jueves, 11 de agosto de 2022

¿Las plantas eólicas offshore son el futuro de la energía en Latinoamérica?


Fuentes: Diálogo chino [Imagen: Un parque eólico marino frente a la costa de West Sussex, en Reino Unido. Los países europeos y China están a la cabeza de la energía eólica marina, y aunque América Latina no tiene actualmente ninguna capacidad instalada, hay iniciativas en marcha (Imagen: Ian Stewart / Alamy)]

Colombia y Brasil han empezado a promover la tecnología en la región, que tiene un gran potencial eólico en altamar

Tres décadas después de que se instalara el primer parque eólico marino del mundo, América Latina, sin ninguna planta semejante, comienza a interesarse por esta forma de generación de energía. Algunos especialistas consideran que es el momento ideal para plantearlo debido a que ayudaría a promover una sólida transición energética en la región. 

La energía eólica offshore -término del idioma inglés que significa “en el mar, alejado de la costa, marina, costa afuera o ultramar»- es la fuente de energía limpia y renovable que se obtiene con la fuerza del viento que se produce en alta mar. En la última década el sector ha madurado y crecido rápidamente, tras un lento crecimiento desde que se instalaron las primeras turbinas en Dinamarca en 1991. Se han instalado aproximadamente 56 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina en todo el mundo, principalmente en Europa y China.

21 GW, es la capacidad eólica marina añadida a nivel mundial en 2021, un récord anual que llevó la capacidad instalada mundial a 56 GW, según el Consejo Mundial de la Energía Eólica

La eólica marina es muy diferente con respecto a otras tecnologías de energía renovable. La brasileña Ingrid Pacheco Silveira, experta eólica marina, señala que las turbinas aprovechan la falta de barreras presentes en la tierra para girar más rápido y generar energía de forma más constante y uniforme que la eólica terrestre o la solar fotovoltaica: “algo que quedó demostrado desde los primeros proyectos es que se pueden utilizar turbinas más grandes en el entorno marino que en los parques eólicos terrestres y con una escalabilidad que puede traer enormes beneficios a América Latina”. 

El Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía (ESMAP) señala que una cuarta parte del potencial eólico marino del mundo se encuentra en aguas de países de ingresos bajos y medios, por lo que acelerar su adopción en los mercados emergentes se ha vuelto esencial para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir la pobreza.

En esta última década la industria eólica marina ha mostrado un crecimiento acelerado, principalmente en China y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El último año, la industria eólica presentó récord en nuevas instalaciones para la energía eólica marina,  con 21 GW de capacidad añadida en todo el mundo.

Este gran avance relativamente reciente se debe principalmente a una reducción de costos y al aumento sustancial en el tamaño de la turbina y la escala del proyecto, así lo identificó para Diálogo Chino el doctor Christian Appendini, oceanógrafo del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de México (UNAM): “como ahora es competitiva en costos, algunos gobiernos planean hacer de ella un componente clave de su combinación energética descarbonizada”.

Enorme potencial

Los beneficios de aumentar la capacidad eólica marina pueden ser múltiples, según la información brindada por el Banco Mundial a Diálogo Chino. Los países que comiencen a utilizar esta energía pueden crear y mantener miles de empleos altamente calificados, generando electricidad de manera predecible e incrementando su producción en otoño e invierno, estaciones de menor radiación solar y mayor consumo de energía, señalan desde la entidad, y añaden que “el uso de esta energía puede ser complementaria en América Latina con otras tecnologías renovables, brindando seguridad de suministro y aportando valor”. 

La energía eólica puede ser complementaria en América Latina con otras tecnologías renovables, brindando seguridad de suministro y aportando valor

Existe un enorme potencial de recursos sin explotar en América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial, que estimó un potencial técnico cercano a los 8.000 GW en las aguas de esta región. Algunos países tienen excelentes condiciones naturales, lo que significa que esta energía podría ser técnica y económicamente viable. La asociada de Asuntos Externos de este organismo señaló que Brasil y Colombia son los más avanzados en sus legislaciones eólicas marinas. “Por ejemplo, los desarrolladores de la industria brasileña han propuesto más de 130 GW de capacidad eólica marina en 55 proyectos”.

Brasil y Colombia avanzan

Brasil es el mercado eólico terrestre más grande de América Latina, seguido de México, Chile y Argentina. La industria brasileña del petróleo y el gas se desarrolla principalmente en alta mar y tiene una cadena de suministro muy bien establecida que se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de la eólica marina, señaló Pacheco Silveira al identificar los avances normativos en Brasil.

Mapa que muestra el potencial eólico marino de Brasil
Gráfico: Belen Sampietro / DIálogo Chino

“Un primer proyecto legislativo fue emitido en 2017 en la Cámara de Diputados, pero 2020 fue el cambio de juego con el lanzamiento gubernamental de una hoja de ruta para desarrollar enormes parques eólicos marinos con el involucramiento de la Agencia Nacional del Medio Ambiente. A principios del año anterior, se publicó un nuevo proyecto legislativo y finalmente, en 2022 llegó el Decreto para regular el mercado que genera grandes expectativas para sus financiamientos”.

Mientras que, en Colombia, en la agenda de los proyectos energéticos se está empezando a escribir un nuevo capítulo protagonizado por la eólica marina o costa afuera, palabras con las que identifica a su hoja de ruta el Ministerio de Minas y Energía.

Diego Mesa Puyo, ministro de Energía saliente de Colombia, concedió una entrevista a Diálogo Chino dos días después de anunciar un programa para generar energía eólica costa afuera mediante la instalación de aerogeneradores e inversiones que podrían alcanzar millones de dólares.

Mapa que muestra el potencial eólico marino de Colombia
Gráfico: Belen Sampietro / Diálogo Chino

“Con esta hoja de ruta, avanzaremos en la incorporación de proyectos que permitirán aprovechar el potencial de 50 GW que tiene Colombia con esta fuente de generación, que es casi tres veces la capacidad instalada (17,7 GW) que tiene actualmente todo el país”, dijo Mesa desde Estados Unidos, tras participar en la Cumbre de las Américas

“Este tipo de tecnología es mucho menos invasiva y no genera gases de efecto invernadero, un gran avance desde el punto de vista de la neutralidad de carbono. Mientras que, en materia económica, estos proyectos requieren inversiones de capital muy significativas, por ejemplo, proyectos como los que ya se están estructurando en Colombia para los próximos tres o cuatro años, van a requerir inversiones de cerca de US$1.000 millones”, señaló el ministro de Energía colombiano, que considera que “esta industria será muy atractiva para el desarrollo económico de cualquier país”.

Algunas complejidades

El principal reto tecnológico de la energía eólica marina radica en su difícil instalación, ya que la construcción y su mantenimiento requiere la utilización de medios logísticos muy especializados. Existen diferentes estructuras eólicas marinas, entre las que se destacan los aerogeneradores marinos con cimentación fija y los aerogeneradores marinos sobre plataforma flotantes.Mesa Puyo coincide en que el gran desafío se encuentra en la infraestructura logística y portuaria, por las “torres turbinas eólicas que pueden tener una altura de más de 200 metros y que requieren un ensamblaje complejo”.

Por su parte, Ingrid Pacheco, identifica que la regulación puede afectar el progreso de esta industria: “generalmente, para instalar un parque eólico marino es necesario contar con aprobaciones exhaustivas tras realizar estudios durante los años previos que incluyen, entre otros, la compatibilidad de la estructura con la navegación, la fauna marina, las rutas de migración, la dinámica de transporte, etc.”, señala la experta brasileña.

Sumado a ello, el Banco Mundial ha expresado otras preocupaciones. “No todos los elementos del proyecto se producirán localmente; algunos deberán importarse. La distancia de los países con proveedores establecidos, como las góndolas de turbinas eólicas del norte de Europa, presentará desafíos logísticos y de transporte. La gran necesidad de capital requerirá la participación de financieras locales e internacionales, por lo que será necesario gestionar o mitigar los riesgos comerciales para atraer inversores y minimizar el costo del capital”, aseguraron a Diálogo Chino. 

¿Una bocanada de aire fresco?

Los especialistas eólicos marinos consultados coinciden en que los costos se están volviendo más competitivos, al tiempo que la disponibilidad de sitios en tierra disminuye. Por lo que la industria será próspera en América Latina si va de la mano de la creación de un entorno atractivo para la financiación y del desarrollo de políticas eólicas marinas.

“El papel de los gobiernos es fundamental para lograr un marco normativo y tributario que sea conducente a las inversiones, trabajando articuladamente con diferentes entidades. En Colombia trabajamos con la autoridad ambiental, con la dirección marítima que hace parte de nuestra Armada, con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Comercio”, explicó el ministro de Energía colombiano. 

