La lluvias no serían las únicas culpables de las trágicas inundaciones en la amazonía boliviana causadas por el desborde de ríos. Varias investigaciones ponen sobre aviso los impactos ocacionados en poblaciones de Brasil y Bolivia por la construcción de un conjunto de megarepresas en Brasil. Entre éstas les presentamos una investigación de Mónica Vargas Collazos.
(Somos Sur, 26 de febrero de 2012)
Las megarepresas parte del IIRSA
Las megarepresas o represas hidroeléctricas construidas en Sudamérica son parte de las obras de infraestructura que responden al Plan IIRSA (Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Sud América), un plan de saqueo de recursos naturales a favor de empresas transnacionales.
Extracto de la investigación de Mónica Vargas Collazos: Un caso de anticooperación española "El complejo de Río Madera":
megarepresas rio madera4.1. Relación con IIRSA y construcción de las represas
El Eje Perú-Brasil-Bolivia (Mapa 2) es uno de los corredores transversales de IIRSA. Abarca la región sur del Perú, la región amazónica de Bolivia y los espacios del noroeste de Brasil. Tiene por objetivo la integración física de esta región con los puertos del Pacífico y con los grandes centros de consumo de los tres países. Este Eje contempla tres Grupos de proyectos, uno de los cuales es el “Corredor Fluvial Madera-Madre de Dios-Beni”.
El Grupo comprende:
• El Complejo Hidroeléctrico del Río Madera: incluyendo las represas de Santo Antônio y de Jirau, así como una línea de transmisión entre las dos represas y la navegabilidad entre las ciudades de Porto Velho (Brasil), Guajará-Mirim (Brasil) y Guayaramerín (Bolivia).
• Líneas de Transmisión entre las represas y los polos industriales del oriente brasileño
• Una represa binacional sobre el Río Madera (Brasil-Bolivia) (actualmente descartada)
• Una represa en la localidad de Cachuela Esperanza (Bolivia)
• La navegabilidad del Río Beni (Bolivia)
• La hidrovía Ichilo-Mamoré (Bolivia)
• Una hidrovía sobre el Río Madre de Dios y un puerto fluvial (Perú)
La identificación del Río Madera como una posible fuente de generación de energía hidroeléctrica se realizó en 1971, desde el Ministerio brasileño de Minas y Energía. Asimismo, en 1985, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia realizó un estudio de diseño para la construcción de una central hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, sobre el Río Beni, con un potencial de 35 Megavatios (MW), y destinada al abastecimiento de las localidades bolivianas de Riberalta y Guayaramerín. Con el objetivo de responder a la creciente demanda energética de Brasil (estimada a 124.000 MW para 2012), en 2001 y 2002 fueron realizados Estudios de Inventario Hidroeléctrico a cargo de las empresas Furnas Centrais Elétricas SA y CNO-Constructora Norberto Odebrecht SA. Los estudios evaluaron la construcción de las represas de Jirau y Santo Antônio, sobre el tramo del río situado entre las localidades de Abuná y Porto Velho. Asimismo, se propuso una tercera hidroeléctrica (Ribeirão) aprovechando un desnivel de 20 metros en el tramo binacional entre Abuná y Guayaramerín, y se contempló una cuarta represa en la localidad boliviana de Cachuela Esperanza, sobre el Río Beni (Molina, Ledezma y Vauchel 2009, 98).
Tanto las hidroeléctricas de Santo Antônio como de Jirau forman parte desde 2007 de un gran número de megainfraestructuras contempladas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Brasil. En diciembre de ese año, el proyecto de Santo Antônio fue adjudicado al Consorcio MESA - Madeira Energia S.A. (conocido también por el nombre de su subsidiaria SAESA - Santo Antônio Energia S.A.). Las empresas constructoras y suministradoras de maquinaria que intervienen de momento en Santo Antônio son: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Alstom Hydro Energia Brasil, Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, Areva Transmissão e Distribuição de Energia, Siemens Ltda, Va Tech Hydro Brasil Ltda., y Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda7. El Séptimo Informe 2009 (enero-abril) del PAC señala que Santo Antônio tiene por objetivo una generación de 3.150 MW8. La represa está prevista para entrar en operación en el año 2012, y alcanzaría plena capacidad en un máximo de 36 meses después de haber sido inaugurada (BIC 2010a). En el momento de operación a plena potencia, la represa produciría más de 19,5 millones de Megavatios/hora (MW/h) por año de energía eléctrica, equivalentes a cerca de 4.3% de la producción brasileña en el año 2007.
En lo que refiere a Jirau, que tendría una generación de 3.450 MW, el proyecto fue adjudicado en mayo de 2008 al consorcio Energia Sustentable de Brasil (ESBR), liderado por la transnacional francesa GDF-Suez (Suez Energy South America Participações Ltda.) (50.1%), conjuntamente con Eletrosul Centrais Elétricas S/A (20%), compañía Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (20%), y Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S/A (9,9%). Está siendo construida a 130 kilómetros de la ciudad de Porto Velho, en un área de densa vegetación denominada “Isla del Padre” (BIC 2010b). Alcanzaría su capacidad máxima en 2016.
