Arreglan válvula de pozos petroleros para evitar contaminación del Parque Aguaragüe

Villamontes, 29 Jul (Erbol).- 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos evita la contaminación del medio ambiente con medidas de contención y arreglo de válvulas en los pozos de Sanandita, que coinciden territorialmente con el Parque Nacional Aguaragüe, informó la encargada de Pasivos Ambientales de YPFB, María Cristina Santa Cruz.

De acuerdo al informe, las medidas de emergencia que se aplican en los pozos X-3 y X-31, considerados como pasivos ambientales heredados desde 1926, consisten en la introducción de un cerco compuesto por bolsas de tierra para evitar que la emanación superficial de crudo contamine el agua y el suelo de la región.

Adicionalmente se instaló un sistema de recolección del crudo con turriles enterrados hasta el ras del suelo conectados entre sí a una tubería de plástico que recorre cerca de dos kilómetros hasta un centro de acopio que contiene válvulas que ayudan a la captación de crudo.

Las medidas de emergencia que se tomaron en el pozo son parte de un Plan de Contingencias; sin embargo se cuenta también con un Plan de Remediación Ambiental que se ejecutará a partir de esta gestión. Consiste en una cementación (colocado de tapones de cemento de una dimensión considerable) a nivel sub-superficial de los pozos para evitar las filtraciones de crudo, como también, en el tratamiento de suelos contaminados, si el caso amerita.

EL POZO

El pozo X-31 está ubicado en el Parque Nacional Aguaragüe en el departamento de Tarija, data de 1926. Está situado cerca a una quebrada por donde baja agua cristalina, elemento que es utilizado por los pobladores de la región para el riego de sus cultivos y la crianza del ganado vacuno en menor escala.

Según el vicepresidente de la comunidad El Chorro, David Benítez, en la región viven 26 comunarios dedicados a la agricultura y ganadería de consumo familiar.

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YPFB cerrará dos pozos abandonados en el Chaco para evitar contaminación ambiental

Villamontes, 27 Jul (Erbol).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) tiene previsto cerrar definitivamente dos pozos en el marco del Plan de Remediación Ambiental a ejecutarse luego de un diagnóstico integral de los pasivos ambientales heredados desde 1926.

El director nacional de Medioambiente de la estatal petrolera, Mario Catari explicó que se trata de los pozos Sanandita X-3 y Sanandita X-31 ubicados en la zona del mismo nombre del departamento de Tarija.

“Tenemos el cierre definitivo de dos pozos en Sanandita y la remediación de los suelos contiguos, esto está en pleno proceso. El trabajo comenzará de aquí a un mes y medio. En la intervención de estos dos pozos se estima una inversión de más de tres millones de bolivianos”, señaló Catari.

Agregó que en ambos pozos se aplicará la técnica denominada land farming que consiste en el cultivo del suelo en un área impermiabilizada con una geomembrana para evitar que el crudo tenga contacto con el suelo, luego se procede a airear el suelo contaminado con aplicación de nutrientes y riego para favorecer la actividad metabólica de micro organismos que degraden los hidrocarburos a compuestos inocuos.

YPFB Corporación, tomó una medida preliminar en ambos pozos que comenzaron a emanar crudo y que amenazaban al medio ambiente. “Se ha realizado medidas provisionales de acción inmediata para los pozos consistentes en cambio de válvulas, construcción de zanjas de coronación, excavación de fosa, impermiabilización con geomembrana, tendido de línea de recolección y construcción de base para turriles de almacenamiento, gracias a dicha medida hasta la fecha se ha recuperado 40 barriles de crudo, ese crudo iba a contaminar los suelos y las aguas contiguas. Esta es una medida rápida y eficaz que YPFB ha tomado”, dijo Catari.

Respecto al cumplimiento de los acuerdos establecidos recientemente entre el Estado y el Pueblo Guaraní, el Director Nacional de Medio Ambiente, manifestó su preocupación ya que a pesar de todas las gestiones realizadas para efectuar las inspecciones a los pasivos ambientales los delegados del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT) no se han hecho presentes, por lo que se postergó la misma para el 2, 3 y 4 de agosto.

El Director Nacional de Medio Ambiente opinó sobre el tema luego del primer acercamiento que tuvieron este 21 de julio en Villamontes representantes del Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la estatal petrolera y miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) para abordar el tema de la preservación del medio ambiente.

Jorge Mendoza Valdez, secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) exteriorizó su satisfacción por la intervención de la estatal petrolera para evitar la amenaza de los pozos abandonados al medio ambiente.

