Nueva Crónica
El gobierno boliviano, continuando estrategias gubernamentales previas, declaró por Ley No. 3477 de 22/ix/2006, “prioridad nacional y departamental la elaboración del Estudio a Diseño Final y construcción del tramo Villa Tunari San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba Beni, de la Red Vial Fundamental”. La carretera tiene una extensión de aproximadamente 306 kilómetros y partirá por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis), protegida por ley de la República.
El xxix Encuentro Extraordinario de Corregidores del tipnis Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán del 18/V/2010, decidió “rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande” (punto 1 de la Resolución Nº 0001/2010). La resolución fue una respuesta a la decisión gubernamental de construir la carretera sin seguir los procedimientos técnicos y legales, como un estudio de impacto ambiental previo y la aplicación del derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del tipnis, por tanto vulnerando la misma Constitución Política del Estado Plurinacional (cpep) recientemente aprobada, en sus artículos 30 y 343. Debido a estas irregularidades, el Viceministro de medio ambiente y un subalterno renunciaron por negarse a firmar la licencia ambiental (http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2010072601).
Pero existen otros riesgos altamente peligrosos para la existencia misma de los territorios indígenas y los ecosistemas en el tipnis (Molina y Lora, 2010; Molina, 2009; Gavaldá, 2010); como ha sucedido en otros mega proyectos, la carretera condenará a poblaciones indígenas yuracarés, moxeñas y chimanes –algunas de ellas con escaso contacto con el mundo externo– hasta su desaparición. Por otro lado, la infraestructura vial de conexión destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado, que se perderá antes de siquiera determinar su valor1. Más grave aún, detrás de la carretera vendrán, no sólo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular (Gavaldá, 2003,2010). Asimismo, existen denuncias sobre el alto costo de la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, además de no existir información detallada y fidedigna al respecto (Los Tiempos, 28 vi 2009). Finalmente, la carretera no sólo que es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) (Molina, 2009), donde nuestro rol es meramente como país de tránsito, sino que facilitará la conexión del Brasil al Océano Pacífico para el traslado de bienes y servicios, tanto que será financiada por el gobierno brasilero y construida por una empresa del país vecino (oas): en agosto del 2009, Evo y Lula firmaron el Protocolo de Financiamiento de la carretera, por 332 millones de dólares2 (abi, 11-iv-2010), reproduciendo de esta manera el llamado “subimperialismo brasileño” (Perelman, 2005).
Actualmente la población indígena en el tipnis llega a 64 comunidades y aproximadamente 10.000 habitantes en el tipnis, considerada una minoría frente a la demanda estratégica del gobierno de Evo Morales y su base cocalera; por ello, está siendo presionada por los liderazgos cocaleros para aceptar la construcción de la carretera, señalando que “…si no aceptan la carretera no tendrán desarrollo ni atención del gobierno y tendrán que atenerse a las consecuencias”, denunciaba Adolfo Moye, presidente de la subcentral indígena tipnis: “desde que sacamos una posición firme de no permitir el avance de la carretera…, los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artículos de primera necesidad” (http://www.bolpress. com/art.php?Cod=2010081808).
Neo-extractivismo o historia larga contra los comunes
Eduardo Gudynas considera que estamos asistiendo a nuevo extractivismo progresista (Gudynas, 2010;7), referido a los gobiernos latinoamericanos que desde una matriz de izquierda están desarrollando estrategias de explotación intensiva de rrnn, considerado como “un necesario camino para salir de la pobreza”…(y) “aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico”, que generará beneficios al resto de la sociedad, en una versión de la lógica neoliberal del “chorreo” (Idem, 2007:7). De hecho, el argumento para profundizar este nuevo golpe de tuerca a la destrucción masiva de ecosistemas, territorios y paisajes, es contar con recursos frescos para financiar la política de subsidios. El presidente Evo Morales criticando la postura de la oposición a la explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas, afirmaba en una concentración: “Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya idh, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.
La caracterización de “neo extractivista” al proceso boliviano no toma en cuenta la historia larga del Estado en nuestro país en contra de los comunes en la naturaleza, es decir las diversas formas de cohesión social e interacción con el entorno fundadas en principios de bien común, solidaridad y apoyo mutuo. La pauta que conecta al proceso boliviano actual con la historia larga colonial y republicana, es el paulatino ataque, debilitamiento y hasta destrucción, de la forma comunidad en el acceso y uso de los rrnn. La encomienda colonial y la hacienda colonial y republicana, la reforma agraria del 52, pasando por la Participación Popular, hasta la ley 2029 que provocó la guerra del agua del 2000, son esfuerzos sistemáticos por destruir los comunes, en un continuum en la práctica del Estado y los poderes dominantes, más allá de la ideología de los gobernantes.
