La diputada Alejandra Sánchez le crea otro frente de conflictos sociales a su papá; esta vez por el tema de la regulación de las áreas protegidas que existen en el país ¿Qué será de nuestros parques? Alfredo Rada Vélez ?Estás perjudicando a tu papá; con esta ley vas a crear un gran conflicto social?, increpaba Román Loayza, dirigente de la Confederación de Campesinos, a la diputada Alejandra Sánchez de Lozada. Ocurrió hace una semana en Cochabamba, durante una frustrada Audiencia Pública en la que se presentaba el ?Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? que impulsa la diputada del MNR.
La diputada Alejandra Sánchez le crea otro frente de conflictos sociales a su papá; esta vez por el tema de la regulación de las áreas protegidas que existen en el país ¿Qué será de nuestros parques? Alfredo Rada Vélez ?Estás perjudicando a tu papá; con esta ley vas a crear un gran conflicto social?, increpaba Román Loayza, dirigente de la Confederación de Campesinos, a la diputada Alejandra Sánchez de Lozada. Ocurrió hace una semana en Cochabamba, durante una frustrada Audiencia Pública en la que se presentaba el ?Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? que impulsa la diputada del MNR. No se trató de un incidente aislado; escenas parecidas se vieron en las audiencias efectuadas en La Paz y Santa Cruz. Aquél proyecto está concitando un rechazo generalizado de las organizaciones campesino-indígenas y de varias instituciones ecologistas en todo el país, cosa que se pretende ocultar con una campaña comunicativa que muestra un idílico panorama lleno de consensos y acuerdos inexistentes. No es para tomarlo a la ligera: como pasó hace tres años a propósito del intento de aprobación de una ?Ley de Aguas?, hoy, con este nuevo motivo, podría estarse gestando otra movilización de grandes proporciones en el campo.
¿Cómo es posible que estos sectores sociales se opongan a la aprobación de una ley aparentemente ambientalista? Para entenderlo debemos remitirnos a algunos conceptos sobre las áreas protegidas y el contexto en el que se desarrolla el debate.
Naturaleza o inversiones
El año 1939 fue creado el ?Parque Nacional Sajama? en Oruro, con una extensión de 100.000 hectáreas. En la actualidad, Bolivia cuenta con más de 17 millones de hectáreas declaradas en 21 áreas protegidas, de alcance nacional o departamental agrupadas en distintas categorías de manejo: Parques Nacionales, Santuarios, Monumentos Naturales, Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado; adicionalmente y bajo un régimen jurídico transitorio se establecieron las Reservas Naturales de Inmovilización. De todas estas categorías la más importante constituyen los Parques, algunos muy conocidos: Tunari, Carrasco, Isiboro Sécure, Madidi, Noel Kempf, Amboró, Cotapata, Otuquis, Kaa Iyá y el ya mencionado Sajama.
?Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural del país?. Este texto corresponde al artículo 60 de la Ley del Medio Ambiente, que establece como principal finalidad de las áreas protegidas la protección de la diversidad biológica.
Recordemos que la LMA fue aprobada el año 1992, época en que todavía en Latinoamérica existía cierta libertad para aprobar disposiciones protectivas de avanzada, muy a tono con los vientos ecologistas que soplaban por entonces y que dieron lugar a la ?Cumbre Mundial por la Tierra? realizada en Río de Janeiro.
Luego vino la avalancha de privatizaciones y de apertura indiscriminada de los sectores estratégicos de las economías nacionales a los flujos de los capitales globales. Bolivia no escapó a esta poderosa tendencia, que incluyó la explotación de recursos naturales, fundamentalmente las muy rentables actividades extractivas mineras y petroleras.Desde entonces las prioridades estatales cambiaron; ahora lo fundamental es atraer y proporcionar ?seguridad jurídica? a las inversiones privadas nacionales y extranjeras, palanca del desarrollo a decir de las propagandas. En Bolivia, bajo este signo, se aprobó la ?Ley General de Hidrocarburos? en 1996 y el ?Código de Minería? en 1997, disposiciones que en los hechos relegaron la aplicación de las normas medioambientales. Poco después, desde los ámbitos gubernamentales se abandonó la idea de aprobar una ?Ley de la Biodiversidad?, que hubiera reforzado las disposiciones ambientales incorporando, en uno de sus capítulos, el régimen legal de las áreas protegidas.
Inversiones y parques
Las áreas protegidas, consideradas al principio como zonas bajo estricto régimen de protección, fueron también afectadas por la aplicación de disposiciones sectoriales que permiten la licitación y adjudicación de bloques de explotación petrolera y la entrega de concesiones mineras y madereras.Según datos del propio Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), sólo en cuanto se refiere a derechos petroleros dentro de los parques nacionales, se habrían otorgado un total de 24 concesiones a ocho empresas transnacionales que operan en ellos causando daños al medio ambiente.
René Orellana, especialista en temas ambientales del CENDA de Cochabamba, pinta así el panorama: ?Si superponemos los mapas de áreas de interés, de exploración y explotación petrolera con los de áreas protegidas, la sorpresa inmediata que tenemos es que ambos coinciden en muchos casos. De las 17.475.327 hectáreas correspondientes al núcleo activo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, alrededor de 9.271.000 hectáreas están superpuestas con áreas de interés, de exploración, de explotación y de licitación petrolera?.
En otras palabras, en el último quinquenio el régimen de protección de la biodiversidad ha sido perforado por las propias autoridades de gobierno y entidades regulatorias (Superintendencias Forestal, de Minas y de Hidrocarburos) que otorgaron derechos a empresas que realizan actividades de alto impacto ambiental dentro de las áreas protegidas. ¿Por qué las llaman protegidas entonces?, ¿no sería más adecuado, en aras de la cruda realidad, comenzar a llamarlas ?áreas permitidas??
Lo paradójico es que a una parte del movimiento ambientalista --el ?ambientalismo sistémico?-- esto le parece aceptable y razonable. Los exponentes de esta corriente trocaron sus iniciales posturas de protección por otras que sólo hablan de ?mitigación?, con lo que funcionalizaron su discurso a las políticas oficiales. La diputada Alejandra Sánchez de Lozada pertenece a este género de ambientalistas y con su proyecto de ley pretende lograr ?un equilibrio en el aprovechamiento de los recursos naturales y el trabajo hidrocarburífero necesario para el fortalecimiento económico del país? (entrevista publicada en ?El Energético? No. 4).Esto explica que los contenidos de la norma proyectada, redactados para lograr la aceptación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (entidad con la que la parlamentaria se reunió en Santa Cruz el sábado 9 de agosto), son repudiados por los sectores campesinos e indígenas, directamente afectados por la contaminación de aguas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionados por petroleros, mineros y madereros.
Este sólo elemento --al que se pueden agregar otras observaciones de fondo-- invalida y deslegitima el proyecto de marras, poniendo al descubierto que los proyectistas se guían por una enrevesada lógica. Abandonado por los conservacionistas de salón, el verdadero discurso ecologista ha sido retomado por los movimientos sociales.
FUENTE: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002071405
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