En tiempos recientes, los medios de comunicación de nuestro país han sido pródigos en noticias de algún modo relacionadas con el cambio climático, referentes a intensas olas de calor, alternando con formidables tormentas, acompañadas por toda suerte de factores determinantes del incremento de su intensidad: lluvias torrenciales, fuertes vientos, granizadas (pedrisco), riadas y desbordamientos, etc.
Localidades y zonas del país, que a no ser por este tipo de acontecimientos, difícilmente harían acto de presencia en los medios de comunicación, ven inscritos sus respectivos nombres en dichos medios, como consecuencia de estos sucesos meteorológicos: Sierra de Albarracín, Comarca del Jiloca, Sierra de Gúdar, Comarca del Maestrazgo, Sierra de San Vicente, Valle del Tajo, Comarca de La Alcarria, Lagunas y Parameras del Señorío de Molina, Alagón (capital de la comarca de Ribera Alta del Ebro), Comarca de Las Villuercas, Sierra de Montánchez, etc., etc.
Con ocasión de tales acontecimientos, tanto las páginas de los periódicos como las pantallas de nuestros televisores se han visto invadidas, con relativa frecuencia, por imágenes que corresponden a la reseña gráfica de cada suceso meteorológico. Entre ellas, las que vienen a poner en evidencia los efectos devastadores del paso de los vientos huracanados, las riadas y las granizadas intensas.
Los ojos del espectador prevenido, han podido advertir, cómo, en tales imágenes proliferan las que registran roturas de cubiertas de todo tipo, incluidas las realizadas con placas de amianto-cemento, las popularmente conocidas como «uralitas» o chapas de uralita.
Diríase que tanta prodigalidad en este tipo de imágenes, viene condicionada, en primer lugar, por el pretérito entusiasmo “chapero” habido en nuestro país, en tiempos que abarcan desde la dictadura hasta la transición democrática, y es que, en efecto, basta, por ejemplo, con una atenta mirada por la ventanilla de un tren de cercanías a una gran ciudad, para ver discurrir ante nuestros ojos, a lo largo del recorrido, las abundantes imágenes de vetustas cubiertas de «uralita», unas aparentemente intactas, y otras no.
Y es que, en efecto, otro importante factor determinante de tanta abundancia de «uralitas» rotas, es, aparte del cambio climático, su coincidencia con el final de la vida útil de tales elementos constructivos, que se caracterizan por una fragilidad creciente, determinada por el creciente grado de cristalización del cemento con el que, junto con el amianto, están fabricadas.
Es en esta situación de rotura, en donde se manifiesta en toda su potencia la condición de friabilidad, determinante del riesgo de inhalación de las fibras de asbesto en suspensión en la atmósfera, en concentraciones que en el caso del mesotelioma pueden bastar para desencadenarlo, y de forma acumulativa, con menor probabilidad, también pueden ser determinantes de otras patologías igualmente relacionadas con la exposición al asbesto, incluso la no laboral, como sería el caso.
La legislación española, que en su día estableció la prohibición del amianto en España, determina su retirada en condiciones de seguridad, al término de su vida útil; pero es evidente, que ese término nunca será brusco, y que por consiguiente, esa retirada debe acometerse antes de que la condición de obsolescencia se haya podido ya manifestar, a través de reiteradas roturas “espontáneas”. Es obvio, para todo aquel que por fortuna no sea ciego, que la realidad cotidiana que podemos contemplar, no responde, ni poco ni mucho, a ese esquema de precauciones, que posiblemente pudieron estar presentes en el ánimo del legislador, pero que, en cualquier caso, no dejó plasmadas entre las previsiones concretas del texto legal.
Es la conjunción de este estado de cosas, con la situación antes aludida, de manifestaciones meteorológicas intensas, correctamente atribuidas al cambio climático global, lo que determina la abundancia de roturas de las viejas «uralitas», azotadas por fuertes vientos, o perforadas por el pedrisco, los derrumbes, o quebradas por la presión del agua movilizada por las tormentas. Lo previsible es, que en el futuro más inmediato, tales situaciones no hagan más que incrementarse. Por consiguiente, este problema medioambiental e higiénico no hará más que crecer.
