Hallan un río subterráneo que corre por debajo del Amazonas

EL CAUCE DENOMINADO HAMZA TIENE UN CAUDAL MEDIO DE TRES MIL LITROS CÚBICOS DE AGUA POR SEGUNDO

Brasilia y Quito (PL).- Investigadores del Observatorio Nacional brasileño hallaron evidencia de un río subterráneo de seis mil kilómetros de extensión que corre por debajo del Amazonas, el río más largo del mundo con 6.800 kilómetros de cauce. Los países de la OTCA acordaron preservar la cuenca del río Amazonas con un financiamiento de 50 millones de dólares.

El movimiento de aguas subterráneas fue denominado Hamza, en homenaje al científico indio Valiya Hamza que desde 1974 trabaja en la Coordinación de Geofísica del Observatorio Nacional, junto a la profesora de la Uni versidad de Amazonas Elizabeth Tavares.

El descubrimiento fue posible por los datos de temperatura de 241 pozos profundos de exploración petrolera perforados por la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) en la zona amazónica, en las décadas de 1970 y 1980. Los datos de Tavares fueron revelados en el duodécimo Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Geofísica, celebrado la semana anterior en Río de Janeiro.

El Amazonas tiene un caudal medio de 133 mil metros cúbicos de agua por segundo, mientras que el del subterráneo Hamza es de tres mil, superior a otros del país, como el minero San Francisco o el paulista Tieté. Los cursos de las aguas de los dos ríos tienen el mismo sentido de oeste hacia el este, pero se comportan de forma diferente, pues los fluidos del subterráneo se trasladan a través de poros en las rocas, a unos cuatro kilómetros de profundidad, según el estudio divulgado este jueves por el diario O Estado de Sao Paulo.

Los investigadores explicaron que las descargas del fluido subterráneo en el mismo sitio donde desemboca el Amazonas podrían explicar la existencia de los bolsones de baja salinidad comunes en ese litoral marino. Sin embargo, el geólogo Olivar Lima, de la Universidad Federal de Bahía, citado por O Estado de Sao Paulo, considera exagerado llamar río a ese inmenso flujo de agua a través de formaciones permeables por debajo del Amazonas, aunque reconoce que su grandeza podría justificar tal clasificación.

La cuenca del Amazonas abarca una superficie mayor a los seis millones de kilómetros cuadrados. Además de ser la principal fábrica de oxigeno y de almacenar la quinta parte del agua dulce de la Tierra, contribuye decisivamente a regular el clima planetario. Brasil también cuenta con el Acuífero Guaraní, una reserva de 45 millones de litros de agua debajo de la superficie terrestre, en una región que se extiende también a Paraguay, Uruguay y Argentina. 

La Amazonía es la mayor reserva de agua dulce del planeta; de ahí la importancia de que las ocho naciones que comparten la cuenca (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela) establezcan políticas conjuntas para preservar los recursos hídricos.

Con ese objetivo, los miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) e instituciones internacionales se reunieron en el taller “Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas”, organizado por la Secretaría Permanente de la OTCA en la localidad de Puembo, a 20 kilómetros de Quito.

En el taller se analizaron los principales problemas de la Amazonía, entre ellos la deforestación, la extracción de petróleo y la actividad minera. También se evaluaron estudios de aguas subterráneas de la cuenca del río más largo y caudaloso del planeta, su diversidad biológica, y la situación de la contaminación y los efectos del cambio climático.

Los representantes de los países de la OTCA acordaron llevar adelante un proyecto para el mantenimiento sostenible de la cuenca del río Amazonas con un financiamiento de 50 millones de dólares. El Fondo del Medio Ambiente (GEF) ya entregó siete millones de dólares. Los restantes 43 millones serán aportados por Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Por otro lado, al menos 4.500 efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea brasileñas iniciaron a fines de mayo la Operación Amazonía 2011, un ejercicio de adiestramiento conjunto y simulación de guerra en los canales de los ríos Amazonas y Solimoes, en territorios de los estados de Amapá, Pará, Amazonas y Roraima.

El objetivo del ejercicio militar es mantener la capacidad operativa de las tropas en la región, además de prestar apoyo a las comunidades ribereñas por medio de acciones cívico-sociales. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Brasil, general de ejército José Carlos de Nardi aseguró que maniobras de esa naturaleza ayudan a los militares a desarrollar nuevos métodos en las áreas de logística y comunicaciones, así como consolidar la operatividad y las doctrinas para el empleo conjunto del cuerpo armado.

El Ministerio de Defensa precisa que este es el noveno ejercicio de su tipo realizado en la región amazónica desde 2002, con el objetivo de perfeccionar el adiestramiento de las fuerzas armadas para actuar de forma coordinada y eficaz en conflictos convencionales en ambiente de selva. Este año prosigue la operación conjunta que abarcará un área de unos 800 mil kilómetros cuadrados en los municipios de Manaus, Sao Gabriel da Cachoeira, Tefé, Coari, Japurá, Fonte Boa, Jutaí y Yauareté.

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¿Cuáles serían los impactos ambientales de la carretera por el TIPNIS?

EL PRECIO DEL "DESARROLLO": PARTIR EN DOS LA ZONA NÚCLEO DE LA REGIÓN YUNGUEÑA MEJOR CONSERVADA DE SUDAMÉRICA

Sarela Paz *

El TIPNIS es un territorio indígena y a la vez un Parque Nacional; ese es el contexto con el que debemos debatir los impactos de construir una carretera que atraviese esta área protegida. Los impactos sociales, económicos y culturales en la zona sur del TIPNIS, que ya ha sufrido transformaciones drásticas en los últimos 20 años, son indicadores de lo que podría ocurrir con los bosques, los acuíferos y la biodiversidad de las otras tres zonas de ese territorio indígena.

El TIPNIS es un territorio indígena y a la vez un Parque Nacional. En el primer caso lo más importante que debe garantizar es la posibilidad de vida social, económica y cultural de los pueblos indígenas que habitan en él. Ciertamente, parece muy importante recordar esta idea porque con ese principio los pueblos indígenas del TIPNIS marcharon el año 90 y con ese principio se consensuó la incorporación del territorio indígena en la ley INRA de 1996.

En segundo lugar, el TIPNIS, al ser un Parque Nacional, es un área protegida y el Estado boliviano, desde la década de los 90, ha desarrollado un conjunto de normas ambientales que hacen pensar que tenemos un Estado también comprometido con los bosques, la naturaleza y el medio ambiente.

En los últimos 20 años el TIPNIS ha estado presionado por varias dinámicas socioeconómicas que han impactado de manera diferenciada los ecosistemas que encontramos dentro. Por ello, cuando hablamos de la carretera y su impacto, debemos antes precisar regiones dentro el territorio que nos muestran impactos distintos de una iniciativa como la carretera.

En la región sur del TIPNIS, en las nacientes del río Isiboro, del río Moleto y también del rio Ichoa, tenemos una parte del territorio que ha sido impactado fuertemente por la colonización de productores de hoja de coca, justamente en los alrededores de un camino que fue abierto por la Sheel en la década del 60 para la prospección petrolera. Alrededor de este camino se produjo la colonización, siendo la década del 80 y sus últimos años, los más dinámicos en cuanto a ocupación del territorio.

Ambientalmente hablando, la región sur caracterizada por ser un pie de monte que sigue al subandino (serranía con bosque), ha sufrido transformaciones drásticas en los últimos 20 años que han afectado la condición del bosque, la recarga de acuíferos que es muy importante para el curso de los ríos que se dirigen al Mamoré y la reproducción de la vida silvestre que existía en la zona.

Tenemos una región centro en el TIPNIS que se caracteriza por la presencia dominante de yomomales y curichis (como se los nomina en el lugar); la cuenca del río Ichoa (en su parte baja) está profundamente comprometida con esta región, más arroyos como el Lojojuta, el Chajmuta, la laguna Bolivia, forman parte de esta inmensa formación de aguas que garantizan la reproducción de un ecosistema conformado por sabanas, yomomos, curichis y un bosque de galería inundable que sigue el curso de los ríos y los arroyos.

