Por Enredando las mañanas
Iniciamos el Enredando las Mañanas del miércoles 20 de mayo, enredadxs en la denuncia por el intento del gobierno nacional de meter la ley de semillas por la ventana de un decreto de necesidad y urgencia. Para conversar sobre eso, nos comunicamos con Carlos Vicente, coordinador de Grain Acción por la biodiversidad. Descargar AUDIO. “Una […]
Iniciamos el Enredando las Mañanas del miércoles 20 de mayo, enredadxs en la denuncia por el intento del gobierno nacional de meter la ley de semillas por la ventana de un decreto de necesidad y urgencia. Para conversar sobre eso, nos comunicamos conCarlos Vicente, coordinador de Grain Acción por la biodiversidad.
Descargar AUDIO.
“Una vez más de la manga del gobierno, sin ninguna información previa se extiende un decreto con fuerte presión de sectores ligados alagro negocio y a la mesa de enlace” comienza diciendo Vicente, haciendo referencia al decreto que presentó Aníbal Fernández junto a Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura de la Nación.
La aparición de este decreto se produce en el marco de la disputa protagonizada por Monsanto y por sectores del campo en la que la empresa multinacional hace unos meses que está reteniendo cargamentos de soja para cobrar sus regalías. Estos sectores pidieron la intervención del gobierno, a lo que este último respondió a favor de Monsanto.
Carlos Vicente destacó tres ejes en lo que respecta al decreto: el primero de estos es que las regalías de las semillas se van a cobrar sobre las semillas y no sobre el producto, que es justamente lo que pedía el campo, aclarando que esto es una modificación de la ley actual que implica el reconocimiento de cobrar regalías sobre las semillas.
“El segundo punto que tiene el decreto, que no es público, lo sabemos porque lo dijo Aníbal Fernández, consiste en que se va a crear un registro de uso propio, para que sea obligatorio inscribirse y hacer la declaración del uso propio, que va en contra de la ley de semillas que tenemos actualmente” explicó Vicente. El uso propio es un derecho de los agricultores que establece la libertad de disponer de las semillas que adquirió para futuras siembras.
Finalmente, el tercer punto referido por el entrevistado en el decreto, establece que Monsanto va a cobrar un canon tecnológico por el desarrollo de la biotecnología argentina.
Todo esto, sin el debate público que viene reclamándose desde la resistencia a la implementación de la nueva ley de semillas.
Sobre el decreto, Vicente dijo que: “hay que aclarar que esto no es una nueva ley de semillas, la ley de semillas que se estaba negociando y que logramos parar los últimos 3 años es mucho más compleja y agresiva que lo que establece este decreto”.
El hecho básico por el cual afecta, e implica, una modificación en la ley de semillas, es sobre la cuestión del uso propio, es el derecho básico de los agricultores de poder guardar semillas para volver a sembrarlas.
Para Vicente el hecho de plantear que hay que pagar regalías y que haya un registro de agricultores es un avance sobre la ley actual sin que se debata, que favorece a Monsanto. “Ayer Monsanto, la Asociación de Semilleros Argentinos y la organización de la mesa de enlace dijeron que estaban muy satisfechos con lo que dijo Aníbal Fernández”, afirmó el integrante de Grain.
“Para nosotros es una locura que se intente establecer una regulación de este tipo en un año electoral, pensamos que no iba a pasar esto justo ahora” dijo Vicente, sin embargo agregó que a pesar de haber una presión y un aval de actores poderosos para que salga este decreto mantiene la esperanza de que no pueda implementarse.
Esta perspectiva se sostiene en dos iniciativas que se desarrollan en estos días: el documento lanzado desde la campaña No a la ley Monsanto de semillas, y las actividades previstas para el día 23, por lasacciones mundiales en contra de Monsanto.
Si bien Aníbal Fernández dijo que el decreto establece que van a estar excluidos los pequeños productores y los agricultores familiares, Vicente explicó que es algo que ya se había incluido en el segundo borrador de la ley que se estaba negociando en la legislatura.
El integrante de GRAIN aclaró también que este decreto implica “la desaparición de los agricultores familiares e indígenas, que es lo que viene ocurriendo de manera continua hace 20 años, esto es un paso más en esa dirección, por supuesto que va a haber resistencia y estamos a la espera de ver el texto del decreto para ver qué medidas legales podemos tomar frente a eso”.
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