El papel de los gobiernos es fundamental para lograr un marco normativo y tributario que sea conducente a las inversiones

“Se pueden crear muchos puestos de trabajo locales, especialmente en la fase de operaciones y de mantenimiento, mientras que el crecimiento de una cadena de suministro puede ayudar a diversificar las industrias existentes, en particular aquellas que ya suministran petróleo y gas en alta mar”, señalaron desde el Banco Mundial.

Como hicieron notar los especialistas, la energía eólica marina es una industria en crecimiento a nivel mundial, y América Latina no será la excepción. Depende de cada uno de los países aprovechar todo su potencial. 

Alan Austria es productor, periodista y presentador de noticias de Anáhuac Online y CNN. Twitter: @alanaustria24. Instagram: austria_alan

Fuente: https://dialogochino.net/es/sin-categorizar/56207-las-plantas-eolicas-offshore-son-el-futuro-de-la-energia-en-latinoamerica/





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Infraestructuras amenazan con más deforestación a la Amazonia brasileña


Fuentes: IPS [Un maltrecho puente de la carretera BR-319, en el corazón de la Amazonia, que el gobierno brasileño piensa reconstruir en su tramo central de 405 kilómetros, de un total de 885, porque su deterioro impide el tránsito. Los que se aventuran demoran tres veces el tiempo normal para cruzarla, con el riesgo de dañar gravemente los vehículos. Foto: Tarmo Taming / Flickr ]

RÍO DE JANEIRO – La obligatoria licencia previa concedida por la autoridad ambiental de Brasil para la reconstrucción de la carretera BR-319, en el corazón de la Amazonia, intensificó la alarma sobre la posible destrucción irreversible del bioma.

Esa carretera de 885 kilómetros de extensión es la única salida terrestre de Manaus, capital del estado de Amazonas con 2,25 millones de habitantes, hacia el centro-sur de Brasil. Termina en Porto Velho, capital del estado de Rondônia, con 550 000 habitantes, aún dentro del bioma amazónico.

Surgió como parte de los planes de la dictadura militar (1964-1985) de integrar la Amazonia al resto del país, a través de varias carreteras que cruzasen los bosques entonces casi despoblados y de la promoción de una masiva migración interna desde otras regiones.

Las lluvias intensas y las inundaciones frecuentes en muchos tramos deterioraron la vía asfaltada y destruyeron muchos de sus puentes. Doce años después de su inauguración en 1976 se la reconoció como una carretera intransitable, socavada por al abandono.

Intereses locales trataron de recuperarla y consiguieron el apoyo del gobierno central desde el comienzo del siglo.

“Surgieron restricciones en las audiencias públicas para evaluar los estudios ya en 2021, hasta ahora sin respuestas. Además la participación de los interesados fue limitada debido a la pandemia de covid-19 y las dificultades para la concurrencia, especialmente de los indígenas” (Carlos Durigan).

Pero el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) rechazó en 2008 y 2009 tres estudios de impacto ambiental, cuya aprobación es indispensable en este país para los proyectos que afectan la naturaleza y el contexto social.

El cuarto estudio, presentado en junio de 2021 por el estatal Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, recibió, en cambio el otorgamiento de la preceptiva licencia previa, por la cual el Ibama reconoce la viabilidad ambiental de las obras en la BR-319, pese a las críticas de los ambientalistas.

El Ibama actual sufre el descrédito de una gestión sometida a los dictámenes del actual gobierno de extrema derecha, presidido por Jair Bolsonaro, declaradamente antiambientalista, que debilitó la autoridad ambiental con dirigentes sin las calificaciones necesarias y con la reducción de sus recursos.

El Ejército brasileño siempre despliega sus soldados de ingeniería para reparar carreteras en áreas remotas, como las de la Amazonia. Pero en el caso de la carretera BR-319, entre Manaus y Porto Velho, son necesarias millonarias inversiones y costosos servicios de mantenimiento, lo que impide su concesión a empresas privadas. Foto: Ejército brasileño

Proyecto condenado

“Surgieron restricciones en las audiencias públicas para evaluar los estudios ya en 2021, hasta ahora sin respuestas. Además la participación de los interesados fue limitada debido a la pandemia de covid-19 y las dificultades para la concurrencia, especialmente de los indígenas”, observó el ambientalista Carlos Durigan.

Los impactos ambientales evaluados se restringieron a las inmediaciones de la carretera, sin considerar toda el área de influencia de las obras, ejemplificó a IPS por teléfono desde Manaus el director de WCS Brasil, la filial nacional de la estadounidense Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, en inglés).

Además no hubo la consulta previa e informada a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que serán afectadas, es decir se incumplió los requerimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acotó. Eso probablemente provocará demandas judiciales.

La licencia se obtuvo bajo promesas de mayor protección, inspección y control de las áreas protegidas, poco creíbles en un momento de debilidad del poder público en el área ambiental, con bajos recursos humanos y presupuestarios, señaló Durigan, un geógrafo oriundo del sureste brasileño que vive en la Amazonia hace dos décadas.

Esas y otras críticas componen la evaluación que hizo el Observatorio BR-319, una coalición de 12 organizaciones sociales que desarrollan actividades en el área de influencia de la carretera. El examen de 14 puntos identifica las irregularidades de la licencia previa del Ibama y los derechos violados de la población afectada.

Los defensores de la BR 319 intentaron eludir el requerimiento de los estudios de impacto bajo el argumento de que se trata solo de recuperar una carretera ya existente, sin nuevos impactos. Pero la Justicia la reconoció como una completa reconstrucción.

En realidad, de los 885 kilómetros, habrá que repavimentar 405 kilómetros y reconstruir puentes y cruces para los animales. Los demás 480 kilómetros, divididos en las dos puntas cercanas a Manaus y Porto Velho, ya se encuentran transitables.

Pero las lluvias e inundaciones ocurridas desde el año pasado rompieron el asfalto en muchos tramos cercanos a Manaus, con grandes grietas y huecos. Aún sin la reconstrucción muchos se aventuran a viajar por la BR-319 en automóviles, autobuses y camiones. Pero cruzarla lleva dos o tres días, con daños para los vehículos.

Uno de los huecos de la carretera BR-319, donde desapareció el asfalto tendido en los años 70. Inaugurada en 1976, la arteria amazónica se hizo intransitable una década después y hasta ahora han fracasaron los intentos de reconstruirla. Foto: Tarmo Taming / Flickr

Más deforestación

El temor de los ambientalistas es que a lo largo de toda la carretera y sus alrededores se extienda la deforestación, la ocupación ilegal de tierra públicas y la invasión de tierras indígenas que ya ocurre en cerca de 200 kilómetros del tramo sur.

Esa área, cercana a Porto Velho, es hoy donde más creció la deforestación de la Amazonia en los últimos años.

Una BR-319 transitable extendería los delitos ambientales, los incendios forestales y la violencia que genera la disputa por la tierra en el tramo medio de la carretera.

De hecho, 80 % de la deforestación amazónica ocurre en torno de las carreteras que son ejes de la ocupación territorial, que se amplía por los ramales que penetran en los bosques, advierten los ambientalistas.

Ya se conoce tales efectos en otras carreteras amazónicas en áreas más pobladas y deforestadas que el territorio entre Manaus y Porto Velho, bañado por los ríos Madeira y Purús, dos de los grandes afluentes del Amazonas, ambos con nacientes en Perú. La cuenca del Madeira se extiende además por gran parte del centro y norte de Bolivia.

Un tramo de la carretera BR-319 con el irónico cartel que indica el poblado cercano, Realidade (Realidad). La vía de 885 kilómetros entre los ríos amazónicos Madeira y Purus exige altos costos para su mantenimiento, ante las frecuentes inundaciones, ya que la mayor parte de su extensión se ubica en tierras inundables. Foto: Alberto César Araújo /Amazonia Real

Dudosa factibilidad económica

La BR-319 padece de otra incertidumbre que es la factibilidad económica. Cruza un área poco poblada, al menos por ahora, a excepción de Manaus. El costo de reconstrucción no es bajo, al incluir muchos puentes y aterramientos para estabilizar tierras inundables en muchos tramos, aunque se ubique en la parte alta entre los ríos Madeira y Purús.

Eso también exige un mantenimiento permanente, como ocurre ya en el tramo cercano a Manaus, donde aún no concluyen las reparaciones necesarias después de las inundaciones provocadas por lluvias intensas que se prolongaron desde octubre de 2021 hasta bien entrado este año, destacó Durigan.

Aun así es muy popular, con casi un consenso al respecto, la demanda de la reconstrucción del tramo central de la carretera, reconoce el activista. Se arguye que Manaus está aislada, por tierra, y depende del transporte aéreo o fluvial para conectarse con el resto de Brasil y poder exportar su producción industrial.

Manaus cuenta, desde los años 60, con un parque industrial y una zona franca, sostenida por abultados subsidios regularmente prorrogados y que estarán vigentes al menos hasta 2073. Es lo que le asegura la industria electrónica, de motocicletas y bebidas, pese a su alejamiento de los principales mercados internos.

