Así lo confirmó a la agencia EFE Julio Fuentes, coordinador del programa Manejo de Fuego de la Gobernación de Santa Cruz, quien agregó que los incendios activos están en la localidad de Roboré y otro en San Matías, cerca de la frontera con Brasil. La zona afectada es la misma que más padeció los fuegos forestales en 2019.
De nuevo bajo el fuego. Así está una zona del sureste de Bolivia desde el 1 de agosto, cuando se presenciaron los primeros incendios forestales. Y poco a poco, la tragedia ha ido aumentando.
Julio Fuentes, coordinador del programa Manejo de Fuego de la Gobernación de Santa Cruz, le explicó a la agencia EFE que la mayor afectación ha sido en la localidad de San Matías, que pertenece al departamento de Santa Cruz y queda ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Brasil. El departamento, además, hace parte de la Amazonía boliviana.
Fuentes señala que solo allí se han quemado 100.000 hectáreas y que las autoridades locales ya llevan una semana intentando repeler el fuego con maquinaria pesada. El Viceministerio de Defensa Civil señaló la misma cifra afectada después de hacer un sobrevuelo por la zona.
Y San Matías no ha sido el único lugar afectado. La localidad de Roboré también ha padecido bajo las llamas. Además de los dos incendios activos en dichos municipios, Fuentes agrega que la Gobernación de Santa Cruz detectó este domingo unos 35 focos de quema activos.
Todo esto ha ocasionado la quema de más de 150.000 hectáreas en una zona de alto valor ambiental en Bolivia. Y es que las llamas están devorando parte de la Chiquitanía, una región de transición entre el Chaco y la Amazonía, que es además el bosque seco tropical más extenso de todo el mundo y mejor conservado.
Esta fue la misma región azotada por los incendios de 2019 que consumieron más de 6,4 millones de hectáreas de vegetación de todo el país, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). De ellas, dos millones correspondían a bosque, vegetación arbustiva y pastizales.
Una de las consecuencias de ese entonces fue que más de 2,3 millones de animales desaparecieron de áreas protegidas que quedan en el bosque de la Chiquitanía, según le dijo Sandra Quiroga, jefa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Ecológica de Santa Cruz, a la agencia AFP en 2019.
Los incendios ya alcanzan un área protegida de la Chiquitanía
Aunque hasta ahora las conflagraciones actuales no se comparan con las de hace dos años, las alarmas están prendidas porque el fuego está avanzando hacia algunas reservas naturales, como lo confirmó al canal estatal ‘Bolivia TV’ el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
A pesar de que el funcionario no precisó el nombre de las reservas afectadas, el medio internacional Mongabay Latam registró que se trata de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, ubicaba dentro de la Chiquitanía. Según el medio, los incendios ya están dentro del área protegida y están avanzando hacia las faldas de la serranía.
Los incendios forestales vuelven a generar pánico entre las comunidades aledañas a la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, en la Chiquitania boliviana. Aunque el fuego está controlado, falta logística para combatir las llamas. ⬇️ https://t.co/l1XWiu6B01
Calvimontes solo indicó que las autoridades están realizando un “cortafuegos” para evitar que el incendio se expanda, que están utilizando un helicóptero Súper Puma para realizar los trabajos necesarios en el lugar y que hay más de 200 personas trabajando para contener las llamas.
Por su parte, Alejandra Sandóval, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, explicó en un video publicado por la Gobernación de Santa Cruz, que la estrategia en la que están trabajando es crear “líneas de defensa para poder hacer un contrafuego” ya que debido al “cambio de vientos, (el fuego) ha cruzado la carretera” que va hacia la frontera con Brasil y que circunda el área protegida. El medio local El Deber publicó un video en el que se evidencia cómo las llamas consumen una parte de la reserva.
El incendio forestal en el valle de Tucabaca muestra un frente de más de 10 kilómetros. Las llamas originadas en El Naranjo se adentran en la serranía y afectan al Área Protegida. pic.twitter.com/8wWsllnULU
Al sábado 7 de agosto, la Gobernación ya había decretado una alerta naranja en todo el departamento por los incendios forestales. Y es que esta región ha sido una de las más golpeadas en esta temporada. Fuentes indicó, por ejemplo, que en lo va de agosto se han detectado mil focos de quema activos en Santa Cruz.
