Un nuevo informe que analiza más de 250 artículos científicos revisados por pares encuentra que los impactos de la extracción de nódulos polimetálicos en aguas profundas serían extensos, severos y durarían por generaciones, causando una pérdida de especies esencialmente irreversible. El informe, que predice los impactos de la minería de nódulos polimetálicos de aguas profundas en el Océano Pacífico , también señala que hay poca o ninguna licencia social para extraer nódulos de aguas profundas y rechaza las afirmaciones de la compañía canadiense DeepGreen Metals de que habrá ganancias económicas para las economías de las islas del Pacífico .
El informe revela un claro consenso científico: la extracción de nódulos de aguas profundas causaría daños irreversibles a un océano que ya está bajo presión; que se justifica un enfoque precautorio; y una moratoria es el único camino responsable hacia adelante hasta que se cumplan varias condiciones fundamentales, incluidos los riesgos ambientales, sociales y económicos que deben entenderse de manera integral y sin pérdida de biodiversidad. El Dr. Andrew Chin, investigador principal del informe, declaró: “Solo hemos arañado la superficie de comprensión del océano profundo. La ciencia apenas comienza a apreciar que el fondo del mar no es un vacío, sino que está lleno de formas de vida maravillosas y únicas. Los ecosistemas de aguas profundas forman un reino interconectado con aguas medias y superficiales a través del movimiento de especies, flujos de energía y corrientes «.
«La extracción de nódulos no solo provocará la pérdida de estas especies y dañará los fondos marinos profundos durante miles de años, sino que también tendrá consecuencias negativas para el resto del océano y las personas que dependen de su salud».
Cubriendo el 30 por ciento de la superficie terrestre, los nódulos polimetálicos ricos en minerales del Océano Pacífico han generado especulaciones por parte de las compañías mineras y sus inversores. DeepGreen Metals de Canadá se ha asociado con tres gobiernos de las islas del Pacífico para obtener licencias de exploración para la zona Clarion Clipperton, que se extiende por 4.500 km entre Kiribati y México. Están instando a la ISA a las regulaciones de finalización y rápido para la minería de los fondos marinos con poca resistencia del secretario general de ISA .
La Dra. Helen Rosenbaum, de la Campaña Minera de las Aguas Profundas, dijo: «Bajo la cobertura de COVID-19, las regulaciones podrían aprobarse a pesar de la ausencia de un debate público significativo».
“DeepGreen promueve la minería en aguas profundas, ya que crea una gran riqueza con un mínimo o ningún impacto adverso. La ciencia no respalda sus afirmaciones. De hecho, la mejor investigación disponible indica claramente que la extracción de nódulos de aguas profundas pondrá a los estados insulares del Pacífico en gran riesgo «.
«Hay mucho en juego con las economías, las culturas, los medios de vida, la pesca, la seguridad alimentaria, el turismo y las especies marinas icónicas del Pacífico, todos amenazados por la extracción de nódulos en aguas profundas».
El Dr. Rosenbaum agregó: «La asociación de DeepGreen con Tonga, Kiribati y Nauru es potencialmente un catalizador para el conflicto con el impulso de Fiji, Vanuatu y Papua Nueva Guinea para una moratoria , y la oposición vocal de la sociedad civil del Pacífico a una industria que destruiría su océanos y estilo de vida del Pacífico «.
La Dra. Catherine Coumans, de Mining Watch Canada, dijo: «Los planes para explotar las aguas profundas muestran cada sello distintivo de los desastres ambientales que la minería industrial ha creado en la tierra, incluida la destrucción duradera del ecosistema y la imposibilidad de brindar beneficios a las comunidades locales y vulnerables países en desarrollo.»
“El estudio de caso del informe sobre el fallido proyecto de minería de aguas profundas de Nautilus Minerals atestigua las duras realidades de los operadores poco capitalizados y los contratos que protegen los intereses corporativos sobre los gobiernos. Este proyecto dejó al gobierno de Papua Nueva Guinea con una deuda de 125 millones de dólares. ”
DeepGreen Metales promueve la extracción de minerales de mar como preferible a la minería terrestre a la dirección proyectan escasez de minerales para la tecnología necesaria para reducir las emisiones globales de carbono.