Además del “aislamiento”, la población de Manaus espera una reducción de los precios de los alimentos, al activarse una carretera que le permita un mejor acceso a los productos desde Rondônia, un estado amazónico en que sí se desarrolló la agricultura y la ganadería.

Pero es dudoso ese efecto benéfico de una agricultura a 900 kilómetros de distancia. Otras ciudades amazónicas, como Belém, capital de Pará, estado de la Amazonia oriental, también pagan caro por sus alimentos, particularmente los frescos, al no haber desarrollado su horticultura.

Nueva ola antiamazónica

Junto con la reactivación de la mítica BR-319, la Amazonia brasileña enfrenta otras amenazas de proyectos de infraestructura.

Otro plan ahora “resucitado” es una carretera en un área forestal conservada, en la frontera de Brasil con Perú. Cruzaría el Parque Nacional de la Sierra del Divisor, con una gran biodiversidad.

También parece poco viable, por no justificarse económicamente y por las graves restricciones ambientales.

Están proyectados también tres líneas férreas para las exportaciones de Mato Grosso, estado del sudeste amazónico que es el mayor productor de soja, maíz y algodón de Brasil, y centrales hidroeléctricas pequeñas y medianas, especialmente en los estados de Rondônia y Roraima, este último en la frontera con Venezuela.

Además de la resistencia de los ambientalistas y los pueblos indígenas, esos proyectos enfrentan ahora un escollo, o un nuevo argumento contrario, el cambio climático, destacó Sergio Guimarães, coordinador del Grupo de Trabajo Infraestructura, una red de 47 organizaciones sociales.

Es una variable que exige por lo menos la revisión de todos esos proyectos, sostuvo a IPS, por teléfono desde Cuiabá, capital de Mato Grosso.

ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/08/infraestructuras-amenazan-con-mas-deforestacion-a-la-amazonia-brasilena/








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miércoles, 10 de agosto de 2022

De lo cotidiano a la geopolítica, ¿qué está pasando con el gas?


Fuentes: Ecologistas en acción [Imagen: Depósitos de gas en Xixón]

La situación de tensión derivada de la guerra de Ucrania ha puesto el gas en el foco del debate político, económico y social. Un mal enfoque puede anclarnos en una mayor dependencia de este combustible fósil. Como ejemplo, en el Estado español resurgen proyectos de megainfraestructuras gasistas que habían sido ya frenados.

Durante el último semestre, el gas ha pasado a ocupar una posición preponderante en el debate mediático, político y social. Mal llamado gas “natural”, este combustible fósil está formado mayoritariamente por metano (CH4). Pero pese a sus grandes impactos medioambientales, han sido la cuestión económica y la seguridad energética las que han puesto en relevancia este asunto.

El incremento de los precios desde el pasado otoño ha generado gran preocupación social y más hogares en situación de pobreza energética al no poder hacer frente a hinchadas facturas energéticas. Y es que este combustible — tan volátil como sus precios— afecta de forma transversal a nuestra vida cotidiana. De forma directa, una parte de la población utilizamos gas fósil en nuestros hogares y comercios para calentarnos, obtener agua caliente sanitaria o para cocinar. Pero, además, impacta en nuestras vidas de manera indirecta, por ejemplo, a través del precio de la electricidad. En 2021, las centrales de ciclo combinado, las cuales queman gas para producir electricidad, supusieron el 17’2 % de la producción eléctrica. Por su parte, el sector industrial también utiliza el gas fósil directamente en las industrias termointensivas y en la producción de metales, caucho, plástico, cemento, vidrio y cerámica.

¿De dónde viene esta subida de precios?

La subida de los precios desde el pasado otoño tiene sus causas en el mercado global del gas. En un primer periodo podemos distinguir como desde agosto de 2021 se produce una subida de precios vinculada al mercado Spot del gas, es decir, a los contratos de corto plazo para suministro de Gas Natural Licuado (GNL). Este incremento se debe a los efectos de la pandemia en el desacople entre la oferta y la demanda. Por un lado, en el ámbito europeo se registra un suministro menor por parte de los países productores como el Reino Unido o Noruega. A la vez que se ha incrementado la demanda de los países asiáticos al recuperarse parte de la actividad económica tras la covid-19. A todo ello se suman efectos derivados del cambio climático. Grandes sequias en Latinoamérica han provocado que países como Brasil, cuya producción eléctrica depende un 70 % en la generación hidráulica, aumenten enormemente sus importaciones de GNL para cubrir la demanda energética.

Asimismo, la parada de la actividad industrial y de extracción de combustibles fósiles, derivada de los impactos de la covid–19, ha hecho que los países importadores no pudiesen llenar sus almacenes antes de la temporada de invierno. En el caso de Europa se estima que en diciembre del 2021 el almacenamiento de gas se situara un 22 % por debajo de la media de los últimos 10 años, según los datos de AGSI. Aunque la situación difería en función de los países.

Depósitos de gas en Xixón

Por si fuera poco, a esta situación de partida se le suman los efectos que ha tenido la guerra de Ucrania en la desestabilización de los mercados. Han contribuido la dependencia de algunos países europeos del gas ruso, las sanciones de la Unión Europea a Rusia y el corte del suministro de gas a algunos países (al cierre de esta edición: Polonia, Bulgaria y Finlandia). A un ambiente, ya de por sí complejo, se suman las declaraciones del Gobierno español sobre el Sáhara que han puesto en tensión la importación de gas desde Argelia, además de suponer una vulneración de derechos para el pueblo Saharaui.

Todo ello genera un caldo de cultivo perfecto para que las propuestas de reactivación de megainfraestructuras, como las regasificadoras o los gasoductos se presenten como soluciones mágicas ante la coyuntura en la que nos encontramos. Paradójicamente, dichas “soluciones” no hacen más que anclarnos durante las próximas décadas a la utilización de un combustible fósil, caro y altamente contaminante. Invirtiendo para ello miles de millones de euros que deberían destinarse a la resiliencia energética.

¿Qué está pasando en Europa?

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa. Olvidando a menudo los compromisos alcanzados durante la COP26 sobre la eliminación de los combustibles fósiles, especialmente en lo que respecta al gas fósil.

Las medidas energéticas que están tomando las instituciones públicas europeas pretenden afrontar problemáticas que no se han abordado anteriormente de forma adecuada por una falta de previsión y planificación. Las conversaciones sobre la diversificación del suministro de gas están en la agenda de la UE desde hace años, precisamente tras las crisis del gas entre Ucrania y Rusia de 2006, 2009 y la anexión de Crimea en 2014. En ese año, la UE ya aprobó su Estrategia Europea para la Seguridad Energética con la misma finalidad: dejar de depender del gas ruso. Sin embargo, a pesar de que se han invertido miles de millones de euros en más gasoductos y terminales de importación de GNL para permitir los flujos de gas no ruso a Europa, la Estrategia ha fracasado. El porcentaje de gas ruso en la mezcla de gas de la UE en realidad ha aumentado del 40 % al 43,6 %, alcanzando los 152 miles de millones de metros cúbicos (bcm) en 2021.

Actualmente la UE se está dotando de nuevos instrumentos para la misma tarea. Como la hoja de ruta REPowerEU que marca el camino para salir de la dependencia rusa en 2027. Para ello disminuir en dos tercios la dependencia del gas ruso para 2023. También obliga a los países a comenzar el invierno con los almacenes subterráneos al 80 %. Durante los próximos meses, la compra de gas para almacenamiento puede conllevar precios similares o mayores para el próximo año.

El Plan de acción publicado por la Comisión Europea el pasado 18 de mayo, entre otras cuestiones, destina una dotación de 10.000 millones de euros a proyectos de infraestructuras de gas y GNL que van más allá de la actual lista de Proyectos de Interés Comunitario (5º PCI). Este sería el caso de un nuevo gasoducto submarino entre España e Italia (ver línea morada en el mapa). Una semana antes de la publicación, el 11 de mayo, Enagás y Snam, las compañías propietarias de la mayor parte de las redes de transporte de gas en España e Italia, firmaban un acuerdo de estudio de su viabilidad técnica. Por lo que el proyecto, que ni si quiera se tiene seguridad de que sea factible todavía ni las repercusiones ambientales que puede conllevar, podría llegar a recibir financiación europea. Asimismo, el Europe Gas Crisis Tracker identifica 26 terminales de GNL, proyectos de ampliación de terminales y unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) en diez países europeos; 22 de los cuales se han anunciado, propuesto o reactivado desde febrero de 2022. A pesar de algunas lagunas en la información sobre los proyectos, éstos aumentarían la capacidad de importación en torno a 152 bcm, con un coste de, al menos, 6.000 millones de euros. Todo ello a pesar de que estudios de organizaciones sin ánimo de lucro, o el publicado por la consultora Artelys, coinciden en que no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025. Dos años antes de lo estipulado por la RePowerEU.