“Nosotros vamos a formar parte de la Comisión (que inspeccionará los pasivos ambientales), sin embargo pedimos que no sólo participen los representantes de la APG, sino la población, la comunidad del lugar. Este tema será abordado el 2, 3 y 4 de agosto”, afirmó Mendoza.

De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de YPFB, en el país hay al menos 400 pozos petroleros que no fueron cerrados definitivamente, los mismos que requieren de una intervención adecuada para evitar daños al medio ambiente.

El abandono definitivo de los pozos requiere de la reapertura de caminos de ingreso, reacomodo de la planchada, traslado e instalación de equipos de abandono técnico del pozo a través de la cementación del mismo y el tratamiento de suelos si fuere necesario.

Ambos pozos se aplicará la técnica denominada land farming que consiste en el cultivo del suelo en un área impermiabilizada con una geomembrana para evitar que el crudo tenga contacto con el suelo, luego se procede a airear el suelo contaminado con aplicación de nutrientes y riego para favorecer la actividad metabólica de micro organismos que degraden los hidrocarburos a compuestos inocuos.

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Nadie controla los desmontes ilegales del Chaco yacuibeño

Publicado en 30 Julio 2010

El Nacional Tarija

“Es increíble cómo lo están pedaceando al monte”, denunció un vecino de Yacuiba. Su actividad principal, la reparación e instalación de bombas de agua. Por su trabajo debe visitar permanentemente las comunidades rurales donde ha logrado observar la desforestación y el desmonte permanente. La situación se ha acrecentado desde hace un año.

En una comunicación telefónica a través de radio Frontera, el ciudadano de apellido Urzagaste, elevó su protesta por esa situación. Mientras tanto, en la oficina de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) reconocieron que no tienen recursos para la contratación de más personal. Sólo el jefe y la secretaria prestan sus servicios en esa oficina. No hay salidas al campo.

Jorge Luis Castillo, jefe regional de la ABT, no maneja con exactitud cuántas hectáreas son las desmontadas de manera ilegal en Yacuiba. Las imágenes satelitales que cada año recibe, le sirve para hacer comparaciones e iniciar procesos si es necesario. Sin embargo, las imágenes no captan desmontes menores a las 5 hectáreas.

“Se tienen desmontes ilegales. Esto es por la presión que se ejerce en el monte debido a la actividad de la agricultura. Esta situación se observa en El Bagual y El jardín”, afirmó. Al mismo tiempo sostuvo que cuando se identifican desmontes ilegales se somete a un proceso sumario administrativo.

Pero Castillo reveló que raras veces salen al campo. El motivo es la falta de personal. Sólo son dos funcionarios que trabajan en dicha oficina. Esta situación no permite, por lo tanto, las inspecciones en el área rural.

Identificó que en lo que va de 2010 se ha sancionado a la colonia menonita La Florida porque provocó un desmonte ilegal. Producto de ello se aplicó una multa de 125 mil dólares aproximadamente.

No obstante, el ciudadano Urzagaste, apuntó a desmontes indiscriminados en las comunidades de Sunchal, Guazurenda, Las Abras, Chirimoyal, Nuevo Amanecer, entre otros. De acuerdo a su versión es gente llegada del interior del país quienes proceden a tumbar todo el monte existente. El objetivo: producir carbón. Algunos logran sembrar maní en el mismo lugar desmontado.

“En Guasurenda hay una comunidad guaraní. Ellos nos relataron que llegaron unos amigos del interior; les pidieron ingresar allí. Luego de un tiempo se quejaron porque ahora los han dejado sin monte. Nuestras chivas ahora no tienen qué comer, me dijeron”, denunció Urzagaste.

“Arrasan y tumban todo. Están desmantelando y sembrando maní sobre eso. Los palos que tienen casi un metro de altura lo cortan. Esto se está viendo desde casi un año atrás”, dijo. Se le preguntó si durante sus recorridos no observó a ninguna autoridad de la Forestal (ABT).

“A los que encontramos por casualidad son los de la Felcn después no hay más nadie. Hasta los cazadores desparecieron porque no hay ni corzuelas ni charatas”, reveló.

DATOS

El objetivo de los desmontes es la elaboración del carbón.

FRASE

“La ABT es la única institución llamada por ley para ejercer el control y fiscalización para la actividad de desmonte”, J. L. Castillo.

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A favor de la deforestación

Alicia Tejada Soruco

La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.

La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.

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Morales agradece apoyo a la declaración del agua como un derecho humano

Trinidad, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el jueves a los países que apoyaron la iniciativa boliviana para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declare al agua como un derecho humano.