Cabe destacar que la hidroeléctrica binacional (Ribeirão) se encuentra en un estado mucho menos avanzado. En abril de 2004, Odebrecht solicitó a la Superintendencia de Electricidad de Bolivia dos licencias provisionales para realizar estudios de factibilidad para la implementación de ésta represa y de aquella de Cachuela Esperanza. La solicitud fue rechazada por la Superintendencia en base a los cuestionamientos sociales y ambientales emitidos desde diferentes instituciones bolivianas. Odebrecht interpuso entonces un recurso jerárquico que tampoco fue aceptado con lo cual ha agotado la vía administrativa y podría presentar un recurso judicial (BIC 2009)9.
Por su parte, en 2008, el gobierno boliviano, mediante la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), encargó en 2008 por un monto de 8.2 millones de dólares a la empresa canadiense Tecsult – Aecom, la realización de un estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza. En noviembre de 2009, Tecsult presentó públicamente los resultados de su estudio, refiriéndose a una central hidroeléctrica de 990 MW de potencia instalada, que utilizará un caudal medio de 8.900 m3/s del Río Beni. Se estima que el proyecto requerirá una inversión de 2.000 millones de dólares, sin incluir los costos ambientales ni las líneas de transmisión, puesto que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aún no ha sido concluido. La demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 1.000 MW a nivel nacional, y el consumo de las tres ciudades del Norte-Amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija), no supera los 20 MW. De acuerdo con Tecsult, el proyecto sería por tanto rentable a condición de que más de 95% de la energía generada sea exportada a Brasil (J. Molina 2010).
- Vea más información sobre el IIRSA en el dossier trabajado por el Centro de estudios aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDADESC) AQUÍ.
Las megarepresas y las inundaciones
Según el estudio de Mónica Vargas entre los "impactos que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonía brasileña y boliviana" estarían las inundaciones, debido a la crecida de los ríos taponeados por estas megarepresas.
Extracto de la investigación de Mónica Vargas Collazos: Un caso de anticooperación española "El complejo de Río Madera":
cobija inundado4.2. ¿Beneficios para las poblaciones locales?
Puesto que en el seno del “Complejo del Río Madera”, las represas que están siendo implementadas en la actualidad son Santo Antônio y Jirau, consideraremos aquí los impactos que pueden tener para las poblaciones locales. Entre ellos, destacaremos esencialmente las incidencias en territorio boliviano, porque se trata de una problemática que se agrava al no ser reconocida por el Gobierno de Brasil, y que por ello, no ha sido considerada en los estudios de impacto ambiental.
Es importante subrayar en primer lugar el contexto conflictivo y las diferentes irregularidades que se han hecho patentes a la hora de implementar el Complejo del Río Madera. Así por ejemplo, P. Molina nos recuerda el carácter político y carente de todo sustento técnico que tuvo la otorgación de la licencia ambiental por parte del gobierno brasileño mediante el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) en lo que refiere a las represas de Jirau y Santo Antônio10. En efecto, el Estudio de Factibilidad y aquel de Impacto Ambiental encargados por Furnas y Odebrecht, así como la consultoría del Banco Mundial a cargo de Sultam Alama y estudios independientes del Ministerio Público de Rondonia, arrojaron incoherencias y contradicciones (2009a, 6). Por otra parte, la resolución previa del IBAMA, así como un informe elaborado en marzo de 2007 por especialistas del Instituto, destacaban que no se podía garantizar la viabilidad ambiental de ambos proyectos. Los especialistas recomendaban denegar la Licencia Previa y apelaban al “Principio de Precaución” (Switkes 2008, 35). Sin embargo, la presión se incrementó, particularmente desde la Presidencia y desde el Ministerio de Minas y Energía, sobre el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, teniendo por consecuencia el despido del Director de Licencias y el desmembramiento del IBAMA en dos órganos (uno dedicado a la administración de áreas protegidas y otro responsable de las licencias ambientales). Finalmente, en julio de 2007, el IBAMA otorgó la Licencia Previa para ambas represas (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009)11.
