El Gobierno había comprometido 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, pero los fondos no fueron asignados. Organizaciones campesinas denuncian “traición”, “aprietes” y “desmanejos” en el Ministerio de Agricultura. Y cuestionan que el Gobierno sí asignó recursos (2.500 millones) a los productores de soja. Mañana se reúne el Consejo de la Agricultura Familiar.
Por Darío Aranda
Para ComAmbiental
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| En el centro de los reclamos. Ministro Casamiquela comparte mesa con el agronegocio y la agricultura familiar. |
“La Presidenta nos ha instruido muy concretamente para que podamos no solamente sancionar la ley (de agricultura familiar), sino aplicarla, y para ello tenemos que asignar los recursos”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el 15 de diciembre de 2014. Fue en Casa de Gobierno, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. El encuentro se repitió el 5 de enero. La gacetilla de prensa del Gobierno precisa: “Contará con una partida presupuestaria de 1.500 millones de pesos (...) no solamente hay que trabajar bien, sino que tenemos que hacerlo rápido".
A cinco meses de ese hecho, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico reconoció que este año no se contará con el presupuesto prometido. Las organizaciones campesinas, todas con muy buena sintonía con el kirchnerismo, descargaron duras críticas al Gobierno: aprietes, exigencias de alineamientos acríticos, manejos discrecionales, promesas incumplidas y dobles discursos.
Donde si apareció el presupuesto es para los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). El Gobierno asignó 2.500 millones de pesos (en marzo pasado, con la creación del "Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos"). Ya hizo depósitos por 320 millones de pesos.
“Reparación histórica”
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 13 de noviembre de 2014, a la ley bautizada de “reparación histórica para la agricultura familiar”. Define a la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Aunque es una ley “de adhesión” (las provincias deben suscribirla para que sea efectiva en los territorios), fue calificada como un gran logro por las organizaciones.
Pero la mala noticia fue que los diputados de oficialismo retiraron, a último momento, el artículo 33, que especificaba un presupuesto anual de 1500 millones de pesos. Todas las entidades campesinas cuestionaron la maniobra, se movilizaron y emitieron comunicados de repudio. “Sin presupuesto, no hay ley”, fue el título del escrito conjunto de las organizaciones de la agricultura familiar, y afirmaron: “Ante esta exclusión del articulo tratado en la Cámara de Diputados, exigimos urgente la restitución del artículo 33 de la ley en el tratamiento que resta en el Senado (...) Nos encontramos en estado de asamblea permanente en los territorios para seguir movilizados y reclamando la asignación presupuestaria en la ley”.
Negociaciones mediante con legisladores del oficialismo y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a la asignación del presupuesto luego de la sanción de la ley. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron hoy que el presupuesto al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que ya tiene media sanción en Diputados, será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, una vez que obtenga la sanción del Congreso”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre.
Dos días después, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “reparación histórica de la agricultura familiar”.
“No sirve aplaudir todo”
“Situación complicada”. Así resume el panorama José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación (MCL). Explica que, en abril, fue Emilio Pérsico (secretario de Agricultura Familiar y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita) quien sinceró que el presupuesto prometido (de 1.500 millones de pesos para este año) se había esfumado. El mensaje que bajó del Gobierno fue que, al no haber reglamentado la ley, no se pudo asignar el presupuesto.
Livolti descree en ese argumento. “¿Quién garantiza que con reglamentación habrá presupuesto?”. Y aporta otro elemento. “Los sojeros no tiene ley y no tienen reglamentación, pero les dan 2.500 millones de pesos”, acusa.
Refiere al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina. Firmado en en marzo pasado. “Si tiene ojo de gato, pata de gato y maúlla como gato... es gato. Ya no creemos cualquier cosa”, se enoja. Y recuerda que la ley tenía presupuesto y, sin previo aviso, lo sacaron los propios diputados oficialistas.
No sabe si existe una interna entre Aníbal Fernández, el Ministro de Agricultura (Casamiquela), Pérsico y el Ministerio de Economía. Pero acusa que el Secretario de Agricultura Familiar “te hace la cruz si mostrás algo de autonomía de ellos”. Y lo señala como uno de los responsables de que organizaciones campesinas participen de “mesas de diálogo” con Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los empresarios que impulsaron los transgénicos) y empresas del agronegocios. “Me hablan de socialismo, agroecología y reforma agraria pero luego se sientan a hablar con el enemigo. Es vergonzoso, una barbaridad”, dispara.
Avisa que el MCL no se va a disciplinar ante el Movimiento Evita ni ante ningún funcionario. Pide que abren el diálogo, respetando autonomías y que se apuntalen cambios estructurales, para lo que es “imprescindible” el presupuesto.
Avisa que el viernes 22 de mayo habrá una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, donde se verán las caras más de una decena de organizaciones y funcionarios. Informa que desde el Ministerio de Agricultura se los invitó a montar carpas y stand (frente al Cabildo) con productos en las vísperas del acto oficial del 25 de mayo. Adelanta que no participarán de esa movilización. “No vamos a romper con el Gobierno, pero sí a criticar lo que creemos que está mal. No sirve aplaudirle todo ni a Pérsico ni a ningún funcionario”, afirma.
