Por Red Eco Alternativo
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El gobierno nacional anunció la emisión de un Decreto de Necesidad de Urgencia para regular el mercado de semillas en el país, sin la realización de un debate público respecto a la modificación de la Ley de Semillas. Fuertes críticas de organizaciones sociales, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, que exigen la realización de un […]
El gobierno nacional anunció la emisión de un Decreto de Necesidad de Urgencia para regular el mercado de semillas en el país, sin la realización de un debate público respecto a la modificación de la Ley de Semillas. Fuertes críticas de organizaciones sociales, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, que exigen la realización de un debate y se resisten a lo que consideran una apropiación de los bienes comunes de la naturaleza. Red Eco Alternativo.
Algunos medios tradicionales presentaron la noticia como una intervención del gobierno nacional entre entidades rurales y Monsanto, como un freno puesto desde el Estado a la multinacional. Sin embargo, desde la Campaña No a La Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina lo caracterizan como otra acción del gobierno hecha a la medida de las grandes corporaciones.
En el marco de un acto realizado en el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la presencia del titular de esa cartera Carlos Casamiquela y el jefe de gabinete Aníbal Fernández, el Ejecutivo informó que por decreto “todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de ‘bolsa blanca’”. La bolsa blanca es el término con el que se denomina al producto comercializado de manera ilegal.
El decreto excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico.
Todo esto fue anunciado por Fernández, ya que aún no se hizo público el texto del decreto.
En una entrevista realizada en Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Carlos Vicente, coordinador de Grain Acción por la biodiversidad, explicó: “Monsanto desde hace unos meses está reteniendo cargamento de soja en los puertos y en las aceiteras tratando de cobrar sus regalías. Los sectores del agronegocio pidieron la intervención del gobierno, y el gobierno que nosotros pensamos que podía llegar a intervenir frenando las aspiraciones de Monsanto de cobrar a contrario de esto, quedando bien con dios y con el diablo pero no con el pueblo firmo el DNU”.
En este sentido, Vicente remarcó los tres ejes en los que gira este decreto: “uno, las regalías sobre las semillas se van a cobrar solo sobre las semillas y no sobre el producto que es lo que pedía el campo pero es la modificación de hecho a la ley de semillas que implica un reconocimiento de la posibilidad de cobrar regalías sobre la semilla. Segundo, se crea registro de uso propio para que sea obligatorio inscribirse y hacer la declaración de uso propio lo cual va en contra de la ley de semilla vigente. Y tercero, el canon”.
Desde la Campaña No a La Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina emitieron rápidamente un comunicado en el que rechazan estos cambios. Afirman que estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. “También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios”.
Las organizaciones que integran la Campaña señalaron que todo este proceso implica cambios a la Ley de Semillas, “violando los debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo”, además de transformar “en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un derecho”.
En cuanto al consenso al que hicieron referencia los funcionarios respecto a la puesta en marcha de estas modificaciones, la Campaña advirtió que éste no es tal: “ni representa a todos los sectores de la sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
La Campaña se conformó en 2012, cuando se empezó a debatir la posibilidad de una nueva Ley de Semillas. Sus organizaciones integrantes advirtieron sobre los peligros de una legislación que permita un avance aun mayor de las transnacionales en el agro, así como la destrucción de formas ancestrales de producción campesina.
Ante el anuncio de estas nuevas medidas por parte del Ejecutivo, elaboraron una serie de reclamos. Por un lado, exigieron la apertura de un amplio debate público, como el que desde la propia Campaña se viene impulsando desde hace años: “para que sean los intereses de nuestro pueblo los que se privilegien y no los intereses de las corporaciones”.
Además, solicitaron: “No a los derechos de propiedad intelectual y a la apropiación de las semillas por las corporaciones, No queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados, el uso propio es un derecho y no un privilegio, libre circulación de semillas, No queremos una industria nacional de semillas transgénicas. Sí al fomento a las semillas nativas y criollas, Sí a la soberanía alimentaria, No queremos los recursos del Estado para cuidarle el bolsillo a las semilleras, No a la ley o el decreto Monsanto, debate público ya”.
En el marco de un acto realizado en el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la presencia del titular de esa cartera Carlos Casamiquela y el jefe de gabinete Aníbal Fernández, el Ejecutivo informó que por decreto “todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de ‘bolsa blanca’”. La bolsa blanca es el término con el que se denomina al producto comercializado de manera ilegal.
El decreto excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico.
Todo esto fue anunciado por Fernández, ya que aún no se hizo público el texto del decreto.
En una entrevista realizada en Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Carlos Vicente, coordinador de Grain Acción por la biodiversidad, explicó: “Monsanto desde hace unos meses está reteniendo cargamento de soja en los puertos y en las aceiteras tratando de cobrar sus regalías. Los sectores del agronegocio pidieron la intervención del gobierno, y el gobierno que nosotros pensamos que podía llegar a intervenir frenando las aspiraciones de Monsanto de cobrar a contrario de esto, quedando bien con dios y con el diablo pero no con el pueblo firmo el DNU”.
En este sentido, Vicente remarcó los tres ejes en los que gira este decreto: “uno, las regalías sobre las semillas se van a cobrar solo sobre las semillas y no sobre el producto que es lo que pedía el campo pero es la modificación de hecho a la ley de semillas que implica un reconocimiento de la posibilidad de cobrar regalías sobre la semilla. Segundo, se crea registro de uso propio para que sea obligatorio inscribirse y hacer la declaración de uso propio lo cual va en contra de la ley de semilla vigente. Y tercero, el canon”.
Desde la Campaña No a La Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina emitieron rápidamente un comunicado en el que rechazan estos cambios. Afirman que estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. “También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios”.
Las organizaciones que integran la Campaña señalaron que todo este proceso implica cambios a la Ley de Semillas, “violando los debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo”, además de transformar “en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un derecho”.
En cuanto al consenso al que hicieron referencia los funcionarios respecto a la puesta en marcha de estas modificaciones, la Campaña advirtió que éste no es tal: “ni representa a todos los sectores de la sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
La Campaña se conformó en 2012, cuando se empezó a debatir la posibilidad de una nueva Ley de Semillas. Sus organizaciones integrantes advirtieron sobre los peligros de una legislación que permita un avance aun mayor de las transnacionales en el agro, así como la destrucción de formas ancestrales de producción campesina.
Ante el anuncio de estas nuevas medidas por parte del Ejecutivo, elaboraron una serie de reclamos. Por un lado, exigieron la apertura de un amplio debate público, como el que desde la propia Campaña se viene impulsando desde hace años: “para que sean los intereses de nuestro pueblo los que se privilegien y no los intereses de las corporaciones”.
Además, solicitaron: “No a los derechos de propiedad intelectual y a la apropiación de las semillas por las corporaciones, No queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados, el uso propio es un derecho y no un privilegio, libre circulación de semillas, No queremos una industria nacional de semillas transgénicas. Sí al fomento a las semillas nativas y criollas, Sí a la soberanía alimentaria, No queremos los recursos del Estado para cuidarle el bolsillo a las semilleras, No a la ley o el decreto Monsanto, debate público ya”.
http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=15994:decreto-no-debate-siley&catid=16:ambiente&Itemid=507
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