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Mapa europeo de infraestructuras proyectadas de gas. Proyectos de Interés Comunitario (PCI) y proyectos adicionales identificados en el REPowerEU, incluyendo los corredores de hidrógeno. Fuente: Comunicación Plan RePowerEU

También establece que se movilizarán fondos para proyectos de importación de hidrógeno “verde” (renovable), al haberse duplicado el objetivo de importaciones hasta los 10 millones de toneladas anuales en 2030. A parte de los elevados precios. Ello podría conllevar una perdida energética importante y un freno para la transición ecológica de los posibles países exportadores en el norte de África. Una nueva práctica de neocolonialismo energético.

Cada euro invertido en gas fósil, significa un euro menos para políticas de reducción de la demanda, implementación de la eficiencia energética o facilitar la transición a las energías renovables. Cada porcentaje de ahorro energético conseguido puede ayudar a reducir las importaciones de gas de la UE en un 2,6 %. Este será un gas que la UE nunca más tendrá que importar.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el enfoque mediático y político en la UE ha sido la diversificación del origen de los combustibles fósiles para evitar el petróleo, el carbón y el gas de procedencia rusa.

Por otro lado, la Comisión quiere ampliar la producción de biometano a 35 bcm para 2030. Como ha demostrado un reciente informe del IFEU, no es realista aumentar la producción de biogás a 35 bcm, ya que solo se pueden producir 17 bcm de forma sostenible. Al fijar un objetivo de 35 bcm se corre el riesgo de que los cultivos alimentarios se utilicen para la producción de biometano, lo que provocaría una mayor subida de los precios de los alimentos y podría empujar a más personas a la pobreza alimentaria.

El GNL: Al caos climático por la vida líquida

Al mismo tiempo, los países europeos están buscando acuerdos y contratos con otros proveedores, especialmente para Gas Natural Licuado (GNL). Ya que el mercado de GNL tiene más flexibilidad que las importaciones a través de gasoductos. En 2021, las importaciones de este combustible representaron el 20,5 % del consumo de gas fósil de Europa.

Estados Unidos es actualmente el principal proveedor de GNL de Europa. Recientemente, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente de los EE UU confirmaron en una declaración conjunta (Task Force on Energy Security) su intención de suministrar otros 50 bcm de GNL a Europa para 2030. Cabe resaltar que el GNL estadounidense exportado a Europa es casi en su totalidad gas de esquisto 1, producido por la técnica de la fractura hidráulica, más comúnmente conocido como “fracking”.

El fracking es un método de extracción altamente contaminante y destructivo que consiste en inyectar grandes cantidades de agua mezclada con productos químicos en formaciones geológicas. Las investigaciones demuestran que el fracking contamina el agua y el aire, amenaza la salud pública, provoca terremotos, perjudica a las economías locales y disminuye el valor de la propiedad en las comunidades en las inmediaciones de los pozos de extracción. En EE UU, al menos 17,6 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un pozo activo. La fracturación y la infraestructura de gas afectan de forma desproporcionada a las comunidades con menores ingresos, así como a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Otros países como Nigeria, Catar, Argelia o Senegal se sugieren como proveedores clave de gas fósil para Europa. Sin embargo, el aumento de la dependencia energética respecto a otros países simplemente hace que el continente se enganche a otros proveedores de energía fósil, en lugar de aportar autonomía energética a Europa.

Por otro lado, se vuelve real la amenaza de que Europa exporte su inseguridad energética a otros países. Los países europeos tendrán que superar la oferta de otros para obtener contratos de suministro de gas, lo que supone que los países y colocarlos en la precariedad energética en su lugar. El GNL originalmente destinado a las economías asiáticas emergentes se está desviando hacia Europa, y los altos precios están exprimiendo los mercados nacionales en India, Pakistán y Bangladesh, entre otros.

El gas fósil en el Estado español

En este contexto, en España se están reavivando los debates sobre los proyectos de ampliación de las infraestructuras de gas que quedaron en suspenso hace años. Mientras algunos sostienen que la península ibérica debe ser el centro europeo del gas, España intenta posicionarse como un centro de suministro de hidrógeno verde para el norte de Europa en las próximas décadas.

Uno de sus argumentos es que la capacidad de regasificación de nuestro país es muy elevada. Con seis plantas de regasificación en funcionamiento (y una séptima que no llegó a entrar en funcionamiento), España cuenta con cerca del 30 % de la capacidad de regasificación de la UE. Sin embargo, en 2021 estas plantas solo operaban al 27 % de su capacidad y el almacenamiento se mantuvo en el 52 % de media. Durante el inicio de 2022, debido al cierre el pasado otoño del gasoducto Megadaz que conectaba Argelia con España a través de Marruecos, Estados Unidos se ha posicionado como el mayor exportador de gas fósil en forma de Gas Natural Licuado (GNL) a España.

Estados Unidos exporta el 35 % del gas que llega a España, en su mayoría gas procedente del fracking, seguido de Argelia, con un 25 %, la mayor parte del cual se transporta por gasoducto, Nigeria, con cerca de un 15 % (GNL), y Rusia, con un 7 % (GNL).

A pesar del evidente sobredimensionamiento de la capacidad de regasificación española, el operador gasista español, Enagás, relanza el debate sobre la apertura de la planta de regasificación de El Musel en Xixón (Asturies). En 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) reconoció que esta planta no era necesaria para el suministro. Fue declarada ilegal, en 2013, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al construirse a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia tres años después, pero la empresa adjudicataria, Enagás, actualmente está tramitando de nuevo su legalización y que pueda entrar en funcionamiento.

Sin embargo, por un lado, su puesta en marcha aporta muy poco a la sobredimensionada capacidad de regasificación ya existente. Por otro lado, en cuanto a su posible utilización como almacén de GNL, con una capacidad de 300.000 m³ solo aumentaría en un 10 % el almacenamiento de GNL en los tanques de regasificación en el Estado español. Esto solo supondría mejorar dicha capacidad en cinco puntos porcentuales si, como propone la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalmente se permite que este gas licuado almacenado en los tanques de la regasificadora se contabilice como parte del gas acumulado en el almacenamiento subterráneo. Tampoco tendría sentido como punto de carga y descarga intermedio para buques metaneros con destino Europa, debido al incremento de costes de operación, pérdida de tiempo y aumento de kilómetros recorridos.

Otro proyecto controvertido que se está reconsiderando es el gasoducto MidCat. Paralizado en el 2019 por el rechazo de los reguladores energéticos español y francés. Su desarrollo no supondría una ayuda en el corto, medio ni largo plazo para la crisis energética europea. Aún en el plazo improbable de terminarse en tres años, lo que conllevaría un gran incremento de costos, solo podría transportar el 2,2 % de la demanda europea de gas en 2021. También se está relacionando con un futuro uso del transporte de hidrógeno verde, pero no hay garantía de la viabilidad energética y económica de su producción.

Durante la primera década de los 2000, se produjo en España un boom de la infraestructura gasística que pretendía dar respuesta a un aumento de la demanda doméstica que nunca se produjo. El mismo deseo frustrado de convertir España en un hub (centro de conexión) de gas natural para toda la Unión Europea reaparece unido a la fiebre del hidrógeno verde. Corremos ahora el mismo riesgo de desarrollar megainfraestructuras gasistas que nos anclen aún más a la dependencia de los combustibles fósiles que entonces. En su lugar, hace falta una planificación que se base en los usos energéticos socialmente necesarios. Para salir de los combustibles fósiles y poder desarrollar una vida digna dentro de los límites del planeta.

Nota:

(1) Natural gas explained. Where our natural gas comes from, US Energy Information Administration, 2022. https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php

Marina Gros, Campaña de Ecologistas en Acción sobre el Gas. Revista Ecologista nº 112.

