martes, 16 de agosto de 2016

Los retos de un movimiento ibérico contra la energía nuclear


Tercera información


La amenaza radioactiva que supone la energía nuclear muestra la falacia de respuestas en clave nacional: Chernóbil y Fukushima nos enseñan cada día que las fronteras, en términos de contaminación radiactiva, no significan nada. Muchas personas que viven en Portugal lo han entendido así, la cercanía de los reactores de Almaraz, en Extremadura, les ha llevado a coordinarse con personas de toda España y a crear el Movimiento Ibérico Antinuclear, mostrando que estamos hermanados ante una amenaza común.
La solidaridad es reconfortante, y la aportación de los compañeros y las compañeras de Portugal es valiosa, es buena la invocación ibérica compartida, pero estos sentimientos agradables no nos excusan de analizar la realidad en que nos encontramos y el futuro inmediato.
Los siete reactores nucleares que funcionan en la Península Ibérica están en España, no en Portugal. El Movimiento Ibérico Antinuclear supone un hermanamiento; pero por mucho que las fuerzas políticas y sociales de Portugal se movilicen, aunque llegasen a tener una postura unánime de todo el país y desarrollasen todo tipo de presiones internacionales, no existen mecanismos para traducir su posición en una respuesta política efectiva en España. Incluso se podrían utilizar los sentimientos nacionales para enmascarar los impactos ambientales y las amenazas compartidas ocultándolas tras otras cuestiones políticas. Si fuese al revés, si los reactores nucleares estuviesen en Portugal, la situación sería exactamente la misma para un movimiento social desarrollado en España. Las fronteras, que no significan nada para la contaminación radioactiva, lo significan todo en política energética.
Cerrar un reactor nuclear es un acto de voluntad política, como lo fue construirlo. Existen unos procedimientos y unos mecanismos en la legislación de España para que esa voluntad política se materialice; por eso, aún gozando de la solidaridad y la simpatía de una parte de la sociedad portuguesa, es en la solidaridad compartida con compañeros y compañeras de toda España donde están los mecanismos para enfrentar la amenaza que preocupa a las compañeras y los compañeros de Portugal.
Sobre el futuro inmediato: entre el 2020 y el 2021, seis de los siete reactores nucleares que funcionan en España, en la Península Ibérica, deben renovar el permiso para continuar durante 10 años más; si lo consiguen será un avance importante para alargar su funcionamiento hasta los 60 años, que es hoy el objetivo prioritario de los grupos que representan los intereses de la industria nuclear. Aunque el movimiento de oposición debe tener un ámbito ibérico, el trabajo de cierre se inscribe en la legislación y el calendario concreto de España.
Lo que nos lleva a plantear algunas cuestiones; sobre si en la situación de crisis política que se vive en España seremos capaces de poner el peligro compartido por encima de los discursos nacionales; sobre si sabremos hacer un uso común de los mecanismos políticos de los que disponemos, o serán despreciados como parte de la “crisis del régimen de la transición”. Porque hay intereses poderosos, en toda España y también en Portugal, para que los reactores continúen funcionando, y es evidente que una parte de los defensores de la energía nuclear usarán los recursos que ofrece la diferenciación nacional para mantener a sectores de la sociedad al margen de la reivindicación del cierre de los reactores.
Conseguir que no se renueven los permisos de funcionamiento es algo que va más allá de la política de partidos pero que no la excluye, y también incide en la política institucional. La política es mucho más que emitir un voto cada cuatro años a fuerzas que se presentan libremente a unas elecciones (aunque esta sea una condición básica), pero si la política no tiene traducción institucional se limita a la denuncia. Los que defienden los intereses nucleares lo saben, y nosotros también lo sabemos. La denuncia es algo aceptado en una sociedad democrática, incluso está bien vista porque transmite valores de pluralismo y libertad. El trabajo para conseguir un objetivo como el cierre de los reactores nucleares es algo diferente a una denuncia, es una amenaza directa a intereses muy concretos, por lo que ni está aceptado, ni está bien visto.
Por eso, las personas que participamos en un movimiento ibérico contra las nucleares tenemos la responsabilidad de no quedarnos sólo en la denuncia, debemos usar los recursos institucionales para que se den posibilidades reales de cierre. Hay una situación social y políticamente nueva, hoy y de cara al 2020 y el 2021 y, además, se trata de siete reactores que siempre han sido peligrosos, pero que ahora, después de décadas de funcionamiento, aún lo son más por su degradación técnica y material.
Tenemos la responsabilidad de combinar el trabajo social y la acción a nivel ibérico con la incidencia concreta en la política de España. Hemos de desarrollar un trabajo que surja de la sociedad, pero que llegue a las instituciones, con objetivos y destinatarios concretos y definidos, y con mecanismos de participación social que vayan más allá de la denuncia, que impliquen de forma activa a la mayoría social contraria a la energía nuclear, y que tengan incidencia válida en las instituciones responsables de tomar decisiones. Sólo así se podrá lograr que entre el 2020 y en 2021 esas decisiones nos beneficien a todas y a todos, hoy y por muchos años en el futuro de la Península Ibérica.



Miguel Muñiz es miembro de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES y del Movimiento Ibérico Antinuclear en Barcelona. Mantiene la página webwww.sirenovablesnuclearno.org
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2016/08/13/los-retos-de-un-movimiento-iberico-contra-la-energia-nuclear


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lunes, 15 de agosto de 2016

Incendios de origen dudoso queman casi 6.000 hectáreas en España


AFP


Los bomberos batallaban este viernes contra 14 incendios forestales, que quemaron unas 5.800 hectáreas en Galicia, en el noroeste de España, mientras en las Canarias ya está controlado el incendio que asoló la isla de La Palma, informaron las autoridades de ambas regiones.
En los últimos días, los fuegos se han multiplicado de manera preocupante en Galicia, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que podrían haber sido provocados.
"No se puede confirmar que los fuegos son intencionados, hasta que la policía pueda decir cuáles son las causas, pero es cierto que en los últimos días encontraron varios artefactos incendiarios que hacen pensar que son fuegos provocados", informó a la AFP una fuente del Gobierno gallego.
Por ejemplo, en la localidad de Arbo, "donde han quemado más de 1.500 hectáreas, fueron apareciendo cinco puntos, uno tras otro", explicó la fuente.
Según el último parte de las autoridades gallegas, a las 13h30 (11h30 GMT) cinco de los 14 incendios continuaban avanzando, tres de ellos con peligro de alcanzar zonas pobladas.
Los otros nueve han sido "estabilizados" o "controlados" por los bomberos, que aún luchan por extinguirlos, según el Gobierno de Galicia.
Por su lado, la Guardia Civil anunció que detuvo este viernes a una mujer de 56 años en la localidad gallega de Cerceda (provincia de A Coruña) acusada de haber provocado desde el 18 de julio 15 pequeños incendios que fueron rápidamente extinguidos, cerca de su domicilio.
Según informó un funcionario de este cuerpo a la AFP, al detenerla, los guardias civiles "vieron cómo en siete ocasiones colocaba velas decorativas" en el bosque para provocar más incendios.
Por otro lado, las autoridades del archipiélago de las Canarias declararon "controlado" el incendio que desde el 3 de agosto quemó 4.864 hectáreas en la isla de La Palma.
Esto "significa que se ha logrado aislar y detener el avance y propagación del fuego", a la espera de que éste sea liquidado por completo, precisaron las autoridades canarias en un comunicado emitido este viernes.
Desde que se declaró el fuego fueron evacuados en distintas fases del incendio unos 3.000 vecinos de los cuatro municipios afectados. En las tareas participaron 568 efectivos y 13 medios aéreos.
El incendio de La Palma le costó además la vida a un funcionario medioambiental de 54 años de edad y padre de cinco hijos, hallado muerto el 4 de agosto.
Un alemán de 27 años, Scott Verdini Stump, que según la policía reconoció haber iniciado el incendio accidentalmente al quemar papel higiénico tras hacer sus necesidades, ingresó el día 6 en prisión sin fianza.
Fuente: https://www.afp.com/es/noticias/211/incendios-de-origen-dudoso-queman-casi-6000-hectareas-en-espana

