“Siembra buena semilla y ponte a cosechar que en este mundo loco todo puede pasar”, es el estribillo de Cuándo será, una bella canción del grupo argentino colombiano Che Sudaka. Y cuánta verdad porque, como estamos viendo en los últimos años, por toda América Latina se están replicando peligrosos decretos para “aniquilar el campo”, siguiendo con los versos de estos amigos que disfruto en Barcelona.
El turno le ha llegado a Ecuador donde se está discutiendo una nueva Ley de Semillas con intereses claros de priorizar y apoyar la expansión del uniforme ejército de semillas certificadas y transgénicas que comercializan empresas como Monsanto o Syngenta. En el caso de Ecuador la locura se agrava doblemente cuando pensamos, por un lado, en los riesgos que esta expansión puede suponer para la biodiversidad de su territorio, donde se sabe que la población está utilizando más de 5 mil 100 especies vegetales y, por otro, porque, como recuerda la Red de Semillas de Ecuador, su país “no es firmante del tratado UPOV 91″ (convenio internacional que obliga a crear sistemas nacionales de control de semillas, con catálogos llenos de requisitos técnicos donde en la práctica ingresan mayoritariamente semillas comerciales híbridas y transgénicas, mientras el resto es excluido), bien al contrario, su Constitución, con una visión diametralmente opuesta y desde el reconocimiento de la necesidad de soberanía alimentaria, “hace responsable al Estado de promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas”.
Cuando vayas donde vayas todo son vallas, leer la palabra libre en una Constitución es equivalente a ese rayo de sol que hace que la semilla acostada en la tierra decida despertar. “La semilla es un bien común que pertenece a la humanidad”, dice la declaración de la Red de Semillas, “y no puede ser objeto de apropiación por parte de intereses privados, ni por parte del Estado. Al igual que el aire, el sol o la sonrisa de nuestros hijos, pertenece por igual a cada ser humano sobre el planeta. El acceso a la semilla es un derecho humano básico, e incluye el derecho a adquirir, adaptar, mejorar, multiplicar, intercambiar, regalar y vender”.
Los argumentos que esgrimen quienes desean enjaular a las semillas nativas, criollas, autónomas y soberanas, aunque los disfracen de científicos, tampoco tienen validez. Cuando el mundo sigue produciendo mucha más materia agrícola que la necesaria para alimentar a la población, la supuesta mayor productividad de las semillas certificadas o transgénicas no es necesaria ni trascendente. Pero si de productividad queremos seguir discutiendo hay que puntualizar que el hecho de que un campo produzca más o menos depende de muchos factores, sí, y entre ellos la semilla, pero el fundamental es la calidad de la tierra y es el modelo de agricultura industrial el que realmente lo agota con las prácticas asociadas a las exigencias del cultivo de dichas semillas. Sin olvidar que con los cambios climáticos que están llegando es fundamental la capacidad de adaptarse a miles de diferentes condiciones y ahí, de nuevo, las semillas criollas y locales son las más apropiadas. También ha quedado demostrado que los paisajes dibujados por una agricultura biodiversa son más resilientes a plagas y enfermedades que los monocultivos grises y envenenados que emanan del cultivo de las semillas industriales que la ley quiere primar.
Finalmente, es un posicionamiento entre riqueza y pobreza. Defender la pobreza de diversidad de las semillas certificadas como base de la agricultura de un país es defender la riqueza que en los bolsillos de las multinacionales de la alimentación se puede acumular. Defender la riqueza cultural, ecológica, patrimonial de las semillas libres es defender la posibilidad de que la Vida siga reproduciéndose.
Y el posicionamiento campesino es claro: “NO debe imponerse ninguna forma de regulación, registro o certificación a las semillas nativas; NO debe limitarse el derecho de la población a guardar, transportar, intercambiar y vender sus semillas; NO debe declararse a la semilla ‘recurso estratégico del Estado’ ni en ninguna otra categorización que atente contra la propiedad y el libre uso de la semilla por parte de los pueblos y nacionalidades. En cambio, SÍ debe imponerse un control a las semillas de tipo industrial, manejadas por empresas de grandes capitales; SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional a los transgénicos y reglamentarse mediante la creación de los organismos de regulación pertinentes y sanciones. SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional de otorgar derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y conocimientos ancestrales.”