Durante su participación en un acto público en esta ciudad amazónica, capital del departamento del Beni, el Jefe de Estado expresó su complacencia porque ahora la comunidad internacional considera plenamente que "el agua es un derecho humano y no un negocio privado".

"Una vez que la comunidad internacional reconoce que el servicio del agua es un derecho humano, debe ser administrado por las Alcaldías, Gobernaciones, el Gobierno nacional y no por empresas privadas", dijo.

Agregó que la aprobación internacional de esta iniciativa "no es un triunfo de Evo Morales, ni de Bolivia, sino de los pueblos del mundo".

El Mandatario señaló que las iniciativas bolivianas son admiradas en diversas naciones. Puso como ejemplo el Bono Juancito Pinto, que beneficia a millones de niños bolivianos, que en la actualidad es replicado en otras naciones.

Aclaró que pasa lo mismo pasa con la Renta Dignidad, y destacó los elogios a esa iniciativa de representantes de varias naciones que estudiaron sus alcances y la forma de aplicar ese beneficio en sus respectivas naciones. El Presidente ha ratificado en diversas oportunidades que el agua debe ser un derecho humano con libre acceso a todos los ciudadanos.

"El agua potable es un servicio y no debe ser objeto de acciones mercantilistas", dijo Morales, al resaltar que este servicio debe estar a cargo de los Estados y no de los consorcios privados.

De acuerdo con estudios realizados por la ONU, por lo menos 884 millones de personas carecen en el mundo totalmente de agua limpia y 2.500 millones sólo pueden acceder a este recurso vital a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares.

Los estudios señalan, además, que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.

El proyecto de resolución presentado por Bolivia sobre el agua y que ya cuenta con el aval internacional reafirmó la necesidad de proteger y promocionar todos los derechos humanos bajo la responsabilidad del Estado, aunque resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y el saneamiento.

Sin embargo, existen algunos países que tienen sus cuestionamientos para que derecho al agua sea considerado un derecho humano. Por ejemplo, en Inglaterra, la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha manifestado que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable del acceso al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano.

Igualmente en Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua, mientras que en Canadá el primer ministro Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

Bolivia ya ha consagrado en su nueva Constitución Política del Estado que el agua es un derecho humano. Así lo establece en sus artículos 16 y 20 donde resalta que el acceso al agua potable, el alcantarillado y el saneamiento "es un derecho universal del hombre que no puede estar sujeto al comercio".

Desde hace 10 años, Bolivia y sus movimientos sociales han entablado una lucha para evitar que empresas privadas tengan a su cargo el tratamiento y distribución del agua, al punto que ganaron la batalla.

Esa batalla para que el agua sea declarada un derecho humano ha sido llevada ante la ONU en busca del aval que consagre al agua como un derecho humano universal,

De acuerdo con los estudios realizados por la propia ONU, si es que las naciones no asumen medidas en defensa de la sobrevivencia del planeta, se corre el riesgo que hasta el año 2030 el mundo no cuente con el agua suficiente para sobrevivir debido al calentamiento global del planeta.

Solamente en Latinoamérica se teme que unas 77 millones de personas se vean ante la carencia del líquido elemento.

El presidente boliviano ha denunciado ante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrado en Copenhague, Dinamarca, en diciembre pasado, que si el mundo no toma sus previsiones en defensa de la tierra como fuente de vida, al igual que del agua, el mundo avanza a pasos agigantados hacia su destrucción.

El fracaso de la Cumbre de Copenhague, donde no se lograron acuerdos ni entre propias naciones desarrolladas, hizo que Morales convocará a los representantes de organismos internacionales, Gobiernos, movimientos sociales e indígenas a reunirse en abril pasado en la localidad de Tiquipaya, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Tierra a adoptar decisiones.

En ese encuentro, al que asistieron más de tres millares de delegados de los cuatro continentes, fue aprobado un conjunto de recomendaciones entregadas por el propio mandatario boliviano al secretario ejecutivo de la ONU, Ban Ki-moon para que sean incluidas en los debates de la próxima cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en Cancún. México, en diciembre.

Entre esas recomendaciones está la necesidad de que el mundo y sus líderes tomen cartas en el asunto en defensa de la vida, de la tierra y del agua como recursos esenciales para que la humanidad sobreviva.