El extractivismo de la política de rrnn del Estado boliviano no ha cambiado con el gobierno de Evo Morales, es la reproducción de la historia larga de destrucción de los comunes de los rrnn y los indígenas de tierras bajas se hallan entre los más afectados, al final son minorías étnicas que se encuentran en el último eslabón en las jerarquías que ha creado el Estado postcolonial racista en la Bolivia de hoy. Bajo el argumento que son pocos, el gobierno ha decidido explotar los recursos de territorios indígenas y parques nacionales; como señalaba el presidente Morales criticando la resistencia de poblaciones indígenas contra las industrias extractivas:
“La derecha usa a algunos hermanos dirigentes para oponerse o para pedir algunos temas que son tan profundos e innegociables: cómo es posible que todas las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de algunos hermanos indígenas; que todas las concesiones madereras, una vez recuperadas, pasen a pequeños grupos del movimiento indígena en Bolivia. Siento que es una forma de oponerse a las políticas que vamos desarrollando” (www.Plataformaenergetica.org; 25/vi/2010).
Bibliografía
Arrázola, Elizabeth (2006). “Bol 83: Cochabamba diversa”, en Periódico Los Tiempos, Cochabamba: Septiembre 2006.
Gavaldá, Marc (2010). ¿Desarrollismo primero? La cuchillada amazónica; http://rebelion.org/noticia. php?id=108663
Gavaldá, Marc (2003). La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003.
Gudynas, Eduardo (2010). “El nuevo extractivismo progresista”; Nueva Crónica, 30 de enero al 11 de febrero.
Molina, Silvia (2009). Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: bndes: Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recursos naturales de Bolivia; fobomade; 4 pp.
Molina, Silvia y Lora, Miguel (2010). Costos sociales y ambientales de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; 15 pp.
Perelman, Juan (2005). “País que compra manda, país que vende sirve”; en Combate. Periódico anarquista. No 7. Otros documentos comunicado a la opinión pública en defensa del isiboro sécure; 1 de agosto 2010, Cochabamba.
1 La carretera pondrá en riesgo irreversible a las 438 especies de aves encontradas en el tipnis (de las 470 que existen en el depatamento, que representa el 34 % del potencial nacional) (Arrázola, 2006).
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=562:estadocontra&catid=89:defendamos-el-isiboro-secure&Itemid=110
El xxix Encuentro Extraordinario de Corregidores del tipnis Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán del 18/V/2010, decidió “rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande” (punto 1 de la Resolución Nº 0001/2010). La resolución fue una respuesta a la decisión gubernamental de construir la carretera sin seguir los procedimientos técnicos y legales, como un estudio de impacto ambiental previo y la aplicación del derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del tipnis, por tanto vulnerando la misma Constitución Política del Estado Plurinacional (cpep) recientemente aprobada, en sus artículos 30 y 343. Debido a estas irregularidades, el Viceministro de medio ambiente y un subalterno renunciaron por negarse a firmar la licencia ambiental (http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2010072601).
Pero existen otros riesgos altamente peligrosos para la existencia misma de los territorios indígenas y los ecosistemas en el tipnis (Molina y Lora, 2010; Molina, 2009; Gavaldá, 2010); como ha sucedido en otros mega proyectos, la carretera condenará a poblaciones indígenas yuracarés, moxeñas y chimanes –algunas de ellas con escaso contacto con el mundo externo– hasta su desaparición. Por otro lado, la infraestructura vial de conexión destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado, que se perderá antes de siquiera determinar su valor1. Más grave aún, detrás de la carretera vendrán, no sólo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular (Gavaldá, 2003,2010). Asimismo, existen denuncias sobre el alto costo de la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, además de no existir información detallada y fidedigna al respecto (Los Tiempos, 28 vi 2009). Finalmente, la carretera no sólo que es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) (Molina, 2009), donde nuestro rol es meramente como país de tránsito, sino que facilitará la conexión del Brasil al Océano Pacífico para el traslado de bienes y servicios, tanto que será financiada por el gobierno brasilero y construida por una empresa del país vecino (oas): en agosto del 2009, Evo y Lula firmaron el Protocolo de Financiamiento de la carretera, por 332 millones de dólares2 (abi, 11-iv-2010), reproduciendo de esta manera el llamado “subimperialismo brasileño” (Perelman, 2005).