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sábado, 13 de agosto de 2016

Los altos precios del aguacate azuzan la deforestación en México


Associaated press


CIUDAD DE MEXICO (AP) -- La gran demanda estadounidense por los aguacates y los ascendientes precios del producto están azuzando la deforestación de los bosques del centro de México, a medida que los agricultores se esfuerzan por satisfacer la demanda.
Los cultivos de esta fruta prosperan en condiciones similares a las de los pinos en los bosques de las montañas de Michoacán, el estado que produce la mayoría de los aguacates en México. Ello ha llevado a los agricultores, a escondidas de las autoridades, a despejar el bosque, sembrar los árboles de aguacate y luego seguir derribando pinos a medida que los cultivos crecen para darles más acceso a la luz solar.


"Aunque aparentemente no tiran el bosque, abajo allí ya están los aguacates creciendo, y tarde o temprano terminan por cortar los pinos o tumbarlos por completo", explicó Mario Tapia Vargas, científico del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agricultura y Pesca de México.
"Empiezan raleando el bosque, lo van raleando, van podando los pinos para que no den mucha sombra al aguacate, y finalmente terminan por ahorcarlos... cortarles la corteza para que se sequen", agregó.
Debido a que los bosques de Michoacán contienen los predios donde hibernan las mariposas monarca, la deforestación es mucho más que un problema académico. Las autoridades han detectado pequeños huertos de aguacates en las zonas donde habitan las mariposas, en la que los campesinos han cortado los pinos.
Lo que es peor, Tapia Vargas indicó que los cultivos de aguacate usan casi el doble del agua necesaria para un bosque denso, por lo cual llega menos agua a los legendarios riachuelos y arroyos de Michoacán, de los cuales dependen la flora y la fauna local.
Greenpeace México destacó que los seres humanos también sufrirán las consecuencias.
"Además de los impactos ambientales que el desplazamiento de las superficies boscosas puede tener sobre la captura y disponibilidad de agua en la región, el elevado uso de agroquímicos y la demanda de grandes volúmenes de madera para el empaque y transporte del aguacate son otros factores que pueden tener efectos negativos sobre las condiciones ambientales de la zona y sobre el bienestar de su población", afirmó Greenpeace en un comunicado.
Desde ya los angostos senderos rurales que serpentean por las laderas de las montañas están saturados de camiones que transportan los aguacates, o que llevan a los campesinos para la faena.

Pero es difícil convencer a los agricultores que abandonen una práctica que les trae tantos beneficios.
"Es un atractivo, muy alto el aguacate, por el precio que tiene", admite Tapia Vargas.
Los precios de este cultivo se elevaron de unos 86 centavos por unidad en enero a 1,10 dólares en julio, en parte debido a un escaso suministro desde México. Y el peso perdió 16% de su valor frente al dólar en el año transcurrido, por lo cual las exportaciones se hicieron más baratas. Los agricultores mexicanos pueden ganar más dinero cultivando aguacates que con la mayoría de las otras cosechas.
Lo que ha impulsado la expansión ha sido el implacable apetito de los estadounidenses por los aguacates. Entre el 2001 y el 2010 se triplicó la producción de este producto en Michoacán, pero las exportaciones se multiplicaron por 10, según un estudio publicado en el 2012 por el instituto de Tapia Vargas.
Y si bien la demanda de aguacates en Estados Unidos ha suscitado este efecto, mayor aún es la demanda de China, donde las importaciones de aguacates mexicanos han estado creciendo en promedio de 200% anualmente.
"Se imaginan para satisfacer al mercado chino", dijo en julio a reporteros el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

En el estudio se indicó que la expansión estaba causando una pérdida anual de unas 690 hectáreas (1.700 acres) de bosques entre el 2000 y el 2010.
Ignacio Vidales, otro científico del gobierno que se especializa en aguacates, calcula que la tasa de la deforestación ha amainado, en parte porque las autoridades se están tomando el asunto más en serio.
"Nosotros estimamos que es menos; hay más vigilancia que en otros años", declaró Vidales.
Lo cierto es que las autoridades han estado tomando medidas en el asunto.
El 31 de julio, la policía federal en Morelia, la capital de Michoacán, detuvo a 13 personas y confiscó dos plantas de aguacate y dos vehículos que estaban siendo usados para convertir un huerto deforestado en un cultivo de estos frutos.
Unos 260 pinos y 87 abetos fueron talados en el área de unas 4,7 hectáreas (12 acres) para poder sembrar 1.320 árboles de aguacates, indicó la policía. Aunque cada árbol tardaría siete años antes de madurar, si cada uno produce unos 100 aguacates al año - un estimado relativamente exiguo - los agricultores podrían recaudar hasta 500.000 dólares al año de ese huerto, una fortuna para ellos.
"Es más que todo presión económica", dijo Vidales. "Han visto que el aguacate es más rentable que estar metiendo maíz u otros cultivos anuales, o incluso el bosque".
© 2016, La Prensa Asociada.

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viernes, 12 de agosto de 2016

¿Hidroeléctrica de El Bala?


El Gobierno mantiene en pie el proyecto hidroeléctrico de El Bala y calcula que la inversión ascendería de 6.000 a 7.000 millones de dólares para una rentabilidad anual de 1.000 millones de dólares, conceptos bajo los cuales minimiza el daño ambiental. En días pasados se procedió a firmar con la consultora italiana Geodata el estudio a diseño final. Sin embargo, surgen muchas inquietudes sobre la eficacia del que sería el cuarto emprendimiento hidroeléctrico más grande de Sudamérica. El alto costo de las represas de El Bala y El Chepete en el noroeste del departamento de La Paz, crea dudas sobre su recuperación en un tiempo racional e invita a pensar si los países vecinos podrían interesarse en la compra de esta energía, se añade a lo anterior el servicio de la deuda a ser financiada por bancos chinos.
Brasil solo a través del gigante de Itaipú genera 14.000 megavatios, Argentina no demanda este tipo de energía y el Perú tiene provisto su mercado. Se considera más práctica y efectiva la explotación de otras fuentes potenciales y naturales de energía, aprovechando los recursos solares y eólicas abundantes en el país, con mucho menor costo. El Altiplano, por ejemplo, se favorece con 10 horas de sol al día mientras que otros países, como Alemania, solo tienen 3 horas diarias. Los vientos son igualmente abundantes en el Altiplano y en otras regiones de nuestra geografía.
Viene a cuento que en vísperas del 16 de julio el vicepresidente Álvaro García comprometió la ejecución del proyecto de Miguillas (departamento de La Paz) sin referirse al de El Bala y El Chepete. ¿Qué sentido tendrían ambos proyectos o son compatibles? Entretanto se tome decisiones, Miguillas caerá en el olvido y La Paz será nuevamente defraudada.
En el país hay experiencias de enormes obras que vienen insumiendo mucho dinero y tiempo sin que todavía se las vea terminadas, tal es el caso de Misicuni en Cochabamba, pese a que debe atender necesidades urgentes de la población. Lo aconsejable es actuar siempre pisando tierra firme.
Aunque con apoyo en estudios de consultoría, el Gobierno sostiene que el daño ambiental estaría en el orden de apenas un 2% y que la afectación territorial no superaría los 773 kilómetros cuadrados, anteriores proyecciones establecían casi 3.800 Km2. Sin embargo, entidades ambientalistas destacan, entre otros, que la inundación de los bosques generará gas metano, más dañino que los gases de la industria. 17 comunidades indígenas tendrían que ser trasladadas a otros lugares de su hábitat, problema sujeto a costos humanos, sociales y económicos.
Habiendo fracasado el pozo Lliquimuni para la explotación de hidrocarburos, el Gobierno consciente de que La Paz no cuenta con inversiones, sacó a relucir el tema de El Bala y El Chepete en coincidencia con el aniversario histórico del 16 de Julio. Se trataría de un consuelo destinado a mitigar las protestas y reclamaciones departamentales. No obstante, en solo la consultoría se ha invertido nada menos que 33 millones de dólares.