Ambientalmente hablando es un ecosistema que garantiza la vida silvestre de saurios, tortugas, una gran cantidad de peces, aves y por la presencia considerable de sabanas inundadas, el sirvo de pantano; una especie que se reproduce en muy pocos lugares de Bolivia. La región centro ha sufrido pocas modificaciones, es muy rica en biodiversidad de peces, aves y saurios y la presencia de comunidades indígenas, es dominante. Se puede afirmar que es una zona manejada y sostenida por comunidades indígenas que han desarrollado un sistema de adaptación cultural que aprovecha al máximo el potencial y las condiciones de la zona.

Tenemos otra región conformada por la parte baja de los ríos Sécure e Isiboro, caracterizada por importantes bosques de galería que se desarrollan siguiendo el curso de ambos ríos, junto con una presencia considerable de sabanas que ofrecen la reproducción de una diversidad muy grande de gramíneas silvestres (pastos naturales) y la presencia de lagunas con gran cantidad de peces. La región brinda condiciones para la reproducción de una vida silvestre que habita en los bosques de galería y que atraviesa la sabana en una itinerancia que vincula situaciones de recarga entre los bosques de galería del Isiboro con los del Sécure. Es además una región que garantiza la reproducción de tortugas acuáticas por la característica de playas arenosas que conforman sus ríos y también la reproducción de peces, puesto que la comunicación que hay entre los ríos y las lagunas de la sabana, mediante arroyos, permiten que éstos se resguarden cuando las aguas de ambos ríos están saturadas.

La región está impactada por la actividad ganadera, una ganadería pequeña y en menor medida mediana (30/50 cabezas hasta 300/600 cabezas) que es desarrollada por las comunidades indígenas y ganaderos, siendo ambas iniciativas una actividad que no ha afectado la capacidad de recarga del ecosistema. Como en la anterior región, es posible afirmar que estamos ante un sistema dominantemente manejado por comunidades indígenas.

Finalmente, existe una cuarta región conformada por la cuenca del alto Sécure junto con los ríos del Plantouta y el Tayouta, que se encuentra pegada a la serranía, entre los ríos Ichoa y Sécure. Estamos hablando de un subandino y un pie de monte habitado, usado y aprovechado exclusivamente por las comunidades indígenas, bajo un sistema de adaptación cultural que caracteriza a los pueblos originarios de la selva. Las condiciones de conservación son las más óptimas y por ello se constituye la zona núcleo del área protegida. Haciendo un balance comparativo, es posible afirmar que estamos hablando de la región de pie de monte y subandino mejor conservada en la formación yungeña de América del Sur. Es un área de recarga de acuíferos que no ha sido afectada, pero también es un área de recarga de vida silvestre, tanto del bosque como del agua, que garantiza la biodiversidad de todo el TIPNIS.

Ahora sí se puede responder con más precisión a la pregunta de ¿cómo afectará una carretera en el TIPNIS? En la región sur no producirá un impacto ambiental muy grande porque la colonización ya afectó el área. Eso sí, el subandino y pie de monte que componen la región sur, con todos los cambios que tuvieron, siguen siendo áreas de recarga de acuíferos. Una carretera convencional que vaya por el pie de monte, siguiendo el camino que fue trazado por la Sheel, es una plataforma que afectará la vinculación necesaria que tiene que haber entre la región donde se recargan los acuíferos y el curso de los ríos en su parte baja.

En la región central el impacto ambiental puede ser significativo porque las fuentes de agua compuestas por yomomos, curichis, arroyos, dependen de la recarga de acuíferos, estamos hablando de un ecosistema muy frágil que se caracteriza por poseer fuentes de agua todo el año. Es más, la humedad de las sábanas que garantizan la producción de gramíneas locales, depende de las fuentes de agua, sobre todo en los meses secos que van de agosto a noviembre; sin ellas, la sábana puede convertirse en un lugar calcinado. En ese contexto, la vida silvestre de la zona tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Nuevamente, la plataforma de una carretera convencional puede afectar la relación entre la zona de recarga de acuíferos y el ecosistema de la región centro que se basa en las fuentes de agua.

En la región de confluencia entre los ríos Isiboro y Sécure el impacto ambiental de la carretera se suma al argumento anterior; esto es, una plataforma que afecta la relación entre la zona donde se recargan los acuíferos y el curso de los ríos en su parte baja. Las comunidades de esta región ya han identificado que el río viene con mucho sedimento, muy turbio, en buena medida por el camino que hizo la Shell y que abrió condiciones para la colonización de la zona sur del TIPNIS. A ello debemos sumar la relación que hay de la vida silvestre con la zona de recarga. No solo el subandino y el pie de monte son zonas de recarga de acuíferos, sino también de vida silvestre. Los peces arriban hasta las cachuelas (río con piedra) para desovar, la diversidad genética de las manadas de chanchos, monos y otros animales se desarrolla en ciclos de itinerancia entre los bosques de galería inundables que caracterizan la confluencia de los ríos Isiboro y Sécure, con los bosques que están en el pie de monte y el subandino. Una plataforma de carretera, rompe estos circuitos.

Finalmente, ¿cuál el impacto ambiental de una carretera para la región del alto Sécure? Acá el impacto ambiental de una carretera será muy significativo porque partirá en dos la zona núcleo, y atravesará la región yungeña de mayor conservación en Sudamérica. Si el tramo carretero se hace por el pie de monte u orillando el pie de monte (los bosques inundables y las sabanas no son las mejores condiciones geológicas para una carretera), en cualquiera de los casos, la plataforma de carretera romperá con los ciclos biológicos que hay entre el subandino, el pie de monte, los bosques inundables y la sábana moxeña; todos estos ecosistemas componen el TIPNIS.

Actualmente la región sostiene uno de los niveles más altos de recarga de acuíferos por la cantidad de vegetación que alberga, por los significativos bosques que se encuentran, así como una diversidad de especies piscícolas que ya no se hallan en las otras regiones del TIPNIS (el Dorado) y que arriban a la zona para desovar. En esta región el Jukumari (oso andino en extinción) posee sus circuitos de reproducción. Las comunidades indígenas dicen “es una zona con mucho salitral”, eso supone la presencia muchos animales que vienen a comer tierra con minerales, muchos animales silvestres que encuentran en la región del alto Sécure sus posibilidades de intercambio genético.

¿Cuáles serían los impactos de la carretera por el TIPNIS desde el punto de vista social, económico y cultural?

El impacto social, económico y cultural de una carretera que atraviese el TIPNIS debe reflexionarse en función a las regiones mencionadas. Hablamos de un impacto para las comunidades indígenas. En la zona sur ya hay un impacto social, económico y cultural en las comunidades indígenas, que conviven con la colonización, en muchos casos se han sindicalizado para producir hoja de coca y forman parte de la economía de hoja de coca.

Es muy importante evaluar la zona sur porque nos refleja tendencias de lo que podría presentarse con una carretera que no contemple la dinámica socioeconómica de la producción de hoja de coca. La economía étnica de los pueblos originarios de la selva ha cambiado grandemente en la región, la articulación compleja entre una esfera que moviliza bienes familiares con otra esfera que moviliza bienes colectivos, está quebrada en la zona; los bienes del bosque ya no pueden ser familiares y colectivos. Al parcelarse y dotarse tierra, las lógicas indígenas no tiene cómo realizarse, los circuitos de casería que requieren la condición de un bosque colectivo, no pueden ser posibles en la región, así como la obtención de otros bienes del bosque que se los adquiere mediante la recolección y la pesca.

Esta es una de las razones por las que en los últimos 20 años las comunidades indígenas se han desplazado hacia la producción de hoja de coca. Si en los años 90 las comunidades indígenas de frontera trabajaban cosechando hoja de coca en algunos momentos de carestía, hoy día las comunidades indígenas trabajan cosechando coca pero también la producen, están inscritas en el circuito de economía regional. En su mayoría, las comunidades indígenas de frontera conforman la organización CONISUR.

En estas condiciones una carretera puede verse como un beneficio, en primera instancia para los productores de hoja de coca y, en segunda instancia, para las comunidades indígenas que están involucradas en la producción de hoja de coca. No obstante lo anotado, es muy necesario evaluar el siguiente aspecto. He mencionado que los territorios indígenas tienen una finalidad: garantizar la reproducción de la vida social, económica y cultural de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas que se encuentran en la región sur han perdido el horizonte cultural, se encuentran profundamente desesctructuradas en su sistema de vida, la cacería, tan importante para construir formatos de masculinidad, se encuentra profundamente debilitada, los intercambios familiares y clánicos que caracterizan a los pueblos originarios de la selva, acompañados por tomadas de chicha de yuca que definen sentidos de feminidad, se encuentran desestructurados en la lógica de la sindicalización. En algunos casos, son comunidades que una buena parte de su vida cotidiana viven alcoholizadas.