NO a sus locuras.
-Gustavo Duch Guillot es autor de Alimentos bajo sospecha y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.http://gustavoduch.wordpress.com/
Publicado en La Jornada de México, 4 de agosto de 2016El turno le ha llegado a Ecuador donde se está discutiendo una nueva Ley de Semillas con intereses claros de priorizar y apoyar la expansión del uniforme ejército de semillas certificadas y transgénicas que comercializan empresas como Monsanto o Syngenta. En el caso de Ecuador la locura se agrava doblemente cuando pensamos, por un lado, en los riesgos que esta expansión puede suponer para la biodiversidad de su territorio, donde se sabe que la población está utilizando más de 5 mil 100 especies vegetales y, por otro, porque, como recuerda la Red de Semillas de Ecuador, su país “no es firmante del tratado UPOV 91″ (convenio internacional que obliga a crear sistemas nacionales de control de semillas, con catálogos llenos de requisitos técnicos donde en la práctica ingresan mayoritariamente semillas comerciales híbridas y transgénicas, mientras el resto es excluido), bien al contrario, su Constitución, con una visión diametralmente opuesta y desde el reconocimiento de la necesidad de soberanía alimentaria, “hace responsable al Estado de promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas”.
Cuando vayas donde vayas todo son vallas, leer la palabra libre en una Constitución es equivalente a ese rayo de sol que hace que la semilla acostada en la tierra decida despertar. “La semilla es un bien común que pertenece a la humanidad”, dice la declaración de la Red de Semillas, “y no puede ser objeto de apropiación por parte de intereses privados, ni por parte del Estado. Al igual que el aire, el sol o la sonrisa de nuestros hijos, pertenece por igual a cada ser humano sobre el planeta. El acceso a la semilla es un derecho humano básico, e incluye el derecho a adquirir, adaptar, mejorar, multiplicar, intercambiar, regalar y vender”.
Los argumentos que esgrimen quienes desean enjaular a las semillas nativas, criollas, autónomas y soberanas, aunque los disfracen de científicos, tampoco tienen validez. Cuando el mundo sigue produciendo mucha más materia agrícola que la necesaria para alimentar a la población, la supuesta mayor productividad de las semillas certificadas o transgénicas no es necesaria ni trascendente. Pero si de productividad queremos seguir discutiendo hay que puntualizar que el hecho de que un campo produzca más o menos depende de muchos factores, sí, y entre ellos la semilla, pero el fundamental es la calidad de la tierra y es el modelo de agricultura industrial el que realmente lo agota con las prácticas asociadas a las exigencias del cultivo de dichas semillas. Sin olvidar que con los cambios climáticos que están llegando es fundamental la capacidad de adaptarse a miles de diferentes condiciones y ahí, de nuevo, las semillas criollas y locales son las más apropiadas. También ha quedado demostrado que los paisajes dibujados por una agricultura biodiversa son más resilientes a plagas y enfermedades que los monocultivos grises y envenenados que emanan del cultivo de las semillas industriales que la ley quiere primar.
Finalmente, es un posicionamiento entre riqueza y pobreza. Defender la pobreza de diversidad de las semillas certificadas como base de la agricultura de un país es defender la riqueza que en los bolsillos de las multinacionales de la alimentación se puede acumular. Defender la riqueza cultural, ecológica, patrimonial de las semillas libres es defender la posibilidad de que la Vida siga reproduciéndose.
Y el posicionamiento campesino es claro: “NO debe imponerse ninguna forma de regulación, registro o certificación a las semillas nativas; NO debe limitarse el derecho de la población a guardar, transportar, intercambiar y vender sus semillas; NO debe declararse a la semilla ‘recurso estratégico del Estado’ ni en ninguna otra categorización que atente contra la propiedad y el libre uso de la semilla por parte de los pueblos y nacionalidades. En cambio, SÍ debe imponerse un control a las semillas de tipo industrial, manejadas por empresas de grandes capitales; SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional a los transgénicos y reglamentarse mediante la creación de los organismos de regulación pertinentes y sanciones. SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional de otorgar derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y conocimientos ancestrales.”
NO a sus locuras.
-Gustavo Duch Guillot es autor de Alimentos bajo sospecha y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.http://gustavoduch.wordpress.com/
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