redistribución deficientísima de la riqueza, con impactos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, y que vale la pena repensar a la luz de la transición hacia las energías renovables que está ocurriendo a nivel mundial y que mal haría Colombia en ignorar.
Es decir, no se trata solo de si las grandes corporaciones tras los proyectos de inversión en el sector pierden o no con la decisión de la Corte y la de los habitantes de los municipios en las consultas, también es fundamental que las preguntas y la controversia que se ha generado se asuman desde una visión intersectorial de mediano y largo plazo, coherente con la necesidad de una institucionalidad fuerte en las regiones, y una planeación adecuada que entienda que esta actividad económica tiene efectos significativos en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el bienestar de las poblaciones.
Queda claro que hay voluntad por parte de los ciudadanos de participar en este tipo de decisiones, y que además hay una posición contundente respecto de los proyectos mineros. Como siempre el mayor reto está en la implementación, y la pregunta es si como sociedad sabremos tomar esta coyuntura, desarrollos jurídicos y participación ciudadana como una oportunidad de aproximarnos a la implementación con una mirada integral y coherente con el desarrollo sostenible, y de avanzar en la diversificación económica a la que están llamando los colombianos y la mayoría del mundo.
* María Laura Rojas es co-fundadora y co-directora de Transforma, organización creada para hacer realidad el desarrollo sostenible desde la investigación, la consultoría, la incidencia y el litigio estratégico. Abogada de la Universidad de los Andes. Durante los últimos cuatro años trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora para temas de cambio climático y más recientemente como Coordinadora de Asuntos Ambientales. Ha trabajado también en la oficina regional para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos.
**Sobre Antropoceno:
El planeta tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. De todas las eras geológicas que se han sucedido desde entonces, el holoceno, que inició hace 11.700 de años, garantizó las condiciones perfectas para que prosperara la especie humana. Esas condiciones, sin embargo, están cambiando drásticamente desde hace 60 años. En un parpadear estamos entrando en una nueva era geológica: el “Antropoceno”, la era en que la civilización humana tiene impactos de escala planetaria, modelando toda la geología de la tierra. En este espacio compartimos opiniones e ideas relacionadas con la vida en esta nueva era de impactos planetarios.
Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/no-a-la-mineria-por-maria-laura-rojas/38272
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