Ciertamente, los elementos mencionados no pueden dejar de ser evaluados a la hora de pensarse en una carretera. La región sur del TIPNIS posee una dinámica que amerita ser pensada y reflexionada para que ello no se traslade a la región de pie de monte que se encuentra en el alto Sécure; el área núcleo del TIPNIS. Lo que encontramos en la región sur, en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades indígenas de frontera, poco se acerca al “desarrollo” y hay mucho elemento para decir que la proximidad de la desaparición cultural que se viene desatando hace más de 20 años, se acerca al genocidio.

Reflexionar las dinámicas económicas, sociales y culturales de la región sur, a la luz de una carretera, supone dimensionar la economía de hoja de coca que se ha instaurado en la región y vincularla a una dinámica económica que tiene que ver con el meganegocio de los estupefacientes. Este es un tema que va más allá del gobierno y del Estado boliviano.

Si el trazo de la carretera atravesará el pie de monte o irá bordeando el pie de monte del TIPNIS, el impacto económico, social y cultural para la región centro y la región de confluencia de los ríos Isiboro y Sécure, tendrá varios rostros. Un primer impacto vendrá a mediano plazo, afectando directamente el sistema de adaptación cultural que han logrado las comunidades indígenas y que reproduce los ejes básicos de la economía étnica; esto es, agricultura, caza, pesca recolección. Los ritmos de pesca, recolección y caza, están en relación con la disponibilidad de dichos recursos en ambas regiones, así como, la disponibilidad de estos bienes están en relación con la posibilidad de recarga que tienen con la zona núcleo del TIPNIS. La disponibilidad de bienes como animales de caza, recolección forestal, recolección de huevos de tortuga y gaviota, junto con la pesca, serán bienes afectados en su disponibilidad y ello desestabilizará la economía étnica.

Por otro lado, las comunidades indígenas que se encuentran habitando ambas regiones han iniciado un ciclo de economía combinada que integra la economía étnica con actividades comerciales en algunos rubros. Es el caso del cacao, venta de cueros de saurios y la actividad ganadera. Podríamos pensar que para dichas actividades la carretera es una oportunidad de vinculación comercial, facilitaría el traslado de productos. Sin embargo, si la carretera pasa por el pie de monte u orillando el pie de monte del TIPNIS, las comunidades de ambas regiones no tendrían ningún beneficio porque ésta se encontraría distante de sus asentamientos.

Ni las actividades agroforestales del chocolate, ni el aprovechamiento de saurios, ni la ganadería pueden ser actividades susceptibles de trasladarse a la zona de la carretera. Una carretera en el pie de monte o en sus márgenes supondría un cambio en la ocupación espacial del TIPNIS porque se volvería un incentivo para que todas las comunidades indígenas de ambas regiones, se concentren en el tramo de la carretera. Acá es muy importante mencionar algo, la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran habitando ambas regiones y el chocolate, el aprovechamiento de saurios y la ganadería forman parte de sus iniciativas de desarrollo. Son comunidades que están integradas a la Subcentral TIPNIS.

Finalmente, el impacto social, económico y cultural de una carretera en la región del Alto Sécure, si es que ésta atraviesa por el pie de monte u orillando el pie de monte del TIPNIS, será muy grande para las comunidades indígenas. Siendo el Alto Sécure la región de mayor conservación biofísica, es a su vez la región donde la matriz cultural de los pueblos originarios de la selva se realiza con mayor vigor.

La economía étnica compuesta por la relación compleja que vincula esferas que movilizan bienes familiares con esferas que movilizan bienes colectivos, estableciendo articulaciones diversas entre la agricultura, la cacería, la recolección y la pesca, será afectada drásticamente si la carretera supone un traslado de la dinámica de producción de hoja de coca que se da en la región sur del TIPNIS, o si la dinámica de aprovechamiento forestal de la parte sur de Bosque de Chimanes, empieza a influenciar la dinámica de obtención de los bienes del bosque entre las comunidades indígenas.

El Alto Sécure muestra claramente una gobernabilidad indígena, un sistema económico y cultural que responde a las expectativas indígenas, contiene formatos de intercambio familiar y clánico que reproducen socialmente la lógica de los pueblos originarios de la selva, expresiones religiosas de profetismo que vinculan la región al Maniqui, a Bosque de Chimanes, al Pilón Lajas. Un circuito de interacción interéntica amazónica que ha sido quebrado en la mayoría de las regiones de pie de monte y subandino de Bolivia y que el Alto Sécure debe ser una de sus últimas expresiones. Estas comunidades están integradas a la Subcentral del Sécure.

Para cerrar esta reflexión, considero que es muy importante mirar el tramo I y el tramo III aprobados por las instancias de gobierno, que naturalmente se extienden hacia el pie de monte del TIPNIS. Llevar la carretera por otro tramo que no afecte la zona núcleo del TIPNIS implica re discutir los tramos I y III que han sido aprobados.

* Socióloga boliviana con doctorado en Antropología social, CIESAS, México.

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Tipnisssss pinchado

Tinku verbal Andrés Gómez Vela

Para resolver un conflicto hay que encontrar la causa principal. En el caso del TIPNIS es la ausencia de la consulta previa (Constitución: artículo 30.15). Para encontrar una solución real hay que hallar al responsable: El Gobierno debió hacer esta consulta, pero no la hizo. Perdón, me está llamando:

- ¿Aló? 

- ¿Míster Gómez?

- Yes.

- Soy un agente de la embajada de Estados Unidos y quería saber si Morales cae.

- ¿Cae de dónde?

- Del gobierno.

- Y qué sé sho, consulte a la coca, ella no falla.

Mejor sigo con lo mío. Como iba diciendo, el MAS violó la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambas normas, ratificadas por el Estado boliviano, establecen que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. Lo siento, mi cel otra vez.

- ¿Aló?

- ¿Andrés?

- El mismo.

- Soy un agente del Gobierno y quería saber si el conflicto del TIPNIS puede provocar la caída del Jefazo.

- Ni idea, hable con la esquina blanca, ahí están los yatiris del Gobierno.

¡Ufff! ¿quién puede querer la caída del Presidente? Retomemos el tema. En cuanto a los recursos naturales, el artículo 403 de la Constitución reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales y a la consulta previa e informada.

A la luz de las leyes, la consulta previa es un deber del Estado y debe ser realizada de buena fe y en los siguientes casos: a) antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas; b) antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos; c) antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan pueblos indígenas; y d) antes de utilizar las tierras o territorios indígenas para actividades militares. ¡Bah! otra vez el cel.

- ¿Aló?

- Hola hermano, llamo para alertarte que están pinchando teléfonos, cuida tus contactos.

- ¡No te puedo creer! ¿En serió?

- Sí.

- Bueno, en realidad todos los gobiernos han pinchado, pero han sido tan inteligentes que nunca lo han confesado.

Volvamos a lo nuestro. Según el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa es vinculante cuando los proyectos a gran escala van a obligar a los afectados a atravesar cambios sociales y económicos profundos o cuando comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional o haya peligro de abuso y violencia.

La Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de octubre de 2010 -que favorece al Pueblo Guaraní, que no fue consultado previamente por el Servicio Departamental de Tarija (Sedeca) respecto a un predio suyo entregado a una empresa- reconoce que en los casos señalados la consulta se constituye en un derecho y no en una simple finalidad. Esta sentencia ya es parte de la jurisprudencia y faculta a los indígenas la potestad de vetar un proyecto que ponga en riesgo su propia existencia. Ésta es la razón por la cual el Gobierno no quiso ni quiere respetar la Constitución. Otra vez mi celu.

- ¿Aló?

- Chango, fijate el 7, el Evo está revelando los números'

- Tip tip tip tip tip.