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FUENTE ORIGINAL: http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160812/editorial.php?n=15&-hidroelectrica-de-el-bala

Represas El Bala y El Chepete graves amenazas para el país

Armando Mariaca

Las regiones vírgenes del planeta Tierra tienen enorme importancia como almacenes de biodiversidad, como áreas de protección de grandes cuencas de captación de agua y como controles contra los cuales se puede comparar el manejo de los Ecosistemas Terrestres Prioritarios más degradados. También son los últimos lugares donde los habitantes nativos tienen esperanzas de conservar su estilo de vida tradicional y es muy factible que se vuelvan paulatinamente más valiosos como lugares recreativos, estéticos e incluso espirituales en un mundo cada vez más superpoblado que, conforme pasa el tiempo, hará que la humanidad necesite más de la naturaleza y sus beneficios como son los bosques, la fauna, la flora y todos los bienes creados por Dios para beneficio de todas las generaciones.
Una parte de los ecosistemas es el complejo de áreas protegidas Tambopata-Madidi, situado en plena frontera entre Perú y Bolivia y constituido por el parque nacional boliviano Madidi (1.900.000 hectáreas), el parque peruano adyacente (325.000 hectáreas) y las partes aledañas de la zona reservada de Tambopata-Candamo. El Parque Nacional Madidi es contiguo a la reserva de la biósfera Pilón-Lajas, de donde parte una cadena de áreas protegidas y está integrada por el territorio indígena Chiname, la reserva de la biósfera Beni y un poco más abajo la reserva de Ulla-Ulla. Madidi es la reserva más vasta del complejo y fue declarada prioridad de conservación el año 1995.
Madidi es una de las regiones más ricas de la naturaleza; tiene una extensión de 1.895.740 hs. Desde las serranías de Altuncama hasta el riío Heath y Madidi el área abarca un radio altitudinal que va desde los 5.760 hasta los 180 m sobre el nivel del mar; es esencialmente montañosa con relieves abruptos y profundos cañones, conforma una gran diversidad de pisos ecológicos. Su hidrografía posee gran cantidad de cuencas hidrológicas y está conformada por los ríos Tuichi, Madidi y Quendeque.
Esta maravilla de la naturaleza que es considerada patrimonio de la humanidad, ha sido vista por el gobierno -dentro del Proyecto Hidroeléctrico Angosto de El Bala- como espacio importante para la instalación de dos centrales hidroeléctricas -El Bala y El Chepete- para producir: con la hidroeléctrica El Chepete 3.251 megavatios y con El Bala 425. Ambas tendrán un costo de 6 mil millones de dólares monto que, por los bajos precios de la electricidad en los mercados de exportación, tardará muchísimos años en recuperarse y, muchos más en proporcionar utilidades; pero, lo grave radica en que todo será mediante el sacrificio de 200 mil hectáreas de ricos bosques, pérdidas en fauna y flora y destrucción de vegetales de toda clase al margen de tener que desplazarse a casi 20 comunidades indígenas que habitan en esas zonas. Las represas conformarán un lago de inmensas proporciones (casi la extensión del lago Titicaca en la parte que corresponde a Bolivia).
Es un hecho que cualquier inundación causa daños y, mucho más si las aguas permanecen indefinidamente y ello daña la diversidad biológica y el material que se pudre genera metano que es un gas muy dañino y, sobre todo, las aguas inundarán tierras con contenidos muy ricos y necesarios para la conservación de la naturaleza. Lo más grave es que se atentará contra la existencia de muchas familias que viven en la región y, por más que se anuncien traslados a otras regiones, nadie garantiza que ellas sean efectivas y convenientes y, para muestra, está el caso de 50 familias trasplantadas a sitios de Pando y de cuya situación nadie ha informado.
La energía que se logre con ambas hidroeléctricas bien puede ser lograda con sistemas alternativos como generación con rayos solares, energía eólica, termoeléctrica y otros con inclusión del litio y lo últimamente descubierto: el grafeno que es potencialmente más rendidor que cualquier sistema de energía y muchísimo más barato. El Bala es, sin duda alguna una de las maravillas de la naturaleza; pero su utilización mediante el cierre del espacio que debe ser de varios metros, se perjudicará a todo el medio ambiente, a la diversidad, al derecho de vida de pobladores, a la fauna y flora.
Hace poco tiempo, el Presidente anunció que se “invertirán 1.624 millones de dólares” en la construcción de hospitales; cabría preguntar, con 33,8 millones de dólares que se invertirán tan sólo en los estudios sobre El Bala, ¿cuántos hospitales y centros educativos debidamente provistos de lo más moderno se podría construir? ¿Cuántos caminos serían posibles? ¿Cuántas viviendas podrían construir y cuántos asilos para ancianos podrían crearse? Son muchas las obras que pueden concretarse con tanto dinero.
Lo mismo corre con la posible inversión de 6 mil millones de dólares: ¿No servirían mejor siendo invertidos para paliar la pobreza en el país, para cambios en la educación y atención de salud integral para los bolivianos? ¿Cuánta dependencia y pobreza se podrían superar?
El caso será analizado por muchos estudiosos y entendidos en esta materia de El Bala, las represas y las plantas de energía eléctrica. Los apuntes de esta nota son, simplemente, mensajes para que no se cometa el desatino de un proyecto tan caro y muy lejano de ser realidad en los resultados que, muy optimista, ven el gobierno y sus equipos.


http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160812/opinion.php?n=17&-represas-el-bala-y-el-chepete-graves-amenazas-para-el-pais


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Chevron en Ecuador: un asunto de poder


ALAI AMLATINA


Una corporación transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos, por parte del Ecuador de tiempos neoliberales y por esos reclamos, de hechos que alega sucedieron entre 1964-1992, justamente, cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales, el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio 2016[1].

La transnacional, luego de haber causado significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la responsabilidad y con insospechados argumentos, impuso a la República del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2009)[2], acusando al país de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.

Pero, esta es la misma transnacional que, en un caso precedente[3] (2003-2011), conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por daños a poblaciones amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a indemnizar con una suma de 9.500 millones de dólares a los demandantes, unas 30.000 personas. Sentencia incumplida por la transnacional que más bien vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y campesinas de extorsión.

Ha esquivado también la sentencia a pedir perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo cual el dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8.500 millones de dólares. Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje.