Aunque el viceministro Calvimontes informó que los focos de calor ya están disminuyendo. Una prueba de ello es que el sábado se registraron 520 y este domingo se redujo a 496 focos de calor.
El Gobierno boliviano dice que ya identificó a los autores de los incendios
El viceministro Calvimontes informó este domingo que ya identificaron a los propietarios y a las asociaciones de empresas de las haciendas donde supuestamente comenzó el fuego de esta semana.
“Ya tenemos absolutamente identificados el nombre de las propiedades, y de los propietarios o de las asociaciones, porque son empresas algunas, quienes componen el grupo empresarial donde se han iniciado los incendios”, señaló Calvimontes en su entrevista con el canal estatal.
Añadió que el equipo jurídico ya está trabajando para realizar los procesos administrativos pertinentes y la Fiscalía deberá complementar la investigación; pero no dio información sobre los presuntos responsables de las quemas que hoy azotan a esta región de Bolivia.
Fuentes: Periodistas por el Planeta (PxP) [Foto: Los ocho grupos Yaqui y el gobierno mexicano firmaron, en agosto pasado, un acuerdo para garantizar los derechos territoriales, incluyendo la gestión del agua, de ese pueblo indígena. Cortesía: Gobierno de México]
Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica ese es el Yaqui, una de las 69 poblaciones indígenas que habitan en México. Y más hoy, que llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”.
Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha arrinconado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción.
Tomás Rojo, el tercero de izquierda a derecha. Cortesía: Centro Prodh.
El mencionado Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. “[Las obras] Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a caminar en Vícam, su comunidad.
El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante.
Historia de la injusticia hídrica
Entre los años ’40 y los ’60, el Gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región —una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año.
Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.
A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible proviene de las lluvias estacionales.
“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está siendo reclamada a viva voz en México.
Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su pueblo y que su vida esté en peligro”.
Cóctel de amenazas
El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un país de unas 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y suba del nivel del mar. A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.
Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos.
La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días. Pedro Moctezuma Barragán, UAM.
Abasto del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio “Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador.
Pionero en conflictos
La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en Sonora.
Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades.
Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja. Esteban Castro, Conicet.
La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben cumplirse para 2030.
Un país que se seca
México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, el 67% es árido y semiárido, y sólo el 33% restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de su geografía.
Crédito: Pablo Iglesias para PxP.
En 2018, el agua renovable totalizó 451.585 millones de metros cúbicos —equivalentes a cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67% se da en el sur y sureste; el 33%, en el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia. De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos).
Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues el 39% de los usos nacionales —excepto la hidroelectricidad— depende de ella.
En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas.
Crédito: Pablo Iglesias para PxP.
Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un grado de presión nacional bajo (19,5%), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de Chile.
El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si es mayor a 40% y “sin estrés” cuando es menor a 10%. En contraposición, el estrés aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible.
Riesgo dispar
El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el Golfo de México y el Mar Caribe, riesgo medio-alto de sequía.
El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las actividades humanas sobre el recurso) de 1.978 m3/persona al año, cuando la media global es 1.385.
Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema multidimensional.
El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días. Patricia Ávila, UNAM.
A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que “muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la población”.
Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares.
Debido a la falta de agua en varios barrios de Ciudad de México, camiones o “pipas” reparten el líquido en esas zonas. En la imagen, una pipa carga agua en un barrio del sur de Ciudad de México. Crédito: Emilio Godoy.
La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente delicada. Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades agrícolas).
Escasez de dinero
A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.
La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del Golfo de México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el sector ambiental, incluido el ramo hídrico.
En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el Gobierno seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México. Crédito: Eneas De Troya / CC BY 2.0
En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a México, como al mundo entero, tiempo no le sobra. En este sentido, para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas.
Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de tratamiento. Omar Arellano, UNAM.
Tiempo de descuento
En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.
México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio.
El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una regulación que cambie la visión sobre su manejo.
Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.
Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la recomposición del Congreso legislativo mexicano.
Al respecto, el académico de la UAM Moctezuma plantea: “Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”.
Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. Si se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro. Esteban Castro, Conicet.
El negocio de la escasez
El pueblo Yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente. “Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur de Sonora con gran déficit de agua y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Rojo.
La comunidad y el Gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego por unas 23.000 hectáreas que han gestionado de facto desde años.
Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental.
“No estamos seguros si al Gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia.
Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso para todos.