Andrés Gómez Vela es periodista.

http://www.paginasiete.bo/2011-08-28/Opinion/Destacados/17Opi00228-08-11-P720110828DOM.aspx

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Derechos Vitales, Pueblos Indígenas, Instancias Internacionales

A PROPÓSITO DEL CASO MINA MARLIN

Bartolomé Clavero *

El 26 de julio del año pasado, el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Bien está, quién puede ponerlo en duda, pero lo que debe extrañar es que sólo tras más de seis décadas de desarrollo de un cuerpo internacional de instrumentos de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas vengan éstas a apercibirse de que el derecho al agua es un derecho básico para el disfrute de todos los derechos humanos. ¿Cómo ha podido tardarse tanto tiempo para este reconocimiento explícito? ¿Es que los derechos humanos han sido hasta hace poco cosa de gente acomodada o tal vez inconsciente que daba por hecho el suministro y la salubridad de agua, atmósfera y alimento, el agua potable, la atmósfera limpia y el alimento apropiado? ¿O tal vez de gente con una cultura tan ciega que no aprecia unos derechos humanos tan básicos?

El derecho a la vida es el primer derecho que está desde 1948 individualizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida…”; los dos primeros artículos son de carácter general sobre igualdad y no discriminación). A menudo se lamenta que este reconocimiento no haya servido hasta ahora ni siquiera para la proscripción universal de la pena de muerte. Ni lo ha hecho ni parece que vaya a hacerlo. Tan asumido se tiene esto en el seno de las Naciones Unidas que se ha acuñado la expresión de ejecuciones extrajudiciales, para prevenirlas y sancionarlas, como si hubiera otras, las judiciales, que fueran en cambio legítimas. ¿Pueden serlo ante el reconocimiento del derecho a la vida como primer derecho humano? Si este derecho no ha servido ni tan siquiera para proscribir la pena de muerte, ¿para qué sirve entonces?

La propia Declaración Universal no ofrece esclarecimiento. En el mismo artículo tercero, al derecho a la vida se le añaden acto seguido otros dos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Bien está también, quién puede ponerlo en duda. Bienvenida sea la libertad de acceso libre, valga la repetición, al agua potable. Igual de bienvenidas sean la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Mas estas especificaciones básicas no hacen acto de comparecencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Va a alegarse que no eran ideas de la época la de protección del medio ambiente o la de seguridad alimentaria? Alto ahí. Eso no explica nada. Necesidades como el agua o el alimento no se sentían ni social ni culturalmente como derechos por quienes no sufrían privaciones o que sólo las habían experimentando en circunstancias extraordinarias para ellos y ellas como las bélicas. Estoy pensando por supuesto en quienes elaboraron la Declaración Universal. Su principal impulsor, John P. Humphrey, pensaba que el primer derecho humano es el de libertad de expresión. No tendría problemas de agua, ambiente ni alimento.

El derecho a la vida, derecho realmente reconocido como primero por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viene siendo un derecho vacío, sin entidad propia, en el ámbito internacional. Si hubiera sido de otro modo, no habría habido necesidad de reconocimiento del derecho al agua potable como derecho humano esencial a estas alturas. El síntoma más claro de la inanidad internacional del derecho a la vida, no digo de la vida humana misma, sino del derecho humano correspondiente, se tiene en la institucionalización de una categoría tan contraria como la de ejecución extrajudicial. Desde hace ya cerca de veinte años existe en Naciones Unidas un Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (extralegales se les dijo en un principio) como si se pudieran salvar las restantes bajo un ordenamiento que tiene el derecho a la vida como primer derecho. Y la expresión de ejecución extrajudicial, con su corolario de considerar legítima la ejecución no extrajudicial, valga la doble negación, se ha convertido en una categoría pacífica en el orden internacional, pese cuanto pese a los derechos humanos. Las organizaciones tienen esta tendencia a crear una normalidad institucional que se sobrepone a la propia normatividad explícita. No echemos esto último en saco roto pues, como vamos a ver, puede que interese a los derechos específicos de los pueblos indígenas de una forma igualmente negativa.

Los pueblos indígenas tienen que ver con el último giro del derecho internacional de los derechos humanos hacia un terreno que se toma por fin en serio el derecho a la vida como primer derecho humano y base de todo el resto. El Estado que propuso en las Naciones Unidas el reconocimiento del derecho al agua fue Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y quienes a su vez previamente impulsaron el reconocimiento interno de tal derecho como derecho humano merecedor así de proclamarse internacionalmente fueron los medios indígenas. Es derecho que figura por partida doble en la Constitución boliviana: “Toda persona tiene derecho al agua” (art. 16.I); “El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida” (art. 373.I). Su origen es indígena, aunque no se registre con toda la fuerza de la propuesta indígena.

Conforme a la concepción característicamente indígena, si se habla de derecho con el agua como objeto no ha de tratarse tan sólo de un derecho humano, sino también e incluso antes de un derecho de la naturaleza, derecho del agua misma a mantener su estado genuino, sin contaminación ni envenenamiento por parte de la humanidad que a su vez necesita la simbiosis con la naturaleza en general y el agua muy en particular. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia no asume esta concepción, sino que tan sólo la reconoce como propia de indígenas, asignándoles en exclusiva el derecho a “la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza” (art. 403.I). El Estado Plurinacional no reconoce este derecho como un derecho humano, así de no indígenas como de indígenas, aunque asuma la armonía con la naturaleza como un principio para políticas públicas y para relaciones internacionales (arts. 311.II.3 y 255.II.7).

Haciendo honor a la Constitución o más bien a sus fuentes indígenas, Bolivia está impulsando en las Naciones Unidas una Declaración sobre los Derechos de la Madre Tierra. De momento, granjeándose el apoyo suficiente de otros Estados, ha logrado el 21 de diciembre de 2009 la adopción por la Asamblea General de una Declaración sobre la Armonía con la Naturaleza, aun vinculándosele de entrada a la agenda ya existente de Desarrollo Sostenible que no viene precisamente garantizando tal armonía, algo que, según esta misma Declaración, merece promocionarse por parte de las instancias internacionales: “La humanidad puede y debería vivir en armonía con la naturaleza”. No hay en esta Declaración enfoque de derechos, pero las culturas indígenas de las que en último término procede la concepción que ha llegado a la Naciones Unidas a través del Estado Plurinacional de Bolivia vinculan estrechamente el derecho a la vida a los derechos de la naturaleza, la Madre Tierra o Pachamama en el caso. Dicho de otro modo, el cuerpo internacional de instrumentos de derechos humanos sigue resistiéndose a la interculturalidad, una interculturalidad que tendrá entonces que venir por vía de la práctica.

Decisivo puede ser entonces que el derecho internacional de los derechos humanos haya venido recientemente a reconocer como sujetos de derechos, no ya objetos de protección, a unos Pueblos junto a los Estados, a los pueblos indígenas por medio de la Declaración de 2007, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas naturalmente. El espacio que ahora se abre para un replanteamiento de los derechos humanos de una forma más, en definitiva, humana, valga la necesaria redundancia, por acción de una diplomacia directamente indígena está todavía por explorar a fondo. Tal actividad se plantea hoy de cara no sólo a los organismos intergubernamentales de las Naciones Unidas, sino también a sus instancias formadas por expertas y expertos independientes entre las que se encuentran el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas instancias por sí mismas y por cuanto que cuentan con participación indígena constituyen hoy el espacio institucional más apropiado para que la interculturalidad se active en el mismo terreno de los derechos humanos y en su propio beneficio para que sean por fin en plenitud eso, humanos.

Precisamente el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a propósito de un extremo clave para los mismos, está empleando un concepto del derecho a la vida como conjunto de derechos vitales básicos. Se trata del derecho indígena al consentimiento respecto a las medidas del Estado, sean disposiciones generales o actos administrativos particulares, que puedan directamente afectarles. El Congreso no puede legislar o el Gobierno no puede ejecutar en materias de dicha afectación sin recabar previamente el consentimiento indígena mediante los procedimientos adecuados al caso, consentimiento que puede por supuesto prestarse condicionado a requerimientos culturales como los de respeto a la naturaleza, un respeto que por sí garantiza sus propios derechos vitales. El derecho internacional de derechos de los pueblos indígenas es categórico en cuanto a la exigencia de la consulta que pueda llevar al consentimiento, pero no sienta criterios definitivos respecto a los supuestos para los que el mismo ha de ser inexcusable, supuestos en los que el Estado no pudiera proceder sin el consentimiento indígena con todos sus condicionamientos.