La demanda de arbitraje de la Chevron a Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de ‘los afectados’, como para coartar las políticas de soberanía energética, productiva y económica enunciadas en el país. Pues el arbitraje extrajudicial, preferido por las corporaciones, por considerarlo ‘expedito’ y distante de los ‘rudimentos’ de la legislación internacional, exige a los países renunciar a sus prerrogativas nacionales y en casos hasta internacionales.

Más aún, como señala el experto Gus Van Harten[4], sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros. Ejercen, además, gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los arbitrajes y otros elementos, que optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados en su ventaja.

Esto es manifiesto en la demanda de Chevron contra Ecuador, donde las variantes de ‘procedimiento’ comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la ‘subdivisión’ de problemáticas e incluso un ‘reinicio’, que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso, mientras que, durante años, la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado a solicitar, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros[5].

Asimismo, la definición de ‘perjuicio’ o de ‘injusticia’ con la que la corporación formula su demanda, no refiere a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna perturbación del privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión, el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en los tribunales de arbitraje internacional.

La sede del arbitraje es Estados Unidos, país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado por Alejandro Teitelbaum[6], autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia, mencionamos el caso de la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante buque.[7]

Pero este no es un caso aislado, numerosos estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto de ‘Mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en palabras de la estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos”[8],

Son parte de esta arquitectura del comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos[9], bajo cuyo paraguas mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en 1993 sólo entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía se retiró del país en 1992.

Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar por la plena seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de comercio transnacional se habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’[10].

El poder en toda su amplitud

Chevron figura entre las mayores transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015 ascendieron a $129.900'000.000,00 dólares USA[11], equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, US$36.317 millones[12], 16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional, comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de $200.500’000.000,00 USA[13], es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.

Su poderío se expresa en una amplia expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la ocurrida el 2000 con Texaco. Esta práctica de poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político, actúan como complemento de una ofensiva legal sin barreras.

Es más, la amplitud de acciones deja entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.

En el proceso de arbitraje, mientras acusa a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios. Las palabras 'corrupción', 'fraude', 'coaligados', son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, que incluso el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de golpes blandos[14].

Ecuador por su parte, en desigualdad de condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los cuales ha operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia el banquillo de los acusados. Es una defensa 'defensiva' y disciplinada a los condicionamientos del mecanismo arbitral.

Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes? ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?

Abundante bibliografía, con significativas credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse, por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.

Una demanda internacional extrajudicial contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la soberanía, tiene que ver con geo economía y geopolítica petrolera. En otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y multidisciplinaria.

Además, Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio[15], que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto, contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat, causaron enfermedades, y otros.

Y eso sólo es una parte de las consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues como lo señala el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces mayor al causado por la British Petroleum en el Golfo de México[16] (2010), que beneficio de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y obtuvo reparación.

Y justamente, es determinante desde la mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la contaminación, que amparado por el mandato constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios ha realizado el Presidente Correa. Esto marca un hito histórico, que empina el sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.

Estos hechos han movido ampliamente a movimientos sociales, personalidades, diversos actores sociales del mundo, quienes se han expresado y en casos hasta se han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa inversión de papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales, instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el país.

El pago, los embargos y otras confusiones

Chevron utiliza sin ambages argumentos del ‘caso afectados amazónicos’ para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países, es más, denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales, que el gobierno no anule la sentencia de Lago Agrio[17] y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos[18], pero en contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales.

Tan es así, que en el reciente incidente del pago de $112 millones USA, que el país se vio obligado a sufragar a la transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia, cundió la confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene una maraña de juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir el pago que ella sí tiene pendiente con los indígenas y campesinos amazónicos.

Estos últimos, por su parte, en la busca de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países. Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los amazónicos reclamaron el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil millones que la transnacional les debe.

Por otro lado, también la Chevron pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el monto antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos. Por lo que los indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar el embargo en Ecuador, ante la consideración de que ellos son parte de este país y que cualquier confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.

En síntesis, la Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a la Chevron y no al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más amplia aún en curso.

El país está inmerso en la trampa de un sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía y para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada gesto de coherencia cuenta.

Notas:

[1] Entre 91 y 93 Texaco (Chevron) planteó siete demandas comerciales a Ecuador, por hechos sucedidos en décadas anteriores. En 2016 la Corte federal de Washington ratificó una sentencia de denegación de justicia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, que conminó al país a pagar $96.3 millones de dólares USA más intereses a la transnacional.

[2] Permanent Court of Arbitration, PCA Case No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49

[3] Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011. http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf

[4] Gus van Harten, Five Justifications for Investment Treaties: A Critical Discussion, York University - Osgoode Hall Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928

[5] Diego García Carrión, Caso Chevron: defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015

[6] Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pg 86

[7] Idem 6, pg 87

[8] Transnational Institute, Laurie Wallach, Public policies under attack, Netherlands:2015, https://www.tni.org/es/node/22496

[9] SICE, Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones, http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp

[10] Juan Hernández Subizarreta y Pedro Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015

[11] Chevron, 2015 Annual Report, https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf

[12] Ministerio de Finanzas, Proforma del Presupuesto General del Estado, República del Ecuador 2015, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma-del-PGE-2015.pdf

[13] Idem.11

[14] Orlando Pérez, Director de El Telegrafo, co autor del libro La verdad no contamina, El Telégrafo, Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de Chevron, asociada a la estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700 millones de dólares USA, http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view&id=2818759511umt=orlando_perez_estrategia_comunicacional_chevron_forma_parte_golpes_estado_blandos_audio

[15] Son 80.000 toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992, en un entorno de unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana.

[16] En 2015 la British Petroleum se comprometió a indemnizar US$20.800 millones, por el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444070551_444278.html

[17] Idem 3

[18] Según la Chevron, las cosas son así: “On February 7, 2013, the Tribunal issued its Fourth Interim Award in which it declared that the Republic of Ecuador “has violated the First and Second Interim Awards under the [BIT], the UNCITRAL Rules and international law in regard to the finalization and enforcement subject to execution of the Lago Agrio Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to) Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently filed in the District Court of the Hague a request to set aside the Tribunal’s Interim Awards and the First Partial Award (described below), and on January 20, 2016, the District Court denied the Republic’s request.” Chevron, 2015 Annual Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/179469



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“Salvar árboles”, una lucha contra la indolencia de la razón