Emilio Godoy. Periodista de investigación. Su trabajo en ambiente y energía ha sido reconocido con premios al Periodismo sobre Economía Verde y Desarrollo Sostenible, y al Reportaje de Fondo del Séptimo Reconocimiento al Trabajo Periodístico sobre Energía, entre otros, y becas de periodismo de investigación. Es embajador para América latina de la red de periodistas por la transición energética de Clean Energy Wire (CLEW), con sede en Alemania.
Parecía que el día no iba a llegar. En la economía de la abundancia y del despilfarro, ¿quién imaginaría que Italia, una de las grandes potencias en la producción de latas de tomate en conserva, junto a China y Estados Unidos, estaría preocupada por garantizar el negocio de exportarlas por todo el mundo? Lo mismo está ocurriendo en la India con otro alimento estrella de la industria alimentaria: están teniendo graves problemas para cerrar la cadena de la valorada pulpa de mango del estado de Maharashtra. Más aún, parece ser que la gigantesca industria cervecera de los Estados Unidos no puede satisfacer al ritmo deseado la demanda de su bebida.
Y la cuestión es que no es un problema de contenido: no faltan ni tomates, ni mangos, ni cebada; el desajuste en estas cadenas globales de alimentación ha llegado por una combinación de factores relacionados con el aluminio para fabricar el continente: las latas.
Por un lado, la pandemia nos ha confinado en casa y hemos hecho mayor aprovisionamiento de alimentos en conserva y, con la restauración cerrada, los refrescos nos los bebemos en nuestro hogar. El precio del aluminio también se ha incrementado en paralelo al de otro metal, el cobre, muy solicitado para la actual electrificación de casi todo provocada por la llamada transición energética.
Las latas de aluminio no son la panacea. Si bien sabemos que es un material que se recicla prácticamente del todo, como dice un estudio del grupo Aluwatch, estos procedimientos son altamente contaminantes, porque cerca del 90% de la energía que se utiliza proviene del carbón. La minería de bauxita, el mineral con el que se fabrica el aluminio, tampoco está exenta de provocar desplazamientos de poblaciones locales o, como denuncia Human Right Watch, de la destrucción de tierras ancestrales y escasa compensación para los trabajadores en las minas de Guinea Conakry que explotan compañías extranjeras.
Pero, aun así, lo que me inquieta es, ¿cuán de frágiles son estos modelos globalizados que una aceleración en el consumo pone contra las cuerdas a grandes imperios alimentarios que dependen de un material que podemos considerar casi infinito? ¿Qué ocurrirá cuando los desequilibrios lleguen al petróleo, con el que se producen los plásticos esenciales para envasar muchísimos tipos de productos de la industria alimentaria?
Pues ocurrirá que, si queremos garantizar la alimentación, tendremos que recurrir a las “dichosas” prácticas de la soberanía alimentaria y la agricultura campesina que tanto agradecerán los cuerpos humanos y su madre, el planeta Agua.
Fuentes: IPS [Imagen: Una imagen de la que se caracterizó como la primera escuela sostenible de Argentina, en la localidad de Mar Chiquita, una localidad de la oriental provincia de Buenos Aires. Trabajó en ella la asociación Amartya, que promueve la educación ambiental. El edificio toma la energía del sol y aprovecha todos los residuos. Foto: Amartya]
BUENOS AIRES – Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. Lo establece una ley sancionada en mayo por el Congreso Nacional y celebrada por organizaciones de la sociedad civil como lo que es: la concreción de un logro largamente anhelado.
“Hubo muchísimos proyectos sobre educación ambiental a lo largo de los últimos 20 años. Incluso hubo un par que tuvieron media sanción de una de las Cámaras pero no completaron el recorrido por falta de consenso político”, dijo Juan Cruz Zorzoli, director de Amartya, una organización que promueve la educación ambiental.
“La sanción de la ley es un síntoma de un cambio de época, debido fundamentalmente al activismo ambiental y la visibilidad de los jóvenes, que cuestionan el modelo de desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza y toman como ejemplo a (la activista ambiental sueca) Greta Thurnberg”, agregó en diálogo con IPS.
Con su Ley de Educación Ambiental Integral, Argentina se convierte en el segundo país de América Latina en contar con una norma específica sobre la materia, por detrás de Brasil, aunque en su caso se limita a establecer y reglamentar un Programa Nacional de Educación Ambiental. Otros países latinoamericanos han incluido el tema dentro de sus últimas leyes de educación.