Actualmente la población indígena en el tipnis llega a 64 comunidades y aproximadamente 10.000 habitantes en el tipnis, considerada una minoría frente a la demanda estratégica del gobierno de Evo Morales y su base cocalera; por ello, está siendo presionada por los liderazgos cocaleros para aceptar la construcción de la carretera, señalando que “…si no aceptan la carretera no tendrán desarrollo ni atención del gobierno y tendrán que atenerse a las consecuencias”, denunciaba Adolfo Moye, presidente de la subcentral indígena tipnis: “desde que sacamos una posición firme de no permitir el avance de la carretera…, los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artículos de primera necesidad” (http://www.bolpress. com/art.php?Cod=2010081808).
Neo-extractivismo o historia larga contra los comunes
Eduardo Gudynas considera que estamos asistiendo a nuevo extractivismo progresista (Gudynas, 2010;7), referido a los gobiernos latinoamericanos que desde una matriz de izquierda están desarrollando estrategias de explotación intensiva de rrnn, considerado como “un necesario camino para salir de la pobreza”…(y) “aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico”, que generará beneficios al resto de la sociedad, en una versión de la lógica neoliberal del “chorreo” (Idem, 2007:7). De hecho, el argumento para profundizar este nuevo golpe de tuerca a la destrucción masiva de ecosistemas, territorios y paisajes, es contar con recursos frescos para financiar la política de subsidios. El presidente Evo Morales criticando la postura de la oposición a la explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas, afirmaba en una concentración: “Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya idh, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.
La caracterización de “neo extractivista” al proceso boliviano no toma en cuenta la historia larga del Estado en nuestro país en contra de los comunes en la naturaleza, es decir las diversas formas de cohesión social e interacción con el entorno fundadas en principios de bien común, solidaridad y apoyo mutuo. La pauta que conecta al proceso boliviano actual con la historia larga colonial y republicana, es el paulatino ataque, debilitamiento y hasta destrucción, de la forma comunidad en el acceso y uso de los rrnn. La encomienda colonial y la hacienda colonial y republicana, la reforma agraria del 52, pasando por la Participación Popular, hasta la ley 2029 que provocó la guerra del agua del 2000, son esfuerzos sistemáticos por destruir los comunes, en un continuum en la práctica del Estado y los poderes dominantes, más allá de la ideología de los gobernantes.
El extractivismo de la política de rrnn del Estado boliviano no ha cambiado con el gobierno de Evo Morales, es la reproducción de la historia larga de destrucción de los comunes de los rrnn y los indígenas de tierras bajas se hallan entre los más afectados, al final son minorías étnicas que se encuentran en el último eslabón en las jerarquías que ha creado el Estado postcolonial racista en la Bolivia de hoy. Bajo el argumento que son pocos, el gobierno ha decidido explotar los recursos de territorios indígenas y parques nacionales; como señalaba el presidente Morales criticando la resistencia de poblaciones indígenas contra las industrias extractivas:
“La derecha usa a algunos hermanos dirigentes para oponerse o para pedir algunos temas que son tan profundos e innegociables: cómo es posible que todas las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de algunos hermanos indígenas; que todas las concesiones madereras, una vez recuperadas, pasen a pequeños grupos del movimiento indígena en Bolivia. Siento que es una forma de oponerse a las políticas que vamos desarrollando” (www.Plataformaenergetica.org; 25/vi/2010).
Bibliografía
Arrázola, Elizabeth (2006). “Bol 83: Cochabamba diversa”, en Periódico Los Tiempos, Cochabamba: Septiembre 2006.
Gavaldá, Marc (2010). ¿Desarrollismo primero? La cuchillada amazónica; http://rebelion.org/noticia. php?id=108663
Gavaldá, Marc (2003). La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003.
Gudynas, Eduardo (2010). “El nuevo extractivismo progresista”; Nueva Crónica, 30 de enero al 11 de febrero.
Molina, Silvia (2009). Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: bndes: Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recursos naturales de Bolivia; fobomade; 4 pp.
Molina, Silvia y Lora, Miguel (2010). Costos sociales y ambientales de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; 15 pp.
Perelman, Juan (2005). “País que compra manda, país que vende sirve”; en Combate. Periódico anarquista. No 7. Otros documentos comunicado a la opinión pública en defensa del isiboro sécure; 1 de agosto 2010, Cochabamba.
1 La carretera pondrá en riesgo irreversible a las 438 especies de aves encontradas en el tipnis (de las 470 que existen en el depatamento, que representa el 34 % del potencial nacional) (Arrázola, 2006).
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=562:estadocontra&catid=89:defendamos-el-isiboro-secure&Itemid=110
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