Morales hizo patente su convencimiento de que los cambios climáticos que sufre el planeta los últimos tiempos se originan en las acciones de los países ricos que están inmersos en una carrera industrializadora irracional que solamente busca fines mercantilistas sin importarles la vida de la humanidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el miércoles el proyecto de Resolución presentado por Bolivia para que el agua y el saneamiento sean declarados como un derecho humano, informó el embajador ante ese organismo internacional, Pablo Solón.

"El proyecto de Resolución fue aprobado por 122 naciones votaron a favor de la iniciativa boliviana, contra 41 abstenciones y ninguna que se haya opuesto a la misma", dijo.

Agregó que entre las naciones que se abstuvieron de votar estaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

Solón anotó que, a partir del visto bueno de las naciones integrantes de la ONU para que el agua sea considerado un derecho humano, deben actuar en consecuencia para apoyar financieramente los programas que permitan dotar a la humanidad de este elemento, por ser vital para la vida.

El diplomático expresó su satisfacción por la decisión de la ONU, que hace varios años, en la década de los años 40, declaró como un derecho humano el acceso a la educación y al trabajo.

"No pudo ser menos que ese organismo internacional declare al agua en la misma categoría porque los seres humanos necesitan de ese elemento para sobrevivir y la tierra para producir".

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Pachamama es el 1º de agosto

Si bien el homenaje a nuestra amada Pachamama es el 1º de agosto, les hacemos una propuesta para que comencemos ahora en julio a prepararnos para ese día tan especial.

Nosotros proponemos: que hoy mismo se consigan una botella de aguardiente, caña o grapa y le introduzcan una ramita de Ruda fresca o si no tienen, consigan en una herboristería un puñado de ruda seca.

Y el primero de agosto, apenas amanezca, beban en ayunas una copita de esa bebida, para agradecer tantos beneficios recibidos y sumarse a la plegaria que hacemos en toda América para homenajear y comprometernos a preservar a Nuestra madre Naturaleza.

Tributo a la Madre Tierra


El primero de agosto los pueblos de América realizan un milenario homenaje a la Madre Naturaleza.

Popularmente sólo se la vincula a la tierra, aunque en realidad en la Pachamama se venera a toda la naturaleza.

Pacha significa espacio y tiempo; la tierra que habitamos y el tiempo que transcurre, necesario para el cultivo y para la vida.

La veneración de la Pachamama entre los pueblos andinos, tiene origen mítico en la ciudad de Tiwanaku, centro de la cultura preincaica Tiwanakota entre los siglos VI y IX d.C., los incas ahí asentados continuaron con el culto que luego se extendió a toda la región.

En la ceremonia de la Pachamama se le pide "permiso" a la naturaleza para iniciar los cultivos. Para ello se la venera en sus tres estadios, Janaj-Pacha (espacio cósmico), Kay-Pacha (suelo) y Ukhu-Pacha (centro de la tierra).

Como agosto en nuestras pampas es un mes de vientos bravos y fríos intensos, ellos también preparaban el cuerpo para hacerle frente a esas inclemencias.

En cada región se emplearon las bebidas de uso corriente: el aguardiente, la caña y nuestros gringos la grapa.

En un momento en que nuestra madre Tierra sufre tantas agresiones, se taaln masivamente los bosques, se destruye el equilibrio natural, se contamina despiadadamente, creemos importante recuperar este primero de agosto el saludo a nuestra madre, que nos provee el sustento, que nos cobija y permite la continuidad de la vida.

Y así el 1º de agosto rendirle tributo de agradecimiento y desagravio.

Marta Millicay
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¿Cuánto gana y qué es lo que pierde y arriesga Bolivia con las hidroeléctricas?

Hay fiebre de construcción de represas en el lado brasileño y planes para impulsarlas en la Amazonía. En Bolivia, hay quienes creen que es hora de cosechar millones exportando electricidad, aunque hay temas para la alarma. Un seminario trinacional analizará todo ello


La construcción de grandes represas y el despegue a gran escala de la hidroelectricidad está ya en la agenda inmediata de los gobiernos de Brasil, Perú y Bolivia. Hay planes en marcha, acuerdos bilaterales ya firmados y mucha expectativa en la región, no exenta, sin embargo, de crecientes advertencias de que los riesgos e impactos negativos de esta expansión puedan pesar mucho más que sus potenciales beneficios, especialmente en Bolivia.

En la cuenta de los beneficios algunos ya inscriben millonarios ingresos por la exportación de electricidad a los países vecinos, el aumento de la cobertura eléctrica, el impulso al desarrollo regional y la necesaria diversificación de la matriz energética.