El profesor Alex Rogers, un ecologista de aguas profundas ampliamente publicado y revisor experto del informe, refuta la afirmación de DeepGreen: “No estoy de acuerdo en que la extracción del fondo marino sea necesaria para lograr esto. Después de COVID-19, tenemos una oportunidad única para desarrollar una transición ‘verde’ hacia una economía sin carbono con formas mucho más sostenibles de cumplir con los requisitos de minerales ”.
«Podemos hacer esto a través de una mejor regulación de la minería terrestre, economías circulares basadas en diseño inteligente, reciclaje, reducción de la demanda y desarrollo de nuevas tecnologías, como baterías que no dependen de metales obtenidos con un alto costo ambiental».
“Desde la década de 1980, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible se han abierto camino cada vez más en la gestión de las industrias oceánicas como la pesca. La minería en aguas profundas es una reliquia, sobrante de los enfoques económicos extractivos de los años 60 y 70. Se plantea la cuestión de si la minería en aguas profundas tiene algún lugar en esta era moderna de una economía azul sostenible «. concluyó el profesor Rogers.
El informe está disponible aquí.
Para obtener más información, comuníquese con:
Dr. Andrew Chin, Autor principal (AUSTRALIA) +61 (0) 428 728 325, andrew.chin [at] jcu.edu.au
Un repaso a como ha afectado la pademia del coronavirus a algunas naciones indígenas en distintos países de Abaya Yala (no son todos, sólo los que hemos seguido y trabajado): Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Isla Tortuga (Navaho y Sioux) y Perú.
Brasil
Brasil es otro país golpeado con fuerza por el Covid-19 con 844 muertos (15 mayo).
En Manaos, Brasil, 16 indígenas fallecieron por el coronavirus. Esta nueva situación augura el incremento de la introducción de extractivismo e invasiones de tierras indígenas. El nuevo coronavirus golpea una región que recientemente ha sido afectada por uno de los peores brotes de dengue, además de zika y sarampión. En esos casos, la preocupación es que al ser vulnerable, esas personas también contraigan el coronavirus.
El pueblo guaraní es también la segunda población indígena más grande de Brasil, con 51.000 guaraníes kaiowás, habitando en el estado de Mato Grosso del Sur. El 16 de mayo en la Reserva Indígena de Dourados (RID), la reserva más poblada de Brasil con 17.300 habitantes, se confirmaron 10 casos de Coronavirus aunque se sospecha sean muchos más1. Todas las aldeas Guaraní Kaiowá están en alerta, estableciendo barreras de protección y bloqueando el acceso a sus territorios.
Las condiciones de vida en las aldeas indígenas no permiten el aislamiento doméstico, con lo que se facilita la transmisión. Por ello distintas organizaciones guaraní kaiowá2 han lanzado una campaña para recabar ayuda. El hospital de Dourados cuenta con pocas camas. Esta situación demuestra la incapacidad de los municipios para atender las necesidades de salud de los pueblos indígenas.
Ahora el plan de respuesta sanitaria indígena pasa a su segunda fase, con pruebas a gran escala y aislando a la población indígena en sus Tekohás (territorios indígenas), bloqueando los accesos a excepción de los trabajadores de la salud y la ayuda humanitaria.
La Secretaría de Salud Indígena sólo proporciona asistencia médica básica, por lo que precisan que los Servicios Estatales asuman la responsabilidad conjunta, así como una mejora de os servicios de emergencia.
Como en otros casos, por todo lo mencionado. el pueblo guaraní kiowa entiende esta situación que denominan de “racista e inhumana” como una prolongación del genocidio que han sufrido por siglos.
Colombia
En Colombia la alarma saltó cuando la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) informó de que cerca de 90 familias de Riosucio, en el Chocó tenían síntomas de coronavirus5. Después esto se desmintió, aunque sí fallecieron una señora de sesenta años y una niña de trece, según nos informó el activista colombiano Gabriel Marrugo.6Según la ONIC actualmente más de 315.000 familias indígenas se encuentran en alto riesgo de contagio (9 mayo)7. Según Marrugo “la situación evidencia que hay una necesidad urgente de mejorar el acceso a la atención para la salud en las comunidades indígenas en el Chocó, porque las condiciones sanitarias son muy precarias”.