Cierto es que la regla va hoy en la dirección de necesidad del consentimiento como se refleja en el momento de formularse un derecho a la compensación por acciones no consensuadas: “Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”; en términos directos: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígena, arts. 11.2 y 19). Si se tiene un derecho tan general a la compensación, se tiene derecho igual de general al consentimiento, pero obsérvese que entre los objetos de dicho derecho no se comprenden expresamente los territorios y recursos, esto es la naturaleza si de parte indígena se pensase que puede ser objeto de dominio. Tampoco es que se registre la exclusión. Territorios y recursos pueden ser bienes culturales para la perspectiva indígena, la perspectiva que debiera concurrir en la lectura de la Declaración si la interculturalidad rigiese, como debiera, en el derecho internacional de derechos humanos. Para ella, para la Declaración, la lectura intercultural ha de ser naturalmente inexcusable.

Respecto al alcance de la calificación de cultura, una lectura intercultural ya se ha sentado en el seno de las Naciones Unidas por parte de una instancia de derechos humanos, la del Comité de Derechos Humanos que entiende sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por lo tanto sobre su reconocimiento del derecho a la propia vida cultural de las minorías étnicas (art. 27). El Pacto es de tiempos en los que las Naciones Unidas no reconocían todavía a los pueblos indígenas. Pues bien, ante la aparente restricción de la vida cultural a religión y lengua por dicho artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues de forma explícita sólo se refiere a religión y lengua, el Comité de Derechos Humanos sentó que, tratándose de indígenas, el concepto de cultura ha de ser integral, esto es que ha de integrar la dimensión inmaterial (lengua, religión…) y la material (territorios, recursos…). Aplíquese al citado artículo 11 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que bienes materiales debe entonces entenderse en dicho sentido integral, con lo cual se tiene derecho a compensación por cualquier afectación a territorios y recursos indígenas sin el debido consentimiento.

En cuanto al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el mismo emplea, con base en la jurisprudencia interamericana, la noción de derechos vitales como derechos humanos fundamentales para identificar los supuestos en los que el consentimiento indígena debe ser necesario de toda necesidad. Siguiendo a dicha jurisprudencia (sentencia del caso Pueblo Saramaka versus Surinam en particular), lo hace con un estilo perifrástico: “El consentimiento es exigido (por el derecho de los derechos humanos) en la medida en que existe el riesgo de afectar a la supervivencia física y cultural de un pueblo ”, debiendo por ello quedar plenamente en manos indígenas “la toma de decisiones que afecten directamente a sus vidas” (Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales, marzo, 2011, párs. 41 y 86). Para concretar el alcance de la supervivencia física y cultural como noción para identificar los supuestos de necesidad del consentimiento debe atenderse a las culturas indígenas, pues de ellas se trata. Debe activarse la interculturalidad y por ende, en su caso, la consideración de la naturaleza como matriz de los derechos vitales.

El actual Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, no recurre a planteamientos indígenas ni a métodos interculturales para la interpretación de sus derechos. Entiende en cambio que debe atenerse a la hermenéutica propia del ordenamiento internacional, de un ordenamiento que sólo recientemente ha reconocido a los pueblos indígenas, y comportarse en conformidad con las prácticas establecidas en la organización internacional, en una organización que no ha tomado aún en cuenta la novedad del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos internacionales, lo que acontece con la Declaración de 2007. Si hay instancias en las Naciones Unidas con capacidad, por sí mismas y por la concurrencia de la diplomacia indígena, para hacer presente perspectivas multiculturales y para activar así la interculturalidad, una de ellas es la del Relator Especial; las otras, las del Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos. El primero no está viniendo a este terreno multicultural e intercultural que los derechos humanos necesitan para ser definitivamente humanos. Ni siquiera está otorgando a los pueblos indígenas el tratamiento distintivo que les corresponde como sujetos de derecho internacional junto a los Estados. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene el mismo Código de Conducta con reglas de deferencia para con los Estados que todos los otros relatores especiales de las Naciones Unidas, pero también tiene el mandato específico de promocionar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas se debilita si no se le sitúa en el terreno multicultural e intercultural que tales mismos derechos necesitan. Las Observaciones citadas proceden de una visita a Guatemala del Relator Anaya por un asunto urgente, el de Mina Marlin, en el que no se ha contado con el consentimiento indígena y que afecta vitalmente a indígenas comenzándose por la violación del derecho al agua potable. Ante la constancia, conforme a la jurisprudencia referida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana tiene dictadas medidas cautelares de suspensión de los trabajos en Mina Marlin encontrándose con que el Gobierno de Guatemala le desafía a un pulso. La recomendación del Relator es contemporizadora: “Tomando en cuenta el hecho de que las operaciones de la mina ya se encuentran en un estado avanzado de construcción y actividad (…), las operaciones de la mina deberían basarse en un acuerdo consensuado con las comunidades afectadas” (pár. 70), un acuerdo así al margen de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana ante las evidencias de que se afectan derechos vitales. Si éstos derechos se situasen en el contexto intercultural de la relación con la naturaleza, tal contemporización sería impensable. No sólo no se hubieran ignorado en el momento decisivo las medidas cautelares, sino que se hubiese recomendado la anulación de la concesión y la compensación de los daños con bastante más que la devolución de las ganancias. Lo que es ilegal no debe beneficiar y menos aún si hay víctimas de la ilegalidad.

Para dictaminar la flagrante ilegalidad, basta con acusar la violación del requerimiento de consulta del Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que Guatemala tiene ratificado desde hace quince años. En todo caso, aunque no se proceda a una interpretación intercultural, la contemporización del Relator Especial en el caso Mina Marlin choca frontalmente con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. ¿Cómo cabe? Ha de esperarse de las instancias internacionales que se atengan a su función. La del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es una instancia de resolución alternativa de conflictos ni de forma alguna de amigable composición. Y se debe ante todo, por los mismos términos explícitos de su mandato, a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuya perspectiva no cabe tal contemporización. Bastaría con la alegación del citado artículo 11: “Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas” por privaciones sufridas “sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”. ¿Qué consentimiento además sería el que pudieran prestar las comunidades indígenas ante los hechos consumados de Mina Marlin? Sería forzado, posterior y con información inutilizada, no libre, previo e informado.

El caso de Mina Marlin no es por desgracia singular. Recordemos tan sólo otro. El asalto de las empresas extractivas a la Amazonía peruana afectando derechos vitales de los pueblos indígenas se ha encontrado con una recomendación de suspensión por parte de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Lo mismo que Guatemala, Perú mantiene un pulso con la instancia internacional con posibilidades de ganarlo. Dicha iniciativa de la Comisión de Expertos, la de solicitud de suspensión, se encuentra con la resistencia de la propia Organización Internacional del Trabajo y con la falta de apoyo de instancias internacionales de derechos humanos. En el fondo de estos y tantos casos se encuentra la persistente debilidad de un derecho internacional que no se toma totalmente en serio sus propias normas cuando son de derechos humanos. Ha aprendido a invocar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sin hacerse mínimamente cargo de requerimientos suyos como el del consentimiento indígena y el de la concurrencia intercultural.

Pagado de sí mismo, el derecho internacional sigue alimentando su impenitente tradición adversa a los derechos integral y verdaderamente humanos. Sin representación indígena, aparte instancias sucedáneas, las Naciones Unidas siguen sin ser íntegra y realmente plurinacionales. Así las cosas, parece que procede exigir al máximo de las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas y muy especialmente de las que tienen competencia específica en relación a los pueblos indígenas.

* Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Este escrito se dirige al Foro Internacional al Año del Incumplimiento de las Medidas Cautelares contra la Mina Marlin que se celebra el 19 de mayo en la Ciudad de Guatemala.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011051604

madalbo@gmail.com

BOLIVIA: Consulta, Impactos y Amenazas en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure

OTRO DESTINO PARA EL TIPNIS

Emir Iskenderian Aguilera

El Gobierno boliviano implementa el proyecto carretero tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Con un tramo de 305 kilómetros, este esfuerzo pretende integrar vialmente los departamentos del Beni y Cochabamba. La ruta trazada partiría en dos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –TIPNIS; Ello provocaría su degradación ecológica y fragmentación territorial. Ante estas posibilidades, los comunarios indígenas afectados se oponen. Mientras tanto, el proyecto avanza desde el sur y el norte hacia el corazón de su territorio. Este escrito recoge una serie de opiniones vertidas sobre este asunto y nos acercan a una problemática cada vez más grave en esta nueva naciente Autonomía Indígena.