En el lado de los daños, otros apuntan a la destrucción/inundación de vastos territorios con gran riqueza natural y biodiversidad, desplazamiento de poblaciones, alteraciones severas en la vida silvestre de la región y, beneficios económicos menores a los esperados que no alcanzarían para cubrir los costos socioambientales de estos megaproyectos, según el recuento de la Plataforma Energética.

Por todas sus implicaciones, el tema ya está en la agenda regional y Cochabamba será, el miércoles 21 y jueves 22 de julio, la sede del debate trinacional sobre las hidroeléctricas y su impacto en Bolivia, un evento organizado por la Plataforma Energética.

Uno de los expertos brasileños que asistirá a este Seminario, el profesor Luis Novoa, de la Universidad Federal de Rondonia, asegura que los grandes proyectos hidroeléctricos, que Brasil está construyendo en la Amazonía, ocasionarán un enorme costo social y ambiental en países vecinos como Bolivia.

“Las construcciones brasileras ponen a las poblaciones bolivianas del norte amazónico a merced de las inundaciones, de las epidemias, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la decadencia de la economía agroextractivista local”, dice.

Otros expertos brasileños, como los de la Universidad Federal de Río de Janeiro, creen sin embargo lo contrario. Así, el profesor Nivalde de Castro, que también estará presente en el Seminario organizado por la Plataforma Energética, dice que la construcción de represas se da “con el máximo respeto y adecuación a la legislación ambiental”, acogiendo las demandas de los movimientos sociales y ambientales.

Según Nivalde de Castro, la apuesta brasileña por la hidroelectricidad y las energías renovables reforzarán el “carácter verde” de su economía y configurarán una matriz energética más sana y mucho más sostenible. Los beneficios son múltiples, asegura.

Estos factores también pesan en el ánimo de las autoridades bolivianas, junto a la necesidad de cristalizar los planes de exportación de electricidad. Los planes del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cuyos principales representantes estarán presentes en el Seminario, dan cuenta, por ejemplo, de inversiones por encima de los 5.000 millones de dólares para impulsar más de una decena de proyectos hidroeléctricos en todo el país, según la Plataforma Energética.

En el seminario también participará el experto boliviano de la UMSA, Jorge Molina, quién disertará sobre la viabilidad del proyecto Cachuela Esperanza, uno de los más importantes del país. Asimismo, uno de los más connotados especialistas del sector, Enrique Gómez, presentará en el primer día del Seminario la investigación “Tendencias y desafíos del sector eléctrico boliviano”, un estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética para generar conocimiento y promover el debate público.

Un día después, el jueves 22, el tema central de análisis, con la participación de las principales instituciones del Departamento, será la potencialidad y perspectivas energéticas del departamento de Cochabamba y la conformación de una plataforma regional de conocimiento y debate energético.

Estos dos días de reflexión y debate, que se desarrollarán en el Hotel Cochabamba, son organizados por la Plataforma Energética, con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) y el Centro de Información en Energías Renovables (CINER).


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Evo Morales anuncia la nacionalización de las hidroeléctricas

Rebelión.org, 29-Sep-09


El mandatario boliviano Evo Morales ratificó su decisión de nacionalizar las plantas hidroeléctricas de Corani, administrada por un grupo francés, y Santa Isabel, ambas en la localidad Colomi-Cochabamba, con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica a la población.

"El gobierno busca garantizar un derecho humano en Bolivia (...) Por lo tanto, compañeros y compañeros, las plantas hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel van tener que pasar al control del Estado boliviano.

"El Estado va ser dueño de esas plantas hidroeléctricas que han sido privatizadas en gobiernos neoliberales", afirmó durante un acto político de proclamación en Oruro realizado el viernes. 

Estas dos recuperaciones forman parte de la política de nacionalización que ejecuta la administración de Evo Morales, que comenzó con hidrocarburos y les planteó nuevas reglas para que los ingresos sean compartidos equitativamente y que la transnacional no se lleve la mayor parte, como sucedía con otros gobiernos de derecha.

Después se recuperaron las concesiones mineras de Huanuni para que sean administradas bajo la tutela de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Luego fue la empresa de telecomunicaciones Entel, que estaba en manos de capitales italianos.

Se prevé la recuperación de los ferrocarriles y plantas hidroeléctricas.

Corani forma parte, junto a Valle Hermoso y Guaracachi, del sistema central de generación de energía eléctrica que fue privatizado en el periodo 1993-1997, durante la administración del presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por vía de un decreto supremo expedido a principios de septiembre, la recientemente reconstituida Empresa Nacional de Energía (ENDE), asumirá el 47,2 por ciento de las acciones de Corani, el 48,8 por ciento de Guaracachi (Santa Cruz) y el 49,8 por ciento de Valle Hermoso (Cochabamba).