Rebelión


En la pueblerina calle Crisanto Gómez del departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca (un fragmento territorial periférico e irrelevante para el mundo global si los hay), acontece en estos días una controversia que bien condensa, sin exageración alguna, el principal drama existencial que aflige hoy a la especie humana. Un grupo de vecinos, liderado moralmente por mujeres, ha emprendido medidas decididas a salvar la vida de árboles centenarios, extrañamente amenazados por la iniciativa ejecutiva del gobierno municipal -órgano que jurídica y presuntivamente tiene su razón de ser en la función de velar por los intereses generales y el Buen Vivir de los vecinos-, sus representados.
Un espasmódico e improvisado acto de pavimentación impulsado por el gobierno municipal ha sido el detonante: los árboles aparecieron como obstáculo al mandato oficial de ensanchar las vías de circulación de los vehículos automotores. El asfalto, la velocidad, los autos y las motos, son todos signos distintivos de modernidad y de progreso. Cuanto más nuevos, más veloces; cuanto más veloces, mejor. Las calles angostas dificultan la circulación (de los vehículos); los árboles obstruyen no sólo la posibilidad de ensanchar las calles sino que además dificultan la visual de los conductores, lo cual redunda potencialmente en un incremento de los accidentes de tránsito.
Argumentos de este estilo –que considerados con mediana atención resultan hasta atentatorios contra las presunciones más básicas de la inteligencia humana- han sido esgrimidos para justificar la necesidad del asfaltado y la inevitabilidad de la muerte de los árboles en cuestión. Tales razonamientos no serían de peso en sí, a no ser por la familiaridad que éstos guardan con el sentido común hegemónico y las sensibilidades sociales políticamente dominantes en nuestros días; y ése es, a nuestro entender, el problema de fondo.
Con picardía política –que es muy diferente a la inteligencia aguda y más aún a la sabiduría-, el poder gubernamental ha procurado asociar la sobrevivencia de los árboles a la perpetuación de las calles de tierra, instalando una falsa dicotomía (los árboles o el asfalto) como “guiño” demagógico para cosechar apoyo a su iniciativa “modernizadora”. Lógicamente, en este mundo, no cabe esperar que alguien en su “sano juicio” se oponga al asfalto. La calle de tierra es, por antonomasia, signo emblemático de “atraso” y de “carencia”. Si para salir del atraso, si para desarrollarnos, es preciso arrancar unos cuantos árboles, pues un repentino “arrebato ambientalista” de unos cuantos vecinos, no puede oponérsele. La argumentación oficialista no sólo busca contraponer la “pretensión de unos pocos” contra la “voluntad de la mayoría”, sino más radicalmente, el sentimentalismo contra la racionalidad. Desde la lógica de la racionalidad (dominante) aparece como absolutamente ilógico que la preservación de “unos cuantos árboles” impida “nuestra necesidad de progreso”. Lo más lógico y racional es –propone el municipio- “pagar el precio del progreso”, quitar los árboles del medio del asfalto y, como medida “restitutiva”, plantar otros árboles (si quieren, muchos más), en otros lugares, donde no estorbe la circulación de los vehículos…

Apelando al sentido común dominante y a las prescripciones del universo de creencias modernas, el argumento oficial pretende persuadirnos de que querer preservar los árboles es un capricho romántico, sentimental, en tanto que arrancarlos es lo racional; cuando en realidad, la decisión de talar los árboles se apoya ella misma en una determinada forma de (in)sensibilidad: una sensibilidad social que prioriza la movilidad de los autos por sobre otros eventuales valores.
Se trata de una sensibilidad muy propia de la cultura hegemónica moderna. En el último tercio del siglo pasado, el filósofo austro-francés André Gorz publicaba un artículo en el que advertía hasta qué punto “La ideología social del automóvil” (1975) se había convertido en un sentimiento masivo profundamente arraigado y que afectaba las bases más elementales de la sociabilidad. “El automovilismo de masas materializa un triunfo absoluto de la ideología burguesa en el campo de la práctica cotidiana: fundamenta y cultiva en cada cual la creencia ilusoria de que cada individuo puede prevalecer y sacar ventajas a expensas de todos los demás. El egoísmo agresivo y cruel del conductor, a cada instante, asesina simbólicamente “a los otros”, a los que sólo percibe como molestias materiales y obstáculos para su propia velocidad”.
El sociólogo norteamericano Richard Sennett, al rastrear las particularidades de la ciudad occidental, va más allá todavía; señala que la ciudad moderna nace con el triunfo de la movilidad por sobre toda otra consideración o forma de valoración social: “El individuo moderno es, por encima de todo, un ser humano móvil”. Adam Smith fue el primer pensador en percatarse de semejante cambio: “Smith, al observar el frenético comportamiento económico de sus contemporáneos percibió que, para éstos, (…) la circulación de bienes y dinero era más provechosa que la posesión fija y estable”. No obstante, afirma Sennett, los beneficios de una economía circulante se logran a expensas de un alto precio: el libre desplazamiento “disminuye la percepción sensorial, el interés por los lugares y por la gente. Toda conexión profunda con el entorno amenaza con atar al individuo… para moverse con libertad, no se pueden tener muchos sentimientos.” (“Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental”, Ed. Alianza, Madrid, 1997: 274).
Así, desde nuestro campo de investigación, la ecología política, podemos ver que la disputa por los árboles de la Crisanto Gómez consiste, en el fondo en una disputa afectiva, sentimental. La campaña “salvar árboles de Valle Viejo” emprendida por un grupo de vecinas, es una acción política-sentimental. Pues, sentir que el arrancamiento de un árbol afecta nuestras vidas, sentirlo como una pérdida y un dolor inaceptable, es una emoción y un sentimiento humanono sentir absolutamente nada, también.
Pretender que las emociones y los sentimientos son lo contrario de la racionalidad es, cuanto menos, un anacronismo epistemológico. Las nuevas perspectivas científicas nos hacen comprender que las emociones y los sentimientos son constitutivos de la racionalidad y, más aún, hacen al sustrato motivacional de la especificidad humana. Esto quiere decir que, l o que sentimos no son “puras sensiblerías”; los sentimientos no son tampoco un dato biológico, ni meramente psicológico; son una construcción política. Aunque personales, los sentimientos se con-forman inter-subjetivamente, se construyen en y a través de las relaciones; no salen ‘prefabricados’ de nuestros cuerpos; se van moldeando por y a través de las relaciones que se entre-tejen entre unos cuerpos con otros y entre los cuerpos con la naturaleza, el propio territorio-habitado.
En consecuencia, todo lo que hagamos en y con nuestro entorno socioambiental, insoslayablemente nos afecta: moldea nuestra afectividad, nos percatemos de ello o no. Nuestras capacidades (o discapacidades) perceptivas, sensoriales y afectivas son históricamente construidas por y a través del proceso acumulativo de las experiencias y las prácticas sociales; los sentimientos y las formas predominantes de la sensibilidad social no son ajenas de las estructuras de poder y del ordenamiento social que regula y estructura a una sociedad; son más bien, un producto y un efecto de dicho “orden”.
Así, sentir que es absolutamente lógico derribar árboles centenarios para ensanchar las calles, es una expresión efectivamente política de una cierta sensibilidad social: la sensibilidad propia de lo que el jurista y filósofo portugués Boaventura de Souza Santos ha llamado “la indolencia de la razón” (Souza Santos, “Una epistemología del Sur”, Siglo XXI, Bs. As., 2009). Volviendo a Sennett, esa indolencia, o incapacidad de sentir el dolor que afecta a nuestras propias vidas, tiene una etiología muy precisa: se origina en las formas modernas de concebir las ciudades y en los efectos que sobre los cuerpos tienen el triunfo de la movilidadpor sobre el de la habitabilidad. Según el sociólogo norteamericano, hoy, a causa de que “el deseo de moverse con libertad ha triunfado sobre los estímulos sensoriales del espacio”, hoy, “el individuo móvil contemporáneo ha sufrido una especie de crisis táctil: el movimiento ha contribuido a privar al cuerpo de sensibilidad. Este principio general se ha hecho realidad en las ciudades sometidas a la necesidad del tráfico y del movimiento individual rápido” (Op. cit., 274).
En definitiva, lo que podemos ver en el conflicto por los árboles de la Crisanto Gómez, es que –aún siéndolo- no es apenas un conflicto local, ni mucho menos políticamente insignificante. Como dijimos, ese conflicto resume en toda su complejidad, la naturaleza de los desafíos ecobiopoliticos que afecta a la especie humana en este tercer milenio de la era cristiana. Pues, lo que un puñado de valerosas mujeres que salieron a defender los árboles de sus territorios habitados nos muestra, y lo que nos desafía a pensar, es hasta qué punto ha llegado a naturalizarse la destructividad intrínseca de la forma moderna de concebir el progreso. Como individuos modernos, presumidamente racionales, estamos lógicamente (mal)educados en aceptar la lógica sacrificial del “desarrollo” y entender que lo racional es siempre pagar “su costo”, sea el que fuere.
Aunque a estas alturas de la crisis climática y el calentamiento global, es evidente que los árboles son una necesidad vital para los seres humanos, que nosotros dependemos de ellos, como no así ellos de nosotros, aún así, seguimos pensando y tomando decisiones políticas basadas en esa indolencia de la razón; esa forma de racionalidad que nos impide ver y sentir hasta qué punto lo que entendemos por “progreso”, y su avance arrollador, es lo que nos está matando.
A esta altura de la historia, los humanos nos hemos convertido en una especie peligrosa para nosotros mismos, no ya sólo por los efectos de destructividad y toxicidad de nuestro “crecimiento económico”, sino principalmente porque ese mismo “crecimiento” nos hace incapaces de sentir y percibir el proceso de devastación de la vida en el que nos hallamos inmersos. A causa de esa forma de “razonar” y de sentir, nos hemos vuelto una especie que, como dice un historiador ambiental, “cuanto más conocemos, más peligrosos resultamos para nosotros mismos y para otras formas de vida” (Worster, “Transformaciones de la Tierra”, Coscoroba, Montevideo, 2008: 13).
No se trata de reclamar “medidas restitutivas”. En esta época de “economía verde”, donde el capitalismo ha colonizado las preocupaciones ecologistas y las ha fagocitado, haciendo de éstas una nueva moda del consumismo desenfrenado y un acelerador de las tasas de ganancia, la cuestión no está en “talar pero reforestar”. Se trata del valor social de la vida; del valor social del tiempo vital. Un árbol centenario talado hoy, son por lo menos dos generaciones privadas de su sombra y sus funciones ecosistémicas; por otro lado, quién sabe cómo estará en clima de aquí a cien años; quien sabe qué será de esos plantines que se plantan hoy… Y qué será de nuestros nietos. Pretender saberlo, más que con la arrogancia de la razón, tiene que ver con supina ignorancia e insensatez… Esta lucha, por pequeña que parezca, como las luchas contra el modelo minero y el modelo sojero de “desarrollo” férreamente instalado en nuestra tierra, es una lucha crucial, donde la humanidad de lo humano pugna por recuperar su sentido; su sensibilidad vital, el sentido de la vida.