La ley , también conocida por su número, 27.621, fue impulsada por los ministerios de Educación y Ambiente y promulgada este jueves 3 de junio por el presidente Alberto Fernández. Y si bien contó con el apoyo de todos los espacios políticos en el parlamento, no faltaron puntos de controversia relacionados con la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.
El senador Alfredo de Angeli se quejó durante el debate de que el proyecto se haya sido discutido en las comisiones de Educación, de Ambiente y de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, pero no en las de Agricultura.
“Tenemos mucho para aportar”, dijo De Angeli, productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos que saltó a la política en 2008, cuando se hizo conocido como uno de los líderes de una larga protesta del empresariado rural contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja.
El extendido cultivo de soja, que ocupa más de la mitad del área sembrada desde que a fines de los años 90 se aprobó la primera variedad transgénica, es cuestionado por organizaciones ambientales, por su impacto en el uso de agroquímicos y en la deforestación.
En tono de reproche, De Angeli recordó que tampoco pasó por las comisiones parlamentarias de Agricultura la llamada ley de manejo del fuego, aprobada el año pasado, que prohíbe por hasta 60 años la venta de tierras donde se hayan registrado incendios forestales, para evitar conductas especulativas que destruyan los bosques. Esa norma fue rechazada por todas las entidades agropecuarias.
Además, en la discusión de la ley de educación ambiental no faltaron legisladores que cuestionaran la ausencia del sector empresarial en el Consejo Consultivo que asesorará a las autoridades en el diseño de los contenidos educativos, integrado por organizaciones indígenas, estudiantiles, gremiales docentes, científicas, de guardaparques, de recicladores y de la sociedad civil.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades” (Laura Castillo Díaz)
La ley define a la educación ambiental como “un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.
Una de las cuestiones que establece la norma para su implementación es que se deberá realizar un estudio de percepción ambiental, explicó Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Una movilización de jóvenes en Buenos Aires, en reclamo de mejores políticas ambientales, con el fondo del Congreso Nacional, que en mayo sancionó la ley que incorpora la educación ambiental en todos los niveles de la educación argentina. Foto: Eco House Global
“Así podremos tener información que nos permita orientar los planes, programas, proyectos y mensajes de acuerdo a los diferentes destinatarias y destinatarios de manera efectiva”, destacó a IPS la funcionaria y especialista en políticas públicas.
Ruiz del Ferrier comentó que el proyecto recogió las demandas de las 23 provincias, que buscaban así fortalecer e institucionalizar la labor de esas regiones federales, porque de hecho ya vienen trabajando en educación ambiental, en varios casos con el respaldo de leyes locales en la materia.
“Se necesitaba que el tema tuviera un poco de visibilización y empuje para que lo aprobara el Congreso, después de tantos años de estar en la agenda parlamentaria, y eso fue lo que aportamos desde la sociedad civil”, dijo María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de Eco House Global, una organización que trabaja en temas de sostenibilidad a través del voluntariado.
“También realizamos un trabajo de incidencia con el que servimos de puente para que los distintos sectores políticos limaran sus diferencias y tuviéramos ley”, contó Aguilar a IPS.
“De modo tal que el rol y participación de las y los jóvenes en la educación ambiental y en esta ley en particular es de suma importancia”, añadió.
Laura Castillo Díaz, coordinadora en el área de Política Ambiental en la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó a IPS que la ley viene a pagar una deuda que estaba pendiente desde hacía décadas.
Apuntó, en ese sentido, a la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran cumbre mundial sobre temas ambientales convocada por Naciones Unidas, que en su Declaración Final señaló la importancia de la educación ambiental.
También señaló a la Constitución Nacional argentina, que desde su última reforma, en 1994, reconoce el derecho de los habitantes del país a vivir en un ambiente sano y fija la obligación de las autoridades de proveer educación e información ambientales.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”, explicó Castillo Díaz.
Una concentración de jóvenes que buscan concientizar del impacto del cambio climático en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina. Foto: Eco House Global
“En el caso de las universidades públicas y privadas se prevé que además tendrán que diseñar y poner en práctica un programa de gestión ambiental, que se aplique al manejo de sus propias problemáticas, como el manejo de los residuos o el consumo de energía”, añadió.
En las universidades argentinas las cuestiones ambientales están atrayendo cada vez más interés no sólo en carreras vinculadas a las ciencias duras, sino también en el terreno humanístico.