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/202840/desde-lo-cotidiano-a-la-geopolitica-que-esta-pasando-con-el-gas/






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martes, 9 de agosto de 2022

Comunalismo y comunismo, un debate indispensable para una estrategia ecocomunista y libertaria

Traducido por Brian Kreschuk

El término «comunismo» hoy sufre de una evidente confusión relacionada con la historia política del siglo XX. Así, el Partido Comunista Francés puede, sin pestañear, celebrar enfáticamente el 150 aniversario de la Comuna de París y, unas semanas después, felicitar sin la menor reserva, con motivo de su centenario (julio de 2021), al Partido Comunista Chino por el trabajo que ha realizado: ¿puede el mismo término referirse todavía a dos eventos tan radicalmente opuestos? El caso es que, contrariamente a lo que cabría esperar, todavía no se ha librado de los significados totalitarios que le legó la realidad histórica del comunismo de Estado y que le sigue haciendo avalar al régimen dictatorial chino, por no hablar de Corea del Norte o Cuba.  Sin embargo, este terrible control del pasado, al igual que estas formas estatales aún vigentes, no impidió la experimentación práctica de nuevas formas de comunismo, como si la doble hipoteca del bolchevismo y el estalinismo que todavía pesa en el presente no fuera tan insuperable como uno podría temer. Entre estas investigaciones, obviamente debemos mencionar el vasto y prolífico «movimiento de los bienes comunes» que, desde finales del siglo XX, y en muchos países, multiplica los logros colectivos en los más variados campos de la producción material, intelectual y estética, y problematiza de una manera radicalmente nueva la organización política de las sociedades y la institución.  del mundo. Hoy es quizás un desove hacia un «otro comunismo» que hoy merece toda nuestra atención, el que se llama «comunalismo».  ¿Qué relación puede haber entre «comunismo» y «comunalismo»? ¿Podemos esperar del comunalismo, y en qué condiciones, una posible regeneración de un comunismo que no sacrifique la libertad personal y el autogobierno en el altar del todopoderoso Partido-Estado?[1]

Las dos palabras, «comunalismo» y «comunismo», tienen la misma raíz: «común». Pero, ¿es exactamente lo mismo común? El comunalismo se refiere a la comuna en el sentido de unidad política local. El comunismo va mucho más allá: apunta a una reorganización de toda la sociedad y a la formación de una verdadera comunidad superior a los individuos. En lugar de hacer de la comuna el hogar y la base de la vida política, el comunismo se da a sí mismo como punto de partida un todo constituido como una unidad indivisa. Pero tomada en sí misma, esta distinción revela rápidamente sus límites. Tomemos la actitud de Morris, Reclus y Kropotkin, todos fervientes partidarios de la comuna como una «forma revolucionaria del futuro». Kristin Ross señaló cómo Kropotkin se había preocupado de distanciarse del «comunalismo» distinguiendo la comuna del futuro de las comunas medievales nacidas en el siglo XII: En primer lugar, esta última se levantó contra los señores, mientras que la comuna moderna se opuso al Estado; en segundo lugar, las viejas comunas no se oponían a los comerciantes burgueses dentro de ella, mientras que la nueva comuna pretende llevar a cabo una transformación revolucionaria de la producción y el consumo; en tercer lugar, las comunas medievales se caracterizaron por su aislamiento y autarquía, mientras que la nueva comuna se definió contra dicho aislamiento al tratar de expandirse y universalizarse. En definitiva, la comuna del futuro sería comunista y no comunalista, hasta el punto de disociarse en el límite de cualquier dimensión territorial. Pero, ¿Son las cosas así de simples? ¿Por qué el comunalismo debe ser condenado a permanecer prisionero de sus formas medievales? Y, correlativamente, ¿Por qué el comunismo sería intrínsecamente dependiente del principio de autoridad hasta el punto de representar «la negación de toda libertad», según la fórmula de Proudhon? ¿No es Kropotkin en más de un sentido el continuador de Proudhon cuando aboga por la federación de comunas hasta el punto de que su comunismo merece ser llamado con mayor precisión un «Comunalismo Federativo»? ¿No define tal comunalismo que un comunismo libertario se oponga a todo comunismo autoritario? [2][3]

Historicidad y pluralidad del comunismo

Lejos de constituir una esencia o Idea eterna, idéntica a sí misma porque es indiferente a las vicisitudes de la historia, el comunismo es susceptible de varios significados que cada vez mas derivan de una cierta idea de la naturaleza de lo común, en sí misma relativa a condiciones históricas singulares. Ha habido, y sigue habiendo, Comunismos , irreductibles entre sí porque son fundamentalmente relativos a estas condiciones. Siguiendo el hilo conductor del examen histórico, habrá que distinguir tres grandes formas de comunismo que aparecieron en los siglos XIX y XX: El comunismo de la comunidad, el comunismo de la asociación de productores y finalmente el comunismo de Estado, o mejor dicho, del Partido-Estado.

El comunismo de la comunidad se caracteriza por la exigencia de una unidad superior capaz de garantizar la igualdad de sus miembros. Voyage en Icarie (1837) de Etienne Cabet y Code de la Communauté (1842) de  Théodore Dézamy  son particularmente representativos de esto. Este último trabajo establece un principio fundamental: «en la comunidad sólo puede haber comunas«, lo que excluye «la vieja jerarquía territorial», la de las capitales, las ciudades provinciales, las ciudades comunales, los pueblos y aldeas, como contraria a la exigencia de igualdad. La primera operación a realizar es, por tanto, una operación de división desde arriba de un todo ya dado: «Es importante en primer lugar dividir la [4]Gran comunidad nacional o social en tantos municipios» cuyo territorio debe ser el más igualitario y el más regular y el número de habitantes igual a 10.000. Luego viene la reunión de las comunas en una provincia, la de las provincias en una república, la de las repúblicas en «[5]la gran comunidad humanitaria«. Todos los poderes políticos (administrativo, legislativo, ejecutivo) están bajo la «dictadura» o «imperio» de la ciencia. Como podemos ver, la visión de este arquitecto está animada por una creencia saintsimonia en el progreso irresistible de la ciencia que la ley solo pretende observar y coordinar.[6][7]

El comunismo de la asociación de productores se diferencia del comunismo de la comunidad por el lugar que da a la asociación entendida como una relación recíproca entre individuos libres. Así, el Manifiesto Comunista describe la sociedad comunista como una asociación de individuos en la que «el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos». Pero, ¿Cómo podemos prepararnos aquí y ahora para este «objetivo final»? Por la realización de este «primer paso» u «meta inmediata» que representa la conquista del poder político. Como se indicó en el Discurso del Comité Central de la Liga de comunistas en marzo de 1850, el objetivo era, como en la Francia de 1793, «llevar a una conclusión exitosa la centralización más rigurosa» mediante el establecimiento de una «república única e indivisible». En esta perspectiva, el «derecho de ciudadanía pública» excluye cualquier «derecho de ciudadanía comunal», así como cualquier «constitución comunal» supuestamente «libre». Es decir, hasta qué punto el elogio de la «constitución comunal» en La Guerra Civil en Francia marca una ruptura con el credo centralista del período 1848-1852.

Finalmente, el comunismo de Estado, que nació con la conquista del poder por los bolcheviques en octubre de 1917, logró una combinación singular que siguió dependiendo en gran medida de la partición saintsimoniana entre el gobierno y la administración. En teoría, se supone que los soviéticos tienen soberanía en el nuevo Estado. Pero en realidad están estrechamente confinados a las funciones económicas y administrativas: Su papel se reduce al control y la supervisión de las operaciones de producción en una sociedad reducida a «una sola oficina y un solo taller» que emplea a «empleados-funcionarios». El Partido tiene el monopolio del debate sobre cuestiones de orientación política, como la tarea de tutor y educador de las masas. En resumen, los soviets administran, el Partido gobierna. Más que el famoso eslogan de 1919: el comunismo es «Soviets más electricidad», la fórmula exacta del bolchevismo sería: «Blanquismo del Partido más saint-simonismo de los Soviets». El Partido, un núcleo de conspiradores profesionales sujetos a una férrea disciplina, es de hecho el verdadero titular de la soberanía estatal, que excluye cualquier forma de autogobierno de los soviets.

La experiencia de la Comuna y la cuestión de la organización de poderes

¿Qué relación tienen estos diferentes comunismos con la forma política de la Comuna? La experiencia de la Comuna de París fue a este respecto una prueba, si no para el comunismo de la comunidad que perdió por completo la importancia de la «ciudad-comuna», al menos para el comunismo de las asociaciones que presentaron este experimento como el laboratorio del futuro. También fue para el comunismo de Estado una referencia permanente y un medio de autolegitimación, como se puede ver en la lectura de El Estado y la Revolución de Lenin, que aboga por un tipo de Estado que él llama el «Estado común». Pero, ¿qué significaba exactamente el nombre «Comuna» adoptado el 29 de marzo de 1871? Este nombre podría entenderse de varias maneras: la Comuna en el sentido del municipio de París, la Comuna revolucionaria de agosto de 1792, la de Hébert, Marat y Chaumette, finalmente, la Comuna en el sentido del «gobierno comunal de París», es decir, una República autónoma de París. Ninguno de estos tres sentidos justifica el acercamiento entre la Comuna y el comunismo: aunque incluía a «socialistas» y miembros de la AIT, la Comuna no era ni «socialista» ni «comunista». Era apasionadamente republicana, aunque en un nuevo sentido comparado con el significado que tomaba esta palabra en el pasado. Sobre todo, dio lugar a una forma original de organización política que de ninguna manera implica, directa o indirectamente, la propiedad común de los medios de producción. Esta forma, que es la de «gobierno directo» o gobierno del pueblo por el pueblo, implica, por otro lado, según las propias palabras de la [8]Declaración al pueblo francés del  19 de abril, «el derecho permanente de control y destitución de magistrados o funcionarios comunales de todo tipo», así como la «intervención permanente de los ciudadanos en los asuntos comunales». Lejos de oponerse a los municipios medievales a la manera de un Kropotkin, se da a sí mismo como el heredero directo de «la idea comunal perseguida desde el siglo XII».[9][10]