A estas comunidades les sorprendió la crisis con una nueva ofensiva de los paramilitares de AUC y las guerrillas del ELN que aprovecharon la situación de la pandemia, como denunció también Marrugo: “la pandemia está sirviendo para ocultar la guerra en Colombia”.Familias del mismo municipio de Riosucio (Chocó), tuvieron que protegerse en la selva1. El 24 de abril unas 70 familias embera-eyábida de Urrao (Antioquia) también se vieron obligadas a dejar su comunidad por el mismo motivo, y otras 1000 quedaron en riesgo, como informó OIA (Organización Indígena de Antioquia).8 Nuevamente son las comunidades indígenas las más perjudicadas porque el fuego cruzado les pilló en medio. Pero además, la situación impuesta por la pandemia, les han privado de suministros, con lo que hizo a la situación más crítica si cabe.
“Tenemos necesidad de alimentación ya que no podemos sembrar mucho por la presencia de minas antipersona ya que el Gobierno, que declaró emergencia sanitaria el 16 de marzo, todavía no ha garantizado a estas comunidades ni la seguridad sanitaria ni acceso a alimentos”. Por ello CAMIZBA (Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato) inició la recolección de ayudas de para la damnificada comunidad indígena embera de Riosucio9
Por otra parte, en el departamento del Cauca, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)10 en plena pandemia, ha lanzado el “Plan de contingencia para la emergencia nacional desde el sistema territorial economico ambiental”. Este plan es parte de su Minga Hacia Dentro, el auzolan o trabajo comunitario, para poder abastecer a las personas que continuando con el confinamiento no tienen acceso a la alimentación. Para ello, el CRIC, que supera todas las capacidades de las instituciones, vuelve a incidir y a demostrar su nivel organizativo y de autogestión.
Patatas para distribuir en la minga del CRIC procedente de la zona fría.
Este plan además reafirma su autonomía alimentaria (producción, transformación, distribución, redistribución, consumo y comercialización) incidiendo en la propia economía de su gente, entendiendo el objetivo de esta propuesta como “defensa y control de la Madre Tierra y los Espacios de Vida, frente a efectos externos como el que nos atañe como lo es la emergencia causada por el COVID 19”. Para este plan, el CRIC también recauda fondos11, y también para las guardias que protegen las comunidades indígenas de la entrada de extraños, que precisan costear su bebida tradiciona, el aguapanela para mantenerlos con energía y salud (tiene mucha vitamina C, minerales y obviamente, mucha energía).
Ecuador
Ecuador ha sido uno de los países más castigado por el Covid-19, con 22.719 casos positivos de (cifras de finales de abril) y 3.600 muertos (13 marzo). Se suman en este caso muchas características particulares del país que hace difícil la protección: muchas personas en economía no oficial, falta de medios sanitarios, dificultades de abastecimiento alimentarias, etc, y su composición étnica con multitud de pueblos indígenas siempre más vulnerables por la dependencia y acoso que ejerce sobre ellos la sociedad capitalista.
Por ello la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que aglutina a las Nacionalidades indígenas, se mostró sorprendida con la decisión del Gobierno de levantar la cuarentena el 4 de mayo y por ello anunció que continuaría con la cuarentena en comunidades indígenas12. Esto implica que se mantiene la medida de aislamiento social (cuarentena) durante todo el mes de mayo, en territorios indígenas; el mantener las guardias comunitarias para controlar el acceso a territorios comunitarios, y guardar la disciplina colectiva; mantener las formas de intercambio comunitario para garantizar el abastecimiento. Abogan a la solidaridad para con las comunidades indígenas manteniendo precios justos y evitando la especulación de productos. También reclaman una vez más el uso de las lenguas originarias para informar debidamente a todas las personas.