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jueves, 11 de agosto de 2016

El Bala: estudio prevé relocalizar comunidades


La localidad de San Miguel de El Bala, donde el Gobierno proyecta construir una hidroeléctrica, en La Paz. | Daniel James
La propuesta “Chepete 400 + Bala 220” que fue priorizada como la mejor opción en el Estudio de Identificación del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, contempla la relocalización de comunidades indígenas y sindicatos agrarios, según el Estudio de Identificación del Proyecto Hidroeléctrico El Bala que fue divulgado por la Fundación Solón.
“Cabe destacar que esta alternativa (A5a), afectará territorialmente, aguas arriba del Estrecho Chepete, a los centros poblados con tendencia a la urbanización (Inicua, Mayaya, Puerto Linares, Santa Ana de Mosetenes, entre otros), que son considerados Sindicatos Agrarios”, señala el documento.
La alternativa A5a es una de las cuatro opciones que se analizaron en el estudio desde una perspectiva social, técnica, medioambiental y económico-financiera.
En ese sentido, la empresa Geodata Engineering, encargada del estudio, optó por elaborar la ficha ambiental para la construcción del “Componente 1 Angosto Chepete 400”, que fue avalada por el Gobierno tras la firma del contrato de Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para el proyecto hidroeléctrico El Bala.
Según la ficha ambiental del Chepete, son 2.314 habitantes que  están actualmente dentro del embalse y pertenecen a 15 sindicatos agrarios y a cinco pueblos indígena originario campesinos. Los habitantes colindantes al área del Estudio de Identificación son 1.660. Lo que hace un total de casi cuatro mil personas afectadas.
Respecto a las comunidades afectadas, el documento señala que: “Su grado de apropiación con la tierra tiene una relación socioeconómica mercantil, si una relocalización implica una mejora de condiciones económicas, difícilmente presentarán escenarios de conflicto”.
Añade que si bien son demográficamente más concentrados, presentan “menos escenarios de conflictividad”, por lo que “la reposición de tierras y fondos de apoyo, son herramientas prácticas de negociación para estos sectores”. Califica las medidas planteadas como  con “fáciles condiciones de aceptación”.
El investigador del Centro de Documentación e información de Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, explicó que más que desplazar a poblaciones locales de esa región implica generar un desapego de las tierras de las que subsisten.
“Algunas de estas poblaciones ya han incluso sacado un pronunciamiento sobre el rechazo a este proyecto”, indicó Campanini. Explicó que el emplazamiento también afectará a las áreas cultivables y las zonas de pesca de las personas que habitan en la región.
El estudio elaborado por Geodata Engineering identifica, también, la presencia de grupos indígenas Toromonas en aislamiento voluntario en la zona de impacto del proyecto hidroeléctrico al interior del Madidi.

EMBALSE
Según la ficha ambiental del estudio al que accedió la Fundación Solón, que no se pudo comprobar si es oficial, el “Componente 1 Angosto Chepete 400” implica construir un embalse con “un nivel máximo extraordinario en la cota 400 metros sobre el nivel del mar (msnm)” e inundaría una superficie de 679.98 kilómetros cuadrados.
Pero su nivel de operación normal sería a 390 msnm e inundaría una superficie de 595.28 kilómetros cuadrados, mientras que el volumen mínimo de operación estaría en la cota 321.35 msnm, con una superficie inundada de 195.06 kilómetros cuadrados.

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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160811/bala-estudio-preve-relocalizar-comunidades

El conflicto capital-planeta


Rebelión


"Creo que no lograremos derrotar al capital con nuestros propios medios. Quien derrotará al capital será la Tierra, negando los medios de producción, como el agua y los bienes de servicio, obligando a cerrar las fábricas, a terminar con ilusorios grandes proyectos de crecimiento" (Leonardo Boff)