En la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes impulsaron la creación de un seminario de socioambientalismo, con clases durante todo el año que incluyen tema como cambio climático, eco-feminismo y el modelo de desarrollo que pone a los países latinoamericanos en el rol de proveedor de materias primas para el mercado internacional.
“En nuestra carrera no existía la perspectiva ambiental y entonces organizamos el seminario con algunos compañeros. Abrimos la inscripción y pensamos que podíamos tener 30 inscriptos, pero en una semana teníamos más de 300”, dijo Federico Pellegrino, estudiante de Ciencia Política de 21 años.
De alguna manera, reconoció a IPS, “Greta nos puso el tema en agenda. Hoy veo claramente un vínculo entre lo ambiental y lo social. Ocuparse de lo ambiental significa ocuparse de cómo mejorarle la vida a la gente”.
Según se estableció en la ley, los ministerios y representantes de las provincias deberán diseñar una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai), que a su vez dará lugar a estrategias jurisdiccionales, que deberán ajustarse “a la realidad de los territorios”.
Eso entusiasma a Pellegrino, que imagina contenidos vinculados a las distintas problemáticas que enfrenta un país tan diverso como Argentina, cuyo extenso territorio tiene desde la gran llanura agrícola en el centro del país hasta los bosques chaqueños y las mesetas de altura de la Puna en el norte, pasando por la estepa patagónica en el sur, la Cordillera de los Andes en el oeste y la selva paranaense en el noreste.
“Queremos que en el Chaco se hable de la deforestación, en la Patagonia se hable del impacto de las represas y en la Puna se hable de por qué Argentina, Bolivia y Chile tienen que pagar el costo de proveer el litio para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos”, explicó este universitario, que comenzó como activista ambiental y hoy trabaja en la organización Eco House.
En febrero pasado la compañía alemana había alcanzado un principio de acuerdo por 2000 millones de dólares para evitar futuras demandas por el uso del Roundup. Un juez desestimó la medida por considerarla «no razonable». Bayer-Monsanto insiste en la seguridad del uso del glifosato, a pesar de la evidencia científica y los fallos judiciales.
Un juez de Estados Unidos canceló un acuerdo que permitía a Bayer-Monsanto saldar futuras demandas relacionadas con el uso del herbicida Roundup, basado en el glifosato, y la afectación en la salud de las personas, en particular por casos de cáncer. La propuesta de la farmacéutica alemana —que adquirió la empresa Monsanto en 2018— fue presentada en febrero pasado y pretendía cancelar próximos litigios con la creación de un fondo de 2000 millones de dólares.
El principio de acuerdo había sido sellado entre Bayer-Monsanto y los abogados querellantes de los afectados por el uso de Roundup, pero tenía que ser validado por el juez de San Francisco Vince Chhabria. El magistrado consideró que el convenio era “claramente no razonable” para algunos denunciantes y sostuvo que «no protegía suficientemente los intereses de las personas que usaron el herbicida Roundup antes de febrero de 2021, pero que aún no han sido diagnosticadas con linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático».
Chhabria señaló que el acuerdo judicial sí era beneficioso para la empresa porque limitaba sus futuros riesgos legales, algo que el propio juez buscó evitar al solicitar este acuerdo para futuras demandas. El convenio rechazado por 2000 millones de dólares es un desprendimiento del acuerdo aprobado por el juez de San Francisco en junio de 2020, en el que Bayer-Monsanto alcanzó un acuerdo de más de 10.000 millones de dólares para poner fin a unas 125.000 denuncias. Pero que Chhabria desestimó en parte por no contemplar las demandas futuras.
Tras ver cancelada la oportunidad de anular futuras demandas judiciales, Bayer manifestó, a través de un comunicado, que continuará explorando las opciones legales y comerciales para lograr «un resultado similar en la mitigación del riesgo de litigios futuros» y sostuvieron que la empresa las tomará «lo más rápido posible».
Roundup, la evidencia y la negación de Bayer-Monsanto
En ese tono, Bayer-Monsanto continúa defendiendo la inocuidad del Roundup y argumentó que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de ese país en el que afirma que el glifosato «no presenta riesgos de preocupación para la salud humana». A pesar de la propia documentación interna que reconoce lo contrario y fue revelada en los Monsanto Papers y la declaración de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, en 2015, cuando calificó a ese activo como «presuntamente cancerígeno».