Cabe destacar que a raíz de la amplia movilización de la sociedad civil y de organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas en Bolivia y Brasil, el gobierno boliviano expresó entre 2007 y 2008 su preocupación al gobierno de Brasil por los impactos sociales y ambientales potencialmente generados por las represas de Jirau y Santo Antônio, incluyendo la inundación de su territorio y consecuente desplazamiento de poblaciones locales. No obstante, Bolivia se ve sujeta a una doble tensión que dificulta la adopción de una posición más contundente de cara a detener estos megaproyectos. En primer lugar, existe un debate interno, entre una tendencia “desarrollista” para la cual el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pasa por la construcción de infraestructuras y la toma del control y consiguiente explotación de los recursos naturales. Si bien esta tendencia puede reconocer los impactos ambientales o sobre territorios de los Pueblos Indígenas, parece considerarlos como “inevitables”. Ahí, se destaca también el interés en la construcción de la represa de Cachuela Esperanza, que permitiría generar recursos mediante la venta de electricidad al país vecino. Existe otra tendencia, que aspira a preservar el medio ambiente y los recursos naturales buscando un modelo de desarrollo local y de integración territorial alternos. La segunda tensión se ubica en la complejidad de las relaciones asimétricas entre la potencia brasileña y Bolivia. En esta complejidad se incluye la voluntad del país andino de preservar una “buena” relación que es considerada, desde ciertos sectores del gobierno, como necesaria, con Brasil, del punto de vista económico y político. Este aspecto será desarrollado en la tercera parte del informe. A continuación, basándonos en investigaciones llevadas a cabo tanto desde Bolivia como desde Brasil, detallamos hasta qué punto estos megaproyectos interfieren negativamente en la vida de los pobladores locales y representan un serio peligro para el medio ambiente en la zona considerada (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009).
4.2.1. Impactos en el régimen hidráulico
Tal y como lo señala el BIC, debido a que la topografía de la región amazónica es relativamente uniforme, las represas en el Río Madera taponarían los ríos de toda la Cuenca del Madera. Esto afectaría directamente a los ríos Abuná, Madre de Dios, Beni, Mamoré y Guaporé, convirtiendo a la región afectada en Bolivia en un extenso pantanal (2009)12. La investigación de Molina, Ledezma y Vauchel evalúa en ese sentido que los niveles de agua del Río Madera, así como la profundidad de flujo tendrán un incremento considerable en la cercanía de Jirau y de Santo Antônio13. Sin considerar el efecto de remanso, el área de inundación de Santo Antônio sería de 258 km2 y aquella de Jirau, de 271 km2 (J. Molina 2010). En razón del efecto de remanso hidráulico provocado por Jirau, la sobre-elevación del nivel del agua en el tramo binacional será considerable y tendrá consecuencias directas sobre: la pérdida de la energía potencial del tramo binacional. Al respecto, los investigadores observan que la pérdida de energía potencial en el tramo binacional sería de cerca de 250 MW medios. Esta pérdida, obviamente, tiene repercusiones no sólo sobre Brasil, sino también sobre Bolivia (Molina, Ledezma y Vauchel 2009, 159-160).
Un elemento central a considerar en este aspecto se ubica también en los efectos de sedimentación y en la inundación consecuente. Tal como lo señalan Molina, Ledezma y Vauchel (2009, 97 y 159), el Río Madera transporta 500 millones de toneladas de sedimentos por año, es decir, cerca de la mitad de los sedimentos de toda la Cuenca Amazónica. Su investigación contrasta con los estudios y evaluaciones de Furnas y Odebrecht, arrojando resultados mucho más preocupantes. Así, en el caso de Jirau, observan que la represa favorecerá un proceso de sedimentación que será relativamente lento, pero que no se detendría al cabo de 20 años, sino que continuaría más allá de 80 años. Esto tendría por consecuencia una sobre-elevación del nivel del agua, adicional a la inundación, y que sería particularmente importante en el tramo binacional (hasta 4 metros de promedio). Este elemento implicaría también que la pérdida de energía potencial en ese tramo supere los 400 MW. Además, incrementaría de manera sustancial los riesgos de inundación durante las crecidas del río (2009, 159 – 161).
La megarepresa Cachuela Esperanza en Bolivia
Dentro de los proyectos hidroeléctricos que responden al IIRSA, y potencialmente un factor para futuras inundaciones en los poblados cercanos, estaría también el proyecto Cachuela Esperanza en la amazonia boliviana.
Extracto de la investigación de Mónica Vargas Collazos: Un caso de anticooperación española "El complejo de Río Madera":
En lo que atañe a la represa de Cachuela Esperanza, de acuerdo con el estudio de Tecsult, tendría una caída bruta media de 10,8 m para generar 5,5 TWh de energía media anual. El proyecto no aprovecha la caída natural de la cachuela, para no afectar a la población de Cachuela Esperanza. Por ello, la caída necesaria para la represa se obtendría aprovechando la pendiente natural del Río Beni, que es muy baja. De manera que el tramo río arriba afectado por la represa así como el área de inundación serán considerables. Esta última sería de 690 km2, sin considerar el efecto de remanso, es decir, una superficie diez veces mayor por unidad de potencia en comparación con las represas de Jirau y de Santo Antônio (J. Molina 2010).
FUENTE:http://www.somossur.net/bolivia/economia/mega-proyectos-bajo-la-lupa/839-inundaciones-y-megarepresas-cual-su-relacion.html
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