La Comuna no dejó de tropezar durante su corta existencia con el problema de la organización del poder, o más bien de los poderes. El Consejo de la Comuna, integrado por todos los representantes electos de la votación del 28 de marzo, se reúne diariamente desde el 29 de marzo. Inicialmente, se creó una organización colegiada de servicios: diez comisiones coronadas por un comité ejecutivo de siete miembros que pronto demostró estar muy por debajo de su tarea de liderazgo.  Pero una indeterminación fundamental pesó mucho después: ¿es la Comuna un gobierno o una administración[11]? Es que el gobierno, a diferencia de la administración que se ocupa principalmente de la gestión cotidiana de los asuntos, implica una capacidad colectiva de toma de decisiones que parece haber faltado gravemente en la Comuna. Jules Andrieu, delegado para los servicios públicos, hizo la amarga observación: los representantes electos de la Comuna, mientras se sientan dos veces al día en esta capacidad, también tienen como alcaldes, registradores civiles, la dirección administrativa de sus respectivos distritos. De ahí el hecho de que algunos miembros de la Comuna solo se ocupaban de su distrito, mientras que otros se sentaban solo en la Asamblea Comunal.  [12]

División de poderes y rendición de cuentas de los funcionarios electos

Eso no es todo. El 20 de abril la organización colegial fue reemplazada por el nombramiento de nueve delegados para dirigir cada uno de los departamentos principales que juntos formaban una comisión ejecutiva superior. Pero esto de ninguna manera puso fin a la desorganización. Las comisiones estaban en constante conflicto de poderes, los miembros de cada una en conflicto con sus delegados, y los poderes de la propia Comisión Ejecutiva permanecían indefinidos. Ansiosa por evitar la trampa del parlamentarismo «burgués», la Comuna se negó a separar el ejecutivo y el legislativo. En su [13]discurso, Marx cedió a la idealización al presentar esta indivisión no como una debilidad, sino por el contrario para una virtud de la constitución comunal: «La Comuna no debía ser un cuerpo parlamentario, sino un cuerpo en funciones, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo». La realidad, sin embargo, es que no fue ninguna de las dos cosas, a falta de una delimitación clara de poderes. «El Consejo de la Comuna era básicamente un gobierno y un parlamento, una combinación que llevó a muchas confusiones, pérdida de tiempo y otros inconvenientes. » El 28 de abril, ante el deterioro de la situación militar, se propuso un Comité de Seguridad Pública, finalmente adoptado el 1[14][15] de mayo por una mayoría compuesta principalmente por blanquistas y neojacobinos. Esta decisión dará lugar a un giro autoritario denunciado por la minoría de los 22 firmantes en su declaración del 15 de mayo.[16]

Si hay una lección que aprender de esta experiencia, es que la confusión de poderes y funciones es perjudicial para la democracia comunal, ya sea en forma de confusión entre gobierno y administración o en forma de confusión entre ejecutivo y legislativo. La diferenciación de funciones y poderes es de suma importancia aquí. El principio de la división de poderes no debe ser abolido, sino salvado de su degradación en el parlamentarismo para adquirir todo su significado político, el de una generalización de la responsabilidad de los titulares de funciones públicas hacia los gobernados. Léo Frankel lo percibió lúcidamente: votando el 30 de abril y el 1 de mayo en contra del Comité de Seguridad Pública, votó a favor de un Comité Ejecutivo. Las dos propuestas son realmente incompatibles: el Comité Ejecutivo preserva la división de poderes y la responsabilidad de los gobernantes hacia el Consejo de la Comuna, el Comité de Seguridad Pública lo abole pura y simplemente en favor de una centralización extrema del poder.[17]

Funciones administrativas y gubernamentales

En su texto sobre La Guerra Civil en Francia, Marx defendió plenamente el principio de responsabilidad: «las pocas pero importantes funciones que aún quedaban en un gobierno central no debían ser abolidas, sino realizadas por funcionarios de la Comuna, en otras palabras, estrictamente responsables». Como señala Martin Buber, «esta es una declaración inequívoca de que debemos descentralizar las funciones del estado tanto como sea posible y transformar aquellas que deben permanecer centralizadas en funciones administrativas». Sin embargo, Marx acepta estas implicaciones de la idea comunal sin confrontarlas con su propio centralismo, el que había defendido con intransigencia desde 1850, y sin decidir entre ambos. Además, debemos preguntarnos qué significa exactamente la transformación de las funciones centralizadas que quedan en funciones administrativas: ¿no encontramos aquí esta confusión de administración y gobierno destacada anteriormente sobre la Comuna?[18][19][20]  ¿Qué significado le dio Marx a la noción de «administración»? En el texto del Discurso, no dudó en afirmar que el sufragio universal debe servir al pueblo constituido en comunas «como el sufragio individual sirve a cualquier otro empleador en busca de trabajadores, controladores y contadores para su negocio». La analogía individuo/sociedad merece toda nuestra atención aquí: así como el sufragio individual del empleador nunca es más que un medio técnico para reclutar trabajadores, controladores y contadores para su empresa, el sufragio colectivo de las personas organizadas en las comunas nunca es más que un medio técnico para reclutar funcionarios públicos. El empleador-pueblo procede en este asunto como cualquier empleador individual. Pero, ¿qué queda entonces del carácter político de las funciones públicas? En sus notas críticas escritas entre 1873 y 1875 sobre la obra de Bakunin[21] Stateism and Anarchy (1873), Marx aboga por el autogobierno comunal contra el gobierno representativo: el autogobierno comunal no es ni el gobierno representativo ni la supresión de ningún gobierno, es una forma original de gobierno porque no es representativo. En él, afirma que las funciones dejarán de ser políticas y perderán su carácter de funciones gubernamentales. Como resultado, la elección perderá su carácter político: la distribución de las funciones generales se convertirá en «una cuestión de transacción (Geschäftssache)». Vemos que a través de esta formulación es la cuestión clave de la institución la que se esconde en favor de la utopía saintsimonia de una distribución de funciones generales que estaría desprovista de cualquier carácter político y que por lo tanto no conduciría a la dominación.  Tales funciones se reducirían entonces a tareas administrativas, análogas a las que incumben al «gerente de una fábrica cooperativa de [22] trabajadores». En 1871, el pueblo-empleador elegía a sus empleados de la manera en que un empresario reclutaba a los empleados que necesitaba «para su negocio»; en 1873-75, las funciones generales del municipio son reducibles a funciones de gestión proporcionadas por medio de «transacción». Las dos formulaciones difieren, la primera relativa a la naturaleza de la relación empleador-empleado, la segunda a la naturaleza de las funciones generales, pero ambas convergen en la idea de que estas funciones generales, puramente administrativas, no son políticas[23], contrariamente a la filosofía política convencional que las funciones generales requieren cualquier sociedad, precisamente por su  carácter general. , son necesariamente políticos.

¿Son los gobernantes «funcionarios públicos»?

En el centro de esta cuestión de la naturaleza de las funciones generales está la relación entre las funciones de los gobernantes y las funciones transferidas a los funcionarios públicos: ¿podemos equiparar a los gobernantes pura y simplemente con los «funcionarios públicos» como los demás? Toda la ambigüedad proviene del significado dado al término «servidor público». En la historia de los municipios urbanos nacidos en Italia en el siglo XII, el término se utilizó para calificar el estatus del podestà, un empleado responsable ante el cuerpo ciudadano que lo había elegido por un período rara vez superior a seis meses. La ciudad era su empleador y, como gobernante, tenía que reportarse a él al final de su mandato. Pero si podemos considerar que un gobernante es un «funcionario público» de la ciudad como un empleado obligado a la rendición de cuentas, ¿Podemos identificar su estatus con el de los funcionarios públicos en los servicios públicos? Durante la Comuna de París Andrieu logró que estos servicios funcionaran de talmanera que aseguraran su continuidad en el tiempo: la carretera diaria, la distribución de agua, la iluminación de gas, la subsistencia, el correo, la asistencia pública, tantas tareas que no podían esperar debido a su importancia vital y que solo podían llevarse a cabo con la ayuda de ex empleados. Esta diferencia de funciones tiene consecuencias muy prácticas: ¿Debería imponerse también indiscriminadamente el requisito de la revocabilidad permanente, que se impone a los gobiernos, a todos los funcionarios públicos encargados de los servicios públicos? Y en este caso, ¿Cómo mantener la continuidad de estos servicios? Por lo tanto, ¿No debería la responsabilidad de estos funcionarios tomar otras formas? [24]

En la reflexión de Marx sobre la Comuna, vemos que la cuestión de la institución del autogobierno comunal está finalmente cubierta por el espejismo de una disolución de cualquier forma de gobierno en la atribución de «funciones generales» a través de la «transacción», de modo que esta última nunca logra liberarse completamente de la alternativa despiadada enunciada a principios del siglo XIX por Saint-Simon:  o el fetichismo metafísico de la ley de la que son culpables todos los «empleados de la ley», o la reabsorción de todas las funciones políticas en funciones administrativas de gestión de la producción.