“Llamó para apretarme”
Benigno López se identifica como aliado del Gobierno y reafirma que siempre votó por el kirchnerismo. Recuerda que el Frente Nacional Campesino (FNC) nació en pleno conflicto por la Resolución 125 y en claro apoyo al kirchnerismo. Pero avisa que “hay cosas que no se pueden callar”. Y apunta a Pérsico. “Me llamó dos veces para putearme y apretarme porque estábamos haciendo críticas por la falta del presupuesto y denunciando favoritismos en la Secretaría”, asegura.
Cuestiona que entre fines de enero y principios de abril no se convocó y se hizo el vacío, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, a las organizaciones rurales. “Exigimos reglamentación de la ley y el presupuesto de 1.500 millones. Y lo hacemos público aunque funcionarios de segunda línea nos llamen para apretarnos”, advierte. No quiere dar nombres, pero desliza que se refiere también a segunda líneas de la Secretaría.
Denuncia que en las delegaciones provinciales no hay recursos. Da como ejemplos a Chaco y Formosa. “Los pocos fondos que hay se destinan a la campaña del Evita, no a los productores. Está todo muy podrido”, afirma.
Señala que hay intenciones de movilizar al Ministerio de Economía y al de Agricultura, pero aclara que antes debe definirse claramente, y con participación de las organizaciones, cómo se asignará el presupuesto. “No queremos desmanejos”, advierte. Puntualiza que la prioridad debe ser la regulación dominial de los territorios, la provisión de agua, la producción campesina y la comercialización.
Remarca que apoya y coincide con el gobierno nacional, pero quiere explicitar las críticas. “No podemos dejar de cuestionar la concentración de la tierra en pocas manos, la entrega de los recursos naturales, es un desastre el avance empresario. Es una realidad. Y hay que decir que no se avanzó nada para que campesinos e indígenas se queden en su territorio. Claro que si decís esto... cae mal”.
-¿Marcharán el próximo 25 de mayo a Plaza de Mayo?
Responde un largo “nooooo”. Y explica que sí movilizaron el 25 de mayo de 2013, por los diez años de kirchnerismo: “Pasamos frío y hambre para venir a aplaudir. Después no podíamos volver. No pagaron el micro que se habían comprometido, lo tuvo que pagar nuestra organización... y luego nos enteramos que la plata se perdió en el camino. Ahí aprendimos. No venimos más a los actos”.
“El Gobierno es víctima”
Daniel Bareilles es un referente de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). Desde el inicio de la entrevista descarta estar enojado o molesto con el Gobierno por la falta de presupuesto para el sector. Si reconoce algo de “tristeza”. Pero rápidamente retoma: “Necesitamos un esfuerzo más”. Remarca que en los últimos años se han logrado “muchas cosas”. Y precisa la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y luego el paso a Secretaría. Y valora la ley aprobada en 2014.
“No te podés enojar por la no asignación de presupuesto. No se puede perder el hilo de la realidad”, asegura.
Explica que hicieron una nota al Ministerio de Agricultura señalando que “no es aceptable” la falta de recursos. Reconoce que no tuvieron respuesta. Tiene expectativa con la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar. Espera alguna buena noticia.
Ante la avanzada del agronegocios, 12 millones de hectáreas con soja en 2003 y 22 millones en la actualidad, Bareilles no duda: “No me puedo enojar con el Gobierno. El modelo es una realidad en América”.
-¿Y quiénes son los responsables? (pregunto)
“Felipe Solá en el '96 abrió la puerta al modelo”, responde.
-¿Y el Gobierno actual?
Bareilles responde: “El Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en contra de este modelo... dura quince días”.
Pide que las organizaciones tengan una táctica común para avanzar con otro modelo agropecuario e insiste: “No hay que perder de vista la realidad”.
Evita
El Movimiento Evita llegó a la (entonces) Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012. Y estableció buen diálogo con la mayoría de las organizaciones rurales. De hecho, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se sumó al Ministerio con cuadros técnicos y políticos y estableció alianza electoral con el Movimiento Evita (se movilizó el año pasado en apoyo a la candidatura de Jorge Taiana, que fue declinada hace pocos días).
Cuando Norberto Yauhar era ministro de Agricultura, Pérsico se opuso a la aprobación de una nueva ley de semillas (que era reclamada por las grandes corporaciones del agro). Intervino a favor de la agricultura campesina.
Cuando asumió Casamiquela al frente del Ministerio, Pérsico fue uno de los pocos que permaneció en el cargo. Y ya comenzaba el armado, desde la misma Secretaría de Agricultura Familiar, del Frente Agrario Evita, brazo rural del Movimiento Evita.
Pérsico suele proponer la vuelta de un millón de personas al campo. Y también señala la posible “convivencia” entre el agronegocios y el campesinado. Este postulado suele ser cuestionado por otros sectores campesinos, organizaciones sociales y algunos sectores de la academia que sostienen que no hay convivencia posible entre ambos modelos.