En las situaciones que las imágenes televisivas o periodísticas nos muestran, la acción del SEPRONA de la Guardia Civil, es decisiva para la reconducción de las mismas hacia una remediación de seguridad; pero, en cualquier caso, la iniciativa e interés de las autoridades municipales respectivas, es fundamental. Interés que eventualmente podrá precisar, quizás, del de la oposición política, y/o de los grupos ecologistas locales respectivos.
Una lógica política perversa impera en nuestro país, para todas las cuestiones, incluidas las del amianto, según la cual, la forma más segura de que no se le ponga remedio a un problema real y acuciante, es que cualquiera de los partidos políticos de la oposición haga alguna propuesta al respecto, adelantándose a los demás con su iniciativa. Siendo ello una constatación empírica reiterada, si se da la circunstancia de que no sean las autoridades ejercientes las asuman primero la iniciativa ante el problema, puede garantizarse, con certeza plena, que la inacción está asegurada.
No mejor perspectiva cabe esperar, si son las organizaciones de defensa del consumidor, o las de defensa del medio ambiente, de la salud pública, o las de defensa de los derechos de las víctimas del amianto, las que promuevan tal tipo de iniciativas. Sin embargo, por supuesto que las mismas se deben de seguir formulando. Es precisamente esa falta de respuesta efectiva, el mayor acicate para que no decaigan las justas demandas.
A pesar de lo antedicho, una cierta proporción de éxitos sí cabe esperar, si se trata de la acción de denuncia vehiculada por aquellas asociaciones que funcionan bajo el marchamo general de expresiones como «Amianto Cero» o «Cero Amianto», las cuales, por su especificidad monotemática, y por su buen hacer, alcanzan resultados positivos, y en cualquier caso superiores a los de otras… digamos que uncidas por la gloria internacional, por su aparatoso y circense activismo, que tampoco es que sobre, a condición de que haya coherencia. Cuando tales éxitos se materializan, el esquema de sucesión de los hechos, es el siguiente: primero hay una denuncia pública en los medios de comunicación, eventualmente con adhesión manifiesta de algunos de los partidos de la oposición municipal; a continuación las autoridades locales concernidas reaccionan, exigiendo a la propiedad del inmueble afectado por el problema, la corrección más o menos inmediata del mismo, por los medios adecuados y conformes con la legislación vigente sobre el desmontaje y retirada de los materiales que contienen amianto, como es el caso de las cubiertas formadas por las «uralitas» dañadas.
El grave inconveniente que, no obstante, tiene todo esto, es que a día de hoy la mayor parte del territorio nacional no cuenta con cobertura eficaz, con posibilidades de desplazamiento, inspecciones sobre el terreno y convocatoria de los medios locales, etc., por parte de tal tipo de organizaciones ecologistas, aunque, afortunadamente, esa cobertura va siendo progresivamente cada vez mayor, aunque con lentitud, porque no es fácil contar con un voluntariado dispuesto al esfuerzo organizativo y de efectiva militancia que supone la creación de este tipo de asociaciones sin fines de lucro.
El incremento del riesgo inherente al amianto instalado, asume un estrecho vínculo con situaciones de violencia física en las cosas, como son las de índole bélica, o las asociadas a fenómenos naturales, tales como terremotos, o aquellos que presuponen un nexo con el cambio climático antropogénico, como es el caso de huracanes atípicos, lluvias torrenciales de creciente intensidad y frecuencia, fuertes granizadas, riadas y desbordamientos, etc. Por consiguiente, si siempre ha habido necesidad de un desamiantado eficaz y en adecuadas condiciones de seguridad en su ejecución, esa demanda que el cuidado del medio ambiente y de la salud pública exigen, ahora, ante esa perspectiva propiciada por la propia actividad humana, su puesta en ejecución está más justificada que nunca.