CONAIE se muestra consciente del efecto económico que significa el confinamiento para las comunidades indígenas, pero ante eso también propone una gran minga (labor comunitaria) que levante su economía.
Entre las naciones, más afectadas, citar al pueblo Siekopai o secoya, que se mostró temeroso con el Covid-19 al entenderlo como un posible exterminio13. Según informa Jaime Plaza en Ojo Verde Ecuador (La Mula)14, entre el 14 y 21 de abril dos personas de esta nación amazónica, que habita en Ecuador y Perú, fallecieron con síntomas del coronavirus.
Siekopai – Infografía COVID-19
La Nación Siekopai fue duramente castigada por la primera explotación de petróleo en la Amazonía norte de Ecuador, en Sucumbíos, entre 1971 y 1992. Fueron unos de los primeros damnificados por la tristemente conocida explotación de Texaco-Chevron15, junto al pueblo cofán, siona, secoya, quichua y huaorani. Texaco perforó más de 350 pozos y arrojó cerca de 16.500 millones de agua contaminada en piscinas sin protección, que rebosaron y lo contaminaron todo, enfermando a la población. Actualmente sólo quedan 744 personas de este pueblo. En Ecuador, el pueblo Siekopai fue despojado de más del 95% de su territorio ancestral. Actualmente se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos, lo que en esta nueva situación de pandemia, incrementa notablemente los riesgos
La situación bajo la pandemia, es consecuencia de esos despropósitos históricos y años de abandono y desatención estatal, careciendo de infraestructura de salud, problemas de abastecimiento alimentario y agua potable. Ahora denuncian que faltó respuesta desde las autoridades locales y nacionales, por lo que gestionaron ellas mismas 50 pruebas rápidas. 44 miembros de esta nacionalidad dieron positivo, así como 3 del personal de Salud.
El pueblo Siekopai, debido al aislamiento, están viviendo una verdadera crisis de alimentos ante la imposibilidad de pescar, cultivar y moverse para recolectar. Pero también porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha cumplido todavía con la entrega de 84 kits de alimentos. Además, los derrames de petróleo y aguas de formación (altamente tóxicas) de los pozos continúan. La última contaminación ocurrió el pasado 26 de marzo en el río Shushufindi, provocando la muerte de los peces que son básicos en su dieta.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) ha elaborado protocolos y directrices para evitar más propagación y mortandad, y exigen al estado que ésta sea aplicada, así como pruebas masivas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la alta vulnerabilidad en la que los pueblos indígenas se encuentran frente a la pandemia, particularmente los pueblos en aislamiento (tagaeri y taromenane) y contacto inicial (waorani). Llamó a los diferentes Estados a tomar medidas urgentes y específicas para proteger su derecho a la salud. Pero instó a que sean acordes con su cultura, y respeto a sus territorios y a su cosmovisión.
Guatemala
El 29 abril, el Gobierno de Guatemala decretó la segunda prórroga del estado de calamidad pública a causa del coronavirus, con lo que éste continuará hasta el final de mayo. Para entonces había personas 557 contagiadas y 16 muertos. La cuarentena y la campaña “Quédate en casa” se iniciaron después que en otros países, pues el primer caso positivo de coronavirus no se detectó hasta la primera quincena del mes de marzo. Se puso en evidencia que el gobierno y el sistema de salud no estaban preparados para atender una emergencia, lo que creó la alarma en las comunidades El toque de queda fue una manera perversa de la élite para aprovecharse de la crisis, beneficiándose de los recursos que el Estado destinó para ésta y para ahondar en la privatización16. La activista maya k’iche’ Lolita Chávez denunció en entrevista a A Planeta que el gobierno emitió préstamos por más de 3.500millones de dólares de dinero publico que fue a parar a esas élites.17
Chávez denunció también que el confinamiento impidió la práctica de sanación indígena que era tan necesaria en esta situación, parte de la discriminación y represión que sus formas culturales han sufrido durante la historia.
