La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva Maturana, señaló este jueves que por la carencia de una normativa clara y precisa en el tema de la consulta previa, el gobierno tropieza con vacios en su aplicación adecuada |
 Si bien se utilizan los principios de la consulta previa para temas de explotación de hidrocarburos, estos varían al tratarse de infraestructura caminera, como en el caso del tramo II de la carretera Villa Tunari–San nacio de Moxos, donde pobladores rechazan que la construcción pase por el pase por el corazón del Parque Isiboro Sécure (Tipnis). “Si tuviéramos una legislación que realmente operativice la nueva Constitución (Política del Estado), seguramente habría ido (la consulta) antes del contrato, pero lastimosamente nuestra legislación nos amarra la mano a los actores del Estado, dice con claridad que la consulta se hace en el momento del estudio de evaluación del impacto ambiental, y este estudio se hace cuando ya está listo el diseño (…), el problema de nuestra normativa es que la consulta se hace con el estudio del impacto ambiental una vez terminado”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a Erbol. Declaraciones Viceministra de Medio Ambiente Silva Maturana reconoció en ese sentido que el Estado tropieza con problemas para implementar el proceso de consulta, que “más allá de una pregunta si se acepta o no la construcción de la carretera, debía explicar a los pobladores del lugar el qué, cómo, cuándo, porqué y para qué del proyecto. “No habiendo procedimientos más claros, hay vacios y hay momentos de molestias donde se siente que no se está haciendo la consulta como ellos (los indígenas) quisieran, pero desde el año pasado se está debatiendo la necesidad de una ley de consulta que justamente operativice el principio de la Constitución Política del Estado, consulta previa e informada”. Una norma muy general La norma actual es muy general, no considera las particularidades de cada sector de las zonas involucradas en procesos de consulta, que varían de acuerdo a sus usos y costumbres, lo que afecta a la flora y fauna del lugar. “De acuerdo a la normativa, esto es como igual para todos, ese es el problema, que no está normado con claridad, en el caso de las TCOs es como un principio que se debe consultar a las comunidades indígenas pero no está normado con claridad es sólo un principio que respetamos”, señaló. La funcionaria reveló que según el contrato, la empresa constructora OAS fue la que realizó el estudio ambiental, diseño final y consulta previa a los habitantes involucrados en los tramos I y III de la carretera en cuestión, pero esta modalidad no será igual para el tramo II, aseguró, porque necesita más acercamiento y diálogo con los habitantes del lugar por la biodiversidad existente. “La propuesta del tramo II dice que desde el diseño lo vamos a hacer con ellos porque hay que considerar mucho más cosas que en los tramos de afuera”, puntualizó. |
Fuente: http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483949037 |
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