Para el Marxismo clásico únicamente existía (y continúa existiendo) el conflicto capital-trabajo, expresado de varias formas, pero sobre todo, en la desigual correlación de fuerzas que representa el modelo de producción capitalista, en lo que se refiere al control y la propiedad de los medios de producción. El Socialismo del siglo XXI ha de luchar, como no podía ser de otra forma, contra este conflicto, pero a raíz de las aportaciones de las corrientes ecologistas, naturalistas y animalistas, hemos de contemplar también la resolución de otro gran conflicto, que pudiéramos denominar conflicto capital-planeta. Porque en efecto, la crisis del modelo de civilización occidental, expresado como la globalización del capitalismo en su fase neoliberal, arrastra no sólo los clásicos conflictos que ya definieran perfectamente Marx y sus colaboradores, sino que en su nueva fase de explotación global a escala planetaria, la crisis civilizatoria del capital se enfrenta a la destrucción de la naturaleza, de sus recursos básicos y vitales, de las materias primas fundamentales, y de la destrucción del equilibrio de todos los ecosistemas que permiten la vida en nuestro planeta. 
El conflicto capital-planeta ha de ser entendido como un conflicto derivado, consecuencia del propio conflicto originario capital-trabajo. En última instancia, otra derivación del capitalismo. Y ello porque en su afán de expansión sin límites, el capitalismo no tiene otra salida más que continuar depredando las únicas fuentes de riqueza que encuentra, siendo éstas en última instancia las que el propio entorno natural posee. Y así, el fenómeno que hemos dado en llamar "Cambio Climático", expresado evolutivamente de mil formas distintas y con consecuencias devastadoras para todas las especies y seres vivos que habitan el planeta, no es más que la consecuencia última, terminante y definitiva derivada de la funesta acción del capitalismo sobre la faz de la tierra. Y así, el extractivismo sin límites, el especismo despiadado, la paulatina descomposición de todos los elementos naturales básicos (el mar, el aire, los bosques, el agua...), el acaparamiento y la escasez de recursos naturales (fundamentalmente el agua y el petróleo), todo ello unido a la guinda del pastel que supone la instrumentalización de la guerra como continuación del negocio capitalista, nos dibujan un desolador panorama que conducirá más temprano que tarde a la autodestrucción de nuestro planeta por parte del ser humano. 
En realidad, el conflicto capital-planeta se ha agudizado como consecuencia directa de la mayor competencia internacional (derivada de la propia globalización y de la implantación de perversos tratados comerciales), y de la producción masiva de productos a partir de la transformación de materiales mediante el consumo de energías fósiles. Los modelos energéticos alternativos y renovables, cuya eficacia y eficiencia están sobradamente demostradas, están siendo ignorados expresamente por vasallos gobiernos al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, que únicamente contemplan el aumento de sus cuentas de resultados. Esta competencia internacional se manifiesta en una carrera por el acaparamiento de los recursos naturales, en una demencial espiral diabólica que está destinada no sólo a su agotamiento, sino también, dada su creciente escasez, a la privatización de los derechos de acceso a dichos recursos. Y mientras los gobiernos de países "desarrollados" miran hacia otro lado, miles de millones de seres humanos y de otras especies mueren de hambre o de sed, o de enfermedades que podrían curarse si los medicamentos no fueran también una mercancía en manos de depravadas corporaciones internacionales. Hoy día ya la amenaza ecológica es de tal envergadura, que es imposible pensar ningún proyecto político mínimamente razonable que no integre de forma transversal la perspectiva ecológica, y que no diseñe un horizonte de sociedad que se nutra de fuentes energéticas sostenibles, limpias, naturales y renovables. 
Las alternativas son muchas y de muy diversa índole, pero el problema fundamental es de voluntad política para ponerlas en marcha, y de cortedad de miras bajo modelos sociales alienados por los valores capitalistas. Muchos modelos, más o menos integrados, más o menos directos, de mayor o menor envergadura, más o menos radicales, se perfilan como soluciones: desde el tímido "capitalismo verde", pasando por el llamado "ecosocialismo", los modelos y patrones del "decrecimiento", austeridad (bien entendida, no como el falso paradigma neoliberal), diversos patrones de responsabilidad ambiental ( comercio justo, consumo responsable...), hasta quizá las soluciones más integrales, englobadas en los diversos paradigmas que se han englobado bajo la expresión del "Buen Vivir", que preconizan, desde el reconocimiento básico de los derechos de la Madre Tierra (esto es, el reconocimiento de la propia naturaleza como sujeto de derechos), pasando por una revolución en todos los modelos de producción, energéticos, de distribución, de consumo y de desecho. Ante el conflicto capital-planeta, nos encontramos en una paradógica pero peligrosa situación, en la cual están diseñadas las alternativas, pero no existe una generalización en torno a la concienciación global de la gravedad del mismo. 
A pesar de las continuas evidencias científicas que cada día se aportan, y de los innumerables foros donde se conciencia sobre el tema, y se publican solemnes declaraciones de intenciones (la COP21 de París ha sido la última), no existe como decimos una clara determinación en cuanto a la adopción generalizada de políticas sociales, económicas y energéticas que puedan reducir los efectos del conflicto, pero sobre todo, que puedan atajarlo desde su base, esto es, alterando la filosofía de las relaciones de producción capitalistas. Y es que desde hace mucho tiempo que las sociedades (sobre todo las más desarrolladas) profesamos un total desprecio hacia el medio ambiente y sus leyes naturales, y únicamente se expresa, a escala tanto local como global, una voracidad sin límites en busca del beneficio de una minoría (estimada ya en el 1% más rico del planeta), cueste lo que cueste. El poder de dicha minoría es tan absoluto, y sus intereses tan irracionales y miopes, que resulta extremadamente complicado revertir dicha tendencia. Ese desprecio hacia el medio ambiente se manifiesta bajo multitud de criterios, que se trasladan después a hechos políticos determinados: políticas de trasvases, destrucción de costas, construcciones faraónicas, proyectos insostenibles, incumplimiento de normativas ambientales, extractivismo descontrolado, y progresiva destrucción de los ecosistemas naturales. ​ 
El expolio que la propia naturaleza viene sufriendo durante las últimas décadas de globalización capitalista no tiene límites, o mejor dicho, sí los tiene, y son los límites de un planeta y de unos recursos limitados y finitos. Por tanto, el conflicto capital-planeta está servido: el capitalismo ya sólo puede crecer a costa de destruir el medio natural, y no puede dejar de crecer porque es parte de su esencia, su razón de ser. Además, no es concebible una sociedad desregulada social y económicamente, y regulada ambientalmente, porque ambos parámetros entran en clara contradicción. De hecho, una de las primeras medidas que han ido aplicando los gobiernos conservadores y neoliberales en todo el mundo ha sido justamente destruir la legislación medioambiental, que había sido impulsada tiempo atrás por la presión social, los movimientos ecologistas y los gobiernos socialdemócratas. La nueva hornada de salvajes tratados comerciales (TPP, TTIP, TISA...) ponen también su foco en dicha legislación, que las grandes corporaciones entienden como una "barrera" para el comercio transnacional. Esta desregulación ambiental afectará profundamente a la calidad de vida de la población, porque provocará un encarecimiento de las materias primas, gravísimas hambrunas, migraciones masivas, éxodos de población y desarrollo de nuevas enfermedades, lo que limitará la supervivencia de la especie humana y la de otros muchos animales. 
¿Cómo podemos y debemos enfrentarnos al grave conflicto capital-planeta? Defendiendo a capa y espada al medio ambiente, tomando conciencia de la gravedad de dicho conflicto, cambiando profundamente los modelos de relaciones productivas y sociales, por lo que su defensa consecuente pasa necesariamente por el progresivo abandono del modelo actual, y la progresiva migración hacia modelos anticapitalistas, lo que implica también asumir que la revolución ecológica es también una revolución pendiente de primer orden que debemos poner en marcha. No basta con los formales apoyos a la defensa del medio ambiente y las tímidas y contradictorias leyes y medidas prácticas, que de vez en cuando se perfilan para parchear el grave conflicto, sino que será necesario asumir la lucha ecológica como otra cara, otra faceta imprescindible en la lucha contra el modelo capitalista, y avanzar consecuentemente en un modelo de producción y de desarrollo absolutamente distinto: bajo otros moldes, con otros objetivos, con otros valores, con otros medios. En palabras de Homar Garcés: "Se hace imprescindible, por consiguiente, el surgimiento inaplazable de nuevos paradigmas culturales y económicos que tengan como rasgos destacados la interculturalidad, una filosofía de vida alejada de la lógica del capitalismo y un nuevo patrón de relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza que sirvan como muro de contención a las ambiciones hegemónicas de los grandes centros de poder político y económico existentes". 
En vez de en el beneficio monetarista, pongamos el foco en los otros parámetros donde debemos crecer, tales como la solidaridad, los derechos humanos, la paz, la justicia social, la igualdad. Existen otros parámetros para medir el progreso y las necesidades humanas que tenemos que poner en valor. Ya no es un simple deseo, una ilusión o una quimera idealista, sino una imperiosa necesidad, si no queremos destruir todo lo que nos rodea. La necesidad de alcanzar una sociedad basada en la colaboración y la solidaridad frente a la competencia, en el aprovechamiento frente al despilfarro, en el respeto y goce de la naturaleza frente a su explotación y destrucción. Pero esto también nos obligará a cambiar nuestro concepto de ser humano con una concepción de la felicidad contraria a la cultura impuesta por el capital. Con el derecho al tiempo, al ocio, al disfrute, a la libertad y a la diversidad. Nuevas escalas de valores y una nueva concepción del trabajo también deberán imponerse. En caso contrario, el conflicto capital-planeta nos estallará en nuestras propias narices, y no podremos hacer ya nada por evitar que nos arrastre por los derroteros de su destrucción. De hecho, quizá sea ya demasiado tarde.