El laboratorio alemán —que desembolsó 63 mil millones de dólares en 2018 por la compra de Monsanto— insiste su línea argumentativa y propuso la creación de un panel asesor científico «independiente» para revisar la información sobre la seguridad de su producto. Además, la empresa informó la creación de un sitio web dedicado a «estudios científicos» sobre la seguridad del Rounup y solicitó a la EPA que apruebe la redacción de las etiquetas con un enlace de referencia. También indicó la posibilidad de reducir el uso de la sustancia química en césped y jardín, aunque no en prácticas agrícolas.
Sin embargo, la Justicia continúa rechazando los argumentos de Bayer-Monsanto. Semanas antes de la decisión del juez Chhabria, la Corte de Apelaciones rechazó el pedido de la firma propietaria de Roundup de revisar la sentencia de la causa Edwin Hardeman —que no ingresó en el acuerdo de junio 2020— y confirmó la condena a Bayer-Monsanto por 25 millones de dólares, por daños e intereses contra Haderman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2015, tras años de usar el producto en base a glifosato. «La evidencia mostró que el riesgo cancerígeno del glifosato era conocido al momento de la exposición de Hardeman», sostuvo la Corte de Apelaciones de California.
Fuentes: Virginia Bolten [Foto: Verónica Raffaelli]
En los últimos días se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear —con fondos e inversión China— donde mediante reunión virtual estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).
Sin embargo, también se supo que Rusia intenta hacer presencia fuerte en argentina, impulsando la construcción de una central flotante con fondos rusos, aprovechando la extensa plataforma marina que posee el territorio, y con el actual respaldo de la vacuna Sputnik V.
Esto ratifica la insistencia de los gobiernos en este territorio de seguir apostándole a lo nuclear como salida a las necesidades energéticas, pero a su vez, a lavar la cara a una industria que amenaza al medioambiente y a la humanidad. A continuación, se explican las amenazas que trae este pronunciamiento.
La ley 25022, sancionada en el año 1998, aprueba la total prohibición de ensayos nucleares a nivel mundial, adoptada a partir de la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fue necesario el tratado de prohibición de armas nucleares, cuyo acuerdo internacional se realizó en el año 2017, que prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de armamento nuclear con miras a su total eliminación.
Para su entrada en vigor, fue ratificado por 50 países en octubre de 2020, lo necesario para convertirlo en ley internacional, que tendría vigencia a partir del 22 de enero del año 2021. Lo preocupante es que dicho acuerdo no ha sido firmado por las potencias atómicas: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Y según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se calcula que estos cinco países, junto con India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, poseen un arsenal de 13.400 armas nucleares. Así como tampoco fue ratificado por ciertos países miembros de la OTAN.
Para la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), este tipo de actividades sigue proliferando en países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía, albergando entre todas, alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses.
Existen actualmente alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo, y están camino a construcción 50 más, en países como China, India, Pakistán, Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y Emiratos Árabes.
Pese a la actual pandemia de covid-19, las nueve naciones nucleares del planeta aumentaron en 2020 el gasto en arsenales de armas atómicas a 1.400 millones de dólares, revela un nuevo informe también de (ICAN). Según el documento, publicado este lunes, las nueve potencias gastaron el año pasado un total de 72.600 millones de dólares en sus armas nucleares.
América Latina, en particular, viene desarrollando un papel importante avalando la prohibición de armas nucleares en toda la región, y varios de esos países han firmado el tratado internacional. Pero en el caso del territorio denominado Argentina, decidió no suscribir al último acuerdo.
El territorio cuenta ya con la Central Nuclear Atucha I que aporta energía desde 1974, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate. La Central Nuclear Atucha II es una nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW, a base de uranio natural y agua pesada, y está situada en el mismo complejo que Atucha I. Y la Central Nuclear Embalse se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 msnm., siendo de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium), y pertenece al tipo de centrales de tubos de presión, que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada.
Repasando, allá por el año 2015, y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cabe recordar, se aprobó mediante un convenio, la instalación de dos centrales nucleares más: proyecto Atucha III con una tecnología canadiense, y otra con tecnología china.
El acuerdo nuclear está en línea con la “alianza estratégica integral” firmada entre Argentina y China. Durante dicho gobierno, los dos países firmaron más de 20 tratados.El proyecto Atucha III contempla la construcción de una central nuclear de tecnología china, Hualong que se trata de un reactor de 1.200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética, y se ubicaría en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires.