La reclusión impidió también el desarrollo de las economías familiares, de forma que no pudieron cultivar (pese a entenderse la agriculrura como actividad esencial) ni por tanto comercializar productos pues se prohibieron los mercados locales, por lo que tampoco generaron ingresos, ni se abastecieron de alimentos. Como explican los autores de “Pueblos indígenas en el contexto del Covid-19 en Guatemala” (Clacso)18, “a dos meses de la pandemia, es común ver en orillas de carreteras o en la ciudad a personas con banderas blancas, pidiendo apoyo de alimentos para enfrentar la crisis que están viviendo. Se teme que en los próximos meses la situación de desnutrición aguda y crónica se incremente, especialmente en comunidades más empobrecidas y aquellas que se encuentran dentro del denominado “corredor seco”, que en su mayoría son comunidades indígenas”.
Mientras, para las grandes empresas extractivistas y exportadoras, para las mineras, hidroeléctricas, monocultivos,petroleras la actividad no se ha detenido, con lo que prosigue el saqueo, y también la brecha entre ricos y pobres, en la que las personas indígenas (y entre ellas las mujeres) son perjudicadas. Y recordemos que ese extractivismo es además el que afecta a la salud de las personas, de forma que las hace vulnerables a enfermedades y virus como el que nos ocupa.
A medida que el número de muertos por el Covid-19 sigue aumentando en los EE.UU., el temor de que la propagación del virus pueda devastar las comunidades indígenas es fundado, y ellas son las primeras, utilizando su auto-organización, de plantear medidas y desarrollar la asistencia. Ya son al menos 44 las personas muertas en la comunidad indígena y más de 1.100 casos confirmados, de acuerdo con Indian Country Today. De ellos, la Nación Navajo, al ser la nación originaria más grande, es la más afectada por el brote, con casi 30 muertes y más de 830 casos confirmados. Las Naciones Pueblo, aledañas a la navajo también tienen tasas grandes de infección.
La Nación Navajo, se extiende a lo largo de unas 7 millones de hectáreas en los estados de Arizona, Nuevo México y Utah. En Arizona, por ejemplo, pese a constituir el pueblo Navajo tan sólo el 6% de la población, contabiliza el 16% de las muertes por Covid-19. El caso en los otros estados es parecido. En Oklahoma, la primera muerte relacionada con el Covid-19 fue un indígena Cherokee.
Estas cifras sólo crecerán debido a las malas condiciones de salud preexistentes en las comunidades indígenas y a los escasos recursos sanitarios en éstas. En el caso de la nación navajo, la extracción de recursos y producción energética tienen un gran efecto en su salud. Hablamos de minas a cielo abierto de uranio y carbón, así como de centrales térmicas de carbón.
El paquete de estímulo del gobierno para el coronavirus para las 574 tribus reconocidas nacionalmente destina 8.000 millones de dólares de alivio, pero muchas personas plantean que se necesita mucho más para proteger adecuadamente a estas de la propagación del virus.
El epidemiólogo y activista para la salud pública para las poblaciones indígenas, Dean Seneca de la Nación Séneca, expresó a Democracy Now! que “el virus no ha golpeado realmente a la América rural todavía” que es donde se sitúan las naciones originarias, así que los mayores efectos están por venir.
Muchos residentes todavía carecen de acceso a agua potable y otros recursos. La activista y artista navajo Emma Robbins es la directora del Proyecto de Agua Navajo, una alternativa de servicios públicos gestionada por la comunidad para suministrar agua corriente caliente y fría a los hogares sin acceso a las líneas de agua o alcantarillado. La Nación Navajo tiene una de las tasas más altas de pobreza de agua en los Estados Unidos. Los Navajos tienen 67 veces más probabilidades de no tener cañerías, agua potable y saneamiento en sus casas. Una de las cosas más difíciles en este momento es poder lavarse las manos en la Nación Navajo. Tienen que comprar el agua en comercios que quedan muy alejados de las reservas y donde muchas veces se ha agotado. Cuando la gente sale a acarrear o comprar agua, también se expone al virus.
Muchas mujeres navajo han dado un paso adelante en el liderazgo de la ayuda mutua liderándo la lucha por sus comunidades. Estos proyectos están cosechando gran éxito en la reserva. La delegada del Consejo Navajo, Amber Crotty informó también que la Nación Navajo está actualmente bloqueada.
