Fernanda Wanderley
Si quedaba alguna duda sobre el modelo de desarrollo del "proceso de cambio” en Bolivia, al inicio de la tercera gestión del MAS ya no hay espacio para especulación y se puede afirmar: el primer presidente indígena de Bolivia apuesta por la profundización del extractivismo (hidrocarburos, minerales y agroindustria de monocultivos) en alianza con el sector privado transnacional y nacional, en menoscabo de la Madre Tierra y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Los tres decretos supremos, aprobados entre el 18 de mayo y el 10 de junio del presente año, son el tiro de gracia que faltaba para matar las esperanzas tan fuertemente nutridas en los círculos de izquierda en todo el mundo sobre la gestación en Bolivia de un modelo de desarrollo alternativo, fundado sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el respeto por la Madre Tierra y el fortalecimiento de una economía plural.
Estos decretos autorizan el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas del país. Además, retrocede el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre los proyectos en sus territorios. Medidas que desconocen el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, que establece la consulta libre, previa e informada, según las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas.
Las declaraciones del presidente Evo Morales fueron contundentes: "Fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales” en Bolivia "se tiene que ir del país”, recordando que sufrirán el mismo destino que la cooperación danesa, expulsada por apoyar a los pueblos indígenas a promover los derechos de la Madre Tierra. También justificó la medida aclarando: "No seremos guardabosques de los países industrializados”. Y explicó que las áreas forestales son una invención del "imperialismo norteamericano”.
El Gobierno ya suscribió varios contratos con empresas transnacionales para explorar petróleo en estas áreas. Los indígenas anuncian resistencia y expertos denuncian los daños ambientales y sociales de estas nuevas medidas.
Estos últimos decretos no son sorpresa para los que acompañan de cerca el proceso boliviano. Son muchas políticas y medidas que favorecen la expansión de las empresas transnacionales, no sólo del sector petrolero, sino también de la agroindustria, en perjuicio de las áreas protegidas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la agricultura campesina e indígena en el país.
En vísperas de la visita del papa Francisco, el Gobierno no se ruboriza en decir que su propuesta medioambiental coincide con la nueva encíclica ecológica del Vaticano. Durante muchos años el Gobierno logró aturdir a todos con discursos grandilocuentes y normativas muy progresistas, empezando por la Constitución Política del Estado y leyes que establecieron principios y fundamentos de un "Desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien”, pese a que su práctica no corroborará estos compromisos.
Sin embargo, después de nueve años en el poder, ya son demasiadas políticas y acciones que revelan las reales intenciones y visiones de desarrollo del Gobierno. Estas son tradicionales y coincidentes con los intereses del capital transnacional. Nada que envidiar a los gobiernos de derecha.
Los datos oficiales muestran la marginalización de la agricultura campesina e indígena a lo largo de estos años, la priorización de la expansión de la frontera agrícola por parte de las grandes empresas transnacionales y nacionales, la defensa de la utilización de los transgénicos y el alejamiento en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La lección es amarga. Así como no es suficiente tener a una mujer en la Presidencia para que se tenga una visión feminista y se implemente otra forma de hacer política; tampoco es suficiente tener a un indígena en la Presidencia para que se tenga una visión ecológica y promotora de los derechos de los pueblos indígenas.
Fernanda Wanderley es
socióloga investigadora.
Los tres decretos supremos, aprobados entre el 18 de mayo y el 10 de junio del presente año, son el tiro de gracia que faltaba para matar las esperanzas tan fuertemente nutridas en los círculos de izquierda en todo el mundo sobre la gestación en Bolivia de un modelo de desarrollo alternativo, fundado sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el respeto por la Madre Tierra y el fortalecimiento de una economía plural.
Estos decretos autorizan el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas del país. Además, retrocede el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre los proyectos en sus territorios. Medidas que desconocen el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, que establece la consulta libre, previa e informada, según las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas.
Las declaraciones del presidente Evo Morales fueron contundentes: "Fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales” en Bolivia "se tiene que ir del país”, recordando que sufrirán el mismo destino que la cooperación danesa, expulsada por apoyar a los pueblos indígenas a promover los derechos de la Madre Tierra. También justificó la medida aclarando: "No seremos guardabosques de los países industrializados”. Y explicó que las áreas forestales son una invención del "imperialismo norteamericano”.
El Gobierno ya suscribió varios contratos con empresas transnacionales para explorar petróleo en estas áreas. Los indígenas anuncian resistencia y expertos denuncian los daños ambientales y sociales de estas nuevas medidas.
Estos últimos decretos no son sorpresa para los que acompañan de cerca el proceso boliviano. Son muchas políticas y medidas que favorecen la expansión de las empresas transnacionales, no sólo del sector petrolero, sino también de la agroindustria, en perjuicio de las áreas protegidas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la agricultura campesina e indígena en el país.
En vísperas de la visita del papa Francisco, el Gobierno no se ruboriza en decir que su propuesta medioambiental coincide con la nueva encíclica ecológica del Vaticano. Durante muchos años el Gobierno logró aturdir a todos con discursos grandilocuentes y normativas muy progresistas, empezando por la Constitución Política del Estado y leyes que establecieron principios y fundamentos de un "Desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien”, pese a que su práctica no corroborará estos compromisos.
Sin embargo, después de nueve años en el poder, ya son demasiadas políticas y acciones que revelan las reales intenciones y visiones de desarrollo del Gobierno. Estas son tradicionales y coincidentes con los intereses del capital transnacional. Nada que envidiar a los gobiernos de derecha.
Los datos oficiales muestran la marginalización de la agricultura campesina e indígena a lo largo de estos años, la priorización de la expansión de la frontera agrícola por parte de las grandes empresas transnacionales y nacionales, la defensa de la utilización de los transgénicos y el alejamiento en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La lección es amarga. Así como no es suficiente tener a una mujer en la Presidencia para que se tenga una visión feminista y se implemente otra forma de hacer política; tampoco es suficiente tener a un indígena en la Presidencia para que se tenga una visión ecológica y promotora de los derechos de los pueblos indígenas.
Fernanda Wanderley es
socióloga investigadora.
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