Manifestación Estatal en Madrid, 29 de noviembre, de Cibeles a Sol, 12h
La humanidad está en peligro. O parte de ella.Estas dos consideraciones, toda o parte de la humanidad, es la que altera el discurso y acción de los Estados y la ciudadanía.
Si bien hay comprensión de que el cambio climático producido por un aumento de la temperatura media, originada por la alteración de los parámetros de la biosfera producto de elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, ocasiona y ocasionará problemas de supervivencia y esperanza de vida en el planeta, males económicos y sociales, no hay un acuerdo global de cómo reducir esos efectos y la distribución de los costes de hacerlo.
El cambio climático y los desastres naturales derivados afectan mucho más a las poblaciones pobres. Véase la diferente cifra de mortalidad en los terremotos de Nepal o Chile. O las inundaciones en una u otra parte del planeta.
Al igual que en el asunto de la riqueza y la desigualdad, donde el mundo y los estados están cada vez más polarizados, ocurre lo mismo en las respuestas al problema del cambio climático. Se produce una división en la asignación del reparto de los costes para mitigar esa elevación de temperatura media. Entre países ricos y los que no lo son; entre los que creen que el esfuerzo tiene que ser proporcional entre los causantes históricos de la contaminación o la del presente; sobre si es una necesidad financiar globalmente o no a los países que cuentan con reservas naturales, etc.
Esta lucha de posiciones para lograr resultados ‘beneficiosos’ a costa del sacrificio del otro impide que haya acuerdos normativos ambiciosos.
Además, para que esos acuerdos sean efectivos tendrían que comprender un cambio de paradigma energético, productivo, de consumo y de relación con la naturaleza, si entendemos que es necesaria una prosperidad compartida. Y una transición justa que garantice oportunidades de empleo de calidad y un reparto de la riqueza.
A escala mundial 1 de cada 9 personas carece de alimentos suficientes y más de 700 millones viven en la extrema pobreza. Las 85 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres del planeta.
En el Estado español 1 de cada 5 personas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Entre los elementos que señalan esa pobreza están las personas que carecen de rentas para pagar las facturas de luz, agua y gas, los pobres energéticos. Es preciso que las autoridades públicas tengan como prioridad la lucha contra la pobreza y desarrollen coberturas universales.
La lucha contra el cambio climático va unida a reivindicar una menor desigualdad.
La Conferencia de Cambio Climático COP21 será trascendental en la medida en que se alcance un acuerdo internacional legalmente vinculante para que después del año 2020 se garantice una reducción de emisiones suficientemente ambiciosa para evitar los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático.
Desde la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad hacemos propio el Manifiesto de la Alianza por el Clima y apostamos por poner en marcha medidas para reducir las emisiones, y creemos que todos los países tienen que hacer esfuerzos para la mitigación, bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, teniendo en cuenta sus emisiones históricas y su grado de desarrollo e industrialización.
Esto sólo se conseguirá con una ciudadanía consciente de los problemas y de las soluciones, una ciudadanía exigente y movilizada.
Santiago González Vallejo USO-SOTERMUN/Alianza contra la pobreza y la desigualdad.
Si bien hay comprensión de que el cambio climático producido por un aumento de la temperatura media, originada por la alteración de los parámetros de la biosfera producto de elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, ocasiona y ocasionará problemas de supervivencia y esperanza de vida en el planeta, males económicos y sociales, no hay un acuerdo global de cómo reducir esos efectos y la distribución de los costes de hacerlo.
El cambio climático y los desastres naturales derivados afectan mucho más a las poblaciones pobres. Véase la diferente cifra de mortalidad en los terremotos de Nepal o Chile. O las inundaciones en una u otra parte del planeta.
Al igual que en el asunto de la riqueza y la desigualdad, donde el mundo y los estados están cada vez más polarizados, ocurre lo mismo en las respuestas al problema del cambio climático. Se produce una división en la asignación del reparto de los costes para mitigar esa elevación de temperatura media. Entre países ricos y los que no lo son; entre los que creen que el esfuerzo tiene que ser proporcional entre los causantes históricos de la contaminación o la del presente; sobre si es una necesidad financiar globalmente o no a los países que cuentan con reservas naturales, etc.
Esta lucha de posiciones para lograr resultados ‘beneficiosos’ a costa del sacrificio del otro impide que haya acuerdos normativos ambiciosos.
Además, para que esos acuerdos sean efectivos tendrían que comprender un cambio de paradigma energético, productivo, de consumo y de relación con la naturaleza, si entendemos que es necesaria una prosperidad compartida. Y una transición justa que garantice oportunidades de empleo de calidad y un reparto de la riqueza.
A escala mundial 1 de cada 9 personas carece de alimentos suficientes y más de 700 millones viven en la extrema pobreza. Las 85 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres del planeta.
En el Estado español 1 de cada 5 personas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Entre los elementos que señalan esa pobreza están las personas que carecen de rentas para pagar las facturas de luz, agua y gas, los pobres energéticos. Es preciso que las autoridades públicas tengan como prioridad la lucha contra la pobreza y desarrollen coberturas universales.
La lucha contra el cambio climático va unida a reivindicar una menor desigualdad.
La Conferencia de Cambio Climático COP21 será trascendental en la medida en que se alcance un acuerdo internacional legalmente vinculante para que después del año 2020 se garantice una reducción de emisiones suficientemente ambiciosa para evitar los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático.
Desde la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad hacemos propio el Manifiesto de la Alianza por el Clima y apostamos por poner en marcha medidas para reducir las emisiones, y creemos que todos los países tienen que hacer esfuerzos para la mitigación, bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, teniendo en cuenta sus emisiones históricas y su grado de desarrollo e industrialización.
Esto sólo se conseguirá con una ciudadanía consciente de los problemas y de las soluciones, una ciudadanía exigente y movilizada.
Santiago González Vallejo USO-SOTERMUN/Alianza contra la pobreza y la desigualdad.
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