Los transgénicos en Bolivia: Algo de historia

Es necesario ubicar el problema actual de los transgénicos en Bolivia dentro del escenario mundial; también como parte de una historia nacional por demás accidentada. En pocas palabras; las empresas transnacionales relacionadas con el negocio de los alimentos (patentes, especulación, químicos, transgénicos) convencieron a los gobernantes de la mayor

ía de los paises del norte (y del SUR) que abran sus puertas a los transgénicos, después de muchos años de prohibición. El (agro)negocio se impuso.

A continuación ofrecemos un resumen de este proceso, a partir del artículo "Transgénicos por encargo; Ante la falta de políticas agropecuarias en Bolivia" (FOBOMADE, Patricia Molina, junio de 2011)

En 1998 hubo la primera introducción de soya genéticamente modificada (GM) en Bolivia realizado por la transnacional Monsanto para pruebas de campo. Posteriormente la Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz (Fundacruz), y la Asociación Nacional de Productores de Oleoginosas y Trigo (Anapo) realizaron pruebas de campo y establecieron parcelas semi-comerciales, respectivamente.

En el 2000, un cerco de más de un mes a la ciudad de La Paz, organizado por Felipe Quispe, logró paralizar el proceso de evaluación de solicitudes transgénicas del Comité de Bioseguridad. De la misma manera organizaciones de la sociedad civil supimos parar ese año en Cochabamba las investigaciones con papa transgénica por parte de la Fundación PROIMPA.

En el 2002 la ciudad de Santa Cruz fue escenario de una gran marcha para evitar la aprobación de la soya transgénica mediante una maniquea interpretación legal que se gestaba con apoyo del Congreso Panamericano de Semillas que se llevaba a cabo en el Hotel Los Tajibos. Ese mismo año, el embajador norteamericano en Bolivia Manuel Rocha amenazaba con retirar la visa a quienes se opusieran a los transgénicos y el Ministro de Agricultura Hugo Carvajal retrocedía en la norma que emitió para evitar el ingreso de soya transgénica brasilera, porque su jefe de partido acababa de recibir la devolución de su visa de ingreso a los Estados Unidos.
En el 2005, el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa aprobó la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal aprobación. Habían pasado 8 años desde que fue presentada la primera solicitud por Monsanto mientras nuevas solicitudes de ANAPO y FUNDACRUZ pretendían burlar las resistencias. Organizaciones campesinas, ecologistas, de productores ecológicos y de consumidores presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue apoyado por el entonces diputado Evo Morales y varios de sus compañeros de partido. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso argumentando que la organización que lo presentó, el FOBOMADE, no efectuaba trabajos con transgénicos. Esta fue una de las decisiones más aberrantes del Tribunal Constitucional, que ponía en evidencia el desconocimiento absoluto de la Ley de Medio Ambiente que establece no solo el derecho sino la obligación de los ciudadanos de denunciar las agresiones al ambiente.

También en el 2005, el actual presidente Evo Morales llegó a ese cargo con un fuerte discurso contra los transgénicos y los biocombustibles, plasmado en su programa de gobierno y más adelante reafirmado en la Cumbre de Tiquipaya. Ahora las organizaciones sociales se debaten entre su compromiso con la soberanía alimentaria, su rechazo a los transgénicos y órdenes que habrían sido emanadas desde el mismo Palacio Quemado para autorizar los cultivos transgénicos y su comercialización para consumo humano.
Desde que fuera aprobada la soya transgénica el 2005 a la fecha, han transcurrido 6 años, habiéndose extendido hasta alcanzar entre el 60 y 80% del área sembrada, por zonas. De entonces a la fecha, la producción y el rendimiento del cultivo han decaído en Bolivia. Problemas irresueltos de mercados, de transporte y la plaga de la roya asiática que ataca de igual manera a la soya transgénica que a la convencional se cuentan entre las causas de tal caída, por lo que es imposible afirmar que la autorización de la introducción y comercialización de soya transgénica en Bolivia haya tenido efectos positivos en la producción, en el rendimiento y menos en la soberanía alimentaria. Si seguimos el razonamiento del Ministro de Autonomías, preocupado por el alimento para pollos, tampoco hay mayor oferta de alimento de soya para animales en virtud de la aprobación de soya transgénica.

Junio 2011. Después de días de discusión, las organizaciones lograron concertar que no se introducirán semillas transgénicas de cultivos de los cuales somos centro de origen y tampoco de los cuales somos centro de diversidad. Suponiendo que esta redacción sea respetada, lo cuál es muy dudoso, porque no ha sido el patrón de conducta del Ministro de Autonomías, y suponiendo que efectivamente no se autorice la introducción de semillas ni productos de maíz transgénico, entonces lo que corresponde es elevar a rango de ley la resolución que prohíbe terminantemente la introducción, comercialización y producción de maíz transgénico en Bolivia, actualmente en vigencia. Esto sería una real muestra de la voluntad de proteger el patrimonio genético que nuestros ancestros nos legaron.
Desde hace varios meses atrás la propaganda por los transgénicos ha sido intensa. El Congreso del maíz en el Chaco con presencia del INIAF (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales) pedía la aprobación de maíz transgénico; a comienzos de junio el Congreso de Ingenieros Agrónomos realizado en Santa Cruz tenía como principales disertantes a los mayores promotores de la soya transgénica en Bolivia. Por su parte ANAPO entregó un premio a un ex Ministro en cuyo mandato fue aprobado el cultivo transgénico y la misma Empresa Estatal de Alimentos EMAPA fue la mayor difusora de semilla transgénica, y en consecuencia, de la expansión del área sembrada con transgénicos, lo que demuestra el poder que ha alcanzado el agronegocio en el gobierno actual, al extremo que una ley de fomento campesino se pretende utilizar para garantizar los negocios de las semilleras y transnacionales de agroquímicos.

Fuente: Fobomade

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