Inversiones Ecoenergy Bolivia SA, subsidiaria del francés GDF Suez, controla Corani, enclavada en el central Chapare, en tanto que la británica Rurelec PCL gerencia Guaracachi, lo mismo que la compañía nacional The Bolivian Generatings Group, filial de Panamerican Bolivia, Valle Hermoso.

Morales anunció también que con las futuras plantas hidroeléctricas que su administración proyecta construir en Cachuela Esperanza (La Paz-Pando), Misicuni (Cochabamba), El Bala (Beni) o en Tahuamanu (Pando), Bolivia se convertirá en el centro energético de la región con un fuerte perfil exportador.

Por lo tanto, la energía eléctrica va ser "barata", y generará más ingresos para el Estado, ya que se podrá exportar tal recurso. 

"Miren, entre Cachuela Esperanza y El Bala (...) por lo menos ahí tenemos 2.500 megavatios, si en Bolivia consumimos en este momento 1.000 megawatios, realmente tenemos para exportar.

"Con razón algunos expertos en energía me dicen, ustedes podrían estar exportando energía mejor que el petróleo, mejor que el gas", indicó. 

Morales explicó que como presidente está obligado a pensar de dónde el Estado puede obtener más ingresos económicos para atender las demandas del pueblo boliviano. 

"Es una tarea como cualquier padre de familia, de dónde va a tener que ganar plata para atender al hijo", subrayó.

Fecha: 29-Sep-09
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92353

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¿Es viable el proyecto Cachuela Esperanza?

Jorge Molina Carpio
En un taller organizado en noviembre del pasado año por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Viceministerio de Energía, se presentó por primera vez en La Paz el estudio a diseño final del nuevo proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza. La información presentada fue pobre, debido tanto a las características del Simposio (no se permitía preguntas a los expositores ni debate), como a las características de la exposición realizada por el consultor canadiense de la empresa Tecsult.

Con esa información, que aunque escasa, es la única disponible públicamente hasta el momento, se analiza a continuación la viabilidad técnica, ambiental y económica del proyecto.

El estudio del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en la versión actual, fue encargado a la consultora canadiense Tecsult, bajo contrato firmado en agosto de 2008 por un monto de 8.2 millones de dólares, con un plazo de 11 meses para la entrega del diseño final y del estudio de evaluación de impacto ambiental correspondiente. El diseño presentado por Tecsult muestra una central hidroeléctrica de 990 MW de potencia instalada, que utiliza un caudal medio de 8900 m3/s del río Beni y una caída bruta media de 10.8 m para generar 5.5 TWh de energía media anual. El embalse inundará 690 km2, sin considerar el efecto de remanso. Para fines de comparación, actualmente la demanda máxima en el Sistema Interconectado Nacional es ligeramente superior a 1000 MW y el consumo combinado de las tres ciudades del norte amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija) es inferior a los 20 MW.

Desde el punto de vista técnico, es muy probable que el proyecto Cachuela Esperanza sea incompatible con la hidroeléctrica que se ha propuesto construir en el tramo binacional del río Madera y a la que los brasileños dan el nombre de Ribeirao. El Complejo Hidroeléctrico del río Madera, en la visión brasileña, comprende la construcción de cuatro represas hidroeléctricas que aprovechan el desnivel existente en el tramo de cachuelas de los ríos Madera, Mamoré y Beni. Empezando desde el extremo aguas abajo, ellas son: Santo Antonio (3150 MW), Jirau (3300 MW), Ribeirao (3000 MW) y Cachuela Esperanza (800 MW según los brasileños). Las dos primeras están actualmente en construcción en territorio brasileño y, junto con la de Ribeirao, se ubican sobre curso del río Madera. La de Cachuela Esperanza se ubica en territorio boliviano y aprovecha las aguas del río Beni, uno de los dos formadores del Madera.