I. Peligros y Miedos

¿Cuál es el miedo de las comunidades del TIPNIS con respecto a este proyecto de carretera, qué peligros desencadenará su construcción? En resumen, porque es: “... una de las zonas de mayor biodiversidad del país, y además donde nacen muchos ríos de la cuenca del Mamoré, lo que podría afectar el sistema hídrico en la región y agravar las inundaciones. De igual manera, se estima que la carretera facilitaría el ingreso de colonizadores, cocaleros, madereros, cazadores y otros agentes depredatorios, y afectaría la base de recursos naturales y el sistema de vida de las comunidades indígenas...” (Acerca del proyecto carretero San Ignacio de Moxos – Villa Tunari. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni - CIDDEBENI). A nuestro parecer, son motivos suficientes para que todo el Departamento del Beni se preocupe.

A los benianos que coreaban “El Isiboro – Sécure es y siempre será beniano”, entenderán pronto – en el peor de los casos, el más probable - que con tras los efectos socioambientales de la carretera, el “Sécure” será de todos, menos de los benianos. El gas será para Brasil o Argentina, el bosque para los colonos de tierras altas, las pampas para la agroindustria menonita…etc.

II. Factores Delicados

El TIPNIS está en el corazón mismo del país. Su geografía natural y social es compleja y delicada. Ante cualquier obra de envergadura hay diversos factores a tomarse en cuenta. Dice un documento al respecto: “(…) Es una zona de elevada biodiversidad, refugio pleistocénico, parte de corredor internacional Vilcabamba-Amboró. Naciente de principales cuencas hidrográficas que determinan el sistema hidrológico y las inundaciones en el Beni. Parque nacional establecido en 1965. Alta presencia indígena: yuracarés crecientemente afectados por colonización, mojeño-trinitarios buscadores de Loma Santa, chimanes en el alto Sécure, cerca al Maniqui. Territorio indígena reconocido. Zona altamente presionada por el avance de cultivos de coca desde el Chapare. Durante mucho tiempo, “zona roja” por la actividades del narcotráfico. Área geográfica atravesada por el conflicto de límites entre Beni y Cochabamba. Ruta crucial para integrar económicamente al Beni con los mercados nacionales y aprovechar sus potencialidades productivas. Parte importante de corredores bioceánicos de integración y comercio, parte de la antigua “carretera marginal de la selva”. Recursos naturales crecientemente afectados a través de caminos precarios desde ambos extremos...” (Evaluación Ambiental Estratégica Para un Plan de Desarrollo Integral sustentable en el TIPNIS. CIDDEBENI).

Dada estas características, se ha de tener muy especial cuidado con esta zona del territorio nacional. Sin embargo, el gobierno actual está dando pasos en la dirección contraria, en dirección al deterioro ecológico. La Razón de Estado, por encima de la Razón Comunal, se alza imperbe y obstinada, en pos de recursos para su propia supervivencia a costa de culturas locales. Por nuestra parte, se defiende el derecho de un pueblo a decidir su camino y asumir riesgos, cuando se crean preparados; Cuando efectivamente puedan absorber el impacto de una mega-obra de infraestructura e incluso beneficiarse de ello. Se defiende la gestión y propiedad comunal.

III. Buena Fé

La Asamblea Legislativa de Bolivia inauguró el mes de abril - dedicado a la Pachamama - con la ratificación del crédito para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Poco después, la Viceministra de Medio Ambiente - Patricia Siles - manifestó que se hará el respectivo proceso de Consulta con los Pueblos Indígenas afectados (Erbol 25 de abril de 2011). Esto a pesar de que los comunarios ya han manifestado repetidas veces su desaprobación del proyecto carretero por sus múltiples impactos socioambientales expresando en su resolución el “Rechazo contundente e innegociable a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

Una remembranza. Hace cerca de dos años, cuando se entregó el título ejecutorial colectivo del TIPNIS de 1.091.656 hectáreas, legitimando de esta manera el territorio de 64 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman; el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia decía a los comunarios: “Después de mucho tiempo estamos consolidando la tenencia de tierras. Ahora no solamente son dueños legítimos, sino también legales. Es obligación del Estado, mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hacer respetar este territorio para la subcentral indígena del Parque Isiboro Sécure” (Junio 2009). Respecto a lo último, efectivamente, en su momento las FF.AA. han tenido que intervenir para evitar mayores enfrentamientos entre campesinos cocaleros e indígenas del territorio. Además hay voces que señalan la necesidad de crear un Plan de Seguridad para la Defensa Integral del Territorio.“Consolidar la tenencia de tierras” y “hacer respetar el territorio”, decía el Exmo. Presidente Seguramente bien sabe que la consulta previa, establecida en la Constitución Política, es parte fundamental de este de ambas cosas. Con un espíritu al revés de aquella época, hoy por hoy, la prensa informa (www.plataformaenergetica.org 28/04/11) que durante un acto realizado en el pozo Aquio X1001, donde se descubrieron reservas de gas, el mismo Presidente. dijo que la consulta indígena se ha convertido “en una especie de chantaje”, en una forma de “extorsión” a las empresas privadas y a la propia petrolera estatal. “Cómo los hermanos (indígenas) pueden perjudicar la exploración y el estudio técnico con esta forma de actuar, de extorsionar a las empresas que operan (en el país) o a la empresa del Estado que es Yacimientos”.

Intuimos que estas declaraciones presidenciales afectan de facto el presupuesto de “Buena Fé” en una Consulta organizada por el Órgano Ejecutivo. Lo que daría “indicios de vicios de nulidad en el proceso”. Es un asunto de cuidado. Recientemente el Tribunal Supremo ha favorecido a la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu en una demanda por Consulta en Hidrocarburos.

IV. Testimonios en la Consulta

Queremos familiarizar al lector con el proceso de consulta a los afectados por este proceso de cambio geo - político en el TIPNIS Conocer directamente sus preocupaciones y posicionamiento. En la localidad de San Ignacio de Moxos el 14 de octubre 2009 se realizó la consulta pública del Tramo 3. El Acta – Memoria, recoge algunas de las intervenciones, veamos:

“… El presidente del Consejo (…) No se oponen a la carretera pero la consulta pública debe ser de todo el tramo y se debe consultar al TIPNI (…). El Honorable Velasco hizo entrega de un pronunciamiento en apoyo a la defensa del TIPNIS y de una cartografía del área. Así mismo se solicitó de forma unánime que se corrija el mapa (…) El presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Moxos Sr. Miguel Arias hizo entrega de un croquis con todos los propietarios a lo largo de la carretera y que se evalúe el tema de las propiedades pequeñas, apoya a demás en la socialización al TIPNIS (…). El Alcalde del TIPNIS además de pedir una explicación de por qué está separado por tramos pide a demás la presencia física de autoridades benianos en el área de conflictos. Solicita que previamente se soluciona el tema de límites departamentales entre Beni y Cochabamba (…) De la misma manera piden apoyo a familias y apoyo en la definición de límites y respecto a la “Línea Roja”. Piden además garantías del gobierno para proteger su territorio (…) El Corregidor de San Miguelito solicita que se soluciones los problemas en el TIPNIS para poder seguir adelante…. Ciudadanos de San Ignacio de Moxos exponen a la población y los participantes de la consulta pública la necesidad de contar con una carretera que trae desarrollo al área (…) El Secretario del Territorio Indígena Multiétnico - TIM solicita enmendar el mapa incluyendo el alcance que abarca el TIM. Piden que se corrija el nombre de Monte Grande por Monte Grande del Apere (…) El representante de la Central de Pueblos Étnicos del Beni – CPEMB, Leandro Moye Matareco pide un trabajo orgánico coordinado con la empresa para la seguridad territorial (…) Se hizo también presente el Sr. Cristian Vaca representante de Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA y solicita que se amplíe y separe los impactos sociales, ambientales y culturales sobre todo debido a las características culturales del área del proyecto. Respecto al tramo central será muy importante considerar el tema de saneamiento, fortalecimiento de instancias del área protegida, introducir capacitaciones e información de los estudios que se desarrollan. (…) El representante de los comerciantes pide el apoyo de construcción de la carretera dado los costos elevados actuales y los obstáculos que se presentan para transportar la mercadería (…) Representantes del TIPNIS plantean la necesidad de servicios básicos en el TIPNIS para contar con un desarrollo integral (…)”