La politización de la economía por extensión del autogobierno

El nuevo comunismo que se está inventando en los experimentos contemporáneos es, por el contrario, un comunismo político e institucional. El problema que plantea no es el de la reducción de las funciones políticas a funciones administrativas, sino el de una politización de las tareas de producción. El requisito del autogobierno debe prevalecer en todas las esferas de la sociedad, incluida la esfera económica. La pregunta es de qué forma debe tener lugar esta politización de la actividad económica. Se sabe que Marx se esforzó por interpretar el «gobierno directo» como un «gobierno de los productores» o como un «gobierno de la clase obrera», la idealización va de la mano con la ignorancia de la política realmente seguida por la Comuna. ¿Qué hizo la Comuna? En su famoso decreto del 16 de abril, adoptado a propuesta del Comité de Trabajo a instancias de Léo Frankel, el Consejo de la Comuna tomó nota del abandono de muchos talleres por parte de sus jefes y estableció una comisión de investigación para determinar las condiciones de su solicitud en beneficio de «la asociación cooperativa de los trabajadores que estaban empleados allí», así como para redactar un «proyecto de constitución de estas sociedades cooperativas de trabajadores». Sin duda, en la mente de Frankel, se trata de promover la transición gradual a un «modo cooperativo de producción». Pero presentar esta medida de estímulo a la sociedad cooperativa como un paso hacia el comunismo «imposible» es ceder a una extrapolación arbitraria: la Comuna nunca consideró confiar a todas las asociaciones cooperativas la tarea de «regular la producción nacional según un plan común». La pregunta es si la integración de las cooperativas en un plan nacional es la forma correcta de politizar la economía. Con la idea de un plan nacional para regular la producción, el viejo centralismo de Marx resurgió, especialmente porque un plan nacional exige una dirección central para implementarlo. El neocomunalismo que se está inventando hoy le da la espalda a ese centralismo al abogar por una [25][26][27]municipalización de la economía y una coordinación de las unidades productivas a nivel local y regional.

Los problemas planteados por el neocomunalismo

Aquí el neocomunalismo se llamará el resurgimiento, después de más de un siglo de relativo olvido, de la comuna como la forma central de un proyecto de organización política poscapitalista. ¿Hasta qué punto esta revitalización comunalista puede renovar los términos de un proyecto comunista? Murray Bookchin y su «municipalismo libertario», al que renombró «comunalismo» a principios de la década de 1990,  se han convertido en las últimas dos décadas en referencias esenciales para todos los actores políticos y experimentadores que pretenden reemplazar el poder estatal central con una estructura compuesta por comunas autoorganizadas. También debemos esta reactivación a las prácticas e instituciones que han dado una realidad a este poder comunal, ya sea en Chiapas, Rojava, durante las experiencias municipalistas españolas a raíz del movimiento de los Indignados, o en las luchas de la ZAD o en las plataformas «ciudadanas» formadas para las elecciones locales, o incluso en ciertas orientaciones del movimiento de los chalecos amarillos.  a favor de las asambleas populares. Incluso si estos movimientos y logros son muy importantes[28]en su escala, duración y radicalismo, tienen en común un enfoque dirigido a desafiar la monopolización política del estado central y reemplazarla con la participación directa y colectiva de los ciudadanos en el poder político por medio de asambleas populares soberanas.  Como tal, Murray Bookchin puede ser considerado el principal teórico del neocomunalismo en la actualidad.

Este último presenta tres novedades. En primer lugar, la centralidad del municipio, que es la única que garantiza un poder ciudadano efectivo, no es un cierre o una retirada a lo local. El neocomunalismo, por el contrario, insiste en las interdependencias y complementariedades entre municipios, y prevé la construcción de confederaciones de comunas, o incluso una «comuna de comunas». En segundo lugar, el municipio es considerado como la forma política más capaz de establecer una relación no destructiva y no depredadora entre las sociedades humanas y la naturaleza, en la medida en que los ciudadanos mantienen los procesos económicos bajo su control y controlan sus efectos sobre su entorno. Esto es lo que hace que Pierre Sauvêtre diga que es un «eco-comunalismo». En tercer lugar, como muestran Chiapas y Rojava, la «experiencia comunal» (Jérôme Baschet) concierne no sólo a las ciudades del Occidente desarrollado, sino también a las «comunidades» de las llamadas sociedades tradicionales. El neocomunalismo no está impulsado por un deseo primitivista de preservar la tradición a toda costa, opera una reinterpretación igualitaria y democrática de las formas sociales heredadas, [29]en particular eliminando el peso del patriarcalismo.

Este proyecto político pretende revertir el curso histórico que ha desposeído a las ciudades de su autonomía política integrándolas en el mercado nacional y mundial y subordinándolas al Estado-nación. El neocomunalismo pretende no sólo recuperar los derechos perdidos de las entidades territoriales, sino dar todo el poder soberano a las asambleas comunales.  Estamos lejos de la perspectiva socialista y autogestionaria que ve solo en las unidades productivas la base de la organización social. Aquí, por el contrario, son las instituciones comunales las que dirigen políticamente la vida social, mientras que los consejos federales, en un nivel superior del nivel local, tienen una función puramente administrativa que consiste en implementar las decisiones políticas de las asambleas locales. Como escribe Pierre Sauvêtre, comentando sobre Bookchin: «Las asambleas municipales gestionan por sí mismas la administración de los asuntos públicos locales, mientras que la función de los consejos confederales compuestos por delegados electos ordenados por las asambleas populares en los niveles más altos que el municipio de la región, la nación, o incluso el mundo, es coordinar la administración por los diversos municipios de políticas de alcance confederal». Bookchin pretende así evitar la amenaza de disociación generada por la delegación de poderes comunales a cuerpos distantes. Pero negar cualquier dimensión política a los consejos federales compuestos por los delegados de las asambleas locales es arriesgado, por decir lo menos. [30]Esto equivale a confundir la diferencia de niveles (local/federal) y la separación de funciones (político/administrativo).  Pero la principal contribución de Bookchin radica en la idea de una «municipalización de la economía», que es también el principal problema que plantea el proyecto neocomunalista. Es comprensible que le corresponda obviar la centralización burocrática provocada por la «nacionalización-estatización» de los medios de producción, y aún más evitar que se tengan en cuenta los intereses de los productores por sí solos, como fue el caso en las diversas fórmulas históricas del proyecto socialista («control obrero», «sindicalización de las empresas», cooperativas, autogestión, etc.). A sus ojos, estas son solo algunas versiones del capitalismo, incluso si son más «colectivas». Para Pierre Sauvêtre, la «municipalización de la economía» consiste en «politizar la economía disolviendo la toma de decisiones económicas en el campo cívico». En otras palabras, la política comunal absorbe todo el campo de las actividades productivas. Tal proyecto es exactamente lo opuesto a la idea socialista original que, entre los saintsimonianos, Proudhon o Marx, tenía como objetivo disolver la política en lo económico. Esta reversión, si entendemos las razones negativas en vista del siniestro destino del proyecto socialista, sin embargo plantea problemas agudos. [31]

¿Singularidad e indivisión del poder político?

Esta versión del neocomunalismo renueva una concepción monopólica de la organización política de la sociedad, reservando a un solo cuerpo, la asamblea local, la totalidad del poder normativo y el gobierno sobre la vida económica y social. Si la autogestión alguna vez atribuyó todo el poder a los productores, el comunalismo lo atribuye a los ciudadanos-usuarios. Se dirá que los productores también son ciudadanos-usuarios, y que pueden expresarse en asambleas locales de la misma manera que los demás. Pero es negar, en nombre de la eliminación de cualquier interés separado de la voluntad general de la asamblea local, cualquier autonomía política del colectivo de producción. En otras palabras, el comunalismo de Bookchin, dando la espalda a la «democracia laboral» y al anarcosindicalismo, revive el camino de una  soberanía absoluta  del cuerpo político sobre las actividades económicas y sociales que están bajo su jurisdicción territorial. Más que una transposición al nivel local de las teorías estatales más tradicionales de la soberanía, se podía ver la anacrónica reanudación del poder que los sectores parisinos se atribuían a sí mismos durante la Revolución Francesa cuando se habían apoderado de los suministros, la distribución de bienes esenciales o el control de los precios. Pero entonces no había duda  del poder de los productores sobre la organización de la producción. Ahora bien, si hay algo que la historia del comunismo nos ha enseñado, es la importancia del poder autónomo de los colectivos obreros como lugares de contrapoder y resistencia a cualquier forma de centralización política del tipo monopólico.