El problema de la incompatibilidad entre Ribeirao y Cachuela Esperanza fue planteado hace varios años (Molina, 2005) y está relacionado con la topografía. El nivel normal del agua en el futuro embalse de Ribeirao sumergiría la casa de máquinas del proyecto Cachuela Esperanza y eliminaría la mayor parte de la caída disponible para generar energía. El análisis para definir cuales aprovechamientos hidroeléctricos son complementarios y cuales son excluyentes en el Norte Amazónico, forma parte de uno de los componentes del contrato firmado entre ENDE y Tecsult, denominado "Estudio de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni". A este estudio se le otorgó un plazo de 6 meses, por lo que debió concluirse antes del diseño de Cachuela Esperanza. Pero el contrato especifica que ese componente se iniciará "una vez que ENDE entregue al consultor (Tecsult) la información de topografía levantada para la zona de estudio". Esta irregularidad, una de las varias del contrato, ha tenido serias consecuencias: en la fecha del Taller (noviembre de 2009) y 15 meses después de la firma del contrato, ENDE no había concluido el estudio topográfico y por tanto oficialmente no se había dado inicio a ese componente clave.

Si los proyectos de Cachuela Esperanza y Ribeirao son excluyentes entre sí, ¿cuál es el que se debería escoger? Si tomamos en cuenta la visión brasileña y los argumentos expuestos por uno de los expositores del Taller de noviembre, no cabe duda que el proyecto a seleccionar sería el de Ribeirao. De los muchos argumentos existentes, se mencionan tres puramente técnicos: a) la potencia instalada de Ribeirao sería tres veces más grande que la de Cachuela Esperanza (3000 frente a 990 MW), b) solamente la construcción de Ribeirao haría posible la navegación en el tramo de cachuelas del río Madera, c) al aprovechar las caídas naturales que representan las cachuelas, el tramo de río que será inundado es mucho menor que si el proyecto se construyese en un río sin cachuelas. Ribeirao comparte esta ventaja con Jirau y Santo Antonio.

Una de las sorpresas del diseño presentado por Tecsult es que no aprovecha ni siquiera la caída natural de la cachuela Esperanza, la única existente en ese tramo del río Beni. Esto al parecer para no afectar el poblado histórico del mismo nombre. La caída necesaria para la central se obtiene por tanto de la pendiente natural del río Beni, que es muy baja. Entre las múltiples consecuencias de esta decisión se mencionan dos: la gran longitud del tramo río arriba a ser afectado por la represa y el área inundada por el embalse (690 km2), que será proporcionalmente mucho más grande que los proyectos brasileños (271 km2 en el caso de Jirau y 258 km2 en Santo Antonio, también sin efecto de remanso). Considerando las características de cada proyecto, Cachuela Esperanza inundaría una superficie diez veces mayor por unidad de potencia instalada.

Con lo anterior cabe también esperar que los impactos socio-ambientales de Cachuela Esperanza sean proporcionalmente mayores a los proyectos brasileños, que ya son proyectos que provocarán impactos ambientales de gran magnitud, incluso en Bolivia. De hecho, tanto la longitud como la superficie del tramo de río a inundar son dos de los criterios clave para evaluar preliminarmente la magnitud de los impactos y la viabilidad ambiental de una represa, según el Banco Mundial (Ledec et al, 1999). El listado preliminar de impactos presentado en el Taller ya es alarmante, aunque no se presentó una evaluación de su magnitud.

Las represas sobre los grandes ríos de la Amazonía provocan impactos ambientales negativos no solamente en el entorno cercano, sino a nivel de la cuenca de aporte, que es también muy grande. Así los efectos de la represa de Santo Antonio o la de Cachuela Esperanza se sentirán a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare o en Rurrenabaque, sobre los peces migratorios y los pescadores comerciales y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento. Esta es una diferencia importante con las plantas hidroeléctricas existentes, localizadas en la zona andina, que aprovechan el caudal de afluentes mucho más pequeños y han sido reconocidas internacionalmente por su eficiencia, bajo impacto ambiental y tamaño adecuado a las necesidades del país, es decir lo opuesto a lo que cabe esperar de los megaproyectos.

Según Tecsult, el proyecto requerirá una inversión de 2000 millones de dólares, monto que muy probablemente no incluye los costos ambientales ni de líneas de trasmisión, ya que el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aún no fue concluido. El expositor indicó que la central hidroeléctrica generaría energía a un costo de 6.5 centavos de dólar por Kwh (kilovatio-hora), es decir 65 U$ por megavatio-hora (MWh) y que el proyecto sería rentable con la condición de que más del 95% de la energía generada se exporte a Brasil.

Según otro expositor del mismo Taller, actualmente las empresas generadoras venden energía al Sistema Interconectado Nacional a un precio inferior a 20 U$ por MWh, que bajo las condiciones actuales hace inviables aún a los mejores proyectos hidroeléctricos que se han propuesto, todos ellos ubicados en la región andina de Bolivia. Esos proyectos tienen un costo por unidad de potencia muy inferior al del proyecto Cachuela Esperanza.