ComAmbiental intentó entrevistar a Pérsico. Pero no respondió los pedidos de reportaje.
MNCI
El Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) tiene bases en siete provincias y desde 2012 forma parte del Gobierno en la Secretaría de Agricultura Familiar. Son públicos sus comunicados de apoyo al oficialismo y movilizaciones (al inicio de sesiones en el Congreso Nacional y los 25 de Mayo). Cuestionan claramente el modelo extractivo y focalizan sus críticas en las transnacionales. Forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina (movimiento internacional de organizaciones rurales).
Este periodista intentó entrevistas con Diego Montón (uno de los referentes del MNCI y coordinador de la CLOC) y con Ramiro Fresneda (del MNCI de Córdoba y subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar), pero no fue posible. Quedó abierto el ofrecimiento de próxima entrevista.
“Nos traicionó”
La Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) son los campesinos del agua. Sector productivo de mares y ríos, que debe luchar contra las grandes empresas y que sufren las falta de políticas públicas para el sector. Una de sus bases organizaciones está en Chubut. Pedro Oroquieta es uno de sus referentes. “Pérsico nos traicionó. Nos vino a buscar para trabajar juntos, le creímos, pero solo buscaba dividirnos y cooptar organizaciones”, denuncia.
Marca un quiebre cuando se fue Capitanich de la Jefatura de Gabinete. Aclara que no hay diálogo con Aníbal Fernández ni con Casamiquela. Precisa que tanto el Héctor Espina (jefe de Gabinete de Agricultura) como Pérsico les reconocieron que no están ni estarán este año los 1.500 millones que el Gobierno había comprometido. “Somos participes de este Gobierno y lo apoyamos, pero no somos obsecuentes. Si desaparece el presupuesto para nosotros y le dan 2.500 millones a Federación Agraria y sojeros... es una decisión política y la denunciamos”, sostiene.
Define a la situación como “muy complicada”, avisa que muchas organizaciones (oficialistas) están cansadas de reuniones y debates, sin medidas concretas en los territorios.
Menciona a Osvaldo Chiaramonte (hombre de confianza de Pérsico, segundo el el organigrama del área). “Nos prometió muchas cosas, pero nos mintió descaradamente”, denuncia.
Precisa que a su organización le pidieron planificar tres talleres de pescadores de todo el país. UAPA avanzó con los tres encuentros. “A último momento nos cancelaban los talleres”, recuerda Oroquieta. “¿Sabés que hicieron? Nos sacaron información para crear una organización paralela de pescadores que se pone la camiseta del Movimiento Evita”, asegura. Y define: “Pérsico toma agricultura familiar como un partido político, logran mejoras solo para ellos y para las organizaciones alineadas”.
Afirma que los pescadores, como organización, no se pondrán la camiseta de ningún partido ni de ningún Gobierno. “Tenemos nuestra propia camiseta y no la vamos a cambiar. Y mucho menos nos vamos a poner la camiseta de quienes dicen que el agronegocios puede 'convivir' con la agricultura familiar (dichos de Pérsico). Esa es la mayor traición a los pequeños productores y campesinos”.
“Sin recursos, la ley no sirve”
José Luis Castillo tiene un doble rol. Es unos de los referentes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) y director de Fortalecimiento en la Secretaría de Agricultura Familiar. “No estamos nada contentos”, resume. Y recuerda que en enero se habían reunido con Jefatura de Gabinete y Ministerio de Agricultura. Parecía que marchaba todo bien, incluso se habían definido los tres desembolsos que hacían un total de 1.500 millones de pesos para 2015. “Estamos a mayo y no hay nada. Nos dicen que hace falta la reglamentación de la ley y que estaría la plata para 2016, pero son cosas distintas, van por separado... Están muy bien los discursos, pero también hay que verlo en los hechos. Y eso no está pasando”, explica.
Reconoce que nadie asegura que en 2016 esté el presupuesto. Y menos con un cambio de gobierno mediante. “Espina y Pérsico dijeron que agotaron todas las posibilidades de gestión. Que depende del Ministerio de Economía. No sabemos qué creer, hay cosas que no cierran”, sincera.
Recuerda los comunicados de fines de 2014, de varias organizaciones rurales, que alertaban “sin presupuesto no hay ley”. Lo sostiene: “Sin recursos, la ley no sirve”. Explica que la norma debe contar con la adhesión de las provincias. Y, por ahora, sólo adhirió Jujuy. Y define la situación de muchos dirigentes campesinos: “Es todo muy triste”.
No pierde la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar haya alguna buena noticia, aunque también anuncia que son varias las organizaciones que proponen una movilización campesina en Buenos Aires.
Reconoce que “la mayor calentura” sucedió el día del anunció de los 2.500 millones para los productores de soja. “Muchos sentíamos que las reivindicaciones del sector campesino se estaban por plasmar. Era ahora o nunca. Y ahora sentimos que otra vez están postergando a la agricultura familiar”.
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