Jérôme Baschet, tomando el ejemplo de las comunidades de Chiapas, defiende una concepción del comunalismo muy cercana a la de Bookchin, pero esta vez ya no desde el modelo de los sectores parisinos de la Revolución Francesa, sino desde el de las comunidades rurales, muy integradas, con una baja división del trabajo. Para justificar este tipo de monopolio del poder, esgrime dos razones. La primera es que con la desespecialización de las actividades y la rotación de tareas, la división entre productores y usuarios tiende a desaparecer, «de modo que no hay nada como un ‘interés del productor'», escribe. Aunque reconoce la legitimidad de una autoorganización de productores, a diferencia de Bookchin, es difícil ver qué  papel [32]práctico  le asigna, ya que todas las decisiones productivas pertenecen a las asambleas comunales. Y uno se pregunta cómo la división del trabajo, tanto social como técnica, en una sociedad extremadamente diferenciada podría desaparecer rápidamente. La segunda razón esgrimida es que el universo poscapitalista supondrá «disolver la existencia de la economía como una esfera regida por su propia lógica para reintegrar las actividades productivas en el tejido de la vida colectiva». Para Jérôme Baschet, «esta es la forma misma que toma la reincorporación de las actividades productivas y la dilución de la economía como tal». [33][34]

Es comprensible que el neocomunalismo esté tomando la mayor distancia de una tradición socialista que, partiendo del ideal de la disolución de la política en la economía, ha dado lugar a un hipersoberano estatal. Pero la inversión de disolver la economía en la política sometiendo a la asamblea comunal actividades eminentemente sociales, basadas en la cooperación, y que tienen sus especificidades, limitaciones y sus propias dinámicas colectivas, equivale a rechazar la organización democrática de los productores. En otras palabras, es reducir a la nada el lugar que los «bienes comunes» (especialmente de producción) deben ocupar en la organización de la sociedad.  Es negarles en particular la tarea de determinar lo que constituye «trabajar bien», un elemento esencial del «vivir bien», que presupone un poder político autónomo de los trabajadores sobre su actividad.  E incluso sería una tremenda regresión no reconocer el derecho de los productores a no ponerse de acuerdo entre sí, a organizarse en sindicatos independientes del poder político local, a hacer valer sus intereses e ideas a estos últimos, en una palabra, a considerarlos como servidores sin derechos del municipio.

Como escriben acertadamente Paula Cossart y Pierre Sauvêtre: «La cuestión es cómo los bienes comunes pueden vincularse entre sí, pero también cómo deben vincularse a la comuna, sabiendo que poner todas las decisiones económicas en manos de la asamblea comunal equivaldría a subordinar los bienes comunes (y por lo tanto los productores) a la comuna». No hace falta preguntarse aquí más a fondo cómo se puede articular práctica e institucionalmente la autonomía de los bienes comunes socioeconómicos y la dirección política general de la asamblea popular (dualidad de poder en las unidades de producción entre productores y usuarios, régimen de doble asamblea, la de los ciudadanos y la de los comunes a nivel del municipio,  o incluso la doble federación de municipios y asociaciones productivas imaginada por Proudhon), el problema general que se plantea es el de saber cómo en una sociedad organizada sobre el principio de autogobierno debe concebirse la relación entre las escalas territoriales por un lado, y la relación entre el plan territorial y el plan productivo[35],  además. La generalización del principio de autogobierno no debe llevar a negar la diferenciación de esferas y escalas; por el contrario, implica su pleno reconocimiento práctico.

Por un ecocomunismo libertario

Una cosa es cierta, este neocomunalismo hasta ahora no ha pensado en la relación entre el poder político directo de los ciudadanos en sus asambleas comunales y el gobierno democrático de los comunes. Pero tampoco se puede descuidar su contribución. Nos ayuda a delimitar el marco para definir lo que podría llamarse uncocomunismo libertario, que prolongaría las aspiraciones de libertad colectiva expresadas en la tradición comunalista, que también retomaría la preciosa idea de una «ecología social», pero sin trazar una línea bajo la autonomía democrática de los bienes comunes como componentes esenciales de una sociedad autónoma.

Si este ecocomunismo libertario tiene futuro, no será el producto de cerebros aislados y voces elocuentes, sino de nuevas prácticas e instituciones políticas y económicas que se preparan hoy para el cambio revolucionario general hacia un «otro mundo», plural e inalificable. La política comunista no consiste en soñar con el Enfrentamiento decisivo o especular sobre el Acontecimiento Absoluto, sino en construir las bases y consolidarlas fuerzas que implementarán concretamente el autogobierno de la sociedad. La revolución ecocomunista no nacerá espontánea y repentinamente.  Es probable que sea necesario un largo proceso de politización, educación y experimentación para hacer posible la extensión de múltiples formas de autogobierno en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad. Los períodos de crisis y movilizaciones masivas son en este sentido aceleradores de la politización de la sociedad, como hemos visto en Chile desde 2019.  Tal proyecto no tiene nada que ver con lo que todavía se escucha a veces como [36]«comunismo».  El ecocomunismo libertario no es una idea, una hipótesis, y mucho menos una esencia. Es el proyecto de una democracia real adaptada a las condiciones históricas y que responde a los problemas que enfrenta la humanidad.  Por eso debe confrontar y no evadir la cuestión de la división de los poderes políticos y la diferenciación de las esferas de la sociedad.

Notas:

[1] Cf. nuestro libro, Commun, Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, Poches/ La Découverte, 2014.

[2] Kristin Ross, La imaginación de la Comuna, Luna fabricación Ediciones, 2015, págs. 143-144 y pág. 151.

[3] Martín Buber Utopía y socialismo, L’échappée, 2016, p. 88.

[4] Teodoro Dézamy, Código de la comunidad, París, Prévost et Rouannet, 1842, p. 32.

[5] Ibídem., págs. 31-37.

[6] Ibídem., p. 31.

[7] Ibídem., pág. 250.

[8] Jacques Rougerie, La Comuna y los Comuneros, folio histoire, 2018, págs. 31-32.

[9] Ibídem., pág. 275.

[10] Ibídem., p. 270.

[11] Julien Chuzeville, Léo Frankel communard sans frontières, Ediciones Libertalia, 2021, p. 42.

[12] Jacques Rougerie, Op. Cit., pág. 41.

[13] Ibídem., pág. 38.

[14] Karl Marx & Friedrich Engels, Inventando lo desconocido Textos y correspondencia en torno a la Comuna, la fabrique éditions, 2008, p. 155.

[15] Julien Chuzeville, ibídem., pág. 69.

[16] Ibídem., pág. 73. Esta declaración dice : « … la Comuna de París abdicó de su poder en manos de una dictadura, a la que dio el nombre de Comité de Seguridad Pública. »

[17] Ibídem., pág. 69.

[18] Inventando lo desconocidoOp. Cit., p. 157.

[19] Martín Buber Utopía y socialismo, La fuga, 2016, p.161.

[20] Ibídem., pág. 162.

[21] Inventando lo desconocidoOp. Cit.., pág. 157.

[22] MEA 18, op. cit. Cit.,p. 635 (traducimos).

[23] Ibídem.

[24] Jacques Rougerie, Op. Cit., págs. 45-46. Cf. también, Julien Chuzeville, Op. Cit., págs. 49-50.

[25] Para el texto del decreto nos referimos a Julien Chuzeville, Op. Cit., págs. 53 y 54.

[26] Ibídem., pág. 56.

[27] Inventando lo desconocidoOp. Cit., pág. 161.

[28] Para un análisis de este «despertar» comunalista, cf. Paula Cossart y Pierre Sauvêtre, Del municipalismo al comunalismoMovimientos, 2020/1 No. 101.

[29] Pedro Sauvêtre « Eco-comunalismo. Bookchin y la ecología de la revolución», Fundamentos/Teorías, 2021-13, URL : https://journals.openedition.org/teth/3360

[30] Pedro Sauvêtre « Eco-comunalismo. 
Bookchin y la ecología de la revolución», ibíd., pág. 43.

[31] Murray Bookchin, De Urbanización a CiudadesHacia a Nuevo Política de Ciudadanía, Londres, Cassell, 1995, p. 235 , citado por P. Salvar ibídem., p. 43.

[32] Jérôme Baschet, Propinas, mundos emergentes, posibilidades deseables, París, La Découverte, 2021, p.131.

[33] Ibídem. pág. 132.

[34] Ibídem.

[35] Paula Cossart y Pierre Sauvêtre, Del municipalismo al comunalismoarte.cit.

[36] Para una crítica del «espontaneismo» en los problemas del autogobierno, cf. Franck Poupeau, «De la critique écologique à la critique sociale. Autoorganización comunitaria y autonomía de los dominados», Espacios y sociedades, 2020/1 No. 180-181. 








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