Más tarde durante el año 2018 —ya con la presidencia de Mauricio Macri— en la cumbre del G20, Argentina y Rusia firmaron un documento estratégico de colaboración en el uso de energía nuclear, el mismo incluyó la posibilidad de construir una central nuclear flotante y otra de alta potencia.
Pero fuera del debate si es con fondos chinos o rusos, existe otro del cual se habla poco, que es acerca de los verdaderos fines de las centrales nucleares, sus impactos socio-ambientales y la amenaza escalofriante que representa.
Existe un discurso, sobre la supuesta importancia de las centrales como proveedoras de energía, así como también por ser consideradas como “seguras y baratas”. Pero, ¿es realmente esto así?
La tecnología pacífica y la tecnología militar son en verdad la misma cosa, es decir, se construyen centrales nucleares que producen electricidad, para luego fabricar bombas, como explica el economista Antonio Brailovsky.
La materia prima para la fabricación de las mismas es el plutonio (utilizado para recubrir todo tipo de munición), elemento que no se encuentra en la naturaleza, y que sólo se genera en las centrales eléctricas nucleares, quemando el combustible de las mismas (reprocesamiento). Y es por ello, que se sustenta con el gran apoyo financiero, por parte de ciertos gobiernos.
Un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestra que en 2008 a nivel mundial, “la fisión y fusión nuclear atrajo el 40% del presupuesto gubernamental destinado a investigación y desarrollo de energías (78% del cual fue destinado a reactores de fisión tradicionales)”. Para el caso de argentina, entre 2003 y 2014, se invirtieron en el país más de U$S 11.000 millones en materia nuclear. Pero, ¿por qué no se invierte eso mismo en energías renovables?
Y lo cierto es que —tal como lo ha expresado la revista francesa ”Mundo Científico”— todos los países que dominan esta tecnología disponen, aunque sea a nivel laboratorio, de los medios para fabricar armamento nuclear. Y la historia nos da ejemplos de ello, países que comenzaron con el mismo discurso “pacífico” pero que, en cuanto tuvieron las condiciones políticas, detonaron las primeras bombas (Antonio Brailovsky).
Entonces, sabiendo que existen otras formas de generar energía, menos peligrosas como las renovables, es evidente porqué se sigue destinando presupuestos irrisorios para tal fin.
Impactos y consecuencias
Además de la amenaza bélica que representa la construcción de centrales nucleares, existen otros riesgos de los que poco se habla. Tal es así los ya conocidos accidentes nucleares con pérdidas de radiactividad al exterior, como fue el caso de: Francia (1969), Estados Unidos (1979), Ucrania, Chernóbil (1986) el mayor accidente conocido, Japón (1999), Estados Unidos (2000).
Las centrales nucleares en funcionamiento normal (como Atucha) descargan radionucleidos al ambiente, el más significativo es el tritio, y se han detectado en algunas muestras de sedimentos y de suelos, trazas de cobalto-60, un producto de activación formado principalmente en el viejo reactor.
Debemos hablar también de impactos por contaminación con uranio de aguas, ríos y napas subterráneas, acumulación de residuos tóxicos, basureros nucleares, enterramiento de plutonio, que conlleva a enfermedades cancerígenas, malformaciones, infertilidad, problemas neurológicos, mutación de especies animales, hacia la población circundante.
Y no olvidemos tampoco que otra pieza aquí fundamental es la minería de uranio, que cumple una función importante para poder armar las barras de combustibles para los reactores y generar así el subproducto de plutonio. Por lo que la fuerte y constante presencia de este tipo de minería en territorio sudamericano tiene su elocuente motivo.
Por último y como dato no menor, una central atómica tiene una vida útil de unos 30 años, la cual luego se convierte en un gran basurero radiactivo. Sumado a la enorme cantidad de agua que se requiere, y por lo tanto a su ubicación en lugares estratégicos, de gran presencia poblacional, generan una verdadera amenaza que parecen no contemplar los gobiernos.
Pero paradójicamente desmantelar una central nuclear es mucho más costoso que instalarla, por lo que destinar presupuesto a ello, tampoco está en la agenda.
Fuentes:
Antonio Brailovsky, Esta, nuestra única tierra (2009). Ed. Maipue