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miércoles, 10 de agosto de 2016

África podría alimentar al mundo entero, si tan solo…


La agricultura climáticamente inteligente es una estrategia que ayuda a guiar las acciones necesarias para transformar y reorientar los sistemas agrícolas con el fin de apoyar el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en un clima cambiante. Crédito: FAO
La agricultura climáticamente inteligente es una estrategia que ayuda a guiar las acciones necesarias para transformar y reorientar los sistemas agrícolas con el fin de apoyar el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en un clima cambiante. Crédito: FAO
 Por Baher Kamal


ROMA, 10 ago 2016 (IPS) - ¿La agricultura africana puede alimentar al mundo? La respuesta es “sí”. Aunque osada, la afirmación se basa en hechos concretos. África alberga 65 por ciento de la tierra fértil sin cultivar del planeta y 10 por ciento de los recursos renovables de agua dulce, y en los últimos 30 años su producción agrícola creció 160 por ciento.
Estos datos los aporta la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (Nepad), el cuerpo técnico de la Unión Africana, en un informe publicado en julio que recuerda que la población mundial llegará a los 10.000 millones de personas para 2050. 
En consecuencia, “tendremos que aumentar la producción agrícola al menos 70 por ciento”, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Dado que se prevé que la proporción de la población africana aumentará de 15 a 25 por ciento del total mundial, hay un reconocimiento creciente de que sus agricultores tendrán que desempeñar un papel clave, afirma la Nepad.
“Podemos y estaremos encantados de alimentar al mundo. Solo necesitamos el conocimiento y la financiación”, afirmó Raajeev Bopiah, gerente general de East Usambara Tea company, una empresa de Tanzania que produce más de cuatro millones de kilos de té al año.
Obstáculos
Existen varios escollos que impiden mejorar la productividad agrícola de África, según la Agencia de Planificación y Coordinación de la Nepad.
“Uno de los mayores obstáculos es el sistema desordenado de aranceles y las inflexibles políticas fronterizas que rigen las relaciones entre muchos de los 55 Estados del continente. Solo 13 países ofrecen ingreso sin visado o visa al ingresar a todos los africanos”, explica el Informe de Apertura de Visas de Áfricapublicado este año por elBanco Africano de Desarrollo.
Las empresas en las naciones sin litoral, en particular, se quejan de que el paso de sus productos por las fronteras es tan engorroso que suele generarles enormes pérdidas, según la Nepad.
“El transporte en África es tan difícil. Es caro y a veces arriesgado”, expresó Ahmad Ibrahim, de African Alligator, una empresa ugandesa dedicada a la venta de sésamo y maní. Las esperas en las fronteras “pueden ser largas, y los productos se pierden”, aseguró.
Organismos regionales, como la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, lograron cierto avance en la armonización de los trámites aduaneros y la mejora de algunos enlaces de transporte transfronterizo, pero muchos aseguran que el mismo es insuficiente.
“También dentro de sus propios Estados los gobiernos han mostrado una tendencia a obstaculizar el comercio de forma inadvertida. El régimen fiscal incoherente de Tanzania, por ejemplo, hace que los agricultores salten de una franca tributaria a otra. Los encargados de saldar las cuentas sostienen que es difícil planificar con mucha antelación por temor a encontrarse con la sorpresa de facturas elevadas”, observa la Nepad.
“No se puede planificar a largo plazo cuando se imponen nuevos impuestos sin tomar en consideración lo que es asequible y lo que no”, se quejó Raajeev.
La mala infraestructura también es un problema en gran parte del continente. El estado de las rutas en el norte de Tanzania limita severamente el volumen de mercancías que la empresa de té de Bopiah puede transportar en el trayecto de 70 kilómetros hasta el puerto de Tanga en el océano Índico.
“No se puede transportar más de cuatro toneladas por camión en las carreteras de tierra, en contraposición a las 20 toneladas que podría llevar por vías adecuadas. ¡Me cuesta cinco veces más!”, exclamó Bopiah.
En un ejemplo reciente, al menos 10 buques que transportaban 450.000 toneladas de trigo de emergencia para las zonas afectadas por la sequía en Etiopía a principios de este año tuvieron que esperar durante semanas en el mar debido a que el puerto de Djibouti no daba abasto con el volumen de la carga, informó la Nepad.
La FAO añade que la falta de silos y fuentes de energía erráticas también obligan a muchos productores de alimentos a recurrir a costosos generadores con el fin de activar sus bombas de agua e invernaderos. Aproximadamente 30 por ciento de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia o pierde por este motivo.
La falta de un almacenamiento adecuado significa que “el continente pierde alimentos por valor de 4.000 millones de dólares anuales por pérdida posterior a la cosecha”, destacó Richard Munang, un alto funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Las ineficiencias en las cadenas de valor agrícolas de África son la base de los problemas alimentarios”, añadió.
Con la mejora y la expansión de sus instalaciones, además de reforzar la producción eléctrica, África podría alcanzar rápidamente la autosuficiencia alimentaria.
Pero la corrupción sigue socavando el trabajo de los pequeños terratenientes y las grandes empresas agrícolas por igual. Y los agricultores también tienen limitadas oportunidades de financiación. La mayoría de los países carecen de bancos agrícolas, mientras que los bancos comerciales tienden a considerar la agricultura como una apuesta demasiado arriesgada.
“Piensan que el período de gestación es demasiado largo”, expresó Bopiah. “Por ejemplo, si desea plantar un cultivo determinado, podría tomar cinco años para que se amortice”, explicó.
Sin el acceso al crédito, muchos agricultores no pueden comprar las herramientas o los productos químicos que les permitirían aumentar su rendimiento. En un continente donde los rendimientos de trigo pueden ser apenas de 1,5 toneladas por hectárea – en comparación con tres o cuatro toneladas en otros lugares -, estas limitaciones son muy problemáticas.
“No tenemos el tiempo que los países en desarrollo tenían en los años 60. Hoy en África no solo hay que producir mejor, sino que en el mundo globalizado hay que vender mejor también”, advirtió Ousmane Badiane, director para África del Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria, informó la Nepad.
Traducido por Álvaro Queiruga

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