En la Nación Navajo existen dos tipos de hospitales. Uno es el IHS, o Servicio de Salud Indígena y luego los llamados hospitales 638, que son hospitales que originalmente eran parte del gobierno federal pero que han sido tomados por el gobierno tribal. Y en la reserva, hay 16 centros de salud. Nueve de ellos son clínicas. Siete son hospitales. Hay alrededor de 400 camas de hospital y 46 camas en la UCI. Es una nación soberana. y también capaz de ayudarse a sí misma. Pero es fundamental el asegurar que se cumplen los tratados y la financiación del gobierno federal. Ahora ésta es urgente.
Séneca criticó que Trump lanzó muchos mensajes contradictorios desde el principio, y ahora está tratando de justificar en sus informes recientes. Cometió un gran error al eliminar su consejo sobre salud internacional y pandemias globales, y finalizó la financiación de la Organización Mundial de la Salud. Mientras priorizó más dinero para bombas y la construcción de un muro.
En Dakota del Sur, ha tenido lugar la afirmación de la soberanía índigena Sioux para autodefenderse del riesgo viral, rechazando la demanda de la gobernadora de eliminar los puestos de control establecidos contra el Covid-1920. Las tribus Sioux del río Cheyenne y Oglala Sioux dicen que los puestos de control son la mejor manera de protegerse contra el coronavirus que pudiera introducirse en sus comunidades, que no están equipadas para hacer frente a un brote.
El presidente de la tribu Cheyenne River Sioux, Harold Frazier
Mientras, la gobernadora de ese estado los declara ilegales y ha amenazado con llevar a su tribu a los tribunales. Porque como tantas otras veces, esta decisión es interpretada por la nación colona en los EE.UU. como un ataque a sus poderes.
Para los habitantes de la reserva sin embargo, esta afrenta legal es un nuevo ataque a su soberanía, como el arrebatarles las llamadas disposiciones “constitucionales”. El Tratado de Fort Laramie firmado en 1868 entre el pueblo sioux y el gobierno estadounidense, contempla en su artículo 16 que antes de que cualquier hombre blanco pueda viajar o residir en su tierra, debe obtener primero el consentimiento de los indígenas. Además de esos tratados, existe jurisprudencia e incluso la propia Constitución.
Entienden además esta violación de su soberanía como recientemente lo fue el permitir la construcción del Oleoducto de Acceso Dakota (DAPL) atravesando sus tierras, o antes, las licencias mineras, o hidroeléctrica en su territorio. Para el pueblo oglala, con el reto que les supone el enfrentarse a esta pandemia a nivel organizativo y comunitario, lo que menos necesita son procesos legales u otras preocupaciones adicionales.
El presidente de la tribu de la tribu Oglala Sioux, Julian Bear Runner, declaró que el continúar con el confinamiento es la forma de “proteger a nuestra gente más vulnerable del capitalismo”. “Sabemos que cuando los tiempos se ponen difíciles, todo lo que tenemos es el uno al otro”.
El presidente de la tribu Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, explicó que cuentan con nueve puntos de control de acceso en la reserva, y con la intención de establecer otro. En los puntos de control se realizan cuestionarios a los conductores (como minuto y medio). Se impide la entrada de coches que provengan de zonas calientes, de las zonas con mayores índices de coronavirus. Se permite la entrada de vehículos comerciales porque necesitan suministros, así como otros esenciales (Servicio Postal, agricultura). Frazier no considera al gobernador ni al gobierno federal como sus jefes, sino a su tribu.
El propósito principal es tratar de salvar vidas. Y el derecho número uno es el derecho a vivir. En la reserva sufren una falta de instalaciones médicas. Con una necesidad potencial de 1.200 camas de hospital, sólo cuentan con ocho camas, ninguna UCI y seis ventiladores. Sólo un terapeuta respiratorio. El centro de cuidados intensivos más cercano está en Rapid City, a unas tres horas en coche. En esta decisión miran lo que ocurre a la Nación Navajo.