El día 23 de octubre de 2009, en las instalaciones de la Escuela de Música en San Ignacio de Moxos, las instituciones CIDDEBENI-LIDEMA, realizaron un “Taller de capacitación e información con organizaciones sociales sobre las características del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio”. Estuvo dirigido a las organizaciones sociales afectadas por la construcción de la carretera San Ignacio a Villa Tunari y otras instituciones. El Acta y Memoria del evento recoge varias intervenciones:

“… Los participantes expresaron su extrañeza ante la estrategia de ABC de realizar una consulta pública en San Ignacio sin la participación de las comunidades del TIPNIS. La estrategia de Administradora Boliviana de Carreteras - ABC de realizar las consultas públicas en ambos extremos perjudica al TIPNIS al quedar aislado con el conflicto de avasallamiento. La situación se agrava aún más con la falta de definición de límites interdepartamentales. También expresaron su preocupación por la entrada de colonos en la zona sur del TIPNIS. Con el camino esta situación solo puede empeorarse. Plantearon la necesidad urgente de un proyecto de seguridad territorial (…) La representante de la Sub Central del Sécure (...) Reclama la presencia de las autoridades departamentales (…) Un comunario de Totora preguntó quién se beneficiará con la madera que se tala para abrir el camino. Se le explicó que en caso de propiedad privada, ABC tiene que indemnizar al propietario por la expropiación de la tierra. En el caso de Tierras Comunitarias de Origen - TCO’s y comunidades, que no se puede vender, habrá una indemnización por el uso del derecho de vía. La madera será sujeto a un plan específico de desmonte que tendrá que ser aprobado por la ex - Superintendencia Forestal. En el caso de comunidades, nadie podrá llevarse la madera sin un acuerdo previo con la comunidad (…). El representante de la Sub Central de San Lorenzo preguntó quien se beneficiará con el camino y a quién se consultó en la “Consulta Pública”. Se debería haber consultado a todas las organizaciones del sector indígena (…)”

Como aprecia el lector, el tejido social de diverso y con intereses variados. Sin embargo, puede verse una solidaridad con el TIPNIS y una desconfianza al respecto de la evidente estrategia de la Administradora Boliviana de Carreteras – A.B.C. de aislar al TIPNIS.

V. Desconfianza e Impactos

¿Porque la negativa a la carretera y la desconfianza sobre el proceso de consulta? Por un lado, veamos un dato sobre la “consulta medio ambiental” y por otra parte, una prospectiva totalmente alarmante: “...Distintos estudios ambientales, económicos, sociológicos, biológicos, legales, éticos, de ingeniería muestran y afirman que no se puede y no se debe construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que partiría en dos el TIPNIS. Un par de recientes ejemplos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) indicó “Hemos llevado el caso del TIPNIS, donde por el momento la situación de consulta no es suficiente en cuanto a medio ambiente”. El señor Denis Racicot hizo estas declaraciones el 24 de marzo de 2011; 5 días después el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia – PIEB, publica un estudio que afirma que en 18 años, con la carretera, se podría deforestar el 64% del TIPNIS...” (TIPNIS, patrimonio amenazado por el gobierno de Evo Morales. Pablo Rojas Paredes – Cochabamba. 08/abril/2011. www.constituyentesoberana.org)

Existe una estimación de Impactos sobre la flora, fauna, sociedad, economía y culturas que causaría la construcción de la Carretera San Ignacio – Villa Tunari (en las respectivas fases de construcción, operación y futuro inducido):

“... Sobre la Flora y Fauna: A) Fase de construcción: Destrucción de habitas a causa de la remoción de la cobertura vegetal y alteraciones en la topografía del suelo / Ahuyentamiento de animales, flora y recursos piscícolas / Cacería indiscriminada de los trabajadores afectará a la fauna que es fuente de subsistencia de las comunidades / Destrucción y desperdicio de madera comercial por el desmonte del derecho de vía. / Si no se hace el drenaje correspondiente puede causar estancamiento de ríos y arroyos. B) Fase de Operación: Explotación ilegal de flora y fauna por personas foráneas. Mayor extracción ilegal de madera y fauna. C) Fase de Futuro Inducido: Reducción en la diversidad de la flora y fauna silvestre / Daño a especies asociadas al agua por alteraciones de sistema hidrológico / Cambios en la composición de especies animales: disminución de especies sensibles a perturbaciones; incremento de especies tolerantes / Ocupación de áreas naturales de importancia para la conservación.

Aspectos socio económicos: A) Fase de construcción: El proyecto del camino agrava los actuales conflictos en la zona sur del TIPNIS / Campamentos traen problemas sociales en las comunidades / Afluencia de trabajadores foráneos traen problemas sociales, / Instalación espontánea de asentamientos humanos por efecto de la presencia del camino. B) Fase de Operación: Avasallamiento desordenado por colonos proveniente de Cochabamba / Ingreso de terceros o colonos al interior de los territorios indígenas / Abandono de comunidades y emigración de comunarios hacía centros urbanos / Ingreso de colonos a las concesiones forestales. C) Fase de Futuro Inducido: Se consolidará San Ignacio como una ciudad intermedia, por el incremento poblacional. / El crecimiento de la población urbana colapsará los sistemas de servicios básicos / Ocupación desordenada del espacio y usos inadecuados de la tierra / Se elevarán los precios de las tierras en las alrededores de la carretera / Mejor acceso a mercados para productos forestales y agrícolas.

Aspectos Culturales: A) Fase de Construcción: (…) Aumento de flujo de visitantes nacionales y extranjeros / El crecimiento urbano sin control alterará la característica misional del pueblo de San Ignacio. B) Fase de Operación: La migración de colonos hacia la zona, provoca cambio de la composición étnica del territorio indígena. C) Fase de Futuro Inducido: El área de influencia de la carretera incentivará una concentración poblacional mayor que en los demás lugares del TIPNIS / Si se mantiene la ruta propuesta, tiende a desaparecer San Lorenzo y San Francisco / Cambio de tradición y/o costumbres culturales / Pérdida de riqueza cultural...” (Estimación preliminar: Impactos Ambientales previstas por la Carretera San Ignacio – Villa Tunari. CIDDEBENI. 2009)

Las culturas y biodiversidad de Bolivia, son su verdadera riqueza. Esta obra atenta contra los principales patrimonios del Estado Plurinacional.

VI. Coca y Avasallamiento

Los avasallamientos de campesinos cocaleros. Veamos el asunto un poco más en detalle:

“… Los asentamientos campesinos ilegales en el territorio indígena del TIPNIS proliferaron como hongos en las últimas dos décadas; la colonización cocalera se intensificó en el primer gobierno del Presidente Evo Morales. Desde 2007, el Ejecutivo y los cocaleros parcelan y privatizan esas tierras comunitarias, obligan a los indígenas a sembrar coca y quieren construir una carretera que parte en dos la TCO de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán (…)

El TIPNIS siempre fue escenario de conflictos y enfrentamientos entre indígenas comunitarios y colonizadores pro capitalistas que se disputan la propiedad de la tierra. En 1992, el dirigente de la Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano y el líder de los colonizadores Evo Morales delimitaron por primera vez las áreas colonizadas y el territorio indígena, y dos años después demarcaron una Línea Roja con el objetivo de frenar la expansión cocalera (…) Los intrusos vulneraron los acuerdos y siguieron extendieron sus cultivos de coca en la siguiente década (…) los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía, supuestamente con la autorización de su líder máximo, el Presidente Morales. El 26 de septiembre de 2009 el colonizador Laureano Rodríguez perdió la vida en un enfrentamiento con indígenas yuracarés cerca de la población San Miguelito (…)

Nosotros apoyamos al gobierno de manera incondicional, pero vemos que las bases campesinas del Presidente provenientes de Oruro, Potosí y Cochabamba están extendiendo los cultivos de coca y están dañando nuestro territorio comunitario... El gobierno actual nos está atropellando de la manera más cruel, mucho más que en anteriores años, y vulnera los derechos indígenas como si no tuvieran ningún valor, pese a que son reconocidos por la nueva Constitución y las leyes (…)”. Declaración de Adolfo Moye. Dirigente del TIPNIS)” (La expansión cocalera en el TIPNIS en el gobierno de Evo Morales, en fobomade.org.bo)

Evidentemente, el ahora Exmo. Presidente, conoce los caminos del T.I.P.N.I.S. Habrá recorrido sus ríos, admirado su belleza, escuchado a la aves que lo tienen por refugio y saboreado los peces del agua dulce y fértil de aquellos parajes.