No hay que engañarse: la amplitud del daño causado y del riesgo correspondiente, no viene determinada por la del deterioro ya causado en las cubiertas de amianto-cemento, sino, con una probabilidad no desdeñable, por la forma anárquica e ilegal en la que esas cubiertas dañadas pueden terminar por ser abatidas, sin precaución higiénica alguna, y todo ello propiciado por el susodicho daño accidental previo. Quienes evidencian ese desprecio por el riesgo así generado, no tienen por qué andarse con remilgos y medias tintas. Su acción no tendrá ya más freno, si nadie lo remedia, que el del propio agotamiento y culminación de la tarea destructiva emprendida.
Si, en términos generales, los particulares asumieran sus responsabilidades para este tipo de problemas, para eso al menos, sobraría el SEPRONA, sobraría la actuación de los respectivos ayuntamientos, y sobrarían, finalmente, las susodichas asociaciones ecologistas, que por algo han sido creadas: porque, evidentemente, en nuestra sociedad no se da esa situación de responsabilidad generalizada, sino todo lo contrario, por desgracia. En el caso del SEPRONA, y por su misma naturaleza, lo normal es que sus actuaciones inevitablemente se desarrollen “a toro pasado” y cuando el mal ya está consumado, frecuentemente en su integridad, y orientándose esa acción, preferentemente, al aspecto sancionador y punitivo.
Si bien es cierto, que siempre serán dignos de encomio todos los esfuerzos proyectados para paliar los efectos nocivos del cambio climático, no obstante, no es menos veraz, que por lo que respecta a la cuestión aquí abordada, tales esfuerzos, que previsiblemente se implementarían, en el más optimista de los supuestos, con cierta parsimonia, y que, al propio tiempo, la respuesta de la Naturaleza a tales esfuerzos humanos, tampoco es razonable esperar que resulten eficaces a corto plazo, por todo ello cabe inferir razonablemente, que no ha de ser por esa vía por la que puedan solucionarse o paliarse las previsibles consecuencias negativas de nuestra desidia a la hora de haber acometido el desamiantado del asbesto instalado en nuestro país. Por consiguiente, sólo de su efectiva puesta en ejecución, cabe esperar una verdadera remediación del problema.
Conclusiones
El Cambio Climático determina el incremento de la violencia de los fenómenos meteorológicos extremos, tales como vientos huracanados, granizadas intensas, riadas y desbordamientos, etc. La antigüedad de las cubiertas de amianto-cemento que todavía permanecen instaladas en nuestro país, determina que estén ya prácticamente a término de su vida útil, en un estado de cristalización del cemento, de obsolescencia y de consiguiente fragilidad, que determina que sean sumamente propensas a fragmentarse, con lo que el amianto, que estaba encapsulado y mezclado con el cemento de las chapas de «uralita», accediendo a la condición de «friabilidad», determinante de la liberación a la atmósfera, de las peligrosísimas fibrillas microscópicas que constituyen la llamada «fracción respirable», cuya inhalación es condición necesaria para poder determinar una retención de las mismas por el aparato respiratorio, y consiguiente riesgo de afloramiento de patologías asbesto-relacionadas, en especial por lo que respecta al mesotelioma, que es la patología maligna que para emerger precisa de menores dosis.
La conjunción de ambos factores –Cambio Climático y obsolescencia del amianto instalado en las cubiertas-, determinan la perentoria necesidad de un plan nacional de desamiantado, que afronte la solución correcta (no generadora de mayores riesgos), de este importante problema medioambiental y de salud pública. Instamos a las autoridades competentes a acometer cuanto antes dicha tarea, y a las asociaciones del ecologismo, a demandarlo enérgicamente y con la precisa insistencia y reiteración necesarias, para que dicha meta pueda llegar a ser alcanzada, en beneficio de todos.
Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com
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