El gobierno promulgó la Ley CARES para ayudar en la pandemia con 8 mil millones a las naciones indígenas, pero ellas demandaban como 20 mil millones de dólares. En su caso todavía no han recibido nada.
3 – Nación Cree (Canadá)
En Canadá también las nuevas regulaciones impuestas con la pandemia han contradicho los derechos indígenas, aunque no tenía que haber sido así dado la autonomía de que gozan estas naciones. Oficiales armados fueran enviados el 13 mayo a romper una ceremonia sagrada de la nación Cree cerca de Saskatoon3. Los powwows se han suspendido en todo el país, pero para los indígenas, sus ceremonias (danzas del sol, cabañas de sudor, ceremonias de pipa) están muy unidas a la salud pues es la forma con la que se sanan y encuentran la fuerza. Por ello ahora ahora, durante la pandemia de COVID-19, las sienten aún más importantes que antes. El líder de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, Bobby Cameron, explicó que no se pueden suspender porque están “inherentemente conectados a la Tierra”. En la ceremonia del baile del sol la gente baila, ora y ayuna. Pata ellos, la ceremonia no tenía sólo un fin personal sino que lo hacían también para que a nivel mundial se solucione este problema.
Por eso exhortaron a la policía que se mantuvieran fuera de la reserva y entendieron el intento de paralizar su ritual como una afrenta. Máxime cuando la policá montada portaba sus armas de fuego, que no están permitidas en terrenos sagrados. Las armas les recuerdan la represión sufrida durante años, y el intento de represión, como celebraban las ceremonias en clandestinidad. Algunos grupos ya han decidio celebrar sus rituales en clandestinidad. En 1884 entró en vigor una prohibición federal de las ceremonias y los potlatches4 indígenas que duró hasta los 1950.
Uno de los organizadores, Clay Sutherland, dijo que se tomaron precauciones y se siguieron las instrucciones de los líderes de la Primera Nación. A las personas que vinieron a la ceremonia desde fuera de la reserva se les revisó la temperatura y a los positivos se les aconsejó que se aislaran durante las dos semanas siguientes.
Para los indígenas este intento muestra una nueva discriminación porque hay otras reuniones religiosas y culturales que se han permitido en el país, y además, en su territorio, ellos tienen capacidad decisoria de lo que allá ocurra.
Para las comunidades amazónicas de Perú, los riesgos y efectos de la pandemia se añaden también a los de la extracción de petróleo. La actividad petrolera se redujo durante la pandemia pero no se paralizó por completo y tampoco sus impactos ambientales y sociales21. La explotación petrolera por su importancia económica fue una de las primeras en reactivarse, obviando lo que esto significa para comunidades que conviven con esta actividad, trabajadores e impactos, y excluyendo a los pueblos indígenas de la decisión. En esta zona operó la empresa de matriz holandesa, Pluspetrol (también opera en otro desastre ambiental y social como es Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina, y el complejo gasísta de Camisea, también en Perú). Después de 15 años de actividad (2000-15) ésta dejó 1.199 sitios contaminados en la zona y numerosas multas.
Las federaciones indígenas amazónicas22 de Perú, FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT que representan a 100 comunidades de la zona (Kukama, kichwa, quechua, achuar, urarina), elaboraron protocolos para el caso de contingencias ambientales para las empresas y el Estado23.
Mientras el 21 abril la comunidad Kichwa Doce de Octubre denunciaba un derrame en las instalaciones abandonadas por Frontera Energy desde mediados de febrero en el río Tigre. Esta población ha estado expuesta a numerosos derrames de oleoductos del Lote 192, actualmente administrado por la empresa Frontera Energy del Perú S.A.
Observadores de las comunidades identificaron tres puntos de fuga en la base de San Jacinto. La primera en el tanque de almacenamiento 1405 que no cuenta con un cerrado adecuado y rebosa crudo. Otra en una tubería y otra en un sump tank 1419 ocasionado también por el rebalse del hidrocarburo. La preocupación principal es que el derrame alcance las quebradas de Curayacu que alimenta a su vez a la quebrada de Piedra Negraésta al río Tigre, de las que se abascece la comunidad Doce de Octubre.