VII. Campesinos Anti - Territorios Indígenas

Los problemas citados se agravan y generalizan a otros Territorios Indígenas y Parques Nacionales con sus propios y delicados ecosistemas, cuando sabemos que también tendrán que lidiar con sus propias carreteras, gasoductos e industrias extractivas de todo tipo (Véase el reciente caso de la Carretera por el Parque Madidi y Territorio Tacana).

Los Territorios Indígenas son espacios estratégicos desde varios puntos de vista. Habitan en ellos una biodiversidad que es patrimonio genético; Pasan por sus jurisdicciones instalaciones industriales de vital importancia energética; Son hábitat para las culturas originarias según sus usos y costumbres; Se encuentran recursos forestales; Son Territorios de poca densidad poblacional, difícil acceso y carentes de muchos servicios básicos; Agregado a ello, son zonas de conflicto social entre indígenas y otras clases sociales.

En este último sentido, de antagonismos de clase, existe en nuestro país una fracción campesina anti-territorios indígenas, con tendencia a su avasallamiento, recorte territorial y venta ilegal de tierras; Asunto ya denunciado por el ex Ministro Alejandro Almaraz y Carlos Rojas, ex Director de la institución estatal encargada del saneamiento territorial en todo el Estado, el INRA.

Por su parte, el Asambleísta del Legislativo Plurinacional, Pedro Nuny Caity (Representante de los indígenas del Beni) informó a la prensa la opinión de su entidad de base sobre el Proyecto de Ley de Entidades Territoriales aprobado en el Senado: “Lo que la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) me ha manifestado es, que de aprobarse el proyecto se puede destruir en el futuro las Tierras Comunitarias de Origen que nos han costado un sin número de dificultades para lograr su reconocimiento y la alerta es aún mayor cuando escuchamos a los campesinos llamarnos los nuevos terratenientes; no se va permitir que nuestras tierras sean recortadas” (La ley de entidades territoriales tiene una visión muy andina, como casi todas la leyes. www.aininoticias.org ) No solamente la consulta previa está en entre-dicho, ahora resulta que sus mismísimos logros históricos están en riesgo. Esto nos indica que los peligros que sufre el TIPNIS no son fenómenos aislados.

VIII. BNDES & IIRSA

Además de todo lo expuesto, hay voces que suman argumentos a la discordancia. Nos referimos - de construirse este corredor bioceánico - al estado de indefensión en que encontrará el TIPNIS frente al gran capital encarnado en colosos financieros, nuevos y desconocidos actores para las comunidades. Expone una investigadora que:

“La construcción de las principales rutas terrestres y carreteras en Bolivia en general fue impulsada por el acceso al territorio para la explotación de recursos naturales y de materias primas destinados a la exportación (…) De esta forma, Bolivia resulta ser un país que prioriza la ejecución de “megaproyectos”, que coinciden con la planificación de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana – IIRSA”, es decir construye carreteras, establece normas de diseño o planifica hidroeléctricas, en la magnitud que lo demanda el capital transnacional y sus aliados en sectores de poder de los países vecinos, particularmente en la mayor economía de la región, el Brasil (…) (esto) A su vez significa que Bolivia supedita sus necesidades a las exigencias de esos intereses: asume deudas, los bolivianos la pagamos a lo largo de nuestra vida, aceptamos someternos a los condicionamientos para abrir las puertas a la explotación y apropiación de los recursos de nuestro territorio, postergamos u olvidamos nuestras necesidades (…)

A partir del año 2002 vemos surgir un nuevo actor en el financiamiento de proyectos en la región, se trata del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. El BNDES plantea entre sus objetivos la promoción de las exportaciones brasileñas impulsando la inversión brasileña en el exterior y la internacionalización de empresas de capital brasileño (…) el BNDES empieza a financiar proyectos condicionados a la contratación de empresas de servicios de infraestructura, estos financiamientos se constituyen a su vez en instrumento para impulsar la penetración en otros países de grupos industriales especializados en recursos naturales (etanol, metalurgia, construcción, industria hidroeléctrica, etc.) (…) Con la firma del Protocolo de financiamiento de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos entre los gobiernos de Brasil y Bolivia (…) entre otros aspectos, el BNDES consolida el ingreso de los intereses empresariales transnacionales de Brasil al acceso a otros recursos y regiones de Bolivia (…)

La autora de estas letras, Silvia Molina, publica estas reflexiones en su escrito “Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos: BNDES: Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recursos naturales de Bolivia”.

IX. Argumentos “positivos” de la Carretera

Hay argumentos de uno y otro lado sobre esta carretera: “(...) Ruta crucial para integrar económicamente al Beni con los mercados nacionales y aprovechar sus potencialidades productivas / Parte importante de corredores bioceánicos de integración y comercio, parte de la antigua “carretera marginal de la selva” / Se consolidará San Ignacio como una ciudad intermedia, dado su importante crecimiento poblacional en el último censo (...) / Articulación de una red caminos vecinales e inter-municipales en el área de influencia (…)”. (Evaluación Ambiental Estratégica Para un Plan de Desarrollo Integral sustentable en el TIPNIS CIDDEBENI)

Escribió décadas atrás el poeta cruceño Raúl Otero Reiche: “(…) La selva es una virgen que no se entrega nunca; tendremos que arrancarle por fuerza la palabra, vestirla de ciudades, ceñirle con caminos los muslos inviolados, quemar su piel velluda con sangre de progresos y civilizaciones (…)" (América).

X. Otra ruta del camino y otro destino para el Territorio

La consulta previa, libre e informada, llevada adelante con buena fe y que busca el consentimiento de los afectados, habría de ser totalmente vinculante. Si no se lograse ese acuerdo mutuo, que no se construya la obra ni se apruebe la Ley que fuere; y si de igual manera se proceda a la construcción del camino por medio Parque Nacional y Territorio Indígena, la escalda del conflicto es previsible y sus consecuencias serán nefastas, con consecuencias penales ante un Tribunal Supremo.

Los intereses alrededor de esta carretera son diversos, según los sectores y clases sociales. Sin embargo, el paso por el TIPNIS provocaría una destrucción innecesaria. En caso de que no se llegase a un acuerdo con los comunarios de este Territorio Indígena, habría que considerar la opción hacerla por otra ruta, lo que al parecer es geográficamente posible.

El Estado Plurinacional aún se resiste a dejar escoger a sus propios pluri - pobladores su propio destino - o peor aún - dejar en sus manos, la - más que - estratégica decisión de cómo aprovechar sus territorios con sus vastas riquezas de suelo y subsuelo. Es mucho en manos de muy pocos, dirán.

Así como el Salar de Uyuni es fuente de riquezas que justifican una industrialización y no es razonable ir a destruir ese patrimonio con mega-obras de infraestructura; El T.I.P.N.I.S. es un reservorio estratégico de biodiversidad, de micro-biodiversidad, de germoplasma. Se tiene allí, la base fundamental de materia prima para levantar una industria biotecnológica. Mucho más rentable y estratégica que la carretera.

Finalmente, ahora que la Pachamama es sujeto de derecho, nos preguntamos si – consecuentemente – será sujeto de consulta. Es sabido que cada cultura tiene sus ritos de preguntar o visionar. Sabidos los impactos inherentes, será que el Tumpa, el Jichi, el Dueño del Monte o los Achachilas, estarían de acuerdo con una carretera?

* Emir Iskenderian Aguilera / Licenciado en Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos / emirartin@gmail.com / 07 de mayo de 2011.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011050702

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