Como el único mercado al que la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza podría exportar energía es el de Brasil, es conveniente analizar los precios de la energía en ese país. La referencia inmediata y más útil son los precios a que se venderá la energía generada por los proyectos de Jirau y Santo Antonio, situados sobre el tramo brasileño del río Madera. La construcción y operación de ambos proyectos fue adjudicada por el Gobierno brasileño a consorcios privados bajo un criterio: ganaba el que ofrecía el precio de venta de la energía más bajo. Jirau, que es la hidroeléctrica más próxima a la frontera boliviana y a Cachuela Esperanza, fue adjudicada al consorcio ESBR en mayo de 2008, que ofreció un precio de 43 U$ por MWh, a la tasa de cambio monetario de ese entonces.

¿Tiene sentido suponer que Brasil estará dispuesto a pagar por la energía generada en Cachuela Esperanza un 50% más (65 frente a 43 U$ por MWh) de lo que pagará por la energía de las hidroeléctricas situadas en su propio territorio? Ante la probable respuesta negativa a esa pregunta, el expositor de Tecsult en el Taller se permitió una sugerencia: negociar con Brasil el precio de venta de la energía de Cachuela Esperanza tomando en cuenta "los muy probables impactos ambientales negativos que los proyectos brasileños de Jirau y Santo Antonio tendrán en Bolivia". Cabe preguntarse qué piensa el Gobierno boliviano sobre esa sugerencia, que afecta a la Política Internacional del país y que pone en juego las tierras y el bienestar de muchos pobladores bolivianos. 

¿Existe la posibilidad de que Bolivia venda energía a Brasil a un precio menor de lo que costaría al país generarla, subvencionando de hecho al consumidor brasileño? Seguramente que no, pero aquí surge otra pregunta, ¿se justificaría llevar a cabo el proyecto por un objetivo de política nacional y de desarrollo regional, como es el de satisfacer las necesidades de energía del Norte amazónico? De hecho el Estado ya subvenciona la producción de electricidad en la región, al proporcionar diesel a un precio muy por debajo del precio nacional y más aún, del internacional.

Pero cuando la justificación principal para seguir adelante con un proyecto es política, se deben estudiar diversas alternativas y escoger la de menor costo y mejor tasa de retorno. Nada de eso se ha llevado a cabo, a pesar de que esas alternativas existen y merecen un análisis serio. Esas alternativas van desde las pequeñas centrales hidroeléctricas (Yata, Tahuamanu, etc.), que aprovechan las cachuelas de algunos afluentes mucho más pequeños, hasta el mismo proyecto Cachuela Esperanza, pero en la versión estudiada a nivel de factibilidad por ENDE en 1989. Ese estudio propuso una central de 45 MW, más que suficiente para las necesidades de la región, que además utilizaría solamente el 10% del caudal medio del río Beni. Con un costo e impacto ambiental mucho menores, esa alternativa se adecua mejor a las necesidades y posibilidades del país que el megaproyecto presentado por Tecsult.

Con toda probabilidad la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, en la versión presentada en el taller de noviembre, no es viable técnica, económica y ambientalmente. Más aún, todo el proceso revela una falta de planificación energética en todos los niveles, incluso el más básico: el de proyecto. Esto es especialmente alarmante si se toma en cuenta que en el programa del actual Gobierno se han incluido varios megaproyectos hidroeléctricos, como El Bala, cuya viabilidad es al menos tan dudosa como Cachuela Esperanza. 

En esas condiciones, cabe preguntarse sobre el sentido de gastar miles de millones de dólares de fondos públicos en la construcción de megaproyectos que no responden a las necesidades del país. La situación se agrava si se considera las irregularidades y falta de transparencia que han rodeado hasta el momento al proyecto de Cachuela Esperanza. ¿Podrán el país y la actual gestión de Gobierno asumir el enorme costo económico, ambiental, social y político que supondrá incluso uno solo de esos megaproyectos, mal concebido y planificado? Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero para eso se necesitan análisis serios y una discusión abierta sobre proyectos y políticas.

Referencias

Molina, J. (2005). El megaproyecto hidroeléctrico y de navegación del río Madera. Publicación FOBOMADE, La Paz.

Ledec, G., Quintero, J., Mejía M. (1999): "Good Dams and Bad Dams: Environmental and Social Criteria for Choosing Project Sites". The World Bank, Environment Unit. Mayo 1999
Instituto de Hidráulica e Hidrología, UMSA

Fuente: BOLPRESS


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