OPIKAFPE realizó la consabida denuncia a las instituciones y a Frontera Energy que se ha mostrado pasiva y no ha activado el plan de contingencia, aludiendo impedimentos por parte de las comunidades, cuando los accesos se encuentran bajo control militar.
La comunidad también ha denunciado que militares han intentado acercarse a la zona del derrame presuntamente para efectuar una limpieza, cuando el incidente aún no ha sido verificado por OEFA ni han han informado previamente a las autoridades comunales. Así las fuerzas militares sustituyen al personal especializado en limpieza y prevención de derrames. Denunciaron que esta incursión militar además de violar su autonomía, también suponía un nuevo riesgo epidemológico.
Las federaciones indígenas amazónicas exigieron también al gobierno más medidas específicas para con los pueblos indígenas. Como precisaban en su comunicado “el contexto de emergencia a causa del Covid-19 encuentra a nuestras comunidades con un acumulado de décadas de contaminación petrolera. Actualmente consumimos agua y alimentos contaminados, lo que nos ha convertido en población particularmente vulnerable. Hasta el momento el Estado no ha garantizado la remediación de estos sitios; y no existe un plan de salud que atienda y monitoree el impacto de esta contaminación en nuestra salud.
Además, existen otras enfermedades como malaria, dengue, neumonía que no son atendidos por falta de infraestructura ni equipamiento. Pero en la región no existe la capacidad logística.
Estas organizaciones exigieron más coordinación entre las instituciones y ellas u otras organizaciones indígenas, mejor comunicación (la red telefónica es deficiente, más información, e información en idiomas indígenas para que las comunidades puedan entender las recomendaciones). Demandaban también facilidades sanitarias, planes de evacuación de pacientes, acceso a mosquiteros, mascarillas y otro instrumental que asegure el aislamiento.
Aquí también, ante la falta de ingresos por no poder comercializar y de abastecimiento, exigían Canastas Básicas Complementarias para las familias (equivalentes a los bonos de cuarentena de 380 soles). Estas solamente se facilitan en enclaves urbanos con lo que se incide en la discriminación. Fieles a su principios, recordaban a las instituciones que evitaran “el aprovechamiento político e inescrupuloso para campañas electorales” y el asegurar en la entrega de Canastas “las máximas medidas de seguridad para evitar contagios”.
Exigían al gobierno que garantice el acceso a agua y saneamiento de calidad a las comunidades indígenas vulnerables por los impactos de la contaminación petrolera, finalizando las obras en marcha, proveyendo plantas provisionales de potabilización.
El 11 de mayo, la comunidad de achuar de Pucacuro (adscrita a FECONACOR) denunció una visita de la municipalidad con tripulación positiva al Covid-19, negligencia que resultó en el contagio de niños, niñas y personas adultas. En otra comunidad informaban de similar situación con 15 personas contagiadas. Denunciaron que la falta de facilidades sanitarias en sus comunidades, y sus demandas de ayuda, no se han materializado. Demandan también asistencia alimentaria, pues la laguna Cocha Antilliano es su principal fuente de alimentación, pero se encuentra contaminada con petróleo por lo que no pueden abastecerse de pesca ni agua.
1 Declaración de emergencia de los consejos guarani kaiowá ante la pandemia Covid19 (16 de mayo de 2020)
2 Consejos tradicionales de los pueblos Guaraní Kaiowá, Aty Guasu (Asamblea General de los pueblos Guaraní Kaiowá), Kuñangue Aty Guasu (Gran Asamblea de Mujeres Guaraníes Kaiowá), RAJ (Movimiento Juvenil Guaraní y Kaiowá), Aty Jeroky Guasu (Asamblea General de Chamanes Guaraníes Kaiowá)
Las organizaciones catalanas Observatori ADPI y Col·lectiu Maloka Colòmbia también recaudan fondos para los pueblos nasa y awá, para la pandemia: www.gofundme.com/f/enmingasolidaria
Indígena de Colombia) 
AUC y las guerrillas del ELN que aprovecharon la situación de la pandemia, 
